En la actualidad los pueblos indígenas del planeta padecemos una ofensiva territorial promovida por empresas transnacionales aliadas a organismos financieros y estados nación. En fecha reciente el Banco Mundial (BM) emitió sus nuevas salvaguardas, las que implican un enorme retroceso en materia de derechos humanos, especialmente para los pueblos indígenas.
Entre los retroceso de las salvaguardas del BM se encuentra el requerimiento de “apoyo colectivo” como un requisito del Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI). Es decir que ante cualquier grupo disidente entre un pueblo que de apoyo a los proyectos financiados por el BM, eso permitirá que se le conceda luz verde a las iniciativas. En el caso de Honduras, históricamente el estado ha utilizado a organizaciones y grupúsculos adeptos a sus planes de desarrollo a cambio de dádivas.
Los proyectos de resentimiento desaparecen de las nuevas salvaguardas, dando lugar a un enorme retroceso que puede conducir a masacres, tal como la que sucedió con la represa del Chixoy en Guatemala en la década de los años 80, cuando más 440 indígenas Achi fueron asesinados por el ejército de ese país por oponerse a la construcción de la hidroeléctrica.