18 mayo 2016
En una audiencia pública en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un grupo de pobladores en resistencia, pidieron por medio de sus abogados el cierre definitivo de las operaciones de la mina Progreso VII Derivada, ubicada entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, frente a la cual se instaló el grupo de resistencia denominado La Puya quienes se oponen a las operaciones mineras. La Corte Suprema de Justicia de Guatemala podrá resolver en 10 días si concede el cierre definitivo de la mina.
La Corte en un amparo provisional emitido en febrero de este año, ordenó la suspensión de operaciones y luego de esta audiencia se espera la resolución definitiva.
Piden el cierre
Decenas de personas fueron movilizadas para asistir a la vista pública, donde se escucharon los argumentos de los representantes de la mina y la organización Calas que presentó el amparo contra la licencia de autorización que en 2011 extendió el Ministerio de Energía y Minas a favor de la compañía Exploraciones Mineras de Guatemala (Exmingua).
Estaba sola. Su marido estaba en el campo cuando llegó el camión de soldados, policías y guardias de seguridad. Media docena de hombres armados entraron en su casa de una sola habitación. No la dejaban salir y se comieron la comida que había hecho para los niños.
Cientos de personas participaron en una protesta en quesada Jutiapa, los inconformes exigen el cese de cualquier actividad minera en la región, específicamente en contra del proyecto denominado “Bosque Ecológico”, afirman que no cesarán sus manifestaciones hasta ser escuchados.
Pese a que la Corte Suprema de Justicia resolvió que el proyecto minero no es viable y que deben suspenderse sus operaciones, el MEM no ha acatado la orden. Pobladores de La Puya que desde hace 7 días protestan frente al Ministerio de Energía y Minas (MEM), intensificaron su malestar luego que se reportara un posible conflicto en su comunidad con personal del proyecto minero «El Tambor», ubicado en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, pues según la denuncia, la mina sigue operando pese a el fallo judicial.
El dirigente quiché Pedro Tzicá denuncia una ofensiva de los macroproyectos mineros en Guatemala. Fue a partir de la firma de los acuerdos de paz de Guatemala, en 1996, que pusieron fin a 36 años de guerra civil, cuando Pedro Tzicá empezó a movilizarse. Hoy es uno de los dirigentes del Consejo de Comunidades de Cunén, municipio de 40.000 habitantes ubicado a 1.200 metros de altura en el departamento del Quiché. 
Justicia suspendió provisionalmente las operaciones de explotación de una mina de oro y plata en el departamento de Guatemala por no haber consultado a pueblos indígenas sobre sus operaciones. El proyecto minero es Progreso VII Derivadas, propiedad de Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A.,Exmingua, se ubica «La Puya», donde se han instalado cientos de pobladores, especialmente mujeres que hacen resistencia pacífica y que han enfrentado desalojos por parte de la fuerza pública.
El ministro de Ambiente de Guatemala, Sydney Samuels, advirtió este martes que suspenderá los proyectos mineros y otros vinculados a la extracción de recursos naturales si se determina que provocan daños ecológicos.
El abogado Rafael Maldonado, del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas), denuncia la supuesta fuga del exjefe de Seguridad de la Mina San Rafael, Alberto Rotondo, de nacionalidad peruana.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala confirmó en forma definitiva el viernes un amparo otorgado por una corte de apelaciones a una organización ambiental que alega se violentaron sus derechos cuando no se atendió la oposición que tenía a la concesión de una licencia minera.
Más de un centenar de mujeres lideresas de 34 territorios a nivel nacional e integrantes de organizaciones de mujeres, con el apoyo de la no gubernamental Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (Red Local), se dieron cita a fines de agosto para crear la llamada Alianza Nacional por los Derechos Humanos de las Mujeres para la defensa de sus territorios. Estos han sido asediados por las nuevas políticas de posesión de la tierra, amparadas en el marco legal nacional y apoyadas por el gobierno para la implementación de megaproyectos, que están tensionando la vida de las comunidades rurales a nivel nacional.