El lunes 3 de noviembre, llegó a Santiago de Chile una delegación ecuatoriana en defensa de Íntag. La encabezaron autoridades del cantón y municipio de Cotacachi, representantes de la ONG Acción Ecológica, y habitantes de la comunidad de Junín. En ese lugar la ENAMI (Empresa Nacional Minera) de Ecuador y la empresa minera estatal CODELCO de Chile pretenden desarrollar el megaproyecto minero cuprífero llamado Llurimagua (anteriormente Junín).
Entre los integrantes de la delegación se encuentra la madre de Javier Ramírez, presidente de la comunidad de Junín, quien está detenido en la cárcel de Ibarra desde abril pasado. Javier fue arrestado por un operativo policial, acusado de terrorismo y sabotaje. Posteriormente, en un proceso plagado de irregularidades, se lo acusó de rebelión en contra del Estado en represalia a la resistencia de los comuneros de Junín que impidieron el ingreso de los técnicos de la ENAMI-CODELCO en su territorio. Su familia se encuentra en una situación económica precaria y sometida a fuertes presiones psicológicas. Mientras tanto, la zona de Íntag se encuentra bajo una presencia policial permanente con controles de identidad y otras formas de acoso.