01/03/2021
QUITO, Ecuador— En un caso sin precedentes, la Corte Constitucional de Ecuador ha aplicado la disposición constitucional sobre los Derechos de la Naturaleza para salvaguardar el bosque nuboso Los Cedros de las concesiones mineras. La Corte votó 7 a favor y 2 abstenciones.

La decisión, que fue publicada el 1 de diciembre, la Corte decidió que las actividades que atentan contra los derechos de la naturaleza no deben realizarse dentro del ecosistema del Bosque Protegido Los Cedros. El fallo prohíbe la minería y todo tipo de actividades extractivas en el área protegida. También se deben negar los permisos de agua y ambientales a las empresas mineras.

Se han otorgado concesiones mineras a dos tercios de la increíble reserva Los Cedros. La minera estatal ecuatoriana ENAMI y sus socios canadienses, Cornerstone Capital Resources y BHP, tienen licencias de explotación minera. El nuevo fallo ordena la cancelación de las concesiones mineras, los permisos ambientales y de uso y aprovechamiento de agua en el bosque.

Asimismo, la Corte impone de manera clara e inequívoca una serie de órdenes al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica con objeto de garantizar y dar cumplimiento efectivo de la sentencia y los derechos de la Naturaleza. Dentro de las resoluciones destacamos que la Corte ordena al Ministerio: promover la construcción de un plan participativo para la gestión y cuidado del Bosque Protector Los Cedros, la modificación del plan de manejo de Bosque Protector los Cedros, deber de asumir el rol de asegurar el respeto de los Derechos de la Naturaleza y el derecho al ambiente sano. Además ordena adecuar la normativa infralegal correspondiente a la emisión de registros ambientales y licencias ambientales y de uso y aprovechamiento del agua para la realización de actividades extractivas, a fin de evitar vulneraciones a los Derechos de la Naturaleza como en el caso de los Cedros. Esta es quizás la sentencia que más claramente detalla los efectos de la Derechos de la Naturaleza respecto de las autoridades administrativas

“Este caso que sienta un precedente es importante no solo para Ecuador sino también para la comunidad internacional”, dijo Alejandro Olivera, científico senior y representante de México en el Centro para la Diversidad Biológica. “Este fallo progresista e innovador reconoce que la naturaleza puede y tiene derechos. Protege la vida silvestre en peligro de Los Cedros, como los monos araña de cabeza marrón en peligro de extinción y los osos de anteojos, de las empresas mineras”.

En septiembre de 2020, Earth Law Center, Global Alliance for the Rights of Nature, el Center for Biological Diversity, International Rivers y The Great Lakes Environmental Law Center presentaron un amicus curiae (amigo de la corte) escrito ante la Corte Constitucional ecuatoriana. Las organizaciones solicitaron a la Corte que proteja a Los Cedros y haga cumplir enérgicamente las disposiciones constitucionales que establecen los Derechos de la Naturaleza o “pachamama”, incluido el derecho a existir, el derecho a la restauración y los derechos de los ríos, especialmente el río Magdalena.

“Esta es una victoria histórica a favor de la naturaleza. La Corte Constitucional señala que dentro del ecosistema del Bosque de Protección Los Cedros no se puede desarrollar ninguna actividad que atente contra los Derechos de la Naturaleza, incluida la minería y cualquier otra actividad extractiva. La minería ahora está prohibida en este bosque protegido increíble y único. Esto sienta un gran precedente jurídico para continuar con otros Bosques Protegidos amenazados. Hoy, las ranas en peligro de extinción, los osos de anteojos, el mono araña, los pájaros y la naturaleza en su conjunto han ganado una batalla sin precedentes”, dice Natalia Greene de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza.

“Sin duda es una buena noticia, pero la situación del Bosque Protector Los Cedros no es un evento aislado en Ecuador”, dijo Constanza Prieto Figelist, líder legal latinoamericano en Earth Law Center. “Este es un problema de los bosques en todo el país. En los últimos años, se han otorgado concesiones mineras que se superponen con los Bosques Protectores”.

El mono araña de cabeza marrón, encontrado en Los Cedros y amenazado por la minería, ha perdido más del 80% de su área original de distribución en el noroeste de Ecuador. En 2005, los científicos estimaron que había menos de 250 monos araña de cabeza marrón en todo el mundo, lo que coloca a la especie entre los 25 primates más amenazados del mundo.

El caso es de gran trascendencia, tanto para Ecuador como para el mundo, porque establece una importante e influyente Jurisprudencia de la Tierra que ayudará a guiar a la humanidad a ser un beneficio en lugar de una presencia destructiva dentro de la comunidad de vida. La minería propuesta es ilegal porque viola los derechos del Bosque Protector Los Cedros como ecosistema, así como los derechos de los muchos miembros de esa comunidad.

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Earth Law Center. https://www.earthlawcenter.org. Es una organización no gubernamental, con sede en los Estados Unidos de Norteamérica, México y Canadá que promueve la aplicación de los Derechos de la Naturaleza a nivel local e internacional, creando alianzas con organizaciones locales para el reconocimiento y la promulgación de leyes que reconozcan los derechos inherentes de los ríos, océanos y ecosistemas costeros y terrestres. Así, busca hacer un cambio de paradigma, luchando por el reconocimiento formal de los derechos de la naturaleza a existir, prosperar y evolucionar. Earth Law Center busca otorgar a los ecosistemas los mismos derechos que se le reconocen a las personas y a las corporaciones, permitiéndole la defensa de sus derechos ante las cortes nacionales e internacionales, no solo en beneficio de las personas sino por la naturaleza en sí misma.

La Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN). https://www.earthlawcenter.org. Es una dinámica y diversa red global de organizaciones, comunidades e individuos comprometidos con la adopción e implementación universal de sistemas legales que reconocen, respetan y hacen cumplir los «Derechos de la Naturaleza» y promoviendo la transformación de cómo los seres humanos se relacionan con la Madre Tierra. Los miembros de GARN son una red de organizaciones, de científicos, abogados, economistas, líderes indígenas, autores, líderes espirituales, políticos, actores, líderes empresariales, amas de casa, estudiantes y activistas de más de 100 países, de seis continentes de América del Norte y del Sur, África, Europa, Asia y Australia, que buscan transformar la relación humana con el planeta.

El Centro para la Diversidad Biológica (“el Centro”). https://www.biologicaldiversity.org/espanol. Es una organización sin fines de lucro con más de 1.7 millones de miembros y constituyentes. El Centro tiene su sede en Estados Unidos y oficinas en Estados Unidos y México. Durante dos décadas, el Centro y sus miembros han trabajado para asegurar la protección de las especies en peligro y su hábitat bajo leyes estatales, federales y tratados internacionales debido al creciente número de amenazas a la biodiversidad, como los problemas globales del cambio climático, destrucción del hábitat y el comercio de vida silvestre. El Centro cree que la salud y el vigor de las sociedades humanas y la integridad y la naturaleza salvaje del entorno natural están estrechamente vinculados. El Centro también ha trabajado intensamente para prevenir actividades destructivas como la minería comercial en hábitats sensibles e importantes.

International Rivers. https://www.internationalrivers.org. Se dedica desde 1985 a la protección de ríos y a la defensa de los derechos de las comunidades que dependen de ellos. Trabajamos para detener proyectos destructivos en los ríos y promover soluciones energéticas y de provisión de agua para un planeta sostenible. Los ríos son vitales para sostener toda la vida en la tierra. Buscamos un mundo donde los ríos sean saludables y los derechos de las comunidades locales sean valorados y protegidos. Visualizamos un mundo donde las necesidades de agua y energía se satisfacen sin degradar la naturaleza o aumentar la pobreza, y donde las personas tienen derecho a participar en las decisiones que afectan sus vidas.

The Great Lakes Environmental Center. https://www.glec.com/. Es una organización no gubernamental basada en Detroit, Estados Unidos, que ofrece a la comunidad educación, apoyo legal y jurídico en problemáticas medioambientales. Además, de ofrecer diversos servicios jurídicos, desarrollo de normativo y en temáticas medioambientales relacionados con los recursos naturales y energía que afectan a las comunidades en y los alrededores de Detroit, en todo Michigan y la región de los grandes lagos.

Contacto:

Constanza Prieto Figelist, Earth Law Center, [email protected],
+1 (202) 621-3877
Natalia Greene, Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza +593 99 944 3724, [email protected]
Alejandro Olivera, Centro de Diversidad Biológica,+52 612 1040604, [email protected]

Reuters
Eva Cruz
16/11/2021
Jueces de la Corte Constitucional se dirigen a las comunidades originarias de la Amazonía en Ecuador para dirimir conflictos sobre extracción de hidrocarburos y metales en sus territorios, en una histórica audiencia en Sinangoe. Foto: Reuters

Recibieron a jueces en la selva.
Agencia Reuters.- Los jueces de la Corte Constitucional de Ecuador viajaron al corazón de la Amazonía para escuchar a las comunidades indígenas del país defender su derecho a oponerse a proyectos mineros en sus territorios, como parte de una histórica audiencia.

A la comunidad A’i Cofán en Sinangoe en medio de la selva también llegaron líderes de otros pueblos indígenas para respaldar su derecho a una consulta previa libre e informada frente a las actividades extractivas en la nación andina.

“Queremos que nuestro sentir sea escuchado y plasmado en un documento que garantice la protección de nuestros territorios”, dijo Wider Guaramag, dirigente de Sinangoe, a los jueces que se internaron desde el lunes en la selva para escuchar a sus habitantes.

La audiencia se dio pocos días después de que la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Glasgow, que derivó en acuerdos para frenar el cambio climático y reducir gradualmente el uso de combustibles fósiles.

El presidente Guillermo Lasso, un exbanquero conservador, está empeñado en darle un mayor protagonismo al sector minero para atraer inversión privada y ofrece garantizar la seguridad jurídica, así como respetar las concesiones ya otorgadas.

En el 2018, la comunidad de Sinangoe logró convencer a un tribunal menor de revertir decenas de concesiones mineras ya otorgadas y otras en trámite a lo largo del río Aguarico, argumentando que no se les había consultado para su entrega.

La Corte Constitucional ha dicho que el caso, por su “relevancia”, podría servir de precedente en cuanto a los derechos de las comunidades indígenas a tener consultas libres e informadas sobre proyectos extractivos.

“Hoy se plasmó un hecho histórico y es un precedente importante para cada uno de los pueblos y nacionalidades”, dijo Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, a periodistas.

“La Corte Constitucional tendrá que hacer este trabajo en todos los territorios, en especial donde han sido afectados de manera drástica”, agregó.

Ecuador espera que cuatro minas de cobre y oro comiencen sus operaciones extractivas al 2025 y se ha propuesto impulsar la producción de crudo hasta alcanzar 1 millón de barriles diarios (bpd).

Sin embargo, mientras dos yacimientos operan actualmente en la Amazonía del país, otros grandes proyectos se han retrasado debido a conflictos con las comunidades indígenas.

Si bien Lasso apoya las consultas previas, el pueblo Cofán ahora lucha por el derecho a ser incluido en el proceso de otorgamiento de concesiones y que su decisión sea vinculante.

“Nuestro territorio es nuestra decisión. Nosotros somos los únicos dueños”, dijo Alexandra Narváez, la primera mujer de la guardia del pueblo Cofán.

A la audiencia se sumó el pueblo Waorani para exigir los mismos derechos, luego de que en el 2019 ganara su propia demanda para frenar la explotación de un bloque petrolero ubicado en su territorio.

“El Gobierno ecuatoriano debe respetar nuestra decisión en nuestra casa que es la selva”, dijo Nemonte Nenquimo, una líder del pueblo Waorani. “Esperamos después de esta audiencia se haga lo mismo con otras nacionalidades”.
REUTERS
https://www.rumbominero.com/otros-paises/reuters-comunidad-indigena-de-ecuador-exige-rol-en-decisiones-sobre-mineria/

03/09/2021
Habitantes de La Merced de Buenos Aires protestan contra la empresa minera. Cortesía: Acción Ecológica
El recurso legal que garantizó el retorno de la minera a Buenos Aires, Imbabura, tendría tres irregularidades, empezando por el sorteo.

El Consejo de la Judicatura investiga presuntas irregularidades en el sorteo de una acción de protección interpuesta por la empresa minera Hanrine Ecuadorian Exploration And Mining S.A, que opera en la parroquia La Merced de Buenos Aires, provincia de Imbabura.

Esto luego de que la empresa minera Hanrine ingresara la primera semana de agosto a la parroquia La Merced de Buenos Aires, con custodia de la Policía Nacional para ejecutar la acción de protección a favor de Carlos de Miguel, representante de la empresa. Este fallo judicial permitió el reingreso de la compañía a la zona de influencia del proyecto “IMBA01” en la parroquia. Lo que generó enfrentamientos entre los comuneros que se resisten a la actividad extractiva y los agentes policiales que garantizaron el retorno de la minera.

Mario Ruiz (Pachakutik) explica sus argumentos presentados en la queja que se indaga en el Consejo de la Judicatura.

Primero, que esta acción de protección fue sorteada como un trámite verbal sumario por cobro de honorarios en vez de ser ingresada como un proceso constitucional.
Segundo, el sorteo de la causa se lo realizó en la misma Unidad Judicial de Familia, Mujer y Adolescencia, sede Iñaquito; y con la misma persona, Gabriela Fernanda Beltrán Loyo, señalada dentro las presuntas irregularidades de sorteo en el caso del alcalde de Quito, Jorge Yunda.
Tercero, que en la audiencia de la acción de protección, el juez Byron Vallejo Naranjo solo notificó al Ministerio de Gobierno, la Comandancia de la Policía y la Procuraduría, no a representes o autoridades de la población de Buenos Aires, pese a que ellos mantenían una medida cautelar en contra de Carlos de Miguel, en la Unidad Judicial de Urcuquí, en Imbabura.
Esto -a criterio del legislador- dejaría en la indefensión a los habitantes de La Merced de Buenos Aires, porque no se les permitió durante el proceso presentar sus argumentos sobre una decisión que afectaría su entorno. “Dicha acción de protección fue asignada de manera directa al juez Vallejo, quien conoció este proceso para aparentemente favorecer a la empresa minera”, sostuvo Ruiz.

Esta acción de protección se encuentra en fase de apelación en la Corte Provincial de Pichincha. Frente a estas acusaciones, la dirección administrativa de la empresa minera Hanrine informó que por el momento no se pronunciará sobre la apelación ni la queja.

En julio de 2021, la Fiscalía informó que investiga más de 210 vulneraciones el sorteo de procesos judiciales. Incluso el 14 de julio, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, anunció que se realizarán auditorías a nivel nacional para que cada dirección provincial se encargue de analizar por muestreo los procesos de asignación de causas por sorteo. Esto con el fin de evitar casos irregulares en el sorteo de causas.

180 días para investigar
La Dirección Nacional de Transparencia del Consejo de la Judicatura investiga la queja contra la empresa minera. Así, esta entidad será la encargada de determinar si hubo o no irregularidades en el sorteo de la acción de protección.

Si en las investigaciones no se encuentran presunciones de corrupción se procederá al archivo de la denuncia; sin embargo, si se los encuentra se procederá a emitir el informe técnico legal y su recomendación a la autoridad competente, informó la Judicatura.

El proceso durará 180 días contados a partir de la aprobación de la denuncia, es decir, a partir del 19 de agosto. El plazo concluye en enero de 2022.

El caso no ha sido hasta el momento remitido a la Fiscalía General del Estado, asegura el asambleísta. La Judicatura responde que se debe a que si producto de la investigación existen presunciones de cometimiento de un delito se remitirá el caso a la Fiscalía, caso contrario no.

¿Hanrine en Ecuador?
La empresa Hanrine, subsidiaria de la firma Hancock Prospecting, opera en 23.000 hectáreas de cuatro cantones de las provincias de Imbabura y de Carchi

La concesión minera “IMBA01” se encuentra en la parroquia La Merced de Buenos Aires, donde se registra conflictos ambientales por la ejecución del proyecto y por la falta de consulta previa, libre e informada a las comunidades.

Esta concesión estuvo suspendida; pero a partir de la primera semana de agosto, Hanrine retomó sus actividades debido a la acción de protección que concluyó que se vulneró los derechos constitucionales a la libertad de tránsito, libertad de ejercer actividades económicas, seguridad jurídica y el derecho al trabajo de la empresa minera.

Y dispuso en ese entonces que la Policía Nacional tome “todas las medidas necesarias a fin de garantizar el libre tránsito de cualquier persona y, en especial, de la compañía Hanrine, sus trabajadores y maquinaria en la parroquia La Merced de Buenos Aires”. (MC)

Judicatura investiga supuestas irregularidades en sorteo de caso minero Hanrine

05/08/2021
Resistencia. Más de 100 días estuvo bloqueada la entrada principal de Buenos Aires, en protesta contra la minería legal e ilegal. (Fotos: Agencia Tegantai / @Tegantai)
La fuerza pública logró quitar el bloqueo de más de 100 días en el ingreso a la parroquia, permitiendo el paso a la empresa internacional dueña de la concesión.
Redacción IMBABURA

Tras 106 días de bloqueo, la empresa minera internacional Hanrine pudo ingresar a su campamento ubicado en la parroquia Buenos Aires, en la provincia de Imbabura. Ahí tienen alrededor de 12.000 hectáreas concesionadas para su explotación.
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Cuatro personas detenidas, enfrentamientos entre comuneros, militares y policías, donde se usó gas lacrimógeno, fue el resultado del operativo que logró despejar la vía principal del pueblo, este 3 de agosto de 2021.

El ingreso a la parroquia permaneció bloqueado desde el 19 de abril de 2021, cuando los comuneros decidieron acogerse a su derecho a la resistencia, haciendo plantones cada jornada, durante el día y la noche, para no permitir el paso de los camiones y camionetas de Hanrine.

En un pronunciamiento público, la Defensoría del Pueblo denunció que agentes policiales ingresaron durante la madrugada de este 3 de agosto a la comunidad La Merced de Buenos Aires, “vulnerando los derechos de sus moradores, con el uso excesivo de la fuerza, lanzamiento de gases y agresiones a mujeres de la comunidad, con el objetivo de permitir el ingreso de la empresa minera”.

Desde Hanrine, Favio Ocampo, jefe de operaciones, dijo a un medio nacional que “hay un grupo de pobladores de La Merced de Buenos Aires que está contaminando con la minería ilegal y que ahora se disfraza como un grupo antiminero. Este grupo se ha tomado la entrada (…), aduciendo que el pueblo está contra la minería legal e ilegal, pero son los mismos que tienen procesos legales por minería ilegal”.

Sin embargo, grupos de derechos humanos y ecologistas coinciden en que la comunidad de Buenos Aires en su mayoría se dedica a la agricultura y ganadería, pero fue invadida por la minería ilegal, que ahora está en pie de lucha contra la legal, adjudicada por el Estado a una empresa transnacional.
Vigilia. Durante el día y la noche los moradores del sector resguardaban el ingreso a la parroquia. (Fotos: Agencia Tegantai / @Tegantai)
Vigilia. Durante el día y la noche los moradores del sector resguardaban el ingreso a la parroquia. (Fotos: Agencia Tegantai / @Tegantai)

Liberados, pero con medidas sustitutivas

Pablo Ponce, Jesús Enríquez, Orlando Caicedo y Juan Ruano fueron las cuatro personas detenidas durante la madrugada del 3 de agosto en Buenos Aires, en medio de los enfrentamientos entre la fuerza pública y los moradores.

Según la Defensoría del Pueblo, fueron retenidos al ejercer su derecho a la resistencia, que se mantuvo desde abril de 2021, para prohibir el ingreso de la empresa minera Hanrine, siendo liberados casi a la media noche, pero recibiendo medidas alternativas a la libertad, como presentarse ante la fiscal a cargo de la investigación los días viernes y la prohibición de salida del país.

«A nosotros nos criminalizan de mala fe. Solo estábamos auxiliando a las mujeres que estaban ahogándose con el gas que arrojaron los policías», dijo Juan Ruano, uno de los detenidos, quienes hasta el 23 de agosto de 2021 deberán cumplir las medidas sustitutivas, día en que se realizará la audiencia de juicio por el delito de paralización de servicios públicos.

Monserrat Vásquez, del Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador (Omasne), dijo que la situación en Buenos Aires viene siendo conflictiva desde hace dos años. “Hasta el día de hoy el Estado no ha reparado los derechos de la población que fue afectada por minería ilegal, sin embargo otorgó una concesión minera a una empresa transnacional australiana, Hanrine, que viene con una violencia sistemática hacia los defensores del territorio de Buenos Aires”.

Denunció que la justicia también estaría parcializada en esta zona, explicando que a los comuneros no les reciben denuncias contra la empresa minera, pero a ellos sí les siguen juicios por parte de la empresa extranjera. “Hace una semana uno de los compañeros, en un enfrentamiento con los trabajadores de la empresa minera, fue acuchillado, pero cuando fue a la Fiscalía no se le tomó la denuncia. En cambio, hay más de 30 moradores de Buenos Aires que tienen denuncias en su contra, siendo criminalizados por la Fiscalía”.
Dos sentencias están en pie

En agosto de 2020 se reportaron los primeros enfrentamientos entre los pobladores y los trabajadores de la empresa minera Hanrine, cuando quemaron uno de sus campamentos y prácticamente los expulsaron de la parroquia Buenos Aires.

Desde abril de 2021, los moradores se acogieron al derecho a la resistencia y bloquearon, con plantones y vigilias la vía principal de ingreso, sin permitir el paso de personal ni vehículos de Hanrine.

A partir de ello se lograron medidas cautelares por parte de un juez de Urcuquí, para que se retiren los camiones de la empresa minera, que estaban apostados frente al bloqueo ciudadano, para evitar conflictos con la población y garantizar la paz ciudadana.

Por otro lado, el 8 de julio de 2021, la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en la provincia de Pichincha, aceptó una acción de protección interpuesta por la compañía minera en contra de la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno, disponiéndoles que se garantice el libre tránsito por Buenos Aires, observando los principios constitucionales sobre el uso progresivo de la fuerza, aplicando cualquier medida para evitar el bloqueo de la vía de ingreso a la parroquia.

El primer arribo policial se dio el 27 de julio de 2021, pero sin lograr mover a los pobladores. La madrugada del 3 de agosto, con mayor personal y usando gas lacrimógeno y a empujones la Policía despejó la vía, dando paso a más de 10 vehículos de Hanrine.
Detenidos. Se los acusa de paralización de servicios públicos.
Detenidos. Se los acusa de paralización de servicios públicos.
El tema espera debatirse en la Asamblea Nacional

El asambleísta imbabureño de Pachakutik, Mario Ruiz, anunció que pedirá que se modifique el orden del día de la siguiente reunión de la Comisión de Derechos Constitucionales de la Asamblea Nacional, para que se analice la problemática de la parroquia Buenos Aires.

La intención de Ruiz es que a través de la Comisión se llame a comparecer al Ministerio de Gobierno, a las máximas autoridades de la Policía y el Ejército, así como al Gobernador de Imbabura, para explicar la incursión de la madrugada del 3 de agosto de 2021.

El asambleísta también ha mencionado la intención de fiscalizar el proceso de concesión de áreas mineras del país a la empresa minera Hanrine, resaltando que en este caso nunca se ha socializado el proyecto con los moradores de la parroquia, peor aún con alguna consulta popular, que considera debe ser obligatoria porque influye en territorios de la nacionalidad Awá.

Tras ser detenidas, las cuatro personas permanecieron en la UPC de Urcuquí, hasta ser llamadas a la audiencia.

En 2019 se desalojó a cerca de 10.000 personas de Buenos Aires, cuando la minería ilegal se metió en la vida de los campesinos de la zona.

“La gente una vez que vivió la amenaza de la minería ilegal, es consciente de que la minería sea legal o ilegal va a generar daños irreparables a nivel social y ambiental en la parroquia”.
Monserrat Vásquez, vocera de Omasne

“Es sorprendente observar que la Policía y los militares estén custodiando, protegiendo y dando seguridad a la empresa minera y no a quien se debe, que es la ciudadanía”.

Katherine Andrade,defensora del Pueblo en Imbabura
https://www.lahora.com.ec/detenidos-por-protestas-en-buenos-aires-tienen-medidas-sustitutivas/

La Gaceta Ecuador
La población está preocupada. Los megaproyectos mineros podrían dejar sin agua de consumo.
El objetivo sería hacer una mina de oro, plata y cobre, que se construiría sobre 10.784 hectáreas que agrupan a tres concesiones ubicadas en tres de las cinco parroquias: Isinliví, Chugchilán y Fraylejón. Lo que afectaría gravemente el ecosistema. Los cuatro proyectos de megaminería que se impulsa en Sigchos están en parte de la Reserva Ecológica Los Ilinizas.

Este proyecto, asentado en las tres parroquias del páramo, se suma a los proyectos de megaminería Pegasus A y Luz, de oro y otros metales, que las empresas Luminex Resources y Anglo American lo mantienen en fase de exploración inicial en la vía a la parroquia Las Pampas, subtrópico de Sigchos.

También se suma al proyecto de oro, plata y cobre La Plata, que Atico Mining Corporación desarrolla en etapa de exploración avanzada en las parroquias Palo Quemado y Las Pampas, subtrópico de Sigchos.

El megaproyecto Sigchos ya fue promocionado por la Enami (empresa minera) en marzo de 2019, pero ante la protesta de las organizaciones comunitarias de Sigchos lideradas por William Sacatoro, presidente del Gobierno Parroquial de Isinliví, en agosto de ese año, el tema quedó en silencio y el líder fue enjuiciado. Sin embargo, el 29 de junio de 2021 la Enami retomó la promoción y esto activó nuevamente las alertas en el cantón.

Sacatoro sostiene que el megaproyecto minero Sigchos devastaría las montañas “sagradas” de La Provincia, Guantualó, Quinticusig, Wingopana, Cerro Azul y los páramos de Samilpamba, Quilapamba, Guantuloma y Yanarumi. Asevera que aquello acabaría con las fuentes de agua.

Como ejemplo, señaló que en los páramos de Samilpamba, Quilapamba, Guantuloma y Yanarumi nace el líquido vital que la Junta de Agua de Malinguapamba y Tunguchí lleva para abastecer a los alrededor de dos mil habitantes de seis comunidades: Guantuloma, Quilapamba, Quintatunguiche, El Salado, La Provincia y Malinguapamba.

El sábado 3 de julio de 2021, los representantes de diez organizaciones comunitarias del cantón se reunieron en Sigchos con la asambleísta de Cotopaxi Gissella Molina, integrante de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, quien también se opone a la explotación minera.

Pablo Aulestia, asesor de la asambleísta, informó que la legisladora está impulsando reformas a la Ley de Minería para que, por ejemplo, la remediación ambiental esté a cargo de las empresas mineras y no del Estado ecuatoriano.

“De cada dólar de ganancia, 90 centavos se llevan las empresas mineras y solo 10 quedan para el país, pero la remediación ambiental cuesta tres veces más de lo que supuestamente se gana, agua queda contaminada”, añadió.

Gissella Molina alertó que, incluso sin la minería, “es posible que Sigchos se quede sin agua en cinco años” debido a que las fuentes se han reducido por el daño a los páramos causado por las actividades humanas.

“Hay que ver cuántos afluentes quedan y cuántos están contaminados (…) Depende de ustedes, sí la población dice no a la minería, nadie puede venir a explotar”, expresó.

“Las enfermedades gastrointestinales, cancerígenas y catastróficas se generan más en las zonas de explotación minera, añadió Pablo Aulestia.

El asesor también pidió a la población no dejarse convencer por la promesa de trabajo en las empresas mineras. “La actividad minera necesita personal calificado y en Sigchos no hay personas formadas para esos puestos”, aseveró.

Aulestia aclaró que los proyectos que ya están concesionados no pueden ser rechazados a menos que se consiga acciones legales, pero que en aquellos que aún no están concesionados el Estado está en la obligación legal de primero consultar a la población.

Según el asesor parlamentario, la población debe presionar al Municipio, porque, según aseveró, esa entidad tenía a cargo 35 concesiones.

Pablo Aulestia aseveró que se vienen 16 concesiones más para Cotopaxi entre minería metálica, pétrea y de libre aprovechamiento. Y reveló que durante el gobierno de Lenín Moreno se incrementaron las concesiones en una cantidad alta (2.973) y sin criterio técnico.

“En Ecuador, en 2017 había 1.063 concesiones mineras, y había 4.063 al cerrar el periodo de Lenín Moreno (…) Se debe transparentar la información, no hay información actualizada desde 2019 ni en el Ministerio del Ambiente, ni el Ministerio de Energía ni en la Agencia de Regulación y Control Minero”, dijo.

“La lucha contra la minería se la debe hacer de manera técnica (…) Se debe quitar de la ley el criterio de que cuando el gobierno decida que un proyecto minero es de interés nacional, por más que está en área protegida, se lo haga a como dé lugar (…) La sociabilización de los proyectos mineros se la debe efectuar ante toda la población, no solo ante un dirigente”, explicó.

Alba Zurita, también asesora de Gissella Molina, comunicó que el 28 de junio la asambleísta se reunió con la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma) y consiguió el apoyo técnico de sus 69 organizaciones para evaluar las concesiones mineras en Sigchos, La Maná y Pangua.

Franklin Mena, concejal urbano del vecino cantón La Maná, invitado al evento, aseveró que la minería que se realiza en la parroquia El Tingo La Esperanza, subtrópico de Pujilí, “mata los peces” y afecta a la urbe lamanense.

“Sigchos es un territorio altamente sensible, el Concejo Municipal debe declarar a Sigchos como zona de protección hídrica. Hay déficit de agua en el cantón y a las pocas fuentes que quedan se las debe proteger. El arsénico que se utiliza en la minería es un metal pesado, envenena el agua y produce cáncer, cáncer de próstata y otras enfermedades. También se utiliza Mercurio y Cianuro”, manifestó.

William Sacatoro insistió que los moradores están preocupados por la reactivación del proyecto minero Sigchos por parte de la Enami. Planteó que esa entidad envíe técnicos al cantón para que expliquen en detalle a los habitantes el impacto de la minería, les consulte si están de acuerdo o no y respeten el pronunciamiento de la población.

“En agosto de 2019 ya protagonizamos un paro contra el Alcalde (Hugo Argüello) con el apoyo de los GAD parroquiales. Los municipios tienen la competencia de dar el permiso de uso de suelo, ellos conocen y no han avisado a la población. Y hoy, sorpresa, nuevamente están ubicando inversionistas”, dijo.
https://lagaceta.com.ec/alerta-en-sigchos-por-nuevo-megaproyecto-minero/

El día sábado 19 de junio del 2021, y en respuesta a la convocatorias del comité defensa del agua y los
páramos de Gualel y contando con la participación de los pueblos de fierrourco, representantes de las
parroquias del noroccidente, del pueblo Saraguro, del comité de la defensa del agua y de los pueblos
montubios de Portovelo, del pueblo Huancavilca, de Catamayo, de los colectivos de defensa del agua
de la ciudad de Loja, se dio inicio a la jornada por la unidad, el agua y la libertad a 14 dirigentes
criminalizados de Gualel.
Múltiples voces aquí, han denunciado a estas megaempresas de la devastación (Guayacan gold,
cornestone y sol gold), que bajo el membrete espurio de la minería responsable, y de que traen
el progreso y el desarrollo, pretenden esconder y legitimar sus métodos de división y enfrentamiento
de un pueblo, de instalar la violencia para procedera la apropiación, al saqueo, a la colonización y
luego devastación de un territorio para extraer los minerales de sus entrañas, destruyendo las
entrañas de la madre tierra.
Señalando que esta no solo es una lucha, nos hallamos frente a una situación de emergencia, no
solo las empresas deben parar la criminalización, es hora de que les exijamos que se vayan, con fuerza,
con propiedad, con los principios ancestrales de justicia que nos asisten a partir de una prolongada
y milenaria guardianía y ocupación del territorio, junto a los principios constitucionales que nos
asisten.
Acordando trabajar arduamente para forjar principios y procesos de unidad, unidad de las
parroquias del noroccidente, unidad de los pueblos que habitan los tres flancos del fierrourco:
Ambocas, Paltas y Saraguros, unidad de un frente urbano por la defensa del agua y los alimentos, y
unidad de los pueblos de las seis provincias de la región sur.RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA
• Exigir el cese de los procesos de judicialización a 14 dirigentes de Gualel por parte de las empresas
mineras extranjeras
• Impulsar una acción de protección constitucional, a las acciones de prospección minera en los
páramos de fierrourco que son fuentes de agua, y ante la falta de consulta previa libre e informada.
• Exigir el cumplimiento de la resolución de cantón Loja libre de minería metálica, y que el PDOT
Cantonal, responda plenamente al alcance de esta resolución
• Exigir que el Gad provincial, MAG y MAE, atiendan las necesidades de las parroquias Gualel y del
noroccidente y denunciar su posición chantajista de condicionar sus ayudas a estas poblaciones si
es que no se subordinan a las empresas mineras.
• Exigir que el GAD parroquial de Gualel, atiende las demandas de su pueblo en pie de lucha por ladefensa del agua y que deje de ponerse al servicio
de las empresas mineras
• Exigir la salida de las empresas mineras del territorio de fierrourco y del país.
• Apoyar las demandas de la carta urgente al presidente Lasso y autoridades electas, pidiendo
el cese de las actividades de minería metálica en fuentes de agua y territorios de producción de
alimentos, a presenta por parte de la plataforma de organizaciones defensoras del agua y la
soberanía alimentaria de la región sur.
• Ratificar que los pueblos de fierrourco ya hemos decidido decir no la minería metálica, si al agua.

Fierro Urco: agua y libertad

27/06/2021
El coordinador de la Mancomunidad del Chocó Andino, Inti Arcos, dijo que las comunidades están en su 196 día de “resistencia”, e “impiden el paso de los mineros que quieren entrar a la fuerza”.

En el 2018, la UNESCO declaró al Chocó Andino como la séptima reserva de biósfera del Ecuador. “A pesar de esto, el Estado de forma ilegal e inconstitucional ha impuesto 12 concesiones mineras y otras seis se encuentran en trámite, condenando al noroccidente a la devastación y limitando la realización de de decenas de otras prácticas productivas coherentes con la reproductibilidad del bosque” sostienen las Comunidades.

La Manconunidad del Chocó está conformada por las parroquias de Pacto, Calacalí, Nono, Nanegal, Nanegalito y Gualea, las cuales forman parte del cantón Quito.

Ahora, han solicitado a la Corte Constitucional de Ecuador que de el visto bueno a una propuesta para la convocatoria de una consulta popular que persigue el fin de la minería metálica en áreas protegidas del Distrito Metropolitano de Quito.

En el mes de marzo, Inti Arcos, coordinador de la Mancomunidad del Chocó Andino, lamentó el ingreso de las mineras en la zona para explotar oro, cobre y plata y manifestó: “Hay una fractura social y violenta. Gente se va con los mineros y otra que se mantiene con su forma tradicional de vida como la caña orgánica y la minería, lo cual provoca conflictos y roces en las comunidades”.

Asimismo se producen problemas de inseguridad. “Nuestros pueblos son sitios de paz. Corren peligro los lugares en donde los quiteños salen de vacaciones a bañarse en las cascadas (…) La zona se empieza a volver violenta con tensiones alrededor del agua, el uso del suelo, incluso del acceso a la tierra. Eso nos tiene muy preocupados”.

En un comunicado, la organización precisó el viernes 26 de junio del 2021 que la Corte Constitucional ha avocado conocimiento de la causa correspondiente a una consulta popular presentada por varios vecinos de Quito, en la que solicitan un dictamen en torno a cuatro preguntas que incluiría el plebiscito y que busca la prohibición de la minería metálica.

Con ello pretenden interrumpir esta práctica minera en el subsistema Metropolitano de Áreas Naturales protegidas del Distrito Metropolitano quiteño y en el área de Importancia Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible, conformada por las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino.

La legislación constitucional ecuatoriana establece un plazo de 20 días para que la alta Corte se pronuncie al respecto, contabilizando desde el inicio del respectivo control previo.

El coordinador de la Mancomunidad del Chocó Andino, Inti Arcos, explicó este viernes a Efe que las comunidades están en su 196 día de “resistencia“, e “impiden el paso de los mineros que quieren entrar a la fuerza”.

Estas acciones de obstaculización se llevan a cabo tanto en las parroquias del Chocó Andino, como en los territorios de Acus Mashpi, Pachijal, Yunguilla, Camino de los Yumbos, pertenecientes a la parroquia La Victoria.

“Estamos haciendo lo posible para presionar a la Corte para que emita un criterio”, agregó Arcos al precisar que la campaña para impulsar la prohibición de la minería incluye plantones, intervención en redes sociales con la etiqueta #QuitoSinMinería, y el “cuidado de territorios que actualmente se encuentran cerrados“.

“No le estamos pidiendo a la Corte que decida sobre si la minería es buena o mala, este modelo de explotación pone en riesgo a la comunidad“, sostuvo el dirigente comunitario y citó las afectaciones ocasionadas por las actividades extractivas como la contaminación del agua, la división de comunidades y daños a la reserva ambiental.

Por ello, la organización ambiental y vecinal asegura que se mantiene vigilante, “para asegurar nuestro derechos, como habitantes de Quito, a decidir sobre nuestros bosques, áreas verdes y mantenerlos libres de minería”, concluye el comunicado.

El Chocó Andino de Pichincha, provincia de la que Quito es su capital, se convirtió en 2018 en la séptima reserva de la biosfera ecuatoriana por la Unesco.

La reserva trata de garantizar la protección del oso de anteojos o andino, especie emblemática para el Ecuador y la región salpicada por la cordillera suramericana, y comprende una extensión de más de 286 000 hectáreas, lo que representa el 30,31% del territorio de la provincia de Pichincha.
Fuente: EL COMERCIO

Piden consulta popular contra minería metálica en áreas protegidas de Quito

Protesta contra la minería en La Merced de Buenos Aires, Ecuador La Merced de Buenos Aires quiere estar libre de minería (© Ivan Castaneira/Agencia Tegantai)
08/06/2021
En Ecuador, un juez acaba de ordenar que la minera Hanrine debe despejar la vía pública en menos de diez días. Considera que las autoridades competentes del control y regulación de actividades mineras en el país han sido incapaces de resolver el conflicto socioambiental que lleva activo más de 40 días en torno a la comunidad de La Merced de Buenos Aires, que se encuentra vigilante y en vilo.

El juez Dr. Manuel Sucuzhañay, de la Unidad Multicompetente de Urcuquí, reconoce un inminente riesgo de vulneración a los derechos fundamentales de las comunidades afectadas por quienes pretenden imponer la actividad minera. Por ello, da un plazo de diez días a la empresa minera Hanrine para retirarse de la vía pública que está obstruyendo, y donde vehículos y mineros acampan e impiden el libre paso a los moradores de las comunidades, poniendo en riesgo su salud.

Fue esta urgencia por proteger la salud en un contexto de pandemia y en última instancia la propia vida, lo que dio ánimos a la comunidad a unirse para repeler la amenaza minera y defender su derecho a un ambiente sano y a elegir el modelo de desarrollo que prefieren tener, ligado a las actividades tradicionales de la agroforestería y la ganadería. El área forma parte de la reserva ecológica Cotacachi-Cayapas, un ecosistema único, que forma parte de la bio región Chocó y con una importancia fundamental para la región andina.

El Estado ecuatoriano entregó una concesión minera y una vez más ha dado muestras de incompetencia a la hora de manejar el conflicto suscitado con policía y ejército, una vez que la empresa pretende pasar y la comunidad se niega a permitirlo. La zona fue castigada por una intensa actividad minera ilegal en el pasado, y sus habitantes se resisten a repetir la pesadilla vivida.

Por el momento, el pueblo bonaerense considera las medidas cautelares dictadas por el juez Sucuzhañay una victoria. Es un momento clave, ya que un nuevo gobierno acaba de asumir funciones hace tan sólo dos semanas, y entre otras promesas electorales, el nuevo presidente Guillermo Lasso se comprometió a prohibir la minería.

La comunidad agradece al asambleísta Mario Ruíz, el cual presentó la acción de amparo con el fin de ayudar a evitar que se produjeran más enfrentamientos. En un comunicado, el asambleísta pide que se ejecute la sentencia a la mayor brevedad, así como «soluciones de fondo», y declaró: «La sentencia marca un precedente histórico en que los pueblos a través de la justicia constitucional hacen prevalecer sus derechos frente a las grandes transnacionales». La minera causante del conflicto tiene su raíz en Australia.

A pesar de la buena noticia, Salva la Selva mantiene activa una petición en apoyo de la comunidad que suma casi 92.000 firmas. La carta dirigida a las autoridades exige que “cesen todas las acciones de intimidación contra la población bonaerense y atiendan convenientemente las denuncias, sin criminalizar, acusar sesgadamente, ni prejuzgar al conjunto de la comunidad” garantizando el derecho a la protesta y la resistencia. Además, que aclaren todas las circunstancias de la concesión minera y que se desarrolle un proceso adecuado de consulta incluído el de Consentimiento Previo Libre e Informado CPLI al que tiene derecho la comunidad indígena Awá afectada directamente. Dichos procesos han sido hasta el momento inexistentes.

La parroquia de Buenos Aires solo recobrará la paz cuando se extingan las concesiones mineras impuestas sobre el territorio sin que mediara ningún tipo de consulta. Otra exigencia que sigue abierta es la reparación de los daños infringidos por la actividad de minería ilega habida durante algunos años. Por eso, la vigilancia internacional continúa atenta y seguiremos informando sobre lo que pasa en La Merced de Buenos Aires hasta que el conflicto se resuelva totalmente.
#EcuadorMegadiversoNoMegaminero
#BuenosAiresLibredeMinería
#AguantaBuenosAires
Más información, de la ecuatoriana Alianza por los Derechos Humanos.
https://www.salvalaselva.org/exitos/10244/primeros-frutos-para-la-resistencia-contra-la-mineria-en-la-merced-de-buenos-aires

Las posiciones sobre la minería en Imbabura son diametralmente opuestas entre los ambientalistas y los pro mineros. En ENtv estuvieron José Cueva del Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador (Omasne) y Franklin Soria de Prensa Minera para hablar sobre el tema.

Cueva: “La empresa minera tiene concesión, pero no es legal”

José Cueva, miembro del Observatorio Minero Social Ambiental del Norte del Ecuador (OMASNE), consideró en ENtv que la situación en Buenos Aires es muy delicada.

¿La minería legal es posible como sostiene Prensa Minera?
Quiero recalcar que el trabajo que esta haciendo la así llamada Prensa Minera tiene un fin concreto, un fin específico de generar opinión pública favorable a la minería y para eso no ha escatimado ningún esfuerzo, han victimizado a la comunidad (Buenos Aires, Urcuquí), la califican como mineros ilegales a una población de agricultores y ganaderos.

¿Por que lo dices?
Están desinformando y engañando a la prensa. Te comentaba que hace un tiempo hicieron un reportaje totalmente falso que tuvo que retractarse públicamente Ecuavisa. Son maniobras que hace Prensa Minera con fines concretos y específicos que son favorecer a la empresa Hanrine en este caso, para lograr su objetivo de lograr entrar a la concesión Imba.

¿Cómo está Buenos Aires?
La situación es sumamente grave, sumamente preocupante y yo quiero alertar a la opinión pública y a la ciudadanía que tiene que estar muy pendiente de lo que puede pasar en estos días, porque con la excusa del Estado de Excepción es posible que haya un intento de ingreso violando los derechos humanos de las personas.

Pero de lo que se conoce la empresa Hanrine tiene una concesión legal.
La empresa minera tiene una concesión pero no es legal, porque hay una sentencia de la Corte Provincial de Imbabura que se emitió en 2019 en la cual se expone que estas concesiones son ilegales porque no realizaron el proceso de consulta.

¿La consulta es prioridad?
La Constitución en el Ecuador en el Art. 398 obliga a la realización de la consulta ambiental a las comunidades y no hablo de la consulta previa informada a pueblos y nacionalidades indígenas, yo hablo de la consulta ambiental que se debe realizar a todas las comunidades en donde hay procesos extractivos.

¿La lucha continúa?
Claro mientras haya gente que viva en el campo.

Soria: “Las autoridades deben hacer prevalecer el orden”

Franklin Soria es el responsable de Prensa Minera, portal que tiene un amplio conocimiento de estos temas conflictivos a nivel nacional. Obviamente, su presencia en Buenos Aires ha generado apoyos y detractores, pero Soria se mantiene “al pie del cañón”.

¿Qué se espera del nuevo gobierno?
Las expectativas que ha generado el gobierno de Guillermo Lasso para el sector minero son positivas, porque entendemos que hay, por sobre toda agenda política, una agenda productiva, económica, siendo un motor esencial en cantones del Ecuador. Incluso el rubro que aporta la minería ha superado a la exportación de flores.

¿Qué se demuestra con eso?
Simplemente que el sector productivo de la minería tendrá garantizado la seguridad política, el respeto a la propiedad privada porque el sector minero genera divisas para el Ecuador y encadenamientos productivos.

Pero también se generan disputas y conflictos como en Buenos Aires…
Imbabura es una provincia que tiene larga data de conflictos mineros. Recordemos el escenario de Llurimagua hace más de 20 años cuando estaba Ascendant Cooper. Lamentablemente no ha sido una disputa racional y ha ido al territorio, han sido dos posiciones respetables.

¿Por qué Prensa Minera?
Porque cree y exige una minería responsable nacional y extranjera al contrario de quienes se oponen desde el otro sector. Se ha llevado la disputa al territorio, con puños, agresiones de quienes no piensan como el grupo antiminero que controla la parroquia y hemos sido testigos de los conflictos.

¿Cuándo habrá calma?
Son dinámicas que no van a tener solución, porque en un país donde rigen las leyes no puede haber quien se manifiesta con más fuerza o con mayor número de gente para decir que tienen la razón.

¿Algún llamado puntual?
A las autoridades competentes para que hagan prevalecer el orden. Vimos absortos como la minería ilegal se paseó por las narices de Ibarra sin que se haga nada durante casi dos años.
https://www.elnorte.ec/1695143-2/