Tanto su fauna como su flora se destacan y se han convertido en un símbolo para la conservación de la naturaleza.

Entre tantas noticias de corrupción y de accidentes naturales, los medios dejaron pasar, en buena medida, desapercibida una información que en otro lugar habría ocupado las primeras planas de los medios de información.

La comunidad de Cajamarca, en el departamento del Quindío, salió a las calles para votar en contra o a favor de la minería; en un ejercicio electoral, frente a una actividad económica que es en buena medida privada, pero que requiere una licencia estatal para su explotación.

El resultado de esta convocatoria, en una decisión democrática, realmente participativa, afectó a la población de este pequeño municipio. Más allá de un conteo de votos, Cajamarca se ha convertido en un símbolo nacional. En una expresión de que los principios ecológicos priman sobre la explotación de los recursos no renovables.

La responsabilidad de unos pocos colombianos sobre un pequeño territorio es enorme, ya que esta zona es un refugio para especies vegetales y para una fauna que está en vía de extinción.

El voto popular determinó que se cerrara la exploración minera, y más allá que no se continuaran otorgando licencias para la búsqueda y exploración de minerales.

A diferencia de una elección de representantes políticos, de escogencia de gobernantes, aquí no se votó por personas sino por ideas, por conceptos, por valores, por la primacía de la ecología frente a los intereses económicos.

Mirando con lupa y entre noticias de orden público, aparecen otras informaciones como que el posconflicto permitirá poner los ojos en la protección de diferentes especies, entre otras hermosas aves, una gran variedad de colibríes, las tortugas, los delfines o los característicos osos de anteojos.

Aunque las normas de la minería son estrictas, y es claro en que casos se cae en la ilegalidad. Sólo hasta ahora la comunidad colombiana tiene una directa e importante participación en la decisión del uso de la tierra, de qué debe primar a la hora de aprovechar los recursos naturales tanto renovables como no renovables.

“Verde que te quiero verde”, decía el poeta español Antonio Machado y, básicamente, ese es el canto de las poblaciones colombianas que buscan que la conservación de la naturaleza se coloque por encima de cualquier otro interés económico.

Las elecciones, a través del fervor popular, podrán cambiar el color del mapa de nuestra nación.

Las tonalidades de verde primarán sobre los grises, cafés y tonos opacos que simbolizan los minerales que se esconden bajo el manto natural. Sin duda todos los electores colombianos pondrán a presionar los mecanismos de elección popular. La tierra es de todos y el uso de ella debe estar en manos de la población mayoritaria.

Fuente:http://www.pulzo.com/opinion/el-voto-ecologico-entre-la-mineria-o-la-proteccion-del-verde/PP257776

Justo un mes después de que el nombre de un pequeño pueblo, Cajamarca, saltó a las noticias por rechazar el proyecto minero La Colosa, la compañía responsable, AngloGold, suspende operaciones en Colombia. La empresa, de origen sudafricano, explica que después de 14 años de labores en la zona detienen su trabajo en la región, acatando la voluntad popular que se opuso a la explotación minera en su territorio. Un resultado abrumador de 6.165 votos contra 76 terminó empujando a la minera a parar el proyecto y abrió un debate nacional sobre la soberanía de los municipios y la participación cuando se decide sobre la exploración de sus tierras.

La meta de AngloGold era extraer 28 millones de onzas de oro en una zona que hace de despensa agrícola y tesoro hídrico en Colombia. De un pueblo que el mes pasado le dio valor en las urnas a un mecanismo democrático, poco usado hasta ahora. La empresa argumentaba recientemente que el impacto que se había generado desde que hace presencia en ese territorio era de baja intensidad,puntual, mitigable y compensable. Sus razones fueron respaldadas por voces como la del director de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -Andi- que también estuvo en contra de la consulta. Bruce Mac Master aseguraba que en el tema ambiental existen normas y entidades que estudian si un proyecto es viable o no. “Es absurdo atacar los proyectos considerados como viables y sostenibles, afectando a toda la población que se puede beneficiar de los mismos”. Sin embargo, fue más fuerte la voz del pueblo que, desde que se conocieron las pretensiones de la minera, estuvo acompañada por la de ambientalistas, académicos y juristas.

“Los explosivos usados para minería a cielo abierto contaminan el aire con metales pesados, presentes en el subsuelo. El drenaje ácido de las minas a cielo abierto libera cadmio y arsénico, tóxico para el ambiente y la gente”, razonaba Carlos Lozano Acosta, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, una de las organizaciones que lideró el proceso para que fueran los ciudadanos los que decidieran si querían o no que en su región se realizaran explotaciones.

Renzo García, del comité ambiental que promovió la consulta, advierte que la decisión de la empresa es “positiva”, pero no suficiente. Exige, como vocero de la comunidad, que se cumpla al pie de la letra lo que dispone la consulta popular. “Se tiene que acatar como es. No se trata de suspender, ellos tienen que renunciar a ese proyecto porque el pueblo así lo quiso”, asegura desde Cajamarca a ELPAÍS. Dice que esta lucha, que comenzó hace varios años, demuestra que la defensa de la vocación agropecuaria es posible y debe servir de ejemplo a otras regiones.

“Es un mensaje de esperanza para todos los que tenemos que padecer los estragos ambientales de estos grandes proyectos mineros”, agrega.

Con la decisión de la compañía, al menos 400 trabajadores quedarán sin empleo, se reducirán al mínimo los gastos operativos y se suspenderán las inversiones sociales que, según la empresa, llegan a los 6.000 millones de pesos colombianos.

Fuente:http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/27/colombia/1493327943_158398.html

Hay preocupación en el municipio de Urrao, suroeste de Antioquia, por el aparente incremento de la actividades relacionadas con la minería ilegal y el tráfico ilícito de madera, específicamente en las veredas Mandé, Punta de Ocaido y la zona selvática de esa población, las cuales limitan con otros municipios como Frontino, Vígia del Fuerte y el departamento de Chocó.

La denuncia la hacen varios integrantes de la Mesa Ambiental y el grupo No a la Minería de Urrao, quienes aseguran que son al menos nueve puntos en los que hay minas ilegales de oro y en donde “ya llevan al menos dos años consumiendo bosques y selva, que hacen parte de una reserva forestal decretada mediante ley segunda de 1959 y que se encuentran cercana al Parque Natural Las Orquídeas”.

Quienes hicieron pública esta problemática afirman que desde el inicio de esa actividad “se hizo la respectiva denuncia con fotos y documentos ante las autoridades locales del municipio; sin embargo, al ver que no hubo resultados, decidimos acudir a la Gobernación y al Ministerio de Defensa. En las zonas donde se está haciendo la minería ilegal ni siquiera hay acceso vehicular, al parecer la maquinaria la pasaron desde Chocó y también por los afluentes que hay en la zona”.

El personero local, Carlos Andrés Cossio, afirmó que a su despacho llegaron las denuncias sobre las actividades de minería ilegal y tala indiscriminada de bosque nativo, “por lo que se hizo la respectiva diligencia para que esa denuncia la tuvieran los órganos competentes, en este caso, la Fiscalía el Ministerio de Defensa y la Brigada contra la Minería Ilegal de Ejército en Bogotá”.

El personero agregó que ya la policía de Urrao ha incautado gran cantidad de madera de bosque nativo.

Esta problemática de la minería ilegal y tala indiscriminada de bosque nativo en Urrao fue tema de discusión en el pasado consejo de seguridad de la Gobernación de Antioquia y por esa razón, el gobernador Luis Pérez Gutierrez anunció que en los próximos días se realizarán sobrevuelos para poder detectar las zonas donde se está extrayendo el oro de manera ilegal.

“Las comunidades están protestando y por eso la secretaría de Gobierno y de Minas estarán al frente de esta situación con todos los organismos de seguridad y estaremos dando resultados muy pronto”, afirmó el mandatario regional.

Hay preocupación en el municipio de Urrao, suroeste de Antioquia, por el aparente incremento de la actividades relacionadas con la minería ilegal y el tráfico ilícito de madera, específicamente en las veredas Mandé, Punta de Ocaido y la zona selvática de esa población, las cuales limitan con otros municipios como Frontino, Vígia del Fuerte y el departamento de Chocó.

La denuncia la hacen varios integrantes de la Mesa Ambiental y el grupo No a la Minería de Urrao, quienes aseguran que son al menos nueve puntos en los que hay minas ilegales de oro y en donde “ya llevan al menos dos años consumiendo bosques y selva, que hacen parte de una reserva forestal decretada mediante ley segunda de 1959 y que se encuentran cercana al Parque Natural Las Orquídeas”.

Quienes hicieron pública esta problemática afirman que desde el inicio de esa actividad “se hizo la respectiva denuncia con fotos y documentos ante las autoridades locales del municipio; sin embargo, al ver que no hubo resultados, decidimos acudir a la Gobernación y al Ministerio de Defensa. En las zonas donde se está haciendo la minería ilegal ni siquiera hay acceso vehicular, al parecer la maquinaria la pasaron desde Chocó y también por los afluentes que hay en la zona”.

El personero local, Carlos Andrés Cossio, afirmó que a su despacho llegaron las denuncias sobre las actividades de minería ilegal y tala indiscriminada de bosque nativo, “por lo que se hizo la respectiva diligencia para que esa denuncia la tuvieran los órganos competentes, en este caso, la Fiscalía el Ministerio de Defensa y la Brigada contra la Minería Ilegal de Ejército en Bogotá”.

El personero agregó que ya la policía de Urrao ha incautado gran cantidad de madera de bosque nativo.

Esta problemática de la minería ilegal y tala indiscriminada de bosque nativo en Urrao fue tema de discusión en el pasado consejo de seguridad de la Gobernación de Antioquia y por esa razón, el gobernador Luis Pérez Gutierrez anunció que en los próximos días se realizarán sobrevuelos para poder detectar las zonas donde se está extrayendo el oro de manera ilegal.

“Las comunidades están protestando y por eso la secretaría de Gobierno y de Minas estarán al frente de esta situación con todos los organismos de seguridad y estaremos dando resultados muy pronto”, afirmó el mandatario regional.

Temen por su seguridad

Las personas de la Mesa Ambiental y del grupo No a la Minería de Urrao que hablaron con EL COLOMBIANO, denunciaron que fueron amenazados por sacar a la luz pública la problemática que hay por cuenta de la minería ilegal y el tráfico de madera, y por esa razón prefirieron no publicar sus identidades.

“Hemos recibido llamadas en las que nos dicen que ya nos tienen en la mala a los de la mesa ambiental y que si se llega a realizar un operativo contra la minería en Urrao, nos van a matar”, asegura uno de los jóvenes, quien agrega que esas amenazas ya fueron denunciadas ante la Policía, Fiscalía y Personería del municipio.

Fuente:http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/mineria-ilegal-en-urrao-AL6397705

El pasado 26 de marzo se conocieron los resultados de la consulta popular minera en Cajamarca, en la cual más de 6.000 habitantes votaron a favor del NO en los proyectos de minería a gran escala en esa zona del occidente tolimense.

Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2017/04/22/ibague/1492881084_324366.html

La minería a gran escala denominada sostenible es hoy una de las caras más visibles de lo que algunos autores denominan la reinvención del desarrollo y su promesa de progreso para el caso Latinoamericano.

Si bien en la región este tipo de proyectos se critican sistemáticamente por sus consecuencias ambientales, culturales y geopolíticas, nos enfrentamos actualmente ante un fenómeno en el que el desarrollo no muere, sino que se está reinventando en discursos, prácticas y artefactos denominados de desarrollo sostenible, que es posible rastrear desde una mirada sociotécnica.

A partir de un estudio de caso relativo a un proyecto de minería de oro a gran escala en fase de exploración denominado La Colosa en el municipio de Cajamarca (Tolima, Colombia), este artículo busca entender cómo las relaciones entre desarrollo sostenible y extractivismo tienen implicaciones para el caso colombiano en términos ambientales, económicos y de inclusión social.

Introducción

El desarrollo dejó de ser entendido solo como crecimiento económico hace más de cuarenta años, desde que la teoría de la dependencia fue enunciada en la década de 1960. Años después, autores como Escobar (1998), Esteva (1992, 2009), Feenberg (1991) y Sachs (1992), entre muchos otros intelectuales, explicaron cómo las ideas de desarrollo y Tercer Mundo se inventaron con el fin de llevar a cabo la dominación cultural, social, económica y política de los países que en aquellos años fueron llamados “países periféricos”. Entre los postulados de estos autores, el desarrollo tiene por fin último implementar un modelo global de vida social que, buscando el crecimiento económico, nos lleva entre otras consecuencias a la inevitable degradación ambiental (Escobar, 2005, 2014).

Incluso nociones que parecen reconocer esta contradicción, como el desarrollo sostenible (Carpenter, 1991; Rees, 1990), en la medida en que soporta la idea que conjuga una visión universal de crecimiento económico (Nisbet,1981; Burns, 1990 en Gudynas, 2011) con la de tecnología predecible y autónoma (Winner, 1987), sigue manteniendo el precepto de desarrollo por etapas universales, donde dichas etapas están ligadas a la sofisticación tecnológica que garantiza una integración social y la prosperidad.

Fuente:http://movimientom4.org/2017/04/trayectoria-socio-tecnica-de-las-relaciones-entre-extractivismo-y-desarrollo-sostenible-el-caso-de-la-colosa-en-colombia/

El diálogo y la veeduría serán la clave para avanzar en este conflicto de intereses que tienen los habitantes de Jericó y de la provincia de Cartama con la multinacional minera AngloGold Ashanti.

En el corregimiento Palocabildo, del municipio de Jericó, Suroeste antioqueño, los campesinos volvieron a rechazar de manera pacífica la instalación de plataformas de perforación de la empresa AngloGold Ashanti para la explotación de oro; sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, esta vez las comunidades se sentaron a dialogar con representantes de la multinacional minera para llegar a unos acuerdos que parecían imposibles hace unos días.

“Instalamos la mesa que se había pactado hace una semana. Hubo delegados de todas las partes: alcaldía, secretaría de Minas de Antioquia, ministerio de Minas, miembros de la comunidad y representantes de la empresa. Conocimos de parte de la multinacional cuál es el cronograma de intervención que tienen en la zona, para qué necesitan entrar al territorio, entre otras inquietudes”, explicó a EL COLOMBIANO Jorge Andrés Pérez Hernández, alcalde de Jericó.

Agregó que “el otro objetivo era hablar con los campesinos, para explicarles hasta dónde era legítimo su derecho a la protesta, su participación pacífica y que las vías de hecho no eran la forma de encontrar una salida a esta situación”.

El mandatario local confirmó que crearán un comité técnico, tipo veeduría, con los diferentes actores para hacerle seguimiento —con Derechos Humanos, Personería y Defensoría del Pueblo— al accionar de todas las partes en Palocabildo.

“La comunidad estuvo de acuerdo y la empresa también aceptó la veeduría. Por ahora, sigue siendo unánime el rechazo de la comunidad a estas acciones de la AngloGold Ashanti, debido a que está en riesgo el recurso hídrico”, enfatizó el alcalde de Jericó.

Entienden los temores

Al respecto, la empresa AngloGold Ashanti respondió que entiende los temores de la comunidad respecto a la minería, pero sostiene que en los más de 10 años que llevan en el territorio, no hay daños en el medio ambiente ni contaminación en el agua.

Igualmente, les manifestó a los pobladores de Jericó y de demás municipios de la provincia de Cartama que en ningún momento pretende instalar plataformas de perforación de manera ilegítima y sin consultarlos a ellos.

“Por políticas sociales y de derechos humanos, siempre socializamos con los dueños de los predios donde hacemos los estudios, informamos las actividades que vamos a desarrollar en busca de su aprobación por escrito. En caso de no contar con dicha aprobación, no se realiza la actividad”, indicó la multinacional en un comunicado oficial.

Rechazo a las vías de hecho

La multinacional minera reiteró que la mejor forma de resolver inquietudes y llegar a acuerdos bilaterales es a través del diálogo, razón por la cual rechazan algunas protestas que, según la empresa, no han sido del todo pacíficas.

“Las ocasiones en que nos han impedido realizar las actividades, no han sido siempre pacíficas. A pesar de la negativa, hacemos un llamado al diálogo respetuoso, donde busquemos soluciones para el progreso de todos”, comentó la empresa minera.

A excepción de casos aislados, la empresa aclara que han encontrado en Jericó armonía y cordialidad. Además resaltaron que sus empleados, contratistas y proveedores son de la zona. Reconocen que, aunque la minería es polémico, la comunidad jericoana los ha tratado con respeto y que este tratamiento ha sido recíproco.

Fuente:http://www.elcolombiano.com/antioquia/en-jerico-acuerdan-veeduria-para-conciliar-actividad-minera-KA6354518

Para el ministro de Minas, Germán Arce, el voto de los habitantes de Cajamarca es de carácter local y no afecta el desarrollo minero del país.

«Eso tiene obviamente unas implicaciones en lo que las autoridades locales van a tener que hacer para poder recibir ese mandato, llamémoslo político».

El funcionario advirtió que la decisión de no permitir la explotación minera no es retroactiva y AngloGold Ashanti podrá continuar en el municipio.

«Si la compañía viene con una solicitud de licencia, la autoridad ambiental tendrá que procesarla en el marco de la ley, porque hay que garantizarle derechos».

Actualmente, hay 19 títulos de explotación minera en Cajamarca, otorgados entre 2006 y 2009. EL ministro aseguró que lo ocurrido en Cajamarca no afectará la inversión extranjera.

«Este es el primer año en que vamos a tener tres grandes proyectos mineros en fase de ejecución, después de 20 años».

Aunque la comunidad rechazó la minería, está en manos de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales determinar la viabilidad de los proyectos mineros en Cajamarca.

Fuente:http://www.noticiasrcn.com/tags/mineria.

La mina La Colosa está ubicada en el departamento del Tolima, en el municipio de Cajamarca, donde la gente fue a las urnas. Comprende 515 hectáreas.

«Yo creo que la palabra es incertidumbre. Esto genera incertidumbre, genera preocupación, genera nerviosismo y precisamente esto verá afectada la inversión minera que ya venía cayendo de manera muy dramática y muy importante, precisó Ángel.

En por lo menos diez municipios de Colombia se está analizando realizar alguna consulta popular .

El alto tribunal determinó que se debe hacer consulta previa frente al proyecto del desvío del cauce del Arroyo Bruno.

El Consejo de Estado dejó en firme la suspensión provisional de la licencia ambiental otorgada a la sociedad Carbones del Cerrejón Limited para desviar el cauce del Arroyo Bruno, en el municipio Albania (La Guajira). El alto tribunal consideró que las autoridades deben adelantar un proceso de consulta previa con la comunidad Wayúu, que habita en la zona.

La Sala consideró que las autoridades y empresa demandas debieron valorar el posible impacto de acuerdo al significado ancestral de los terrenos en controversia, la contaminación ambiental que genera la explotación de carbón a cielo abierto y la crisis que enfrenta el departamento de La Guajira por la falta de agua.

En el debate jurídico se consideró que las autoridades ambientales que le dieron la licencia al proyecto debían tener en cuenta la posible afectación de los intereses de esta comunidad Wayúu no podían descartarse por el simple hecho de que esta esta se encontrara asentada fuera del área de influencia del proyecto.

El Consejo de Estado le ordenó a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la empresa minera deberán concertar con el grupo indígena antes seguir adelante con este proyecto, a 500 metros del tajo La Puente, que hace parte de la mina de carbón que esta firma opera en este departamento  del Caribe.

La sociedad Carbones del Cerrejón Limited había obtenido la licencia ambiental para adelantar los trabajos, luego de que la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior estableciera que, según visitas en terreno y material fílmico y de audio, el desvío del cauce del arroyo no afectaría a la comunidad aborigen que interpuso la acción de tutela, por lo que no era necesaria la consulta.

Sin embargo, en mayo del 2016 una acción de tutela fallada por el Tribunal Administrativo de la Guajira ordenó suspender provisionalmente los efectos jurídicos de dicha autorización, hasta que no se revisara nuevamente y de manera exhaustiva la probable afectación de los derechos de la comunidad La Horqueta 2.

Tanto el tutelante como los accionados impugnaron la decisión, lo que llevó al Consejo de Estado a pronunciarse. Así las cosas, la Sección Cuarta de la corporación estableció que no solo era necesario ratificar la suspensión de los efectos jurídicos de la licencia ambiental, sino que además ordenó adelantar el proceso de consulta previa, al encontrar probado que los aborígenes sí se verían eventualmente afectados por el desvío del cauce del arroyo Bruno.

Fuente:http://www.elespectador.com/noticias/judicial/consejo-de-estado-ratifico-suspension-de-proyecto-miner-articulo-674579

Las consecuencias de la explotación minera en la Guajira la cuentan miles de niños y adultos que sufren por falta de agua, desnutrición y enfermedades pulmonares. Por abandono del Gobierno, y una ambición desproporcionada de grandes multinacionales, más de 14.000 miembros de la comunidad Wayúu han perdido la vida en los últimos ocho años y 20 ríos, arroyos y acuíferos están secos.

Esta es la denuncia que hacen el italiano Nicoló Filippo Rosso y la norteamericana Dania Maxwell en la exposición ‘Enterrados en el Carbón’, que está en la Galería Klenner-Valenzuela. Allí queda consignado el impacto ambiental y social que tiene esta práctica que deja de ser un asunto que va mucho más allá de mera economía.

La Guajira es rica en recursos como el carbón, el gas y la sal, pero en términos hídricos, la escasez es lo único que abunda. Y el drama es real, ya que “mientras el Cerrejón -que es la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo- consume 34.9 millones de litros de agua por día, para los Wayúu el acceso al agua potable cada vez es más difícil”, dice Rosso.

La tierra seca amenaza la vida de 150.000 habitantes, un costo humano demasiado alto. Y esto, más la degradación del tejido agrícola, es lo que muestra el trabajo de Rosso y Maxwell.

*Galería Valenzuela-Klenner: Cra. 5 # 26 B – 26 barrio La Macarena, Bogotá. Lunes y viernes: de 10:00a.m. a 12:00p.m y de 2:00pm a 6:00pm. Sábados: de 10:00a.m. a 12:00p.m. La exposición estará hasta el 15 de abril.

Fuente:http://www.semana.com/cultura/galeria/exposicion-nicolo-filippo-rosso–y-la-videografa-dania-maxwell-sobre-el-carbon-en-la-guajira/521710