El futuro de las consultas populares, como mecanismo definitivo para regular la actividad minera en el territorio colombiano, empezó ayer su debate en el recinto de la Corte Constitucional.
A raíz de la tutela interpuesta por la empresa indochina Mansarovar Energy, cuyos intereses mineros en jurisdicción del municipio de Cumaral, Meta, fueron bloqueados por el 97 % de la población que votó en contra del proyecto de extracción de petróleo, en el alto tribunal se vieron las caras los principales exponentes del país sobre el tema, a favor y en contra.
A favor
Quienes consideran un recurso definitivo la consulta popular para los proyectos de impacto ambiental coinciden en que esta es una solución al centralismo, poco conectado con las necesidades de las regiones y los pueblos.
Así lo expresó el representante del Concejo de Cumaral, Luis Arturo Ramírez, quien enfatizó que “desde Bogotá no conocen las necesidades de las comunidades”.
Lo secundó Gilberto Toro, presidente de la Federación Colombiana de Municipios, quien advirtió que “los entes territoriales tienen competencia para regular el territorio y los usos del suelo”.
Ahora bien, quien tomó la decisión para permitir la consulta en este municipio llanero, el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, ratificó su decisión ante la Corte por medio de la magistrada Teresa Herrera, quien aseveró que la comunidad sí puede tomar esa decisión por cuanto tiene la potestad de “adoptar medidas para la protección del ambiente, por lo que puede prohibir restringir o permitir actividades mineras”.
Es de anotar que tanto la Procuraduría como la Defensoría secundaron esta potestad. Vale recordar que desde 2016, cuando la Corte protegió este mecanismo, se han realizado nueve consultas. Todas han resultado negativas para los proyectos.
En contra
El reclamo de los entes del Estado como las agencias de minería (ANM), de hidrocarburos (ANH), el Ministerio de Minas y el propio Ministerio de Ambiente, consideraron que las exigencias previas para todo proyecto son garantía para la protección del territorio, además de que el dinero que genera es significativo.
Más allá, el MinMinas calificó de “detrimento patrimonial” los proyectos que han sido bloqueados por las consultas, tasándolo en 230 mil millones de pesos, que habría sido “destinado para salud, educación y vivienda para todos los colombianos”.
“Se debe asegurar una participación ciudadana, pero no prohibir actividades constitucionalmente permitidas”, recalcó la presidenta de la ANM, Silvana Habib Daza.
Lo mismo consideró el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez: “La participación ciudadana no puede generar una grave afectación de los intereses de la Nación”.
¿Ahora qué?
A partir de ahora, la Corte, máximo órgano de decisión sobre la Carta Magna, tendrá por lo menos tres meses para tomar su decisión, sobre si mantiene el mecanismo o lo regula en favor de los proyectos de explotación.
A cargo de la ponencia quedó la magistrada Cristina Pardo, quien tomará lo dicho ayer y elaborará una exposición para la Sala Plena, que la discutirá y fallará.
Fuente:http://www.elcolombiano.com/colombia/primer-round-en-la-corte-por-las-consultas-mineras-CB8535602



Así lo decidió el alto tribunal en el marco de una tutela con la que se pretendía cuestionar la validez de la consulta que negó la posibilidad de realizar minería en el municipio de Jesús María (Santander) la cual se desarrolló el 16 de septiembre de 2017, cuando el 97% de personas (1.677 votantes) le dijeron no a la minería.
La Corte Constitucional realizará este jueves una audiencia clave para definir el alcance de las consultas populares en el país y establecer si, a través de este mecanismo de participación ciudadana, se puede prohibir o no la minería y explotación de recursos naturales en los territorios.


Hoy, a partir de las 10:00 de la mañana, la comunidad llevará a cabo una gran movilización para manifestar su desacuerdo a las actividades mineras.
Este jueves ciudadanos marcharán contra la minería en el municipio de El Peñón, Santander, pues temen que se afecten los ecosistemas de la provincia de Vélez. Además, solicitan al Gobierno Nacional que avalen la consulta popular.
En una carta firmada por 14 científicos colombianos e internacionales, publicada en la prestigiosa revista Science, los expertos le hacen un llamado a las autoridades ambientales del país para que tomen “las medidas necesarias para detener el proyecto de minería de oro en Santurbán (Santander) y en su lugar promover la preservación activa y la restauración de los páramos y bosques andinos”.
El tribunal realizará una audiencia el 12 de abril en el en marco de una tutela de Mansarovar Energy Colombia Ltda.
Estamos contestos y felices con la noticia de que un juez fallara a favor en segunda instancia, así como sucedió en la primera instancia donde se ratifica el apoyo a la consulta popular, el juez además dice que el Concejo Municipal no puede hundir la consulta contra la minería y los hidrocarburos en este municipio”, expresó Jhon James Ducuara Gómez, líder ambiental de Ortega tras conocer el documento remitido por el Juzgado Promiscuo de Familia.