A pesar de que los ambientalistas quindianos aseguran que el 61,8% del territorio del departamento está comprometido con la minería, desde el ministerio de Minas y Energía afirmaron que se trata solo del 10,5%.

La discusión se dio en la presentación que los funcionarios nacionales hicieron en el concejo de Armenia del proyecto ‘Mejoramiento de la imagen y percepción de la industria minera, para facilitar la puesta en marcha de los proyectos mineros en el territorio nacional’, donde además hablaron sobre la situación de los títulos mineros en la región y la afectación en diferentes municipios.

Durante el evento, Néstor Jaime Ocampo Serna, ecologista y líder ambiental en la región, indicó que la presencia del ministerio se dio 10 años tarde.

“Hace 10 años, por pura coincidencia, nos dimos cuenta de la situación minera. Ni el gobernador, alcaldes, concejos municipales, las oficinas de planeación, autoridad ambiental, nadie en el Quindío sabía que el 61,8% ya estaba comprometido en proyectos de gran minería. Llegaron 10 años tarde”.

Manifestó que hace 10 años había 98 contratos de concesión ya otorgados, de los cuales 80 eran a multinacionales, y 133 más que estaban en proceso.

Afirmó que el ministerio y las asociaciones mineras siempre han engañado a la ciudadanía y se declaró “indignado” con la cartera.

“Me encuentro indignado, primero por asistir a una sesión con funcionarios del Estado que creen que nosotros somos idiotas, y por ver a estos agentes al servicio de empresas mineras multinacionales y actuando en contra de los intereses de la Nación, de todos nosotros”.

Ocampo Serna argumentó que no existe la minería “bien hecha”, ya que los ejemplos en Colombia lo confirman.

“No hay ejemplos de eso aquí en el país. Que vayan a  preguntar en las inmediaciones del Cerrejón, Cerromatoso y La Jagua, tres de las minas a cielo abierto más grandes del mundo que se convirtieron en una miseria y una desgracia para gente que vive en los alrededores. Se están muriendo por falta de agua, por pobreza y por enfermedades. Sus tejidos sociales fueron destruidos y devastados. Las zonas mineras en el país se caracterizan por ser las más pobres y las más violentas, donde hay mayor destrucción de la naturaleza, mayor degradación ambiental y social. No hay excepciones”.

Agregó: “En el Quindío no se ha respetado a nadie. La exgobernadora dijo ‘es que en mi casa a mí no me vienen a amenazar’, y aquí, a este mismo recinto —concejo— vinieron y trataron de engañarlos y los hicieron firmar un acta de una reunión que apenas estaba empezando en ese momento. Vinieron a engañarlos apoyados por el ministerio de Minas y la Unidad de Planeación Minero Energética, Upme. Hay una gran cantidad de problemas sin resolver”.

Durante la sesión, hizo énfasis en que la minería del Quindío es una “guerra sangrienta”, a raíz de los materiales de construcción que se extraen de los afluentes hídricos.

“Hay una guerra en el sur de Calarcá por las orillas de los ríos Barragán, De la Vieja y el río Quindío. Es material de arrastre  muy bueno, porque tiene unas características especiales para las obras de ingeniería civil. Están destruyendo la parte plana, la única maquinable del departamento, tierras que han producido caña y piña las convirtieron en una cantidad de huecos, que tardarán en recuperarse siglos. Esos predios deberían estar siendo utilizados para producir alimentos”.

Lo que dice el ministerio

Por su parte, los delegados del  ministerio, Rómulo Díaz, Jorge Jaramillo y Katherine Rojas, hicieron una exposición donde aseguraron que solo el 10,5% del territorio quindiano está comprometido con la minería.

“El área titulada es de 19.525 hectáreas y hay 38 títulos mineros, de los cuales 7 son de metales preciosos, 27 de material de construcción y 4 de otros materiales”, dijeron.

Indicaron que 34 de esas titulaciones son para explotación y cuatro para construcción. “No hay ninguno de exploración”.

Manifestaron que en Armenia hay 1,9% del territorio comprometido, equivalente a 276 hectáreas. “Hay tres títulos mineros para explotación”.

“El programa ‘Mejoramiento de la imagen y percepción de la industria minera, para facilitar la puesta en marcha de los proyectos mineros en el territorio nacional’ se viene implementando desde el año 2014, con el fin de  avanzar en la consecución de un sector minero fortalecido desde una confianza legítima y un relacionamiento abierto y franco con las comunidades”, aseveraron.

“Los quindianos desconocen la minería”

Jorge Hernán Palacio, defensor de los derechos humanos y cercano al grupo de mineros del Quindío, aseguró que en el departamento hay desconocimiento sobre la minería.

“En términos generales, los quindianos se oponen a todo tipo de minería, pero esto es también porque desconocen la diferencia que hay entre la gran minería y la minería que se hace acá, que es la artesanal”.

Puntualizó que si bien este tipo de explotación tiene afectaciones ambientales, se hace con responsabilidad.

“Es una minería que tiene afectaciones como cualquier tipo de actividad humana, pero se trata de hacer con responsabilidad y con el menor impacto posible”.

“Minería para construcción ha matado peces”

Luis Carlos Serna, biólogo experto en temas regionales, dijo que la imagen de la minería no podía ser mejorada ni cambiada debido a malas prácticas.

“El problema de mejorar la imagen de la minería es debido a las prácticas indebidas. No hay un solo ejemplo en Colombia de minería bien hecha. Frente a las afectaciones que se presentan en el departamento, por ejemplo, de la minería de aluvión, que es la de materiales para la construcción, aquí ha llevado al fin de algunas especies de peces nativos”.

Afirmó que estos animales se ven afectados por las intervenciones de los ríos. “Se remueve el sustrato de los afluentes y los peces no tienen dónde depositar sus huevos. En el río Barragán tenemos la pérdida de dos especies de importancia económica, el bocachico y el jetudo. Esas extinciones locales se dan por ese tipo de explotación, que afecta el paisaje y los ríos”.

Dijo que la minería de materiales para la construcción solo paga impuestos del 1%, lo cual no alcanza para compensar los daños ambientales que genera.

Fuente:http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-minminas-y-ambientalistas-se-contradicen-sobre-mineria-en-quindio-nota-121153

“Agua sí, minería no” es uno de los gritos que se escucha en los municipios de Colombia que han tomado la decisión de ir a las urnas a para decidir el futuro de sus territorios en el ámbito minero energético a través de la consulta popular.

LAS CIFRAS DE LAS CONSULTAS POPULARES

Para finales de mayo de 2017, el Ministerio de Minas y Energía contabilizaba 44 municipios con intenciones de convocar una consulta popular en el país.

Probablemente las cifras puedan aumentar, ya que se ha conocido de otros lugares como Acacías, Meta, Puerto Leguízamo,  Putumayo o el caso de Yopal, en Casanare, esta última, sería la primera capital del país en usar este tipo de mecanismo de participación popular para detener la continuidad de las actividades petroleras.

Desde el año 2013 a Agosto de 2017 se han realizado siete consultas populares en diferentes municipios del país, en la totalidad de los casos la población ha manifestado su oposición a estos proyectos mineros con más del 96 % de los votos.

CAJAMARCA, TOLIMA.

¿Está usted de acuerdo, Sí o No, con que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?.

VOTACIÓN: NO: 6.165 – SÍ: 76

Los pobladores se opusieron a actividades de la multinacional Anglo Gold Ashanti.

PIJAO, QUINDIO.

En 2011 fue declarado como un área de influencia del paisaje cultural cafetero y en 2014 entró a la lista de pueblos del buen vivir que promueven la tranquilidad y la biodiversidad.

La Pregunta: ¿Está de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Pijao se desarrollen proyectos y actividades de minería de metales?

VOTACIÓN:    NO: 2.613 – SÍ: 76

Los pobladores se opusieron a actividades de la multinacional Anglo Gold Ashanti.

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El más reciente informe de las organizaciones OIDHACO y Taula Catalana por la paz reveló que si bien es cierto que en Colombia hay una disminución en la violencia y víctimas producto de la firma del acuerdo de paz, el riesgo para las y los defensores de derechos humanos va en aumento, sin que existan las medidas necesarias que garanticen la protección de sus vidas.

282 homicidios de defensores de DD.HH desde la firma del Acuerdo de paz

El informe titulado “Cómo protegemos a quienes defienden los derechos humanos en Colombia”, evidenció que desde el primero de enero de 2016 hasta el 27 de marzo de 2018, se han registrado en Colombia 282 homicidios, según los reportes de la Defensoría del Pueblo, en donde el 74% de las acciones violentas se cometieron contra hombres y el 26% contra mujeres.

En ese sentido, los departamentos con mayores tazas de asesinatos a defensores de DD. HH son Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y Chocó. A su vez, el documento denuncia que la gran mayoría de agresiones y homicidios se ha presentado contra líderes comunales. (Le puede interesar: «Asesinan a tres líderes sociales en menos de una semana en Colombia»)

Frente a los responsables de estos hechos, el informe señala que si bien existen investigaciones contra los autores materiales, en la mayoría de casos se desconocen tanto los autores materiales como los intelectuales. El 90% de los asesinatos se cometieron bajo patrones sicariales, de hombres que apuntan con armas y se desplazan en motos.

En los casos en los que se conoce al autor, el documento señaló que los principales responsables son grupos armados sucesores del paramilitarismo. En ese sentido el Indepaz, identificó que en el primer semestre de 2017 esos grupos registraron actividad en al menos 274 municipios de 28 departamentos, es decir el 70% del territorio del país. Además, se estableció que destacan las menciones de acciones de los grupos Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también denominadas Clan del Golfo, Los Rastrojos, Las Águilas Negras, los Puntilleros y La Constru, entre muchos otros.

Los mecanismos para proteger a los defensores

Frente a las acciones que toman las instituciones y autoridades gubernamentales para garantizar la protección de los defensores de derechos humanos, Hendrine Rotthier, integrante de OIDHACO, manifestó que algunas de esas medidas han sido efectivas, sin embargo, hay deficiencias, «no todas las medidas que se dan son adecuadas para los grupos y es necesario generar medidas con enfoques dirigidos a los diferentes grupos poblacionales que tengan mayor riesgo».

En segundo lugar, recomiendan que se revisen los mecanismos de protección, ejemplo de ello serían las medidas colectivas, que son mucho más eficiente que las medidas individuales, debido a que en muchas ocasiones no es suficiente la protección a una persona en una comunidad, sino que el riesgo es colectivo.

Asimismo, el documento evidencia la importancia de realizar más esfuerzos en términos de la prevención de actos de violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos. Uno de ellos debe ser identificar las causas estructurales detrás de los asesinatos.

Las acciones primordiales para proteger a las y los defensores

Dentro de las recomendaciones, las organizaciones solicitaron de forma urgente que se adelanten investigaciones y resultados frente a los responsables de estos asesinatos, debido a que de esta forma se podría configurar de una manera más precisa las intensiones que rodean estos actos de violencia y de prevenir otras situaciones similares.

De igual forma se encuentra la necesidad de que el Estado ponga en marcha políticas que permitan el desmantelamiento de las estructuras paramilitares que hay en el país, debido a que la mayoría de los asesinatos y agresiones han sido cometidos por estos grupos. (Le puede interesar: «Congresistas de EE.UU piden fortalecer protección a líderes sociales en Colombia»)

El documento reveló,  la necesidad de tomar medidas urgentes para garantizar la vida de las y los defensores de derechos humanos en el país. En ese sentido en primera instancia le piden a la Unión Europea continuar con el acompañamiento y seguimiento tanto a la implementación de los Acuerdos de Paz, como a el cumplimiento y vigilancia de las labores que realizan empresas de estos países en Colombia. Debido a que algunos de los asesinatos de líderes están relacionados con las actividades que esas organizaciones realizan en el país.

Fuente:http://www.contagioradio.com/como-proteger-a-los-lideres-sociales-y-defensores-de-dd-hh-en-colombia-articulo-53882/

Tres asesinatos se reportaron hoy en Colombia. Se trata de Holman Mamian, integrante de ASOINCA, asesinado en el departamento del Cauca; Francisco José Guerra, líder de acción comunal de la vereda El Mandarino, en Ituango-Antioquia y Jeisson Ramírez, presidente de la junta de acción comunal de la vereda la Yet, en el Putumayo.

El Cauca en la mira de la violencia contra sindicalistas

Holman Mamian era integrante de ASOINCA y docente de la institución educativa agropecuaria Santa Rita, en el municipio de la Vega, Cauca. Los hechos se presentaron el pasado 12 de junio, cuando Mamian se dirigía hacia el lugar de trabajo, en donde fue abordado por hombres que posteriormente acabaron con su humanidad.

De acuerdo con Mario Daza, directivo de ASOINCA, Mamian se dedicaba a las labores sindicales que hacían parte de la organización, razón por la cual, considera que su asesinato puede estar relacionado con su activismo social. Además, señaló que estos hechos se han vuelto sistemáticos en el Cauca, “vemos como se siguen asesinando a los dirigentes sociales y campesinos, sin que el gobierno nacional o el gobierno departamental se inmuten”.

Continúan los asesinatos de líderes en Antioquia y Putumayo

De igual forma, las autoridades de Ituango, en Antioquia, confirmaron el asesinato del presidente de la Junta de Acción comunal de la vereda El Mandarino, Francisco Guerra. El hecho ocurrió el pasado sábado 9 de junio cuando hombres llegaron a su vivienda y le dispararon en reiteradas ocasiones.

Frente a estos hechos, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han exigido medidas urgentes en el departamento de Antioquia, debido a que con este homicidio, son 9 los defensores de derechos humanos asesinados en el territorio.

Así mismo, el presidente de la Junta de Acción Comunal la Yet, Jeisson Ramírez, fue asesinado en la zona rural del Valle del Guamez, en el departamento del Putumayo, el pasado 10 de junio. Los hechos se presentaron cuando Ramírez se encontraba con su compañera en una tienda.

Los habitantes de la vereda manifestaron que este hecho podría estar relacionado con las diferentes acciones que realizaba Ramírez por la defensa del territorio. Sin embargo, las autoridades expresaron que están en proceso de investigación.

Fuente:http://www.contagioradio.com/asesinan-a-3-lideres-sociales-en-menos-de-una-semana-articulo-53877/

Rechazan los megaproyectos que han generado el desplazamiento de comunidades en el suroeste y el bajo Cauca antioqueño

En Cundinamarca, de 875 concesiones que las requieren, solo se reporta información de 229.

Bien sea porque los títulos mineros fueron entregados bajo legislaciones anteriores o porque no han actualizado sus planes de manejo ambiental, hoy no es claro cómo operan 74 por ciento de las concesiones para explotar algún material en Cundinamarca, advierte la Contraloría departamental.

La afirmación la hizo luego de finalizar un balance sobre la industria minera en el territorio que componen 116 municipios, de los cuales 110 presentan algún tipo de actividad extractiva.

Cuando se les consultó a la Agencia Nacional Minera (AGM), a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y a las tres corporaciones autónomas regionales (CAR) que tienen legislación en Cundinamarca, se encontró que de las 875 concesiones que requieren licencia ambiental, no hay información sobre 646, lo que, según el contralor departamental Ricardo López, muestra una falta de coordinación entre las entidades que deben hacer seguimiento a los instrumentos para ejercer esta actividad.

“Si queremos ejercer un control sobre los recursos del departamento, debíamos partir de una base de datos que no existía, y eso fue lo que consolidamos”, señaló el contralor López en la presentación del informe, que es pionero en articular las cifras sobre este sector en el territorio.

Andrea García, subdirectora de Costos Ambientales de la entidad, explicó que esta situación puede deberse a que los títulos mineros fueron entregados en años diferentes. “Algunos fueron concedidos antes de la Ley 99 de 1993 y del Código de Minas del 2001, por eso no todos tienen licencia ambiental, porque la normatividad no lo exigía y puede que se encuentren en etapa de transición”, indicó.

“Los que hicieron la transición y pasaron a la nueva norma deben tener licencia ambiental, los restantes deben tener planes de manejo ambiental. En las zonas que no son compatibles con la minería, lo que se implementa son planes de restauración ambiental”, precisó la funcionaria, pero agregó que allí es donde se evidencia la falla, pues no se ha hecho seguimiento por parte de las autoridades sobre el estado de permisos ambientales de esos 646 títulos mineros.

En la actualidad, en Cundinamarca hay 964 títulos mineros otorgados, lo que corresponde a actividades legales. Solo en Cachipay, Cota, Funza, Fúquene, Tenjo y Venecia no se ha concesionado ninguno, mientras que en los demás municipios hay algunas de estas actividades de explotación.

Las concesiones abarcan un área de 170.364 hectáreas, es decir, el 7,5 por ciento del total del territorio cundinamarqués, y el 68 por ciento se concentran, principalmente, en las provincias de Ubaté, Sabana Centro, Guavio, Soacha y Alto Magdalena, que agrupan 39 municipios.

Los materiales de arrastre y construcción (36 por ciento), el carbón (25 por ciento) y arcilla (16 por ciento) son los que representan la mayor explotación de la industria legal en el departamento.

Ahora bien, que se entreguen los títulos no quiere decir que se estén realizando extracciones en todos. Según la clasificación recogida por la Contraloría de Cundinamarca, 831 concesiones se encuentran en explotación (86 por ciento).

Otros 40 están en etapa de exploración, momento en el que aún no se requiere la licencia ambiental. Otros 40 están en fase de construcción y montaje. Hay dos títulos en restauración ambiental, dos en suspensión de actividades y 49 sobre los que la Agencia Nacional Minera no le reportó a la Controlaría, según esta entidad.

Su duración

Otro dato que preocupa al ente de control es que el 57 por cierto de las concesiones que se han llevado a cabo en el departamento han sido entregadas a los privados por periodos de entre 26 y 30 años para que las exploten.

“Es decir, los recursos de los cundinamarqueses están quedando por largos lapsos en el sector privado, sin que aún se haya calculado cuánto les están dejando exactamente a las comunidades y cuál es el impacto ambiental que queda en los territorios”, reseñó el contralor.

Otro 11 por ciento de los títulos fueron concedidos por periodos de entre 16 y 20 años, y otro 6 por ciento, entre 31 y 35 años. Esto sin contar con que las normas colombianas permiten solicitar prórrogas sobre la concesión de los títulos.

“Ahora estamos trabajando en la matriz de costos ambientales, que es compleja de realizar, pero que revisa el costo-beneficio para los municipios de esta actividad”, indicó López, y aseguró que muchos de los municipios aún no conocen cómo apropiar los recursos por regalías que les llegan cuando en sus territorios se desarrollan actividades mineras.

La movida con las consultas populares

Una de las acciones que han implementado los municipios de Cundinamarca para restringir las actividades mineras y extractivas en sus territorios ha sido acogerse al mecanismo de consulta popular, definida en el artículo 8 de la Ley 134 de 1994.

Por medio de la figura, que convoca votaciones en las poblaciones, dos territorios le cerraron la puerta a este renglón económico. El primero de ellos fue Cabrera, cuyos habitantes acudieron a las urnas el 26 de febrero del 2017, y en donde el 97 por ciento de quienes sufragaron lo hicieron en contra de que se desarrollen proyectos mineros e hidroeléctricos.

En julio del año pasado sucedió lo mismo en Arbeláez, en donde el 99 por ciento de los pobladores también se negó a que se realizara explotación de hidrocarburos y minería a gran escala.

En Carmen de Carupa, en el norte del departamento, se impulsó también la consulta popular el año pasado, pero fue negada porque la pregunta que pretendían someter a votación se consideró inconstitucional. En Pasca, en el sur de Cundinamarca, pasó lo mismo. El Consejo de Estado suspendió su realización, debido a que la pregunta no era detallada ni precisa.

Ahora, Fusagasugá, Medina, Sibaté y Cogua son cuatro de las poblaciones que están impulsando el mismo mecanismo para legitimar la vocación agropecuaria o ecoturística bajo la que se reconocen.

En Fusagasugá, por ejemplo, se radicó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el primero de agosto del año pasado la solicitud para su realización, con el fin de frenar actividades de minería a gran escala.

En Medina se inscribió el comité promotor ante la Registraduría para promover la consulta popular. Mientras tanto, en Sibaté, el Concejo municipal aprobó la realización de este mecanismo, en noviembre del 2017.  Ahora está pendiente que el municipio inscriba la pregunta que desea realizar ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mientras que en Cogua ese mismo tribunal declaró constitucional la consulta que se impulsa en el municipio desde el año pasado.

Fuente:http://www.eltiempo.com/bogota/en-cundinamarca-no-se-hace-seguimiento-a-licencias-ambientales-229096

Cualquiera que sea la preferencia que uno tenga en materia electoral, si reside en el área metropolitana de Bucaramanga, estaría obligado a preguntarse acerca de las preferencias de los candidatos y sus grupos de apoyo acerca de la minería. El tema es mayúsculo para nosotros por lo que los economistas llaman el “trade off” entre agua y oro. Quien privilegie al oro argumentará que se puede extraer de manera sostenible y que las tecnologías permiten mitigar el impacto ambiental, etc., etc. Lo cierto es que la minería en un páramo, afecta radical y totalmente el ciclo del agua. Al final, las pingues regalías no resolverían financieramente los daños causados y las tarifas de tal elemento vital, necesariamente crecerían para toda la población sin perjuicio de las incomodidades de la escasez. En video reciente, el alcalde Rodolfo Hernández explicaba a la ciudadanía que un páramo es páramo desde su raíz hasta su cúspide y que ninguna cota evitaría que la explotación lo afectara de manera irreversible por millones de años.

Otro tema de obligatoria reflexión es el de la expropiación. Una afectación al páramo con sus consecuencias, sería la devaluación de todos los bienes raíces de la región, con el subsiguiente empobrecimiento generalizado de los propietarios y la pauperización de la población, afectando negocios, competitividad y frenando en seco el desarrollo de la ciudad. Esto no es otra cosa que una expropiación de la propiedad privada como corolario de una explotación que solo favorece a las multinacionales mineras y que su ausencia no afecta para nada el marco fiscal del país.

Si usted considera importante para sus intereses económicos y de vida, la conservación del medio ambiente, la valorización de sus bienes, el progreso del lugar donde trabaja y educa a sus hijos, su salud, y su bienestar económico y social, cerciórese si su candidato representa sus intereses en materia ambiental y de minería.

Votar contra los propios intereses es una equivocación que cuesta y duele por largo tiempo.

Fuente:http://www.vanguardia.com/opinion/columnistas/jaime-calderon-herrera/435033-mineria-y-expropiacion

Este fin de semana, comunidades de Jericó, Támesis y Fredonia en el suroeste de Antioquia se reunieron para manifestar pacíficamente su rechazo a las labores de exploración que la Empresa Quebradona (Anglo Gold Ashanti) esta realizando de cara a solicitar la licencia ambiental de explotación minera, en territorios que históricamente han tenido vocación agrícola y turística.

Fernando Jaramillo, integrante de la Mesa Ambiental de Jericó, asegura que no han logrado que la empresa acepte una intermediación directa con las comunidades, mientras que los campesinos afectados manifiestan que no aceptan las concertaciones  a través del Ministerio de Minas y la Secretaria de Minas de Antioquia, por tratarse de una presencia ilegitima e inconsulta.

Frente a la acción de las entidades del Estado, Jaramillo asegura que en la Secretaria de minas, delegación para fiscalizar y otorgar títulos mineros «no hemos encontrado un interlocutor que obedezca a la voluntad de las gentes de Jericó» y con el Ministerio y la ANLA afirma que la situación es peor por el empeño del gobierno en imponer el modelo extractivista, en municipios que no tienen vocación minera con las consecuencias que esto conlleva en lo social y lo ambiental.

Las comunidades continuarán en movilización constante y estarán atentos a las acciones de la empresa para elevar las denuncias del caso. Adicionalmente seguirán desde lo jurídico reclamando la aprobación de los Acuerdos que prohíben la minería metálica promulgados por los Concejos de 12 municipios de la región, que han sido «sistemáticamente rechazados por el Tribunal Administrativo de Antioquia» ante lo cual han presentado acciones de tutela ante el Concejo de Estado que aun no han sido falladas.

De igual forma, las administraciones de Jericó y Támesis vienen avanzado en su intención de actualizar los Esquemas de Ordenamiento Territorial en los cuales se incorporaría el acuerdo autónomo o en su defecto su idea de prohibir este tipo de proyectos

Por último, Jaramillo manifiesta su preocupación sobre el tema del agua, ya que los campesinos de Palo Cabildo pudieron comprobar que la empresa esta realizando labores de perforación en el lugar, sin contar con la concesión por parte de CorAntioquia. Además denuncian que Anglo Gold Ashanti compró agua en carrotanques de la empresa de servicios públicos de Tarso, en una decisión que aseguran tomó el gerente de la entidad, sin consultar a la junta directiva o al alcalde municipal.

Fuente:http://www.contagioradio.com/exploracion-minera-antioquia-articulo-53460/

Nacientes de las entrañas del majestuoso Páramo de Santurbán, al oriente de Bucaramanga, tres ríos; Suratá, Tona y Frío, son el manantial que calma la sed de más de 1’200.000 personas en Bucaramanga, Floridablanca y Girón, en Santander. Aunque en toda la región recorren grandes zonas mineras, el tratamiento dado en el acueducto al vital líquido, lo convierte en uno de los más puros del país. 2.261 litros de agua se canalizan y bombean cada segundo a los hogares de estos municipios, trabajo en el que además intervienen otras entidades que pagan por cuidar los bosques.

“La calidad de agua que se consume en Bucaramanga es de las mejores de Colombia, porque todos los sistemas de tratamiento que se hacen, sobre todo en la planta de Bosconia que es donde pueden venir las aguas contaminadas de Betas y California producto del beneficio minero, se manejan con un índice de calidad de agua inferior al 2 %, con lo cual garantizamos cero presencia de mercurio y de cianuro, en el agua que consumen los ciudadanos”, indicó Eliseo Osorio, gerente de proyectos del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.

2.261 litros de agua se canalizan y bombean cada segundo a los hogares de estos municipios, trabajo en el que además intervienen otras entidades que pagan por cuidar los bosques.

“Estamos pagando de manera mensual a familias campesinas para que garanticen el cuidado de las hectáreas de bosque natural que tienen bien preservado en sus parcelas. Pagamos 250.000 pesos por cada hectárea que ellos se comprometan a preservar”, confirmó Mauricio Montoya, gerente de la Electrificadora de Santander.

En medio de tanta generosidad natural, un temor acorrala a los generadores de agua en Santander, la explotación minera.

“No es solo ese proyecto, sino todo lo que podría sobrevenir en la medida que existen grandes solicitudes de títulos que están algunos otorgados y otros por otorgarse, con lo cual sería la destrucción total de los ecosistemas que garantizan el futuro regional”, dijo el gerente de proyectos del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.

Tres plantas de almacenamiento y un embalse de 51 hectáreas, que tiene 18 millones de metros cúbicos de agua, son las reservas con las que cuenta esta región para abastecerse.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/colombia/item/40729-la-exploracion-minera-el-temor-de-proveedores-de-agua-en-santander

El día de ayer, 19 de mayo, comunidades de los corregimientos de Palo Cabildo (Jericó) y Palermo (Támesis), además de la Mesa Ambiental de Jericó, concejales de Fredonia y Jericó, Finqueros de la Oculta, la Guardia Indígena La Mirla, El Circuito Económico y Solidario de Támesis –CESTA-, el Comité por la Defensa Ambiental del Territorio de Támesis -CODEATE- y el Cinturón Occidental Ambiental COA, nos concentramos en las afueras de la Hacienda San Antonio (Jericó) con el propósito de denunciar las operaciones que la Anglo Gold Ashanti –AGA- viene desarrollando en este lugar.

En sus propósitos de realizar estudios geotécnicos e hidrogeológicos, la AGA  pretende consolidar los soportes técnicos que respalden su solicitud de licenciamiento ambiental para hacer factible la operación y explotación de su proyecto “Quebradona” en Jericó.

Esta concentración nos permitió que diferentes organizaciones, mujeres, niños, niñas, jóvenes, campesinos e indígenas nos encontráramos y compartiéramos denuncias sobre los conflictos socioambientales que afectan nuestros proyectos de vida, pero también se expresaron expectativas, sueños y sentidos que nos permitan construir Territorios Sagrado para la Vida.

De esta manera seguimos rechazando la imposición de proyectos extractivos en nuestros Territorios y convocamos al suroeste de Antioquia a la Indignación y a la movilización social.

#FueraAngloGold del Suroeste

CINTURÓN OCCIDENTAL AMBIENTAL  COA 

SUROESTE DE ANTIOQUIA: TERRITORIO SAGRADO PARA LA VIDA!

Fuente:http://coaterritoriosagrado.org/organizaciones-del-suroeste-protestan-contra-anglo-gold-ashanti-en-la-hacienda-san-antonio/