En Cundinamarca, de 875 concesiones que las requieren, solo se reporta información de 229.

Bien sea porque los títulos mineros fueron entregados bajo legislaciones anteriores o porque no han actualizado sus planes de manejo ambiental, hoy no es claro cómo operan 74 por ciento de las concesiones para explotar algún material en Cundinamarca, advierte la Contraloría departamental.

La afirmación la hizo luego de finalizar un balance sobre la industria minera en el territorio que componen 116 municipios, de los cuales 110 presentan algún tipo de actividad extractiva.

Cuando se les consultó a la Agencia Nacional Minera (AGM), a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y a las tres corporaciones autónomas regionales (CAR) que tienen legislación en Cundinamarca, se encontró que de las 875 concesiones que requieren licencia ambiental, no hay información sobre 646, lo que, según el contralor departamental Ricardo López, muestra una falta de coordinación entre las entidades que deben hacer seguimiento a los instrumentos para ejercer esta actividad.

“Si queremos ejercer un control sobre los recursos del departamento, debíamos partir de una base de datos que no existía, y eso fue lo que consolidamos”, señaló el contralor López en la presentación del informe, que es pionero en articular las cifras sobre este sector en el territorio.

Andrea García, subdirectora de Costos Ambientales de la entidad, explicó que esta situación puede deberse a que los títulos mineros fueron entregados en años diferentes. “Algunos fueron concedidos antes de la Ley 99 de 1993 y del Código de Minas del 2001, por eso no todos tienen licencia ambiental, porque la normatividad no lo exigía y puede que se encuentren en etapa de transición”, indicó.

“Los que hicieron la transición y pasaron a la nueva norma deben tener licencia ambiental, los restantes deben tener planes de manejo ambiental. En las zonas que no son compatibles con la minería, lo que se implementa son planes de restauración ambiental”, precisó la funcionaria, pero agregó que allí es donde se evidencia la falla, pues no se ha hecho seguimiento por parte de las autoridades sobre el estado de permisos ambientales de esos 646 títulos mineros.

En la actualidad, en Cundinamarca hay 964 títulos mineros otorgados, lo que corresponde a actividades legales. Solo en Cachipay, Cota, Funza, Fúquene, Tenjo y Venecia no se ha concesionado ninguno, mientras que en los demás municipios hay algunas de estas actividades de explotación.

Las concesiones abarcan un área de 170.364 hectáreas, es decir, el 7,5 por ciento del total del territorio cundinamarqués, y el 68 por ciento se concentran, principalmente, en las provincias de Ubaté, Sabana Centro, Guavio, Soacha y Alto Magdalena, que agrupan 39 municipios.

Los materiales de arrastre y construcción (36 por ciento), el carbón (25 por ciento) y arcilla (16 por ciento) son los que representan la mayor explotación de la industria legal en el departamento.

Ahora bien, que se entreguen los títulos no quiere decir que se estén realizando extracciones en todos. Según la clasificación recogida por la Contraloría de Cundinamarca, 831 concesiones se encuentran en explotación (86 por ciento).

Otros 40 están en etapa de exploración, momento en el que aún no se requiere la licencia ambiental. Otros 40 están en fase de construcción y montaje. Hay dos títulos en restauración ambiental, dos en suspensión de actividades y 49 sobre los que la Agencia Nacional Minera no le reportó a la Controlaría, según esta entidad.

Su duración

Otro dato que preocupa al ente de control es que el 57 por cierto de las concesiones que se han llevado a cabo en el departamento han sido entregadas a los privados por periodos de entre 26 y 30 años para que las exploten.

“Es decir, los recursos de los cundinamarqueses están quedando por largos lapsos en el sector privado, sin que aún se haya calculado cuánto les están dejando exactamente a las comunidades y cuál es el impacto ambiental que queda en los territorios”, reseñó el contralor.

Otro 11 por ciento de los títulos fueron concedidos por periodos de entre 16 y 20 años, y otro 6 por ciento, entre 31 y 35 años. Esto sin contar con que las normas colombianas permiten solicitar prórrogas sobre la concesión de los títulos.

“Ahora estamos trabajando en la matriz de costos ambientales, que es compleja de realizar, pero que revisa el costo-beneficio para los municipios de esta actividad”, indicó López, y aseguró que muchos de los municipios aún no conocen cómo apropiar los recursos por regalías que les llegan cuando en sus territorios se desarrollan actividades mineras.

La movida con las consultas populares

Una de las acciones que han implementado los municipios de Cundinamarca para restringir las actividades mineras y extractivas en sus territorios ha sido acogerse al mecanismo de consulta popular, definida en el artículo 8 de la Ley 134 de 1994.

Por medio de la figura, que convoca votaciones en las poblaciones, dos territorios le cerraron la puerta a este renglón económico. El primero de ellos fue Cabrera, cuyos habitantes acudieron a las urnas el 26 de febrero del 2017, y en donde el 97 por ciento de quienes sufragaron lo hicieron en contra de que se desarrollen proyectos mineros e hidroeléctricos.

En julio del año pasado sucedió lo mismo en Arbeláez, en donde el 99 por ciento de los pobladores también se negó a que se realizara explotación de hidrocarburos y minería a gran escala.

En Carmen de Carupa, en el norte del departamento, se impulsó también la consulta popular el año pasado, pero fue negada porque la pregunta que pretendían someter a votación se consideró inconstitucional. En Pasca, en el sur de Cundinamarca, pasó lo mismo. El Consejo de Estado suspendió su realización, debido a que la pregunta no era detallada ni precisa.

Ahora, Fusagasugá, Medina, Sibaté y Cogua son cuatro de las poblaciones que están impulsando el mismo mecanismo para legitimar la vocación agropecuaria o ecoturística bajo la que se reconocen.

En Fusagasugá, por ejemplo, se radicó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el primero de agosto del año pasado la solicitud para su realización, con el fin de frenar actividades de minería a gran escala.

En Medina se inscribió el comité promotor ante la Registraduría para promover la consulta popular. Mientras tanto, en Sibaté, el Concejo municipal aprobó la realización de este mecanismo, en noviembre del 2017.  Ahora está pendiente que el municipio inscriba la pregunta que desea realizar ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mientras que en Cogua ese mismo tribunal declaró constitucional la consulta que se impulsa en el municipio desde el año pasado.

Fuente:http://www.eltiempo.com/bogota/en-cundinamarca-no-se-hace-seguimiento-a-licencias-ambientales-229096

Cualquiera que sea la preferencia que uno tenga en materia electoral, si reside en el área metropolitana de Bucaramanga, estaría obligado a preguntarse acerca de las preferencias de los candidatos y sus grupos de apoyo acerca de la minería. El tema es mayúsculo para nosotros por lo que los economistas llaman el “trade off” entre agua y oro. Quien privilegie al oro argumentará que se puede extraer de manera sostenible y que las tecnologías permiten mitigar el impacto ambiental, etc., etc. Lo cierto es que la minería en un páramo, afecta radical y totalmente el ciclo del agua. Al final, las pingues regalías no resolverían financieramente los daños causados y las tarifas de tal elemento vital, necesariamente crecerían para toda la población sin perjuicio de las incomodidades de la escasez. En video reciente, el alcalde Rodolfo Hernández explicaba a la ciudadanía que un páramo es páramo desde su raíz hasta su cúspide y que ninguna cota evitaría que la explotación lo afectara de manera irreversible por millones de años.

Otro tema de obligatoria reflexión es el de la expropiación. Una afectación al páramo con sus consecuencias, sería la devaluación de todos los bienes raíces de la región, con el subsiguiente empobrecimiento generalizado de los propietarios y la pauperización de la población, afectando negocios, competitividad y frenando en seco el desarrollo de la ciudad. Esto no es otra cosa que una expropiación de la propiedad privada como corolario de una explotación que solo favorece a las multinacionales mineras y que su ausencia no afecta para nada el marco fiscal del país.

Si usted considera importante para sus intereses económicos y de vida, la conservación del medio ambiente, la valorización de sus bienes, el progreso del lugar donde trabaja y educa a sus hijos, su salud, y su bienestar económico y social, cerciórese si su candidato representa sus intereses en materia ambiental y de minería.

Votar contra los propios intereses es una equivocación que cuesta y duele por largo tiempo.

Fuente:http://www.vanguardia.com/opinion/columnistas/jaime-calderon-herrera/435033-mineria-y-expropiacion

Este fin de semana, comunidades de Jericó, Támesis y Fredonia en el suroeste de Antioquia se reunieron para manifestar pacíficamente su rechazo a las labores de exploración que la Empresa Quebradona (Anglo Gold Ashanti) esta realizando de cara a solicitar la licencia ambiental de explotación minera, en territorios que históricamente han tenido vocación agrícola y turística.

Fernando Jaramillo, integrante de la Mesa Ambiental de Jericó, asegura que no han logrado que la empresa acepte una intermediación directa con las comunidades, mientras que los campesinos afectados manifiestan que no aceptan las concertaciones  a través del Ministerio de Minas y la Secretaria de Minas de Antioquia, por tratarse de una presencia ilegitima e inconsulta.

Frente a la acción de las entidades del Estado, Jaramillo asegura que en la Secretaria de minas, delegación para fiscalizar y otorgar títulos mineros «no hemos encontrado un interlocutor que obedezca a la voluntad de las gentes de Jericó» y con el Ministerio y la ANLA afirma que la situación es peor por el empeño del gobierno en imponer el modelo extractivista, en municipios que no tienen vocación minera con las consecuencias que esto conlleva en lo social y lo ambiental.

Las comunidades continuarán en movilización constante y estarán atentos a las acciones de la empresa para elevar las denuncias del caso. Adicionalmente seguirán desde lo jurídico reclamando la aprobación de los Acuerdos que prohíben la minería metálica promulgados por los Concejos de 12 municipios de la región, que han sido «sistemáticamente rechazados por el Tribunal Administrativo de Antioquia» ante lo cual han presentado acciones de tutela ante el Concejo de Estado que aun no han sido falladas.

De igual forma, las administraciones de Jericó y Támesis vienen avanzado en su intención de actualizar los Esquemas de Ordenamiento Territorial en los cuales se incorporaría el acuerdo autónomo o en su defecto su idea de prohibir este tipo de proyectos

Por último, Jaramillo manifiesta su preocupación sobre el tema del agua, ya que los campesinos de Palo Cabildo pudieron comprobar que la empresa esta realizando labores de perforación en el lugar, sin contar con la concesión por parte de CorAntioquia. Además denuncian que Anglo Gold Ashanti compró agua en carrotanques de la empresa de servicios públicos de Tarso, en una decisión que aseguran tomó el gerente de la entidad, sin consultar a la junta directiva o al alcalde municipal.

Fuente:http://www.contagioradio.com/exploracion-minera-antioquia-articulo-53460/

Nacientes de las entrañas del majestuoso Páramo de Santurbán, al oriente de Bucaramanga, tres ríos; Suratá, Tona y Frío, son el manantial que calma la sed de más de 1’200.000 personas en Bucaramanga, Floridablanca y Girón, en Santander. Aunque en toda la región recorren grandes zonas mineras, el tratamiento dado en el acueducto al vital líquido, lo convierte en uno de los más puros del país. 2.261 litros de agua se canalizan y bombean cada segundo a los hogares de estos municipios, trabajo en el que además intervienen otras entidades que pagan por cuidar los bosques.

“La calidad de agua que se consume en Bucaramanga es de las mejores de Colombia, porque todos los sistemas de tratamiento que se hacen, sobre todo en la planta de Bosconia que es donde pueden venir las aguas contaminadas de Betas y California producto del beneficio minero, se manejan con un índice de calidad de agua inferior al 2 %, con lo cual garantizamos cero presencia de mercurio y de cianuro, en el agua que consumen los ciudadanos”, indicó Eliseo Osorio, gerente de proyectos del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.

2.261 litros de agua se canalizan y bombean cada segundo a los hogares de estos municipios, trabajo en el que además intervienen otras entidades que pagan por cuidar los bosques.

“Estamos pagando de manera mensual a familias campesinas para que garanticen el cuidado de las hectáreas de bosque natural que tienen bien preservado en sus parcelas. Pagamos 250.000 pesos por cada hectárea que ellos se comprometan a preservar”, confirmó Mauricio Montoya, gerente de la Electrificadora de Santander.

En medio de tanta generosidad natural, un temor acorrala a los generadores de agua en Santander, la explotación minera.

“No es solo ese proyecto, sino todo lo que podría sobrevenir en la medida que existen grandes solicitudes de títulos que están algunos otorgados y otros por otorgarse, con lo cual sería la destrucción total de los ecosistemas que garantizan el futuro regional”, dijo el gerente de proyectos del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.

Tres plantas de almacenamiento y un embalse de 51 hectáreas, que tiene 18 millones de metros cúbicos de agua, son las reservas con las que cuenta esta región para abastecerse.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/colombia/item/40729-la-exploracion-minera-el-temor-de-proveedores-de-agua-en-santander

El día de ayer, 19 de mayo, comunidades de los corregimientos de Palo Cabildo (Jericó) y Palermo (Támesis), además de la Mesa Ambiental de Jericó, concejales de Fredonia y Jericó, Finqueros de la Oculta, la Guardia Indígena La Mirla, El Circuito Económico y Solidario de Támesis –CESTA-, el Comité por la Defensa Ambiental del Territorio de Támesis -CODEATE- y el Cinturón Occidental Ambiental COA, nos concentramos en las afueras de la Hacienda San Antonio (Jericó) con el propósito de denunciar las operaciones que la Anglo Gold Ashanti –AGA- viene desarrollando en este lugar.

En sus propósitos de realizar estudios geotécnicos e hidrogeológicos, la AGA  pretende consolidar los soportes técnicos que respalden su solicitud de licenciamiento ambiental para hacer factible la operación y explotación de su proyecto “Quebradona” en Jericó.

Esta concentración nos permitió que diferentes organizaciones, mujeres, niños, niñas, jóvenes, campesinos e indígenas nos encontráramos y compartiéramos denuncias sobre los conflictos socioambientales que afectan nuestros proyectos de vida, pero también se expresaron expectativas, sueños y sentidos que nos permitan construir Territorios Sagrado para la Vida.

De esta manera seguimos rechazando la imposición de proyectos extractivos en nuestros Territorios y convocamos al suroeste de Antioquia a la Indignación y a la movilización social.

#FueraAngloGold del Suroeste

CINTURÓN OCCIDENTAL AMBIENTAL  COA 

SUROESTE DE ANTIOQUIA: TERRITORIO SAGRADO PARA LA VIDA!

Fuente:http://coaterritoriosagrado.org/organizaciones-del-suroeste-protestan-contra-anglo-gold-ashanti-en-la-hacienda-san-antonio/

Continúan los desplazamientos de comunidades indígenas en el Chocó debido a la fuerte presencia de grupos armados como paramilitares y estructuras guerrillas  del ELN. Denuncias de organizaciones que defienden los derechos humanos indican que los desplazamientos se han realizado en medio de la inoperancia de la Fuerza Pública y el Estado colombiano.

De acuerdo con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, desde abril, 439 personas que componen 115 familias de las comunidades Embera Katio y que habitan en las inmediaciones del río Jiguamiandó, se han visto obligados al desplazamiento. Esto, producto de la fuerte presencia de grupos neoparamilitares y guerrilleros que buscan el empoderamiento del territorio.

la Comisión señaló que no se han tenido en cuenta las disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien otorgó medidas cautelares a estas poblaciones. Afirmó que no han sido suficientes las acciones institucionales para prevenir este tipo de violencia que pone en riesgo la supervivencia de las comunidades indígenas.

A esto se suma la ocupación ilegal de predios de las comunidades indígenas por parte de empresas que realizan operaciones extractivas y que han generado contaminación en los ríos con mercurio y la ampliación de la siembra de los cultivos de la hoja de coca, “sin que ninguna autoridad respalde las propuestas comunitarias de manera concreta y eficaz”.

ONU denunció desplazamiento masivo de comunidades indígenas en el Chocó

Asimismo la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, indicó que más de 650 indígenas han sido desplazados en ese departamento. Los desplazamientos se han presentado desde principios del mes de mayo con el ingreso de hombres armados a resguardos como el Pavesa Gello en el municipio del Bajo Baudó.

Fuente:http://www.contagioradio.com/439-indigenas-han-sido-desplazados-en-el-choco-en-los-ultimos-dos-meses-articulo-53485/

Mocoa Ventures recibió una mina de Anglo Gold Ashanti, las dos de B2Gold, ubicada donde nacen las aguas de los ríos del Amazonas. Pero la pelea apenas comienza.

A comienzos de los años 80 una alianza —joint venture—  de Naciones Unidas, Ingeominas y Ecominas identificó en Mocoa, Putumayo, un importante reserva de minerales: oro, platino, plata y plomo. La información quedó dormida casi 20 años, hasta que en el 2008 el gobierno de Álvaro Uribe, con su política de estímulo a la inversión extranjera con minería, le dio vida a este descubrimiento. La surafricana Anglo Gold Ashanti fue una de las multinacionales en responder al llamado del Gobierno. Abrieron varios frentes de exploración, y retomaron el hallazgo del Putumayo.

Solicitaron 4 bloques para explotar en búsqueda de oro. A los tres años identificaron el yacimiento, y para sorpresa de todos, le cedieron el contrato a Mocoa Ventures, una empresa hermana, dependiente del conglomerado de oro más grande del mundo: B2Gold Corporation, con sede en Canadá.

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El más reciente informe “Cuando el río suena, piedras y otras cosas lleva”, realizado por el Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, retrata la situación de riesgo que viven las comunidades en la Guajira debido a los efectos negativos de la minería del Cerrejón. El documento detalla los procesos de contaminación del agua y aboga por el respeto al derecho a un ambiente sano.

De acuerdo con Golda Fuentes, asesora académica de Indepaz, el trabajo de investigación se realizó con las comunidades que han habitado por más de 30 años este territorio, en conjunto con las actividades mineras que realiza el Cerrejón. Siendo esta una de las empresas más grandes de América Latina que se dedican a la extracción del carbón.

Debido a las preocupaciones de las comunidades en las afectaciones del medio ambiente, Indepaz realizó un monitoreo independiente, en conjunto con universidades de Colombia y Alemania, para identificar las afectaciones al agua y al ambiente que repercuten en las condiciones de salud de las comunidades.

Preocupaciones encontradas

Luego del trabajo de campo, el Instituto logró identificar la presencia de agentes contaminantes, producto de las actividades mineras en el río Ranchería y sus arroyos, que sirven de fuentes hídricas para el abastecimiento de las comunidades.  Fuentes indicó que, actividades como el vertimiento de aguas industriales en el río genera contaminación con plomo y otros metales pesados.

Afirmó que la expansión de la minería “ha generado un riesgo potencial en la contaminación de los pozos de agua y el río que es utilizado por las personas para bañarse y abastecerse del mismo”. Esta contaminación no sólo afecta la vida de las personas sino también pone en riesgo a las especies de fauna que se alimentan de los afluentes hídricos.

Repercusiones en la salud de la contaminación del aire y el agua

Fuentes indicó que los riesgos para las personas que entran en contacto con el agua contaminada son altos y están relacionados con la toxicidad de metales como el plomo. Esto puede generar afectaciones en el cerebro de personas vulnerables como los son los niños, los adultos mayores y las madres gestantes.

Adicionalmente, la exposición al Zinc y al Manganeso, que están presentes en la contaminación del río Ranchería pueden ocasionar afectaciones a la salud de las personas como el desarrollo del cáncer. Por esto es importante realizar estudios toxicológicos de las aguas y los ecosistemas que dependen de los afluentes en el departamento de la Guajira.

Recomendaciones de Indepaz

Frente a este panorama, el informe establece una serie de recomendaciones tanto para las instituciones encargadas de los temas ambientales como para la empresa Cerrejón que ha causado múltiples afectaciones. Indepaz hará seguimiento a la implementación de las recomendaciones toda vez que ya fue socializado el informe con las comunidades afectadas y las instituciones encargadas de propender por un ambiente sano.

Fuente manifestó que una de las principales recomendaciones se enfoca al cumplimiento de las obligaciones ambientales de la empresa Cerrejón. Afirmó que la empresa no está cumpliendo y “la ANLA y Copoguajira han manifestado irregularidades en el actuar de Cerrejón sin que haya sanciones correspondientes”.

Por esto, recordó que es necesario que se hagan mediciones de contaminación del agua de manera mensual para vigilar los niveles de contaminación y así poder tomar medidas correctivas “como por ejemplo restringir que los residuos de aguas industriales entren en el río Ranchería”.

Adicionalmente, recomendaron a las entidades públicas que se disponga de personal especializado para instalar plantas de purificación del agua en las comunidades afectadas para garantizar la supervivencia de estas personas. Desde Indepaz, consideraron necesario que todas las labores que se realicen tengan en cuenta las tradiciones culturales de las comunidades que han visto un deterioro en su salud y sus derechos al agua y un ambiente sano.

Informe involucra plataforma web interactiva

Como parte del desarrollo de la investigación, Indepaz realizó una plataforma web para que las personas conozcan los resultados de la investigación desarrollada. Allí, se “dará a conocer en detalle los valores de las investigaciones que se realizó y los procesos de contaminación que están relacionados con la actividad minera”.

Además, la plataforma web recoge las necesidades de las comunidades y pone de manifiesto las recomendaciones a las diferentes entidades. De acuerdo con Indepaz, esta plataforma ayuda a que la ciudadanía haga un seguimiento a la situación de violación de los derechos del ambiente de las comunidades de la Guajira para así, garantizar que las entidades públicas tomen correctivos frente a las labores de la empresa Cerrejón.

Finalmente, Fuentes recordó que el lanzamiento del informe será el día 23 de mayo de 2018 en la sede de la Fundación Henrich Boll de Bogotá a partir de las 8:30 de la mañana. Allí, contarán con la presencia de diferentes líderes sociales de la Guajira quienes detallarán cómo ha sido la convivencia con la empresa minera y qué desafíos han enfrentado a lo largo de más de 30 años.

Fuente:https://www.contagioradio.com/cerrejon-ha-contribuido-a-la-vulneracion-del-derecho-al-ambiente-sano-en-la-guajira-indepaz-articulo-53489/

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, decidió negarle el permiso a la Compañía Minera Ataco S.A.S, que pretendía explotar oro en el sector de Umbulú de la vereda Apone en Ataco, Tolima.

Fuente:http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/generales/415103-niegan-licencia-ambiental-para-intervencion-minera-en-el-rio-saldana

El Alto Putumayo, entre los Andes y la Amazonía colombiana, ya no será la riqueza oculta del país, sino el filón de la minera Anglo American, de pésima reputación universal. Un video que se encuentra en #PorELAguaDelaAmazonia dirigido y lanzado por Luis Ernesto Gómez circuló por las redes como una ráfaga viral y con razón: allí nos narran en simples y dolorosas imágenes y textos lo que puede suceder con ese piedemonte extraordinario en manos de Mocoa Ventures, la hija putativa de Anglo American. Es tan impactante la “noticia” que en pocos días El Espectador (https://bit.ly/2jOnjNJ) y otros periódicos habían ya sacado artículos de peso, lo que no es usual para las cotidianas “amenazas mineras” al agua, las plantas, la fauna, los campesinos y los indígenas.

Menos mal puedo escribir, porque la indignación me deja mudo. El cuento está bien registrado en los medios nacionales, así que remito a los lectores a darle una mirada a la prensa en los pasados días 10 y 11 de mayo. Allí encontraremos la historia de siempre, en resumen: de llevarse a cabo la explotación del área, que viene siendo postergada —y que tiene vía libre por parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales urdida por el patriota Álvaro Uribe—, ponemos en extremo riesgo 25.000 hectáreas de bosque tropical húmedo. Aquí nacen los ríos que abastecen a las comunidades de Mocoa y aledañas, aquí la biodiversidad del piedemonte es una riqueza —esa sí, incalculable—, sin hablar de los tesoros de la cultura tradicional que han sobrevivido resguardados en las cuencas. Como en las aterradoras historietas infantiles, esta zona hará ¡puf! si la dejamos explotar por los vampiros.

Lo grave no es que sean ingleses o norteamericanos los que explotan los eldorados nacionales, sino que seamos nosotros, colombianos, los que les hayamos otorgado los permisos. La historia vergonzosa de siempre: las poderosas multinacionales hacen lobby para penetrar “en el mercado”, las élites criollas centralistas se engolosinan con sus cuotas partes y abren la puerta con abyección neoliberal y: siga usted sir, yes, sir. Las regalías se esfuman en otro ¡puf! de magia, y perdemos el agua, feriamos los bosques y sus plantas, matamos a los taitas de tristeza, y obligamos a las comunidades ancestrales a que se sumen a la franja sombría de los parias en los cinturones urbanos de miseria. La comunidad del Alto Putumayo se está organizando como puede para procurar que la vida y el agua tengan prioridad sobre el oro, el platino, el molibdeno… pero requiere el apoyo de cada colombiano, porque el desastre podría ser peor a largo plazo que el de las avalanchas de Mocoa (que no están desligadas de la exploración y explotación minera).

Y hablando de política, revisando con reticencia los programas de gobierno de los candidatos sobre el tema extractivista, con la esperanza de que la impotencia no nos devore, solamente encontré en uno de ellos, Gustavo Petro, posturas decididas y coherentes, sin maquillaje verde. Es el único que dice francamente y con la vehemencia que requiere el caso: no al fracking; no más minería de carbón; habrá adjudicación de recursos para que las comunidades de mineros ilegales tengan alternativas que no sean las amenazas de la mafia o las del hambre; y no a la minería de oro a cielo abierto. La cosa es delicada, las opciones muy arduas, pero finalmente habrá que decidirse por el agua.

Fuente:https://www.elespectador.com/opinion/el-lamentable-puf-del-alto-putumayo-columna-755703