El pasado once de Mayo venció por fin el plazo que la corte constitucional otorgó al gobierno para que este presentara una alternativa ante la inexequibilidad de la ley 1382, que modificaba algunos artículos de la ley 685 o código minero.
Como todo lo que ocurre con este gobierno, tampoco hubo interés en presentar una nueva ley y se optó simplemente por emitir tres decretos para “amparar” los artículos que se cayeron el pasado once de este mes.
Expertos hicieron una radiografía del sector. Hoy viernes culmina el seminario en Los Andes.
Catedráticos reunidos el jueves en la Universidad de los Andes comenzaron a proponer fórmulas para aprovechar de manera más eficiente los recursos que emanan de la minería en el país. (Siga esta enlace para leer: ¿La minería moderna?)
Está claro que el momento de los hidrocarburos y la minería en el país no durará toda la vida, por eso desde ya hay que plantear qué sector tomará la batuta en el futuro.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, afirmó que invertir en ciencia y tecnología tiene una importancia enorme desde ya, cuando hay que prever que el boom minero energético terminará en unos años y el país deberá tener un sector que asuma el liderazgo en la economía.
La idea de convertir a Colombia en una potencia minero energética, centrando su economía en la actividad extractiva, atenta contra la soberanía nacional, el patrimonio natural y las bases mismas de la La globalización neoliberal, que ha facilitado la intervención del capital transnacional en todos los ámbitos, tiene a la agricultura y la industria casi al borde de la extinción; ferió el patrimonio público, especialmente en los renglones estratégicos de la economía, debilitó su capacidad regulatoria convirtiéndolo en un régimen antidemocrático y privatizó los derechos de la población.
La Agencia Minera indicó además que esta reducción afectó la generación de regalías y demás contraprestaciones económicas en favor del Estado.
La huelga de 32 días que se registró en Cerrejón y el problema de contaminación por la Drummond, que llevó a la suspensión por 23 días del cargue de barcazas en su puerto, contribuyeron a un descenso cercano a las cinco millones de toneladas de carbón en el primer trimestre de este año.
El polémico decreto indica que por más que un municipio se oponga a la actividad de este sector, no podrá hacer nada para evitar que allí se entreguen títulos mineros.
“En Jardín nos hemos dedicado a la agricultura y al turismo durante años. Nos están pasando por encima, nos están diciendo que tenemos que ser mineros. Lo único que pedimos es que se respete la vocación de nuestro municipio pero desde Bogotá entregan títulos y licencias, muchas veces, sin conocer este territorio”. Según el alcalde de Jardín (Antioquia), Alvaro Carvajal, sobran las razones para apoyar a los pobladores del municipio en contra de la minería y rechazar un decreto firmado la semana pasada por el ministerio de Minas que establece que los municipios no pueden prohibir esta actividad en sus tierras porque esa decisión sólo le compete a las autoridades ambientales y mineras.
La ANM presentó a través de un comunicado los resultados parciales de la fiscalización general que está adelantando en los 9.500 títulos mineros que tiene Colombia.
El 78% de los títulos mineros en Colombia presenta algún tipo de irregularidad, según una fiscalización efectuada por la gubernamental Agencia Nacional de Minería (ANM), que ordenó la suspensión de 275 de ellos por carecer de licencia ambiental.
Mario Alejandro Valencia. analista de Cedetrabajo y miembro de la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, Reclame.
El 16 de abril de 2013 en El Espectador, la directora de la Agencia Nacional de Minería, María Constanza García, reconoció que no existe forma de saber la cantidad de minerales que se está extrayendo del país porque, según la funcionaria, “por Constitución se establece que son ellos [las empresas] los que están obligados a declarar lo que se extrae”.
Héctor Alfonso Torres Rojas°
«Un falso positivo” es una frase que expresa un crimen horrendo contra la humanidad. El país se estremeció en sus entrañas éticas y humanitarias, cuando se descubrió, que bajo el Gobierno anterior, elementos de la Fuerza Pública, con supuestos beneficios económicos, «conquistaban” jóvenes para faenas militares. ¡Mentira! Los llevaban a una región diferente a la suya y los asesinaban. SÍ, los asesinaban. Luego, con tambores y platillos, los presentaban como triunfos en combate contra las guerrillas, para recibir felicitaciones, condecoraciones y prebendas.
En Colombia, por cada 100 pesos que la minería paga al país las empresas dedicadas a la industria extractiva representan 200 pesos de pérdidas para el Estado, por cuenta de las deducciones, descuentos y exenciones. Esa es una de las cifras que contiene el estudio de la Contraloría General, ‘Minería en Colombia’, dirigido por el analista económico Luis Jorge Garay, con participación de varios analistas.
Ver también, del mismo informe: Minería ignora derechos de comunidades