Gran Colombia Gold Corp. (TSX: GCM) anunció que el programa de reducción de costos iniciado en enero en sus operaciones en Segovia ya está teniendo un impacto positivo sobre su indicador de costos en efectivo y mantenimiento incluidos por onza.

El costo en efectivo, el componente principal del indicador, costos en efectivo y mantenimiento incluidos de la compañía, disminuyó un promedio de $1.337 por onza en las operaciones en Segovia para el primer trimestre de 2013, un descenso en comparación con $1.604 por onza en el cuarto trimestre de 2012.

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Mientras el sector señala que hay poco margen de maniobra, la Contraloría está preocupada por el nivel de recursos para combatir la minería ilegal, que genera graves efectos económicos y sociales.

El reciente estudio contratado por la Contraloría General de la República, titulado “Minería en Colombia: Fundamentos para superar el modelo extractivista”, ha incrementado el debate sobre si la carga tributaria efectiva que paga el sector minero es la adecuada, y si un aumento en la misma puede terminar espantando a los inversionistas.

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El pasado once de Mayo venció por fin el plazo que la corte constitucional otorgó al gobierno para que este presentara una alternativa ante la inexequibilidad de la ley 1382, que modificaba algunos artículos de la ley 685 o código minero.

Como todo lo que ocurre con este gobierno, tampoco hubo interés en presentar una nueva ley y se optó simplemente por emitir tres decretos para “amparar” los artículos que se cayeron el pasado once de este mes.

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La idea de convertir a Colombia en una potencia minero energética, centrando su economía en la actividad extractiva, atenta contra la soberanía nacional, el patrimonio natural y las bases mismas de la La globalización neoliberal, que ha facilitado la intervención del capital transnacional en todos los ámbitos, tiene a la agricultura y la industria casi al borde de la extinción; ferió el patrimonio público, especialmente en los renglones estratégicos de la economía, debilitó su capacidad regulatoria convirtiéndolo en un régimen antidemocrático y privatizó los derechos de la población.

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La Agencia Minera indicó además que esta reducción afectó la generación de regalías y demás contraprestaciones económicas en favor del Estado.

La huelga de 32 días que se registró en Cerrejón y el problema de contaminación por la Drummond, que llevó a la suspensión por 23 días del cargue de barcazas en su puerto, contribuyeron a un descenso cercano a las cinco millones de toneladas de carbón en el primer trimestre de este año.

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El polémico decreto indica que por más que un municipio se oponga a la actividad de este sector, no podrá hacer nada para evitar que allí se entreguen títulos mineros.

“En Jardín nos hemos dedicado a la agricultura y al turismo durante años. Nos están pasando por encima, nos están diciendo que tenemos que ser mineros. Lo único que pedimos es que se respete la vocación de nuestro municipio pero desde Bogotá entregan títulos y licencias, muchas veces, sin conocer este territorio”. Según el alcalde de Jardín (Antioquia), Alvaro Carvajal, sobran las razones para apoyar a los pobladores del municipio en contra de la minería y rechazar un decreto firmado la semana pasada por el ministerio de Minas que establece que los municipios no pueden prohibir esta actividad en sus tierras porque esa decisión sólo le compete a las autoridades ambientales y mineras.

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La ANM presentó a través de un comunicado los resultados parciales de la fiscalización general que está adelantando en los 9.500 títulos mineros que tiene Colombia.

El 78% de los títulos mineros en Colombia presenta algún tipo de irregularidad, según una fiscalización efectuada por la gubernamental Agencia Nacional de Minería (ANM), que ordenó la suspensión de 275 de ellos por carecer de licencia ambiental.

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