El Comité de Defensa Personal del Pueblo de Caimanes presentará esta semana una nueva acción judicial contra la empresa perteneciente a Antofagasta Minerals, del grupo Luksic. Son las 129 personas que no aceptaron en 2016 el acuerdo al que llegaron algunos pobladores con la empresa. Hay pesadillas, angustia y miedos de que el tranque El Mauro, donde se acumula la basura industrial, colapse tal como ha ocurrido en otros países.

Para cuando María Soto hizo lo que hizo, los ánimos en el pueblo de Caimanes no eran los mejores. Pero de alguna forma, sus palabras, ese testimonio vivo del desasosiego, conmovieron a los que estaban en esa asamblea.

Era una reunión como las que han hecho en la localidad desde que la minera Los Pelambres (del grupo Antofagasta Minerals, propiedad del empresario y twittero Andrónico Luksic) llegara en 1998 y se instalara a ocho kilómetros de donde viven los caimaninos con el tranque El Mauro. Lo que tenía de distinta esa reunión era por una poderosa emotividad, un vacío en el corazón si se quiere. Algo que, de alguna u otra forma, lo produjo el basurero industrial que desconcierta a los que en ese pueblo viven.

Fue entre 2015 y 2016. Esteban Vílchez, abogado del Comité de Defensa Personal del Pueblo de Caimanes, lo cuenta así: “Ella, una señora ya mayor, es todo un símbolo. Y lo que dijo fue públicamente, para que todos la escucharan. Contó que no recibía visitas de ninguno de sus familiares, pero que eso no era porque no la quisieran, sino porque los papás de sus nietos, o sea, sus hijos, no quieren que los niños estén ahí. Tienen miedo, decía ella. Por todos los riesgos que corresponden a tener un relave tan cerca de un poblado”.

María es viuda. Hoy en día sus ingresos son por la venta de comida. Vive sola y cree necesitar esa energía revitalizante que solo son capaces de entregar los niños, y que sus nietos, por el miedo a lo que pueda pasar con el relave, no le pueden dar.

Su batalla, sin embargo, es desigual: en 2016, el 83% de la población de Caimanes aceptó un acuerdo con la minera, que consideró la usabilidad de las aguas del estero Pupío (con el que los agricultores y ganaderos de la zona se abastecen), seguridad respecto al mismo tranque (desarrollo de un plan de emergencia, en colaboración con el gobierno local), además de un fondo comunitario y, por último, un fondo de desarrollo familiar (28 millones de pesos a cada familia). Los que resistieron las tentaciones de Pelambres fueron los del mismo Comité. El abogado Vílchez así explica la decisión: “Es irrisoria la paga, casi una burla, que ha significado secar el estero, destruir los recursos económicos de la región y contaminar todo; además de vivir la angustia por colapso del tranque”.

Lo que hicieron desde el Comité, y que se materializará en una acción judicial esta semana, fue preparar una demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual. Buscan que el acuerdo económico al que puedan llegar con la empresa de Luksic les permita cambiarse de hogar y empezar una vida nueva, lo que en dinero se traduce en 500 millones de pesos para cada uno.

El origen

Esteban Vílchez, de AV abogados, empezó su vínculo con el Comité en 2012, cuando hizo de defensor de Cristián Flores, quien entonces era acusado por la misma minera de cometer crímenes. Hoy, además de un prístino convencimiento en esto que prepara, explica los fundamentos de la decisión del Comité:

“Se rechazó (el acuerdo de la minera por parte del Comité) porque lo que estaba ofreciendo Pelambres es insignificante en relación con lo que ha causado; porque (aceptarlo) significaba desistir de aquellos juicios que ordenan la demolición de mismo tranque; y porque hubo manipulación en la decisión del resto de la comunidad, porque habían abogados de la misma minera que estaban en las asambleas de la gente. No olvidemos que es gente de escasos recursos económicos, que están agotados de 20 años de conflicto con la minera y, por lo tanto, iban a aceptar la oferta, por baja que fuera”.

Son 2.200 hectáreas de extensión del mismo tranque y, según la demanda que se presentará (a la que accedió El Desconcierto), desde que se instaló la minera en dicha localidad hasta hoy, han depositado 1.700 millones de toneladas de relave. A esos números se suma también el dinero que recibieron los abogados que anteriormente tenía el mismo Comité, y que fueron también beneficiarios de la negociación que destrabó el conflicto: 3.100 millones de pesos recibieron por “concepto de honorarios y costas del juicio”. (Esto último está actualmente siendo investigado por la unidad de delitos de alta complejidad del Ministerio Público, por considerarse como prevaricación).

Las ganancias de Los Pelambres son, según se plantea en la demanda, inimaginables: las proyecciones respecto a las utilidades netas de la minera se calculan en $1.200 millones de dólares anuales, los que en los 100 años de explotación para los que está pensada la obra, sería algo así como 120 mil millones de dólares.

“Vivir y dormir a los pies de un tranque que puede colapsar ha causado innumerables insomnios y pesadillas entre los adultos y por sobre todo en los niños pequeños. El temor ha dado lugar a un verdadero pánico en muchas ocasiones, especialmente frente a situaciones de sismos o lluvias prolongadas”, se lee en el documento.

Parte de las pruebas que el abogado Esteban Vílchez presentará tienen que ver con los niveles de estrés: “Tenemos estudios -dice- que hablan de índices de estrés más altos que en Santiago o que en cualquier otra zona de sacrificio. Las personas viven con mucho miedo a que el tranque colapse como en Brasil, o como en Chile, en 1965”.

Desde Antofagasta Minerals, la matriz de Los Pelambres, al ser consultados por este nuevo conflicto señalaron: “dado que no hemos visto dicha demanda ya que aún no se presenta, no podemos comentar”.

Se espera que el documento que inicie el proceso judicial sea ingresado el jueves de esta semana.

Fuente:https://www.eldesconcierto.cl/2019/07/22/caimanes-a-la-carga-pobladores-buscan-que-minera-los-pelambres-pague-500-millones-por-dano-moral/

Cómo se esperaba en el ámbito minero, Anglo American inició la semana pasada el trámite del permiso ambiental para un proyecto de US$ 3,000 millones, con el que busca sostener la producción de Los Bronces, en nuestro país. Aunque el proyecto promete no afectar glaciares, biodiversidad ni aumentar el uso de agua en la zona cordillerana de la región metropolitana, hay varios sectores y organizaciones ambientales que están alertas ante esta inicitaiva.

La expansión del proyecto Los Bronces Integrado ha estado bajo la lupa de grupos sociales y autoridades debido a los temores sobre su impacto en la zona circundante a Santiago.

Anglo American inició el trámite del permiso ambiental para un proyecto de US$ 3,000 millones, con el que busca sostener la producción de su depósito estrella de cobre Los Bronces en Chile.

El proyecto Los Bronces Integrado (LBI), que según la firma promete no afectar glaciares, biodiversidad ni aumentar el uso de agua en la zona cordillerana cercana a la capital chilena, se realizará en parte con minería subterránea.

«LBI es una iniciativa de reemplazo de mineral de menor ley por otro con mayor contenido de cobre, con el objetivo de mantener los niveles actuales de producción del yacimiento», dijo el viernes la empresa en un comunicado.

Varias mineras en Chile avanzan en proyectos de actualización para contrarrestar el desgaste y la caída en el contenido mineral de sus depósitos.

Anglo American no hizo una proyección de cuándo podría estar aprobado el permiso, tras lo cual debe presentarlo a su directorio para aprobación.

«Estamos convencidos que se trata de una propuesta que asegura la coexistencia de los intereses de todos los actores de la zona de montaña.

La expansión de Los Bronces ha estado bajo la lupa de grupos sociales y autoridades debido a los temores sobre su impacto en la zona circundante a Santiago.

El jefe de cobre de la firma, Hennie Faul, agregó que el plan «constituye la mejor opción de desarrollo minero desde el punto de vista ambiental y social».

El proyecto consta de dos partes, una de continuidad operacional como la actual a rajo abierto y otra de minería subterránea, que remplazará cerca del 20% de recurso del rajo y operará a una profundidad promedio de 660 metros desde la superficie.

La operación subterránea estará bajo el borde noreste del Santuario de la Naturaleza Yerba Loca. Anglo American Sur, mayormente conformada por la producción de Los Bronces, alcanzó las 422,200 toneladas de cobre en el 2018. Anglo tiene como socia en la iniciativa a la gigante estatal Codelco.

Fuente:http://www.relaves.org/post.php?id=77&fbclid=IwAR19t2jYKdx5eMZHwBAu-dlNq___ubkL6Q2G6b08cGJ25Lp0GoneAmlcRuQ

Un derrame de concentrado de fierro afectó al desierto de Atacama, hecho que fue denunciado por una vecina de la Región de Atacama que difundió a través de Facebook los videos que registró del proceso de contaminación.

La usuaria Soledad Cordero comentó que el hecho se generó a unos 32 kilómetros de la ciudad de Copiapó, en una de las cañerías que traslada desechos mineros de la Mina Cerro Negro Norte y que pertenece a la Compañía de Acero del Pacífico (CAP).

Informa Meganoticias que la empresa expresó que la «rotura fue detectada de manera inmediata por personal de CAP Minería y se realizaron todas las labores contempladas en el plan de emergencia, como dar aviso inmediato a las autoridades».

Fuente:https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/denunciaron-el-derrame-de-concentrado-de-fierro-en-el-desierto-de-atacama/20190802/nota/3935230.aspx?fbclid=IwAR275YAbDfn-SW6QKWrVXPyJCVETkFE4gHYVYHvFrRHQT0LaOsFXF1ygNZI

Activistas de Greenpeace despliegan un banner en la cinta transportadora de carbón de la Mina Invierno ubicada en Isla Riesco, Región de Magallanes. La acción, se enmarca dentro de las actividades internacionales de Greenpeace contra los combustibles fósiles y la campaña «Salvemos los mares del fin del mundo», que busca proteger los mares de la Patagonia Chilena ante el avance de la salmonicultura.

Volvieron, como en tiempo de Trillium, los antiguos fantasmas a la Región de Magallanes: el impedimento o la paralización de un proyecto propuesto o en ejecución (como Mina Invierno) debido a causas ambientales. Pero hay que ser claro, pues los fantasmas no existen. Son creaciones interesadas, movidas generalmente por intereses de lucro, o por la lógica de empresas que, al basarse en la explotación de recursos naturales no renovables, siempre tienen sus días contados.

Antecedentes relevantes

La empresa de Mina Invierno eligió el tipo de explotación de carbón de rajo abierto sobre la base de implementar un sistema de menores costos y de mayores utilidades, asumiendo su mayor impacto ambiental.
No obstantes los cuestionamientos sobre la alta insustentabilidad ambiental y la expoliación subsidiada que significaba el proyecto, se le dio la aprobación argumentándose su impacto en la economía regional, particularmente en la creación de empleos.

El proyecto de Mina Invierno fue autorizado SIN EL USO DE TRONADURAS, afirmación que los mismos ejecutivos de la empresa plantearon. Aún sin tronaduras, la Evaluación de Impacto Ambiental costó mucho aprobarla por el cúmulo de impactos negativos, muchos de los cuales no fueron considerados. La explotación carbonífera ha tenido un marcado impacto ambiental cuyas medidas de mitigación aún no ha sido evaluada en profundidad.

Hacia una información más veraz y transparente

Ante la amenaza de cierre o de disminución de labores muchas opiniones de políticos, de los representantes de la empresa, de dirigentes de gremios patronales, etc. han sido publicado últimamente. Frente a ellas y sus impactos en la opinión pública cabe hacer algunas consideraciones:

La empresa ha afirmado que sin tronaduras se impide “la normal explotación del yacimiento carbonífero…”. Cabe preguntarse: hasta la fecha y sin tronaduras, ¿no se ha realizado una explotación normal?

También se ha afirmado por representantes de la empresa “que con medidas como esta se genera un mal precedente para la economía del país pues para hacer inversiones a largo plazo es fundamental contar con certeza jurídica…” (El Mercurio, 26/06/2019). Lo que sucede es precisamente lo contrario pues los tribunales ambientales en función de sus atribuciones están aplicando la ley con certeza jurídica basada en el profundo conocimiento del tema.

Al notificarse a los trabajadores sobe sus despidos se argumenta “los índices de producción durante 2018 y 2019 se han reducido en un 51,1% en extracción de estériles y en un 44,6% en extracción de carbón.” Esas reducciones son exclusivo resorte de la empresa pues, tal como se argumentó cuando querían convencer a la ciudadanía de las bondades del proyecto, carbón en esas vetas hay para más de 100 años. El único problema es que el negocio ya no es interesante como en años anteriores. O sea que hacer alusión al artículo 161, para desvincular al personal debido a “necesidades de la empresa” no es un argumento válido.

El Ministro de Minería Pablo Terrazas, advirtió que “todo esto puede terminar demorando la cartera de proyectos que el Gobierno está promoviendo para la Región de Magallanes” (El Mercurio, 26/06/2019). Como este es un proyecto aprobado y que se está materializando, se supone que el Ministro quiere llamar la atención sobre las condicionantes ambientales. Entonces, la lectura tendría que hacerse en forma positiva: es bueno que de demoren ciertos proyectos si no cumplen a cabalidad las leyes y reglamentaciones ambientales.

Desde la SOFOFA se criticó a aquellos que afirman que la explotación minera del carbón es incongruente con el plan de descarbonización que impulsa el gobierno, argumentándose que el país en las próximas décadas necesitará carbón y que si no lo produce deberá importarlo de Colombia o Australia. Esta argumentación es errónea, pues el carbón utilizado en las termoeléctricas del país necesitan ser de mayor calidad que el de Magallanes, por lo que habrá necesariamente que importarlo.

Otros dirigentes gremiales han utilizado este problema solo para enviar sus consabidos mensajes por las exigencias ambientales. El planteamiento de los grandes gremios es tratar de “modernizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, insistiendo en la disminución de requisitos ambientales.

La realidad actual

La inversión de puesta en marcha inicial, de maquinarias, construcciones, caminos y del puerto ha sido recuperada con las utilidades de los primeros tres a cuatro años de operación. O sea, la empresa está en muy buenas condiciones para enfrentar su actual situación.

El problema básico que enfrenta la empresa es la baja rentabilidad actual. Ha habido un aumento de los costos derivados de las deficiencias de los estudios básicos que no diferenciaron las distintas realidades del subsuelo. Por otra parte, ha bajado el precio del tipo de carbón como el de Mina Invierno.

Es obvio que las perspectivas de la explotación no son buenas. Ante ello, y en una visión de largo plazo, es probable que la empresa haya delineado una estrategia para ir disminuyendo al personal en forma paulatina, al margen de lo que suceda con las tronaduras. No obstante, para la empresa, si se autorizaran las tronaduras podría permitirle una mayor rentabilidad. Pero, si persistiera la actual prohibición de utilizarlas, le serviría como excusa para desvincular trabajadores, proceso que tarde o temprano deberá llegar.

Toda esta situación podría dejar en la sombra dos desafíos que son de plena responsabilidad de la empresa: por una parte, la remediación del sitio, y por otra, la obligada responsabilidad social de reconversión.

El país tiene en el sector minero numerosos e importantes pasivos ambientales derivados de la falta de una legislación adecuada, o la ausencia de sistemas de seguros que permitan impedir el cierre de empresas sin que se inviertan los recursos financieros necesarios para la recuperación de los ecosistemas dañados en los procesos extractivos. Según lo estipulado, la Minera Invierno está tomando ciertas medidas de remediación, pero las principales e ellas deberá hacerlas después del cierre.

Por otra parte, las empresas mineras, que trabajan recursos naturales no renovables, conocen perfectamente que el recurso algún día se acabará. Ello exige responsabilidad social para reconvertir los trabajadores que irán quedando cesantes en la medida que el recurso de agote. Este es un aspecto crucial que ya debería haber sido abordado por Mina Invierno.

El destino de Minera Invierno ya está sellado: Poco más tarde, poco más temprano, terminará. Carbón, como el de Mina Invierno, sub bituminoso, de muy bajas calorías y de gran poder contaminante pronto se prohibirá comercializarlo, más aún, habiendo formas de explotación del carbón con casi nulos impactos ambientales. Quedarán los restos de la explotación como memoria de un proyecto que nunca habría que haberlo ejecutado.

Fuente:https://radio.uchile.cl/2019/07/12/el-problema-de-mina-invierno/

Para paliar los problemas que ocasiona actualmente la acumulación de desechos de la industria minera, el Gobierno conformó una mesa de trabajo para favorecer el desarrollo de la »economía circular» en ese sector. El objetivo será impulsar la denominada «minería verde» que incluiría mejorar el uso del agua en las actividades extractivas y la reducción de emisiones contaminantes.

Cifras oficiales ubican a Chile como el mayor acumulador de desechos mineros en el planeta con la existencia de 740 depósitos de relaves, contabilizados por el Servicio Nacional de Geología y Minería, de los cuales 469 están inactivos y 170 abandonados.

El sector minero, fundamental en la economía del país, genera un millón y medio de toneladas diarias de relaves, que generalmente contienen altas concentraciones de productos químicos y otros elementos que alteran el medio ambiente.

A esos efectos se realizó una reunión para la ‘minería verde’, encabezada por el subsecretario de Minería Pablo Terrazas y con la participación del Consejo Minero, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco). El encuentro intentó conceptualizar las principales definiciones para la industria respecto a los ejes de gestión hídrica, reducción de emisiones y economía circular.

Al respecto Terrazas señaló que es esencial el trabajo conjunto de todas las entidades implicadas para lograr una minería menos contaminante, añadiendo que al final de todo este trabajo, Chile va a contar con directrices claras en materia de minería verde que permitan potenciar más el liderazgo del país a las puertas de la celebración aquí de la cumbre de la ONU sobre medio ambiente (COP25) en diciembre próximo.

Según lo previsto, en los próximos meses se realizarán cuatro mesas de trabajo con vistas a elaborar un documento del Ministerio de Minería para todos los actores de la industria, la primera de ellas en la segunda quincena de agosto.

Fuente:https://www.elciudadano.com/chile/chile-es-el-pais-que-acumula-mas-desechos-mineros-toxicos-en-todo-el-mundo/07/30/

– Son la otra cara de la minería. Centenares de embalses o depósitos con la tierra que se desecha de la extracción del cobre, el principal producto de exportación de Chile, jalonan el territorio como testigos mudos de la acción del hombre en la naturaleza.

Esta fina tierra blanquecina y viscosa cuando se humedece se acumula en quebradas, zonas cordilleranas, lechos de ríos o embalses.

Basta volar en avión por el norte o el centro del país para divisar estas represas gigantescas de colores brillantes o aguas azuladas y verdosas alrededor de las ciudades de Coquimbo, Antofagasta, Atacama -en el árido desierto homónimo- y en la región metropolitana, que alberga dos de los más grandes vertederos.

Los recientes desastres medioambientales y humanos causados en Brasil por la rotura de dos represas de la minera Vale han activado las alarmas en Chile, que produce cerca de un tercio del cobre mundial.

«No es que no pueda ocurrir pero es muy difícil, porque a diferencia de Brasil somos un país muy sísmico y las medidas adoptadas a partir de 1965 hacen que la parte húmeda del tranque no esté en la cortina (muro de contención) sino en la parte trasera», explica a la AFP el ministro de Minería, Baldo Prokurica, quien recuerda que el último gran accidente de un relave en Chile fue en 1965, tras un sismo de 7,4, y dejó más de 300 muertos.

Ahora estos depósitos o «pasivos mineros» se construyen con las mismas regulaciones antisísmicas que los edificios, afirma el profesor de minería de la Universidad Católica Gustavo Lagos.

Chile tiene 740 depósitos de relaves, según el Servicio Nacional de Geología y Minería. De estos, 469 están inactivos y 170 abandonados.

Por cada tonelada de mineral se generan unas 30 toneladas de residuos. Con 1,5 millones de toneladas de relaves diarios, Chile es también el líder mundial de desechos mineros.

Cada vez más alejados de las minas, estos residuos se trasladan mediante canalizaciones arrastrados por agua a fuerte presión.

Sin legislación que regule el cierre de los tranques, el gobierno trabaja en mejorar su seguridad con la instalación de un sistema de monitoreo como el de los volcanes activos y ha empezado a vincular los nuevos permisos con la adopción de vertederos abandonados para su tratamiento.

Las autoridades barajan el traslado de viejos depósitos a zonas más seguras, la instalación de plantas solares en su superficie o cubrirlos con materia orgánica para reforestarlos e impermeabilizarlos.

Otras empresas, como la minera Valle Central, se dedica a recuperar el cobre y el molibdeno que contienen los residuos de la minera El Teniente, de la cuprífera estatal Codelco, y de paso da trabajo a 700 familias de la región.

«Le damos valor económico al descarte. Es como un reciclaje», dice su gerente general, Cristian Cáceres, aunque eso no resuelve el problema del vertedero.

La idea es que la innovación tecnológica facilite una «minería sin relaves», aboga el ministro.