El 7 de noviembre, ingresó ante el juzgado de letras laboral de Santiago una demanda de Víctor Manuel Vega Rodríguez en contra de la Subsecretaría de Minería en la que se acusa vulneración de derecho fundamental y despido injustificado tras desempeñarse a honorarios en la repartición.
En la acción judicial, que ya fue notificada en la cartera, Vega asegura que fue contratado para trabajar entre febrero y diciembre de este año en el equipo territorial de la Ministra Aurora Williams y que en agosto, tras ser operado de un tumor cerebral y una posterior infección intrahospitalaria, fue desvinculado por no haber llevado su licencia médica a tiempo. Y asegura que Williams “me quería despedir a toda costa, ya que a esta no le servía un trabajador enfermo y no le interesaba tener lastras en su Ministerio, por lo cual se empezó a encargar, por medio (de) otros compañeros de trabajo, como a su vez de quien tenía como superior jerárquico, el hecho de descalificar mi trabajo realizado y que dudaba si realmente mi condición física era tal, para estar hospitalizado con licencias tan extensas”.
Autoridades del municipio de Llica acusaron a la minera chilena Collahuasi de utilizar agua de forma gratuita, tras mover el hito establecido por ambos países. La minera es controlada por la suiza Glencore y la británico-sudafricana Anglo American.
El jueves 26 de Noviembre a las 15:00 hrs comenzaron los alegatos en el Segundo Tribunal Ambiental por la Reclamación de Barrick (Compañía Minera Nevada SpA) contra la Resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente que le rechazó el Plan de Cumplimiento presentado para el segundo proceso sancionatorio que se abrió el 22 de Abril en dicho organismo fiscalizador.
La Ley de Glaciares del Ejecutivo no ha estado exenta de las críticas por su claro corte neoliberal. Desde diversos territorios se levantan serios cuestionamientos sobre su origen, su proceso y su finalidad. ¿A quién busca favorecer realmente el gobierno impulsando este proyecto? Cabe preguntarse lo anterior dadas las falsas ideas instaladas desde la trinchera del “progreso”. Preocupante resulta el devenir de los glaciares ante el avance de esta ley y es preciso cuestionarse sobre la responsabilidad que nos compete en tanto cohabitantes de una vasta cordillera, y con ella, de un incalculable patrimonio natural universal que es urgente proteger.
Hoy a las 15:00 hrs comienzan los alegatos en el Tribunal Ambiental por la Reclamación de Barrick (Compañía Minera Nevada SpA) contra la Resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente que le rechazó el Plan de Cumplimiento presentado para el segundo proceso sancionatorio que se abrió el 22 de Abril por dicho organismo fiscalizador, el que contiene infracciones graves y gravísimas como destrucción de 13,6 hectáreas de llareta y 2,6 de vegas altoandinas, no cumplimiento del monitoreo glaciares, no monitoreo ni resguardo de fauna y flora, tergiversación de documentos científicos referidos a aporte de caudal de los glaciares, contaminación de aguas en el 2014 y 2015 con fecales y metales pesados, entre otros cargos más.
Desde el año 2013 que los vecinos de Pejerreyes e Higueritas Unidas de Ovalle están denunciando que la minera China Co estaría utilizando escaso recurso hídrico que existiría en el sector. Los pobladores señalan que la cuenca El Ingenio fue declarada como agotada, por lo que no está permitido la construcción de nuevos pozos.
A las dificultades ambientales que enfrenta el proyecto minero binacional Pascua-Lama, la canadiense Barrick sumará una nueva arista: la tributaria.
El mal momento de la industria minera, en especial su relación con el empleo, sigue. Ayer, Sierra Gorda SCM, ubicada en la comuna de ese mismo nombre en la Región de Antofagasta, informó que redujo en 8% su dotación de empleados en sus oficinas de Santiago y Antofagasta, además de su faena minera.
Durante dos días, más de 40 organizaciones socioambientales y de pueblos indígenas, desde Arica a la Araucanía, se reunieron para compartir experiencias, conocimientos y estrategias para fortalecer los procesos de defensa y recuperación del agua en sus territorios.
El Comité de Defensa de Caimanes contrató a los abogados de Ossa y Cia para defender al pueblo de Caimanes de la amenaza del tranque y para que la minera le devolviera el agua.