Este miércoles 6 de abril recién pasado, una comitiva de la Coordinación de Territorios en Defensa de los Glaciares[1], concurrió a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados, a denunciar la vulneración de una serie de derechos, que se consagraría de ser aprobado el proyecto de ley de “protección” de Glaciares. El cual se está discutiendo en la comisión de Medio Ambiente, luego de que el proyecto original fuese completamente reemplazado, mediante tres indicaciones sustitutivas impuestas por el ejecutivo, respondiendo a las presiones ejercidas por la gran minería al Gobierno, representadas por el Consejo Minero y Codelco. Se puede apreciar que las indicaciones son idénticas a la ley que proponía el Consejo Minero.
La facilidad con que la empresa tuvo acceso a los tomadores de decisiones contrasta con la respuesta negativa que la autoridad ambiental diera a organizaciones eventualmente afectadas por el proyecto. Los nuevos antecedentes serán puestos a disposición de la Contraloría, sumándose así al requerimiento que en febrero presentaron contra Aurora Williams.
Santiago 21 de marzo de 2016
En fecha reciente trascendió que la Secretaría de Medioambiente de Chile decretó la suspensión de la extracción de agua de pozo del humedal Valle Ancho, para su utilización en la Mina Maricunga, mega-explotación a cielo abierto de donde se extrae oro y otros metales, perteneciente a Kinross Gold Corporation, ubicada en el norte de Chile, a la altura de la puna catamarqueña y muy próximo al límite con Argentina.
24 de marzo del 2016
Una jueza federal concedió autorización para una demanda colectiva en Estados Unidos presentada contra Barrick Gold Corp. Los inversores acusan al grupo minero de reportar información falsa sobre las razones que lo llevaron a detener el megaproyecto de oro Pascua-Lama, situado en la frontera entre Chile y Argentina.
La autoridad sanitaria dictó un sumario en contra de la Minera Vizcachitas, responsable del proyecto conocido como Andes Cooper en el río Rocín, en Putaendo.
Mediante una carta a los Ministros de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA, denunció que la posición nacional en las reuniones del comité intergubernamental de negociación en torno al convenio de Minamata (para la reducción y eliminación del Mercurio) haya sido delegada al gremio minero privado.
En el país de la corrupción galopante, donde parlamentarios reciben dineros ilegales para campañas, ministros reciben coimas, donde candidatos tienen a disposición aviones privados, donde la iglesia ampara la pedofilia, donde miembros de las Fuerzas Armadas roban dineros provenientes del Cobre, donde el presidente del Futbol pasa vacaciones en Miami con dineros robados, donde la familia de la presidenta se enriquece ilícitamente… la esperanza era la justicia.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ordenó la clausura definitiva de instalaciones de extracción de agua del yacimiento aurífero Maricunga, ubicado 160 kilómetros al noreste de Copiapó. Esto, luego de comprobar que debido a su operación se desecaron humedales ubicados en torno al complejo. La SMA detalló que, sin los pozos, la minera de la canadiense Kinross Gold, no puede operar, ya que son las únicas fuentes de agua de las que dispone. Este es el mayor caso de daño ambiental detectado hasta ahora por la Superintendencia. La autoridad medioambiental notificó la tarde el viernes la sanción a la unidad de Kinross tras constatar la desaparición de cerca de 70 hectáreas del humedal Valle Ancho, ubicado en las cercanías del Parque Nevado Tres Cruces, en la Región de Atacama. En esta zona habitan especies vulnerables como flamencos, guanacos y vicuñas. «Frente a la gravedad de los hechos, nos hemos visto obligados a aplicar una de las sanciones más severas establecidas en la Ley Orgánica de la SMA», dijo el Superintendente Cristián Franz.