El pueblo de Belén convoca “a sus descendientes, hijos e hijas de pueblos las comunas Putre y General Lagos”, y a la comunidad regional en general, a sumarse a la manifestación “Belén Dice NO a la Minería: Gran Movilización de los Pueblos en Defensa del Territorio”, a realizarse el 21 de julio desde las 10.00 horas en Patricio Lynch con 21 de mayo (ciudad de Arica), en rechazo al proyecto minero Trinidad que realiza la transnacional Río Tinto en los territorios de Belén.

Recordemos que la comunidad de Belén, una vez que supo de las intenciones de la trasnacional de capitales anglo-australianos, solicitó información a la misma Río Tinto, que en dos ocasiones ha respondido con evasivas y no entregando aún el proyecto a la comunidad.

En la primera ocasión, Río Tinto indicó que el Código Minero, le permite al concesionario “catar y cavar libremente en terrenos abiertos e incultos, cualquiera sea su dueño”, indicando que se encuentran en una etapa temprana de exploraciones, que implica perforar cuatro plataformas de sondajes.

Posteriormente, ante la insistencia de la comunidad, la firma respondió con un mapa general del sector y un cronograma de 4 acciones que realizaría la empresa al 15 de junio, donde indica que del 1 de agosto al 15 de septiembre realizará 4 sondajes de aire reverso, que implica la habilitación de una plataforma de aproximadamente 30 x 30 metros.

Estas respuestas fueron consideradas como “insuficientes” por la comunidad, ya que lo que se le pidió fueron los informes que envío a Sernageomin, compuestos por estudios hídricos, arqueológicos y medioambientales, entre otros.

La comunidad también pidió la información a Sernageomin, vía Ley de Transparencia, pidiendo el organismo de gobierno aplazar la respuesta que estaba fechada para el 12 de julio, por lo que la comunidad sigue sin conocer los detalles del proyecto.

Cabe destacar que el actual director regional de Sernageomin, Alfredo Arriagada Guital, fue seremi de minería durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, siendo justamente quien impulsó el eje minero en la Región, ocasión donde se generaron conflictos como Los Pumas y BPH Billinton en Codpa.

Luego, Arriagada, una vez que deja la seremi, en julio del 2015, solicita al Servicio de Evaluación Ambiental SEA, audiencias de lobby junto representantes de Río Tinto como gestor de interés para presentar el proyecto de exploración Palmani, en territorios de Lluta, como consta en el link adjunto (https://www.leylobby.gob.cl/instituciones/AW004/audiencias/2015/1834/3701)

«Hoy hubo una nube de polvo, a raíz del polvo que hay en la cubeta del tranque (de relave) y la cortina, por la condición climática bajo la polución, a este tranque le hicieron un tratamiento que es para ‘fitoestabilizar’ el material particulado que hay, ya que cualquier viento lo pone en suspensión y eso generó que bajara, mas allá de que sea polvo, entendemos que está con residuos de ácido mineral, necesitamos hacer una análisis luego, hace rato que le estamos pidiendo a la minera que traiga un par de profesionales que le hagan un examen a la gente»

«Es un tema que viene hace mucho rato, por lo menos hace cinco meses que la comunidad esta tapada en polvo y la minera los pelambres hace vista gorda todos los días de lo que está sucediendo, tenemos una empresa nueva que llegó al tema del camino, es un chiste lo que están echando en el camino, todos los días se levanta polvo, el tranque esta en proceso de cierre como dicen ellos, pero hay polvo que sale polvo contaminado, polvo de relave»

El hecho quedó registrado en diferentes fotografías que subieron los lugareños a las redes sociales y muestra claramente el polvo en suspensión, el que sería un «polvo contaminado», acción que los lleva a tomar esta drástica decisión que podría prolongarse por las próximas horas si es que la Minera Los Pelambres no cumple con todas lo normas que los habitantes del lugar exigen, sobre todo en temas ambientales.

Conflictos ambientales de «Minera Los Pelambres»

Recordemos que esta no es la primera vez que minera Los Pelambres vive este tipo de situaciones, tiene un tranque de relave en la cabeza de la cordillera de Salamanca y por lo mismo siempre está cuestionada por su accionar medio ambiental, ademas de los otros conflictos que ha tenido en Caimanes.

 

La noticia continua en desarrollo, los vecinos están decididos a continuar durante la mañana con este paro en la carretera, si es que no se toman medidas durante las próximas horas.

Fuente:https://www.cuartovalle.cl/blog/contaminaci%C3%B3n-enoja-a-salamanca-habitantes-cortan-entrada-a-minera-los-pelambres

Los pescadores artesanales de Mejillones presentaron este miércoles una demanda de indemnización de perjuicios en contra de la Minera Michilla S.A., perteneciente al grupo Luksic, por un episodio de vertimiento de ácido sulfúrico ocurrido en septiembre de 2017 en Puerto Michilla.

La acción judicial fue interpuesta a través del abogado César Antonio Barra en representación de 219 pescadores artesanales, recolectores de orilla y buzos mariscadores, quienes exigen el paso 13.140 millones de pesos ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Tras el problema, la empresa admitió la situación en que se derramaron 2.400 litros de ácido sulfúrico. “Un minuto después de detectado el evento, se produjo la detención inmediata de la descarga de ácido, lo que permitió controlar los posibles efectos de este incidente”, aseguraron mediante un comunicado, aunque mantuvo a las embarcaciones sin poder utilizar el puerto durante al menos dos días.

Sin embargo, pescadores artesanales y grupos ambientalistas cuestionan esta versión e indican que la emergencia se extendió mucho más de lo que asegura la empresa perteneciente a Antofagasta Minerals, y que el daño hoy se expresa en la muerte de aves, animales y pérdida de importantes recursos marinos.

“Las aguas de Mejillones fueron contaminadas por la negligencia de una empresa minera que esta vez derramó un tóxica sustancia como es el ácido sulfúrico, poniendo en riesgo el ecosistema del lugar y la salud de los habitantes. Se deben exigir las medidas necesarias serias para evitar que los derrames sigan ocurriendo en nuestros mares”, indicó Mauricio Ceballos, vocero de Greenpeace.

Así las cosas, será la justicia la que tendrá que determinar los alcances que tuvo el incidente.

Fuente:https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/actualidad-economica/2018/07/13/crisis-del-azucar-iansa-confirma-cierre-de-planta-en-maule-y-4-000-personas-se-veran-afectadas.shtml

Desde que el precio del cobre superó los 3 dólares la libra se reactivaron los proyectos de inversión minera en Chile, lo que ha sido celebrado por diversos medios como un gran beneficio para el país. Documentando la reactivación de la inversión minera el año 2017, Cochilco publicó un informe titulado precisamente así, “Inversión Minera en Chile”, en el que celebra que la inversión minera proyectada para el período 2017-2026 alcance un monto de US$ 64.856 millones.

Sin embargo, el Anuario de Cochilco 2016, al reportar la tributación de las 10 mayores mineras privadas, nos informa que para el ejercicio 2016 ella alcanzó la ridícula suma de US$ 17,6 millones. En el mismo ejercicio, el mismo cuadro informa que la tributación de Codelco alcanzó a US$ 950,8 millones, mientras que Enami tributó US$ 8,8 millones.

Esto quiere decir que Codelco tributó 520,4 dólares por tonelada de cobre producida, Enami 60,90 dólares, y las grandes mineras extranjeras apenas 4,60 dólares por tonelada de cobre que se llevaron de nuestro país. Esa es la diferencia entre la producción estatal y la producción privada de nuestro mineral.

Esa es la inversión extranjera en el país que celebra El Mercurio, Cochilco, el gobierno, el Consejo Minero, la Sonami, y todos aquellos que rajan vestiduras en favor de la inversión extranjera. Por ignorancia los más, y por jugosas “coimisiones” los menos, gracias a boletas de honorarios por servicios no prestados como quedó en evidencia en los juicios Penta y SQM.

La inversión extranjera en la minería, se mire como se mire, es funesta, infamante, escandalosa, inicua, vil…

Además, sigue siendo absolutamente innecesaria. Chile, después de la nacionalización del cobre, nunca necesitó de inversión extranjera para desarrollar su minería. Codelco, entre 1973 y 1989, aumentó su producción desde 615 mil toneladas a 1 millón 243 mil toneladas, doblando su capacidad productiva.

Si agregamos las 50 mil toneladas de aumento de la producción de Enami, el Estado chileno financió el aumento de la producción mundial de cobre en 678 mil toneladas. Todo el resto de empresas mineras del mundo, en el mismo período de tiempo, aumentó la producción en solo 599 mil toneladas,

En el periodo 1973 y 1989 el Estado de Chile –Codelco y Enami– pudo financiar más de la mitad del crecimiento mundial de la producción de cobre. Esa es la prueba más contundente que Chile no necesitaba de ninguna manera la inversión extranjera para desarrollar su minería.

No hubo en los años ochenta del siglo pasado, ni en los años noventa, ni en este siglo, ninguna justificación económica para la inversión extranjera en nuestra minería. El Estado chileno podía financiar con sus propios medios, de manera planificada y progresiva, el desarrollo de la minería en modo tal de no generar sobreoferta, manteniendo un justo precio del cobre y del molibdeno.

La inversión extranjera que se expandió de manera considerable y catastrófica para la economía chilena a partir de 1990, no es el fruto de la conversión ideológica de los dirigentes de la Concertación, que la facilitaron, sino a la corrupción. Los juicios Penta, SQM y Sernapesca lo acreditan, al tiempo que esos casos no son sino la punta del iceberg de la gran corrupción que se paga desde y hacia cuentas secretas en paraísos fiscales de las Islas del Caribe.

Algunos interesados expertos, defendiendo el “aporte” de la minería extranjera, dicen que ha generado una considerable expansión del empleo en la minería. Sin embargo eso no es sino un espejismo típico del desierto: la realidad es muy diferente.

Según las cifras de los Anuarios de Cochilco, en 1990 el personal ocupado en la minería del cobre era de 46.248 personas. De las cuales 20.484 trabajaban en la mediana y pequeña minería, o sea el 45% del total. Diez años después, el año 2000, el empleo en la minería del cobre era de 33.637 trabajadores, del cual solo 5.036 en la mediana y pequeña minería: 15.448 trabajadores menos que en el año 1990.

El empleo en la gran minería, incluyendo a Codelco, pasó de 25.674 personas en 1990, a 28.601 el año 2000, con un aumento de solo 3.073 trabajadores. Sin embargo, la producción de cobre de la gran minería pasó de 0,13 millones de toneladas a 2,7 millones de toneladas. Hablando de productividad…

En la pequeña y mediana minería el empleo bajó en 15.448 trabajadores entre 1990 y el año 2000, por efecto de la catastrófica caída del precio del cobre provocada por el colosal aumento de la producción de cobre en Chile por la gran minería extranjera.

En suma, entre 1990 y el año 2000, época del auge de la inversión extranjera en la minería, se produjo en Chile un colosal aumento de la producción de cobre por las transnacionales mineras, pero el empleo, en vez de aumentar disminuyó en cerca de 13 mil trabajadores, según las estadísticas de Cochilco.

Ello fue el producto de la eliminación de empleo en la pequeña y mediana minería, como consecuencia del desplome del precio del cobre que pasó de 1,50 dólares en 1990 a solo 0,70 dólares el año 2000. Caída del precio ocasionada por la colosal sobreproducción de cobre de las empresas extranjeras.

La gran minería, que exporta esencialmente concentrados, sin fundir ni refinar el cobre en Chile, genera poco empleo: el proceso productivo es altamente automatizado y algunos procesos han sido robotizados.

Informes del SII prueban que, hasta el año 2004, solo Minera Escondida pagó impuestos de Primera Categoría –US$ 490 millones–, pero el resto de las mineras extranjeras, entre las cuales Los Pelambres, no pagaron un solo peso de impuesto a la renta. Varias de ellas no pagaron ningún impuesto hasta el año 2006.

Con el aumento del precio del cobre, en el periodo 2006-2016, el Impuesto de Primera Categoría pagado por las 10 principales mineras rondó los US$ 18.000 millones. En ese mismo periodo de tiempo, Codelco, que produce menos de la mitad de las mineras extranjeras, aportó excedentes al Estado del orden de US$ 52.000 millones.

Lo que precede pone en evidencia lo nefasto e innecesario de la inversión extranjera en la minería. Por el contrario, la Nacionalización de la Gran Minería del Cobre le ha aportado al país más de US$ 120.000 millones. Es una de las razones por las que la Nacionalización es el mayor éxito económico de la toda la historia de Chile.

Este 11 de julio celebraremos el 47 Aniversario de la Nacionalización del Cobre, el Día de la Dignidad Nacional.

Fuente:https://madmimi.com/p/75818c?fe=1&pact=16483157-146184720-4473055447-1257b24582047ec60b560d36bf67ab0645f54e81

Si se analiza el Salar de Atacama en el largo plazo, prescindiendo de sus arbitrarias sectorizaciones, y se comparan las sumas totales entre renovabilidad o recarga de aguas (mal llamada oferta de recursos hídricos) y la demanda comprometida, que corresponde a la suma de los derechos otorgados, se puede notar que el Salar en su conjunto ya se encuentra sobreotorgado. La empresa Minera Escondida Ltda. tiene un derecho al agua por un límite de 21 años (1997- 2018) y actualmente pretende extender su uso por 11 años más, habiéndose demostrado los impactos ambientales que produjo disminuyendo el volumen del agua del acuífero, efecto que se mantendría por más de 500 años. El Movimiento por el Agua y los Territorios, rechazan las pretensiones de Minera Escondida Ltda. y exigen a la Dirección General de Aguas que declare al Salar de Atacama como Área de Restricción.

La legislación vigente que regula al medio ambiente en Chile es la ley de bases del medio ambiente (Ley Nº 19.300 de 1994 y sus modificaciones) e institucionalmente el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Sin embargo, con respecto al agua existe el Código de Aguas del año 1981 impuesto por la dictadura en el cual se obliga a la Dirección General de Aguas (DGA) a entregar al recurso gratuitamente, en forma perpetua y en propiedad, creando un mercado sobre un bien nacional de uso público fundamental para la vida y para el desarrollo de los pueblos. Ello, sumado a las diversas privatizaciones de las funciones estratégicas del Estado en este ámbito, así como en los rubros de la minería y la energía, entre otros, convierten a Chile en uno de los países más neoliberales del mundo desde la consolidación de un conjunto de prácticas extractivistas.

Desde el punto de vista de la asignación del agua, y más precisamente, en cuanto a los derechos de aprovechamiento de aguas, es claro que existen usos muy distintos y niveles de extracción extremadamente diferentes. Sin embargo, en términos generales una de las mayores inconsistencias en Chile, desde el punto de vista de cuidado del ambiente, es que los derechos de aguas se tramitan absolutamente fuera del marco ambiental, y que el uso que se declara en la actualidad al momento de solicitarlo no constituye obligación alguna para dicho derecho, generándose un descontrol absoluto y una casi nula planificación sobre este bien común fundamental. Esta forma de manejo del agua resulta aberrante para proyectos industriales de gran envergadura, especialmente para los del sector minero y del sector hidroeléctrico, los cuales presionan para que se les apruebe los estudios de impacto ambiental, puesto que son dueños del agua que pretenden emplear. Ello, sumado al lobby que los empresarios mineros desarrollan sobre legisladores y gobernantes que ha llevado a la aprobación de proyectos que, en general, benefician principalmente a firmas transnacionales, las cuales se escudan ideológicamente en la generación de empleo por parte de sus megaproyectos.

En la actualidad, existe un caso e trámite que permite graficar lo anterior. Se trata de un proyecto minero que por lo visto pretende perpetuarse explotando el Salar de Atacama, luego de haber obtenido en forma gratuita y a perpetuidad sus derechos de aprovechamiento de aguas, a través del esquema aún vigente.

Por medio de la Resolución de Calificación Ambiental Nº 1 de 1997, se aprobó el proyecto: “Lixiviación de óxido de cobre y aumento de la capacidad de tratamiento del mineral sulfurado”, de Minera Escondida Ltda. (operada principalmente por BHP Billiton), a través del cual se dio la aprobación a la extracción de 1.400 litros/segundo desde la zona sur del Salar de Atacama, sin perjuicio de las extracciones de otros titulares. Al revisar el Estudio de Impacto Ambiental, dentro del subcapítulo Evaluación de Impacto Ambiental en el Área Monturaqui-Tilopozo, se señala lo siguiente: “La limitación del tiempo del bombeo de 21 años por parte de Minera Escondida Ltda., es una medida efectiva de mitigación, cuya validez y efectividad en el tiempo se confirmará mediante los monitoreos respectivos”.

Sin embargo, dado la inminente finalización del proyecto, se encuentra el trámite el denominado “Proyecto Monturaqui”, por medio del cual Minera Escondida Ltda. pretende continuar con la explotación de la zona sur del Salar de Atacama, denominada técnicamente Tilopozo-Pajonales o sector acuífero C2.

La Dirección General de Aguas, por medio de la Resolución Nº 120 del año 2015, declaró Área de Restricción a la zona en cuestión debido al sobreotorgamiento que superaba seis veces la capacidad de renovabilidad natural del acuífera. Específicamente, se constituyeron derechos por 2.427 litros/segundo ante una oferta de 403 litros/segundo, según el Informe Técnico DGA-DARH Nº234 del año 2014.

Si se analiza el Salar de Atacama en el largo plazo, prescindiendo de sus arbitrarias sectorizaciones, y se comparan las sumas totales entre renovabilidad o recarga de aguas (mal llamada oferta de recursos hídricos) y la demanda comprometida, que corresponde a la suma de los derechos otorgados, se puede notar que el Salar en su conjunto ya se encuentra sobreotorgado. Es decir, si se emplearan simultáneamente todos los derechos ya entregados, al cabo de cierto tiempo se secaría el Salar de Atacama, provocándose una mortandad de especies sin precedentes sobre zonas protegidas, como es el caso de la Reserva Nacional los Flamencos y otras zonas que se encuentran bajo protección oficial.

Sin embargo, haciendo caso omiso a lo anterior, en otras zonas del Salar de Atacama se siguen otorgando derechos de aguas de tipo definitivos, sin tener en cuenta el balance que en conjunto debería realizarse, ni la afectación que paulatinamente se está generando, tanto hacia las reservas de aguas subterráneas como sobre las aguas protegidas que se encuentran en la emblemática cuenca.

El impacto ambiental que se generaría a largo plazo consiste en, disminuciones de los niveles de las lagunas y de los humedales de altura, con la consecuente pérdida irrecuperable de flora y fauna.

No obstante dicha situación, las pretensiones de Minera Escondida Ltda. es proseguir con la explotación durante 11 años más de la zona sur del Salar de Atacama, lo que produciría la afectación de la zona por siglos, tal como lo afirma la oficina regional de Antofagasta de la DGA, según consta en su oficio Nº 450 del 2 de agosto de 2017, al señalar, respecto a la disminución del volumen de agua del acuífero MNT que la duración del impacto se mantendría por un período superior a 500 años. Además, el contundente informe señala que Minera Escondida Ltda. ha entregado un Estudio de Impacto Ambiental ampliamente deficiente en los que se han omitido significativos impactos ambientales.

El Movimiento por el Agua y los Territorios rechazan las pretensiones de Minera Escondida Ltda. y exigen a la Dirección General de Aguas que declare al Salar de Atacama como Área de Restricción dado que es un sistema integrado cuyo resguardo es de su competencia, conforme a la Resolución Nº 87 del año 2006 de dicha institución.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/chile/item/41466-minera-escondida-y-el-sobreotorgamiento-del-agua-en-el-salar-de-atacama

Un conjunto de organizaciones del valle del Aconcagua, presentaron en la oficina de partes de la gobernación de San Felipe, una carta dirigida al director regional del servicio de evaluación ambiental, solicitando el fin de la tramitación de la declaración de impacto ambiental presentada el día 4 de junio por la compañía minera Vizcachitas holding.

Las organizaciones vienen a “exigir al director del sea que rechace la evaluación de impacto ambiental presentada por la minera Vizcachitas holding  puesto que no reúne todos los antecedentes ni la legalidad para ser evaluado, eso estamos haciendo como comunidades y distintas organizaciones de Putaendo, que estamos preocupadísimos por el procedimiento de esta empresa, que ha demostrado ser una empresa muy poco seria ni confiable por lo tanto estamos en este momento haciendo esta solicitud para su rechazo”.

Señala Esperanza Álvarez miembro del movimiento Putaendo Resiste quien además agrega “respecto a la ilegalidad recordar y destacar de que esta empresa recibió una sanción el año 2017 por parte de la superintendencia de medioambiente, donde queda en evidencia que ha procedido y actuado de manera ilegal, de que todos los sondajes que han realizado debieron haber sido sometidos a un estudio que jamás ha sido ingresado ni ha tenido una resolución de calificación ambiental”.

Es por esto que la carta enviada al director regional del servicio (sea) menciona 5 puntos por los cuales esta declaración debiese ser rechazada, entre los cuales destacan, el rechazo unánime del Gobierno Regional del proyecto, la falta de información esencial de la declaración, aludida por servicios como CONAF, SAG, SERNAPESCA y SEREMI de salud y la omisión de esta declaración como parte de un plan de cumplimiento en respuesta a la infracción resuelta por la superintendencia de medioambiente.

Ante los hechos señalados Lucio Cuenca directo del observatorio latinoamericano de conflictos ambientales (OLCA) recalca que la“Minera Vizcachitas Holding pretende blanquear (regularizar) sondajes y obras asociadas realizados de manera ilegal desde el año 2007, con este objetivo presenta una declaración de impacto ambiental (DIA) que no incluye todas las operaciones realizadas ni la información mínima para evaluar y dimensionar los impactos, considerando que ya no es posible actuar de manera preventiva lo que corresponde es no seguir tramitando este proyecto.

El director regional del sea debe antender la exigencia de una comunidad activa que exige proteger el territorio y el agua frente a una empresa tramposa e irresponsable”.

Por su parte Ignacio Pinto representante de la agrupación Raíces de Aconcagua declara que “como lo señala la carta enviada al director regional del servicio, esta declaración cuenta con errores graves, gravísimos en su presentación. Siendo el envió de esta carta de gran relevancia, al ser enviada por las comunidades directamente afectadas, las que no contando con el mismo acceso y técnica de entidades como CONAF, SAG o SEREMIAS, han logrado formular de manera tajante su oposición al proyecto, encausando a través la vía institucional una lucha que han dado desde hace ya largos años”.

En esta misma línea Alejandro Valdes miembro del movimiento Putaendo Resiste comenta que “las acciones que realizamos como personas dignas de Putaendo son para demostrar que el pueblo cuando se empodera y se hace cargo de sus necesidades y sueños, puede abrir espacios para actuar en comunidad por sobre los personajes políticos de turno. Debemos confiar en nuestras capacidades y luchar con esperanza por nuestra calidad de vida”  concluye el dirigente quien anuncia futuras movilizaciones.

Fuente:https://diarioaldia.cl/inicio/2018/07/05/comunidad-de-putaendo-exige-al-director-regional-del-sea-el-retiro-de-proyecto-minero/

Un grupo internacional de científicos sugiere prohibir la actividad en áreas donde convergen especies de distintas regiones o en las que se produce intercambio genético. Una explotación sin control podría llevar a extinciones locales e incluso globales, aseguran los expertos.
Pérdida de contacto entre las comunidades biológicas, alteraciones irreversibles en los ecosistemas marinos y potenciales extinciones regionales e incluso globales, aparecen entre los mayores peligros que podría generar la explotación sin control de recursos minerales en el lecho oceánico.

Así lo advierte un estudio que publicó ayer la revista Science Advances, y en el que un grupo internacional de científicos define criterios básicos de protección de áreas sensibles y que debería considerar la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA).

La entidad trabaja en un marco regulatorio legal y ambiental para la minería submarina en aguas internacionales, es decir, las que están más allá de la soberanía de cada nación. Sus técnicos están reunidos esta semana en Kingston, Jamaica, para avanzar en el documento, que debería estar listo en un plazo de dos años, adelanta el abogado chileno Gastón Fernández, miembro de la comisión jurídico-técnica del organismo.

Si bien no se ha extraído ningún gramo de mineral, la ISA ya ha concedido 29 concesiones de exploración. Diecisiete son para explorar nódulos polimetálicos (esferas rocosas que contienen diversos minerales en estado de muy alta pureza) en la zona de fractura de Clarion-Clipperton, en medio del Pacífico, y en la cuenca central del océano Índico. Otros siete contratos son para explorar sulfuros polimetálicos (minerales con alto contenido de metales, generados en áreas geológicamente activas) en las cordillera submarina del océano Índico y la cordillera o dorsal del Atlántico Central, mientras hay cinco contratos para explorar costras ricas en cobalto (mineral clave para enfriar las pilas de litio) en el océano Pacífico occidental.

Zonas sensibles

Los autores de la publicación plantean que la ISA debería impedir la explotación de áreas consideradas como de transición biogeográfica -donde confluyen especies de distintas regiones-, zonas de hibridación genética -donde se pueden mezclar especies con material genético no muy diferenciado- o en las fronteras de las fallas geológicas. Asimismo, recomiendan que en las zonas de montes submarinos o con presencia de chimeneas submarinas activas, ambas con alta presencia de biodiversidad, se proteja al menos el 50% del área intervenida.

Si bien la propuesta apunta solo a la minería más allá de las 200 millas, los expertos reconocen que bien podría servir de marco de referencia para la misma actividad en aguas territoriales.

Los más adelantados en este campo son los canadienses de la compañía Nautilus Minerals, que ya tiene una concesión del gobierno de Papúa Nueva Guinea y cuenta con parte de la tecnología para las faenas de extracción de nódulos polimetálicos, que incluyen cobre, oro y plata.

En el caso chileno, la ley establece que todos los yacimientos en aguas jurisdiccionales solo pueden ser explotados por el Estado, concesiones administrativas o contratos especiales. Hasta ahora, ninguna se ha materializado, pero el hallazgo de enormes yacimientos de nódulos de hidratos de metano al sur de Tierra del Fuego, sumado a otros descubrimientos semejantes en la costa entre Valparaíso y Puerto Montt, podría acelerar este tipo de explotación.

«Esta minería no debería ser tan contaminante como la terrestre, porque no involucra explosiones de roca. Los nódulos están prácticamente en el lecho marino y podrían ser retirados en forma relativamente sencilla, por ejemplo, con sistemas parecidos a aspiradoras», dice Fernández. No obstante, el abogado reconoce que si hay que explotar el subsuelo y resulta necesario hacer zanjas o piques, eso sí podría afectar el entorno.

Fuente:http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=484463

“En Chile hay 5.748 glaciares que cubren más de 22 mil km2. En la zona central, adelgazan dos metros por año y el volumen de hielo es 30% menor que las primeras estimaciones”, explica Gonzalo Barcaza, exjefe de la Unidad de Glaciología y Nieves (UGN) de la Dirección General de Aguas (DGA).

Para Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, hoy los glaciares están desprotegidos debido al retiro del apoyo del gobierno al proyecto de ley que buscaba su conservación.

“Es preocupante que se retire una moción parlamentaria que obtuvo patrocinio del gobierno anterior y que responde a una inquietud de la sociedad chilena. Es una mala señal”, dice.

Pero desde el Ministerio de Medio Ambiente, la ministra Marcela Cubillos afirma que la protección de los glaciares sí es una prioridad para el gobierno. “La moción que estaba en discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara no otorgaba una eficaz protección a los glaciares y así lo manifestaron no solo sus autores, sino el informe de la Corte Suprema y también del actual contralor y diversas ONG ambientalistas”, explica.

La ministra agrega que la manera más conveniente de procurar una protección adecuada es a través del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, hoy en discusión en el Senado. “El gobierno no apoya esa moción parlamentaria, pero sí respalda la protección jurídica de los glaciares. Además, se iniciará el trabajo hacia una ley marco de cambio climático que por supuesto incorporará el resguardo y el cuidado de los glaciares”.

Pero Larraín critica esa visión: “De lo que se va a preocupar ese proyecto es de las reservas marinas y parques nacionales. Hoy no ha entrado ninguna indicación que establezca que dentro de las áreas protegidas se van a resguardar los glaciares. Hay algunos en parques nacionales, pero en las zonas más críticas, entre Coquimbo y el Maule, están fuera de áreas protegidas, con la excepción del glaciar El Morado, en el Cajón del Maipo”.

Otro de los factores que contribuyen al conflicto sobre protección de glaciares es el cierre de la Unidad de Glaciología y Nieves creada en 2008 con el propósito de tener información y equipos técnicos para monitorear el estado de los glaciares.

Barcaza, quien hasta marzo de 2018 era jefe de la UGN, dice que la medida es un retroceso en materia técnica y de información sobre glaciares. “Hay cupos que no se repusieron, cupos técnicos, y si no se mantiene la red de monitoreo de glaciares -en la cual se invirtieron ocho mil millones de pesos- va a tener poca vida útil. Ya se perdió una estación por falta de mantención. Se van perdiendo equipos de registro continuo, estaciones fijas que funcionan solas y que hay que mantenerlas, lo que no se ha hecho”.

Juan José Rocco, asesor de la DGA, aclara que no es un cierre, sino una transformación. Explica que la DGA está dando los pasos para que en el corto plazo Glaciología y Nieves se transforme en una división, es decir, en una estructura permanente del Ministerio de Obras Públicas, “porque existe absoluta claridad de la necesidad de proteger y crear conciencia de la importancia de nuestros glaciares”, dice.

Glaciares y minería

El proyecto de ley que protege los glaciares fue retirado, según Larraín, por la “férrea oposición” de las mineras. “Joaquín Villarino (presidente del Consejo Minero) en una carta al director (publicada por La Tercera el jueves) dice que proteger los glaciares dificulta la expansión minera y que el país no se puede dar el lujo de proteger los glaciares. Es muy claro que el mandante de la ministra es el Consejo Minero, si no, la ley podría haberse aprobado perfectamente”, afirma.

Pero Villarino dice que si bien el deber del Consejo Minero es contribuir a la elaboración de políticas públicas, este “no ejerce presiones sobre las autoridades ni boicotea proyectos de ley”.

Agrega que la minería es compatible con la protección de glaciares. “Si un proyecto minero o de cualquier naturaleza es susceptible de afectar un activo ambiental, como un glaciar por ejemplo, se debe evaluar antes su impacto y se exigen las medidas de mitigación y/o compensación pertinentes”. Villarino añade que “las empresas mineras no son las causantes de la acentuada disminución de la superficie glaciar como han querido hacer creer algunos. El culpable es el cambio climático”.

Sin embargo, Larraín explica que la minería es responsable directa de la destrucción de los glaciares y menciona los impactos negativos que tiene: “La minería los perfora, hace plataformas de exploración y caminos encima de ellos. En la etapa de explotación de la mina, los glaciares se dinamitan, se contaminan con derrames de aceite, petróleo y, además, el polvo en suspensión los cubre, lo que los oscurece y con eso aumenta la tasa de derretimiento”.

Respecto de la escasez de agua, Villarino dice que si hay un impacto que afecte la disponibilidad hídrica de una cuenca, el proyecto debe hacerse cargo adecuando su emplazamiento, diseño o tecnologías. Si lo anterior es insuficiente, se deberán adoptar medidas de compensación.

“Es muy grave lo que está pasando. En un contexto de cambio climático, la responsabilidad de reducir vulnerabilidades del país es del gobierno. Pero si tiene una agenda con una prioridad pro inversión, es obvio que proteger el agua y los glaciares afecta el negocio. El país puede vivir sin minería, pero no puede vivir sin agua”, afirma Larraín.

Fuente:http://www.latercera.com/tendencias/noticia/guerra-fria-los-glaciares/228576/