Presentamos una nueva entrega del dossier “Alternativas populares en debate” donde luchadores sociales e intelectuales críticos comparten su mirada, el análisis y su pronóstico para el ciclo de luchas necesario para una transformación profunda de la sociedad. Compartimos aquí las opiniones de  Horacio Machado Aráoz*

1) ¿Ve una posibilidad de eventual “vuelta” de gobiernos progresistas en Latinoamérica? ¿Qué implicancias o viabilidad tienen estos “modelos” hoy? ¿Se agotó el denominado ciclo progresista?

Independientemente de que no cabría descartar un eventual “regreso” electoral de alguna expresión del progresismo en algunos países (a corto plazo, Argentina o Brasil) e inclusive, más allá de la continuidad de ciertos gobiernos (algunos emblemáticos como el de Evo Morales en Bolivia, otros problemáticos como el de Maduro en Venezuela, y otros tenues o difusos como el del Frente Amplio en Uruguay), considero que el ciclo de los gobiernos progresistas en la región está definitivamente agotado; agotado y fracasado, al menos si hablamos de ellos en términos de sus posibilidades de generar o alentar condiciones de transformación de la dominación capitalista. En esos términos, estamos hablando de experiencias políticas absolutamente fallidas y caducas.

Reafirmando nuestra consideración de que tales gobiernos significaron la continuidad (y hasta la profundización) del neoliberalismo por otros medios, ese eventual regreso estaría más bien enmarcado en las condiciones de inaceptabilidad social y resistencia política a los gobiernos de ultra derecha que se perfilan en la región, pero muy improbablemente constituyan de por sí una bisagra hacia verdaderas alternativas de cambio.

Por lo demás, no hay condiciones macroeconómicas (ni internas ni externas) para intentar cierta re-edición del programa de “crecimiento con inclusión social” que caracterizó a dicho ciclo. Se trata de un programa que dio muestras de resultar estructuralmente perjudicial e inviable. La pretensión de ‘escapar’ de los males estructurales del capitalismo periférico-dependiente a partir de la profundización y aceleración de la matriz primario-exportadora -con el único matiz heterodoxo de una ‘gestión keynesiana’ de la renta extractivista-, se evidencia hoy a todas luces como un absurdo total; precisamente porque esa matriz extractivista es la marca de origen, el ADN constituyente y constitutivo de nuestra dependencia; la más profunda y pesada herencia colonial. Más allá de la retórica propagandística, lejos de procesos de industrialización y recuperación de bases materiales para un desarrollo autónomo, durante el ciclo de los gobiernos progresistas asistimos a la intensificación de una dinámica de re-primarización, extranjerización y ultra-concentración de nuestras economías, lo que nos sumergió en escalones más profundos de integración subordinada y dependiente de la acumulación global. Pretender ignorar los límites y los condicionamientos histórico-estructurales que el capitalismo implica e impone en las economías periférico-dependientes, me parece una ceguera difícil de entender, sobre todo en el siglo XXI, tras tanta inteligencia crítica acumulada por las luchas y las investigaciones sobre la naturaleza y dinámica de nuestras sociedades[1].

Ahora bien, más allá de los impedimentos económicos estructurales, hay que decir que el ciclo progresista está políticamente perimido (al menos, así debiéramos entenderlo). Me parece un total desvarío imaginar un proyecto pretendidamente transformador basado en la expansión del consumo/ismo; confundir socialización y democratización con la ampliación del mercado de consumidores. No se pueden seguir ignorando los efectos que el “crecimiento” tienen sobre la(s) subjetividad(es) y la conciencia colectiva. No se puede desconocer que el crecimiento -incluso, concediendo que haya sido impulsado por la expansión del consumo popular- significa, inexorablemente, la expansión de las relaciones y el imaginario capitalistas, la ampliación de las fronteras de la mercantilización; en definitiva, la profundización de la sujeción y subordinación de la reproducción social de la vida a los imperativos del capital.

Si algo debiéramos aprender del “ciclo progresista” es que ningún proyecto de cambio o de transformación social puede basarse en aspirar a un “capitalismo con rostro humano”, a construir un “capitalismo nacional serio”, basado en la progresiva redistribución igualitaria del ingreso, y suponer que eso permitiría expandir indefinidamente el número de ‘incluidos’ (incluidos en el sistema)… Eso, a nuestro entender, es revivir la vieja fantasía desarrollista que sigue operando como núcleo duro de nuestra condición colonial, como la más difícil y desafiante barrera epistémica y política a superar, para realmente imaginar/proyectar los cambios emancipatorios que precisamos. Justamente, me parece que la frontera política entre un reformismo inconducente y estéril y las alternativas emancipatorias se sitúa entre la línea que separa las políticas de “inclusión”, de las políticas de transición radical hacia otros paradigmas civilizatorios. Necesitamos volver a pensar en términos de revolución y a aspirar a cambios revolucionarios. Pero eso implica también necesariamente revisar y reconceptualizar la idea de revolución. Ésta no puede ya ser pensada como un proceso que se hace desde arriba, y que precisa primero “la toma del poder del Estado”. Necesitamos imaginar el cambio revolucionario, como una profunda migración civilizatoria, que nos permita deconstruir y abandonar el patrón de poder colonial-patriarcal-capitalista en el que, no ya sólo como pueblo o región, sino como especie, estamos sumidos. Un cambio que implica salir-nos de las matrices antropocéntricas, productivistas, urbanocéntricas, de la modernidad/colonialidad hegemónica, a la que una vieja izquierda (y por cierto, el progresismo) sigue apegada.

2) ¿Qué caracterización hace del avance de gobiernos de derechas en los países de Nuestramérica? ¿Se puede hablar de una crisis de esos proyectos en la región y/o del macrismo en la Argentina?

Lamentablemente creo que estamos frente a algo más grave que a un ciclo de gobiernos de ultra-derecha en la región. Las amenazas que afrontamos en este tiempo no se reducen apenas al arribo de personajes nefastos al gobierno (los Macri, los Duque, eventualmente Bolsonaro etc.) y a la aplicación de políticas abiertamente clasistas-racistas-patriarcales. Más que una reacción conservadora desde los gobiernos, estamos ante a un fuerte proceso de fascistización social; una oleada de fascismo social que se extiende no sólo en la región sino también en el mundo (por lo menos, es muy evidente en los países del Norte Global). Como expresión sintomática de la agudización de la crisis civilizatoria en la que estamos inmersos, producto de casi cinco décadas de neoliberalismo, nuestras sociedades están siendo atravesadas por un fuerte proceso de des-humanización y donde las brechas de (in)humanidad entre grupos de clase, de género, étnicos, religiosos se hacen cada vez más marcadas y violentas.

Podríamos decir que el fascismo social tiene que ver con una situación en la que las élites pueden producir una situación de amnesia colectiva sobre los medios (de violencia estructural) que las llevaron a acumular sus privilegios; cuando esos privilegios se ven como ‘mérito propio’, y no como la contracara del despojo de vastas mayorías. Entonces, cuando se invisibilizan los crímenes históricos en base a los cuales se edificaron esos privilegios, además de la impunidad, esos crímenes se naturalizan, se sedimentan en las instituciones, los imaginarios y los cuerpos. Entonces, cuando eso pasa, las injusticias históricas dejan de ser vistas como tales, y pasan a (re)presentarse como posiciones ‘legítimamente ganadas’ por el “esfuerzo” o por el “mérito” propio. La difusión de la ideología meritocrática -por lo menos desde Malthus- alienta una concepción de la sociedad basado en la guerra competitiva de todos contra todos, el darwinismo social; en fin, un imaginario donde lxs despojadxs del mundo, ‘lxs débiles’, lxs incompetentes, resultan un lastre social. Ese imaginario es lo que llamamos propiamente fascismo social: eso legitima y habilita las políticas de “tolerancia cero”, es decir, las políticas despiadadas y de crueldad absoluta contra los pobres, lxs desempleadxs, las mujeres, lxs migrantes, los pueblos originarios, las sexualidades disidentes, en fin, contra toda aquella identidad social que no se avenga a los requerimientos de ‘normalidad’ del sistema.

Ahora bien, por otro lado, no se puede desconocer que este momento está políticamente relacionado con la fase anterior, con los extravíos del ciclo progresista. Sintética y provocativamente podríamos enunciarlo así “siembra (neo)extractivismo y cosecharás (neo)fascismo”, en el sentido que la avanzada extractivista que protagonizaron los gobiernos progresistas -y en base a la cual se financió la expansión desigual del consumo- implicó no sólo la intensificación de la violencia y las políticas de despojo sobre los territorios, sino también el abandono (unilateral) de la lucha de clases. Los gobiernos progresistas asumieron la vía de la conciliación de clases, creyeron posible y/o necesario la articulación con una “burguesía nacional” y alentaron “el ascenso de las clases medias” supuestamente como vía para “sacar a los sectores populares de la pobreza”.

La posterior caída de las cotizaciones de las commodities no sólo desnudó la insostenibilidad económica de esas políticas, sino también el carácter quimérico, ilusorio, de la promesa desarrollista. Las clases medias, las más propensas a aspirar los privilegios de las élites, están a la vanguardia de esta ola neofascista; sus frustraciones se expresan en términos de odio clasista, xenofobia, violencia machista, etc. A ello, hay que agregar la fuerte avanzada del discurso reaccionario de ciertos credos sobre amplias capas de sectores populares, y el estado de desmovilización y/o fragmentación de los movimientos sociales y las organizaciones políticas más combativas. Todo esto configura un cuadro general muy complejo, en el que, por cierto, no cabría descartar posibles crisis de gobernabilidad de los gobiernos de ultraderecha vigentes (más bien, es un horizonte con altas probabilidades). En todo caso, ante el escenario dado, las salidas o alternativas que se pueden llegar a abrir, resultan absolutamente imprevisibles, y no necesariamente positivas.

3) ¿Qué actores sociales y diferentes proyectos políticos aparecen como alternativas al macrismo?

Bueno, acá es necesario diferenciar las alternativas en el terreno electoral, de las que cabría señalar en el campo de los proyectos políticos que se vienen gestando en el campo popular y en la sociedad en su conjunto. En el plano electoral, lamentablemente no veo opciones esperanzadoras. Veo más bien un panorama sombrío que se halla signado por la sobrevivencia fantasmática[2] del ciclo progresista: como “fantasma populista” que tracciona el voto a la derecha[3], y como “fantasía desarrollista” que sigue ilusionando a ciertos sectores populares con un nostálgico retorno a las políticas expansivas, neokeynesianas, como las aplicadas durante el ciclo 2002-2013, en la fase del boom de las commodities.

En esa polarización, el espectro de alternativas ideológico-políticas se estrecha hacia el centro y hacia la derecha, presentándose el progresismo como “de izquierda”, lo cual nos deja entrampados entre una propuesta que promete y aspira a un “Estado social” gestionando mercado en expansión y una “sociedad de consumo de masas” frente a lo que se ve como la configuración de un Estado penal sosteniendo a sangre y fuego la brecha de (in)humanidad entre apropiadores y despojados.

En estos tiempos, de neoliberalismo recargado, el debate electoral está viciado por lo que entendemos como una errónea conceptualización del mismo que lo concibe apenas como un tipo de políticas económicas y de gestión gubernamental centrado en la dualidad Estado vs. Mercado, políticas keynesianas vs. políticas de ajuste, etc. Mientras, en tanto fase histórico-estructural de la acumulación capitalista global, el neoliberalismo avanza independientemente de los ciclos recesivos o expansivos, en su voraz híper-mercantilización de la vida y de las relaciones sociales. En ese marco, lo “más promisorio” que electoralmente pudiera pasar es que se lograra articular una expresión lo más amplia posible de una izquierda popular y anti-capitalista pasible de captar y canalizar el creciente estado de asfixia económica y frustración política de los sectores populares. Pero eso, por ahora, es una expresión de deseo más que una probabilidad fáctica.

Ahora bien, más allá de lo electoral, no se puede desconocer la potencia crítica y transformadora de ciertos movimientos sociales y populares emergentes en el escenario reciente. Me refiero en particular, a la irrupción de la gran oleada feminista que desde el Movimiento Ni Un Menos, hasta las movilizaciones por la legalización del aborto, están poniendo en cuestión un pilar clave del sistema, como el régimen patriarcal. Junto a los feminismos, las diferentes expresiones del ecologismo popular, las organizaciones de trabajadorxs desocupadxs y de la economía social, las entidades campesinas y de pueblos originarios, constituyen las insoslayables bases sociales de cualquier alternativa popular al macrismo, pero también a las versiones probables del progresismo. Más allá de que se logre fraguar (o no) un frente electoral alternativo, en todo caso hay un proceso de acumulación de experiencias de resistencia que oficiará como un contrapoder condicionará el margen de maniobra de éste o futuros gobiernos.

4) ¿Con qué ejes políticos y con quienes debería articularse el movimiento popular para enfrentar a la derecha y poner en pie una alternativa anticapitalista? ¿Podría mencionar medidas y/o propuestas concretas?

Me parece que la potencia política de los sectores populares organizados está en última instancia proporcionalmente relacionada con su autonomía y su creatividad. Desde ese lugar, creo que hay una diversidad de movimientos sociales y populares que han venido construyendo una agenda política realmente valiosa en términos de su radicalidad transformativa. Creo que estos movimientos -a diferencia de las opciones partidarias tanto progresistas como de la izquierda clásica- vienen haciendo aportes sustantivos en la prefiguración de un horizonte postcapitalista, postcolonial y postpatriarcal. En ese sentido hay todo un nuevo lenguaje que se ha venido construyendo y un nuevo imaginario en gestación que parte precisamente de la profunda convicción de la crisis terminal y el fracaso rotundo del modelo civilizatorio de “Occidente”; de la necesidad de trascender el horizonte antropocéntrico, productivista, individualista, desarrollista, urbano-industrialista que desde el sistema se nos presenta como el único horizonte deseable de “bienestar” y de “progreso”.

Si algo tienen en común los feminismos comunitarios latinoamericanos, con las perspectivas del ecologismo popular, las cosmovisiones originarias y campesinas y el ethos de la economía popular, es su convergencia en un horizonte post-desarrollista; el abandono de la idea acrítica de una economía en permanente expansión y de crecimiento infinito, y la revalorización de las economías del cuidado, de la reproducción de la vida, de valorización de las relaciones vitales y de las capacidades humanas; las ideas de sustentabilidad y de cultivo de la sociobiodiversidad y el valor clave del trabajo libre y de la producción social en manos de trabajadorxs libremente asociadxs.

Todo ese imaginario va a contrapelo de las ideas progresistas (y aún de las izquierdas ortodoxas) que tienen como horizonte la “redistribución de la riqueza”; acá estamos ante una gramática que presupone un cambio radical en el sentido social de la riqueza. Las ideas de Buen Vivir, de Derechos de la Naturaleza, de Plurinacionalidad, de Justicia Integral (étnica, genérica, generacional) son algunos de los postulados que tienen un sentido orientativo fundamental en esa transición civilizatoria. Y eso no queda así en un nivel metafísico, pues se ha ido encarnando/territorializando en prácticas concretas que tienen que ver con la producción autogestiva, la defensa de los territorios, la consolidación y ampliación de la agroecología y de desarrollo de las tecnologías sustentables, la estructuración de economías locales y de movimientos en pos de la soberanía alimentaria, la democracia energética y la justicia hídrica y climática. Esos principios, valores ético-políticos que desde las prácticas de re-existencia de nuestros pueblos se han ido gestando, nos parecen los criterios más valiosos que tenemos como orientación hacia un caminar que procura realmente trascender el actual régimen de dominación capitalista-colonial-patriarcal. Esos, a mi modesto entender, deberían ser los ejes fundamentales a no perder de vista en todo proceso de articulación política y construcción colectiva.

5) ¿Qué rol juega la institucionalidad democrática actual en la construcción de alternativas populares?

Es claro que esa institucionalidad, la del constitucionalismo republicano y representativo ha sido diseñado ab initio para restringir las concepciones más radicales de la democracia, para enmarañar y/o limitar en todo caso el ejercicio de la soberanía popular. A esas limitaciones de origen, se han ido sumando un conjunto de factores y problemas harto conocidos[4] que en términos agregados dan como ‘resultado’ no sólo la configuración de modos de gobierno que distan muchísimo de responder a la “voluntad de las mayorías”, sino que más aún están en la raíz de la profunda crisis de legitimidad del sistema y en la ‘despolitización’ de amplios sectores.

Con ello, es claro que esta institucionalidad política constituye un pesado lastre que funciona más como obstáculo que como facilitador de las alternativas populares, emancipatorias, y que avanzar en esa dirección requerirá inexorablemente cambios radicales en las instituciones y en lo que se entienda como sistema de gobierno (cambios que, por cierto, incluyen una transformación sustancial de la forma Estado).

Sin embargo, no podemos desconocer que estamos en un momento muy complicado, en el que las propias limitaciones de la democracia liberal están siendo amenazadas y degradadas. Como en otros momentos de la historia, queda claro que el capitalismo impone un techo taxativo a las aspiraciones de la soberanía popular, pero ni siquiera es capaz de garantizar un piso mínimo de la formalidad democrática: en tiempos de crisis, hasta esa definición minimalista, procedimental, de la democracia se ve amenazada y puede ser suprimida. Este escenario nos pone a la defensiva, en la necesidad de resistir los intentos en curso de perforar más aún el piso de derechos y garantías, aún siendo conscientes de lo extremadamente insuficiente de ese piso. Nos pone -a mi modesto entender- en la necesidad de no descuidar el campo de batallas de lo electoral y del sistema de representación y o pero, al mismo tiempo, no perder de vista que el propio campo de acumulación política pasa por esos otros espacios de construcción de autonomías, imaginarios, territorios/cuerpos practicantes de regímenes otros de relaciones, modos de vida radicalmente alternativas.

Esto último es lo que me parece central. Pues, estamos ante una situación en la que afrontamos la avanzada de una nueva derecha, de una derecha envalentonada, masificada y radicalizada, con las matrices de una vieja izquierda (me refiero a las opciones político-electorales); una izquierda desconcertada y desorientada, que ha perdido la capacidad para ofrecer un horizonte de futuro. Ante ese vacío, es clave la construcción en marcha de las re-existencias desde abajo.

Investigador de CONICET. Coordinador del Equipo de Ecología Política del Sur (CIT-Catamarca Conicet– UNCA). Director del Doctorado en Ciencias Humanas, Fac. de Humanidades (UNCA).

[1] Me refiero al hecho elemental de que las teorías sociales latinoamericanas -desde el estructuralismo cepalino a la teoría de la dependencia, abarcando incluso versiones de las teorías de la modernización y por supuesto, las perspectivas descoloniales- han hecho una profunda crítica de los regímenes primario-exportadores como la base de todos nuestros problemas estructurales. En los autores clásicos, según los casos, superar ese modelo era visto como una condición ineludible para superar nuestro “subdesarrollo”, “dependencia” o “condición colonial”. Cabe resaltar también lo de “problemas estructurales”, pues como queda claro en los análisis de autores tan disímiles como Raúl Prebisch, Gino Germani, Cardoso y Faletto, o Florestán Fernandes, Theotonio Dos Santos, Marini, González Casanova, etc., los modelos primario-exportadores no sólo implican limitaciones macroeconómicas, sino que también están en la base del carácter oligárquico de los regímenes políticos, las estructuras de clases tan desiguales y los fenómenos del autoritarismo, el racismo y el colonialismo interno.

[2] Apelo a estas categorías propuestas por Adrián Scribano para dar cuenta de las políticas de regulación de las emociones por las cuales el capital produce condiciones estructurales de soportabilidad social (de la expropiación/opresión) y de coagulación de la acción. Al respecto véase: Scribano, A. (2008) “Fantasmas y fantasías sociales: notas para un homenaje a T.W. Adorno desde Argentina”, Intersticios, Revista de Sociológica de Pensamiento Crítico, http://www.intersticios.es/article/view/2791. También: Scribano, A. (Comp.) (2013) “Teoría social, cuerpos y emociones”, Estudios Sociológicos Editora: http://estudiosociologicos.org/portal/teoria-social-cuerpos-y-emociones/.

[3] Acá hago referencia al uso y abuso hecho por el establishment mediático y gubernamental de los escándalos de corrupción que tiñen las administraciones progresistas, así como también a la debacle de la economía venezonala, y la deriva personalista e incluso autoritaria que se vislumbra en ciertos países (el gobierno de Maduro en la República Bolivariana de Venezuela y el de Daniel Ortega en Nicaragua). Más allá de las operaciones propagandísticas y de manipulación (des)informativa que la derecha ha hecho y hace de estos casos, no se puede desconocer estos problemas ni minimizar la defraudación política que han significado. De hecho, en buena medida, la ola conservadora y reaccionaria que sostiene a los actuales gobiernos de derecha en buena medida se apoya en el rechazo social, electoral a los referentes del progresismo (el sentimiento anti-petista en Brasil, anti-kirchnerista en Argentina, etc.).

[4] Tales como el propio funcionamiento del sistema de partidos; la constitución de una clase política profesional, la burocratización de las fuerzas partidarias; el tema del financiamiento de la política y el rol de las grandes corporaciones en ese aspecto; el papel de los medios masivos y el de las nuevas tecnologías de información que han incrementado enormemente su capacidad de incidencia, manipulación y formación no solo de sentidos sino también de estados de ánimo y emociones colectivas; etc.

Fuente:http://contrahegemoniaweb.com.ar/de-la-resaca-del-neoextractivismo-y-los-extravios-del-progresismo-a-los-acechos-del-neofascismo-reflexiones-sobre-la-actual-coyuntura-politica-latinoamericana/?fbclid=IwAR3yVBXSPrjmEPC8bpVjEHKBB6tkcUAdI9mg4p0Fd-d2ngJS5WSb-CDNbkk

La Cámara de Diputados de Chubut apunta a debatir en próximas sesiones el proyecto de “audiencias públicas” sobre proyectos de explotación minera en la provincia, dijo este lunes el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Manuel Pagliaroni.

Se trata del Reglamento para la celebración de Audiencias Públicas Legislativas que está en estudio en esa comisión y en la de Medio Ambiente, explicó a Télam.

“Están los números suficientes en la Legislatura para tratar el proyecto en las próximas sesiones porque hace rato está en comisión”, apuntó el diputado de Cambiemos.

“Ni bien se logre eso, se avanzará con el debate sobre la minería en general, para lo cual se invitará -con un protocolo establecido- a especialistas en todas las temáticas a fin de que opinen a favor y en contra y tener una posición tomada antes de fin de año”, agregó.

Pagliaroni señaló que la semana pasada legisladores provinciales, dirigentes del sindicato de petroleros y funcionarios nacionales trataron el asunto en Buenos Aires en una reunieron con el presidente Mauricio Macri.

MACRI APURÓ A PROVINCIA A “TOMAR UNA DECISIÓN”

Este lunes a la mañana, el diputado Jerónimo García (Chubut Somos Todos) informó en ADNSUR que hubo un apriete de Macri para que se retome la posibilidad de avanzar en proyectos mineros en Chubut. García informó que “fuimos compelidos a tomar una decisión” y sostuvo que “entendemos la posición pero es un recurso de la provincia y los tiempos los va a definir la provincia”. Además, remarcó que “hay que garantizar el tema ambiental”.

García informó que “fuimos compelidos a tomar una decisión. Explicamos la situación de la provincia, la falta de licencia social, la falta de que tiene que ser una cuestión que tenga un consenso determinado y provechoso para la provincia, que estamos dispuestos al debate que es positivo, pero hay que respetar los tiempos sociales sin descuidar el tema económico porque la ley que fija los márgenes de regalías es muy exigua y se pretende otra cosa”.

“El tema minero es de especial atención del gobierno nacional y entendemos la posición pero es un recurso de la provincia y los tiempos los va a definir la provincia”, remarcó.

Fuente:https://www.adnsur.com.ar/2018/10/chubut-avanzara-en-aprobar-audiencias-publicas-para-discutir-si-permite-la-mineria/

Minera Argenta, creada y ubicada en Trelew  para llevar a cabo el proyecto minero Navidad, envió al Presidente de  la Legislatura Provincial, Roddy Ingram, una nota firmada por Luis Sánchez,  su Apoderado.  Con ella, la subsidiaria de la empresa canadiense Pan American Silver Corp, pretende ser convocada  a promocionar el Proyecto Navidad.

En una carta dirigida al Presidente de la Legislatura de Chubut, Roddy Ingram,  Panamerican Silver  se ¨pone a disposición del Honorable cuerpo legislativo, con el objeto de presentar, exponer y ampliar en todo lo necesario sobre diferentes vicisitudes del Proyecto Navidad¨.

Llama la atención el uso del término “vicisitudes”, palabra que designa la alternancia de sucesos prósperos y adversos o, lo que aún más llamativo,  sucesos negativos que producen un cambio brusco en la marcha de algo.

Si nos atenemos al primer significado señalado de la palabra vicisitud, es lógico considerar  que la suspensión del evento organizado por ASIJEMIN y la posterior declinación del ex Presidente Mujica a participar en las jornadas organizadas por Green Cross resulten en sucesos adversos para la empresa minera pero nos preguntamos cuál o cuáles serían los sucesos prósperos, porque convengamos que no los hubo -al menos por parte del pueblo chubutense-.

Atenernos al segundo significado señalado, implicaría pensar que esos mismos sucesos (u otros que desconocemos) cambiaron algo que llevaba una marcha muy positiva para la empresa. En cualquiera de los dos casos, repudiamos la  comunicación directa de la empresa con la Legislatura en razón de un proyecto rechazado por el pueblo.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/42157-vicisitudes-del-proyecto-navidad

La Asamblea de Paso de Indios entregó un documento al intendente Mario Pichiñan exigiendo que deje de pedir megaminería en nombre de los pobladores

Luego del encuentro de la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC-CH) el sábado pasado en esa localidad, la Asamblea de Paso de Indios reafirmó mediante un comunicado el rechazo a los proyectos uraníferos y la megaminería, declarándose en estado “de alerta y acción” ante la avanzada minera. También exigieron a Pichiñan que “responda como representante de esa comunidad y que deje de pedir la megaminería en nombre de las y los pobladores de Paso de Indios porque no hay licencia social”

Denuncian la falta de profesionales de la salud en el hospital local, los problemas constantes con el agua  y la nula infraestructura para tratamiento de residuos cloacales que contaminan el suelo poniendo en riesgo la salud de la población.

“Hay mucho dolor de estómago y vómitos, líquidos cloacales derramados en el pueblo, además el agua se está bombeando desde la cisterna vieja, que está prohibida. La doctora da cuatro turnos por día para control de enfermedades crónicas, no dan turnos para cáncer o lupus. Hay mucha neumonía y no hay pediatras ni odontólogos, ni especialistas en kinesiología, etc. Falta medicación”

Lo anterior es un mensaje de whatsapp enviado por vecinos de Paso de Indios hoy, ilustrando el marco de desborde sanitario generalizado que sufre la localidad.

La población denuncia la falta de compromiso de las autoridades locales con la resolución de problemas concretos y cotidianos en el pueblo, en contraste con la intensa actividad de lobby a favor de las mineras.

A continuación el Documento completo, entregado por los vecinos al intendente Mario Pichiñán:

“Desde que en 2010 nos conformamos como Asamblea de Paso de Indios, tomamos conocimiento de proyectos que se han explorado como: “Cerro Solo” (uranio); Stella Maris (Plomo, además explotado y abandonado sin remediación posterior); “Marta Irene” (Plomo y oro); “La Fortuna” (oro); y su participación en la firma del proyecto de zonificación minera, junto a otros 7 intendentes y/o jefes comunales, para habilitar la actividad extractivista en más de la mitad de la provincia.

Frente a esta situación nos declaramos en estado de alerta y acción en rechazo a estos proyectos mencionados y nos organizamos dentro de la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses por la defensa del territorio y la vida.

Por ello este sábado 20 de octubre tuvimos un encuentro provincial en nuestra localidad y marchamos por las calles informando a los y las habitantes y plasmando de modo público y abierto nuestro reafirmación de No es No a la megaminería

En dicho encuentro, además, notificamos al resto de las asambleas chubutenses la falta de especialistas en el hospital local y la insuficiencia de su servicio, que pone en riesgo la salud de nuestras familias; los problemas constantes con el agua y también la falta de estructuras para el tratamiento de residuos cloacales que contamina nuestros suelos, y nuevamente pone en riesgo nuestra salud.

Ante la sumatoria de estas situaciones con las exploraciones y avanzadas de los proyectos extractivistas megamineros, le exigimos que responda como representante de esta comunidad y que deje de pedir la megaminería en nombre de las y los pobladores de Paso de Indios porque NO HAY LICENCIA SOCIAL.

Queremos trabajo genuino y digno, en el camino de las actividades productivas que podemos desarrollar en nuestra tierra, sin generar contaminación, enfermedad y muerte. Hay muchas alternativas para un verdadero desarrollo de nuestra localidad, comarca y provincia, exigimos que sean visibilizadas. Para esto necesitamos defender nuestras fuentes de agua y atender a los proyectos verdaderamente productivos que nuestras comunidades están planteando sobre cría de ganado, cultivo de frutillas, chacras, criaderos de pescado y turismo sustentable.

¡El agua es vida, no es para la mina!

¡No a la zonificación!

Asamblea de Paso de Indios

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/42155-en-paso-de-indios-no-hay-licencia-social-para-megamineria

¿Desidia oficial al extremo de que no importa tener ciudadanos analfabetos, o ignorancia necesaria para acompañar el desarrollo minero?

La localidad catamarqueña se llama “Minas Capillitas” (Andalgalá). Del lugar se extrae la piedra rodocrosita. La situación llegó al punto que la Escuela Rural N.° 29 fue tomada por los padres por falta de profesores y porque los chicos hace meses no cuentan con el transporte escolar para llegar al establecimiento. La escuela está ubicada a escasos metros del yacimiento que actualmente explota la empresa estatal provincial minera CAMYEN, a partir de un acuerdo con Fabricaciones Militares dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación. Son los niños ignorantes de pueblos mineros que se cansan de escuchar eslogans publicitarios sobre los beneficios de la minería.

En minería, o mejor dicho, en la política minera implementada por los gobiernos, se habla mucho de “desarrollo sustentable”, pero, en este caso, Nación y Provincia no pueden garantizar la educación elemental a los niños y adolescentes de la zona. Cómo hablar de “sustentable” si no hay clases porque los chicos no pueden llegar a la escuela o faltan docentes. La cuestión es que, ni al Gobierno central ni al ministerio de Educación provincial y nacional les preocupa que esos lugareños crezcan ignorantes. Se puede decir sin lugar a duda que la educación o la capacitación en Capillitas no forma parte de la preocupación oficial. El ministro de Educación de Catamarca es el licenciado Daniel Gutiérrez. El secretario de Minería es el ingeniero Rodolfo Micone. A las autoridades de Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (Camyen SE) no se les conoce la cara. Se tiran la “pelotita”. Tantos licenciados e ingenieros que posterguen la educación, es más que raro.

Tampoco se puede alegar falta de recursos. Qué sentido tiene hablar de “millones” invertidos y exportados en materia de minería si las autoridades hoy se excusan o se esconden detrás de la versión de que no hay plata para pagar una combi que lleve a los niños a la escuela, atento a que algunos viven a 15 o 20 kilómetros de distancia del establecimiento educativo. Mientras las empresas se movilizan en 4X4, los alumnos llegaban caminando, en burro o a caballo. Es mucho el contraste. No es por ser orgulloso o agrandado, pero en días de lluvia o con el frío que hace en esas localidades, garantizar el proceso enseñanza aprendizaje requiere de un esfuerzo mayor por parte del Estado y las empresas que al parecer reducen su rol a saquear a esos pueblos del interior profundo. En este momento, localidades como Fiambalá (Tinogasta) y Antofagasta de la Sierra hacen reclamos similares. Sin educación ni salud.

¿Desidia oficial al extremo de que no importa tener ciudadanos analfabetos, o ignorancia necesaria para acompañar el desarrollo minero? A cambio de entregar minerales, el gobierno descuida la educación formal sin disimulo alguno. Estamos cambiando recurso natural por ignorancia en una negociación abierta con perjuicios directos en la población más cercana a la mina. Cualquiera hubiera creído que es al revés, pero tendremos que reconocer, aunque nos duela, que la idea tal vez sea robar más y explicar menos.

Fuente:https://www.elintransigente.com/politica/2018/10/23/ninos-ignorantes-en-pueblos-mineros-de-catamarca-519031.html

En Gran China, San Juan,  los productores denuncian que la cosecha se muere por el agua contaminada. En el pueblo viven 848 personas, en su mayoría campesinos. Dependen de la cría de animales y de la agricultura y denuncian que en los últimos  años disminuyó la cosecha producto de la contaminación del agua.

“Los melones y sandías se secan antes de cosecharlos, se ponen amarillos por fuera pero por dentro están secos. Para mí que el agua se echó a perder con la minería”. “El melón es más chico y no tiene gusto a nada. Hace tres años, con la misma tierra y la misma agua, sacábamos frutos perfectos”, dicen los productores.

Lo mismo sucede con la lechuga, la cebolla, el membrillo y el tomate. El 35 % de la cebolla está podrida cuando la sacan de la tierra. Si bien el lugar siempre ha tenido problemas con el abastecimiento de agua, a ello se suma ahora que ya no están las personas que trabajaban escardando la tierra en la producción de cebolla porque fueron reemplazadas por el uso de agroquímicos, y que han cerrado los secaderos y las procesadoras de tomate. No se pueden vender los productos y la gente no logra subsistir. Algunos tienen planes sociales y otros se van a la ciudad. La minería tampoco les da trabajo.

Muchos pobladores han muerto de cáncer, sobre todo de estómago. Se piensa que es por el agua pero el gobierno y las empresas no quieren hacer los estudios. “Si el agua no estuviera contaminada, ellos deberían salir a todos los distritos a mostrar los estudios y darnos información” afirman los vecinos.

Los jóvenes migran porque en el lugar no tienen posibilidades y los viejos están muy preocupados por la salud de los chicos. Mientras, los ganadores siguen siendo las mineras y el silencio.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/san-juan/item/42130-muere-la-cosecha-por-el-agua-contaminada

Lo hará San Juan en un plazo de dos meses, luego de que la justicia chilena confirmara el cierre definitivo del proyecto.

San Juan analizará, en un plazo de dos meses, la posibilidad de continuar con la explotación de la mina de oro Pascua-Lama luego de que la justicia chilena confirmara recientemente el cierre definitivo del proyecto.

Así lo indicó el ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel, al señalar que del lado argentino «hay obras superficiales de gran envergadura que se han realizado y que tienen que resolverse».

Y, remarcó que ante «la proximidad del yacimiento con la mina Veladero, pensamos que hay posibilidades de seguir el proyecto de nuestro lado«.

«Como tenemos propuestas de las mineras Shandong Gol y Barrick, vamos a esperar unos dos meses antes de decidir si podemos continuar con el proyecto de explotar los recursos de Lama», reveló el ministro.

La posibilidad de continuar las tareas del lado argentino se deben a que la justicia chilena cerró definitivamente el proyecto por falta de mediciones de glaciares en ese país.

El Tribunal Ambiental de Antofagasta dispuso la cancelación definitiva del emprendimiento binacional de oro y cobre a cielo abierto que estaba construyendo la minera canadiense Barrick luego de haberlo paraliza preventivamente,

Así, a tres años de iniciada la construcción de la mina, fue ratificado un fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que había aceptado un recurso interpuesto por productores del Río Huasco por conflictos ambientales.

Posteriormente, Barrick anunció la suspensión de la construcción como parte de un plan de ahorro de costos, cuando Pascua Lama llevaba un avance del 40%. Ahora, con el nuevo fallo, el proyecto quedó definitivamente terminado del lado chileno.

Fuente:https://www.clarin.com/economia/analizan-continuidad-mina-pascua-lama_0_qM2Wwz0n3.html

La empresa que funcionarios, empresarios y medios chubutenses impulsan para explotar el Proyecto Navidad en nuestra Meseta fue señalada por los proveedores mineros de Santa Cruz como una empresa que “se lleva todo y no deja nada”. Lo señalaban así en Diciembre del año pasado, a través de la Cámara que los agrupa. Es parte de lo denunciado recientemente en la Legislatura de Chubut por el diputado Albaini, ante el fuerte lobby que la empresa y el gobierno nacional vienen ejerciendo sobre la sociedad y las instituciones chubutenses para forzar el inicio de la megaminería en nuestra provincia, en abierta y necia oposición a la manifiesta voluntad de la población.

Capromisa sobre Triton: “Pan American Silver incrementa sus ganancias dejando nada a los Santacruceños”
Ante un informe sobre las ganancias de Pan American Silver, CAPROMISA insiste con la nula responsabilidad social de la empresa hacia Santa Cruz y sus proveedores.

Hace pocos días (la nota es del  17/12/2017 ) Pan American Silver, dueña de Minera Triton, dio a conocer que sus ganancias netas llegaron hasta los u$s 36 millones en el segundo trimestre del año frente a los u$s 34,2 millones registrados en el mismo período de 2016.

Parte de la mejora en las ganancias se relacionan con la evolución de Manantial Espejo, en Santa Cruz, que elevó su producción trimestral hasta 980.000 onzas de plata, 200.000 más que en el segundo trimestre del año pasado.

Asimismo, la Compañía informó a través de un comunicado que “se encuentra en una posición de liquidez y de capital de trabajo sólidas” y se desprende además que en un futuro, y luego de realizar inversiones en la construcción de una mina subterránea y rampa de acceso, el proyecto COSE “podría producir unas 112.000 onzas de plata y 2.300 onzas de oro por mes”.

Este anuncio causó indignación en CAPROMISA – Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz-, que viene haciendo pública la situación con Minera Triton, con la cual no ha llegado a acuerdo alguno para trabajar con proveedores locales.

“Los cargos de Directores y Jefe de Negocios nos dicen que no tienen estructura operativa para trabajar o dar respuestas a planteos de trabajo para beneficiar a las economías regionales donde nuestros asociados desarrollan su negocio y además dan trabajo” explicó Fernando Paulasa, Presidente de CAPROMISA, y agregó “resulta que ahora, la compañía hace públicas sus ganancias desorbitantes logradas en gran medida con el recurso santacruceño”.

Por su parte Jorge Arias, Gerente Operativo de CAPROMISA consideró que “con este informe se está confirmando lo que venimos exponiendo: Minera Triton es una empresa que atenta contra el desarrollo de nuestros proveedores locales: tiene ganancias siderales pero no deja nada en la sociedad de la cual extrae su materia prima, que además es un recurso no renovable”.

Para los referentes de CAPROMISA, Triton explota los recursos minerales a su beneficio pero no tiene en cuenta lo poco que dejó y dejará en la provincia de Santa Cruz cuando se vaya, con un sector de proveedores poco desarrollado o nulo, con muy pobres expectativas de crecimiento.

“Es evidente que ésta operadora minera no tiene interés en generar un impacto de crecimiento en los pueblos mineros y en los proveedores. Son voraces. Los gerentes de Mina desconocen la Provincia y la cartera de proveedores que existe, reciben las propuestas en los yacimientos de muy mala gana y sin ninguna intención de llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes” sostuvo Arias.

Sobre los compradores -agentes de compras y contrataciones- de esta operadora, Arias consideró que “actúan de forma soberbia y dan a entender que no les interesa comprar a empresas de CAPROMISA” y que es doloroso ver estas actitudes ya que los compradores tienen un rol fundamental en el desarrollo de proveedores.

“Tenemos ejemplos de excelente trabajo con operadoras mineras en desarrollo de proveedores, por contraste es donde se destaca aun más la celebración que tuvimos con todos los compradores de Goldcorp en Perito Moreno, donde celebramos 2.500 oportunidades de trabajo enviado por ellos para que nuestros proveedores puedan ser parte del negocio. Lamentablemente no es el caso de los compradores de Triton ni una directiva de la Compañía” agregó Arias.  – NOTA: Desde la Asamblea de Esquel debemos señalar que aún con esas supuestas “oportunidades de negocios”, la megaminería no deja de ser un tremendo saqueo, ilustrado claramente por las cifras de extracción de onzas de oro y de plata mencionadas varios párrafos más arriba, a la vez que un brutal proceso de destrucción y contaminación a perpetuidad.

Los referentes de la Cámara de Proveedores Mineros consideraron inaceptable la actitud de la minera: “Desobedecen reuniones acordadas con funcionarios nacionales y provinciales. Se manejan con su única ley y desconocen la Provincia. Nada de lo que puedan decir en materia de desarrollo de proveedores puede ser cierto. La única realidad hoy es que en vez de darle trabajo a la provincia que explotan, sus compras las realizan afuera.”

Por último Paulasa consideró “No se pueden seguir llevando todo y dejándonos nada”.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/42030-pan-american-silver-es-la-minera-mas-miserable-en-santa-cruz

A 526 años de la llegada del colonialismo español a América, se mantiene la violación de los derechos indígenas y la avanzada empresaria-gubernamental. Pero la lucha de las comunidades continúa. Diez días de caminata en Jujuy, parlamento mapuche en Chubut y defensa del territorio.

Diez días de caminata por el agua, la vida y en defensa de los territorios indígenas. Es la acción de lucha de pueblos originarios de Jujuy que finalizó este jueves 11 y apuntó de lleno a las políticas impulsadas por el gobernador Gerardo Morales. En Chubut, mapuches-tehuelches denuncian la violación de derechos y ratifican la lucha contra la megaminería.

De norte a sur, los pueblos originarios enfrentan a empresas extractivas, gobiernos (provinciales y nacional) y ratifican la defensa de sus territorios. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) resumió el mal que aqueja a los pueblos indígenas: “racismo sistemático”. Otro 12 de octubre sin nada que festejar.

Caminata

La Asamblea de Comunidades Indígenas Libres de Jujuy inició el martes 2 de octubre la “caminata por el agua y por la vida”, desde la Laguna de los Pozuelos hasta San Salvador de Jujuy.

En los más de 380 kilómetros recorridos a pie pasaron por Cieneguillas, La Quiaca , Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara y Volcán, entre otras localidades. En cada lugar, fueron recibidas por comunidades locales que adhirieron a los reclamos y algunos de sus referentes se sumaron a la larga caminata.

Exigen que se respeten los derechos de los pueblos indígenas (vigentes en leyes, Constitución Nacional y tratados internacionales que Argentina suscribió), que obligan a obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades ante cualquier actividad que pudiera afectarlas. Ninguna empresa puede ingresar a territorio indígenas sin el consentimiento de la comunidad afectada. Los gobiernos y el Poder Judicial debe hacer cumplir esas leyes.

“Marchamos las comunidades indígenas que defendemos a la Pacha, que luchamos contra la voracidad minera. Invitamos a los hermanos que hoy están al lado del gobernador Morales a reflexionar y si son indígenas a defender la pacha y denunciar a aquellos que atacan a la Madre Tierra y no ser cómplices con su silencio del gobierno de Jujuy y de las mineras”, reclamó Raúl Sajama, uno de los voceros de la marcha.

Sajama afirmó que la Asamblea de Comunidades Libres está compuesta por más de cien comunidades indígenas, denunció la avanzada de la minería de litio (con complicidad de Nación, Provincia y sectores científicos del Conicet) y recordó que reclaman la derogación de la Ley 5.915 (provincial) de servidumbre sobre territorios comunitarios y contraria a los derechos indígenas.

Otro emprendimiento minero que tiene total apoyo del gobernador Gerardo Morales, y viola los derechos indígenas, es el proyecto de plata Chinchillas, de la canadiense Silver Standard, que está en cercanías de la conocida Laguna de Los Pozuelos.

El 8 de octubre, durante una de las paradas de los marchantes, dieron a conocer la “Declaración de Tilcara”, donde puntualizaron algunos de los conflictos más urgentes.

• Comunidad La Quiaca Vieja (departamento de Yavi): intento de despojo territorial por la instalación de una zona franca.
•  Comunidad Piedra Negra: instalación de paneles solares sin aprobación de comunidades.
•  Comunidad de Huichaira de Tilcara (frente al empresario Alejandro Nieva): denuncian que el gobierno provincial intenta desviar aguas del Cerro Collamboy para beneficiar a las mineras en la explotación de litio en el Salar de Olaroz.En la Declaración unen el pasado y el presente: “Los pueblos indígenas sufrimos injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y enajenación de nuestra Pachamama, tierras, territorios y recursos, lo que nos ha impedido ejercer en particular el derecho al desarrollo de conformidad con nuestros conocimientos, técnicas y prácticas ancestrales, necesidades, deseos e intereses”.

  La caminata finaliza hoy 12 de octubre al mediodía en San Salvador de Jujuy.

• Trawn Mapuche

  En Chubut se da una de las mayores avanzadas mineras del gobierno nacional y provincial, en beneficio de la multinacional Pan American Silver (la mayor multinacional de plata del mundo) con el proyecto llamado “Navidad” (en la meseta, centro geográfico de la provincia).

  En la provincia patagónica está vigente la Ley 5.001, nacida en el marco de la lucha de Esquel (2002-2003) que prohíbe la actividad minera con uso de cianuro.

  Desde la asunción de Mauricio Macri se redobló la presión para habilitar la minería en Chubut. Las asambleas socioambientales y los pueblos indígenas de toda la provincia están movilizadas para defender la Ley 5.001 y rechazar la megaminería.

  El 29 y 30 de septiembre se realizó en la meseta de Chubut un Trawn (parlamento) Mapuche-Tehuelche. “Tierra y territorio fueron las palabras claves de toda la conversación. La memoria del despojo está muy cercana, la acumulación terrateniente está presente. Las tierras ’aptas y suficientes para el desarrollo humano’ de las que hablan las Constituciones Nacional y Provincial siguen ausentes de la política pública y del reconocimiento real de los derechos indígenas”, cuestiona el documento de las comunidades indígenas.

  Exigieron que se cumpla la Ley 26.160 (que frena los desalojos y ordena relevar los territorios indígenas) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que insta a consultar a las comunidades por cualquier actividad que pudiera afectarlas. Todas las comunidades rechazaron la actividad minera.

  “Lo más profundo, propio y esencial que las comunidades originarias tenemos es la Mapu (tierra), que defenderemos porque ahí están la identidad y el futuro. Lucharemos con la fuerza de los ancestros, con la claridad y orientación de los ancianos, con la valentía de los jóvenes y con el empuje de las mujeres”, afirma el comunicado del Trawn Mapuche-Tehuelche realizado en la comunidad Yala Laubat.

  INAI

  El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) es el ámbito específico que refiere a pueblos originarios, que debiera dar respuesta a más de mil comunidades de 35 pueblos originarios.

  En enero de 2016 el gobierno nacional cumplió con su promesa de trasladarlo del Ministerio de Desarrollo Social al de Justicia y Derechos Humanos. Fue la única promesa que cumplió el Gobierno en materia indígena.

  “En febrero de ese año despidieron 28 trabajadores, mientras el entonces presidente Raúl Ruidiaz -cuñado y socio del secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj- pasaba sus vacaciones en Aspen (Estados Unidos), les trabajadores del INAI comenzaron a sufrir una situación laboral precaria, afrontando la paralización general del organismo y sus políticas, lo que repercutió directamente en los derechos de las comunidades indígenas de nuestro país. El INAI estuvo administrativamente paralizado durante todo 2016”, afirmó Lisandro Arijón, delegado gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

  Explicó que también se desmanteló la estructura territorial del Instituto, “dejando a les trabajadores que cumplen sus funciones en las provincias en absoluto abandono, sin lugares físicos de trabajo, sin viáticos, computadoras o teléfonos que les permitan el contacto con las comunidades”.

  En 2017, Ruidiaz fue reemplazado por Jimena Psathakis, de la Fundación Cambio Democrática, conocida por sus “mesas de diálogo” referidas al extractivismo pero siempre con intereses comunes con las empresas.

  “Psathakis tiene un largo currículum dedicado al trabajo en distintas corporaciones mineras, y muy conocida en la ciudad de Esquel por haber representado en mesas de negociación a las mineras en contra de comunidades originarias de la zona”, recordó Arijón.

  Desde ATE aseguran que en diciembre de 2016 ya estaba claro el desfinanciamiento del INAI. “Ya se dejaba ver claramente la decisión de correr del territorio la presencia de organismos como el INAI, la Secretaría de Agricultura Familiar y el INTA, entre otros, para dar curso a la llegada de fuerzas represivas como Gendarmería Nacional o Prefectura Naval”, denunció.

  Los trabajadores del INAI alertaron que, desfinanciamento mediante, el organismo está al borde del “vaciamiento total”. Y alertan por posibles despidos.

• Racismo sistemático

  “El sector privado actúa en complicidad con los gobiernos para desplazar a los pueblos indígenas de sus tierras por cualquier medio necesario para dar paso a proyectos de infraestructura, agricultura, minería y de extracción”, denunció la ONU mediante una carta púbica de la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Victoria Tauli-Corpuz.

  La carta de Naciones Unidas afirma que “en la raíz de esta crisis mundial está el racismo sistemático y la incapacidad de los gobiernos para reconocer y respetar los derechos indígenas territoriales”.

  La experta de la ONU remarcó que ante la avanzada extractiva, la complicidad judicial y política “se está desarrollando una crisis global” que afecta a los pueblos indígenas y sus territorios.

  “La rápida expansión de proyectos de desarrollo sin su consentimiento previo está impulsando un drástico aumento de la violencia y el acoso legal contra los pueblos indígenas”, alertó Tauli-Corpuz en su carta titulada “Deberían haberlo sabido”.

  Explicó que una herramienta fundamental para el despojo de los territorios indígenas es la “criminalización en casi todos los rincones” del mundo. “Estos ataques, ya sean físicos o legales, son un intento de silenciar a los pueblos indígenas que se oponen a proyectos que amenazan sus medios de subsistencia y sus culturas”, denunció la especialista de Naciones Unidas.

  También alertó que el primer paso contra los pueblos indígenas implica “campañas de difamación y discursos de odio que caracterizan a los pueblos indígenas como ’obstáculos para el desarrollo’, o en el peor de los casos, como ’terroristas’ o ’matones’”. Luego siguen amenazas, órdenes de arresto, militarismo, legislación antiterrorista, violencia, represiones y asesinatos.

  Sobre el rol del Poder Judicial, Tauli-Corpuz no tienen dudas: “Los sistemas de justicia se utilizan como ’armas’ contra los pueblos indígenas que defienden sus derechos”.

  A pesar de la violación de derechos indígenas y la violencia que sufren, la Relatora de Naciones Unidas afirmó que “los pueblos indígenas siguen levantando sus voces, continúan defendiendo sus formas de vida, sus comunidades y las tierras y bosques de los que depende toda la humanidad”.

• Fuente:http://laizquierdadiario.com/Carabelas-del-Siglo-XXI-otro-12-de-octubre-y-el-despojo-permanente

El proyecto de modificación de la Ley Nro. 7722 destinada a regular y restringir la actividad minera, que fue presentado intempestivamente por el senador Alejandro Abraham tiene dos claves, fuera del cotillón: por un lado eliminar la posibilidad de sumar “otras sustancias” entre las prohibiciones del uso de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico; pero sobre todo, sacar el control legislativo de los proyectos mineros. El Gobierno de Mendoza está de acuerdo con parte de ese proyecto, aunque teman expresarlo abiertamente.

El proyecto presentado por el senador Alejandro Abraham para modificar la ley 7722, que regula y restringe la minería en Mendoza, apareció de manera intempestiva, pero no es una idea nueva: en todos los gobiernos hubo intenciones de hacerlo y en la gestión de Alfredo Cornejo también.

Ese proyecto tiene muchos argumentos y propuestas de relleno, pero dos ejes clave. El artículo 1 de la ley 7722 prohíbe el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y agrega la frase “otras sustancias tóxicas similares”, que deja abierto a la interpretación de la autoridad de aplicación si es o no riesgoso el uso de otros productos químicos. Pero el cambio más importante es la eliminación de la ratificación legislativa de todos los proyectos mineros.

La ley 5961, el decreto 820 establecen los mecanismos de protección ambiental que la minería debe tener en Mendoza, además del Código de Minería de la Nación. Por eso, cada proyecto debe tener una Declaración de Impacto Ambiental, cuya aprobación depende del Poder Ejecutivo. Pero la ley 7722 obliga a que la Declaración de Impacto Ambiental de los proyectos mineros tenga además aprobación legislativa. Esa cláusula de “control político” es la que en realidad ha funcionado como la más restrictiva para cualquier proyecto minero, antes que los dictámenes técnicos. En el ambiente político aceptan que la “permeabilidad a las presiones” de los legisladores ha sido el verdadero freno, más que la propia ley.

Abraham busca eliminar por completo ese artículo y en el oficialismo están de acuerdo. Al menos para que ese control legislativo se elimine para los proyectos de exploración y no en los de explotación. Entienden que con tanto rigor, se evitan las inversiones iniciales para ver si un yacimiento minero tiene potencial o no. Sin embargo en la industria minera entienden que es todo o nada: pocas empresas, aseguran, invertirán en exploración si luego el proyecto no puede prosperar para explotar.

El resto del proyecto que tratará el Senado tiene artículos de segundo orden, como la asignación específica de los recursos que se generen y un impuesto extra regalías para generar más recursos al Estado.

La ley 7722 tiene un blindaje que en el ambiente político obvian. La Suprema Corte de Mendoza ratificó su legitimidad en un fallo unánime. Pero en la sentencia hay una veta importante: el ministro Mario Adaro votó en disidencia en dos aspectos de la ley. Primero, para él las prohibiciones de las sustancias tóxicas mencionadas en el ley no pueden ser solo restrictivas para la minería. Pero además Adaro pidió que se declarara inconstitucional la ratificación legislativa de los proyectos mineros por considerar que viola el sistema republicano. Es decir, para él no hace falta la aprobación de la legislatura, como propone Abraham.

La ley fue sancionada en 2007, en un torbellino político. Por un lado, el gobierno promocionaba a Mendoza como destino minero, pero en la Legislatura se sancionó una ley para prohibir la minería. Esa norma fue vetada por Julio Cobos. En medio de un clima de tensión, el oficialismo y la oposición “negociaron” un nuevo proyecto. Así nació la ley que luego llevaría el número 7722.

El Gobierno trabajó desde que Cornejo asumió en un plan minero que, tras redactarlo, quedó cajoneado. Ese plan caracteriza a la minería según la magnitud de los proyectos, propone líneas de acción y, con muchos eufemismos, cuestiona los alcances de la ley 7722, aunque siempre ratifican que respetarán su cumplimiento. En ese documento, por ejemplo, dicen que Mendoza perdió 5 mil millones de pesos de inversión por esa ley.

En paralelo la provincia adhiere también al Pacto Federal Minero, aunque puertas adentro del Arco Desaguadero se disimule. La propuesta de modificación de la 7722 no es un hecho aislado y también va de la mano de la intención de homogeneizar la legislación a nivel nacional. El tema es tratado en el COFEMIN (Concejo Federal de Minería). Y ese plan incluye la modificación de la Ley de Glaciares. La intención es flexibilizar las restricciones en el ambiente periglaciar y también en el área de los glaciares de escombros, por ejemplo.

Mendoza sí tuvo proyectos mineros en ese trayecto. El más importante fue Potasio Río Colorado, que fracasó y donde la ley 7722 no tuvo nada que ver. Lo mismo con los proyectos que precedieron a la ley: desde el desastre ambiental de Sierra Pintada (mina de uranio), hasta los negociados con los cateos mineros que se acumularon, pero que nunca se transformaron en inversiones reales. El proyecto San Jorge, para extraer cobre de un yacimiento en Uspallata, fue el que más avanzó. El Gobierno aprobó la DIA (Declaración de Impacto Ambiental), con más de 100 pedidos de aclaración. Pero la Legislatura “bochó” el proyecto. La Legislatura, con otra composición, también dejó de lado otros proyectos de exploración, como Cerro Amarillo (mina de cobre que tenía problemas porque estaba en una zona con glaciares) y también Hierro Indio, que no tenía en el plan exploratorio el uso de ninguna sustancia.

El nuevo debate por la modificación de la ley puede complicar otro plan que estaba en marcha, impulsado por el Gobierno. Se trata del saneamiento ambiental de los pasivos de Sierra Pintada, la planta industrial de procesamiento de uranio que quedó abandonada y que tiene material contaminante producido allí y también en la planta Dioxitek de Córdoba. El método elegido para sanear esos pasivos (el único posible) obliga a realizar el mismo proceso que para producir el uranio, que implica el uso de sustancias prohibidas por la 7722. Como esa ley no habla del “saneamiento” entre los procesos donde está prohibido el uso de las sustancias, creen que no hay impedimentos.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/mendoza/item/42053-el-trasfondo-del-proyecto-de-modificacion-de-la-ley-7722