Los más de 900 despidos en Agricultura Familiar dejan al descubierto el abandono a pequeños productores y productoras del campo; qué significa este ajuste de Nación y por qué, al menos en la Patagonia, aparece como un guiño a la explotación minera.

Un muy interesante análisis realizado por Julieta Lucero y Fabricio Cardelli para Revista Cítrica.

“A cualquier sujeto empresario que ve números es difícil hacerle entender el sector de la agricultura familiar. Es un sector que hay que apoyar, acompañar y, en algunos casos, subsidiar porque la gente en el territorio es un bastión de soberanía”, afirma Ruth Guerrero, esquelense, patagónica, parte de los 900 despedidos de la ahora Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial de la Nación.

¿Por qué habla de soberanía? Tiene 55 años, es maestra mayor de obra y hasta abril de este año fue técnica del Ministerio de Agroindustria en Chubut. Con 25 años en el Estado, trabajó con productores rurales de la cordillera, de la meseta, del valle del Río Chubut y de las costas del Golfo Nuevo. Sabe de economías regionales y de territorios en disputa. Y conoce la meseta central norte, zona codiciada hace 15 años por mineras transnacionales.

Con un año de crisis, altas tasas de desempleo y una gran conflictividad social en las calles, en la provincia de Chubut docentes y asambleístas ambientales hablan de una “crisis diseñada” para habilitar el Proyecto Navidad, de Panamerican Silver, emplazado precisamente en la meseta central. La ley provincial XVII-Nº 68 (ex 5001), que se ganó en 2003 con la lucha histórica del No a la Mina, prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro. Pero el lobby minero, con el abierto apoyo del Ejecutivo nacional, quiere modificarla. La mayoría de los legisladores y legisladoras, encargados de la eventual modificación, hacen silencio. Es en este marco de constante tensión en que se insertan los despidos de Agricultura Familiar.

Trabajo en disputa

“A pesar de todos los años en el Ministerio de Agroindustria, tengo que demostrar que fui trabajadora”, cuenta con bronca Ruth. Como le pasó a tantas otras personas precarizadas de contrato anual, haber tenido en la práctica una relación de dependencia con el Estado nacional no le garantizó derechos laborales a la hora del despido. Hasta abril cobraba por mes, tenía vacaciones y recibía aguinaldo, pero cuando la echaron no le reconocieron los 25 años de antigüedad. “Cinco años más y me jubilaba. Me cortaron toda la posibilidad, todos los años que yo trabajé quedan ahí”, se descarga. 

Para desmarcar prejuicios y estigmas, el trabajo de Ruth nunca fue de oficina ni su trayectoria acotada a una sola gestión. Empezó en Esquel, donde nació, y recorrió distintos proyectos, programas del Estado y regiones hasta llegar a Gaiman, donde actualmente vive. En Agricultura Familiar su tarea consistía en asistir de forma técnica a productores agropecuarios, pescadores o artesanos cuyas relaciones productivas estaban organizadas en unidades familiares. Verduras, frutas, miel, langostino, lana, carne de oveja, artesanías: a cada unidad productiva una familia, a cada territorio un tipo de producción.

Uno de los objetivos que debía cumplir Ruth era anotarlos en el Registro Nacional de Agricultores Familiares (RENAF), en el Monotributo Social Agropecuario, hasta ese momento gratuito. Se trata de un sistema que le permite al Estado saber dónde están, qué hacen y qué políticas públicas podrían necesitar, mientras que a los productores y productoras les permite acceder, entre otras cosas, a subsidios, créditos y circuitos de comercio formal.

Para cumplir con ese objetivo, en los últimos años le tocó recorrer el Valle Inferior del Río Chubut y el departamento Biedma, al noreste de la provincia. Tenía que visitar cada campo, hablar con cada familia y registrar lo que producían mediante el uso de georeferenciación. Para eso necesitaba vehículo, nafta, celular e internet. No siempre los tenía: “Mucho tiempo no hubo vehículo. Mi auto, así como lo ves, es de laburar en el campo, de salir a trabajar. La Partner que pusieron a cargo mío vino mucho después. La impresora, la máquina de fotos, el GPS, todo es del técnico”. Los viáticos también eran un problema. “Me deben todos los viáticos de 2015, todos los pasajes que pagué y que fueron rendidos, no me los pagaron nunca”, dice Ruth. Calcula una deuda de, “en ese momento, 90 mil pesos”.

El trabajo de Ruth era tan especial como el perfil del productor o productora con quien trabajaba. Al tener una organización familiar y no separar la producción de la reproducción de la vida, lo que se considera cotidiano, sin valor de mercado, -como las tareas de cuidado- emergía constantemente. Por eso, según cuenta, se trataba de un abordaje integral: “Agricultura Familiar es multidisciplinario. Hay trabajadores sociales, sociólogos, ingenieros zootecnistas, veterinarios, agrónomos”. Además, en muchos casos se trata de personas que viven en zonas de difícil acceso y con poca presencia del Estado en términos de salud, educación e infraestructura.

Aunque precarizado, Ruth tenía un trabajo clave para el desarrollo de agricultura familiar y las economías regionales. Su despido y el de tantos otros y otras no sólo impacta en su vida, en su familia, en su desarrollo personal. En el caso de Chubut, se estima que impacta en 2500 unidades productivas, 2500 familias rurales.

Despidos estratégicos

Son muchas las personas que están en la misma situación que Ruth. Según cifras de ATE, Agricultura Familiar tenía 1450 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Entre febrero de 2016 y agosto de 2018 echaron a más de 910 personas, o sea, a más del 62 por ciento. El impacto del recorte es aún más duro en la Patagonia: entre Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, echaron a casi el 80 por ciento.

En Chubut, con Fernando Martín Ferrera como coordinador de área, despidieron a 23 de los 29 trabajadores y trabajadoras. Se conservó el puesto de los cuatro delegados gremiales (ATE y UPCN) y de dos administrativas, una de ellas la esposa de Ferrara, Dalila Griffiths. El coordinador, aún en su cargo, fue precandidato a intendente de Gaiman por Cambiemos y sigue con aspiraciones electorales para 2019. 

Si no hay trabajo en el territorio, ¿qué administran?”, se pregunta Ruth. No es la única que se hace esa pregunta. Belén Cussirat, una de las delegadas de ATE aún en funciones, contó hechos de persecución. Al parecer, una de las administrativas habría elaborado un informe en el que detallaba la falta de elementos inventariados. Con ese documento, los denunció penalmente por robo. En respuesta, despedidos y despedidas ocuparon pacíficamente la delegación de Esquel y, para demostrar que el informe era falso, tuvieron que hacer una presentación con fotos en la Secretaría de Trabajo.

A nivel nacional se pudo revertir el despido del 10 por ciento, en su mayoría echados en 2016. Algunos fueron reincorporados por vía judicial, otros por temas de salud y dos por cuestiones de tutela gremial. En el caso de Chubut, sin embargo, no hay optimismo. Los delegados de ATE creen que pronto serán despedidos.

Territorio en disputa

Con los despidos en Agricultura Familiar, el gobierno de Cambiemos rompió con una estructura que, según explica Ruth, tomó más de 20 años construir. El argumento que dio Nación fue la tan escuchada necesidad de cumplir con las metas fiscales impuestas por los organismos financieros internacionales. El cambio de gobierno implicó que se hable de una política de lo eficiente. En esos términos, el apoyo estatal para el desarrollo de cierto tipo de productores rurales parece ser vista como un gasto.

¿Quiénes representan más claramente ese “gasto” en Chubut? Para las personas despedidas de Agricultura Familiar, no son sólo ellas y los productores y productoras, sino especialmente los trabajadores y trabajadoras rurales de la meseta central, territorio ancestral mapuche tehuelche, de horizontes amplios y secos, donde se encuentra emplazado el Proyecto Navidad de Panamerican Silver. Uno de los ejes de las capacitaciones que recibieron en 2015, cuenta Ruth, fue el asistencialismo. “Ahí ya te das una idea de cuál es su perspectiva. La meseta está ‘asistencializada’. Ellos serían felices si sacaran a toda la gente de la meseta y la trajeran para acá, a un cinturón de pobreza de sirvientas y cortadores de pasto”, dice con ironía.

Como sucede en otras aglomeraciones urbanas, en la periferia de Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia vive una gran cantidad de personas que ha sido expulsada del campo, incluso despojada de su tierra. Son hombres y mujeres, muchos y muchas de origen mapuche tehuelche, que migran en busca de mejor trabajo, educación y salud, que pasan de ser trabajadores rurales a ser trabajadores urbanos. Teniendo en cuenta esa migración y las políticas públicas necesarias para acompañarla, el ajuste de Nación parece imitar procesos menemistas. No sólo se trata de un “gasto”, sino de quién lo hace. Se podría pensar que para cumplir con metas financieras del FMI, se cambia el recorrido del dinero: rompe Nación, paga provincia. En este caso, una provincia endeudada en dólares, con tasas de desempleo de las más altas del país y la necesidad periódica de refinanciar su deuda con el Estado nacional.

Así, volvemos a la pregunta inicial: ¿por qué dice Ruth que “la gente en el territorio es un bastión de soberanía”? Lo que caracteriza a la agricultura familiar es una estrecha relación entre el trabajo y la tierra, con límites difusos entre la producción y la reproducción de la vida, cosa que rara vez produce regalías. En 2018, ya no se rompen esas relaciones con la llegada de Roca y el capitalismo, ya no se despeja el territorio con genocidio modelo siglo XIX. O menos. La sutilidad posmoderna parece recortar presupuesto sobre el territorio en disputa y, en el caso de Chubut, fomentar la minería metalífera, en favor de empresas transnacionales, aún cuando está prohibida por ley gracias al No a la Mina de 2003.

“La meseta, si no fuera por la minería, no sé si les interesa. ¿Qué hace la gente ahí, criando 60 chivos, 20 ovejas?”, pregunta Ruth. Y también responde: “La gente vive ahí porque es su identidad ese territorio, son pueblos de ese territorio. No hay nada que construya más dignidad y que construya nacionalidad -no desde la mirada del ciudadano y la ciudadana, sino desde el concepto de Nación-, que la gente ocupando el territorio. No hay otra”.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/item/42307-detras-de-los-despidos-en-agroindustria-el-extractivismo-minero

Un susto y serias dudas hicieron temblar el anuncio hecho por funcionarios macristas en el G20 respecto a tener novedades de la puesta en marcha del único megaproyecto minero de oro y cobre en Catamarca. El agua que toma la ciudad de Andalgalá bajó turbia y de un color cobrizo, producto de que las lluvias “lavaron las laderas” en la zona de exploración de la mina “Agua Rica”. Una negligencia grave por parte de Yamana Gold y una impericia técnica incomprensible por parte de la Secretaría de Minería de la provincia, que conduce Rodolfo Micone, que pone en riesgo la salud de la población. ¿Deberían ir presos? El Intransigente advirtió que los controles ambientales se habían relajado.

Seguro van a decir que hubo desplazamiento de material -natural y lógico- en época estival, pero de ninguna manera pueden justificar esa versión oficial con imágenes satelitales. La primera hipótesis es que se debería a la actividad exploratoria sobre la ladera del cerro donde se encuentra el mencionado megaproyecto minero. El punto es que si se genera este riesgo solamente con actividad exploratoria, qué sucederá cuando avance Agua Rica, o qué se puede esperar, entonces, para el caso de Bajo la Alumbrera, que tiene el dique más grande de Sudamérica (paredón de 170 metros de altura).

Precisamente, El Intransigente hace poco hacía mención a que los controles eran ineficientes y se habían relajado en el marco del anuncio en el G20. El Estado promueve la minería y el Estado controla. En Catamarca falta generar una entidad independiente con profesionales de experiencia y no tener estudiantes crónicos cuyo único mérito es ser del mismo color político y, a esto, le sumamos que los funcionarios del Gobierno provincial tienen parientes que trabajan en las empresas privadas mineras. O sea, manejo en forma clandestina, favores cruzados y un sistema donde matrimonios e hijos están jugando de los dos lados del mostrador… ¿Qué tipo de control pueden hacer? No pueden exigir nada. No hay una minería seria. Los responsables son ineptos y corruptos.

Los gobiernos no atienden debidamente la problemática ambiental. En política minera ya no hay margen para los errores. Lo del agua turbia cobriza en Andalgalá, una población de 17 mil habitantes, es causa y efecto de una minería sin control. En este sentido, hay resoluciones internas para controlar el riesgo en época estival, en otras palabras, tareas específicas del gobierno y las empresas. Evidentemente, no hay un programa de contención de sólidos para que no llegue abajo el material suelto o sedimento que terminó afectando a la planta potabilizadora de agua y a toda la comunidad andalgalense. Si la mina no está en actividad (hasta aquí solo se exploró Agua Rica), ¿cuáles son las medidas que -en teoría- la Secretaría de Minería debería haber controlado y aprobado?

Estos hechos que generan dudas en la sociedad se dan por la falta de transparencia del Gobierno y las empresas. Con la tecnología de hoy, cámaras, imágenes satelitales, drones, etc., no deberíamos tener ningún tipo de incertidumbre por estos fenómenos. Sin embargo, aún no se han expresado formal y oficialmente las autoridades. Lo reconozcan o no, los únicos avances en materia ambiental se hicieron gracias a los “ambientalistas” o movimientos sociales relacionados con el cuidado del medio ambiente.  En síntesis, hay que recorrer la zona de unión de los ríos Minas y Blanco (sector anómalo) para verificar de dónde vienen los sedimentos que le dieron ese color al agua afectándola en el departamento de Andalgalá. De todas formas, el impacto social fue incalculable en las redes sociales.

Asimismo, si el proyecto Agua Rica no avanza se debe hacer un “cierre temporal” de la mina, no puede dejarse de esa manera, incluso para que no suceda esta grave situación de dejar sin agua a toda la población. No entienden Nación y Provincia que ya vienen complicados con la licencia social, pero siguen matando al proyecto que supuestamente promueven. Creen que todo es político-partidario y que con pagar las pautas publicitarias en los medios de comunicación alcanza. Sin controles ambientales eficientes, no hay política minera seria, ni mucho menos licencia social.

En definitiva, si la empresa no trabaja -o la mina está en stand by- deben explicar cuáles son las medidas de cierre temporal que lleva adelante la empresa Yamana, en tanto la Secretaría de Minería, que conduce Rodolfo Micone, debe comunicar los controles que realiza desde el organismo oficial, porque si no hay deslizamiento el color se debería al lavado de las laderas exploradas. Sin duda, Yamana no debería pensar en operar la mina, sino en devolverla, y los funcionarios de Minería deberían ir presos, ya que ambos juegan con la salud de la población. Aparte del color, seguro que hay polución química que afectó la potabilidad del agua luego de que la lluvia arrastrara la parte alterada -o tocada- en Agua Rica.

Fuente:https://www.elintransigente.com/politica/2019/1/2/la-mesa-de-dialogo-de-la-matanza-exigio-soluciones-recursos-533132.html

El intendente de Las Heras ratificó su negativa a la minería metalífera, se opuso al debate en la Legislatura por la reforma de la 7722 y, si bien consideró que debe diversificarse la economía de Mendoza, remarcó: «Pero a costa del agua de los mendocinos, no».

«Soy militante del agua. La minería en San Jorge no es viable bajo ningún punto de vista. A mí me tienen que dar controles, con auditorias bien hechas, y no estamos capacitados para eso», lanzó el intendente de Las Heras, Daniel Orozco (UCR), en diálogo con MDZ Radio.

El viernes, en el programa «Otra manera», el jefe comunal consideró que «tenemos que hacer una diversidad económica, pero a costa del agua de los mendocinos, no». Asimismo, se identificó con el pensamiento de los intendentes de San Carlos y General Alvear, que rechazan la minería.

«No comparto la reforma de la 7722. Como médico, con los metales pesados que tenemos, hoy dijo no. Mi oposición a la minería es tajante y en eso estoy con los ambientalistas de Uspallata, de todo Las Heras», completó el dirigente cobista.

Justamente, algunos cambios en la 7722 permitirían que el desarrollo del proyecto minero San Jorge pueda desarrollarse íntegramente en Mendoza y no como una iniciativa biprovincial con San Juan. Sin embargo, el jefe comunal lasherino rechaza la idea.

Fuente:https://www.mdzol.com/politica/Orozco-San-Jorge-no-es-viable-bajo-ningun-punto-de-vista-20181226-0095.html

Entregadores de diversa calaña -pero con sueldos y fueros parlamentarios- “debatieron”, con el habitual desprecio por la ciudadanía y con la euforia empresaria que caracteriza estos encuentros, las supuestas ventajas de la minería y estrategias para obtener licencia social. Se reunieron al amparo de un oscuro “Círculo de Legisladores”, claramente alineado con los intereses de las transnacionales mineras. Macristas, kirchneristas, peronistas dijeron presente. El ministro de minería de la contaminada provincia de San Juan insiste en llamar “industria sustentable” a una de las actividades más destructivas y contaminantes que dañó cuencas hídricas y destruyó la agricultura en amplias zonas, principalmente el valle de Jáchal e Iglesia, perjudicando impune e irremediablemente a la población. Lideró el encuentro el subsecretario de Desarrollo Minero del gobierno de Cambiemos, Gustavo Lamothe. Y también participó como autoridad de la entidad el ex gobernador de Chubut Néstor Perl, padre del director del Grupo Jornada en nuestra provincia.

A través de las dos notas que presentamos a continuación, podemos vislumbrar parte de los planes de estos traidores al Pueblo, sin distinciones de credos políticos, y de las poderosas empresas extranjeras que tienen detrás.

El Gobierno nacional aspira a que las exportaciones mineras pasen de los actuales u$s3.800 millones a u$s10.000 millones en 2025, y a superar lo que considera es el gran desafío de hoy que es el consenso social, “aceptando a la minería como una actividad económica más, cumpliendo con todas las normas que haya que cumplir”.

Así afirmó el subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Gustavo Lamothe, al hablar durante la Charla-Debate “Minería en la Argentina ¿Regular o prohibir? Desarrollo, legislación e impacto medioambiental”, organizada por el Círculo de Legisladores de la Nación y el Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales (IEERI) presidido por el diputado (MC), Humberto Roggero. Del encuentro participaron entre otros el vicegobernador de Jujuy, Carlos Haquim; el ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel; el titular de la Auditoria General de la Nación, Oscar Lamberto; el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Marcelo Alvarez; el secretario General del Círculo de Legisladores, Néstor Perl, y representantes del cuerpo diplomático de Gran Bretaña, Australia, Brasil, Perú y Bolivia.

Tras una introducción de Roggero, que destacó que “la minería es un tema estratégico para el país”, y resaltó que “la idea es decir Sí a la Minería, No a la Contaminación. Queremos generar un marco de reflexión para lograr en el futuro un modelo nacional minero sustentable.

Lamothe habló de la actividad minera como “motor de crecimiento del siglo XXI en la Argentina”, y resaltó que la cantidad de empresas que invierten en exploración en el país “creció un 30 por ciento”. No obstante, comparó las cifras con la de otros países de la región: “Argentina tiene una inversión en exploración de u$s241 millones, mientras que Perú tiene u$s610 millones y Chile u$s577 millones; hay mucho camino por recorrer”. Se refirió a las explotaciones de cobre en San Juan, Catamarca y Salta, las de oro en Santa Cruz “con proyectos de mediana y gran envergadura”, y a la “vedette actual, que es el litio”, del cual se podrían llegar a producir 290.000 toneladas para el año 2023”.

Señaló como desafíos actuales la compensación de proyectos maduros, el fomento de la exploración, la mejora de la competitividad para atraer inversiones, reducir las actuales restricciones y llegar a un consenso social sobre la actividad.

Mientras que el sanjuanino Hensel puntualizó que en su provincia “logramos hacer convivir a la minería, la agricultura y el turismo”, y coincidió con Alvarez en la necesidad de “transformar el capital minero en nuevas formas, porque la minería es finita, y debe fomentar otras industrias”. A la vez que pidió “no perdernos en falsas dicotomías; no podríamos avanzar en el desarrollo tecnológico si no tuviéramos minería”, y aseguró que “no podemos como país depender sólo de la agricultura y la cosecha de la Pampa Húmeda; tenemos otra Pampa Húmeda en esa cordillera de los Andes que tenemos que desarrollar”.

Agregó que “la principal industria exportadora de Catamarca, San Juan y Santa Cruz es la minería, con más de 30 mil puestos de trabajo”, y también consideró que “el gran desafío es sociabilizar la minería”. Y destacó la gran oportunidad que se abre para la Argentina con el desarrollo de los vehículos eléctricos, para cuyas baterías serán necesarios minerales que el país tiene en cantidad.

“La minería hay que militarla. Tenemos que trabajar en todos los frentes para construir entre todos un modelo minero nacional”, dijo Hensel que se mostró preocupado por las “incertidumbres” que se generan para la actividad minera a partir de “la ley de Glaciares” a la que pidió revisar porque “pone en riesgo 19 mil millones de dólares en exploración y más de 15 mil puestos de trabajo.

Es importante recordar que la Ley 26.639 de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, prohíbe en su artículo 6º “la exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial.

En tanto que Alvarez, quien se emocionó al recordar su paso por la actividad legislativa como asesor del entonces diputado nacional Oscar Lamberto “con quien aprendí el valor del diálogo, respetando las diferencias y pensando siempre en el bien común y en el bien de mi país”, advirtió que “lo que veo en la minería tiene que ver con la conflictividad social, hay un gran sector de la sociedad que no quiere el desarrollo de la minería, porque ve que no está dejando nada, algo que a veces es una realidad”.

Tras puntualizar que actualmente “hay 260 conflictos en América Latina relacionados con la minería”, Alvarez resaltó que “esta es una actividad finita, los recursos se acaban y no podemos pensar sólo en las generaciones actuales, hay que pensar los proyectos con un foco intergeneracional, que tenga que ver con cómo generar un desarrollo que permita que cuando se acabe el mineral esas comunidades puedan seguir trabajando en otras actividades económicas”.

Destacó que “un eje fundamental es la necesidad imperiosa de generar un diálogo multiactor con las provincias, ONG, legisladores y empresas, con todos los sectores sociales, para generar una minería responsable, sustentable, bien hecha y que respete los derechos humanos” y advirtió: “no hay otro camino, si no lo logramos, no vamos a tener minería sustentable en la Argentina”.

Al respecto, ejemplificó que “Perú y Chile han iniciado hace un año un diálogo social, porque entendieron que la conflictividad social viene con fuerza”. Y habló de otros dos ejes fundamentales para la actividad, que son la transparencia empresaria y una política de Estado “que se geste a partir del diálogo social, que genere previsibilidad pero también controles efectivos y cuyos resultados lleguen a la gente”.

Álvarez recordó que la Cámara de Empresarios Mineros creó un programa denominado “Hacia una Minería Sustentable”. Dicho programa genera 8 protocolos de gestión de cada uno de los yacimientos de las empresas que tienen que ver con el cuidado del ambiente, con su relación con las comunidades, con el respeto a los derechos humanos, con la biodiversidad de especies vegetales y animales y con los diques de colas para que no haya accidentes o incidentes”.

El vicegobernador jujeño, Carlos Haquin, destacó distintos cambios que llevó adelante la provincia para impulsar la actividad minera, que “ha generado 4.000 puestos de trabajo en la Puna, y está generando otros 700 puestos de empleo directo en energías renovables”, y enfatizó que “pretendemos ser parte como Estado de todo el desarrollo de las inversiones mineras”.

Haquin destacó que “hoy en Jujuy hay seguridad jurídica y en materia de transparencia la provincia ha creado la oficina anticorrupción. Tenemos respeto por los derechos humanos con instituciones fuertes y con paz social”. El vicegobernador agradeció al presidente Mauricio Macri por “su fuerte compromiso con el desarrollo de proyectos mineros, de energías renovables y de turismo en la provincia de Jujuy”.

El titular de la Auditoría General de la Nación, Oscar Lamberto hizo un aporte “Nosotros que hacemos auditoria ambientales nos sorprendemos por la mala prensa que tiene la minería. Sin embargo hay otros sectores como la producción de soja y los basurales que son más peligrosos porque transfieren millones de productos tóxicos en un minuto al medio ambiente pero nadie habla mal de como la agro-industria contamina con sus químicos y nadie se pregunta donde va a parar los residuos tóxicos, pero todo el mundo habla mal de la actividad minera”.

La versión del gobierno sanjuanino

Hensel expuso en el debate nacional “La importancia de la minería en Argentina”
El ministro de Minería sanjuanino asistió al Círculo de Legisladores de Nación para debatir tres ejes fundamentales de la industria sustentable.

Entre empresarios, investigadores y funcionarios se dio un desayuno de trabajo muy interesante en Capital Federal pensando en “La importancia de la minería en Argentina”. En este sentido, para la organización, la minería sustentable se convirtió en uno de los objetivos estratégicos que promueven transformaciones positivas y adecuadas al devenir histórico de la Nación.

El ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel, expuso sobre el desarrollo minero sanjuanino. Hensel contó cómo la minería sustentable, dirigida por una política de Estado clara, transformó la provincia.

“Pasamos del monocultivo de la vid a diversificar nuestra economía. Así la minería representa el 78% de las exportaciones y el 40% del PBG. San Juan creció un 40% respecto de la media nacional”, dijo Hensel.

La meta es lograr que esa riqueza minera atraviese a toda la sociedad, apoyando e impulsando a otras industrias, para ser motor de desarrollo regional y nacional.

El intercambio de ideas tuvo tres ejes: el desarrollo de la minería en el país, su legislación y su impacto en el medioambiente.

La charla debate estuvo organizada por el Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales (IEERI) perteneciente al Círculo de Legisladores de la Nación (CLN).

De la jornada participaron Mariano Lamothe, subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación; Carlos Haquim, vicegobernador de Jujuy; Marcelo Alvarez, vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM); Humberto Roggero, presidente de IEERI y de Relaciones Internacionales; Horacio Pernasetti, vicepresidente de IEERI; Nestor Perl, ex gobernador de Chubut y secretario general del CLN; Julian Ronney, presidente de la Cámara Británico Argentina.

También asistieron la Ing. Liliana Gurdulich de Correa (senadora MC); Fernanda Bendinelli Ferrero (diputada MC) con ejercicio en diversos cargos del Círculo de Legisladores; Oscar Lamberto (diputado MC); miembros del cueroo diplomático de Bolivia, Inglaterra, Perú, Australia y Brasil.

El IEERI en su versión oficial

El IEERI nació por impulso del Círculo de Legisladores de la Nación, acorde a los cambios que se vivieron en el país y a nivel internacional. La idea fue acompañar esos cambios con el desarrollo de estudios y propuestas en las áreas productivas, culturales, sociales, políticas, económicas, del campo tecnológico y las comunicaciones; con preponderancia en las relaciones internacionales.

El instituto ha encarado esfuerzos sostenidos, cubriendo un amplio programa de estudios y divulgación, organizando seminarios, ciclos de conferencias y tareas de investigación desde su creación hasta la actualidad.

Además ha puesto especial énfasis en la cooperación e integración que permitan hacer realidad los objetivos estratégicos que promuevan transformaciones positivas de la Nación.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/item/42293-mineras-y-gobiernos-mentiras-edulcoradas-y-maniobras-2019

La Asociación de Docentes se pronunció en contra de la intención de modificar una resolución aprobada en 2019. El tema se trata mañana y diferentes sectores convocan a movilizar. Estará presente la reconocida Madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas.

Lo que parecía un mero trámite legislativo en el interior de la Universidad Nacional de Luján (UNLu), amenaza en transformarse en un verdadero escándalo. Como informó este medio recientemente, el Consejo Superior de la casa de altos estudios tratará mañana un proyecto para modificar una resolución aprobada en 2009, cuando la comunidad universitaria definió un mensaje ético al rechazar los fondos provenientes de Alumbrera, la minera a cielo abierto radicada en Catamarca, denunciada por generar graves daños ambientales y sociales.

Distintos sectores ya anunciaron su repudio. A fines de la semana pasada lo hizo el Frente Universitario de Luján: “En la UNLu, militantes de la ciencia indigna intentan ‘recuperar’ esos fondos y utilizarlos para sus proyectos. Todo, a espaldas de la comunidad universitaria y el pueblo en general, ya que han incluido el tratamiento del tema en la sesión del Consejo de este jueves 20 de diciembre, cuando lógicamente no hay cursadas y la universidad está desierta. Por eso, más que nunca, es necesaria tu presencia en el Superior, para seguir diciendo no a esos fondos manchados de sangre y muerte”.

La sesión extraordinaria está programa para mañana a las 14. Una hora antes fue convocada una concentración en la sede central. Los promotores anunciaron que estará presenta la conocida Madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas.

En el mismo sentido se expresó la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Luján (ADUNLu): “Por unanimidad, la Comisión Directiva de ADUNLu, en su reunión del martes 18 de diciembre, resolvió pronunciarse públicamente en rechazo al proyecto de resolución que tiene como objetivo ‘dejar sin efecto el Art.2 de la RES HCS 502/09’. Es decir, que la UNLu acepte los fondos provenientes de las empresas megamineras a cielo abierto, en particular de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) Bajo de la Alumbrera”. “Cabe explicitar que el proyecto de resolución en cuestión contempla que estos fondos mineros serán utilizados para la construcción de una Planta de Generación Fotovoltaica en la UNLu. Nos manifestamos a favor de la construcción de una Planta de Generación Fotovoltaica y de todos aquellos proyectos que puedan ser tan valiosos para el desarrollo de las comunidades. Las Universidades Nacionales no disponen de los fondos necesarios para la realización de proyectos de mediana o gran escala. Entendemos que este es el problema central, parte de una política de vaciamiento hacia la ciencia y tecnología pública/estatal. Los montos destinados anualmente a Ciencia y Técnica son absolutamente insuficientes. Por ello, instamos a las autoridades de nuestra Universidad y al CIN a exigir al Ministerio de Educación de la Nación una urgente recomposición y actualización del presupuesto universitario, que tan solo este año sufrió un recorte de más 4.000 millones de pesos”, describe el gremio.

ADUNLu considera que de aprobarse “la UNLu pasaría a ser una más de las Universidades Nacionales que reciben los fondos de las empresas mineras a cielo abierto”. Rescatan que “hasta el momento la UNLu es motivo de orgullo para la comunidad universitaria en la resistencia al modelo minero a cielo abierto de características altamente contaminantes, transnacional, extractivista, depredador y expoliador de los recursos naturales de las comunidades nativas y de todo el pueblo argentino”.

“Existen numerosas denuncias e investigaciones científicas donde se demuestran de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y al medio ambiente efectuadas por estas empresas altamente contaminantes. A esto debemos sumarle el daño a la salud humana, que constituye secuelas de largo plazo con familias destruidas por las consecuencias de la contaminación”, agregaron.

Fuente:http://www.elcivismo.com.ar/notas/34472/aumenta-el-rechazo-a-los-fondos-de-la-mineria.html

La minería a gran escala con uso de sustancias químicas  es una actividad extractivista y contaminante que desplaza a las comunidades e impacta en la vida de las Mujeres incrementando la política de control sobre nuestros cuerpos.

La instalación de proyectos  megamineros en nuestros territorios conlleva además de terribles impactos ambientales, impactos sociales y políticos en las comunidades, la violación de los derechos humanos, la explotación sexual de niñas y  mujeres, incrementa los embarazos no deseados y los abortos clandestinos que ponen en riesgo la vida de las Mujeres.

Las mujeres decimos NO a los intentos de conquista

de las corporaciones mineras

Ante los discursos del sector empresarial minero, que se difundieron en los últimos meses, sobre la incorporación de Mujeres en la actividad minera, manifestamos:

La minería a gran escala con uso de sustancias químicas  es una actividad extractivista y contaminante que desplaza a las comunidades e impacta en la vida de las Mujeres incrementando la política de control sobre nuestros cuerpos.

La instalación de proyectos  megamineros en nuestros territorios conlleva además de terribles impactos ambientales, impactos sociales y políticos en las comunidades, la violación de los derechos humanos, la explotación sexual de niñas y  mujeres, incrementa los embarazos no deseados y los abortos clandestinos que ponen en riesgo la vida de las Mujeres.

Frente a este escenario, nosotras resistimos y luchamos en nuestros  territorios, reconociendo además la relación que mantienen los pueblos originarios y las Mujeres rurales con la tierra y la naturaleza.

Citamos a continuación las conclusiones de uno de los talleres de Ambiente del Encuentro Plurinacional de Mujeres 2018:

 “Alzamos las voces por todas aquellas mujeres que han sufrido femicidios ambientales y empresariales, que están siendo asesinadas y perseguidas  sistemáticamente, todas las mujeres indígenas, campesinas, estudiantes, trabajadoras. Mujeres que proponen una lucha integral, la unión en defensa de la autonomía de pueblos.

Nuestros territorios y pueblos sufren la violencia y represión del entramado y complicidad existente entre las grandes corporaciones colonizantes, gobiernos y clases dirigentes, los medios de comunicación hegemónicos todas funcionales a un modelo de producción extractivista, capitalista, racista y patriarcal que mercantiliza y atenta contra la vida.

Como consecuencia de este vil entramado, denunciamos el paquete tecnológico del agro negocio que incluye el monocultivo, el uso de agrotoxicos, el desmonte; concentración y extranjerización de la tierra, megaminería, fracking, fumigaciones, construcción de represas que destruyen los ríos, lagos lagunas y arroyos, desmonte, negocio inmobiliario, disputa por el territorio, extractivismo, centrales nucleares, la minería tradicional y su pasivo ambiental.

Nosotras siendo conscientes y como protagonistas de las luchas socioambientales  defendemos el agua como derecho a la vida, soberanía alimentaria, agroecología, autodeterminación de los pueblos, biodiversidad, equilibrio ecológico, reforma agraria, educación ambiental integral popular, consumo responsable, cambio de paradigma científico y formación con perspectiva ambiental integral y transversal, integración de la perspectiva de género y ambiental.

En función de todo esto nos cuestionamos nuestra lógica de consumo y declaramos que nuestros cuerpos y territorios no son objeto de conquista.

Todo esto lo declaramos desde Chubut como territorio de resistencia, esta Patagonia rebelde que le dijo no al basurero de Gastre, no a la mina en Esquel y en todo la provincia.”

Repudiamos el oportunismo descarado y estafador de las corporaciones megamineras que pretenden utilizar las reivindicaciones de la lucha feminista para ocultar las prácticas de un modelo económico neoliberal extractivista que busca, con respaldo político, instalarse y permanecer con fuerza en el país. Modelo que expone tanto a las comunidades, a las Mujeres y a la naturaleza a una situación de exterminio.

No es casual que la minería pretenda cambiar su imagen en Argentina con políticas de “igualdad de género e inclusión”. Repudiamos esta estrategia de “maquillaje feminista” al extractivismo, publicitada a su vez por los medios hegemónicos, que consideramos una respuesta perversa ante la organización y toma de conciencia que generan las mujeres en sus territorios avasallados. Las consecuencias sociales y ambientales de la megaminería, que atentan contra la integridad y salud de miles de mujeres en el territorio nacional, no serán “ocultadas” bajo la fachada de crecimiento y  de participación de mujeres en las empresas mineras.

Ninguna actividad que genere explotación, expoliación, muerte y desigualdad será considerada un espacio de conquista para las mujeres, como titula el Diario Clarín (09/12/2018). Como mujeres unidas, organizadas y en lucha permanente seguiremos defendiendo la autodeterminación de los pueblos, la soberanía alimentaria, el rechazo al extractivismo y la integridad de nuestros cuerpos.

 Colectivo de Mujeres del Taller «Mujeres y Medio Ambiente»

del Encuentro Plurinacional de Mujeres – Trelew 2018.

Adhieren:

• Asamblea Centenario lIbre de fracking ( Neuquén)
• Asamblea comarcal contra el saqueo (Chubut-Río Negro)
• Asamblea de Godoy Cruz (Mendoza)
• Asamblea de Luján de Cuyo (Mendoza)
• Asamblea de Tunuyán (Mendoza)
• Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (A.V.A.L. de Neuquén)
• Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el NO A LA MINA de Esquel (Chubut)
• Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el NO A LA MINA de Trevelin (Chubut)
• Asamblea de Vecinos de Jáchal (San Juan)
• Asamblea de Vecinos por el agua de Chos Malal (Neuquén)
• Asamblea en defensa del territorio (Puerto Madryn, Chubut)
• Asamblea en solidaridad con los pueblos en lucha (ASPUEL de Neuquén)
• Asamblea Interhospitalaria del Noroeste de Chubut en defensa de la Salud Pública.
• Asamblea permanente del Comahue por el agua (APCA) de Allen (Río Negro)
• Asamblea permanente por los Derechos Humanos, sede Esquel (Chubut)
• Asamblea por el agua de Las Heras (Mendoza)
• Asamblea por el árbol
• Asamblea Tupungato por Agua Pura (Mendoza)
• Asamblea vecinal de Puerto Pirámides (Chubut)
• Asociación amigos del Río Chubut
• Asociación Civil Nace un Derecho.
• Cátedra de Filosofía, Profesorado en Ciencia Política, IFD 6011 “Gral. M. Belgrano” de Salta
• Cátedra de Introducción a la Filosofía, Sede Regional Tartagal de la Univ. Nacional de Salta
• Cátedras de Ética y de Filosofía de la Religión, Carrera de Filosofía, Univ. Católica de Salta
• Claudia Álvarez Ferreyra, periodista (Salta)
• Colectiva de Mujeres de Lago Puelo (Chubut)
• Departamento de Géneros e Igualdad de Oportunidades de ATE Provincia del Chubut
• Equipo Multidisciplinario de Interrupción Legal del Embarazo (EMILE) de Esquel-Trevelin
• Escuela Internacional de Filosofía Intercultural, Barcelona, España
• Huerquen Comunicación en Colectivo
• Instituto “Orco Huasi. Investigaciones Interculturales”, de Salta
• Intercambio Cultural Latinoamericano- Alemán (ICALA), Consejo Salta-NOA
• Mirta Antonelli (Docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba)
• Multisectorial de Mujeres de Esquel
• Dr. phil. Carlos María Pagano Fernández, Salta, UCASAL y UNSa
• Programa “RadioSalú” de Radio Kalewche (Esquel, Chubut)
• Red de trabajadoras de la Salud Pública de Esquel (Chubut)
• Secretaría de Género de CTA Autónoma de Chubut.
• UPVA Unidos por la vida y el ambiente de Ramallo, Pcia de Buenos Aires

Quienes quieran sumar más adhesiones pueden dejarnos su mensaje en el Facebook Noalamina Esquel y se irán agregando.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/42287-las-mujeres-decimos-no-a-los-intentos-de-conquista-de-las-corporaciones-mineras

El G20 nos dejó la noticia de que, en algunos meses, Argentina tendrá importantes novedades respecto a la puesta en marcha de megaemprendimientos mineros, como Agua Rica en el departamento Andalgalá (Catamarca). El anuncio lo hizo el ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica. El caso de la minería de nuestro país está atravesado por la cuestión ambiental que, para algunos sectores, aparece sacrificada bajo el aspecto enfatizado, que sería siempre el económico y que, por supuesto, incluye la distribución de las ganancias. Precisamente, uno de los principales dilemas a resolver es que Nación es el socio “vivo” que se queda con la “tajada del león” sin importar qué pase en las comunidades mineras. ¿Qué cambió? Nada. Al gobierno central no le importa lo social o ambiental, solo que se mueva.

Sica en el G20: “En algunos meses tendremos novedades con Agua Rica”

“Existen grandes expectativas con respecto a proyectos que vienen hace varios años con distintos estudios y algunas demoras, como es Agua Rica (provincia de Catamarca). Pensamos que de esos proyectos quizás en los próximos meses podemos tener noticias importantes: son de fuerte inversión, generan fuerte presencia de empleo y cumplen todas las regulaciones que tienen que ver con las normas y la licencia social en cada una de esas provincias. Seguimos teniendo expectativas con respecto al desarrollo minero para los próximos años en Argentina, que será uno de los sectores que nos ayudará a aportar muchas divisas y poder solucionar nuestro déficit crónico en materia de comercio exterior”.

Agua Rica es “viable” con un “riesgo ambiental de muy bajas consecuencias”.

En relación con la experiencia minera en Catamarca, podemos arrancar diciendo que Alumbrera está agotada (la explotación a cielo abierto terminó y comenzó una minería subterránea incipiente en la zona). También sería bueno mencionar la ineptitud en la administración de Farallón Negro (yacimiento de oro y plata que –dicen- da pérdidas y apenas alcanza para pagar los sueldos cuando ambos metales tienen un alto valor en el mercado), por lo que el único megaproyecto explorado para poner en marcha es Agua Rica en la provincia de Catamarca. El Gobierno asegura que el proyecto es “viable” y que se puede tener una minería con un “riesgo ambiental de muy bajas consecuencias”. Aquí mismo va pegadita otra pregunta que tiene vital importancia en este asunto: quién será la “operadora” de Agua Rica. ¿Glencore, la misma que explotó Alumbrera y que absorbió a Xtrata? ¿Alguna otra? ¿Qué solvencia? ¿Qué seriedad? ¿Qué tecnología?

Oportunidad o ilusión óptica

Asimismo, los impulsores de poner en marcha Agua Rica manifiestan que es una nueva “oportunidad” para los andalgalenses, que no terminan de “ponerse de acuerdo” para “salir del pozo”. Sin duda, la explotación –o no- de este gran yacimiento minero involucra la decisión de toda la comunidad que -por esta razón- permanece divida. Los promotores de Agua Rica afirman que se tendrá que renegociar lo económico para que la plata no se la lleve Nación o la Provincia, y que debe ser significativo el porcentaje de ganancia que pueda volcarse en la comunidad más cercana al yacimiento (no solo cuánto dinero, sino dónde se invertirá el mismo).

Andalgalá está aislada. En este momento, se completa la ruta Andalgalá-Belén, ahora falta Andalgalá-Tucumán. Es una comunidad con muchos problemas. Dicen que el Gobierno nacional no tiene plata y que estaremos endeudados por muchos años, por lo que las promesas políticas se harán con base en los recursos de la minería que se viene: externalidades, responsabilidad social empresarial, regalías, ganancias, etc. Hasta aquí, usaron la plata para hacer política partidaria, menos para lo que se conoce como “desarrollo sustentable”.

“Participación social” es una cosa y “licencia social” es otra

¿Dónde está la punta del ovillo? La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio algunas pistas sobre cómo seguir. Se deberá hacer algo superador a lo que se hizo o se viene haciendo, que no era ni es suficiente. La Suprema Corte le da participación a la comunidad por el pedido o gracias a los ambientalistas. El tema es que, si la comunidad decide hacerlo, tienen que hacerlo bien. Concepto clave: la “participación social” es una cosa, y la “licencia social”, otra.

Fuente:https://www.elintransigente.com/politica/2018/12/5/el-60-de-los-problemas-de-las-pymes-los-genera-el-estado-527577.html

La minería de litio es parte del modelo extractivo, con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Jujuy como punta de lanza, el apoyo de la clase política, el rol de académicos y la violación de derechos indígenas.

“Oro blanco”, es el sinónimo del litio para empresas y funcionarios que priorizan el dinero. “Recurso natural estratégico”, argumentan los científicos que prometen que se puede industrializar en Argentina y captar más dinero para el Estado. “Nuestra vida”, resumen los pueblos indígenas que viven desde hace generaciones en el lugar que se volvió preciado para el poder económico y político: las salinas, cuna del litio, mineral en auge, utilizado en baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos.

Políticos (de distintos colores) impulsan la explotación de litio, los jueces desconocen los derechos indígenas y algunos sectores de la ciencia se ubican más cerca del extractivismo que de los pueblos originarios.

Veinte años

El litio se encuentra en esas enormes planicies blancas que suelen ser foto de turistas. Lugar de vida y trabajo de comunidades indígenas kollas y atacama en Jujuy y Salta.

El proyecto minero de litio Fénix entró en explotación en 1998.  Ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra (Catamarca), está en manos de la multinacional  FMC Lithium. Fue el comienzo de la minería de litio a escala en Argentina.

A partir de fines de la década del 2000 comenzó una nueva etapa del mineral, con mayor llegada de empresas internacionales y políticas activas del kirchnerismo (y los gobiernos provinciales). La publicidad corporativa, y los gobiernos, llaman “triángulo del litio” a la región de la puna de Argentina, Chile y Bolivia, que reuniría más del 80 por ciento del litio del mundo.

Jujuy cuenta con dos proyectos en explotación, ambos iniciados en 2014. Olaroz, a nombre de Sales de Jujuy, una sociedad entre la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y las multinacionales Orocobre (Australia) y Toyota (Japón). Y el proyecto Cauchari, en manos de Minera Exar, de la canadiense Lithium Americas Corp (parte de sus acciones pertenecen a la automotriz Mitsubishi). Ambas están en Susques, 200 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.

Aunque es zona de comunidades indígenas, nunca se realizó el proceso de consulta libre, previa e informada que establecen las leyes sobre derechos indígenas.

Ambos gobernadores (Eduardo Fellner, PJ-FPV, como el actual Gerardo Morales, UCR-Cambiemos) fueron (y son) los mejores lobistas de las mineras, en general, y de la explotación de litio en particular.

Mauricio Macri lo promociona de forma reiterada. En agosto de 2018, desde Purmamarca, afirmó que la provincia será “líder” en la producción de litio y prometió: “Jujuy se va a transformar en potencia mundial”.

¿Desarrollo nacional?

“YPF del litio”, fue el nombre del proyecto de ley que impulsaron desde el kirchnerismo en 2015. Presentado por los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio (Partido Solidario), el proyecto de 74 artículos declaraba las reservas de litio como un “recurso natural de carácter estratégico” y establecía de “interés público” la exploración, explotación, concesión de explotación e industrialización. También propuso la creación de “Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado”.

“Nosotros no decimos ‘no a la minería, decimos ‘sí a la minería racional’, dentro de determinadas reglas de explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén debidamente protegidos”, afirmó Heller en el lanzamiento de la propuesta. El diputado Junio fue en el mismo sentido: “En Argentina debe haber un cambio drástico en la explotación del litio, entre el sistema imperante de concesiones a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del Estado”.

Heller es también presidente del Banco Credicoop. Y Junio es titular del Centro Cultural de la Cooperación (del mismo banco), espacio de referencia para un sector del progresismo y la izquierda porteña.

El proyecto de ley de Heller y Junio tiene 15 páginas y 4843 palabras. Y menciona sólo dos veces a los pueblos indígenas. El artículo 24 señala que habrá un representante de “las comunidades originarias” en el directorio de la Comisión Nacional del Litio y, en el artículo 30, explica que en el proceso de evaluación ambiental se deberá contar con la participación de las comunidades indígenas “a fin de considerar y aplicar su opinión al momento de desarrollar la actividad de explotación del litio”.

Según la propuesta de ley, la opinión indígena no es vinculante y está muy lejos de ser “consentimiento” (como establece la legislación vigente).

El proyecto de ley mantiene una gran coincidencia con el avance del modelo sojero, la legislación de hidrocarburos (incluido el fracking en Vaca Muerta) y de las leyes de megaminería: ignora toda la legislación indígena vigente.

Académicos

El “especialista en la materia” que actuó como asesor del proyecto de la “YPF del litio” fue Nicolás Gutman. Según su currículum vítae, “magister en Economía y Políticas Públicas, George Mason University, Estados Unidos. Investigador del Departamento de Economía Política y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación”. En una entrevista en FM La Tribu explicó en detalle las ventajas económicas de que el Estado se apropie de la renta (y compita así con las empresas extranjeras). Ante una pregunta, reconoció lo insólito: nunca había visitado un salar (donde está el litio) ni muchos menos buscado consenso con los pueblos indígenas del lugar.

Otro espacio de investigación sobre la temática es el Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales. Un espacio heterogéneo, tanto en formación (incluye a economistas, cientistas políticos e historiadores, entre otros) y en miradas sobre el extractivismo: desde el no a la minería al sí a la explotación con mayor captación de renta por parte del Estado y (prometida) posterior derrame de beneficios.

“Geopolítica del litio”, es el libro publicado por el grupo en 2015. Bruno Fornillo es el coordinador. Ariel Slipak es uno de los coautores. Licenciado en economía, becario del Conicet, doctorando en Ciencias Sociales. Aunque prefiere que lo identifiquen por lo que no aparece en el libro y sí en su cuenta de Twitter: militante de la organización social Marabunta y secretario gremial de la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA).

El 21 de septiembre participó de la charla “¿Boom del litio? Realidad y debates regionales en Argentina, Bolivia y Chile”, en Buenos Aires.

Criticó la idea empresaria-gubernamental de la “Arabia Saudita del litio” (como se suele señalar al “triangulo del litio” de Chile, Bolivia y Argentina) y recordó la historia de dependencia de la mano del petróleo y la soja.

Pero también señaló que el litio “plantea un dilema porque pude ser un material de transición a un modelo energético no fósil”. Precisó que la “polémica” tiene varios ejes: la disputa del país con las potencias que quieren explotar el recurso, la apropiación de la renta, el empleo, el rol de la ciencia, el cuidado del ambiente y la consulta a las comunidades.

Cuestionó los aspectos jurídicos que provincializa el recurso (litio). Consideró, no lejos de polémica, que la falta de recursos económicos lleva a las provincias (y también a las universidades) a buscar dinero del sector privado. Recordó que las empresas sólo pagan el tres por ciento de regalías a las provincias, pero no es sobre la facturación y sin calcular beneficios impositivos que tienen. “Se les paga para que se lleven el litio”, denunció.

“Desde políticas neodesarrollistas se plantea que se absorba renta y con eso se hagan políticas sociales. No somos inteligentes ni para eso”, afirmó. Y detalló que el proyecto de litio Olaroz emplea a 250 personas, menos del 0,5 por ciento del empleo privado de Jujuy.

Explicó que en Chile, de la mano de “los Chicago boys”, la apropiación de renta por parte del Estado es “muy importante” en comparación con Argentina. Pero sobre todo promovió el modelo boliviano, donde -remarcó- se estatizó “el recurso y se intervino en toda la cadena de valor”.

Afirmó que existe fiscalización para que sea “menos contaminante” y reivindicó al científico de la UBA y el Conicet, Ernesto Calvo, que desarrolla una técnica de extracción de litio que sería menos perjudicial al ambiente.

“Se puede contribuir a transiciones energéticas si se piensa un esquema de participación popular. Se puede crear una empresa estatal, que controle, que discuta tema ambiental, fiscalizaciones de las comunidades”, propuso Slipak.

En la ponencia de Slipak sobresale la idea del acuerdo con la explotación del litio, desde una postura crítica al rol de las multinacionales y la falta de cuidado del ambiente.

¿Se puede hacer minería con cuidado del ambiente y respeto a las comunidades indígenas? Hace años los pueblos indígenas en lucha y asambleas socioambientales saben que no es posible.

Slipak aclara que, además de la consulta a las comunidades, se debe priorizar el “principio precautorio”, vigente en la Ley General del Ambiente (25675): cuando haya peligro de daño grave o irreversible (como afectación de acuíferos) se deben tomar medidas que protejan al ambiente, aún si no hay certeza científica de la afectación (ver recuadro entrevista).

Lucha

Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de la Puna. Las empresas mineras de litio comenzaron a llegar en 2010.

Las 33 comunidades kolla y atakama del lugar se organizaron en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y comenzaron con acciones directas (campaña informativa, marchas a las capitales provinciales, corte de ruta) y acciones legales para que se respeten los derechos vigentes. Según la legislación nacional (entre ellas, la Constitución Nacional), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.

Recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se cumplan los derechos indígenas. Hubo una audiencia en abril de 2012, donde quedó de manifiesto que el máximo tribunal (con la acción ese día de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda) desconocía los derechos de los pueblos indígenas. Una y otra vez preguntaron sobre qué implicaba la consulta y cómo debía ser. De manera recurrente interrumpieron la explicación de la abogada de las comunidades, Alicia Chalabe.

Resultado cantado: la Corte Suprema se desentendió de la causa y los envió a los tribunales provinciales. Donde la el Poder Judicial y el poder político se sientan en la misma mesa.

Clemente Flores, kolla y uno de los voceros de las comunidades, está convencido que, de no haberse organizado y accionado, hoy estarían las mineras explotando las salinas, como en Susques. Explica que la vía judicial es uno de los frentes, pero el fundamental es la organización territorial.

Flores también cuestiona al sector científico que promueve la minería de litio: “Algunos académicos dicen que se puede explotar, procesando el mineral en el país, con beneficios para los argentinos y respetando el ambiente y comunidades… es un cuento chino, no creemos en eso”. Y compara: “¿Qué dirían esos científicos si vamos a su casa, no respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están queriendo hacer ellos en nuestra casa”.

Ambiente y presiones

La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales. A diferencia de la minería metalífera a gran escala, no realiza voladura de montañas ni utiliza explosivos y cianuro. Pero sí compromete las fuentes de agua, en una región de extrema sequía.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó ya en 2002 sobre el riesgo minero en la región de la Puna: “Sus principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.

En diciembre de 2010, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos (…) La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (…) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad”.

Una de las referentes de la Coaj es Natalia Sarapura, que asumió al frente de la Secretaría de Pueblos Indígenas del gobierno de Gerardo Morales.

Enrique González, del colectivo Apacheta que se opone a la minería, recordó que las empresas de litio ya violaron los derechos indígenas al instalarse sin respetar la consulta libre, previa e informada. Sobre la actualidad, apuntó al gobierno provincial. “Hay avance de mineras y la situación está complicada porque el Gobierno entró a las comunidades con la Secretaría de Pueblos Indígenas y juega con la necesidad de trabajo. Hay mucha presión del gobernador Morales, que incluso demora trámites de las comunidades que se oponen”, denunció González.

Precisó tres puntos consensuados por una decena de comunidades kollas: rechazar todo tipo de emprendimiento de extracción a gran escala de materia prima, declarar la Cuenca de Guayatayoc (donde están las Salinas Grandes) territorio ancestral, de propiedad comunitaria y lugar sagrado; y exigir a los gobiernos (municipal, provincial y nacional) que no tomen ninguna medida “de decisión o negociación” sobre el territorio indígenas.

EEUU y represión

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, viajó a Estados Unidos y el 15 de noviembre se reunió con el vicesecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kevin O’ Reilly. Remarcó las posibilidades de desarrollar minería de litio en la provincia. “El Gobierno reafirmó el perfil y potencial minero de Jujuy en materia de litio y la generación de energía renovables. Estos rubros son pilares de la nueva matriz productiva de un Jujuy que da para mucho más”, subrayó la gacetilla de prensa del gobierno jujeño.

El 21 de noviembre, comunidades indígenas se movilizaron en Tilcara y realizaron un corte selectivo y momentáneo de ruta para denunciar la avanzada sobre sus territorios y el hostigamiento puntual sobre la comunidad Cueva del Inca. Fueron reprimidos por la policía de Jujuy, con seis detenidos (incluida una menor de edad), balas de goma y golpes.

“El gobierno provincial salió a negar lo innegable, la represión. Los grandes medios de incomunicación provinciales hicieron la vista gorda a los acontecimientos. Las redes sociales y medios alternativos lograron la difusión”, señalaron las comunidades en la noche del 21 de noviembre, cuando los detenidos fueron liberados. Y recordaron: “Ante la grave situación que están sufriendo nuestros territorios, rechazamos la megaminería en la Puna jujeña (en particular el proyecto Chinchillas), que destruye la Pachamama, vuela nuestros cerros, destruye la biodiversidad, contamina el agua y pone en riesgo nuestra vida y de las generaciones futuras”.

«Se debe respetar la posición de las comunidades» Entrevista a Ariel Slipak.

-¿Cuál es el rol de las comunidades en la minería de litio?

-La participación de las comunidades es crucial, se debe respetar sus tradiciones, aunque no son las únicas involucradas. Soy partidario de la consulta libre, previa e informada (derecho básico presente en legislación nacional e internacional, que nunca se aplica en Argentina), pero necesitan información.

-¿Qué sucede si la comunidad dice no a la minería?

-Mi posición, no de todo el Grupo de Estudios, es que se debe respetar esa posición de la comunidad.

-Usted reivindicó el trabajo del científico Ernesto Calvo para explotar litio de forma, en teoría, «menos contaminante». Pero ese desarrollo es para mineras y no para indígenas, que sufrirán las consecuencias. Es una toma de postura investigar eso.

-Es cierto que Calvo hace ciencia pero no dialogó con las comunidades involucradas.

Fuente:http://www.opsur.org.ar/blog/2018/11/29/litio-y-espejos-de-colores/

Vaca Muerta, centrales nucleares patagónicas y la minería del uranio en Chubut estarán entre los principales ejes en las negociaciones que mantendrá el presidente Mauricio Macri con sus pares de Estados Unidos, China y Rusia. En la reunión del G20 buscará confirmar el desembarco de inversiones para la Patagonia en esos tres sectores estratégicos.

Conseguir que chinos, estadounidenses y rusos concreten el desembarco de sus inversiones en la Patagonia es una de las prioridades de Macri para la cumbre del G20 en la Argentina. Obtener esos compromisos bilaterales le permitiría reflotar la hasta ahora fracasada idea de la “lluvia de inversiones” para un año que se presenta absolutamente contractivo para la economía y la industria en medio de la carrera electoral con vistas a octubre de 2019.

Según publica El Extremo Sur, la prioridad de la gestión de Cambiemos es que Estados Unidos juegue fuerte en Vaca Muerta, particularmente en el terreno tecnológico y de infraestructura para el transporte, y allí focalizará las conversaciones con Donald Trump, quien comanda las mayores experiencias del fracking mundial originadas desde Texas.

También quiere sumar a los inversores orientales en el mega yacimiento de shale y hasta se especula que podrían incorporarse capitales de Europa del Este. Resolver el cuello de botella hacia el que inexorablemente se encaminan los hidrocarburos no convencionales es una desesperación en la gestión macrista.

NUCLEARES Y REPRESAS

Con el primer mandatario chino Xi Jinping, Macri quiere avanzar en las demoradas dos centrales nucleares –una en la Patagonia rionegrina– que acordó construir a través del Memorándum de Entendimiento rubricado a principios de año.

Los capitales orientales están entusiasmados con la posibilidad de desarrollar la tecnología nuclear en la Argentina y posicionar al país como uno de los pilares del desembarco chino en Latinoamérica.

Pero los inversores chinos también aspiran a que se los habilite a construir las dos represas en Santa Cruz, que han quedado en stand by como consecuencia del ajuste y el déficit, y la apertura en el sector de las energías renovables; a cambio la administración del líder chino posibilitaría otro swap (intercambio de monedas) por 8.500 millones de dólares que se sumará al ya existente por 11.000 millones de dólares.

Menos difundida en los días previos al inicio del G20 están las conversaciones con el primer ministro ruso Vladimir Putin. La administración del ex vicealcalde de San Petersburgo e integrante del servicio de espionaje de la KGB tiene especial interés en desembarcar en la Meseta Central chubutense para la exploración y explotación de los enormes reservorios de uranio, y no se descarta que también la Federación Rusa se sume a la construcción de una central nuclear en el país.

Tras la firma con Rusia en enero de este año del denominado “Memorándum de entendimiento para la exploración y explotación de uranio”, Vasily Konstantinov –titular de la empresa estatal rusa Uranium One Group– sostuvo que Argentina “puede tener una Vaca Muerta en uranio” y así lo entiende la gestión de Macri quien buscaría avanzar a fondo con Putin sobre esta temática.

Las negociaciones bilaterales de Macri en el G20 se centrarán en estos tres aspectos mencionados, pero no debe perderse de vista que el estadounidense Donald Trump no tiene intenciones de que Macri firme con China y Rusia acuerdos en rubros y sectores estratégicos que terminarían quedando en manos de inversores de sus dos principales potencias competidoras.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/42271-uno-de-los-temas-del-g20-seria-el-uranio-de-chubut

El viernes 23 de noviembre, Pan American Silver expuso, a un grupo de empresarios de Comodoro Rivadavia en la Expo de la Industria y el Comercio, sus necesidades de servicio para el caso de que fuese aprobada la zonificación minera. Lo llamativo es que la convocatoria e invitaciones cursadas parecen haber sido secretas, a tal punto que la charla no figuraba en el programa de la Expo. El FASP intervino en la charla y expresó el rechazo de los comodorenses.

Aunque la exposición se dio en el marco de la Expo de la Industria y el Comercio no aparece en el cronograma oficial de actividades, las invitaciones se cursaron de manera personal. Dado que la Expo comodorense es un evento abierto, miembros del Foro Social y Ambiental estuvieron allí y expusieron el rechazo a la zonificación minera en Chubut.

La invitación de Pan American Silver  no aparecía en el cronograma oficial de la 5° Expo de la Industria y el Comercio que se desarrolla con gran convocatoria en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia. Sin embargo, se cursó a un grupo de empresarios de la ciudad. Allí se adelantaba  que el viernes 23 de noviembre  a las 19:30 horas habría una reunión con referentes de la empresa.

“Es la presentación formal donde  explicarán su proyecto y sus futuras necesidades  de servicio, en caso de aprobarse la extracción minera en la provincia”.

 La presencia del FASP

El Foro Ambiental y Social de la Patagonia expuso el rechazo al intento de seducir con megamineria a los empresarios de la zona y a través de sus redes sociales informaron que se pretendió evitar que escuchen la propuesta de Pan American Silver. Reproducimos el relato del foro.

“En Comodoro Rivadavia tampoco avalamos la megaminería.

Pan American Silver y unos pocos interesados por el proyecto Navidad también se enteraron que acá también nos oponemos a su actividad contaminante y saqueadora.
Quisieron echarnos “porque no fuimos invitados” pero por supuesto no se acordaron que la Expo de la Industria y el Comercio es un evento abierto al público.

Lo raro es que PAS no aparece en ningún programa de expositores…. Aunque intenten comprar con mentiras a sectores de nuestra sociedad y encima a escondidas no se olviden que en nuestra provincia su actividad además de ilegal es ¡ilegítima!”.

Fuenrte:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/42253-el-foro-ambiental-y-social-de-la-patagonia-intervino-una-charla-prominera-en-comodoro