Este viernes cerca del mediodía en el Concejo Deliberante, en un emotivo acto histórico, los vecinos de Esquel presentamos públicamente y certificamos ante escribano público las 12.947 planillas con firmas individuales reunidas en todo Chubut respaldando el proyecto de ley que prohibe la minería a gran escala en todas sus etapas, tanto de minerales metalíferos como radiactivos. La campaña, que finalizó formalmente hoy, fue impulsada por el conjunto de las asambleas y foros nucleados en la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut ejerciendo el derecho a Iniciativo Popular que consagra la Constución de Chubut en su artículo 263. Es un un nuevo hecho histórico ya que es la primera vez que los chubutences hacen uso de este derecho de democracia directa y participativa.
Ante un edicto del Ministerio de Ambiente publicado el jueves 12 de marzo en el diario El Chubut, que convocaba a una Consulta Pública por exploTación de uranio en Cerro Solo a cargo de Comisión Nacional de Energía Atómica, intgegrantes de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut se movilizaron en Rawson y fueron a pedir explicaciones al Ministerio de Ambiente y Condtrol del Desarrollo Sustentable y también a Casa de Gobierno. Por el error en el texto publicado, el diario El Chubut en su edición del 15 de marzo señala que «resulta evidente la sensibilidad que provoca en el ámbito oficial una cuestión que ni siquiera está abierta a debate. Pero también el nerviosismo de quien no tiene la tranquilidad de ser creíble en sus planteos públicos.»
El pasado 3 de marzo, el Instituto FRASER (Canadá) presentó el resultado del «Sondeo Anual entre Empresas Mineras (2013)», un interrogatorio electrónico sobre cómo evalúan las posibilidades de inversión en todo el mundo. Dicho estudio recoge las respuestas de 690 representantes de empresas mineras. En sus conclusiones, el Instituto FRASER realiza una evaluación de la situación particular de la Argentina, resaltando el hecho de que, excepto por el caso de Jujuy, todas sus provincias retrocedieron escalones en forma «significativa» en 2013, revirtiendo el «notable avance» experimentado en el sondeo precedente (2012/2013).
La defensa de los cinco acusados de pintar con graffitis las paredes del municipio de Puerto Madryn, planteó que la causa debe cerrarse porque significa una limitación a la libertad de expresión. Además de afirmar que no existen pruebas del daño que se dice ocasionado, manifestaron que la falta de oportunidad de difundir la lucha por el agua y contra la megaminería en los medios masivos de comunicación, es una forma de censura.
