El presidente Mauricio Macri junto a los gobernadores mineros viajó a la localidad sanjuanina de Barreal para anunciar la quita total de las retenciones a la minería. Las asambleas que ya se encontraban en alerta cuando días atrás funcionarios del ministerio de minería anunciaban la necesidad de un nuevo código federal minero que impulse nuevamente la actividad. Andalgalá sigue acampando frente a la Corte Suprema de Justicia y Jáchal sigue esperando respuestas ante el derrame de cianuro en la mina Veladero.
El decreto 349/2016 fue publicado en el boletín oficial el 15 de febrero pasado. En uno de sus primeros párrafos inventa una rara interpretación en su fundamentación. Según el diagnóstico macrista, las retenciones afectaron seriamente la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Claramente esta idea se basa en la necesidad de alivianar las críticas que se aprestaban a recibir. En un momento donde las economías regionales claman a gritos soluciones inmediatas para el sector.
A poco más de 5 meses del derrame de solución cianurada de la mina iglesiana Veladero, en el vecino departamento de Jáchal persisten las protestas de un sector contra la minería, las cuales están cobrando una modalidad más virulenta. En la noche del viernes, un grupo de ambientalistas dejó la concentración en la plaza y marchó hacia la casa del intendente Miguel Vega para escracharlo. ¿El motivo? Es que junto a un funcionario provincial había desmentido que los altos niveles de boro y arsénico que detectó el estudio de una universidad mendocina en el agua de dos localidades fuera producto de la actividad minera. Como resultado, los manifestantes pintaron frases de repudio en la calle frente al hogar del jefe comunal y también frente a su vecino, el diputado Jorge Barifusa.
El senador nacional de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas, cuestionó este viernes la decisión del presidente Mauricio Macri de quitar las retenciones a las empresas mineras, al considerar que de esta forma “está financiando a las multinacionales que contaminan”.
Más de 30 mil médicos, profesionales y trabajadores estatales de la salud de todo el país que integran la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) rechazaron ayer la decisión del gobierno nacional de eliminar las retenciones a las empresas mineras. «Queremos dejarle en claro al presidente de la nación, Mauricio Macri, las profundas implicancias negativas en el plano ético, económico, socioambiental y sanitario de dicha decisión», expresó al respecto el presidente del gremio, el médico Jorge Yabkowski.
Al mismo tiempo que Macri anunciaba en San Juan el fin a las retenciones para las exportaciones mineras, el rostro visible del único proyecto que aún tiene viabilidad en la provincia comenzaba su traslado a la Secretaría de Minería de la Nación. Quien fuera presidente del Proyecto Minero San Jorge, Fabián Gregorio, pasará a formar parte del gabinete de la esa Secretaría.
El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, advirtió que el pueblo ya manifestó su oposición a la explotación minera y afirmó que la postura ya fue expresada al ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman. Por su parte Mariano García Araníbar, el intendente de Gaiman señaló que la actividad es «necesidad y una demanda de la zona central y de la meseta». La miopía de la clase política y sus vínculos con los intereses mineros le impide trabajar para un Chubut con actividades verdaderamente productivas sin someternos al saqueo y la contaminación.
Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, explicó que “la Corte se sacó de encima la causa contra la mina Veladero de Barrick Gold» y desde hace siete años tramita otra causa sobre la mina Pascua Lama, también de Barrick en San Juan. Pero en el caso de la petrolera Chevron “En tiempo récord le levantó un embargo judicial para que comience a operar en Vaca Muerta”.
Desde hace una semana, vecinos de Andalgalá acamparon en la plaza Lavalle, frente a los Tribunales porteños. Reclaman a la Corte Suprema la suspensión del proyecto minero de Agua Rica, para proteger las fuentes de agua y la población.
Otra vez, a espaldas de la gente, el gobierno corpaccista hace preparar los papeles para firmar un nuevo acuerdo con la empresa minera YAMANA GOLD donde los catamarqueños, sin duda, saldremos perdiendo, perjudicados, afectados. Ellos (YAMANA) renuncian a seguir litigando por Cerro Atajo y nosotros (el Estado catamarqueño que administra Lucía Corpacci) le entregamos el control de un grupo de yacimientos (incluído Agua Rica) por 40 años. ¡Somos geniales!