Venezuela

Pemones se alzan a Maduro y exigen fin de la minería ecocida en el Parque Nacional Canaima

07/09/2020
A través de un comunicado rechazaron la apertura de una oficina de la Corporación Minera Venezolana, que es la que coordina todo el ecocidio que se realiza en el marco del llamado Arco Minero, un invento chavista para saquear los recursos de Venezuela.

Una comunidad indígena cuyos miembros pertenecen a la Primera Nación Pemón emitió un comunicado rechazando la apertura de una oficina de la estatal Corporación Minera Venezolana en su territorio tradicional. Los pemones de la comunidad Santo Domingo de Turasén en el municipio Gran Sabana del sureste del estado Bolívar, dijeron que rechazan el hecho de que una minera nacional haya decidido abrir una oficina en su terreno sin consultarlos debidamente.

“Nos preocupa el hecho de que durante los últimos 20 años de la transición propuesta hacia una sociedad más justa y democrática, ha sido imposible desplazar o quebrar a la élite corrupta y desacreditada [que gobierna el país], que no ha establecido adecuadamente canales de comunicación con la mayoría de los pueblos indígenas”, se lee en el comunicado.

El grupo recordó al régimen de Nicolás Maduro que tanto la Constitución venezolana como la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas establecen que se requiere consentimiento previo, informado y libre antes de iniciar cualquier proyecto que pueda afectar las tierras indígenas y sus recursos. Esto incluye la minería y otras industrias extractivas.

La apertura de la nueva oficina, que estaría ubicada en Santa Elena de Uairén -la principal localidad que da servicio al área donde se ubica su comunidad-, es vista por la comunidad como una forma de promover y formalizar las actividades mineras en áreas protegidas como el Parque Nacional Canaima. También se ve como una forma de implementar políticas públicas que promuevan la división entre diferentes comunidades indígenas y debiliten las estructuras organizativas de las Primeras Naciones venezolanas.

“No están siguiendo los principios de respeto a la soberanía, sustentabilidad, visión sistemática de los pueblos indígenas, desarrollo bajo principios ecológicos y, en particular, de profundo respeto a los pueblos indígenas”, afirma el comunicado. “Por eso exigimos que todos los actores e instituciones gubernamentales cumplan con lo que estipula la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en materia de consulta previa, informada y libre, respetando los criterios de interculturalidad, buena fe y tiempos ancestrales”.

Problema de larga data

Desde hace años, grupos ambientales, de derechos humanos y de las Primeras Naciones denuncian el saqueo de recursos minerales en diferentes parques nacionales del estado Bolívar, particularmente desde el establecimiento del Arco Minero de la Zona Estratégica de Desarrollo Nacional del Río Orinoco, que es un área de concesión de 111,843 kilómetros cuadrados que equivale al 12.2% de la superficie terrestre del país y donde se encuentran oro, diamantes, mineral de hierro, Se permite extraer cobre, bauxita, coltán, entre otros recursos.

Aunque se suponía que el Arco regularía la minería en la región, en realidad, se llevan a cabo operaciones turbias en y alrededor de su extensión. El Parque Nacional Canaima, que alberga enormes ríos y cascadas y es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, se ha convertido en un área de interés particular. Esta situación preocupa tanto a los pemones como a los ambientalistas, que han pedido reiteradamente el cese total de las actividades extractivas en la zona.

Según estos grupos, la extracción de oro no regulada está contaminando el río Carrao y sus afluentes dentro del parque, amenazando la seguridad y el sustento de las comunidades indígenas que han vivido allí durante siglos.
Con información de Mining.

Pemones se alzan a Maduro y exigen fin de la minería ecocida en el Parque Nacional Canaima

Venezuela

Bolívar contabiliza 77 desapariciones en zonas mineras desde 2012

Por Jhoalys Siverio @jhoalys
31/08/2020
De acuerdo con la ONG Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía, 13 mujeres y 64 hombres desaparecieron en zonas mineras del sur de Bolívar entre 2012 y agosto de 2020.

Puerto Ordaz. Las zonas mineras del sur de Bolívar significan para muchos una opción de rebusque económico. Sin embargo, para otros significó la muerte o su desaparición física. La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) y un colectivo de periodistas independientes en alianza con La Vida de Nos contabilizan al menos 77 desaparecidos desde 2012 hasta el 15 de agosto de 2020.

La investigación señala que de esas 77 personas (13 mujeres y 64 hombres) la mitad continúa desaparecida. 39 % de las víctimas tienen edades comprendidas entre los 20 y los 30 años de edad.

El municipio Sifontes acumula 43 % de las desapariciones en las zonas mineras, correspondiente a mineros o comerciantes.

“Esta cifra convierte a esta jurisdicción, de acuerdo con los datos recabados, en el epicentro de las desapariciones en el sur de Bolívar. En este municipio no solo se documentó la presencia de grupos armados que actúan con complicidad estatal. También la incursión de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), denuncia que ha sido negada por autoridades militares”, recuerda la ONG Codehciu.

Las desapariciones forzadas se profundizaron en 2016 con la creación del Arco Minero del Orinoco. De acuerdo con el informe de Codehciu y La Vida de Nos, 74 % de las víctimas desaparecieron entre 2018 y los primeros ocho meses de 2020.

“Los familiares de las víctimas coinciden en la ausencia de protocolos de búsqueda básicos por parte de las autoridades. La madre de Lisandro Murillo, un minero desaparecido en 2015 en la mina Cicapra, en el municipio Roscio, en el sur de Bolívar, asegura que su denuncia ante el Cicpc fue infructuosa”, revela la investigación.

Día Internacional
El monitoreo de desapariciones en el sur de Venezuela se inició en 2019 como parte de la investigación Fosas del Silencio. Este mes se amplía a la plataforma Indelebles. Se trata de un proyecto de periodistas en alianza con Codehciu para visibilizar el fenómeno de desapariciones en el sur de Venezuela.

a publicación de la investigación coincidió con el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Esta fecha la declaró la Organización de Naciones Unidas (ONU) el 30 de agosto de 2011.

“Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes”, indica la ONU.

Bolívar contabiliza 77 desapariciones en zonas mineras desde 2012

Venezuela

137 personas han muerto en municipios mineros al sur de Bolívar entre 2019 y 2020

Laura Clisánchez
16/07/2020
Al menos 45% de las víctimas no pudieron ser identificadas por la brutalidad de los crímenes o por el estado de descomposición en que se encuentran, mientras familiares de personas desaparecidas en el territorio emprenden la búsqueda bajo amenazas y sin resultados.
@mlclisanchez
La Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO) ha sido -desde su creación en 2016- el epicentro de la violencia armada, tratos crueles, inhumanos y degradantes y las desapariciones de personas vinculadas a la minería ilegal y a la comercialización de productos con el oro como medio de pago.

137 personas han muerto en territorios mineros del estado Bolívar, entre 2019 y lo que va de 2020, de acuerdo con el más reciente monitoreo de violencia armada y ejecuciones extrajudiciales de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu).

45% de las víctimas no han sido identificadas por órganos policiales por el avanzado estado de descomposición de los cuerpos, por múltiples heridas de bala en sus rostros y por carecer de documentos de identidad. Las organizaciones defensoras de derechos humanos luchan para que las víctimas que no han sido identificadas no sean solo números, sino huellas de un patrón de violencia que el Estado venezolano no frena.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expuso este miércoles en Ginebra las múltiples violaciones de los derechos humanos en medio de la anarquía minera al sur de Bolívar y reconoció que quienes dominan la zona son bandas criminales en complicidad con efectivos de las Fuerzas Armadas venezolanas, por lo que tienen patente de corso para delinquir, asesinar, torturar y desaparecer a quienes no cumplan con el orden establecido por ellos.

El aumento de la violencia surge a medida que la minería ilegal gana espacios por la agudización de la crisis económica, mientras que el Ejecutivo no pone orden pues se beneficia de la actividad como alternativa económica frente a una industria petrolera en declive.

Los más violentos

El municipio que encabeza la lista de ejecuciones extrajudiciales y homicidios como resultado de enfrentamientos entre grupos criminales y Fuerzas Armadas es Sifontes, con 47 fallecidos y 2 heridos. Estos últimos son dos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) heridos en una incursión militar que dejó un saldo de cinco muertos en El Pariche, en marzo de 2019.

En El Callao murieron al menos 41 personas, mineros y miembros de grupos armados irregulares en su mayoría. Este es el segundo municipio minero más violento. Fue allí donde ocurrió una de las muertes más emblemáticas del 2020 en el estado Bolívar: el asesinato del cultor Carlos Clark, quien también era minero y dueño de la mina Las cuatro esquinas. Clark fue el fundador de la agrupación de calipso La Nueva Onda y grupos armados lo acribillaron luego de que denunció la invasión de su mina, cuyo desalojo logró con ayuda de la Guardia Nacional.

Rosalba Mara Valdez, una exconcejala de El Callao, también fue asesinada por grupos armados en diciembre de 2019 en la entidad callaoense. Valdez fue presidenta de la Cámara Municipal de El Callao y candidata a la Alcaldía en 2008 y también había sido sacada de su casa a la fuerza por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en una oportunidad. Había denunciado la incursión de grupos irregulares en las minas de El Perú, Nacupay y Los Caballos.

En este pueblo minero se han documentado hasta 10 asesinatos en menos de 48 horas.

Si bien la violencia armada al sur del estado Bolívar es mayor, los enfrentamientos y homicidios se han diseminado hacia municipios urbanos como Caroní, donde han muerto 15 personas en año y medio, sin ignorar el subregistro.

En este grupo está el líder de la banda Zacarías, conocida por tener el control de los sectores mineros El Perú, Nuevo México y Finlandia en El Callao. El hombre fue asesinado junto a otros tres miembros de la banda.

En el municipio Caroní también murió este año un efectivo de la Policía del estado Bolívar (PEB) y su cuñado, que estaba vinculado a una banda delictiva que opera también en El Callao, de acuerdo con el parte oficial.

Víctimas de “El sistema”

Los mineros y comerciantes informales son los más perjudicados por el conflicto. Codehciu documentó el asesinato de 39 mineros y 2 comerciantes entre 2019 y lo que va de este año, en su mayoría a manos de grupos criminales o bandas delictivas vinculadas indirectamente con el pranato minero.

17 de estos mineros fueron asesinados por sujetos que no pertenecen a agrupaciones criminales, a menudo otros mineros. Los asesinatos fueron perpetrados tanto con armas de fuego como con armas blancas, como machetes.

El oro es el elemento que desencadena los frecuentes enfrentamientos entre bandas delictivas, disputas entre mineros, asesinato de denunciantes y activistas; así como la desaparición de mineros, comerciantes y quien guarde relación con la compra, venta o extracción de este mineral o el contrabando de combustible. De estas consecuencias no han escapado cultores ni dirigentes políticos en el periodo de estudio.

Comunidades indígenas y no indígenas que quedan en medio del conflicto minero intentan sobrevivir a la zozobra, toda vez que familiares de desaparecidos emprenden la búsqueda por cuenta propia o se resignan a la pérdida. Codehciu documentó la desaparición de 66 personas entre 2012 y 2020 en su más reciente informe.

Entre 2019 y lo que va de 2020 al menos 63 miembros de bandas delictivas relacionados al pranato minero también perdieron la vida en enfrentamientos con el Ejército, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la Dgcim. 66% de los miembros de grupos criminales murió en enfrentamientos con el Ejército.

De acuerdo con los partes oficiales, todos estaban vinculados al robo, extorsión, homicidios y cobros de vacuna, como se le conoce al porcentaje del oro extraído que debe pagarse al grupo criminal que domina la zona. Sin embargo, estas ejecuciones extrajudiciales también son una violación a los derechos humanos, por lo que la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos establece consideraciones sobre la investigación y el juzgamiento de conductas punibles constitutivas de graves violaciones de los derechos humanos o de crímenes de guerra.

El conflicto armado sigue cobrando vidas mientras las víctimas colaterales como mineros y comerciantes informales se enfrentan al epicentro de la violencia para sobrevivir a la emergencia humanitaria.
https://www.correodelcaroni.com/ciudad/region/6059-137-personas-han-muerto-en-municipios-mineros-al-sur-de-bolivar-entre-2019-y-2020

Venezuela

LA MINERÍA EN LA GRAN CRISIS VENEZOLANA:

EXTRACCIONES, TERRITORIOS Y SUBJETIVIDADES

PUBLICACION: http://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/03/17/la-mineria-en-la-gran-crisis-venezolana-extracciones-territorios-y-subjetividades/
Índice

Un fantasma depredador recorre Venezuela – Francisco Javier Velasco Páez
LA DISPUTA SIMBÓLICA EN TORNO A LA MINERÍA EN VENEZUELA: Cinco falacias sobre el Arco Minero del Orinoco – Emiliano Teran Mantovani
Minería aurífera: la fiebre como síntoma de la enfermedad – María A. Oliveira Miranda
Los lodos rojos de Guayana: una bomba de tiempo socioambiental ENTREVISTA REALIZADA A GUSTAVO MONTES Por Francisco Javier Velasco
Oro, cocaína y control: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en la minería ilegal del estado Amazonas – Alicia Moncada
Minería, territorio y opciones societales alternas: una mirada desde una perspectiva indígena. ENTREVISTA REALIZADA A JUAN CARLOS LA ROSA VELAZCO Por Francisco Javier Velasco
La Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco: una experiencia alternativa de resistencia antiextractivista en Venezuela – Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco
El extractivismo minero al sur del río Orinoco: desafíos y resistencias de los afrovenezolanos – Karina Estraño
Minería en la Amazonía Venezolana. Organizaciones Indígenas y Aspectos legales – Luis Jesús Bello
Sobre los autores
Sobre los entrevistados
Introducción

El furor por los minerales y, en particular por el oro, hace estragos en Venezuela. Amparada y alentada por un discurso oficial que pregona el “desarrollo minero” como una panacea para salir de la descomunal crisis que estremece a nuestra nación, y aunque mayormente centrada en el sur del país, la frontera minera se extiende voraz y velozmente a otros ámbitos del territorio.

La actividad minera no es reciente en Venezuela, pero en el último lustro ha tenido una notable aceleración. En un contexto más amplio, este proceso forma parte de un saqueo acumulado de norte a sur en el continente en el que, a la búsqueda mercantil de minerales, se agregan nuevas estrategias de apropiación del suelo y los recursos presentes en los ecosistemas. Esta siniestra dinámica es causa de desastres ecológicos y constituye una forma de atentar directamente contra derechos fundamentales inherentes a la sociedad y la naturaleza. La minería a cielo abierto o subterránea, legal o ilegal, avanza impunemente, en un marco de convergencia entre intereses de una nomenklatura civil-militar que persigue perpetuarse a toda costa en el poder, grupos mafiosos e intereses de poderosas corporaciones transnacionales. La ambición de este verdadero flagelo no tiene límites y su lógica se impone a troche y moche propagando la injusticia social y ambiental. A pesar de pretensiones oficiales, empresariales y “expertas” de sustentabilidad, diversificación económica y beneficio social, la minería constituye hoy por hoy un grave y creciente problema que nos confronta como sociedad. La evidencia reciente y numerosas experiencias históricas muy bien documentadas, demuestran hasta la saciedad que los países y regiones que se especializan en la minería o hacen de ella un componente fundamental de sus políticas de “desarrollo,” no logran superar sus grandes males. Sucede todo lo contrario, quedando atrapados en una “lógica de la abundancia” que deja tras de sí desempleo, subempleo, pobreza, aculturación, devastación ambiental, violencia, enfermedades, fragmentación territorial y pérdida de soberanía.

Frente al pillaje minero, en medio de sistemáticascensuras, hostigamiento y criminalización,han surgido importantes iniciativas y procesos de resistencia y defensa de los derechos humanos y ambientales. No obstante, se necesita ampliar grandemente esta acción con una reflexión participativa más profunda y una incidencia política y colectiva más articulada y contundente, que sean capaces, con el concurso de las grandes mayorías del país, de detener y trascender el avance de esta catastrófica situación.

Reconociendo que las sociedades humanas, en su amplio espectro de diversidad y maneras de existir en el mundo, necesitan una determinada cantidad de minerales para poder satisfacer ciertas necesidades, apostamos por un orden de cosas en el que ciertas actividades mineras puedan realizarse con gran moderación y control estricto en todas sus fases, lo que a veces supone la moratoria o incluso la prohibición. Esto implica enfrentar con eficacia la vorágine extractiva minera, basados en criterios de soberanía expresada como modo y sentido del aprovechamiento sostenible de lo que nos ofrece la naturaleza, de autoafirmación, autodeterminación y justicia social.

Conscientes de que nos encontramos en una encrucijada histórica, en un marco de crisis nacional y global, que no admite postergaciones ni indiferencias ante la lucha por la preservación de la vida, desde Territorios Comunes hemos decidido dedicar este número 3 de nuestra publicación al fenómeno de la minería que se extiende peligrosamente en la Venezuela de nuestros días La secuencia de los contenidos seleccionados comienza con el abordaje que hace Francisco Javier Velasco Páez de la temática minera en términos de un marco de referencia general que incluye: aspectos relativos a la significación de la actividad minera en la historia de Venezuela; la conceptualización de la minería, su tipos, riesgos e impactos en el medio social y natural; y una problematización de la crecientemente compleja y aguda realidad de la minería en la Venezuela de hoy. Concluye el autor esta sección con una breve reflexión sobre la necesidad de superar la situación presente en nuestro país, configurada en torno al vórtice de la minería.

Continúa en la sucesión de contenidos Emiliano Terán Mantovani, quien desarrolla una argumentación con el fin de desmontar lo que él mismo denomina “Cinco falacias sobre el Arco Minero del Orinoco”, las cuales, en su opinión forman parte de un conjunto más amplio de operaciones de manipulación, deformación y engaño, con gran resonancia simbólica, que tienen por objeto legitimar los planes y proyectos megamineros en el sur del país. De esta manera, Terán se propone tributar al debate suscitado por el conjunto de personalidades, movimientos y agrupaciones que han expresado su firme rechazo al megaproyecto “Zona de Desarrollo Especial Arco Minero del Orinoco” impulsado por el gobierno nacional. Sigue en la cadena de artículos el texto elaborado por Tina Oliveira, en el cual, partiendo de una caracterización del contexto nacional del presente, acomete el análisis de la situación planteada con la expansión de la minería del oro y, en menor medida de otros minerales, en la Amazonía venezolana. En este sentido, destaca Oliveira la conexión de esta dinámica con la caótica realidad que se ha conformado en otras regiones de la región amazónica continental y pone de relieve sus dramáticas consecuencias ambientales y sociales, resaltando en este último caso sus impactos en los pueblos y comunidades indígenas.

Después, se presenta la entrevista realizada por Francisco Javier Velasco a Gustavo Montes en torno a la situación creada por los llamados “lodos rojos” en Guayana, resultantes del procesamiento de la bauxita para obtener a aluminio. Abunda el entrevistado en detalles relativos al proceso de generación de estos residuos tóxicos, sus características físico-químicas, su elevado potencial destructivo, los volúmenes y modo de almacenamiento en Venezuela y otros países, los riesgos y consecuencias de su derrame y dispersión, así como en referencias a grandes desastres socioambientales ocasionados por ellos en varias localidades y regiones del mundo. Cierra la entrevista con el llamado hecho por Gustavo Montes a emprender con urgencia una investigación científico-tecnológica interdisciplinaria que sirva de base a una acción ingenieril tendiente a conjurar la amenaza de los lodos rojos en nuestro país.

A continuación, Alicia Moncada diserta sobre la presencia de actores del conflicto armado colombiano, en combinación con organizaciones criminales, en el negocio de la minería ilegal del oro en estado Amazonas y sus vínculos con el narcotráfico. Aborda la autora dos casos de devastación minera que involucran a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), subrayando la fuerte incidencia de esta organización guerrillera en cambios socio-culturales que han afectado a pueblos indígenas asentados ancestralmente en territorios actualmente en disputa por diversos grupos armados. Este escrito concluye con un llamado a la creación de políticas y estrategias, centradas en el respeto a los derechos humanos y ambientales, para hacer frente a la acción de grupos irregulares. Igualmente, plantea la necesidad de lograr el apoyo a los procesos de resistencia indígena y campesina por parte de la sociedad civil.

En sexto lugar este número de la revista contiene una entrevista, también hecha por Francisco Javier Velasco, a Juan Carlos La Rosa, quien expone desde una perspectiva militante indígena, sus puntos de vista sobre la problemática de la minería, su relación con los fenómenos que ocurren en los territorios y las posibilidades de creación de opciones societarias alternas. Se extiende este activista en la crítica al modelo de Estado y sociedad rentistas que han dominado la escena nacional por más de un siglo, la consideración de la crisis estructural que hace eclosión en la Venezuela “bolivariana”, las incidencias en los pueblos indígenas de las políticas públicas impulsadas por el chavismo y la actividad actividad minera de los últimos años. Finalmente, La Rosa plantea la importancia de construir alternativas de sociedad no estandarizadas, conformadas desde abajo con criterio de diversidad y soberanía plural, y enraizadas en el conocimiento que deriva de la experiencia.

Le sigue a esta entrevista un artículo en el que se narra de manera sucinta la experiencia de la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco (A.M.O), en tanto que fórmula alterna de resistencia anti-extractivista en Venezuela. En clave histórica, el equipo de esta organización, examina pluralmente los antecedentes y el surgimiento de la plataforma al calor del rechazo generado por el anuncio de la creación de este megaproyecto minero, analiza el contexto indígena en el que se impone el Arco Minero del Orinoco, presenta un panorama de las limitaciones que afronta la resistencia anti-extractivista y culmina con una reflexión sobre los desafíos que plantea en el futuro inmediato la lucha contra el A.M.O, enmarcada en una estrategia orientada hacia la consolidación de un escenario social post-extractivista.

Se agrega al corpus de la revista un artículo de Karina Estraño acerca de los retos y resistencias que plantea la minería presente en el sur del Orinoco a los pueblos afrodescendientes de la región de Guayana, en particular a las comunidades que hacen vida en la cuenca del río Caura. Esta autora señala una serie de factores que, a su parecer, se oponen a los planes y estrategias que buscan prestar atención a las poblaciones afrovenezolanas de Guayana. Cierra el artículo con una recomendación hecha a investigadores y activistas involucrados en la preocupación por los temas ambientales, para que tomen más en cuenta a las poblaciones afrodescendientes y, muy especialmente, a aquellas que hasta la fecha han permanecido fuera del imaginario predominante referido a la afrovenezolanidad.

Llega a su fin la sucesión de artículos con el trabajo de Luis Bello que pone de relieve la intensa y creciente penetración de la minería en territorios indígenas de la porción amazónica que se sitúa al sur del Orinoco. Aunque el autor reconoce que la minería es un fenómeno de vieja data en el estado Amazonas, destaca el surgimiento de nuevas realidades vinculadas a la expansión experimentada por la minería en la región en los últimos años. Bello hace referencia a las consecuencias, abordadas desde la visión indígena, de esta actividad minera en los planos ecológico y sociocultural. Por último, incorpora la consideración de ciertos aspectos legales vinculados a la extracción de minerales.

Con la mejor intención y en solidario espíritu de compromiso, esperamos que este material sea de utilidad para la reflexión y el debate sobre los temas planteados, así como para apuntalar las acciones de resistencia y búsqueda de alternativas que pudieran derivarse de dichas actividades.

Venezuela

Bolsonaro firma proyecto de ley del “Arco Minero de Amazonas”

11/02/2020 ERICK CAMARGO

Complementando la agresión extractivista iniciada con el AMO en Venezuela
Por: Erick Camargo (Corresponsal OEP)

Para Observatorio de Ecología Política de Venezuela

El miércoles 5 de febrero del 2020, el presidente brasileño Jair Bolsonaro firmó un proyecto de ley comparable al Decreto 2.248 referido al Arco Minero del Orinoco en Venezuela. Esta ley firmada por Bolsonaro permite la minería y la generación de energía eléctrica en los territorios que funcionan como reservas indígenas, localizados la gran mayoría en el Amazonas.

Esta firma de ley es en cumplimiento de una de las promesas de campaña más polémicas del mandatario brasileño, la cual ha generado un enorme rechazo entre los pueblos originarios del Brasil, grupos ecologistas y ciudadanos que temen por la sostenibilidad de la vida humana en el planeta. En medio de la firma y al puro estilo del cinismo político, Jair Bolsonaro comentó “Espero que ese sueño (…) se concrete. El indígena es un ser humano exactamente igual a nosotros, tiene corazón, tiene sentimiento, tiene alma, tiene deseo, tiene necesidades y es tan brasileño como nosotros”; mientras pisotea esa humanidad, esos deseos, y ataca ese corazón al despojarlos de lo más sagrado que puedan tener, sus tierras de reservas para entregarlas al voraz extractivismo. Algo que asemeja la política venezolana, que mientras en el discurso alaba y defiende a los pueblos indígenas, en su acción política los despoja, persigue y condena a una nueva extinción.

A esto se suma la noticia sobre la demanda que la Asociación de Pueblos Indígenas del Brasil (APIB) la cual aglomera más de 300 tribus, contra el presidente Bolsonaro, por un video publicado la penúltima semana del mes de enero en la cual declaraba “El indio está evolucionando y convirtiéndose cada vez más en un ser humano como nosotros”. Los líderes tribales alegan que esto forma parte de un plan con el fin de perpetrar un etnocidio destinado a eliminar su cultura.

Esta semana el proyecto será debatido en el Congreso para buscar la aprobación de las cámaras legislativas, en las que no se espera una fuerte oposición a las disposiciones del Presidente de Brasil; más bien la expectativa es alta en un parlamento dominado por representantes de los intereses extractivistas, que han visto al Amazonas como un almacén a la espera de ser aprovechado. Habría que esperar cómo responden las organizaciones ecologistas, los grupos indígenas (que han estado muy movilizados últimamente) y demás agrupaciones políticas que tengan conciencia del grave peligro que corre, no sólo Brasil, sino el planeta entero de concretarse esta ley.

Vemos además, con grave preocupación, como la ola extractivista empieza una desregulación de los espacios protegidos y reservados en Parques Nacionales, Reservas Indígenas, Reservas de Biosferas; buscando ampliar cada día más las fronteras mineras y agrícolas con el fin de aumentar los portentos económicos, en medio de una reprimarización de las economías latinoamericanas. Luego de los ruidosos fracasos de los gobiernos del llamado “ciclo progresista”, los cuales no representaron un real alivio para la situación socio ambiental del continente, la nueva ola política y económica que vive el continente parece apuntar a un incremento en la intensidad extractivista de los gobiernos, sobre todo en aquellos en los que sus modelos económicos construidos durante el siglo XX han llegado a sus límites.

Bolsonaro firma proyecto de ley del “Arco Minero de Amazonas”

Venezuela

Los Pijiguaos. Agonía y Destrucción

En el occidente del estado Bolívar se encuentra un municipio que abarca una gran proporción territorial del estado, prácticamente toda su región occidental, el municipio Cedeño, el cual es más grande que varios estados del país. La cabecera del municipio es Caicara del Orinoco, frente a Cabruta y cercana a la confluencia entre el Apure y el Orinoco. Caicara se conecta a través de la carretera nacional Troncal 13 con Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas, siendo la única conexión por tierra, de forma continua que tiene el estado Amazonas con algún otro estado del país. En esta vía se encuentra dos parroquias del municipio Cedeño, La Urbana y Los Pijiguaos.

Los Pijiguaos es un sitio remoto, olvidado por muchos, alejado de todas las noticias comunes sobre el estado Bolívar, la minería y los conflictos armados que tradicionalmente suelen aparecer en la prensa; apenas se hizo referencia al mismo en medios cuando fue secuestrado un periodista europeo en sus cercanías. Esta localidad es de las llamadas de “vocación minera”, pues apareció en los mapas con el descubrimiento de los fabulosos yacimientos de bauxita que llevan su nombre, y que generaron el establecimiento de las empresas de aluminio en Ciudad Guayana, Bauxiven, Interlaumnina, hoy Bauxilum, además de la consolidación de Alcasa.

El descubrimiento de Bauxita cambió totalmente la región, permitiendo la llegada de la carretera, una pequeña pista aérea y además la construcción de dos núcleos urbanos, el campamento de la empresa minera y el pueblo llamado Morichalito, formado por los aspirantes a trabajar en la empresa y quienes además prestaban servicios a esos empleados y a la misma empresa; el pueblo original de los Pijiguaos permanece inerme entre estos dos nuevos núcleos, como atrapado en una burbuja de tiempo.

En 2016 permanecí más tiempo en los Pijiguaos que en Caracas, viajando por sus pueblos, trabajando y tratando de conocer cómo funcionaban las cosas allí, además de ver como venían cambiando a raíz del decreto del Arco Minero del Orinoco en su primera etapa. De ello escribí una reseña sobre lo que vi de aquel pueblo. Fui atendido por una familia que me dio cobijo, trabajo y me enseñó a desenvolverme en la comunidad; una familia con la que siempre estaré agradecido. Esta familia tenía una licorería y un fundo en Paraguaza; con la licorería obtenían efectivo e intercambiaban con él, como banqueros, pues no existían ni agencias bancarias o cajeros en las cercanías, salvo el del campamento de la empresa, controlado por una mafia  muy severa.

Lamentablemente esa misma familia sufrió un golpe cuando varios de sus miembros fueron asesinados por el hampa en la carreta Troncal 13 al ser bloqueado su camino con el fin de robarles la mercancía que traían desde Maracay y el dinero en efectivo que manejaban. Un golpe del que no se recuperarían y los obligaría abandonar los Pijiguaos. Antes de irse del país, pudimos vernos en Caracas y despedirnos, en esa despedida pude actualizar mi información sobre la situación de esa tierra lejana y olvidada.

Ya en el 2016 era notoria la presencia de los grupos guerrilleros en la zona, de hecho unas personas me llegaron hacer un interrogatorio sobre mis intenciones al estar en aquel pueblo. La minería era el tema fundamental de las conversaciones económicas, así como el bachaqueo y contrabando de gasolina; recuerdo que incluso para devolverme tuve que posponer por dos semanas el viaje, pues no había combustible para ir a Puerto Ayacucho, pero si habían galones que se mandaban a diario para Colombia por el paso a Puerto Carreño.

Sin embargo hoy en día la situación se ha agravado. Por lo que estuvimos hablando, cuando nos vimos a mediados de 2019 en Caracas, las amistades que cultivé allá, antes de irse del país, me actualizaron sobre el sombrío panorama de los Pijiguaos, tres años después.

Los Pijiguaos, un pueblo en eterna agonía, sin encontrarse a sí mismo; parecía volver a la tradición agropecuaria producto de la crisis alimentaria; sin embargo el recio control que los grupos armados irregulares han venido ejerciendo allí han frenado ese reencuentro. Los grupos armados se han hecho cada vez más visibles y asfixiantes; en 2016 presencié cómo los mismos controlaban la carretera entre Caicara y Puerto Ayacucho, el transporte que me llevó de la primera hasta Pijiguaos utilizaba códigos en las alcabalas o al comunicarse con vendedores en la vía, como una especie de lenguaje que señalaba que estaba cubierto.

Sin embargo, me comentan que en la actualidad el control es total y absoluto, han construido una especie de para-estado en la parroquia, teniendo incluso una sede a la cual acudir para dirimir conflictos entre vecinos; se pasean por los predios que se encuentran desde Parguaza hasta Turiba y hasta la propia Caicara. Esa misma situación es la que ha motivado el abandono del pueblo por la familia, pues sospechan de complicidad de los actores del múltiple homicidio con estos grupos, por el control de negocios que aún no se sometían a su autoridad y arbitrio.

Pijiguaos es un pueblo sumamente pobre, no existe ninguna calle asfaltada, salvo la carretera nacional; de resto todas las calles, caminos y veredas son de tierra, en muy mal estado; el campamento de la empresa Bauxilum sí contaba en cambio con calles asfaltadas, el dispensario y otras instalaciones de servicios del pueblo se encuentran en abandono total. Ya en 2016 la correa minera estaba paralizada, no había extracción de bauxita; hoy en día la situación financiera de la empresa es deplorable. Los empleados de Bauxilum hacían una especia de clase media-alta en la región, con grandes sueldos, gran capacidad de consumo y una importante acumulación de bienes; lo cual hoy se ha visto degradado a lo sumo, con salarios que no cubren los gastos básicos, esta vieja clase-media es ahora una de las más depauperadas, sus casas envidiables antaño, se encuentran en franco deterioro. El motor económico del pueblo abandonó la bauxita por el ideal del oro azul.

El coltán ya se extraía en 2016 en las cercanías de Suapure, pero ahora se extiende su extracción hasta Parguaza, Turiba y demás territorios aledaños. La población se ha enfocado masivamente en el trabajo minero de coltán. A pesar de ser una localidad que expulsa a los jóvenes que buscan mejor futuro en otras ciudades, el pueblo se ve invadido por foráneos de todo el país que buscan fortuna en las minas de la zona, todas controladas por grupos irregulares.

Se han visto aparecer empresas mineras, las cuales establecen oficinas y centro de reclutamiento en el pueblo; se ofrecen villas y castillos a los pobladores, se habla del nacimiento de una nueva empresa, a la par de la vieja Bauxilum, que volverá a darle prosperidad al pueblo; que se regularizará la minería del coltán, que se expulsaran a las mafias. Pero lo que no nos cuentan, es que existe una convivencia entre estas empresas, que no duran más de dos meses, aparecen y se van, como algo que arrastra el viento, emplean a la mitad del pueblo, muchos en las minas, otros para supuestas actividades administrativas, otorgan unos cuantos sueldos, mientras la empresa permanece, luego desaparecen del mapa.

Blue Gold C.A es el nombre una de estas compañías, o mejor dicho, un nombre muy repetido, que ha aparecido y reaparecido con algunas variantes, como para darle fuerza a la alegoría de la riqueza que produce el coltán; aunque lo que deja es destrucción y miseria en un pueblo que aspira a volver a unos años dorados, que nunca fueron.

Algo que me sorprendió y que no esperaba es la noticia de la explotación de minas de estaño, de las cuales anteriormente no tenía conocimiento. Me informan que el estaño se explota en las montañas cercanas a la mina de bauxita y en la región de Parguaza, se transporta hasta el paso de El Burro hacia Puerto Carreño (Colombia) y allí es vendido en dólares, que entran a circular en la economía de la localidad. Este estaño por lo tanto no entra dentro de las estadísticas nacionales, pero sí en las de la hermana república, así como el grueso de las producciones mineras ilegales. Sin embargo, me comentan que la explotación de estaño es más informal que la del propio coltán.

Así los Pijiguaos, una región que siempre ha sufrido el abandono general y el olvido, ahora se encuentra en una situación cada vez más perentoria, en dónde la empresa que había logrado crear un puntico en los mapas del estado Bolívar para señalar la existencia de la comunidad, ahora se encuentra en total decadencia. Los grupos irregulares funcionan como autoridad estatal, imponiendo sus normas y reglas a todas las actividades económicas, fundamentándose en una minería desordenada, vinculada al crimen organizado y la extorción de la población. El comercio, generalmente de contrabando, se limita a exportar el producto de las minas e importando los bienes de consumo y alimento, desalentando la producción agropecuaria que parecía una alternativa hace apenas tres años. Una organización para-estatal que no le importa el bienestar de los pobladores, los servicios públicos, la tranquilidad y libertad de las personas; mucho menos el cuidado del ambiente, la salud y la protección de todas las formas de vida, humana, animal o vegetal de los alrededores; dónde se ve toda vida como fuente de recursos para ser extraídos y absorbidos.

Una región en eterna agonía que ahora sufre una destrucción sin precedentes, como nunca había visto, sus ríos envenenados, sus bosques deforestados, carentes de los servicios más básicos y elementales; pero sobre todo de un futuro.

 

Fuente:http://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/01/27/los-pijiguaos-agonia-y-destruccion/?fbclid=IwAR1sTHKCMxjh19CJobegeQqy55yF1VzRt2zx6yGNw_zthUGJ4O0VcbyEHGo
Venezuela

Minería imparable, parques nacionales invadidos y derrames que no cesan: las deudas ambientales de Venezuela en el 2019

  • Especialistas coinciden en que el año sirvió para que se intensificaran los conflictos que el país arrastra desde hace años.
  • Dos episodios recientes muestran la gravedad de la situación: el gobierno difunde videos sobre minería y la presenta como la gran solución a la crisis.
  • En otro flanco, fuerzas de seguridad del Estado incursionan en territorios indígenas para apoderarse de la riqueza de sus tierras.

En un país que atraviesa una emergencia humanitaria compleja como la de Venezuela, hablar de conservación, naturaleza y biodiversidad es también verificar que los derechos ambientales también se resienten, se quiebran. Por eso, hacer una retrospectiva del año en esta materia es llegar a la conclusión de que los problemas no hicieron más que agudizarse por razones tan diversas como la profundización de una actividad extractivista que no respeta estándares ambientales y que es vista como el salvavidas a la crisis económica, hasta la flexibilización de normas para la protección de áreas protegidas que hace una década eran infranqueables.

Esa es la conclusión a la que llegan los especialistas consultados para este balance sobre la situación ambiental y de las tierras indígenas en la nación con mayor caída del Producto Interno Bruto en la región (70 % en los último seis años) y una hiperinflación inédita que ya acumula 25 meses.

“El 2019 fue la continuación de un proceso. Hay temas ambientales que inciden e intensifican la emergencia humanitaria compleja y, a su vez, elementos de la emergencia humanitaria que inciden sobre los problemas ambientales”, explica Alejandro Álvarez Iragorry, biólogo y coordinador de la Coalición Clima 21 – Ambiente y Derechos Humanos, quien precisa que esto sucede con el conflicto minero, que no solamente constituye un crimen ambiental sino que también repercute en ámbitos sociales, culturales y de salud.

Lo imparable: nada detiene el avance de la minería

 

El lanzamiento del Plan Minero Tricolor, que implica la entrega de un yacimiento a cada gobierno regional, y la militarización de territorios indígenas en donde hay minas de oro y diamantes pusieron en evidencia, el último año, las intenciones de la administración de Nicolás Maduro de intensificar sus acciones para incrementar la explotación minera en el país.

Eso es lo que establece el Plan Sectorial Minero 2019-2015 al que le dio la bienvenida en junio pasado, cuyo primer objetivo es “fortalecer e incrementar la producción nacional del sector minero a su máxima capacidad instalada” y, aunque más adelante advierte que el negocio extractivista respetará y protegerá el medio ambiente, su actual ejercicio sugiere lo contrario.

Una muestra es, por ejemplo, un video que promociona a la minería como el futuro de Venezuela y que asegura que ese oro será el que permita que tanto el petro, la criptomoneda del chavismo, como el bolívar, que solo en 2019 se ha depreciado más de 98 % de su valor, tengan proyección en la economía mundial. Las imágenes, que luego de mostrar la inmensidad del río Caura exhiben a los mineros con sus bateas en un área devastada de El Sipao —un sector de la zona occidental del Arco Minero del Orinoco, en el estado Bolívar, donde hace dos años un alud sepultó a cuatro trabajadores y dejó más de una decena de heridos—, ilustran el audiovisual en el que, al final, se agradece a Dios porque en cinco estados de la nación se puede extraer oro.

“Dentro de nuestro contexto, se ha acelerado el proceso de daños como consecuencia de la minería a una velocidad que nunca habíamos tenido antes. Venezuela es el país de la región amazónica con mayor velocidad en el incremento de la deforestación”, según el último informe de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg). “Todos los parque nacionales y las cuencas hidrográficas localizadas al sur del Orinoco están siendo afectadas”, señala Álvarez Iragorry, quien aclara que frente a otras realidades amazónicas, la nación todavía está detrás de Brasil y Bolivia, donde los efectos del extractivismo son mucho más graves.

En esa misma línea extractivista, el 15 de octubre pasado se hizo un anuncio sin precedentes: Maduro prometió entregar una “mina de oro productiva” a cada gobernación (gobiernos regionales) chavista. Esta decisión se desprende del “Plan Minero Tricolor”, que contempla también una serie de alianzas con empresas nacionales e internacionales para generar ingresos a la nación a través de la exploración y explotación de minerales.

La noticia rápidamente impactó a la opinión pública y acaparó el interés en las redes sociales. Una de las primeras en reaccionar fue la diputada de la Asamblea Nacional, Mauligmer Baloa, quien señaló que el nuevo plan ponía en peligro la existencia de los indígenas que habitan los territorios donde están las minas de oro.

Una semana después, el anuncio cobró mayor relevancia con la visita del ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Gilberto Pinto, a los yacimientos del estado Bolívar en compañía de los gobernadores de Bolívar, Barinas y Delta Amacuro para realizar una inspección previa a la entrega. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo, ninguna gobernación venezolana había recibido la mina de oro para administrarla.

Para el exsenador y especialista en derecho ambiental, Alexander Luzardo, la decisión de entregar minas a las gobernaciones responde a una lógica en la que el gobierno intenta implicar a la población y hacerla responsable de la destrucción del país. El exsenador encuentra relación entre este caso y el programa de los “lingoticos”, oficialmente “Plan de ahorro en oro”, que invitaba a la población a comprar el metal dorado proveniente del Arco Minero al Banco Central de Venezuela (BCV).

“Esta es una política de repartición del territorio geográfico en grupos de interés. En el caso de Bolívar, se decide que a los 20 gobernadores se les da un pedazo del estado (…) Es una aberración porque convierte al país en un campo para ser depredado sin ninguna salida alterna. Es tratar de buscar la riqueza fácil y repartirse el territorio en tajadas”, concluye.

Luzardo insiste en que tal decisión atenta contra todo principio de ordenación del territorio, preservación ambiental y cualquier propuesta económica de sustentabilidad. Álvarez Iragorry tiene una visión todavía más preocupante sobre el anuncio: en una zona controlada por bandas criminales y grupos guerrilleros, las autoridades regionales se verían obligadas a pedirles permiso para extraer el oro. “¿Cuál es el mensaje? Que cada gobernador tiene que entenderse con el “pran” (palabra que se usa para referirse a un líder criminal de las cárceles en Venezuela, cuyo uso se extendió a las minas) local. A mí me asombra el nivel de irresponsabilidad”, reclama.

A todo ello se suma la propuesta de la Asamblea Nacional de avanzar con una Ley de Minas, en manos de la Comisión permanente de Energía y Petróleo, que pretende normar la actividad extractivista y agrupar todas las legislaciones relacionadas con el tema en un mismo documento, en el que se establezca un nuevo ministerio que sea la máxima autoridad del país en la materia.

Pese a que el proyecto hasta ahora no es de conocimiento público, especialistas como Luzardo advierten que una nueva ley sería incluso peor que otro Arco Minero, porque implicaría ver “a todo el país como un campo de extracción” y avalar en el fondo un “ecocidio sistemático”.

Además para el especialista en derecho ambiental, esta polémica ley echaría a perder  todos los avances logrados por el órgano legislativo (de mayoría opositora) en el área, que van desde la derogación del decreto del Arco Minero del Orinoco —la obra concebida por el gobierno de Maduro que creó una zona de explotación de minerales de casi 112 mil kilómetros cuadrados—, pasando por los informes de investigación relacionados con las continuas masacres ocurridas en estos territorios, hasta la aprobación en 2018 de la Ley de la megarreserva de agua dulce y biodiversidad del sur del Orinoco, que impulsó la creación de un corredor ecológico conformado por los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. “En Venezuela somos víctimas de una reedición permanente del mito del dorado”, enfatiza.

Lo grave: la militarización de los territorios indígenas

 

En apenas un año, el municipio Gran Sabana del estado Bolívar, el mismo que alberga al Parque Nacional Canaima (Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 1994), ha sido escenario de tres hechos de sangre. Entre las víctimas fatales están seis indígenas pemones que han quedado indefensos frente a sus victimarios: las fuerzas de seguridad del Estado.

Para el líder indígena Ricardo Delgado, exalcalde del municipio, la intención en cada una de estas incursiones ha sido el apoderarse de sus territorios ancestrales para explotar sus minerales. Esto fue lo que sucedió el pasado 22 de noviembre, cuando decenas de hombres armados cometieron una masacre en la comunidad de Ikabarú, que a pesar de estar fuera de los límites del Arco Minero del Orinoco, fue catalogado por Maduro como un “Bloque Especial” del mismo. Allí mataron a ocho mineros, incluyendo a un indígena.

Aunque la versión oficial del hecho indica que los autores materiales fueron los miembros de la banda criminal armada de “El Ciego”, que desde hace años controla los yacimientos de La Paragua y El Manteco, los pobladores de Ikabarú y las ciudades cercanas están convencidos de que se trató de un ataque militar: algunos identificaron entre los presuntos homicidas a efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

El gobierno buscó la salida más simple: guardar silencio. La Fiscalía General de la República se pronunció 13 días después para anunciar la detención de ocho de los presuntos implicados. Sin embargo, Delgado asegura que los capturados son habitantes de comunidades cercanas, incluyendo a una persona que resultó herida en el hecho. La zona permanece bajo la vigilancia de los uniformados.

Al respecto, Álvarez Iragorry confirma que en Gran Sabana hay tensiones por conflictos de tierras. “Quieren [los militares] sacar del juego algo que el año pasado les molestaba, que era el control territorial pemón, porque los pemones tienen su propio sistema de autoridades”, expresó el especialista, quien acotó que en los últimos años comunidades indígenas de zonas como Urimán y Alto Paragua denunciaron que los soldados ingresaban a sus minas para intentar tomarlas. Para ese momento, ninguno lo había logrado porque los aborígenes los expulsaban. A finales del año pasado, todo cambió.

En diciembre de 2018 hubo una incursión armada en el sector Arenal del Parque Nacional Canaima, donde se practica la minería en balsas en el río Carrao desde 2013. Ese día, funcionarios de la DGCIM que se hicieron pasar por turistas, secuestraron una embarcación y la hicieron dirigirse a la zona minera, en donde dispararon contra los indígenas. El hecho dejó un muerto y dos heridos. Todos eran pemones.

 

Continúa leyendo esta noticia junto a las imágenes , aquí:https://es.mongabay.com/2019/12/mineria-parques-nacionales-derrames-balance-ambiental-venezuela-2019/

Venezuela

Minería imparable, parques nacionales invadidos y derrames que no cesan: las deudas ambientales de Venezuela en el 2019

En un país que atraviesa una emergencia humanitaria compleja como la de Venezuela, hablar de conservación, naturaleza y biodiversidad es también verificar que los derechos ambientales también se resienten, se quiebran. Por eso, hacer una retrospectiva del año en esta materia es llegar a la conclusión de que los problemas no hicieron más que agudizarse por razones tan diversas como la profundización de una actividad extractivista que no respeta estándares ambientales y que es vista como el salvavidas a la crisis económica, hasta la flexibilización de normas para la protección de áreas protegidas que hace una década eran infranqueables.

Esa es la conclusión a la que llegan los especialistas consultados para este balance sobre la situación ambiental y de las tierras indígenas en la nación con mayor caída del Producto Interno Bruto en la región (70% en los último seis años) y una hiperinflación inédita que ya acumula 25 meses.

“El 2019 fue la continuación de un proceso. Hay temas ambientales que inciden e intensifican la emergencia humanitaria compleja y, a su vez, elementos de la emergencia humanitaria que inciden sobre los problemas ambientales”, explica Alejandro Álvarez Iragorry, biólogo y coordinador de la Coalición Clima 21 – Ambiente y Derechos Humanos, quien precisa que esto sucede con el conflicto minero, que no solamente constituye un crimen ambiental sino que también repercute en ámbitos sociales, culturales y de salud.

Lo imparable: nada detiene el avance de la minería

El lanzamiento del Plan Minero Tricolor, que implica la entrega de un yacimiento a cada gobierno regional, y la militarización de territorios indígenas en donde hay minas de oro y diamantes pusieron en evidencia, el último año, las intenciones de la administración de Nicolás Maduro de intensificar sus acciones para incrementar la explotación minera en el país.

Eso es lo que establece el Plan Sectorial Minero 2019-2015 al que le dio la bienvenida en junio pasado, cuyo primer objetivo es “fortalecer e incrementar la producción nacional del sector minero a su máxima capacidad instalada” y, aunque más adelante advierte que el negocio extractivista respetará y protegerá el medio ambiente, su actual ejercicio sugiere lo contrario.

Una muestra es, por ejemplo, un video que promociona a la minería como el futuro de Venezuela y que asegura que ese oro será el que permita que tanto el petro, la criptomoneda del chavismo, como el bolívar, que solo en 2019 se ha depreciado más de 98 % de su valor, tengan proyección en la economía mundial. Las imágenes, que luego de mostrar la inmensidad del río Caura exhiben a los mineros con sus bateas en un área devastada de El Sipao –un sector de la zona occidental del Arco Minero del Orinoco, en el estado Bolívar, donde hace dos años un alud sepultó a cuatro trabajadores y dejó más de una decena de heridos-, ilustran el audiovisual en el que, al final, se agradece a Dios porque en cinco estados de la nación se puede extraer oro.

“Dentro de nuestro contexto, se ha acelerado el proceso de daños como consecuencia de la minería a una velocidad que nunca habíamos tenido antes. Venezuela es el país de la región amazónica con mayor velocidad en el incremento de la deforestación”, según el último informe de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg). “Todos los parque nacionales y las cuencas hidrográficas localizadas al sur del Orinoco están siendo afectadas”, señala Álvarez Iragorry, quien aclara que frente a otras realidades amazónicas, la nación todavía está detrás de Brasil y Bolivia, donde los efectos del extractivismo son mucho más graves.

En esa misma línea extractivista, el 15 de octubre pasado se hizo un anuncio sin precedentes: Maduro prometió entregar una “mina de oro productiva” a cada gobernación (gobiernos regionales) chavista. Esta decisión se desprende del “Plan Minero Tricolor”, que contempla también una serie de alianzas con empresas nacionales e internacionales para generar ingresos a la nación a través de la exploración y explotación de minerales.

La noticia rápidamente impactó a la opinión pública y acaparó el interés en las redes sociales. Una de las primeras en reaccionar fue la diputada de la Asamblea Nacional, Mauligmer Baloa, quien señaló que el nuevo plan ponía en peligro la existencia de los indígenas que habitan los territorios donde están las minas de oro.

 

Fuente:https://ladobe.com.mx/2019/12/mineria-imparable-parques-nacionales-invadidos-y-derrames-que-no-cesan-las-deudas-ambientales-de-venezuela-en-el-2019/?fbclid=IwAR3_FYS-IK2hVdDOkng1hCqKpV56L8_lDnIlinTvKoGbhpej-w_KwN1WwiU

Venezuela

Comunicado oficial de las autoridades pemón ante la masacre de Ikabarú

Con información de Revista SIC

Las autoridades legítimas del pueblo indígena pemón del sector VI, que reúne 28 comunidades del municipio Gran Sabana, estado Bolívar, Venezuela, denuncian en el presente comunicado ante las instancias nacionales e internacionales, la masacre perpetrada en Ikabaru, el pasado 22 de noviembre de 2019, con 8 fallecidos entre ellos un indígena de la comunidad indígena de Manak Krü. En el documento exlican los principios básicos de su existencia (territorio, autodeterminación, medioambiente y economía, educación, cultura, espiritualidad); y analizan sus derechos consagrados en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), especialmente lo relacionado con el derecho a la vida, que actualmente son violentados por el Estado venezolano. Finalmente condenan y exigen que se investigue la masacre en Ikabarú.

 

COMUNICADO OFICIAL DE LAS AUTORIDADES LEGÍTIMAS DEL PUEBLO INDÍGENA PEMÓN DEL SECTOR VI

AKURIMÖ (SANTA ELENA DE UAIRÉN)

25 DE NOVIEMBRE DE 2019

Que la Constitución de la República Bolivariana establece en su Art. 119 “El Estado reconocerá la existencia de los Pueblos Indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres…” por ende esta comunicación, tendrá toda la facultad de exigir el cumplimiento de sus miembros y las instituciones públicas y privadas.

Nosotros, pueblos indígenas Pemón de la Gran Sabana bendecidos con el color de nuestra madre Tierra, por nuestro creador, desde la época de nuestros ancestros, honramos a la tierra como el hogar de todos los seres vivientes, sobre ella hemos construido una cultura, una historia y una  visión del mundo que nos ha permitido coexistir en armonía con la naturaleza.

NUESTROS PRINCIPIOS BÁSICOS DE NUESTRA EXISTENCIA:

TERRITORIO

Los pemones fuimos situados en nuestra madre tierra para que cuidemos la belleza y diversidad de Vida. Pertenecemos a la tierra y no podemos estar separados de nuestras tierras y territorios.

AUTODETERMINACION

Nuestra Autodeterminación es una de las bases esenciales de la libertad, la justicia y la paz. Sin el reconocimiento de este derecho, no se puede hablar de Democracia.

MEDIO AMBIENTE Y ECONOMIA

Nosotros tenemos una relación íntima con la naturaleza, transmitiendo respeto, interdependencia y equilibrio. Por esta razón hemos desarrollado modelos económicos, sociales y culturales. Que respeten la naturaleza.

EDUCACION

Nuestra educación es un intercambio de sabiduría y valores culturales en constante armonía entre la naturaleza y la humanidad.

CULTURA

Nuestra cultura es un todo en el cual todos los aspectos necesarios para una existencia digna están reunidos.

ESPIRITUALIDAD

Nuestra espiritualidad se basa en la interrelación de los círculos de la vida.

ANTE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO MANIFESTAMOS LA VIOLACION NUESTROS DERECHOS:

DERECHO A LA VIDA: Al no reconocer nuestros derechos al territorio donde hemos desarrollado toda una riqueza cultural, social, económica y política el Estado nos está negando nuestro derecho que según la Constitución de la República de Venezuela es inviolable.

DERECHO AL HONOR: La inmanente dignidad nuestra es violada constantemente al no valorar nuestro aporte a la cultura mayoritaria, cuando se nos trata como una raza inferior en documentos, investigación social, trabajos periodísticos, noticias infamantes, así como también autorizan sin nuestro consentimiento la ejecución de obras o incursión miliar, turismo nacional e internacional, en nuestro territorio, tomar fotografía en nuestras viviendas con fines comerciales y pretenden sacar todo tipo de beneficio personal y económico en nombre nuestro.

DERECHO AL CONTROL DE SUS PROPIAS INSTITUCIONES, LOPCI Artículo 5. “Los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho a decidir y asumir de modo autónomo el control de sus propias instituciones y formas de vida, sus prácticas económicas, su identidad, cultura, derecho, usos y costumbres, educación, salud, cosmovisión, protección de sus conocimientos tradicionales, uso, protección y defensa de su hábitat y tierras y, en general, de la gestión cotidiana de su vida comunitaria dentro de sus tierras para mantener y fortalecer su identidad cultural”.

DERECHO A LA CONSULTA, LOPCI. Artículo 11. Toda actividad susceptible de afectar directa o indirectamente a los pueblos y comunidades indígenas, deberá ser consultada con los pueblos y comunidades indígenas involucrados. La consulta será de buena fe, tomando en cuenta los idiomas y la espiritualidad, respetando la organización propia, las autoridades legítimas y los sistemas de comunicación e información de los integrantes.

LOPCI Artículo 12. Se prohíbe la ejecución de actividades en el hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas que afecten gravemente o irreparablemente la integridad cultural, social, económica, ambiental o de cualquier otra índole de dichos pueblos o comunidades.

DERECHO AL RESPETO A LA AUTORIDAD LEGÍTIMA, LOPCI. Artículo 18. Establece que “Los órganos, entes y demás organismos del Estado, las instituciones privadas o los particulares, no podrán ejercer acciones que puedan desvirtuar o debilitar la naturaleza, el rango y la función de las autoridades legítimas de los pueblos y comunidades indígenas.”

DERECHO A LA TITULARIDAD DE TIERRA. LOPCI. Artículo 20. El Estado reconoce y garantiza a los pueblos y comunidades indígenas, su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan, así como la propiedad colectiva de las mismas, las cuales son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Las tierras de los pueblos y comunidades indígenas son inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles.

DERECHO A LA SEGURIDAD, LOPCI. Artículo 21. El Estado garantiza a los pueblos y comunidades indígenas la protección y seguridad debida en el hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas en los espacios fronterizos, preservando la integridad del territorio, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultural, económico, social e integral.

DERECHO AL INTERCAMBIO FRONTERIZO ENTRE PUEBLOS INDIGENAS, LOPCI. Artículo 22. Los pueblos y comunidades indígenas ubicados en zonas fronterizas tienen el derecho de mantener y desarrollar las relaciones y la cooperación con los pueblos y comunidades indígenas de países limítrofes, en actividades de carácter social, económico, cultural, espiritual ambiental y científico. El Estado, con la participación directa de los pueblos y comunidades indígenas, debe adoptar las medidas apropiadas, mediante tratados, acuerdos o convenios internacionales, dirigidas a fomentar y facilitar la cooperación, integración, intercambio, tránsito, desarrollo económico y prestación de servicios públicos para estos pueblos o comunidades.

DERECHO A LA PLANIFICACION Y PARTICIPACION EN TEMAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA. LEY ORGÁNICA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN en su Artículo 11. Los pueblos indígenas como parte integrante del pueblo venezolano, único, soberano e indivisible, participarán activamente en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación.

DERECHO A LA POLITICA INDIGENA. LOPCI. Artículo 131. El derecho indígena está constituido por el conjunto de normas, principios, valores, prácticas, instituciones, usos y costumbres, que cada pueblo indígena considere legítimo y obligatorio, que les permite regular la vida social y política, autogobernarse, organizar, garantizar el orden público interno, establecer derechos y deberes, resolver conflictos y tomar decisiones en el ámbito interno.

DERECHO A LA JUSTICIA PROPIA, LOPCI Artículo 132. La jurisdicción especial indígena consiste en la potestad que tienen los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus autoridades legítimas, de tomar decisiones de acuerdo con su derecho propio y conforme con los procedimientos tradicionales, para solucionar de forma autónoma y definitiva las controversias que se susciten entre sus integrantes, dentro de su hábitat y tierras.

La jurisdicción especial indígena comprende la facultad de conocer, investigar, decidir y ejecutar las decisiones, en los asuntos sometidos a su competencia y la potestad de avalar acuerdos reparatorios como medida de solución de conflictos. Las autoridades indígenas resolverán los conflictos sobre la base de la vía conciliatoria, el diálogo, la medición, la compensación y la reparación del daño, con la finalidad de restablecer la armonía y la paz social. En los procedimientos participarán tanto el ofensor como la víctima, la familia y la comunidad. Las decisiones constituyen cosa juzgada en el ámbito nacional; en consecuencia, las partes, el Estado y los terceros están obligados a respetarlas y acatarlas, siempre que no sean incompatibles con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados por la República y de conformidad con la presente Ley.

INSPIRADO EN NUESTRO PRINCIPIOS Y NUESTRA REALIDAD

CONDENAMOS Y DENUNCIAMOS: ante las instancias nacionales e internacionales, el homicidio ocurrido en Ikabaru el pasado 22 de noviembre de 2019. Donde la población de Ikabaru, presenciaron la masacre, dando con 8 fallecidos entre ellos un hermano Indígena nativo de la Comunidad Indígena de Manak Kru.

EXHORTAMOS: al Gobierno Nacional se haga una investigación conjunta con la Jurisdicción Especial Indígena

RECHAZAMOS: cualquier tipo de proyecto inconsulto, referente a la minería o el proyecto de arco minero dentro de nuestro sector VI Akurimö, sin la presentación previa del estudio de impacto ambiental e impacto sociocultural.

RECHAZAMOS: la militarización del aeropuerto y la instalación de la alcabala móvil antes del 5102 Escamoto cerca del puente dirección la Línea (Brasil) -Santa Elena de Uairen, sin cumplir con los procedimientos de consulta, establecidas en la CRBV, y leyes especiales.

TOTAL REPUDIO al amedrentamiento por parte de algunos efectivos militares hacia nuestro cuerpo de seguridad Indígena y la incursión que se pretende realizar en las comunidades indígenas de algún órgano de seguridad.

REPUDIAMOS: la presencia de grupos armados en territorio indígena.

EXIGIMOS: el reconocimiento de nuestro derecho de propiedad y posesión de la tierra que ocupamos y hemos poseído ancestralmente, durante toda nuestra vida desde nuestros ante pasados hasta el sol de hoy en forma continua, no interrumpido.

REAFIRMAMOS: nuestro derecho a ser libre e iguales a todos los demás seres humanos, en cuanto a dignidad y derecho, que todas las prácticas de superioridad racial étnica y cultural son jurídicamente falsas, moralmente condenables y socialmente injustas.

PEDIMOS: que el Estado cumpla y aplique eficazmente todos los instrumentos internacionales de derechos humanos o lo que se refiere a nosotros los indígenas.

AFIRMAMOS: que debemos tener acceso libre a informaciones y participar efectivamente de los procesos decisorios de cualquier programa o proyectos a realizarse en nuestra zona

QUEREMOS: que se cumplan todos los derechos consagrados en los convenios, tratados internacionales, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y la ley orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Y que la política cultural del Estado se desarrolle dentro de un ambiente de reconocimiento de la existencia de nuestra cultura.

EXIGIMOS: cese la persecución e intimidación a nuestras autoridades legítimas

APOYAMOS: rotundamente nosotros las 28 Comunidades Indígenas del Sector VI Akurimö (Santa Elena de Uairén) con sus autoridades legítimas al Sector VII Ikabaru y nos unimos para seguir luchando por la libre determinación de nuestros pueblos. Con la frase si tocan a un indígena tocan a todo el pueblo pemón.

Para terminar recordamos, Simón Bolívar, Libertador, Padre de la Patria, quien se refirió de nosotros los indígenas, en sus actuaciones políticas, militares, jurídicas y económicas. Todos los venezolanos sabemos reflexionar sobre lo que dijo el 26 de octubre de 1825, en carta dirigida al General Santander: YO PIENSO HACERLES TODO EL BIEN POSIBLE; PRIMERO POR EL BIEN DE LA HUMANIDAD, SEGUNDO, PORQUE TIENEN DERECHO A ELLO Y ÚLTIMAMENTE PORQUE HACER EL BIEN NO CUESTA NADA Y VALE MUCHO.

NOSOTROS LOS PEMONES

Comunicado Sector 6, Akurimö, 28 comunidades indígenas del municipio Gran Sabana

 

Fuente:http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/12/06/comunicado-oficial-las-autoridades-pemon-ante-la-masacre-ikabaru/

 

Venezuela

Venezuela será el primer país en perder todos sus glaciares en la región

En el marco de la Movilización Mundial por el Clima, alertamos sobre el impacto del cambio climático en Venezuela, que podría implicar que seamos el primer país en perder la totalidad de glaciares en la región.

La Sierra Nevada de Mérida tenía 10 km² de hielo en 1910. En 2018, tiene menos de 0,1 km² de superficie glaciar. De las Cinco Águilas Blancas que cantó Tulio Febres Cordero, los picos Bolívar, Humboldt y Bonpland (ambos formaban un águila), Concha, León y Toro, queda uno solo: el de Pico Humboldt, el cual se derrite aceleradamente.

De acuerdo con un equipo de científicos venezolanos, el Humbolt, el último glaciar de Venezuela podría desaparecer en 20 años. Esto motivado a que las temperaturas están subiendo más rápido en las partes elevadas de la Tierra que en los llanos.

“Si nos vamos y volvemos en 20 años, nos habremos perdido todo esto”, expresa Daniel Llambí, ecólogo de la Universidad de Los Andes de Mérida.

A lo largo de la historia, los glaciares se han expandido y reducido en tamaño numerosas veces. Pero la velocidad con que se han venido encogiendo en el último siglo y medio -agravada por la actividad humana y por la quema de combustibles fósiles- hace que los científicos se afanen por comprender cómo las rocas que quedan descubiertas generan nuevos terrenos y ecosistemas.

Aunque estamos en un periodo interglacial y la tendencia es que la tierra se caliente, según la NASA, el ritmo de calentamiento actual supera diez veces el promedio de las antiguas eras. En una década, el ritmo de deshielo de los glaciares en Antártida se ha triplicado. La Cordillera de los Andes perdió de 30 a 50% de su área glaciar en los últimos 30 años.

El 2018 registró temperaturas sin precedentes en todos los continentes. En julio, una ola de calor en Canadá mató a 54 personas con picos de 36,6 grados celsius en Montreal; en la costa de Siberia con el Océano Ártico las temperaturas alcanzaron más de 32 grados celsius y en Argelia 51,3 grados celsius, la temperatura más alta registrada en el continente africano.

Hay consenso científico sobre la relación entre el aumento de temperatura y la concentración de gases invernadero, como dióxido de carbono y metano. Desde la Revolución Industrial, los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera han aumentado un 35%, y los de metano se han duplicado. Esos gases son, en su mayoría, generados por actividades humanas. Estamos acelerando el calentamiento del planeta.

Si bien la mayor parte del hielo del planeta se encuentra en las regiones polares, también hay glaciares en algunas montañas del trópico, sobre todo en América Latina.

“Casi todos los glaciares tropicales de alta montaña se encuentran en Los Andes. También quedan algunos en el Monte Kilimanjaro”, comenta Robert Hofstede, ecólogo tropical de Ecuador que asesora a agencias internacionales como el Banco Mundial y las Naciones Unidas.

El monitoreo del glaciar Humboldt de Venezuela requiere visitas continuas, según Llambí, e incluso en las mejores circunstancias, no es fácil llegar a pie desde Mérida hasta la capa de hielo del Parque Nacional Sierra Nevada de Venezuela, ubicada a casi 5 mil metros sobre el nivel del mar.

 “El cambio climático es real y hay que documentarlo. Hay que estar ahí”. expresa Daniel Llambí.

 

La vulnerabilidad climática de Los Andes

Mientras que la mayoría de las tundras tienen escasa vegetación, los páramos son famosos por sus frailejones, plantas que pueden ser más altas que un ser humano y que parecen una cruza de cactus y palmera. La zona almacena agua que alimenta las ciudades y las tierras de cultivo más abajo.

Los glaciares andinos son fundamentales en el ciclo del agua en la región.

“Más de 50 millones de personas de América del Sur reciben agua de Los Andes”, detalla Francisco Cuesta, ecólogo tropical de la Universidad de las América de Quito.

La región está a la vanguardia del cambio climático. Los glaciares de Los Andes tropicales se han estado derritiendo más rápidamente que los demás glaciares desde que los científicos comenzaron a monitorear este fenómeno en la década de 1970, dado que las latitudes tropicales reciben el Sol y la radiación con más fuerza.

Cuando un glaciar se derrite, lo único que queda al principio es un «lecho de roca»: a veces una gravilla rugosa, otras una roca lisa, desgastada por siglos, si no milenios, de contacto con el hielo.

Pero en pocos años o décadas, bacterias y líquenes colonizan la zona. Descomponen los minerales de las rocas y sus cuerpos se pudren y se transforman en materia orgánica, el primer paso en la formación de tierra. La tierra es la base del nuevo ecosistema pues ofrece una estructura que puede retener agua y donde pueden crecer las raíces de las plantas.

“La formación de tierra es la diferencia entre un ecosistema que surge rápidamente y uno que se demora siglos”, comenta Llambí.

¿Qué podría quedar?

En las rocas que quedarán al descubierto con el derretimiento del glaciar los científicos creen que podría surgir un nuevo ecosistema parecido al de los páramos. Sin embargo, hay muchos interrogantes: ¿Tomará décadas el surgimiento de tierra? ¿Las especies animales y vegetales que sobreviven a baja altura podrán hacerlo más arriba? ¿Podrán adaptarse a temperaturas que cambian constantemente?

Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero una economía que gira desde hace décadas en torno a la demanda del combustible ha resultado inestable. Llambí cree que tiene una obligación especial de ayudar a informar al público acerca del impacto del cambio climático en un país en el que un ciclo caracterizado por altibajos en la exploración de combustibles fósiles ha dado forma a la vida de casi todos los venezolanos.

 

Fuente:http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/09/27/venezuela-sera-primer-pais-perder-todos-glaciares-la-region/?fbclid=IwAR3RSiQDsU2NidPB6MMb0A7GZ7nVe7Wx0mVxIwzmOqrjrWLd3d7f8XtxkWI