19/09/2022
Erick Camargo
CVG Bauxilum. Foto redes sociales de CVG Bauxilum
La empresa CVG Bauxilum es la encargada de la explotación de bauxita y su transformación en alúmina, para luego ser transformada en aluminio. Esta surgió con la fusión de la CVG Bauxiven e Interalúmina en 1994 y está compuesta por la mina de Los Pijiguaos y la planta de alúmina en Puerto Ordaz. Bauxilum por mucho tiempo fue un ejemplo de “eficiencia” y desarrollo de aquella Venezuela saudita, incluso posterior al quiebre, la empresa llegaría a mostrar sus picos de producción alrededor del año 2002, gracias a las inversiones realizadas por el Estado.

El deterioro de la economía había ya paralizado desde 2016 la producción de Bauxita, pero esta se seguía transformando en alúmina, utilizando el mineral depositado al pie de la mina y en los depósitos de los puertos. La conflictividad laboral, la escasez de energía eléctrica estable y el poco mantenimiento de las máquinas han permitido que la producción sea lenta y escasa, sin consumirse la totalidad del mineral extraído. Ya en 2019 Tal Cual había reportado la paralización y reactivaciones momentáneas de la maquinaria, sin que esto fuese algo estable. Hay que notar que en la misma nota se indica la llegada de soda cáustica al puerto, para suministrar de ese químico a la planta, sin que esta pueda reciclar el contenido en las piscinas.

Para agosto de este año, tras el reclamo de trabajadores de la empresa, se pudo saber que la misma va teniendo últimamente una lenta reactivación, incluso declaran “que se hacen algunos trabajos en la mina”. Pero a principios de este septiembre se verificó, que este inicio de actividad vino acompañado con un desastre ambiental de gran calado; la expulsión de alúmina calcinada (óxido de aluminio) al aire, el cual ha sido respirado por más de una semana por los habitantes de las comunidades circundantes. No olvidemos que esta planta, en Matanzas, está en el perímetro urbano de Puerto Ordaz.

El 8 de septiembre, el Correo del Caroní, anunció que ya se tenían 4 días de expulsión del material al ambiente. Este mismo reportaje señala que las personas de las zonas afectadas empezaron a mostrar síntomas de molestias respiratorias, irritación en mucosas, en ojos y garganta. Mientras la empresa pide una disculpa y no asume responsabilidades. Silvano Moreno, secretario general de Sutralúmina Bolívar, precisó en entrevista con Correo del Caroní que el calcinador se encendió sin haber culminado su mantenimiento. Hay una imposición por producir a toda costa, sin mediar en las consecuencias.

Comunicado de CVG Bauxilum

Por otra parte, en Crónica Uno se reseñó que no hay control sobre las partículas expulsadas al ambiente, y que hay un grave peligro con las micropartículas que entran al organismo y se alojan en tejidos blandos, provocando acumulación de contaminantes. Entre los efectos para el sistema respiratorio puede haber disminución de la capacidad pulmonar, asma bronquial, bronquitis, enfisemas pulmonares, fibrosis pulmonar y cáncer. Algunos de estos pueden aparecer a largo plazo, cuando el evento quede en el olvido y nadie se haga cargo.

Legado Destructivo desde la Mina
Pero de lo que poco se habla es del nefasto legado de la empresa en materia medioambiental y social. Desde la propia explotación de mineral que ha dejado una enorme herida en la selva, con la construcción de un pueblo para los trabajadores a costa del desplazamiento de comunidades indígenas E’ñepa, sin consulta previa y sin que aún se les haya restituido sus territorios o se les indemnizara adecuadamente.

La deforestación en la zona de Los Pijiguaos es uno de los casos más emblemáticos de la amazonía, como se puede ver en la foto, más de 9 kilómetros de selva fueron destruidos para la extracción de mineral, sin contar la capa vegetal que también se removió para la construcción de los pueblos del campamento, de Morichalito y el aeropuerto. Pueblos que además siempre han vivido en una terrible situación de precariedad.

Deforestación en los Pijiguaos

Lodos Rojos, amenaza constante al Orinoco
Pero en la planta de producción de alúmina también, desde el principio, ha existido un grave problema, que contamina nuestro río principal y pone en peligro la subsistencia y salud de poblaciones río abajo. Es el caso de las lagunas de oxidación, conocidas también como piscinas de lodos rojos. El proceso de conversión del mineral de bauxita en alúmina, mediante el proceso Bayer requirió la creación de estas lagunas, las cuales contienen además de los lodos rojos, soda cáustica. Esta situación se viene denunciando desde hace años, según una investigación de Carlina Ron, cuando la planta estaba en operación el desecho era de 1 millón de toneladas de lodos anuales y 2 millones de metros cúbicos de soda cáustica.

Lagunas de oxidación
Estos contaminantes se han venido acumulando en unas piscinas de oxidación, a pocos metros de la orilla del río Orinoco. En el año 2.000 se había anunciado un proyecto de modernización con la inversión de la empresa francesa Pechiney, la cual mejoraría la producción y resolvería de forma definitiva el problema de la acumulación de lodos rojos. Sin embargo, la situación política, social y económica del país dejaría a ese proyecto en el olvido. Además, se presume que la supuesta solución al tema de los residuos era más propaganda que una realidad; pues en el mundo apenas el 2% de los lodos rojos se han reciclado y al contrario, han sido origen de catástrofes ambientales de gran magnitud.

La Contaminación No Para
En El Pitazo, otro dirigente sindical, José Basanta, reveló que para el 17 de septiembre aún no se detenía la dispersión de partículas de alúmina calcinada en el ambiente. Pese a que la empresa había anunciado el cese de las operaciones para evitar seguir contaminando. Alega además que es mentira que se colocaran filtros en el calcinador, como anunció la empresa; pero que además los empleados no cuentan con equipo de protección adecuado para trabajar, apenas con mascarillas y se ven expuestos a los químicos contaminantes.

Afirmó además que “No van a paralizar porque le están mandando alúmina a Venalum, empresa que arrancó una celda y no la puede paralizar. Ellos han decidido, de manera irresponsable, seguir contaminando el ambiente y dañando a los seres humanos. Solo están pendientes del proceso productivo”.

Declara el dirigente sindical que el problema no es nuevo, que hace años los filtros vienen fallando o se carecen de ellos; que ya los trabajadores se han visto afectados en su salud por laborar en esas condiciones. Las declaraciones del líder sindical hacen parecer que Venezuela cuenta con su propia versión de casos como el de Chernobyl o Bophal, donde industria y Estado se juntan para encubrir el daño ambiental en aras de la producción.

Silencio de las Autoridades, Indefensión Ciudadana
Las autoridades ambientales del país han hecho absoluto silencio ante lo ocurrido. Desde el Ministerio de Ecosocialismo ni siquiera se ha publicado un comunicado, ni se han anunciado las medidas judiciales a tomar sobre los responsables de la empresa que ha envenenado a miles de personas.

Bajo la Ley Penal del Ambiente, en su artículo 96, corresponde pena de prisión de 6 meses a 2 años, así como una multa de entre 600 a 2.000 Unidades Tributarias a los responsables de lo sucedido, lo que podríamos ver como insuficiente dada la gravedad del asunto. Sin embargo, también cada uno de los implicados tiene la potestad de demandar a la empresa estatal por daños y perjuicios ocasionados por las partículas, exigiendo que se les cancelen los gastos médicos, así como futuros chequeos para ver la evolución de la salud a raíz de la exposición al contaminante.

También cabría abrir un procedimiento administrativo contra la empresa por incumplir el decreto de normas sobre calidad del aire y control de la contaminación atmosférica, que dispone en el artículo 17, que empresas que puedan incurrir en riesgo, aplicar medidas de mitigación, contención y en caso, como ahora, de haber realizado el daño, deben corregir y reparar el daño realizado. Sin embargo, hasta ahora no vemos que ninguna autoridad tome cartas en el asunto. Queda en mano de los ciudadanos exigir justicia a Bauxilum y al Ministerio de Ecosocialismo, por su inacción y falta de transparencia y responsabilidad en el asunto.

Este 19 de septiembre se anunció por Crónica Uno, que se establecería una comisión ciudadana para investigar el daño ambiental provocado por Bauxilum, en este caso de dispersión de alúmina calcinada. Sin embargo, ya es tarde para esto y se deben tomar medidas penales, además; ya pasados más de 15 días y sin que se detenga la emisión del contaminante, se debe exigir a la empresa la paralización total de su actividad e iniciarse los procedimientos administrativos pertinentes para determinar responsabilidades.

Pasivos ambientales de CVG Bauxilum, una historia de impunidad

17/07/2022
La deforestación, el extractivismo y la tala indiscriminada de grandes extensiones de bosque acompañan a la minería ilegal por parte de diversas organizaciones criminales, como las actividades ilícitas que tienen lugar en el Arco Minero del Orinoco. Así lo reportó la ONG FundaRedes en su informe sobre la destrucción inminente de esta extensión de terreno.

La organización destacó la explotación agresiva e irracional que sufre la zona minera. Hasta el momento, han sido destruidas al menos 1.200 hectáreas de selva virgen del estado Bolívar, cerca de la frontera con Brasil. FundaRedes señaló que tal destrucción ha estado motivada a acciones estratégicas del régimen de Nicolás Maduro en su intento de cubrir el déficit del ingreso petrolero, además de las políticas económicas erradas.

La construcción de pistas ilegales para despegue y aterrizaje de aeronaves para narcotráfico y contrabando ha sido otra de las denuncias hechas por la organización, que ha evidenciado la tala de árboles y la deforestación para tal fin.

La consecuencia más inmediata ha sido la fragmentación de los ecosistemas y la pérdida de la biodiversidad. FundaRedes también señaló como consecuencia la contaminación de las aguas y el suelo y la deforestación de miles de hectáreas de selva tropical. Todos estos desastres ocurren con el conocimiento del Estado venezolano.

Dentro del informe emitido por la organización, destaca que las actividades ilícitas no se limitan solo a los estados Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas. Por el contrario, se ha extendido a otros territorios como lo son Apure, Falcón, Sucre, Nueva Esparta, Guárico y Zulia.

Los grupos irregulares como las FARC y el ELN operan con total apertura dentro de estos territorios, tomando posesión de las minas de coltán y de diamante.

“La explotación minera que se está llevando a cabo en la zona centro-sur del país, se está realizando a través de mecanismos o labores altamente destructivas como lo es la minería a cielo abierto, que por el uso del mercurio para encontrar el oro va destruyendo y contaminando cada una de las capas de los suelos y afluentes de los ríos”, informó el ingeniero forestal y profesor de la Universidad de Los Andes, Gustavo Uzcátegui.

FundaRedes agrega en su informe que los derechos fundamentales a la vida, a un ambiente sano y sustentable, al trabajo, la salud y la propiedad, así como los derechos de los pueblos indígenas se mantienen vulnerados con la complicidad del régimen venezolano. Además, la organización pone en evidencia la forma en la que se incumple la Ley Penal del Ambiente, en la que se encuentran detallados todos los delitos que atentan en contra de los recursos ambientales y naturales.

El informe emitido por la ONG busca nuevamente llamar la atención en cuanto a la preservación de los recursos naturales ya que los hechos evidenciados han revelado que los daños en la biodiversidad y en las especies endémicas del Arco Minero son irreversibles. PresidenciaVe / EA (Foto: PresidenciaVe)
Fundaredes
https://informe21.com/actualidad/fundaredes-actividades-ilicitas-en-el-arco-minero-tienen-consecuencias-irreversibles

Analítica 06/07/2022
La ONG venezolana SOS Orinoco alertó este martes que entre los años 2000 y 2021 se han perdido «al menos 135.318» hectáreas de bosques tropicales en el territorio Esequibo, disputado entre Venezuela y Guyana, por causa de la minería de oro en la zona.

«Entre 2000 y 2021, el territorio Esequibo perdió al menos 135.318 ha (hectáreas) de bosques tropicales. Esta destrucción supera la huella de la minería aurífera evidente en el estado Bolívar, donde la actividad minera es promovida agresivamente por la política del Arco Minero del Orinoco», denunció la ONG en un informe.

La organización identificó 1.499 espacios mineros dentro de este territorio en disputa, «lo que representa un total de 1.091 kilómetros cuadrados impactados por la actividad minera de oro».

Refirió que esta explotación equivale a una producción anual de oro estimada en 19 toneladas, para lo que se emplean, aproximadamente, 29 toneladas de mercurio cada año, siempre según el reporte.

SOS Orinoco aseguró que esta actividad genera costos ecológicos «incalculables» y, además, afecta territorios indígenas y los derechos de las poblaciones asentadas en estos espacios.

«Los costos de este impacto ecológico son incalculables por la pérdida de servicios ambientales que esta región ofrecería en términos de bioprospección, reservorio de carbono, pérdida de productos madereros, no madereros, pérdida de recreación, de especies, entre otros», subrayó la investigación de la ONG.

Ante esto, la organización instó al régimen de Venezuela a «ofrecer una alternativa a esta destrucción ecológica y cultural».

El pasado marzo, la ONG venezolana Fundaredes denunció las «constantes violaciones a los derechos humanos» y la presencia sin control de «minería ilegal» que, aseguró, tienen lugar en el Arco Minero del Orinoco (AMO) -ubicado en los estados Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas- y que afectan, principalmente, a las comunidades indígenas asentadas en la zona.
https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/sos-orinoco-alerto-sobre-perdida-de-bosques-por-mineria-en-el-esequibo/

06/01/2021
oepvzla
Prensa OEP
Con información del Correo del Caroní

El 22 de diciembre, en plena temporada navideña y flexibilización de la cuarentena en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro publicó en Gaceta Oficial Nº 42.032 un decreto presidencial para la creación de la Zona Económica Especial Militar de Desarrollo Forestal (Zeemdef) en la altiplanicie o meseta de Nuria, entre los municipios Sifontes del estado Bolívar y Antonio Díaz del estado Delta Amacuro, una zona cercana al territorio esequibo.

El decreto presidencial permite a la FANB retomar el control de esta zona y establece la simplificación de trámites y permisos para actividades diversas de extracción de recursos naturales en la zona, entre las que mencionan a la minería.

De esta manera se establece que el área pasará a ser regida por el Ministerio para la Defensa y se oficializa la creación de la Empresa Militar para el Aprovechamiento Sustentable de Productos Forestales y Recursos Naturales S.A. (Emasproforn) que servirá de ente comercial para la extracción de recursos naturales.

¿Cuál es el alcance y objetivos de esta zona militar para la extracción de madera y minerales?

El documento detalla que uno de los objetivos de la denominada zona especial militar de desarrollo forestal es “aprovechar los recursos forestales y desarrollar la actividad de transformación industrial de los recursos naturales maderables y su comercialización, con el propósito de satisfacer las necesidades logísticas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en conjunto con la iniciativa privada nacional y extranjera”.

Se desconoce la extensión territorial específica de esta zona especial militar, que será en el ente administrativo encargado de regir el área, pero la Gaceta indica que al menos una de las coordenadas está incluida dentro del bloque 4 del Arco Minero del Orinoco.

También el decreto presidencial del 22 de diciembre de 2020 contempla la creación del Servicio Desconcentrado para la Gestión de Protección de Productos Forestales y Recursos Naturales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bajo la gestión de la Guardia Nacional, para la gestión de esta zona económica especial.

El artículo 6 del documento indica que este Servicio tendrá como objeto principal la planificación, administración y vigilancia de estas zonas en cuanto a la guardería del ambiente, el aprovechamiento de recursos forestales, resguardo de los procesos ecológicos en los bosques, suelos, aguas, riquezas naturales, fauna, flora, parques nacionales, monumentos naturales, cualquier otra área Bajo Régimen de Administración Especial (Abrae), “así como el saneamiento ambiental y el resguardo minero”. Este servicio estará a cargo de esta y otras zonas económicas especiales militares en materia forestal y de recursos naturales.

Entre la larga lista de atribuciones otorgadas a este servicio, se detalla por ejemplo en el numeral 14: “Efectuar el estudio y ejecutar los procesos aplicables para el aprovechamiento de semillas, material genético, cortezas, resinas, plantas y materias primas en todo tipo de selvas tropicales u otro tipo de bosques, pudiendo entre otros objetivos realizar la investigación y desarrollo de nuevas medicinas, todo tipo de actividades de investigación y desarrollo en el campo de la biología, la botánica, la identificación de nuevas especies o variedades, biotecnología y otras actividades de carácter científico, productivo, industrial o manufacturero.”

También se indica que el ente se encargará de la tramitación para la obtención de exoneraciones y beneficios fiscales según el tipo de actividad requerida, “así como actividades de fomento para la obtención de financiamientos o planes de inversión en las distintas contrataciones que se celebren u obtención de proyectos productivos endógenos, sustentables y sostenibles dirigidos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en unión cívico-militar, en apoyo a la iniciativa privada”.

Si bien las atribuciones de este órgano incluyen garantizar y ejercer la vigilancia, control y protección del ambiente, también podrá autorizar y emitir permisos para construcciones, talado, dragado y cualquier otra actividad que se realice en los espacios o zonas ambientales bajo el resguardo de la FANB. De igual manera, se le otorga la atribución de autorizar y emitir permisos para la ocupación de terrenos para tendidos eléctricos, acueductos, gasoductos, vías de acceso, pistas de aterrizaje, embalses y estaciones de servicios en los espacios bajo su resguardo.

La Zeemdef prevé la creación de “mecanismos de simplificación de trámites correspondientes para la obtención de permisos de forma expedita y sencilla” a las personas naturales y jurídicas, “públicas o privadas, nacionales o extranjeras y demás organizaciones”, que se dediquen a actividades económicas, incluida la minería, así como “actividades productivas con las potencialidades disponibles en la zona, de conservación, de turismo, deportivas, culturales, de investigación, inversión, desarrollo sustentable, actividades ecológicas, minería, entre otras afines”.

Ley Antibloqueo y extractivismo galopante

Diversas de estas atribuciones indicadas en el documento permiten entrever una clara intención de militarizar la extracción de recursos naturales en la región, evadiendo así las propias disposiciones constitucionales y legales de la nación que prevén los mecanismos de protección de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial por su diversidad socioambiental.

Ya en febrero de 2019, el gobierno de Maduro había aprobado la creación de una empresa mixta forestal denominada Mavetur (Empresa Mixta Maderas de Venezuela y Turquía), entre la empresa estatal venezolana Maderas del Orinoco, antiguamente Proforca, y la compañía turca Glenmore Proje Insaat, S.A., una de las inversiones extranjeras contempladas y amparadas por el nuevo instrumento jurídico aprobado en el 2020 de manera irregular como supraconstitucional de la Ley Anibloqueo.

En mayo de 2019, Maduro anunció también la creación de la primera Zona Económica Espacial Militar, en Aragua, para fortalecer la capacidad productiva del país. Según el gobernante, el sector militar constituye uno de los motores de la economía nacional. Aseguró entonces que la FAN «con su disciplina, organización y capacidad de acción y extensión territorial puede ser un motor súper especial».

Estas llamadas zonas económicas especiales militares están contempladas en el artículo 25 de la llamada Ley «Constitucional» de la FAN, aprobada por la constituyente en enero de 2020, que las define como un espacio geográfico donde se identifican y ubican potencialidades, condiciones generales y especiales para realizar actividades productivas endógenas, sustentables y sostenibles dirigidas por la Fuerza Armada Nacional en unión cívico militar, con el objeto de satisfacer sus necesidades básicas, contribuir con el fortalecimiento de la industria militar y con el Desarrollo Nacional, dentro del ámbito de influencia de los Ejes de Desarrollo Económico Estratégico establecido por el Ejecutivo Nacional».

La meseta de Nuria, Imataca, bajo control militar de sus recursos

La meseta de Nuria suele reconocerse también con el nombre geográfico de Imataca, y el Acta Botánica de Venezuela de Julián Steyermark precisa que se extiende desde las inmediaciones de Upata, municipio Piar, hacia el sureste, pasando por El Palmar y terminando hacia el Esequibo. Se trata de una zona mayoritariamente cubierta por una selva densa, pero también hay sabanas onduladas con selvas de galerías y pasos de morichales.

La altiplanicie de Nuria, ubicada entre Bolívar y Delta Amacuro, forma parte de la región amazónica venezolana que concentra 32% de los puntos de minería ilegal de la Amazonía, de acuerdo con el atlas Amazonía bajo presión.

El decreto presidencial que contempla la creación de los entes militares detallados para la extracción de recursos forestales y naturales en general no excluye la práctica de actividades económicas como la minería en esta zona especial de desarrollo forestal, que resguarda una variedad de especies de flora superior a la de zonas cercanas como la Sierra de Imataca, según estudios de Steyermark.

Tanto la extracción de recursos forestales, que viola la Ley de Bosques de nación, como la extracción de minerales, que iría en contra del régimen de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial por su biodiversidad estarán en franca violación de lo establecido en distintos instrumentos legales del país que buscan resguardar el ambiente, por lo que no resulta sorprendente que se estipule la administración directa del sector militar como actor central de esta estrategia de extractivismo rapaz de los recursos naturales de Venezuela.

Observatorio de Ecología Política de Venezuela

02/12/2020
oepvzla

Como parte de nuestras #AlertasOEP compartimos de manera íntegra el resumen ejecutivo del reciente informe en materia de derechos humanos en la zona del Arco Minero del Orinoco, megaproyecto extractivista del gobierno venezolano encabezado por Nicolás Maduro. El documento fue elaborado por la fundación Centro para la Reflexión y la Acción Social (CERLAS), la agrupación Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco y colaboradores, y desde el OEP suscribimos su contenido y nos sumamos a la campaña de divulgación del mismo que busca la adherencia de la mayor cantidad de voces diversas para denunciar la grave situación de vulneración de los DDHH en esta zona de nuestro territorio en la que el gobierno ha impuesto la violenta lógica criminal de la minería.
Imagen de portada Codehciu/ Correo del Caroní

Para descargar el Informe completo, hacer click AQUÍ: https://www.ecopoliticavenezuela.org/wp-content/uploads/2020/12/Informe-DDHH-AMO-2020_Final.pdf

Carta de solicitud de adhesiones a la actualización del “Informe sobre la situación de los derechos humanos en el Arco Minero y el territorio venezolano ubicado al sur del río Orinoco”

(Agosto 2019 – Agosto 2020)

RESUMEN EJECUTIVO

El presente texto constituye la actualización del informe de la situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y el territorio ubicado al sur del río Orinoco, correspondiente al período comprendido entre agosto de 2019 y agosto de 2020. El mismo ha sido elaborado por el Centro para la Reflexión y la Acción Social (CERLAS) y la organización Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco, y está estructurado en cuatro capítulos principales que le dan continuidad al contenido presentado en el informe de derechos humanos de 2019: 1) situación jurídica y socio-territorial de comunidades indígenas, 2) situación jurídica e impactos ambientales, 3) salud y condiciones sanitarias, y 4) contexto socioeconómico, político e institucional.

Este informe representa una sistematización y análisis de hechos y acontecimientos ocurridos en el período mencionado, y de trabajos de investigación y de escrutinio publicados en tiempos recientes. Cabe acotar que cada capítulo del informe presenta párrafos introductorios con datos e información contenida en el informe anterior (2019), con el fin de darle continuidad al informe y contextualizarlo para que se pueda percibir la evolución de las circunstancias con mayor facilidad. En la exposición de ciertos asuntos, se aborda el desarrollo de determinadas situaciones acaecidas en años anteriores y además se tratan con mayor profundidad aspectos que no fueron incluidos en el informe anterior.

En cuanto a la situación de las comunidades indígenas, se mantiene el contexto de violación del derecho a la consulta previa, libre, informada y de buena fe de los pueblos indígenas que habitan dentro del territorio delimitado por la poligonal de la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco” (AMO). A pesar de que para enero de 2018 el gobierno dio por concluido el proceso de consultas a las comunidades indígenas, para la mayoría de los expertos y varias organizaciones indígenas, tal proceso no cumplió con las pautas establecidas en la legislación nacional e internacional que norma dichas consultas, lo cual se suma a las denuncias de múltiples organizaciones indígenas que han manifestado públicamente su rechazo a la implementación del proyecto minero y que no han sido incluidas en procesos de consulta conforme a lo dictado por la ley.

Por otra parte, los derechos a la participación política de estos pueblos están siendo vulnerados, pues de acuerdo a un reglamento emitido por la máxima autoridad comicial en junio de 2020, la elección de la representación indígena a la Asamblea Nacional se hará a través un voto indirecto, en dos grados y mediante votación pública a mano alzada. Esta resolución viola derechos políticos de todos los venezolanos consagrados en la Constitución, así como pactos y convenciones internacionales de derechos civiles y democráticos universales. Asimismo, la demarcación del hábitat y tierras colectivas indígenas en general está pendiente para todos los pueblos indígenas del país, en especial aquellos ubicados al sur del Orinoco. Sólo se han entregado títulos de tierras (conucos). De acuerdo a nuestra Constitución del año 1999, estas demarcaciones debieron ser realizadas en los 2 años siguientes a su promulgación. A pesar de propuestas de autodemarcación elaboradas con mucho esfuerzo por varios pueblos y organizaciones indígenas, ninguno de los pueblos asentados tradicionalmente en los estados Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y Zulia, los cuales concentran la mayor proporción de población indígena del país, poseen títulos colectivos del territorio. Esto es particularmente relevante, pues la poligonal del AMO se superpone parcialmente a territorios indígenas autodemarcados, de al menos 6 pueblos originarios, donde están presentes 197 comunidades.

En general se ha agravado la situación de las comunidades indígenas en términos de la militarización de sus territorios, la represión y control por parte de cuerpos de seguridad del estado, la incidencia de situaciones violentas, por parte de bandas delictivas vinculadas al negocio minero, y la presencia y control del territorio cada vez más manifiesta de cuerpos armados irregulares colombianos. Muchas comunidades indígenas han tenido que irse adaptando a estas dinámicas extractivistas criminales e irregulares que se están posicionando y a los cambios en la economía totalmente afectada por las tramas e intercambios en torno al oro. Otras comunidades han terminado por desplazarse. Sin embargo, es de particular relevancia que especialmente este año han habido importantes manifestaciones de autodeterminación de grupos de comunidades de varios pueblos indígenas, donde se indica principalmente el rechazo a la minería y a los grupos delincuenciales y armados en sus territorios, a la violencia en general. A la vez manifiestan la capacidad de los pueblos indígenas para gestionar sus territorios y sus recursos de acuerdo a sus culturas y en armonía con la naturaleza.

A nivel ambiental, la actividad minera aurífera ilegal, informal e irregular, principalmente de tipo aluvial semimecanizada que implica la utilización desproporcionada de mercurio, continúa extendiéndose de forma cada vez más acelerada y descontrolada en la enorme área establecida por el Arco Minero del Orinoco y más allá de sus límites, vale decir, en innumerables áreas del territorio al sur del Orinoco de los estados Bolívar y Amazonas. Se siguen produciendo daños a los ecosistemas de la Guayana y Amazonía venezolana, afectando la base misma de la vida de forma profunda y muchas veces irreversible. Los impactos se extienden a varias sub-cuencas que hacen parte de la cuenca del río Orinoco, y el delta del mismo. La afectación y envenenamiento de los cauces y fuentes hídricas de la región, de la que dependen las poblaciones humanas, la biodiversidad y el funcionamiento ecosistémico, tiende a agravarse por la reciente imposición vía decreto -por parte del Ejecutivo- de autorizar la explotación minera en espacios fluviales de seis importantes ríos, todos afluentes del río Orinoco -excepto el Cuyuní, que tributa al Esequibo- lo cual es violatorio de la legislación nacional que protege los cuerpos de agua. La decisión de realizar y fomentar el desarrollo de minería con balsas y dragas hidráulicas en estos grandes ríos, podría conllevar a la alteración de la morfología del delta del Orinoco, la contaminación de éste y del golfo de Paria, del mar Caribe y del océano Atlántico, con implicaciones ambientales a nivel regional.

Es importante destacar que posterior a la Resolución Nº 0010, el gobierno decidió instalar las primeras balsas mineras en el espacio fluvial del río Caura designado para tal fin. La cuenca del Caura es muy emblemática debido a su enorme belleza y por ser una cuenca totalmente prístina hasta hace 15 años atrás. Esto ha traído un aumento de la conflictividad social entre autoridades del gobierno y pobladores criollos e indígenas de la zona que se oponen a la destrucción de sus fuentes de agua y medios de subsistencia, a lo que se ha sumado, en tiempos muy recientes, la presencia de la guerrilla que está tomando control del territorio. Se reproduce el mismo patrón que se ha observado desde que se promulgó el AMO: fomento de la expansión minera exacerbada, devastación eco-ambiental, conflictos socioambientales con incremento de la criminalidad, irregularidad e impunidad, problemas de control territorial e inclusive de soberanía, entre otros.

En cuanto a la situación de salud y las condiciones sanitarias, en la región al sur del Orinoco continúa la epidemia de malaria como consecuencia del auge minero, enfermedad que se expande a otras regiones del país y hacia países vecinos por la movilidad de las personas que se dedican a esa actividad. A pesar de que el país ha recibido ayuda internacional para paliar la enfermedad, el poco control de la malaria y el respaldo de la expansión minera por parte del gobierno venezolano, ponen en riesgo el control epidemiológico en la región latinoamericana. Otro problema sanitario que persiste por la minería es la contaminación de las aguas por mercurio, acarreando graves consecuencias en la salud de las poblaciones indígenas y locales que viven en las riberas de los ríos, motivo por el cual, en el último año, varias comunidades han denunciado las precarias condiciones en las que viven como consecuencia del auge de la minería y por las distintas enfermedades que han contraído, que en no pocos casos han provocado la muerte de menores y mujeres por desnutrición.

A toda esta situación se suma ahora la pandemia de COVID-19 que pone en mayor riesgo a la población al sur del Orinoco, especialmente en un país como Venezuela que se encuentra padeciendo una Emergencia Humanitaria Compleja, y donde la carencia de insumos, la deteriorada edificación de los ambulatorios y centros hospitalarios y el escaso personal sanitario, es una realidad cada vez más extendida. La criminalidad y la violencia impera en la región, con nuevos casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Se reportan nuevas masacres, algunas en lugares en los que no habían ocurrido anteriormente, y se visibiliza un crecimiento considerable de las ejecuciones extrajudiciales. Estas últimas pasaron a ser la forma de violencia más común, al representar la mayor cantidad de muertes por armas de fuego registradas desde 2019. En menos de dos años se han registrado más de 340 ejecuciones extrajudiciales o muertes potencialmente ilícitas en el estado Bolívar. Un dato importante es que las fuerzas de seguridad del estado, principalmente el Ejército, DGCIM y FAES, están involucradas directamente en la mayoría de las modalidades violatorias de derechos humanos.

Testimonios de sobrevivientes, pobladores y familiares de víctimas son denunciados públicamente, a pesar del clima de terror, hostigamiento y zozobra que padecen a diario. Muchos de estos testigos y/o familiares prefieren mantener su identidad oculta; sin embargo, otros sí se arriesgan a romper el silencio impuesto en los municipios del sur. Sus relatos reflejan no solo cruentos actos de violencia, sino un entorno en el que predomina la impunidad en un contexto donde la institucionalidad estatal ha sido destruida y se caracteriza por su incapacidad, indolencia y desidia.

La extracción minera y la comercialización de minerales se ha propagado y ha menoscabado abruptamente actividades económicas tradicionales de Guayana, instalando nuevas formas de economías ilegales e inhumanas alrededor de las zonas mineras. La trata de personas, el secuestro y la explotación son de los negocios más comunes, en los que las poblaciones femeninas viven de forma diferenciada y acentuada la violencia en la región. Un modelo económico transversalizado por la violencia, criminalidad, ilegalidad y corrupción, que resultó tanto en la quiebra de las empresas nacionales y de la infraestructura industrial, así como en la informalidad administrativa de todas las rutas de comercialización de minerales en el país y a nivel internacional. Instituciones nacionales públicas y privadas vinculadas directamente al mercado aurífero, como el Banco Central de Venezuela o empresas mineras respectivamente, se manejan con total opacidad y sin mecanismos de contraloría. Por otro lado, se han reportado varios casos de corrupción e irregularidad con cargamentos de oro provenientes de Venezuela.

Las poblaciones del sur del país se mantienen indefensas y muy vulnerables ante la expansión minera, en particular las comunidades indígenas y rurales, debido a la presión de vivir acosadas tanto por la presencia de grupos armados irregulares como por el estado de militarización de numerosos territorios, lo que incluye hasta la suspensión de derechos civiles. Sus condiciones de vida se han visto sumamente afectadas por la degradación acelerada del entorno natural que tradicionalmente les prodigaba alimentos, acceso a agua limpia y opciones de trabajo. Adicionalmente, en la región se suma el problema de la escasez de combustible que dificulta la movilidad cotidiana de sus habitantes, el abastecimiento de insumos y alimentos procesados, e impide el traslado a los servicios sanitarios ubicados en los centros urbanos.
Para acceder al informe de DDHH de 2019 haga click aquí: https://www.ecopoliticavenezuela.org/wp-content/uploads/2020/12/Informe-DDHH-AMO-2020_Final.pdf

Carta de solicitud de adhesiones a la actualización del “Informe sobre la situación de los derechos humanos en el Arco Minero y el territorio venezolano ubicado al sur del río Orinoco”: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdljnQTfQCEKISq5jspGlw53e_pAh9MrbhHDMIQUYxdzrx5YQ/viewform

Informe sobre la situación de derechos humanos en el Arco Minero y el territorio venezolano ubicado al sur del río Orinoco

por Venezuela Unida Editores 02/11/2020
Desde 2013 inició una crisis económica en Venezuela que trajo como consecuencia la intervención de El Arco Minero, al decretar su explotación.
Aurimare Rodríguez, coordinadora Internacional de Profesionales y Técnicos de Un Nuevo Tiempo (UNT), asegura “este es el mayor acto de ecocidio en la historia de Venezuela, violando los preceptos de nuestra Constitución, los tratados internacionales establecidos y las leyes orgánicas que amparan todos los recursos de nuestro país”.

Puntualizó que el cauce del río Orinoco transita por el área afectada y es contaminado por el Mercurio y Cianuro de El Arco Minero, lo cual resulta alterado desde el punto de vista ecológico por el extractivismo del oro, coltán, bauxita, diamante, hierro, cobre, entre otros minerales extraídos en seis zonas ABRAE.
Ubicado al norte del estado Bolívar, al noroeste de Amazonas y parte del estado Delta Amacuro, el río Orinoco representa el 12.2% de territorio nacional con una extensión de 111.843,70, una extensión del tamaño de Suiza actualmente.

El Arco Minero, un ecocidio sin precedentes en Venezuela

La representante de UNT, relata que en estas zonas habita el 4.69% de la población venezolana, lo que representa 1.660.000 habitantes en 465 poblados; de los cuales 54.686 son comunidades indígenas, esto según el censo realizado en el año 2011.

“Las etnias indígenas y demás habitantes se han visto considerablemente afectados causando daños irreparables en la biodiversidad de las especies”.

Patricia Salazar, Secretaria Regional de Profesionales y Técnicos del estado Bolívar, refirió que “el Informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU expone que los trabajadores de El Arco Minero están sometidos a graves abusos y violencia que han causado alrededor de 150 fallecidos desde el año 2016”.

Además, este conflicto atenta contra el derecho humano a un ambiente sano, lesiona los derechos de los pueblos indígenas y el desarrollo económico minero y agrícola desde la modernidad, ya que es un hecho global que todas estas prácticas pueden ser realizadas sin dañar en absoluto el ambiente en pro del mejor porvenir del país, sobre todo en un Estado Minero, Agrícola, Pecuario y productor tan grande, extenso y preparado por generaciones, reseñó la Asamblea Nacional.

https://www.caraotadigital.net/nacionales/a-siete-anos-de-autorizar-la-explotacion-del-arco-minero-estos-son-los-resultados

“Las etnias indígenas y demás habitantes se han visto considerablemente afectados causando daños irreparables en la biodiversidad de las especies”
Por
Redacción Web – 01/11/2020
(Cortesía)
Desde que inició la crisis económica en el año 2016, trajo como consecuencia la intervención de El Arco Minero, al decretar su explotación.

Aurimare Rodríguez, coordinadora Internacional de Profesionales y Técnicos de Un Nuevo Tiempo, asegura “este es el mayor acto de ecocidio en la historia de nuestro país, violando los preceptos de nuestra constitución, los tratados internacionales establecidos y las leyes orgánicas que amparan todos los recursos de nuestro país”.

Rodríguez, puntualizó que el cauce del río Orinoco transita por el área afectada y es contaminado por el Mercurio y Cianuro de El Arco Minero lo cual resulta alterado desde el punto de vista ecológico por el extractivismo del oro, coltán, bauxita, diamante, hierro, cobre, entre otros minerales extraídos en seis zonas ABRAE.

Ubicado al norte del estado Bolívar, al noroeste de Amazonas y parte del estado Delta Amacuro representa el 12.2% de territorio Nacional con una extensión de 111.843,70, una extensión del tamaño de Suiza actualmente.

En tal sentido, la representante de la tolda azul, relata que en estas zonas habita el 4.69% de la población venezolana, lo representa 1.660.000 habitantes en 465 poblados; de los cuales 54.686 son comunidades indígenas, esto según el censo realizado en el año 2011.

“Las etnias indígenas y demás habitantes se han visto considerablemente afectados causando daños irreparables en la biodiversidad de las especies”.

En tal sentido, Patricia Salazar, secretaria Regional de Profesionales y Técnicos del estado Bolívar, refirió que “el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU expone que los trabajadores de El Arco Minero están sometidos a graves abusos y violencia que han causado alrededor de 150 fallecidos desde el año 2016”.

Además, este conflicto atenta contra el derecho humano a un ambiente sano, lesiona los derechos de los pueblos indígenas y el desarrollo económico minero y agrícola desde la modernidad, ya que es un hecho global que todas estas prácticas pueden ser realizadas sin dañar en absoluto el ambiente en pro del mejor porvenir del país, sobre todo en un Estado minero, agrícola, pecuario y productor tan grande, extenso y preparado por generaciones.

Ambas expertas coinciden que la violencia generada en esta zona es innecesaria y resulta importante que nuestro país detenga los daños de hoy en día para fomentar la apertura de la Bolsa Nacional de Oro y Diamante, proyecto financiero y económico que traería orden y progreso, no solo al Estado Bolívar en lo social, cultural y económico sino estabilidad a todo nuestro majestuoso país.

Desarrollando en primera línea a los municipios Sifontes, Roscio, El Callao y La Gran Sabana y en pleno a todo el estado Bolívar. Dando un verdadero giro a las precarias condiciones de pobreza y salubridad en la entidad que hoy son parte de la cotidianidad del Estado Bolívar, aumentando la aparición de enfermedades como la Malaria y Paludismo aunado al Covid-19, aseguró Salazar, reseña el Centro de Comunicación Nacional.

El Arco Minero, el peor ecocidio de la historia de Venezuela

Laura Clisánchez @mlclisanchez
05/10/2020
La mayoría de las víctimas murieron en operativos de las FAES y el Cicpc de acuerdo con el monitoreo de medios de Codehciu.

176 personas han sido potencialmente ejecutadas por los cuerpos de seguridad oficiales en Bolívar entre enero y agosto de 2020 en cinco municipios de la entidad: Caroní, Sifontes, El Callao, Angostura del Orinoco y Piar.

Caroní es el municipio en el que estos asesinatos adquieren más visibilidad mediática. En agosto, sumaba 91 presuntas ejecuciones extrajudiciales. Las cifras corresponden al balance de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu).

En el municipio Sifontes, una de las zonas mineras más violentas del estado Bolívar y que se posicionó como el epicentro de las desapariciones forzadas vinculadas con el conflicto en el Arco Minero del Orinoco, hubo al menos 20 asesinatos en presuntos enfrentamientos y operativos de efectivos de seguridad. En Angostura del Orinoco, hubo 38 presuntos ajusticiamientos.

La mayoría de las personas murió en operativos del Cicpc, un total de 58; mientras que 27 personas fueron asesinadas por efectivos de las FAES | Fotos William Urdaneta | Archivo Correo del Caroní

68% de los asesinatos fueron perpetrados por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), las Fuerzas Armadas Especiales (FAES), la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) el Servicio de Investigación Penal del Cuerpo de la Policía del estado Bolívar (Siepeb) y la División de Inteligencia y Estrategias de la Policía del estado Bolívar (Diepeb).

La mayoría de las personas murió en operativos del Cicpc, un total de 58; mientras que 27 personas fueron asesinadas por efectivos de las FAES, 14 por la Siepeb, siete por la FANB y cinco personas fueron asesinadas por la Diepeb.

De los 30 asesinatos ocurridos solo en agosto en la entidad, tres fueron desmentidos por familiares de las víctimas y fueron señalados como ajusticiamientos. Cuatro personas murieron en medio de operativos conjuntos entre las FAES y la Siepeb y las FAES junto a la Policía Municipal de Caroní.

Una política estatal
Aunque la pena de muerte está prohibida en Venezuela y las leyes orgánicas de distintas fuerzas policiales y militares permite el uso de la fuerza letal solo para proteger la vida de un funcionario de seguridad o un tercero, la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas ha documentado desde 2014 ajusticiamientos por parte de efectivos del Estado sin que haya un enfrentamiento.

De acuerdo con la Misión, el Cicpc, la PNB y las FAES fueron responsables del 59% de los asesinatos ocurridos entre 2014 y 2019.

Familiares y testigos de algunos hechos han asegurado a la prensa que los funcionarios limpian las evidencias, ejecutan a quienes consideran criminales en lugar de apresarlos y el asesinato queda impune mientras familiares de algunas de las víctimas exigen limpiar el nombre y la memoria de sus seres queridos.

La investigación determinó que existe una violación sistemática y deliberada de Derechos Humanos empleada como política de Estado, las ejecuciones extrajudiciales documentadas por la Misión ocurrieron en el contexto de operaciones policiales o militares destinadas a “combatir la delincuencia”.

Aunque la Misión solicitó al Gobierno nacional el avance de las investigaciones de los asesinatos perpetrados por fuerzas de seguridad del Estado, no han recibido respuesta.

Codehciu reitera la importancia de continuar investigando y documentando estos hechos pues son insumos que pueden abrir paso a la construcción de un caso que permita enjuiciar a los autores de estos delitos en un tribunal internacional.
30 asesinatos ocurrieron en agosto, tres de ellos fueron desmentidos por familiares de las víctimas y fueron señalados como ajusticiamientos

Uno de los casos más recientes y con impacto mediático fue el asesinato de los comerciantes Johandris Blanco y José Enrique González en Barrancas del Orinoco, estado Monagas. Una comisión de las FAES entró en la casa donde ambos hombres dormían y, de acuerdo con declaraciones de su familia, fueron golpeados, desnudados y puestos de rodillas antes de dispararles en el estómago y en el pecho.

La esposa de González aseguró que vio cómo las FAES limpiaron la evidencia e informaron que se trató de un enfrentamiento contra criminales.
http://www.correodelcaroni.com/sucesos/7096-91-personas-han-sido-asesinadas-por-cuerpos-de-seguridad-del-estado-en-caroni-entre-enero-y-agosto

07/09/2020
A través de un comunicado rechazaron la apertura de una oficina de la Corporación Minera Venezolana, que es la que coordina todo el ecocidio que se realiza en el marco del llamado Arco Minero, un invento chavista para saquear los recursos de Venezuela.

Una comunidad indígena cuyos miembros pertenecen a la Primera Nación Pemón emitió un comunicado rechazando la apertura de una oficina de la estatal Corporación Minera Venezolana en su territorio tradicional. Los pemones de la comunidad Santo Domingo de Turasén en el municipio Gran Sabana del sureste del estado Bolívar, dijeron que rechazan el hecho de que una minera nacional haya decidido abrir una oficina en su terreno sin consultarlos debidamente.

“Nos preocupa el hecho de que durante los últimos 20 años de la transición propuesta hacia una sociedad más justa y democrática, ha sido imposible desplazar o quebrar a la élite corrupta y desacreditada [que gobierna el país], que no ha establecido adecuadamente canales de comunicación con la mayoría de los pueblos indígenas”, se lee en el comunicado.

El grupo recordó al régimen de Nicolás Maduro que tanto la Constitución venezolana como la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas establecen que se requiere consentimiento previo, informado y libre antes de iniciar cualquier proyecto que pueda afectar las tierras indígenas y sus recursos. Esto incluye la minería y otras industrias extractivas.

La apertura de la nueva oficina, que estaría ubicada en Santa Elena de Uairén -la principal localidad que da servicio al área donde se ubica su comunidad-, es vista por la comunidad como una forma de promover y formalizar las actividades mineras en áreas protegidas como el Parque Nacional Canaima. También se ve como una forma de implementar políticas públicas que promuevan la división entre diferentes comunidades indígenas y debiliten las estructuras organizativas de las Primeras Naciones venezolanas.

“No están siguiendo los principios de respeto a la soberanía, sustentabilidad, visión sistemática de los pueblos indígenas, desarrollo bajo principios ecológicos y, en particular, de profundo respeto a los pueblos indígenas”, afirma el comunicado. “Por eso exigimos que todos los actores e instituciones gubernamentales cumplan con lo que estipula la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en materia de consulta previa, informada y libre, respetando los criterios de interculturalidad, buena fe y tiempos ancestrales”.

Problema de larga data

Desde hace años, grupos ambientales, de derechos humanos y de las Primeras Naciones denuncian el saqueo de recursos minerales en diferentes parques nacionales del estado Bolívar, particularmente desde el establecimiento del Arco Minero de la Zona Estratégica de Desarrollo Nacional del Río Orinoco, que es un área de concesión de 111,843 kilómetros cuadrados que equivale al 12.2% de la superficie terrestre del país y donde se encuentran oro, diamantes, mineral de hierro, Se permite extraer cobre, bauxita, coltán, entre otros recursos.

Aunque se suponía que el Arco regularía la minería en la región, en realidad, se llevan a cabo operaciones turbias en y alrededor de su extensión. El Parque Nacional Canaima, que alberga enormes ríos y cascadas y es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, se ha convertido en un área de interés particular. Esta situación preocupa tanto a los pemones como a los ambientalistas, que han pedido reiteradamente el cese total de las actividades extractivas en la zona.

Según estos grupos, la extracción de oro no regulada está contaminando el río Carrao y sus afluentes dentro del parque, amenazando la seguridad y el sustento de las comunidades indígenas que han vivido allí durante siglos.
Con información de Mining.

Pemones se alzan a Maduro y exigen fin de la minería ecocida en el Parque Nacional Canaima

Por Jhoalys Siverio @jhoalys
31/08/2020
De acuerdo con la ONG Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía, 13 mujeres y 64 hombres desaparecieron en zonas mineras del sur de Bolívar entre 2012 y agosto de 2020.

Puerto Ordaz. Las zonas mineras del sur de Bolívar significan para muchos una opción de rebusque económico. Sin embargo, para otros significó la muerte o su desaparición física. La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) y un colectivo de periodistas independientes en alianza con La Vida de Nos contabilizan al menos 77 desaparecidos desde 2012 hasta el 15 de agosto de 2020.

La investigación señala que de esas 77 personas (13 mujeres y 64 hombres) la mitad continúa desaparecida. 39 % de las víctimas tienen edades comprendidas entre los 20 y los 30 años de edad.

El municipio Sifontes acumula 43 % de las desapariciones en las zonas mineras, correspondiente a mineros o comerciantes.

“Esta cifra convierte a esta jurisdicción, de acuerdo con los datos recabados, en el epicentro de las desapariciones en el sur de Bolívar. En este municipio no solo se documentó la presencia de grupos armados que actúan con complicidad estatal. También la incursión de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), denuncia que ha sido negada por autoridades militares”, recuerda la ONG Codehciu.

Las desapariciones forzadas se profundizaron en 2016 con la creación del Arco Minero del Orinoco. De acuerdo con el informe de Codehciu y La Vida de Nos, 74 % de las víctimas desaparecieron entre 2018 y los primeros ocho meses de 2020.

“Los familiares de las víctimas coinciden en la ausencia de protocolos de búsqueda básicos por parte de las autoridades. La madre de Lisandro Murillo, un minero desaparecido en 2015 en la mina Cicapra, en el municipio Roscio, en el sur de Bolívar, asegura que su denuncia ante el Cicpc fue infructuosa”, revela la investigación.

Día Internacional
El monitoreo de desapariciones en el sur de Venezuela se inició en 2019 como parte de la investigación Fosas del Silencio. Este mes se amplía a la plataforma Indelebles. Se trata de un proyecto de periodistas en alianza con Codehciu para visibilizar el fenómeno de desapariciones en el sur de Venezuela.

a publicación de la investigación coincidió con el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Esta fecha la declaró la Organización de Naciones Unidas (ONU) el 30 de agosto de 2011.

“Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes”, indica la ONU.
https://cronica.uno/bolivar-contabiliza-77-desapariciones-en-zonas-mineras-desde-2012/