Respecto al mes anterior, surgieron cuatro nuevos casos, según la Defensoría del Pueblo.
13/09/2021
Respecto al mes anterior se incorporaron cuatro conflictos nuevos. Uno de ellos es de tipo laboral y se desarrolla en Pasco, donde los trabajadores de la Empresa Administradora Cerro S. A. C. reclaman la atención de sus demandas laborales para una efectiva reincorporación a sus puestos de trabajo. Asimismo, en Huancavelica se registró un nuevo conflicto de tipo otros asuntos. En este caso la comunidad campesina de Puerto San Antonio y la población del distrito de Roble demandan a la empresa Telefónica del Perú S. A. A. (Movistar) la instalación de nuevos equipos y de fibra óptica para el mejoramiento de la señal de internet, que permita el normal desarrollo de sus actividades educativas y laborales.

Dos nuevos conflictos de tipo socioambiental se registraron en Ayacucho y Tumbes. En el primero, la comunidad campesina de Pallancata denuncia que el río Suyamarca estaría contaminado, presuntamente por vertimiento de aguas ácidas con metales pesados sin tratamiento de la Compañía Minera Ares S. A. C. (Unidad Minera Pallancata), lo que habría ocasionado la muerte de truchas y afectación de la salud de los miembros de la comunidad campesina Pallancata y el centro poblado Santa Rosa.

El segundo se desarrolla en la provincia de Tumbes, donde ciudadanos del distrito de San Jacinto se oponen a la ejecución del proyecto “Presa Laminadora de Higuerón” a cargo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) debido a los posibles impactos negativos del proyecto, en perjuicio de sus actividades agrícolas y sus derechos a la vivienda, trabajo y propiedad.

Casos por tipo y lugar

En cuanto a la distribución territorial de los conflictos reportados, Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales (29 casos) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Cusco (22) y Áncash (17). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (64.8 %). Este tipo de conflicto mantiene esta ubicación desde abril de 2007. Respecto de los conflictos vinculados a la minería, el porcentaje de estos con relación a los socioambientales es de 64.6 %.

Diálogo

Del total de casos activos, el 69.1 % (96 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 76 de ellos. Del total de conflictos en diálogo, el 77.1 % (74 casos) corresponde a casos socioambientales.

Violencia

En este mes se registraron dos personas heridas producto del enfrentamiento entre la Policía Nacional del Perú y los trabajadores de la Empresa Administradora Cerro S. A. C. en Pasco, quienes realizaban una protesta en las instalaciones de la empresa.

Protestas

Se registraron 231 acciones colectivas de protesta en el mes de agosto, 60 más que el mes anterior. Del total, el 56.3 % fueron plantones y el 22.5 % movilizaciones.

Alertas tempranas

En atención a su evaluación e intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo envía al Estado, las empresas y la sociedad 25 alertas tempranas (ver página 10 del reporte), para que se actúen en el marco de sus competencias y responsabilidades. Del total de alertas, cuatro son conflictos nuevos, 11 son casos activos y 10 son casos en observación que pueden devenir en conflictos sociales.
https://www.inforegion.pe/288440/loreto-y-cusco-concentraron-la-mayoria-de-conflictos-sociales-en-agosto/

Guido Bellido instaló mesa de trabajo en Espinar para atender reclamos por contaminación. En Caylloma, pobladores le pidieron que mineras que operan en la zona aumenten aportes.
Agenda. Guido Bellido asumió compromisos en Cusco y Arequipa para evitar que estallen los conflictos sociales.
Agenda. Guido Bellido asumió compromisos en Cusco y Arequipa para evitar que estallen los conflictos sociales.
larepublica_peediciondigital@glr.pe
12/09/2021

El premier Guido Bellido visitó ayer Espinar en Cusco y Caylloma (Arequipa), provincias que tienen conflictos latentes con las empresas mineras que operan en la zona. El periplo de Bellido arrancó en la provincia cusqueña. Decenas de comuneros lo esperaron con carteles de reclamos en la plaza de Yauri.

Incluso una pobladora fue a ver a Bellido con su carnero muerto en la mano. Querían contarle su padecimiento por la contaminación del agua afectada por la existencia de metales pesados y presuntos impactos ambientales que provocan las operaciones de Antapaccay

Bellido tuvo dos reuniones en Espinar. La primera con los comuneros de Tintaya Marquiri, ubicados cerca a las operaciones mineras. Ya por la tarde, el presidente de la PCM llegó a la plaza de Yauri para sostener una reunión pública con los dirigentes y representantes comunales.

Inicialmente, la reunión debía llevarse a cabo en la municipalidad con los alcaldes, así estaba programado, sin embargo, los manifestantes no lo permitieron.

Fredy Llayque, presidente del Comité de Lucha, indicó que con la presencia de Guido Bellido quedó instalada la mesa de diálogo para atender los reclamos de la provincia en seis mesas de trabajo.

“Se han conformado las comisiones. Hay una resolución que confirma nuestra mesa de diálogo y el cronograma. Estos acuerdos han evitado que el pueblo se levante”, subrayó.
Conflictos en Las Bambas

Pero la otra cara de la moneda se vive en Chumbivilcas, donde el diálogo está quebrado. Las comunidades anunciaron que ante la negativa de la minera MMG Las Bambas para aceptarlos como proveedores, se rompió el intento de entendimiento.

Renato Charcahuana, representante de la Liga Agraria de Chumbivilcas, dijo que en la zona de Huaylla Huaylla hay bloqueos humanos que impiden el paso de los encapsulados de Las Bambas.
Compromisos en Arequipa

En la tarde el premier arribó hasta la plaza de armas del distrito de Chivay (Caylloma). Allí gremios lecheros, comunidades campesinas y alcaldes le entregaron memoriales y carpetas de proyectos.

Un sector de los frentes de defensa de la provincia, pide que las mineras, se comprometan a firmar un convenio marco, para que las compañías destinen parte de las ganancias en proyectos de inversión. Mientras que otros exigen que los proyectos minimicen sus impactos ambientales.

Otro de los reclamos que se dejó escuchar en Caylloma es un canon comunal. Argumentan que el dinero de los proyectos mineros no se ven en obras a favor de las comunidades. El premier se comprometió a analizar ese pedido.

Bellido se dirigió a la población cerca de las 5.30 p. m. La mayoría de su discurso fue en idioma quechua.

El titular de la PCM cuestionó a las autoridades y les pidió que le entreguen proyectos con perfiles listos. “No han hecho la tarea”, les dijo.

En otro momento, anunció que pronto visitará el distrito de Caylloma, dónde su frente de defensa, se pronunció contra las minera Buenaventura. Incluso advierten un próximo paro.

El alcalde provincial de Caylloma, Álvaro Cáceres Llica, no pudo extender su discurso, por el rechazo de la población.

Hubo militantes de Perú Libre, de la base de la ciudad de Arequipa, que lanzaban arengas por una nueva Constitución.
Comunidades quieren ser proveedores

Según el asesor de las comunidades, Víctor Villa, la única manera de garantizar la paz en el corredor minero es que la minera admita el pedido para que las comunidades sean proveedoras.

“Tenemos entendido que algunos pobladores de Fuerabamba y Cotabambas (Apurímac) tienen sus encapsulados y sirven a Las Bambas, la diferencia es que en el caso de Chumbivilcas, esos encapsulados serían de las comunidades, en beneficio de ellas y no de personas particulares”, explicó.
https://larepublica.pe/politica/2021/09/12/premier-guido-bellido-visita-cusco-y-arequipa-para-aquietar-conflictos-mineros-latentes-lrsd/

La Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos buscó testimonios de personas afectadas durante la emergencia sanitaria en Perú.
03/09/2021
Con el objetivo de reunir testimonios de personas afectadas por empresas durante la pandemia, la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos decidió hacer un documental para mostrar estas historias.

“Durante las primeras semanas de emergencia por el covid-19, hubo varias denuncias de malas prácticas por parte de las empresas desde no respetar la cuarentena o no cumplir medidas sanitarias, hasta despedir trabajadores. Aquí surgió la idea de hacer una serie documental mostrando las historias de las personas que han sido vulneradas en sus derechos. Incluye una diversidad de vulneraciones, principalmente a los derechos laborales, al derecho a la salud y a los derechos sociales de las comunidades”, dijo Abel Gilvonio, coordinador de la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos.
Gilvonio mencionó como ejemplo el sector minero, donde han expuesto a sus trabajadores al tránsito continuo entre las ciudades y las zonas de operación de la mina.

“Aquí no solo se atentó contra la vida de los trabajadores y sus familias, sino que también se expuso a las comunidades al contagio”, agregó.
En el documental “Shougang: reactivación minera a toda costa”, Zamira Llerena y Judith Miranda cuentan que sus esposos, trabajadores de la minera Shoungang Hierro Perú, se contagiaron y murieron por covid-19 estando internados en la Central Térmica San Nicolás, perteneciente a dicha empresa.

“Todo esto ha sido tolerado por el Estado, que con una actitud permisiva no ha fiscalizado adecuadamente el cumplimiento de los derechos laborales. Hemos visto a empresas que incluso pidieron préstamos a Reactiva Perú para supuestamente «no cortar la cadena de pagos» y luego despidieron o suspendieron a sus trabajadores, dejándolos sin ingresos”, denunció el vocero de la Plataforma.
Por su parte, Elidia Tandaypan, cosechadora de arándanos en la empresa agroexportadora Camposol, denunció en el documental “Agroexportadoras: Formalizar la explotación”, que a los trabajadores se les entregaba solo tres mascarillas para tres meses y que luego les entregaron un protector facial para cada uno. “Será por única vez”, les habría dicho la empresa.

“Nos dijeron que, si se deteriora o pierde, nosotros teníamos que cubrirlo con nuestros propios medios”, cuenta la denunciante
Otras realidades retratadas fueron la usura de las clínicas privadas en agravio de los pacientes y los despidos arbitrarios y descuentos injustos a trabajadores de Saga Falabella, el abandono a las comunidades indígenas, entre otras situaciones.

Los documentales “Clínicas: traficando con la salud”, “Saga Falabella: la crisis la pagan los trabajadores”, “Antapaccay: Los recursos son del pueblo” y “Pueblos indígenas: la defensa de la salud es la defensa de la Pachamama”, forman también parte de la muestra que se estrenará a partir del próximo 5 de septiembre, a las 7 p.m., por las redes del portal Wayka (Facebook y Youtube). La serie de documentales continuará durante 5 semanas más.

Sobre la serie documental

“La idea central fue recabar denuncias de vulneraciones de los derechos hacia los trabajadores por parte de los empresarios. Antes de iniciar las grabaciones se realizaron exhaustivas investigaciones, luego se decidió entrevistar a los actores directos para tener sus puntos de vista y conocer su experiencia en medio de la pandemia”, explicó José Carlos Pacheco, director de la serie documental Perú: Empresas y Covid-19.
“La fortaleza de esta serie documental, además de la investigación, es mantener un mismo estilo. La realización ha sido muy prolija y bien cuidada, respeta la estética en sus seis capítulos pese a tener ángulos distintos; pues uno es más esperanzador, otro refleja el abandono, la tristeza y también la intención de lucha”, agregó el director.
La Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos está conformada por: la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), OXFAM en Perú, Diakonia, CooperAcción, Perú Equidad, DAR, Red Muqui, RedGe, IBC, Fedepaz, CAAAP, Codehica, EarthRights International, PLADES, APRODEH, CEAS, Derechos Humanos sin Fronteras, IDLADS, CIPCA, GRUFIDES, IESI, 11.11.11 y Amnistía Internacional – Perú.
https://redaccion.lamula.pe/2021/09/03/estrenan-serie-documental-sobre-empresas-y-derechos-humanos-en-pandemia/redaccionmulera/

Agosto 2021
Foto: Referencial
En las últimas semanas se han ido sumando un conjunto de noticias en materia tributaria que, hay que reconocer, son buenas para la economía del país. Varias empresas, que tenían un conjunto de deudas tributarias, finalmente las están asumiendo y han comenzado a pagar o han anunciado que lo harán.

Los procesos son distintos y no es que las empresas por voluntad propia hayan decidido asumir sus deudas tributarias. En algunos casos, como el de la empresa Buenaventura y Cerro Verde, los pagos se realizan luego de largos procesos legales y teniendo de por medio una sentencia del Tribunal Constitucional que rechazó una pretendida prescripción de las deudas. Que quede claro que ambas empresas, como muchas otras deudoras, hicieron lo imposible, utilizando todos los vericuetos legales para no pagar o retrasar al máximo el pago.

Como se sabe, varios de estos procesos han demorado entre diez y quince años. Además, como lo ha recordado un reciente artículo publicado por CooperAccion, en ambos casos son pagos bajo protesto, lo que significa que las empresas no se han resignado y mantienen la esperanza que los tribunales les den la razón, lo que significaría la devolución de lo pagado al Estado. Mientras tanto, la buena noticia es que el fisco recibirá este año un ingreso adicional de 2,647 millones de soles por el pago de ambas empresas.

Por otro lado, el Ministro de Energía y Minas, Iván Merino, ha anunciado que el Tribunal Fiscal resolverá en los próximos 30 días sobre una deuda de aproximadamente 690 millones de soles de la empresa Las Bambas por concepto de IGV de los años 2011 y 2012. Además, se anuncia que, finalmente, esta empresa comenzaría a pagar desde este año impuesto a la renta (IR). De producirse, este adelanto del pago de IR se explicaría sobre todo por los altos precios internacionales de los minerales que han permitido que finalmente recuperen sus inversiones. Como se sabe, Las Bambas inició la fase de producción el año 2016.

Todos estos anuncios, más el incremento de la recaudación tributaria, sobre todo proveniente de la minería, están permitiendo que este año se registren mayores ingresos fiscales, luego de una fuerte caída de la recaudación el año pasado. Sin embargo, debe quedar claro que algunos de estos ingresos, como los que provienen de las deudas tributarias, son excepcionales y en relación al aporte tributario de la minería no hay de por medio ningún cambio en la política tributaria, es decir solamente nos estamos beneficiando de la mejora de los precios internacionales de los minerales.

Por lo tanto, sigue pendiente la puesta en marcha de una verdadera reforma tributaria de carácter estructural en el país -somos el único país de la Alianza del Pacífico que no ha implementado una reforma tributaria estructural-. En el campo de la minería, no debemos repetir el error cometido durante el período del súper ciclo de precios de las materias primas (2002-2012), cuando dejamos de colocar un impuesto a las sobreganancias mineras.

Que la lluvia de millones que se viene anunciando este año no nos haga olvidar que el Perú figura en el ranking de los 10 países en el mundo con menor presión tributaria y seguimos estando muy lejos del promedio latinoamericano. Con una presión tributaria que gira desde hace décadas alrededor del 14% del PBI, en épocas de bonanza y en tiempos de vacas flacas, el Estado peruano seguirá en colapso total y sin poder atender necesidades urgentes. ¿Será que estos repentinos pagos millonarios buscan transmitir la idea de que “las empresas ya están pagando y no se necesita hacer ninguna reforma tributaria”?

Los que se opusieron antes a una reforma tributaria y, sobre todo, a cambios sustantivos en la política tributaria minera, en la actualidad han comenzado a desplegar una nueva ofensiva para evitar que en el país se produzcan cambios y se avance con una verdadera política tributaria progresiva, tal y como lo recomiendan todos los organismos internacionales y se comienza a implementar en países con una actividad minera importante.

En un contexto de emergencia como el que vivimos, con la amenaza de una posible tercera ola y la necesidad de seguir impulsando la recuperación de la economía, es totalmente legítimo que el Estado peruano busque capturar un porcentaje mayor de la renta minera, en un contexto en el que las empresas están teniendo ganancias extraordinarias.
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Por Elena Miranda | 28/08/ 2021
Este domingo 29 de agosto se instalará la mesa de diálogo entre los representantes del gobierno y las comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, que reclaman por lo que consideran un uso ilegal de sus territorios, dispuesto por el Estado para que opere el corredor minero Apurímac-Cusco-Arequipa, y la negativa de la empresa Las Bambas a indemnizarlos por los perjuicios que les genera. Al encuentro reprogramado por la PCM, pues inicialmente estaba acordado para este sábado 28 de agosto, acudirá el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien se vio obligado a fijar una fecha para el inicio del proceso de diálogo luego de que los comuneros reanudaran su protesta ante el incumplimiento de las promesas del premier.

La mesa de diálogo entre los representantes del gobierno de Pedro Castillo y de las comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, para tratar sobre el corredor minero del sur y otras demandas, no se instalará hoy pues la Presidencia del Consejo de Ministros la reprogramó para este domingo 29 de agosto, tras obtener el voto de confianza en el Congreso de la República.

El análisis de la resolución del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que declara las vías de las comunidades campesinas como nacionales para permitir el paso de los camiones de la empresa china Las Bambas y el pedido para que la minera tome medidas ante el daño ambiental que ocasiona y otorgue indemnizaciones a ocho comunidades campesinas de la zona de influencia son dos de los puntos a tratar en la mesa de diálogo, que se instalará en el distrito de Santo Tomás, capital de la provincia de Chumbivilcas.

Las partes también hablarán sobre la propuesta de las comunidades de ser proveedores de bienes y servicios e integrarse a la cadena de valor que genera la minera Las Bambas y el pedido al Gobierno para que no persiga y criminalice a los dirigentes y comuneros, pues varios enfrentan investigaciones y juicios por haber participado en protestas sociales relacionadas con conflictos ambientales provocados por la minería.

En este encuentro está confirmada la participación del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y otras autoridades del gobierno. Los dirigentes de ocho comunidades campesinas y del Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincias de Chumbivilcas han convocado a la población a que acuda a presenciar el encuentro.

El sábado 21 de agosto hubo una reunión preparatoria entre los representantes del gobierno y de las comunidades. Se formó un grupo de trabajo integrado por representantes del gobierno y de ocho comunidades campesinas. Además, se crearon cuatro subgrupos de trabajo para cada uno de los cuatro puntos que se tratarán en la mesa de diálogo.
Actualización 17 de agosto de 2021
La reanudación del paro y del bloqueo del corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa, que impide el paso de los camiones de la minera Las Bambas, forzó al premier Guido Bellido a fijar fechas de diálogo con las comunidades campesinas de la provincias de Chumbivilcas, en Cusco, luego de que permaneciera en silencio durante dos semanas sin haber atendido los pedidos de los dirigentes de los comuneros, que lo instaban a cumplir la promesa que les hizo el 2 de agosto pasado, cuando los visitó y consiguió que le dieran una tregua de 60 días.

A través de un comunicado, la Presidencia del Consejo de Ministros informó que, el sábado 21 de agosto, se ha previsto la instalación de una mesa de diálogo preparatoria en el distrito de Ccapamarca y el sábado 28 de agosto, la instalación de una mesa de diálogo en el distrito de Santo Tomás, capital de Chumbivilcas, para tratar las demandas planteadas por el Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas.

Horas antes, el Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas y los presidentes de ocho comunidades campesinas de la provincia emitieron un pronunciamiento en el que rechazaban las declaraciones que dio ayer Guido Bellido, durante su visita a la ciudad del Cusco. El premier declaró a la prensa que los comuneros eran azuzados y engañados por abogados y también se pronunció en Twitter.

Guido Bellido:

Hermanos del corredor minero, la mafia viene comprando y pagando dinero a supuestos asesores para hacer enfrentar al pueblo con el Pdt. Pedro Castillo, nuestros compromisos se cumplirán en el tiempo acordado, en este momento estamos emplazando a las empresas para su descargo.

«En todo caso, el único azuzador hasta hoy ha sido la empresa minera y el Estado que, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, arbitrariamente, decidió declarar una Vía Nacional en nuestros terrenos sin el saneamiento legal y la Consulta Previa. Todo esto en beneficio de la empresa minera MMG Las Bambas», señala el comunicado emitido esta madrugada.
https://convoca.pe/agenda-propia/las-bambas-pcm-reprograma-mesa-de-dialogo-con-comuneros-de-chumbivilcas-para-tratar

Gretta Zegarra
Imagen: Enfoque y Derecho

En el año 2003, el Congreso de la República promulgó la Ley Nº 28090, que regula el Cierre de Minas. Esta ley tiene por finalidad establecer las obligaciones y procedimientos que deben cumplir los titulares mineros para la elaboración, presentación, e implementación del plan de cierre de minas y la constitución de las garantías ambientales respectivas.
El Congreso de la República modificó los artículos 4, 6, 7, 9, 10, y 11 de esta norma a través de la Ley Nº 31347, la misma que fue publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 18 de agosto. Algunos de los cambios dispuestos son:

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ya no es la única institución encargada de aprobar el plan de cierre de minas. Ahora el Minem está facultado para realizar esa labor solo en el caso de la gran y mediana minería; mientras que los Gobiernos Regionales (Gore) asumen dicha tarea en el caso de la pequeña minería y minería artesanal. También se indica que dichas entidades tienen competencia para aprobar modificaciones o actualizaciones del plan de cierre de minas, administrar garantías financieras, y evaluar los aspectos económicos y financieros del plan de cierre de minas.
El Minem ya no se encargará de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contendidas en el plan de cierre de minas. Con la modificatoria, dicha actividad será realizada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), en el caso de la gran y mediana minería; y los Gore, en el caso de la pequeña minería y minería artesanal.
Se especifica que el Minem es quien determina el contenido del plan de cierre de minas, no obstante dicha entidad debe contar con la previa opinión favorable del Ministerio del Ambiente (Minam).
Se dispone que el titular minero debe reportar semestralmente al Minem, Gore, Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA), y Osinergmin, según corresponda, el avance de las labores de las actividades consignadas en el plan de cierre de minas (a nivel de ingeniería de detalle), los montos ejecutados, así como su avance porcentual.
Se advierte que la no constitución de la garantía ambiental trae como consecuencia la desaprobación del plan de cierre de minas.
Se permite que la garantía ambiental cubra los costos de las medidas de mitigación ambiental derivadas del abandono de la unidad minera, en escenarios de emergencia por peligro inminente o riesgo de desastre, aun cuando tales medidas no hayan sido comprendidas en el plan de cierre de minas.

De igual modo, con esta modificatoria se incorporan los artículos 14, 15, 16, 17, y 18. Estableciéndose lo siguiente:

Ante el incumplimiento del plan de cierre de minas, se debe requerir al titular minero que en el plazo de 10 días calendario facilite el acceso de forma expresa a la unidad minera, a efectos de tomar las acciones que sean necesarias, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que correspondan. A falta de consentimiento, el permiso será autorizado mediante resolución judicial.
Si es necesaria la ocupación o uso de predios y concesiones mineras para ejecutar medidas de cierre final y postcierre, el titular minero podrá solicitar al Minem el establecimiento de una servidumbre. Los pueblos indígenas y las comunidades campesinas deberán dar su consentimiento expreso a través de sus organizaciones representativas, si el titular minero solicita la imposición de una servidumbre sobre territorio indígena o comunal.
El titular minero y directores y/o accionistas mayoritarios de la empresa minera, bajo cuya gestión se da el abandono de la unidad minera y respecto de los cuales se determina su responsabilidad en la acción u omisión que genera dicho abandono o el incumplimiento del plan de cierre de minas, tienen responsabilidad solidaria por las sanciones administrativas y civiles que deriven del incumplimiento o abandono. Asimismo, el titular minero y las otras personas mencionadas anteriormente, quedarán inhabilitados por el periodo de cinco años para adquirir nuevos derechos mineros o autorizaciones para el desarrollo de la actividad minera, entre otras disposiciones.

Complementariamente, la modificatoria de la Ley que regula el Cierre de Minas alberga precisiones importantes en sus disposiciones complementarias, una de ellas es que las EFA fiscalizarán los planes de cierre de minas por lo menos una vez al año, pudiendo ser más frecuentes las fiscalizaciones conforme se acerque el final de la vida útil de la unidad minera.

Otra parte importante de las disposiciones complementarias es la modificación del artículo 305 del Código Penal, ya que establece que el desactivar o dejar inactivas las áreas, labores, e instalaciones de una unidad minera sin contar o sin cumplir el plan de cierre de minas es un agravante del delito de contaminación ambiental. Además, estipula que este agravante puede acarrear la imposición de una pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de siete años y con 300 a 1000 días-multa.

Consideramos que la modificatoria de la Ley que regula el Cierre de Minas es positiva para el ambiente, porque condiciona la aprobación del contenido del plan de cierre de minas, así como limita la facultad de aprobación y elimina la facultad de fiscalización que tenía el Minem sobre éste, haciendo que en dichos procedimientos participen entidades más especializadas (Minam, Osinergmin, y EFA), y sin un especial interés por la promoción del desarrollo de la actividad minera en el país (Gore).

A su vez, pensamos que esta modificatoria es beneficiosa para el ambiente debido a que implementa medidas que obligan a las empresas mineras a responsabilizarse realmente por el daño que podrían causar sus actividades. Algunas de estas medidas son la constitución de la garantía ambiental como un requisito para la aprobación del plan de cierre de minas; que la garantía ambiental cubra los costos de las medidas de mitigación ambiental derivadas del abandono de la unidad minera en escenarios de emergencia, aunque dichas medidas no hayan sido previstas en el plan de cierre de minas; disponer que la empresa minera y sus directores y/o accionistas mayoritarios sean responsables solidarios por las sanciones administrativas y civiles que ocasione el incumplimiento del plan de cierre de minas; la inhabilitación temporal de la empresa minera y sus directores y/o accionistas mayoritarios para adquirir nuevos derechos mineros o autorizaciones para el desarrollo de la actividad minera como consecuencia del incumplimiento del plan de cierre de minas o el abandono de las operaciones; y tipificar la desactivación y abandono de áreas, labores, e instalaciones de una unidad minera sin contar o sin cumplir el plan de cierre de minas como un agravante del delito de contaminación ambiental.

Asimismo, saludamos que a partir de ahora se exija como requisito para establecer una servidumbre sobre territorio indígena o comunal, en el marco de la ejecución de medidas de cierre final y postcierre, que los pueblos indígenas y las comunidades campesinas den su consentimiento expreso; ya que con esta medida se tutela el derecho al territorio de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, así como se evita el surgimiento de nuevos conflictos sociales.

Por las razones expuestas, consideramos que esta modificatoria es un cambio positivo y esperamos que ayude a evitar que existan unidades mineras abandonadas.

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Eva Cruz
23/08/2021
Minem coordina esfuerzos con el sector privado para dinamizar la inversión minera.

El ministro de Energía y Minas, Iván Merino Aguirre, se reunió con Óscar González Rocha, presidente de Southern Perú, y con Raúl Jacob Ruisánchez, vicepresidente de Finanzas de la minera, una de las principales empresas productoras del metal rojo en el país.

La finalidad del encuentro fue la de coordinar esfuerzos que permitan dinamizar el desarrollo de inversiones mineras aplicando el criterio de Rentabilidad Social para los proyectos y el Enfoque Territorial impulsados por la gestión del ministro Merino.

El titular de Energía y Minas y los ejecutivos de la empresa coincidieron en la necesidad de lograr que los recursos generados por la minería se traduzcan en obras e intervenciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, principalmente de los que viven en las localidades donde se realiza la actividad.

Merino Aguirre destacó la importancia de Southern como uno de los principales productores de cobre, y aseguró que su gestión acompañará el desarrollo de nuevas inversiones sobre la base del consenso y diálogo con la sociedad civil.

Acordaron, finalmente, seguir promoviendo una mayor articulación que permita alcanzar un nuevo pacto entre todos los actores involucrados en el desarrollo sostenible de la minería.
https://www.rumbominero.com/noticias/mineria/ministro-merino-se-reunio-con-ejecutivos-de-southern-peru/

18/08/2021
Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú
Siete comunidades de la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, suspendieron esta mañana el bloqueo del Corredor minero del sur. La decisión fue tomada luego de que la Presidencia de Consejo de Ministros confirmara ayer mediante un comunicado la instalación de la mesa de diálogo este 21 y 28 de agosto.

Por su parte Sixto Huamaní, presidente de la comunidad campesina de Huininquiri, comentó que el día de ayer tomaron la decisión de suspender las protestas, porque les llegó una carta invitando a una reunión con todos los presidentes de las comunidades donde estará el premier Guido Bellido.

Cabe recordar que las comunidades retomaron las protestas el día lunes debido a que señalaron que los compromisos a los que habían llegado con el Primer ministro Guido Bellido y con MMG Las Bambas, en la reunión de pasado 2 de agosto, no se estaban cumpliendo.

“Las comunidades retomamos las protestas, porque el premier prácticamente ofreció que en 60 se iban a solucionar los temas. Pasaron 15 días no había ninguna comunicación, ningún avance. Por eso enviamos una comunicación también a la empresa. Y como no tuvimos respuesta, se decidió la medida” señaló Huamaní.

El principal reclamo de las comunidades es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones les pague precios justos por sus tierras, que forman parte del corredor minero usado para transportar mineral de la empresa MMG Las Bambas. Asimismo que se reconozca las afectaciones ambientales por el paso de vehículos pesados de minerales y la criminalización que los últimos gobiernos desplegaron en la zona.

Recordó que las recientes declaraciones del premier en la región Cusco sobre una supuesta presencia de abogados que estaban azuzando los reclamos, era producto de una desinformación.

El papel de la empresa

Asimismo Sixto Huamaní destacó que a los dirigentes comunales les indigna la poca comunicación de parte de la empresa Las Bambas, debido a que la empresa es un actor principal en el corredor minero.

Haumaní destacó que “ellos son los que pasan con sus vehículos de alto tonelaje que generan una alta contaminación ambiental. Esperamos que la empresa asuma su responsabilidad social y ambiental, nosotros no estamos en contra la minería.”

Finalmente el presidente comunal señaló que tienen la esperanza y confianza de arribar a acuerdos, ya que el premier es su paisano y conoce la problemática de la zona que viene de muchos años atrás. Puntualizó que si no hay respuesta del estado, las comunidades han tomado la decisión de recuperar los terrenos comunales (Información en desarrollo).