13/12/2021
En el marco de la presentación del reporte del 29° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú – OCM se analizará la problemática socio ambiental en torno al corredor minero sur y, en especial, el reciente caso del conflicto social en torno al proyecto minero Las Bambas que tiene impacto en comunidades campesinas de la regiones Apurímac y Cusco.

El reciente anuncio de la minera MMG Las Bambas sobre la posible paralización de sus operaciones desde el próximo 15 de diciembre debido al bloqueo de la carretera en Chumbivilcas (Cusco) por parte de las comunidades de la zona, prendió las alarmas en el Perú y en el mundo, considerando que la empresa de capitales chinos es el cuarto mayor productor de cobre a nivel global.

Según el reporte 29° del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, el mayor número de conflictos de este tipo se encuentra en la macro región sur, que registra un total de 42 conflictos socio ambientales relacionados en su mayoría con la actividad minera. El epicentro de la conflictividad en esta zona es el corredor minero sur que articula grandes minas como Las Bambas, Antapaccay y Hudbay con el puerto de Matarani en Arequipa.

Otro dato que llama la atención en el reporte es que la mayoría de los conflictos se producen en los lugares donde el presidente Pedro Castillo obtuvo el mayor respaldo electoral, especialmente en zonas rurales. Por ejemplo, en las provincias del corredor minero, obtuvo votaciones por encima del 90%. La expectativa de las comunidades campesinas y población rural de que un Gobierno que sienten como suyo resuelva las demandas pendientes es enorme.

Sin embargo, el análisis del OCM muestra que no existe, por el momento, un pico de conflictividad social como los registrados en anteriores gobiernos, por ejemplo durante las gestiones de Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

Por otro lado, en este 2021, se viene consolidando un nuevo super ciclo de precios de los minerales, el cual se podría prolongar en los próximos años. El informe evalúa el impacto tributario y social de la implementación de un marco tributario que permita captar una mayor renta minera. Asimismo se destaca que los países de América Latina se ven favorecidos nuevamente por los altos precios de los minerales que se prolongaría en los próximos años.

El informe también advierte que la minería formal e ilegal continúa siendo una preocupante fuente de conflictos sociales y contaminación ambiental en varias regiones del país, sobre todo en la amazonía norte y el sur andino.

En la conferencia de prensa participarán Giselle Huamaní, secretaria de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Concejo de Ministros; Ana Leyva, abogada y especialista en temas ambientales de CooperAcción; Mirtha Villanueva, abogada e integrante de GRUFIDES y David Velasco, abogado e integrante de FEDEPAZ.

La presentación se realizará de manera presencial en una rueda con periodistas el día martes 14 de diciembre a las 9.00 a. m. Igualmente se va a transmitir en vivo para todo el público en general vía el portal Wayka y por la página de Facebook del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú.

Puede acceder al enlace de la transmisión en vivo aquí: https://bit.ly/3oPgei8

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El gremio indicó que el jefe de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, cuya labor era la reanudación del diálogo, se dedicó a atacar a la mina -el ultimo martes- decidiendo de manera abrupta y unilateral dar por terminada la reunión en la provincia cusqueña de Chumbivilcas.
(Foto: GEC)
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09/12/2021
Lejos de facilitar el entendimiento constructivo entre las partes a fin de evitar la paralización de Las Bambas, la errática actuación de los representantes del Ministerio de Energía y Minas (Minem) en Cusco esta semana, ha terminado exacerbando el conflicto, impidiendo que se reestablezca el tránsito en el Corredor Minero del Sur, luego de más de 21 días consecutivos de bloqueos.

La anunciada paralización de la mina Las Bambas constituye un duro golpe a la recuperación económica del país, poniendo en peligro la continuidad de más de 8,000 puestos de trabajo, y generando grandes pérdidas para el fisco, proveedores y gobiernos locales.

Así lo advirtió la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) al señalar su extrañeza y preocupación frente a la pasividad y falta de liderazgo que viene demostrando el Ministerio de Energía y Minas para atender el conflicto que afecta a la empresa MMG, operadora de Las Bambas en Apurímac.

“Resulta francamente sorprendente que, en medio de una de las peores crisis que enfrenta el sector, el titular del Minem, Eduardo González Toro, haya preferido asistir a una conferencia fuera del país, desatendiendo la solución de un conflicto que podría llevar la próxima semana al cierre de una de las principales minas del país”, comentó el gremio.

En ese sentido la SNMPE denunció que, ante la inexplicable ausencia del ministro, el Minem designó a Marco Sipán, jefe de la Oficina General de Gestión Social, a fin de que conduzca la reanudación del diálogo entre la compañía y las comunidades de Chumbivilcas.

“Durante la reunión del último martes, lamentablemente la intervención del señor Sipán resultó deplorable, pues lejos de intervenir como representante del Estado, propiciando la mediación entre las partes, actuó de forma absolutamente parcializada, exacerbando los ánimos y atizando el conflicto”.

En esa línea, el gremio denunció que el citado funcionario se dedicó a atacar a la empresa, decidiendo de manera abrupta y unilateral dar por terminada la reunión en la provincia cusqueña de Chumbivilcas.

“La conducta de los representantes del Minem ha demostrado ser errática y sesgada, avalando el chantaje del que es objeto Las Bambas por parte de un grupo de dirigentes que demandan ventajosos contratos para el transporte de mineral”, remarcó.

La SNMPE detalló que no estamos frente a un conflicto socioambiental, sino ante demandas de índole comercial, bajo una situación de inaceptable presión.

“Se ha bloqueado el Corredor Minero desde hace tres semanas para asfixiar a Las Bambas, dado que con el cierre de las vías no se le permite el libre tránsito de los trabajadores, el ingreso de insumos y el transporte de la producción hacia el puerto de Matarani”, puntualizó.

El gremio minero energético reiteró que la paralización total de la mina, prevista para la próxima semana, significará un duro golpe para la reactivación de la economía nacional, pues esa unidad minera aporta el 1 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI).

“Las Bambas es una de las minas cupríferas más importantes del mundo, responsable del 16% de las exportaciones de cobre peruanas. La paralización de sus operaciones generaría pérdidas de US$ 9.5 millones diarios”, explicó.

Asimismo, indicó que el propio gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, formuló un llamado al Gobierno Central para que solucione este conflicto urgentemente, porque su región pierde S/ 1.5 millones diarios en regalías por la interrupción de las operaciones.

En ese contexto, también el Sindicato Único de Trabajadores de Las Bambas ha manifestado que la inoperancia del Ejecutivo en este conflicto ha puesto en grave peligro el sustento de más de 8,000 familias peruanas, casi la mitad de las cuales residen en las regiones de Apurímac y Cusco.

De igual forma, las asociaciones de empresarios y emprendedores de la provincia de Challhuahuacho (Apurímac), han expresado su preocupación porque la suspensión de las operaciones causará la quiebra de cientos de empresas y el colapso de la economía local y regional.

Finalmente, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía invocó al Gobierno a que actúe con imparcialidad, liderando el proceso de diálogo y coordinando con la fiscalía y el Ministerio del Interior para desbloquear la carretera y restituir el libre tránsito.
https://gestion.pe/economia/funcionario-del-minem-exacerbo-los-animos-y-agravo-conflicto-en-las-bambas-denuncia-snmpe-noticia/

Ana Leyva
Cooperacción 09/12/2021

Toda sociedad tiene conflictos sociales y tiene mecanismo institucionalizados para procesarlos, resolverlos o transformarlos. Eso es algo normal. Lo poco común es que en el Perú existan tantos conflictos sociales y que los mecanismos institucionalizados no puedan procesarlos y tengan que crearse mecanismos ad hoc para atenderlos, tales como las mesas de diálogo. Sería un trabajo interesante, para estudiantes y en general investigadores, determinar qué otro país en el mundo tiene una realidad parecida a la peruana. Creo que la respuesta no agradaría a nuestra clase política que evita que algo cambie.

Mi hipótesis es que la existencia de numerosos conflictos sociales es propia de sociedades muy desiguales e injustas y el fracaso de los mecanismos institucionalizados es producto de un Estado que no ha logrado democratizarse y que sigue gobernando principalmente para un sector de su población.

Vayamos a la realidad para entender un poco mejor qué pasa. Para documentar el tema, me remitiré a mi testimonio como asesora de muchas comunidades o poblaciones en mesas de diálogo.

Por ejemplo, las comunidades de Chuicuni y Chiñahui estaban muy descontentas porque decían que la chancadora de Las Bambas emitía polvo que les llegaba hasta sus tierras y viviendas. Al respecto, la empresa minera señalaba que tal situación no era posible porque sus procesos eran altamente tecnificados, tal como lo sentencia cierta periodista de nuestro medio respecto de toda la gran y mediana minería. Ante el problema, estas dos comunidades no sabían qué hacer ni a dónde ir. En la mesa de diálogo del año 2018, que se abrió principalmente por el problema del transporte minero, los comuneros de estas comunidades reportaron el caso a la ministra del Ambiente de ese entonces, mostrando sus fotos y videos grabados con sus celulares. Nunca olvidaré cómo esos comuneros hacían fila para mostrarle a la ministra sus grabaciones. La ministra, ante tanta evidencia, planteó abrir un proceso de supervisión o fiscalización ambiental y canalizó el conflicto por una vía institucional tal y como correspondía. El marco de la mesa de diálogo, que es un espacio de construcción de acuerdos políticos, muchas veces no permite resolver los problemas que se agendan, principalmente si son ambientales. Esto pasa porque existe un marco institucional con procedimientos establecidos que debe respetarse para que la solución sea válida y exigible. La dificultad suele ser que esa institucionalidad está lejos o tiene fallas que no permiten alcanzar justicia.

Para seguir ilustrando el tema, otro caso que ocasiona conflicto es el problema de la contaminación generada por el transporte minero de la citada empresa minera a través de una vía sin asfalto. En la mesa de diálogo del 2018 se estableció que la contaminación se resolvería con el asfaltado de la carretera. La empresa señaló que esa no era su responsabilidad y la tarea fue asumida exclusivamente por el Estado, dejándose de lado el principio “contaminador pagador”. Hasta la fecha no se realiza el asfaltado de la carretera porque el costo estimado es de más de 1000 millones de soles. Esta solución fue aceptada en el diálogo por los dirigentes sociales pese a ser percibida como injusta. Se aceptó porque la población estaba harta de sufrir la contaminación y quería que el problema se solucionara pronto. Con ello, también se planteó el problema del mantenimiento de la carretera ya que por ella transitan camiones de más de 50 toneladas que harán que ésta se deteriore pronto.

Paralelamente a ello, las comunidades afectadas por los impactos del transporte minero de la provincia de Chumbivilcas denunciaron el caso ante OEFA, que acababa de asumir competencias sobre este tipo de actividad. Luego de un proceso de fiscalización, que determinó la existencia de la contaminación, este organismo ordenó la identificación de zonas de influencia, la determinación de impactos y de medidas de mitigación del transporte minero a través de una cuarta modificatoria del estudio de impacto ambiental. Este procedimiento permitirá que la empresa asuma su responsabilidad en el problema que viene generando.

Un tercer caso es el de las comunidades de Pacopata y Huini Coroccohuayco (Espinar, Cusco). Se dice que la exploración es inocua, no contamina. Estas comunidades manifiestan ser afectadas por las actividades de exploración de minera Antapaccay. El año pasado se estableció una mesa de diálogo sobre reparación de daños. El problema de una mesa de este tipo es que para reparar los daños, estos deben estar determinados siguiendo los procedimientos correspondientes, algo que en una mesa de diálogo no se puede hacer. Y el no canalizar institucionalmente el problema conduce a soluciones no satisfactorias. Hasta la fecha, las dos comunidades esperan que la pérdida de sus fuentes de agua se solucione.

Finalmente, llego al punto que quería plantearles para concluir, el caso de las poblaciones de Lucanas, Parinacocha y Páucar del Sara Sara, en Ayacucho, que alegan contaminación y disminución de caudal producidos por las unidades mineras de Apumayo, Pallancata, Inmaculada y Breapampa, las cuales se ubican en cabeceras de cuenca. Son minas en proceso de cierre y con pretensión de ampliación. Evidentemente, estos problemas ambientales que reportan no pueden ser solucionados en la mesa de diálogo instalada, como hemos señalado deben canalizarse institucionalmente. Eso pasa por fiscalizar si los estudios de impacto ambiental, su posibles modificatorias y planes de cierre son adecuados y si se están cumpliendo satisfactoriamente. Pero también es importante establecer si otras ampliaciones son posibles, y para ello servirá determinar si esas cabeceras de cuenca tienen la capacidad de acogida para más actividades mineras y hasta qué punto pueden soportar sin ser afectadas significativamente. La única vía para hacerlo institucionalmente es la aplicación de la metodología de identificación, determinación y zonificación de caberas de cuenca que debe realizar la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y que lamentablemente ha sido diseñada con muchas deficiencias técnicas que probablemente dejarán varias cabeceras de cuenca importantes sin protección. Al margen de ello, este camino es lo responsable y racional. Sin embargo, por declaraciones poco pertinentes de la presidenta del Consejo de Ministros y un acta mal redactada, se quiere restar legitimidad a las vías institucionales existentes que deben aplicarse para la solución de los problemas. Todo ello hace que las poblaciones vuelvan a percibir como injusto al Estado y puede llevar a que las protestas se reactiven, situación que no debería suceder pero que varios empresarios, políticos y periodistas parecen estar forzando.

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08/12/2021
Mina Las Bambas en Apurímac, Perú. / Crédito: MMG.
Los funcionarios del gobierno peruano no lograron negociar un acuerdo el martes para desbloquear un corredor de distribución clave utilizado por la mina de cobre Las Bambas de MMG Ltd, según las actas de la reunión a las que tuvo acceso Reuters.

El camino de tierra desde la mina de propiedad china hasta un puerto marítimo ha sido bloqueado durante 18 días por residentes de la provincia de Chumbivilcas, quienes están negociando contratos para que los lugareños sean contratados como conductores de la mina.

Las Bambas advirtió el viernes que tendría que suspender la producción la próxima semana si la situación no se resuelve porque no puede llevar suministros a la mina.

Eso provocó la caída de las acciones de MMG, con sede en Australia y que cotiza en Hong Kong. La compañía confirmó las actas de las reuniones que mantuvo con los líderes de la comunidad local y el gobierno el martes, pero declinó hacer más comentarios.

Perú es el segundo productor de cobre del mundo y Las Bambas es el cuarto mayor productor de la mina roja.

“Las comunidades reafirman la decisión de seguir protestando de manera pacífica”, se lee en el acta de la reunión.

Muchos habitantes de Chumbivilcas, ubicado a varias horas de Las Bambas, viven a lo largo del camino de tierra, que se ha convertido en un foco de protestas por preocupaciones ambientales y sociales.

Los residentes habían llegado a un acuerdo en octubre para asegurar trabajos de transporte a cambio de no bloquear la carretera, pero las negociaciones se estancaron desde entonces.

Las actas de la reunión del martes indicaron que los representantes locales pidieron a Las Bambas que contrate residentes por el 5% de las camionetas que utiliza para transportar cobre, así como 50 camionetas pickup adicionales. Sin embargo, la mina no ha aceptado esos términos.
El Dato

Recientemente, los alcaldes de la provincia de Cotabambas anunciaron que pedirán al Gobierno un fondo de compensación social de 800 millones de soles (USD 196.1 millones) si no solucionan los bloqueos a la carretera hacia la Minera Las Bambas.

Precisamente, el fondo de compensación social que plantean obedece al dinero que la región proyectaba percibir por concepto de regalías y canon, para cumplir con los proyectos de desarrollo programados para el ejercicio 2022.

Además, proponen al Ejecutivo que se habilite una ruta alterna para el traslado del concentrado de cobre.
Fuente: Reuters y Gestión

Perú: Se estancan las conversaciones para desbloquear el corredor utilizado por Las Bambas

Comuneros sostienen que el Gobierno nacional ha utilizado la represión policial, la declaración de estado de emergencia y la criminalización.
Bloqueo. Continúa protesta en el corredor minero. Foto: La República
larepublica_peediciondigital@glr.pe
06/12/2021
Las comunidades de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, que mantienen bloqueado el corredor minero desde el 19 de noviembre, a través de un comunicado responsabilizaron a la minera MMG Las Bambas y al Gobierno por la situación actual. “Desde hace años hemos iniciado un proceso de diálogo que no se concreta. Por un lado, el Gobierno ha utilizado la represión policial, la declaración de estado de emergencia y la criminalización. Por el lado de la empresa minera se ha iniciado el diálogo con resultados poco claros”, refiere el documento.

De la misma manera, el escrito dice que se ven sorprendidos con el comunicado de la minera Las Bambas sobre el cierre progresivo. Lo consideran como una “amenaza al proceso diálogo”. Además, acusan que se ha iniciado una campaña de desprestigio contras ellos.

En comunicación con La República, el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Chumbivilcas, Wilbert Fuentes, señalo incluso que la minera con su anuncio de suspensión de operaciones, estaría amenazando al propio Gobierno para que este declare en estado de emergencia todo el corredor minero.
https://larepublica.pe/sociedad/2021/12/06/comunidades-de-cusco-culpan-al-gobierno-y-minera-por-bloqueo-de-corredor-lrsd/

Manifestantes mantienen bloqueo en vía trocha carrozable que une el sector de Bestaspata y el distrito de Sina. Autoridades puneñas instalarían mesa diálogo en los próximos días.
Los huelguistas exigen retiro de minera Argos. Foto: Onda Minera
Kleber Sánchez
larepublica_pekleber.sanchez@glr.pe
04/12/2021

Los pobladores de la comunidad campesina de Saqui Totora del distrito de Sina, ubicado en la provincia de San Antonio de Putina en Puno, cumplen 13 días desde que inició su huelga indefinida. Ellos exigen el retiro de la empresa minera Argos por presunta contaminación ambiental.

Los manifestantes bloquearon la vía trocha carrozable que une el sector de Bestaspata y el distrito de Sina, como parte de su medida de lucha.

Los comuneros de Saqui emprendieron una protesta de 48 horas el 22 y 23 de noviembre. Sin embargo, no se abrió el dialogo y la policía intento levantar los bloqueos en la vía con bombas lacrimógenas.

PUEDES VER: Senamhi pronostica lluvias en la selva de Cusco, Puno, Madre de Dios y Ayacucho

Esta situación hizo que los pobladores decidieran declararse en huelga indefinida que hasta este sábado 4 de diciembre acatan.

Los huelguistas exhortaron que comunidades vecinas se sumen a su medida de lucha. En tanto, las autoridades regionales informaron que en los próximos días se instalaría una mesa de diálogo para llegar a una solución pacífica.
https://larepublica.pe/sociedad/2021/12/04/puno-comuneros-en-sina-no-dan-marcha-atras-en-huelga-indefinida-contra-minera-argos-lrsd/

03/12/2021
Mina Las Bambas, en Apurímac, Perú. /Crédito: MMG.

MMG Ltd. anunció que cesará las operaciones y la producción en la mina Las Bambas, ubicada en la región Apurímac, Perú, a mediados de diciembre. La decisión de la compañía minera se toma debido a un bloqueo en las vías públicas de la comunidad de Chumbivilcas.

De acuerdo con el medio internacional Reuters, MMG comunica su decisión luego de que no llegó a un acuerdo en una reunión celebrada el 30 de noviembre entre el Gobierno y la comunidad, debido a lo que la empresa considera “demandas comerciales excesivas”.

Las demandas desproporcionadas hacia la empresa y la imposibilidad de llegar a acuerdos duraderos limitan las operaciones y la inversión futura de Las Bambas, dijo MMG.

El actual bloqueo de las comunidades de la provincia de Chumbivilcas eleva el total de días de transporte perdidos a 400 días desde principios del 2016.

Producción
En julio, la compañía señaló que la producción en 2021 estaría en el extremo inferior de su previsión de entre 310.00 y 330.000 toneladas.

Las existencias han aumentado ahora a unas 50.000 toneladas de cobre en concentrado; la producción de cobre a finales de noviembre fue de aproximadamente 278.000 toneladas.

La compañía señaló que los impactos en la producción de diciembre son “muy inciertos”.
Fuente: Gestión y El Comercio.
https://www.mineria-pa.com/noticias/peru-mmg-detendra-produccion-de-mina-las-bambas-desde-quincena-de-diciembre/

Ana Leyva y Paula Meza 01/12/2021
Imagen: minería en cabeceras de cuenca en Páucar del Sara Sara. Fuente: Geoportal de CooperAcción
En los pasados días, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y sus aliados han venido sosteniendo que el Estado está obligado a ampliar la actividad minera tantas veces como lo solicite el titular minero, incluso desconociendo los daños graves al ambiente y a las poblaciones locales. Han construido una narrativa donde no hay razón para negarse a otorgar dicha autorización, ya que consideran que la minería formal no contamina, consume menos del 1% de agua y es la que más aporta a la economía del país. Argumentan también que las empresas, al ser titulares de las concesiones mineras, pueden explotarlas a perpetuidad.

Además, afirman que todos los Andes son cabecera de cuenca (espacio donde se originan los cursos de agua) y, por lo tanto, si los protegemos desaparecería la minería en el Perú.

Por supuesto que ese discurso poco se acerca a la realidad. Por ejemplo, en enero de 2016 se publicó un informe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que señala que más de 100 ríos estaban contaminados con coliformes y metales. En esa misma línea, según el anuario de estadísticas ambientales del INEI del año 2020, en el apartado de información sobre el monitoreo del agua de los ríos antes y después de los vertimientos de 11 operaciones mineras formales, se reporta el deterioro de la calidad de este bien por metales o compuestos como plomo, arsénico, cianuro, fierro y zinc, en la mayoría de los casos.

En cuanto a disminución de caudal, una de las causas es el consumo de agua, pero también la pérdida que se produce a través de la remoción de suelos. Con ella, se impacta las corrientes de agua superficiales y subterráneas de manera irreversible. El agua que fluye en los tajos abiertos o socavones es bombeada para hacer posible la explotación de los yacimientos. Inclusive, los tajos abiertos se convierten en grandes sumideros que pueden hacer desaparecer los manantiales del entorno. Esta situación es más delicada cuando se trata de ecosistemas proveedores de agua para poblaciones aledañas y sus actividades económicas.

El deterioro de la calidad y cantidad del agua en territorios de explotación minera genera conflictos sociales. Según el informe defensorial “Conflictos Sociales y Recursos Hídricos” del año 2015, del total de conflictos socioambientales vinculados a recursos hídricos ocurridos entre 2011 y 2014, el 67% (90 casos) estaban vinculados a actividades mineras. De ellos, 71 casos eran de gran y mediana minería, 12 de pequeña minería y 7 casos de minería informal. Los casos de las poblaciones de Lucanas, Parinacocha y Páucar del Sara Sara en Ayacucho son de este tipo. Los agricultores de esta zona consideran que la actividad minera en cabecera de cuenca afecta el agua en cantidad y calidad, amenazando sus medios de vida.

Nos preguntamos entonces si el impacto actual de la minería o de una posible ampliación en esta zona amenaza la provisión del agua de esas cuencas. ¿Cómo saberlo? Para ello, podemos recurrir al ordenamiento territorial que nos permite determinar la capacidad de acogida de un territorio. Es decir, la cantidad o el nivel de actividades que un medio físico puede soportar sin sufrir un impacto ambiental negativo significativo. En el Perú, no hacemos ordenamiento territorial de manera sistémica debido al entrampamiento político existente para su implementación, sobre todo a nivel local. Existen ordenamientos territoriales fraccionados para zonas como las áreas naturales protegidas, las fajas marginales o zonas de riesgo no mitigable. Las cabeceras de cuenca deberían formar parte de este ordenamiento territorial incipiente. Lamentablemente no lo son, debido al lento proceso de elaboración de la metodología que permite identificarlas, delimitarlas y zonificarlas. Este año la Autoridad Nacional del Agua (ANA), antes que terminara el gobierno de Francisco Sagasti, aprobó la mencionada metodología que se le encargó el 2017 (tenía como plazo un año).

Determinar la capacidad de acogida de un territorio debería ser un acto previo a la determinación de usos del suelo. En el Perú, como sabemos, esto no es un objetivo y menos una prioridad. La metodología aprobada debería generar información para saber qué actividades y en qué magnitud pueden soportar los ecosistemas de cabecera de cuenca. A ello estaría supeditada la ampliación o desarrollo de cualquier actividad productiva.

Esto constituye un acto de soberanía del Estado sobre su territorio. Más cuando debe proteger un bien estratégico como el agua, que es fundamental para el sostenimiento de la vida y el desarrollo de actividades económicas. Es decir, afirmar que el Estado no puede negarse a la ampliación de actividades mineras en cabecera de cuenca es señalar que está restringido en el ejercicio de su soberanía, y que la decisión de las empresas está por encima de lo que decide el Estado. Esta situación es inaceptable para cualquier Estado moderno.

El argumento de que un derecho adquirido como la concesión minera está por encima del deber del Estado de proteger bienes importantes para la vida fue rebatido por la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera. En ella, el Tribunal Constitucional señala que queda prohibida la exploración y explotación petrolera, pese a que la concesión fue otorgada antes de la creación del área protegida, supeditándolas a lo que diga el Plan Maestro. El Tribunal toma esta decisión por la importancia del área conservación en términos de la diversidad biológica y por ser una fuente captadora y almacenadora de agua.

Acerca de la metodología desarrollada por la ANA, cabe indicar que ha sido criticada por especialistas1 en gestión integral de cuencas hidrográficas por considerar una sobrevaloración de la variable hidrológica, desconociendo que las cabeceras de cuenca contienen ecosistemas complejos y que para identificarlos, delimitarlos y zonificarlos se requiere de estudios que consideren otras variables, como las morfométricas, climáticas, ecológicas, sociales y económicas. Además, los especialistas han recomendado el uso de una escala detallada y precisa con mapas de 1/5000 a 1/10,000 dependiendo de la variable a la que se refiera el mapa y la superficie de la cuenca. Por ello, consideran poco acertado trabajar con una escala de 1/100,000 tal como lo establece la metodología aprobada por la ANA.

Cabe recordar que en la elaboración de la metodología participaron además de la ANA, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Ministerio del Ambiente (Minam) y otros sectores que no se mencionan en el documento aprobado.

Además, el DS 014-2021-MIDAGRI que aprueba esta metodología, en su artículo 3, referido al financiamiento señala que “la implementación del presente decreto supremo se financia con cargo al presupuesto institucional de la Autoridad Nacional del Agua, sin demandar recursos adicionales al tesoro público” con lo cual la ANA no tendrá los recursos ni las capacidades para generar la información necesaria. Recordemos que el año 2020, la ANA tenía un presupuesto de apertura que representaba el 0.15 % del presupuesto nacional y gran parte de él (68 %) correspondía a gastos corrientes (gastos para mantenimiento de servicios). Es decir, la norma limita la posibilidad de avanzar con el proceso de ordenamiento de las cabeceras de cuenca que permitiría reducir la conflictividad social y empezar a escuchar las voces de las poblaciones locales que siguen esperando su inclusión en la toma de decisiones sobre el futuro de los territorios que habitan ancestralmente.

1 Ver Informe “Hallazgos, observaciones y comentarios al marco metodológico desarrollado por la Autoridad Nacional del Agua” elaborado por el ingeniero Jorge Faustino, por encargo de IPROGA y CooperAcción, febrero de 2021: https://cooperaccion.org.pe/publicaciones/informe-de-hallazgos-observaciones-y-comentarios-al-marco-metodologico-desarrollado-por-la-autoridad-nacional-del-agua/

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30/11/2021
Crédito: Minem.
Ayer (29 de noviembre), tras sostener una reunión de más cinco horas, los representantes del Ejecutivo, de la minera Las Bambas y autoridades de la provincia de Cotabambas firmaron un acta, en la cual acordaron una nueva cita en los próximos 15 días para buscar solución a las diferencias existentes.

Por parte del Gobierno, participaron el ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, y el viceministro de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gustavo Guerra García.

“Tenemos que trabajar juntos, empresa, comunidad y nosotros como Estado, para poder sacar adelante el progreso de todas las comunidades involucradas. Para nosotros es importante que ya no haya paralizaciones y para ello tenemos que priorizar el tema de diálogo”, sostuvo el titular del Minem.

Indicó que habrá un cronograma de trabajo, a partir de las cuatro mesas instaladas, con temas determinados y que se escuchará la demanda de los pobladores y el ofrecimiento de parte de la empresa minera.

“Si se llegan a determinados acuerdos, nosotros estaremos atentos a que se cumplan”, agregó.
https://www.mineria-pa.com/noticias/las-bambas-gobierno-peruano-minera-y-autoridades-locales-se-reuniran-en-15-dias/

Las personas afectadas resaltaron que se han reconocido sus derechos constitucionales “a vivir dignamente, a su integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo y bienestar».
Publicado: 2021-11-23

El Poder Judicial (PJ) exhortó al Estado peruano y a la empresa Minera Chinalco Perú S.A. a continuar con el diálogo para el reasentamiento de las familias no reasentadas de la antigua ciudad de Morococha y afectadas por la mina.

En la Sentencia de Hábeas Corpus N.° 008-2021-CSJJ/2do.JIP-EBM, el juez Ever Bello Melo, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo, exhortó al jefe de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (Minem); al gerente de relaciones comunitarias de la Minera Chinalco Perú S.A.; y al alcalde de la Municipalidad Distrital de Morococha, a «continuar con el dialogo instaurado con motivo del reasentamiento poblacional, así como evitar las amenazas y posibles violaciones de derecho fundamentales de la población que aun reside en la antigua Morococha, con tal fin cúrsese oficio pertinente a escoltando copias certificadas de la presente sentencia».

Como se recuerda, tras los ofrecimientos de Minera Chinalco para poder desarrollar su proyecto, en el 2012, inició el reasentamiento de aproximadamente 1,200 familias a la nueva ciudad de Carhuacoto; sin embargo, varias familias no aceptaron esos ofrecimientos.

En conferencia de prensa, las familias afectadas resaltaron que la resolución judicial reconoció sus derechos constitucionales “a vivir dignamente, a su integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo y bienestar “, frente a las acciones de la empresa minera Chinalco en el lugar en el que viven.

Si bien el juez declaró infundada la solicitud de los pobladores para reabrir la vía de acceso, porque la vía fue aperturada por los propios pobladores ante el letargo o demora del proceso; también señaló que las familias tienen vigentes sus derechos constitucionales. Esto contradice lo argumentado reiteradamente por la empresa Minera Chinalco, que señalaba que eran merodeadores de la antigua Morococha e incluso personas ilegales que estarían viviendo a cuenta y riesgo propio.

Para la Red Muqui, este reconocimiento de los derechos constituye un importante pronunciamiento de la justicia peruana emitida dentro de un proceso constitucional.
[Foto de portada: Red Muqui]
https://redaccion.lamula.pe/2021/11/23/justicia-reconoce-derechos-de-las-familias-de-antigua-morococha-frente-a-acciones-de-minera-chinalco/redaccionmulera/