Los gobiernos regionales en Perú no cumplen con la labor de supervisar a las personas y empresas dedicadas a la minería artesanal e ilegal en el país, ni reportan estas actividades a las entidades competentes, reveló un informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
En Perú, las entidades de fiscalización ambiental son los 25 gobiernos regionales y la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, pero en una evaluación de la OEFA ninguna entidad aprobó la evaluación de desempeño.
El informe de cumplimiento de los gobiernos regionales en 2013 señaló que los resultados muestran un mayor cumplimiento de las exigencias formales, como establecer las funciones de fiscalización minera en el Reglamento de Organización y Funciones de las entidades públicas.
Los pronunciamientos son cada vez más audaces. A los reclamos por los supuestos excesos en los trámites que enfrentan los inversionistas, voceros empresariales y algunos editoriales de la prensa han comenzado a mencionar que la culpa de todos los males la tienen algunos ministerios. El Ministerio del Ambiente (MINAM) es uno de los blancos principales.
La empresa minera Huacoto continúa cerrada porque no ha cumplido con los requisitos para reanudar sus operaciones, entre ellos, la licencia social de la comunidad que jamás la obtendrá», dijo uno de los miembros de la Comisión de Lucha contra la Contaminación Minera del distrito de Orurillo, de la provincia de Melgar, Víctor Valero.
El Frente de Lucha para la Defensa del Apu Ccarhuarazu convocó a un paro de 24 horas en la provincia de Sucre y el Valle del Sondondo (Lucanas) para hoy, medida en contra de la empresa minera Laconia South America, que pretende iniciar actividades de exploración en los territorios de la cabecera de cuenca del Ccarhuarazu.
Aunque el presidente de la República, 
Las comunidades aymaras del sector andino de chile volvieron a arremeter contra la minera Minsur ubicada en el distrito andino de Palca, denunciando que los pozos que utilizan para extraer agua están secando los bofedales en la zona.
Epifania Zorilla afuera de su casa en San Antonio de Juprog, Perú, el 16 de mayo de 2013. Hace 20 años Perú dio carta blanca para que las empresas multinacionales de la minería invirtieran y explotaran sus recursos naturales. En poco tiempo, el país registró un crecimiento económico sin igual en América Latina. Pero este auge fue una maldición para miles de familias campesinas que vieron cómo el poco dinero que les pagaron por su tierra se evaporó rápidamente mientras luchaban por adaptarse al desarraigo.
El día de ayer 5 de junio, día mundial del medio ambiente, las comunidades de Huasmín, Sorochuco, Celendín, Oxamarca nos congregamos en las inmediaciones de la laguna Azul, para celebrar esta significativa fecha en dónde no sólo se toma conciencia en la protección y cuidado del medio ambiente, sino que también se revive las luchas de nuestros hermanos de los pueblos Wampis y Awajún que el gobierno del genocida Alan García bajo el manto de “mantener el orden” mandó a asesinarlos para favorecer los negocios de las grandes corporaciones.
Todo empezó con la llegada de un circo y el paso de un camión cargado de balones de mercurio mal asegurados que se dirigía a Lima. Fue un viernes 2 de junio del 2000, entre las 4 y 6:30 de la tarde: 151 kilos de mercurio líquido de propiedad de la minera Yanacocha se derramaron a lo largo de 27 kilómetros de la vía que atraviesa la comunidad de Choropampa. 
El 21 de mayo último, unos cien comuneros y comuneras indígenas awajún y wampis expulsaron a mineros ilegales que operaban en una quebrada ubicada en Yutupis, en la ribera del Río Santiago, provincia de Condorcanqui, en Amazonas.