Cerca de una docena de policías atacaron esta mañana la comunidad El Lirio en la provincia de Celendín, Cajamarca. El ataque tuvo su origen en la negativa de los comuneros de permitir el ingreso de vehículos con regalos de la empresa minera Yanacocha.
La incursión policial ha dejado como saldo menores de edad afectados por los gases lacrimógenos utilizados.
Según Milton Sánchez, presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), los menores no serían los únicos afectados, también se encontrarían comuneros heridos por disparos de perdigones. Una mujer se encontraría grave.
El 5 de junio, día mundial del medio ambiente, las comuni- dades de Huasmín, Sorochu- co, Celendín, Oxamarca se congrega- ron en las inmediaciones de la laguna Azul, para celebrar esta fecha. Para las comunidades celendinas el 5 de junio no sólo significa el cuidado y la protección de la casa grande, nuestro planeta, nuestra mama pacha, sino también de una de las especies biológicas amenazadas por este modelo neoliberal, por esta sociedad de consumo: el hombre.
HOMENAJE Y COMPROMISO DEL FREDIDEP Y DEL PUEBLO EN BAMBAMARCA
La reciente remodelación del Gobierno peruano y, sobre todo, la designación del ex embajador de Perú en China como nuevo ministro de Relaciones Exteriores son las señales que Lima está dando para indicar a los inversores que quiere dar un giro hacia una diplomacia muy orientada a lo comercial y para reforzar la relación con Pekín cuando los indicadores revelan un enfriamiento e incluso un retroceso de la economía. Perú, acostumbrado a un crecimiento del PIB entre el 5% y el 8% desde 2004, se enfrenta este año a una previsión que no superará el 3,5%. El parón ha desatado un alud de críticas desde todos los sectores peruanos, que en su mayoría sostienen que la crisis se veía venir desde el año pasado y que el Gobierno del presidente Ollanta Humala no supo reaccionar para revertir la situación.
Informó el presidente del frente de defensa interdistrital de Bambamarca, Hualgayoc Rosas Rubio Gil que en la última reunión que han tenido las organizaciones ronderas y sociales de las provincias de San Miguel, Santa Cruz, Hualgayoc han decidido por unanimidad no permitir la expansión minera en esta parte de la región Cajamarca.
El paquete normativo, en gran medida, no permite establecer con claridad una relación causal entre el problema y las medidas propuestas. En razón de ello, tampoco existe un análisis costo beneficio de lo que se gana y de lo que se pierde. No se explicita, aunque se puede intuir, quiénes son los beneficiados y quiénes resultarán afectados con ellas. Es más, los afectados ni siquiera son visibilizados como tales y por lo tanto, sus derechos e intereses están ausentes en el diseño del proyecto de ley. Analicemos un ejemplo.
Organizaciones ambientalistas e indígenas están desde este miércoles en pie de guerra en Perú contra medidas del Gobierno que flexibilizan los controles a la explotación minera, a fin de fomentar la inversión y el crecimiento. Unas 50 entidades medioambientales y de derechos humanos convocaron a una marcha a última hora del miércoles en el centro de Lima para rechazar un paquete de medidas enviado por el gobierno de Ollanta Humala al Congreso.
El ex viceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, cuestionó que el ministro del AmienteManuel Pulgar no haya renunciado ante las medidas dictadas por el Poder Ejecutivo.
Las comunidades campesinas de Espinar exigirán la revisión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Antapacay, a fin de que se incluya a aquellas localidades y sectores que no han sido consideradas como afectadas en el área de influencia directa por las operaciones mineras.
Todo comenzó hace casi 100 años, en 1922, cuando la mina de La Oroya empezó a ser explotada a gran escala. Desde entonces, esta ciudad ha escrito una larga historia de contaminación, fraude, indiferencia y manipulación. En el 2012, Doe Run Peru (DRP), empresa estadounidense propietaria de la mina desde 1997, abrió sus puertas luego de tres años de silencio y empezó nuevamente a operar el circuito de zinc con más de 500 empleados. Sin embargo, el futuro de estos trabajadores, de la ciudad y de la propia planta minera aún no está claro.