El Comité de la ONU sobre la Discriminación Racial lamentó este viernes que sigan ocurriendo hechos violentos en Perú relacionados con la oposición a la explotación de recursos naturales y que no se realicen investigaciones exhaustivas al respecto.

“El Comité nota con preocupación la información reciente sobre persecuciones penalesy uso desproporcionado de la fuerza contra miembros de pueblos indígenasque se oponen a proyectos extractivos”, señaló el órgano de la ONU.

En un documento que contiene las observaciones y conclusiones del Comité, tras evaluar el informe de Perú sobre la manera en la que da cumplimiento a esa Convención, se señala que una reforma reciente del Código Penal puede tener un impacto negativosobre los pueblos indígenas.

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Con un amplio prontuario de manejos irregulares, prácticas ilegales y abusos sistemáticos contra las comunidades campesinas, la multinacional china Xiamen Zijin Tongguan mantiene viva sus expectativas de materializar a toda costa el proyecto minero Río Blanco, en el norte del Perú.

Proyecto Río Blanco es la cabeza de playa de la transnacional Zijin Tongguan en el continente americano

Lejos de proteger los derechos de los pobladores de la zona en conflicto y de constituirse en garante de la intangibilidad de zonas fronterizas como establece la Constitución, el Estado peruano ha cerrado filas en torno a los intereses desmedidos de la empresa minera china, la cual a su vez llegó a utilizar las fuerzas del orden para amedrentar a la población local.

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Exigieron a minera que no cierre vías de acceso por construcción de planta de tratamiento.Más de un centenar de pobladores del sector de Congata, distrito de Uchumayo (Arequipa) realizaron una protesta exigiendo que las obras de la minera Cerro Verde no cierren las principales vías de acceso a la localidad.

Las manifestaciones se desarrollaron ayer y esta mañana en el ingreso hacia la zona Cerro Verde. Los pobladores señalaron que hace dos meses, las unidades de transporte urbano tuvieron que modificar sus rutas por los trabajos de la minera que ejecuta la instalación de los conectores de la futura planta de tratamiento, la situación generó retrasos en la población.

«Antes una unidad realizaba el servicio desde Uchumayo hasta el Cercado en un promedio de 30 minutos, hoy el mismo trayecto se efectúa por una hora», señaló una pobladora a Radio Melodía.

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Los dirigentes cajamarquinos Ydelso Hernández Llamo, Eladio Huamán Vásquez y Manuel Ramos Campos, el primero de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC) y los otros dos del Frente de Defensa de El Tambo, fueron llamados a declarar el próximo 3 de setiembre a raíz de una denuncia presentada por la empresa minera Yanacocha.

Ellos son acusados por los cargos de “daños, lesiones graves, usurpación”, entre otros.

La denuncia presentada por la minera data del 1 de agosto, solo unos días antes de que se lleve a cabo el Primer Encuentro Internacional de los Pueblos Guardianes del Agua y de la Madre Tierra que tuvo lugar en el centro poblado El Tambo los días 4, 5 y 6 de agosto.

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En medio del escándalo que remeció al gobierno de Ollanta Humala al hacerse públicos los «cornejoleaks», que confirmaban el lobby de las empresas que presionan para lograr medidas y decisiones de gobierno que las favorezcan, se hizo público el día sábado 16 de agosto en El Peruano la creación de la Comisión Sectorial para el impulso de las inversiones en el Sector Energía y Minas. Esta comisión tiene como finalidad la de «evaluar, identificar, proponer y realizar el seguimiento de las medidas para fomentar las inversiones en el sector», es decir la de propiciar un nuevo paquete de medidas, para no decir «paquetazo» que algunos confunden con los de Fujimori y García y que va a flexibilizar aún más el marco normativo del sector energía y minas, para «mejorar la gestión pública en el ámbito de las competencias del MINEM».

Para seguir la línea trazada por el Ministro Castilla, que es el principal impulsor de las medidas de «desregulación» de las empresas, especialmente de las industrias extractivas (minería e hidrocarburos) y de construcción, la citada comisión contará con la colaboración de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y de PROINVERSIÓN, que siguen priorizando a la minería como «motor del desarrollo» y con ello la realización de la cartera de proyectos mineros ascendente a US$ 59,582 millones.

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El Gobierno Peruano hará la primera consulta previa del sector minero en el primer semestre del 2015, a pesar de la reiterada oposición que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha expresado a la implementación de este proceso en los proyectos de exploración minera. La información no hace referencia a si se aplicará exactamente lo estableciodo por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y sus recomendaciones de implementación que se sustentan en la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios.

«Creo que hemos madurado lo suficiente para avanzar», manifestó al respecto la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena.
La funcionaria informó que su portafolio coordina con la Oficina de Gestión Social del Minem la instalación de talleres informativos en 15 zonas geográficas de la sierra, en antelación al desarrollo de sendas consultas previas desde la primera mitad del 2015. «Son áreas con cercanía a poblaciones indígenas, que albergan uno o más proyectos mineros con posibilidades de hacer consulta», indicó.

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Toromocho inició la fase productiva en diciembre del año pasado, con la promesa de convertirse en el proyecto que dinamizaría la producción minera este año. Sin embargo, unos meses más tarde, en marzo, el Organismo de Fiscalización y Evaluación Ambiental (OEFA), mediante Resolución 003-2014-OEFA/DS, dispuso la paralización inmediata de las actividades de operaciones de mina, causantes de la generación de los efluentes que descargan en las lagunas Huacracocha y Huascacocha.

Este no ha sido el único tema de controversia en torno al proyecto Toromocho. Como se sabe, el tema del traslado de la ciudad  ha sido y continúa siendo un proceso conflictivo, tal como lo registra la Defensoría del Pueblo en su reporte de conflictos sociales que mensualmente actualiza. Parte de la población, viene cuestionando el lugar elegido para el traslado: un lugar muy húmedo y que solo a 2,7 kilómetros, aguas arriba, se encuentra la relavera Huascacocha, en lo que fue el lecho de una laguna y donde están depositados relaves mineros, aguas industriales y servidas.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado peruano proteger mediante medidas especiales la vida y la integridad de la familia Chaupe pero son las fuerzas de seguridad pública las que se encargan de hostilizarla hasta el cansancio.

El viernes 8 de agosto, mientras se efectuaba una conferencia de prensa en el Congreso de la República para exponer la crítica situación de 46 personas protegidas por la medida cautelar (1), Roció Silva Santisteban informó a los presentes que en esos mismo instantes, un contingente policial se hallaba en su predio rural, hostilizándola, para que lo abandone.

Como lo han confirmado numerosos testimonios los efectivos policiales de la División de Operaciones Especiales (Dinoes) se encuentran en las zonas de conflicto en Cajamarca no para servir al Estado y a los ciudadanos.

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La semana pasada escribí sobre la posibilidad de que Máxima Acuña Atalaya de Chaupe, la Dama de la Laguna Azul, pudiera perder el caso de usurpación agravada trabado por la empresa minera Yanacocha sobre su predio de cuatro hectáreas en la zona de Tragadero Grande, Sorochuco, Cajamarca. Durante el transcurso de la mañana del martes 5 de agosto de 2014, el juez unipersonal de Celendín, Tomhy Padilla Mantilla, dictó sentencia: dos años y ocho meses de prisión suspendida contra ella, su esposo Jaime, su hija y su yerno (el fiscal había pedido tres años de prisión efectiva); una indemnización de 5.500 soles a la empresa y la orden de desalojo. La abogada de los Chaupe de inmediato interpuso recurso de apelación: si el recurso se aprueba, el caso se verá en la Corte Superior. 

En las redes sociales muchas personas, de inmediato, se solidarizaron con los Chaupe. Otros, por el contrario, los acusaron de vender su terreno, luego invadirlo y mentir.

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