En plena huelga de los maestros, algunos afirmaron que si hubiesen salido proyectos como Tía María, Conga, Río Blanco y todos los demás que figuran en la cartera de proyectos mineros, estaríamos recaudando a manos llenas, lo que posibilitaría pagar mejores sueldos a los maestros.

Lo cierto es que los datos oficiales no respaldan este tipo de afirmación. En el período del boom minero (2003-2012) y con la recaudación al alza, los sueldos de los maestros no subieron. Por ejemplo, los años de mayor auge del precio de los minerales coincidió con el segundo gobierno de Alan García y precisamente en ese quinquenio, los sueldos de los maestros estuvieron a la baja.

Por si fuera poco, las mismas fuentes (SUNAT y MEF) muestran que desde el año 2012 las inversiones mineras comenzaron a caer en el país mientras que los salarios de los maestros aumentaron. Por lo tanto, el incremento de los presupuestos para el sector educación y la mejora de los salarios de un sector tan importante como el de los maestros implican la suma de varios factores, pero sobre todo, una voluntad política que es lo que precisamente le ha faltado a varios de nuestros gobernantes.

La realidad sobre los aportes tributarios del sector minero

En los últimos años la producción minera ha estado creciendo a dos dígitos (15,47% en 2015 y 21,6% en 2016), impulsada por el aumento de la producción de cobre; sin embargo en el mismo período, el aporte tributario llegó a su nivel más bajo: el sector minero redujo su aporte a la recaudación del Impuesto a la Renta de 50,9% en el año 2007 a apenas el 4,6% el año 2016. Si consideramos el total de tributos recaudados por el Estado peruano, el aporte minero también se ha ido reduciendo: luego de una contribución pico de 24,7% en 2007, en la actualidad presenta un nivel de aporte de apenas 5,4%.

¿Qué impidió y qué es lo que continúa impidiendo que los beneficios de la bonanza minera sean capitalizados por el país? Haciendo un recuento del conjunto de instrumentos fiscales implementados en las últimas décadas (antigua regalía minera, aporte voluntario, nueva regalía minera, impuesto especial a la minería, gravamen especial a la minería, obras por impuestos, entre otros), en términos generales se puede afirmar que no permitieron que el país alcance el objetivo de una adecuada apropiación de la creciente renta minera. Esto se debió principalmente a los siguientes factores: (1) la herencia del marco tributario de la década del 90 que otorgó enormes beneficios y generó vacíos legales que las empresas supieron aprovechar y que en diferentes medidas se mantuvieron; (2) instrumentos que se implementaron en la década de bonanza poco eficaces y que en el proceso de negociación y también en su implementación, fueron totalmente mediatizados por las empresas y, 3) la puesta en marcha de instrumentos fiscales que, si bien eran más apropiados para lograr la ansiada progresividad fiscal, se implementaron casi al final del período de bonanza.

Al margen de sumas y restas, son tres los aspectos centrales que muestran las limitaciones y el fracaso de las políticas implementadas que configuran una oportunidad perdida para el país precisamente en la década de bonanza: nunca se logró incrementar de manera sostenida la presión tributaria en el país y peor aún, el período post boom nos ha regresado a una peligrosa tendencia decreciente que nos aleja cada vez más del promedio de presión tributaria de los países latinoamericanos y sobre todo de las necesidades del país; nunca existió una real voluntad política -sobre todo en el pico del súper ciclo de precios de los metales- para implementar una verdadera reforma tributaria para alcanzar una mayor equidad fiscal y por el contrario, se optó por una política tributaria minera complaciente; y finalmente, una autoridad tributaria que no realizó mayores esfuerzos en materia de control, fiscalización y cobranza.

Una reciente publicación que aborda el tema de la recaudación fiscal y los beneficios tributarios en el sector minero, analiza el caso de los dos proyectos mineros más importantes que han entrado en producción en los últimos años: Las Bambas y Cerro Verde¹.

Por ejemplo, en el caso Las Bambas, considerando un precio promedio por debajo de US$ 2,56 la libra, las posibilidades de que puedan pagar Impuesto a la Renta durante los primeros cinco años de operaciones -y por lo tanto que haya transferencias de canon a Apurímac-, son reducidas. Dicho sea de paso, esta proyección no está muy alejada de lo que se afirma en el propio Marco Macro Económico Multianual 2018-2021 del Ministerio de Economía y Finanzas: «los grandes proyectos mineros nuevos como Las Bambas, Toromocho y Constancia comenzarían a pagar impuesto a la renta empresarial a partir del 2020».

Dicho sea de paso, no es la primera vez que algo así ocurre: por ejemplo, Antamina comenzó a producir el año 2001 y recién comenzó a pagar Impuesto a la Renta el año 2005, ya que se vio favorecida por la aplicación del beneficio tributario de depreciación acelerada que al disminuir contablemente el total de sus activos netos, le permitía obtener pérdidas tributarias que se iban sumando a las pérdidas de los ejercicios subsiguientes, configurando así una bola de nieve que crecía año tras año.

Volviendo al caso de Las Bambas, al no pagar Impuesto a la Renta, lo único que llega a Apurímac desde el año pasado son las regalías. Según la propia empresa minera, propietaria del proyecto Las Bambas, el año 2016 se pagó US$ 34,3 millones. Las regalías que paga Las Bambas tienen como referencia el propio contrato de transferencia del proyecto (y no la actual ley de regalías que se aplican escalonadamente sobre la utilidad operativa).

Cerro Verde es otro ejemplo de una mega inversión e incremento productivo sin mayor aporte tributario. En los últimos años esta empresa pasó de una producción de 255 mil toneladas a 575 mil toneladas por año con dos importantes inversiones: el proyecto planta de sulfuros primarios y el proyecto de ampliación de Cerro Verde.

Desde el año 2013, los aportes tributarios y no tributarios de Cerro Verde cayeron drásticamente, tocando fondo el año 2015 y el último año se registra una recuperación. Entre los diferentes impactos, se puede subrayar la caída drástica del canon minero transferido a Arequipa.

Otra controversia con Cerro Verde es por las regalías no pagadas. Para la Sunat la empresa debió pagar 286 millones de soles por regalías correspondientes a los años 2006 y 2007. Esta disputa entre la Sunat y Cerro Verde ha pasado por procesos administrativos, por el propio Tribunal Fiscal y luego, por decisión de la propia empresa, se judicializó la controversia.

Lo cierto es que la empresa ha perdido en todas estas instancias: hace apenas unos días, la Séptima Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima volvió a denegar el recurso de apelación que interpuso la empresa buscando traerse abajo las resoluciones administrativas de la Sunat y del Tribunal Fiscal que la obligan a pagar más de US$250 millones por regalías mineras, multas e intereses, que le corresponden a la región Arequipa. ¿Cerro Verde seguirá apelando?

La necesidad de sacar lecciones

No es muy coherente plantearse como meta formar parte de la OCDE y al mismo tiempo alejarnos cada vez más de la presión tributaria estándar en esos países: 34% aproximadamente, en comparación con una presión en el Perú que continúa a la baja y que según el propio MEF actualmente apenas llega a 13,4%.

Si el objetivo es estandarizarnos con las prácticas fiscales de los países miembros de la OCDE, habría que preguntarse ¿cuánto hemos hecho para adherirnos al estándar global para el intercambio automático de información financiera entre jurisdicciones que estos países han acordado poner en práctica desde 2017, mediante el cual se pone fin al secreto bancario que ha permitido que defraudadores y evasores fiscales se escondan? ¿Por qué suspendimos, sin haber aplicado, la norma general antielusión que la OCDE exige a sus países miembros para que estos puedan cumplir con las mejores prácticas internacionales en materia impositiva?

América Latina y sobre todo un país como el Perú, tiene mucho margen para subir sus reducidos niveles de presión tributaria con el objeto de financiar su gasto público productivo (en sanidad, educación e infraestructura), generando a su vez incrementos en las tasas de crecimiento económico a largo plazo.

No se puede seguir acentuando la inequidad del sistema tributario vía reducción de los impuestos directos y tampoco es aceptable que las campañas de los principales grupos económicos como el minero apunten a debilitar aún más nuestra capacidad recaudatoria.

La revisión del contexto general, la política fiscal, las cifras y el balance general, nos muestra que en el país sigue pendiente la necesidad de sentar las bases de un verdadero desarrollo sostenido que permita establecer relaciones de equilibrio entre actividades productivas como la minería y las expectativas y demandas de las poblaciones.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/759-el-aporte-tributario-del-sector-minero-y-los-sueldos-de-los-maestros

A junio, la inversión minera total ascendió a US$ 1958 millones, lo que representa una caída acumulada de -2.7% respecto al mismo período del 2016. Este resultado, por el momento, mantiene la tendencia a la baja que se ha reproducido en los últimos tres años: 2014 (-11%), 2015 (-13%) y 2016 (-44%).

Sin embargo, analizando la inversión minera por componentes, es importante destacar que las cifras de junio (Ministerio de Energía y Minas) muestran una recuperación respecto al año previo en los siguientes rubros: Equipamiento de Planta (11.6%), Equipamiento Minero (10.9%), Exploración (27.7%), Explotación (15.8%), Infraestructura (19.7%) y Preparación (32.1%). El rubro Otros muestra por el momento una caída importante (-56.3%), que termina afectando el promedio general.

La exploración minera es uno de los componentes claves para proyectar el futuro de las inversiones mineras. A junio, las inversiones en exploración muestran una recuperación importante respecto al año anterior (27.7%): en términos absolutos, han pasado de US$ 154.8 millones en el 2016 a US$ 197.7 millones en el 2017.

Por otro lado, la participación de la inversión en exploración, dentro del total de inversiones mineras, también ha tenido una mejora respecto al año previo (con un 10.1% en junio del 2017). Hasta el 2015 la inversión en exploración había venido retrocediendo de manera sostenida: 15.1% en 2010, 10.6% en 2012 y a 5.9% en 2015.

Habrá que observar si la recuperación de las inversiones en exploración, iniciada el año pasado y que todo indica continuará este año, se mantendrá en los años siguientes. Además, habrá que ver si los otros componentes, sobre todo los vinculados al inicio de la fase de construcción y/o ampliación de nuevos proyectos, se siguen activando.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/advanced-stuff/cooperaccion-informa/757-que-esta-pasando-con-las-inversiones-mineras

Frente a la contaminación del lago Titicaca, artistas y organizaciones de defensa del medio ambiente recolectan firmas para pedir al mandatario del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, detener el daño ocasionado principalmente por la minería y proteger a las poblaciones afectadas.

La carta abierta de la campaña es promovida por Saywa Films, productora del documental Titicaca: entre el oro y el mercurio, dirigido por Heeder Soto.

La petición, que busca el apoyo de la ciudadanía, puede leerse y firmarse en este enlace.

El documento también va dirigido al presidente regional de Puno, Juan Luque Mamani; el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Edmer Trujillo Mori; y las autoridades regionales y municipales de salud y puestos gerenciales.

Un primer grupo de firmas, recolectadas en varios países, fue entregada el 24 de agosto al jefe del Estado y al titular del Congreso.

ESTE ES LA PETICIÓN

“He recibido noticias sobre la situación preocupante de la contaminación continua y muerte lenta del lago Titicaca y sus afluentes. Los niveles de plomo, mercurio, cadmio, entre otros, que se han reportado, exceden los niveles permitidos y presentan una amenaza para la salud de las comunidades aledañas del lago, violando derechos humanos fundamentales como a la salud, al agua y a un medio ambiente sano. Además de la falta de prevención y remediación de los daños, según mis informaciones, no hay medidas suficientes para proteger a la población de los peligros de aguas contaminadas, ni siquiera brindarles información adecuada sobre la situación. Finalmente me preocupo por que nosotros y el mundo reconoce la belleza natural y riqueza cultural del Titicaca y sus alrededores”.

“Por lo tanto, apoyo fuertemente la demanda que han presentado los pobladores y sus representantes de los distritos Juliaca, Coata, Huata, Capachica y Caracoto en marzo de 2017 en contra del Gobierno Regional de Puno y otras autoridades para exigir amparo de las comunidades afectadas”.

“Por tanto, solicito adoptar las siguientes medidas: instalar plantas (adecuadas) para el tratamiento de las aguas servidas y procesamiento de los desechos en las ciudades del rededor del lago; implementar controles efectivos para evitar contaminaciones provenientes de las zonas mineras; atender adecuadamente a las víctimas de la contaminación en materia de tratamiento médico, información y protección futura; hacer lo posible para controlar y supervisar a las institutiones responsables de cuidado del agua y medio ambiente bajo su responsabilidad”.

“Agradezco su atención a la presente y le solicito que me tenga informado sobre las medidas adoptadas”.

Fuente:http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-medio-ambiente-lago-titicaca-contaminacion-mineria-video-peru-74426

La compañía minera Milpo es la actual operadora del proyecto de zinc Shalipayco, que se ubica en el distrito de Carhuamayo, departamento de Junín. El yacimiento ubicado a 12 km de la ciudad de Carhuamayo poseería además plata, cobre y oro, motivo por el cual la empresa viene realizando exploraciones en los alrededores de la laguna Yanacocha.

Según informó la radio local La Nueva Zona, las últimas intervenciones realizadas alrededor de la laguna habrían secado los puquiales, conocidos popularmente como ojos de agua, y se ha mermado el agua para Carhuamayo, pues la planta de tratamiento de agua potable para la ciudad se abastece de estas fuentes hídricas.

Señalaron además haber constatado que el agua contiene una sustancia turbia y lechosa, por lo que exigieron a las autoridades pertinentes hacer los estudios del caso a fin de prevenir enfermedades estomacales en la población o la intoxicación de sus ganados, que pastean con regularidad por la zona.

De acuerdo a la información brindada por el Frente de Defensa del Agua de Carhuamayo, a través de una resolución del Cuarto Juzgado Contencioso de Lima se había programado para el día 24 de agosto a las 10 am una inspección a la laguna Yanacocha, a fin de constatar los impactos que pudiera haber causado la exploración minera, que según la empresa Milpo no ha causado ninguna afectación socioambiental. No obstante por falta de logística esta diligencia fue encargada al Juzgado Mixto de Junín, tras lo cual la población empezó a organizarse para acompañar a la comitiva.

Llegado el día de la inspección el Ministerio Público remitió una carta informando que no tenían planificada una visita a la laguna, generando confusión entre los pobladores. Sin embargo el Frente de Defensa del Agua aclaró que la fiscalía no tenía participación en el proceso y que el Juzgado Mixto no había remitido ninguna resolución de postergación para la diligencia, por lo que junto con los presidentes de las comunidades, caseríos, centros poblados y barrios del distrito, así como en presencia del alcalde, los jueces de paz, las juntas del vaso de leche y la población en general realizaron una caminata de 4 horas hacia la laguna, que constituye la reserva de agua para el pueblo de Carhuamayo y forma parte de la zona de amortiguamiento de la reserva natural de Junín.

Lamentablemente la inspección no se pudo concretar porque el Juzgado Mixto se encontraba en huelga, según informaron medios locales. Por lo que informaron que en un tiempo prudencial programarán una nueva fecha.

Nuevamente nos encontramos frente a una situación que pone en riesgo el frágil ecosistema de las cabeceras de cuenca y que generaría un nuevo conflicto social ante la lenta respuesta de las autoridades.

25 de agosto de 2017

Fuente:http://www.conflictosmineros.org.pe/?q=alertas/25/08/2017/alerta-ciudadanos-del-distrito-de-carhuamayo-en-jun-n-denuncian-que-minera-milpo

• • Estudio muestra que Las Bambas recién pagaría Impuesto a la Renta en cinco años, y que Cerro Verde dejó de pagar US$ 240 millones amparada en un contrato de estabilidad tributaria
  • Beneficios otorgados a sector minero no son justificables, menos en un escenario de desaceleración económica

Desde el 2014, la economía peruana se encuentra en desaceleración. En ese marco, la presión tributaria ha disminuido y bordea apenas el 14% del PBI, muy por debajo de los países de la OCDE, grupo al cual el Perú aspira pertenecer y cuyo promedio de presión tributaria es 25% del PBI. El plan de reconstrucción nacional por los efectos del fenómeno El Niño Costero demandará una inversión aproximada de S/ 23 000 millones en los siguientes años, suma equivalente al 3,5% del PBI. Ante este escenario, incrementar la recaudación para cumplir con las demandas sociales de la población, debe ser un imperativo de este Gobierno. Sin embargo, se mantienen exoneraciones tributarias injustificables en sectores como el minero.

De acuerdo con la publicación «Recaudación fiscal y beneficios tributarios en el sector minero, a la luz de los casos Las Bambas y Cerro Verde», elaborada por Propuesta Ciudadana, CooperAcción y Oxfam, entre los beneficios tributarios y jurídicos que se mantienen desde los años 90 están la depreciación acelerada y la deducción del impuesto a la renta de tercera categoría por inversiones en infraestructura de servicio público. Las grandes empresas cuentan también con contratos de estabilidad jurídica que las protegen de cambios en el esquema tributario.

El documento devela un sistema fiscal inequitativo, incluso entre sectores económicos; lo cual dificulta mejorar la calidad de vida de los peruanos y peruanas y podría generar o acentuar conflictos sociales. Así, si bien la producción minera viene creciendo, el aporte al fisco de este sector cayó de 24,7% en 2007 a 5,4% en 2016. Además, el impuesto a la renta (IR), principal pago de las empresas mineras, se ha diluido. De aportar el 50.9% en el 2007 pasó a 4,6% del total de ingresos por este concepto.

En el caso de Las Bambas, proyecto que inició operaciones en 2016, en Apurímac, el estudio calcula que podría empezar a pagar IR recién en cinco años. «No existe información transparente por parte del Estado acerca de la fecha en que la empresa empezaría a pagar Impuesto a la Renta, pero nuestras proyecciones indican que con un precio moderado del cobre esto recién ocurriría el 2021, aunque esto dependerá de otras variables», explicó César Flores, investigador de CooperAcción. Si bien el precio del cobre ha mejorado en las últimas semanas, aún se encuentra lejos del píco de 4.5 dólares la libra durante el boom minero, señaló Flores.

Señaló que si no se aplicaran algunos beneficios tributarios actuales como la depreciación acelerada, Las Bambas podría empezar a pagar IR en menor tiempo y adelantar así recursos para el canon, que en el marco de un plan de desarrollo podría favorecer a la población de Apurímac, y especialmente, de Cotabambas, una de las provincias más pobres del país.

Adicionalmente, sugirió evaluar el actual esquema de regalías mineras. Actualmente, Las Bambas paga regalías sobre ventas, las mismas que fueron fijadas en su contrato, y no sobre sus utilidades como estableció la más reciente reforma tributaria. «Las regalías sobre ventas han permitido iniciar la operación con recursos para el gobierno subnacional», precisó.

En el caso de Cerro Verde, principal empresa minera de Arequipa, la publicación estima que gracias a su primer contrato de estabilidad tributaria de 15 años (de 1998 a 2013), dejó de pagar aproximadamente US$240 millones por concepto de IR y US$330 millones de regalías (por esta deuda mantiene una contingencia con la Sunat). Ambos montos, sumados, alcanzarían para pagar, por ejemplo, dos años del programa Juntos, orientado a la reducción de la pobreza.

«El esquema tributario que se estableció en los años 90 permitió a esta empresa un conjunto de exoneraciones y beneficios tributarios que significaron pérdidas de ingresos para el Estado y para la región Arequipa», dice Epifanio Baca, investigador del Grupo Propuesta Ciudadana. En 2004 -explica Baca-, se estableció la regalía minera, la cual muchas empresas del sector no pagaron amparadas en contratos de estabilidad jurídica. «Se observa un desinterés por una reforma del régimen tributario del sector minero y ello perjudica directamente a las personas, pues dejan de tener mejores servicios y obras de infraestructura», sostiene.

Recomendaciones

En el marco de la publicación, se propone a las autoridades respectivas lo siguiente:

• Evaluar los beneficios tributarios, considerando la estructura de costos del sector minero, así como el ciclo de precios de los minerales en el mediano y largo plazo, y buscar optimizar la participación del Estado en la renta extractiva.
• Evaluar la posibilidad de que el sector regrese al esquema de pago de regalías sobre las ventas totales, como se aplica en el proyecto Las Bambas.
• Promover la máxima transparencia de los pagos tributarios y no tributarios de las empresas mineras.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/advanced-stuff/cooperaccion-informa/754-urge-revisar-beneficios-tributarios-del-sector-minero.

(17/08/2017) Compartimos el pronunciamiento suscrito por diversas organizaciones en rechazo al Estado de Emergencia decretado la víspera por el Gobierno.

PRONUNCIAMIENTO
SUSPENSIÓN INMEDIATA DEL ESTADO DE EMERGENCIA EN COTABAMBAS
Las organizaciones sociales, instituciones nacionales e internacionales reunidas en la ciudad de Abancay  en el evento sobre “Buen vivir desde las comunidades campesinas de las regiones Cusco, Huancavelica, Cajamarca y Apurímac”, ante la declaración de Estado de Emergencia en los distritos de Challhuahuacho, Haquira y Mara de la Provincia de Cotabambas, decretada por el Gobierno Nacional, mediante el D.S. N° 085-2017-PCM, manifestamos lo siguiente:
1. De acuerdo a la Constitución Política del Perú y normatividad internacional, la declaratoria de estado de emergencia es una medida aplicable de manera “excepcional” y solo debe emplearse cuando se produce perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o graves circunstancias, que afecte la vida de la nación, por lo que creemos que el Ejecutivo abusa de las facultades que le otorga la Constitución Política, limitando y restringiendo el derecho a la protesta social que vienen ejerciendo las comunidades campesinas.

2. La declaratoria de Estado de Emergencia ante cada conflicto no solo no contribuye a prevenir y solucionar los desencuentros con la población, sino que agrava la criminalización de la protesta que afrontan los líderes, lideresas y defensores del medio ambiente.

3. Las justas demandas de las comunidades campesinas que exigen el respeto de sus derechos, no se pueden responder con el uso desmedido de la fuerza. El conflicto en Las Bambas ya tiene un lamentable saldo de 4 personas fallecidas por heridas de bala producidas por la Policía Nacional del Perú,  sus familias se encuentran en el desamparo y la criminalización de más 100 comuneros  y comuneras.

4. Las modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental no solo no fueron consultadas, sino que no se previó las medidas adecuadas de mitigación de impactos, como el asfalto de las carreteras por donde transita el transporte minero. La medida implementada por la empresa y aprobada por el gobierno, de regar la carretera, es insuficiente para responder a la movilización de 300 camiones diarios por una vía pública que atraviesa los centros poblados y comunidades.

5. Apoyamos a las comunidades campesinas que exigen la actualización de los contratos celebrados entre ellas y la empresa por el uso de su territorio comunal y el transporte de minerales de la Mina Las Bambas. Asimismo, apoyamos su exigencia de que se les brinde el mismo trato que han recibido las cuatro comunidades de Challhuahuacho y Tambobamba.

6. Exigimos que las instituciones del Estado garanticen que no se vulnere derechos fundamentales de los miembros de las comunidades campesinas. Asimismo exigimos que al Ministerio Público y el Poder Judicial cumplan su papel de garantes del orden constitucional y solicitamos a la Defensoría del Pueblo mantener un rol activo y vigilante.

7. Instamos al Gobierno a dar solución inmediata y pacífica a las demandas de la población y sus comunidades, convocando a un espacio multisectorial entre las comunidades y la empresa para llegar a acuerdos satisfactorios para todas las partes; asimismo lo instamos a dejar sin efecto la declaratoria del estado de emergencia, para que la población y sus organizaciones puedan ejercer su derecho a reunión y libre tránsito garantizando su participación en la solución de este conflicto.

8. Demandamos a la empresa Minera Las Bambas el cumplimiento de su responsabilidad social y ambiental.

Abancay, 16 de agosto de 2017.
Suscriben:

• Federación Interprovincial de Desarrollo Territorial y Ambiental de las Provincias de Cotabambas, Chumbivilcas, Espinar y Paruro
• Frente de Defensa de la Provincia de Espinar
• Defensoras del Territorio y Cultura K´ana
• Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Haquira
• Federación Regional de Mujeres de la Región de Apurímac
• Derechos Humanos Sin Fronteras
• CEDEP Ayllu

CooperAcción
• Centro Bartolome de las Casas
• Red Muqui
• IDECA
• APRODEH
• Broederlijk Delen – Bélgica
• Asociación Madre Coraje –  España

Fuente:http://www.conflictosmineros.org.pe/?q=alertas/17/08/2017/cotabambas-organizaciones-exigen-suspensi-n-inmediata-del-estado-de-emergencia

Mediante decreto supremo, el Gobierno ha declarado el Estado de Emergencia en tres distritos de la provincia de Cotabambas (Apurimac). Se trata de los distritos de Mara, Chalhuahuacho y Haquira, en donde la población mantiene bloqueada la carretera del Corredor Minero desde hace dos semanas. Los manifestantes pertenecen a las comunidades campesinas de Pitic, Miraflores, Pisaccassa y Congota.

Con la medida quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, inviolabilidad del domicilio, y libertad de reunión y de tránsito.

La mañana del martes se había informado que la empresa Minera MMG Las Bambas y el MTC habían llegado a acuerdos con representantes comunales, incluyendo la formación de una comisión técnica que evalúe si la empresa minera debe efectuar el pago de compensaciones a las comunidades por posibles desviaciones o ampliaciones ejecutadas en la vía.

Como se recuerda, desde el 7 de agosto se informó que seis comunidades mantenían esta medida de protesta reclamando el pago de derechos de servidumbre por el uso de la carretera que cruza sus territorios.

El uso de esta ruta por parte de la empresa MMG Las Bambas para el transporte diario del mineral es consecuencia de la modificación inconsulta del Estudio de Impacto Ambiental y las negociaciones originales con las comunidades, que contemplaban el uso de un mineroducto. Como han denunciado los pobladores anteriormente, el tránsito ininterrumpido de vehículos pesados viene generando impactos por la polvareda, el ruido, la accidentabilidad, la vibración, entre otros.

Dicha vía empieza en el pueblo de Chumille, en el distrito de Challhuahuacho, atraviesa el distrito de Mara y termina en el límite con la provincia de Chumbivilcas, en Cusco.

Esta carretera fue también la causa del conflicto que estalló en 2016, cuando la represión a la protesta social causó la muerte del comunero Quintino Cereceda por impacto de bala en la cabeza. En ese momento las protesta fue protagonizada por las comunidades de Quehuira, Choquecca, Allahua y Pumamarca.

Desde el conflicto de octubre pasado, el gobierno ha declarado la emergencia una y otra vez, manteniendose suspendidas las garantías constitucionales en las zonas aledañas a este,uno de los principales proyectos mineros del país.

La estrategia de declarar Estado de Emergencia ante cada conflicto no solo no contribuye a prevenir y solucionar los desencuentros con la población, sino que agrava la criminalización de la protesta que afrontan los líderes sociales.

Continúa cerrada la vía a pesar de la declaratoria de Estado de Emergencia. La empresa ha pedido la liberación de la vía para iniciar el diálogo, pero las comunidades no ceden porque consideran que las mesa de diálogo no han funcionado. Si se logra primero acuerdos concretos, liberaran la vía.

16 de agosto de 2017

Fuente:http://www.conflictosmineros.org.pe/?q=alertas/16/08/2017/alerta-nuevo-estado-de-emergencia-en-cotabambas

Hoy es la Sesión Descentralizada del Consejo Regional de Puno, esta vez se realizará en el distrito de San Antón de la provincia de Azángaro y es el Gobierno Regional de Puno la instancia que deberá informar todas las acciones ejecutadas para remediar la contaminación de la cuenca ramis.

El gerente de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional de Puno, Edson Pizarro Rojas, afirmó que como funcionario le viene dando seguimiento al caso en particular desde el año 2015, es decir desde que inicio la actual gestión de Juan Luque y a pesar de las múltiples limitaciones con el Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental de la Presidencia del Consejo de Ministros, se ha continuado trabajando.

Recordó que hoy presentaran todas las acciones del gobierno regional de Puno, entre estos, estudios realizados para la adquisición de maquinarias agrícola y algunos otros proyectos de remediación para la zona afectadas.

Fuente:http://www.radioondaazul.com/puno-gerente-de-recursos-naturales-presentara-dos-estudios-de-inversion-para-la-remediacion-de-la-cuenca-ramis-70157.html

CON FALLO FAVORABLE A PERUBAR

• Eventual resolución favorable a minera Perubar costaría al Estado unos 200 millones de soles
•  Hoy en día existen 70 procesos contra el aporte para el organismo
•  Aporte por regulación que recibe OEFA está amparado en cuatro leyes y por la Constitución

Otro golpe al Organismo de Fiscalización y Evaluación Ambiental (OEFA). Ahora el Tribunal Constitucional (TC) decidirá si el Estado deberá devolver S/ 200 millones de soles de Aportes por Regulación (APR) que esta entidad ha recibido en los últimos tres años, así como la exoneración de este pago –a futuro- en favor de las empresas mineras y extractivas en general.

Y es que la demanda de la empresa minera Perubar, en contra del Decreto Supremo N° 130 -2013-PCM por el cual se establecen los porcentajes APR, podría generar un “efecto dominó” que perjudicaría los recursos económicos con los que OEFA cuenta para realizar sus actividades de supervisión y fiscalización ambiental.

Esta situación, que el TC debe resolver en los próximos días, fue analizada este 10 de agosto, durante el evento público “Importancia del aporte por regulación del OEFA: Fiscalización ambiental y el desarrollo sostenible del país”.

Henry Carhuatocto, Presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS), aseguró que funcionarios de OEFA le brindaron la cifra de unas 70 acciones judiciales (de amparo) que –a la fecha- han emprendido las empresas mineras para cuestionar este tributo. Perubar está a la cabeza.

“El único aporte que tiene OEFA es el APR, puesto que el dinero recaudado producto de las multas –a causa de sanciones impuestas- regresan al tesoro público. Las multas –de OEFA- no son recursos ordinarios, ello lo dice la Ley N°30230 que aún sigue vigente”, resaltó el abogado.

APR respaldado por leyes

Carhuactocto Sandoval citó que en el artículo 8 de la Ley General del Ambiente se señala que: “el costo de acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación y eventual compensación –relacionada con la protección del Ambiente– del impacto negativo de actividades humanas, deben ser asumidos por los causantes de dicho impacto”.

Además, expuso que el Aporte por Regulación se creó en el año 2000 (mediante Ley N°27332), y no mediante decreto supremo, como argumenta Perubar ante el TC, ya que el artículo 74 de la constitución indica que los tributos se crean mediante ley.

“Ningún tributo puede imponerse si el Congreso de la República no lo crea mediante ley, esto corresponde al principio de reserva de ley en materia tributaria. Son cuatro leyes (N°29951, N°30011, N°30115 y N°30282) que apoyan y sustentan que OEFA es el acreedor tributario (quien debe cobrar) el APM en el sector minero. ¿Dónde está inconstitucionalidad?”, cuestionó el letrado.

De igual modo, recordó que el OSINERG se convierte en OSINERGMIN (2007) y se hace cargo del APM, así como de las obligaciones socioambientales. Un año despúes (mayo 2008) se crea MINAM y luego OEFA a la que se transfiere estas funciones y este aporte, es decir se convierte en acreedor tributario.

Contradicción del sector minero

La demanda de Perubar no cuestiona leyes, pero sí el D.S. N°130-2013-PCM, dispositivo legal al que señalan como autor del APR que es “ilegal” y “confiscatorio”. Aun cuando el decreto se basa en las leyes y la Ley de organismos reguladores.

Este fue el argumento que INDECOPI le rechazó a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) en el 2014 (resolución N° 0425-2014/CTP INDECOPI) y en donde reclamaron que el APM es una “barrera burocrática” para ingresar al mercado, y por ser una “alta tasa” que les impide ser competitivos.

Luego el sector, presenta una acción popular ante el Poder Judicial, y la Corte Suprema de Justicia también resolvió que el APR es legal. Es así que ahí recurren TC, el único que falta pronunciarse.

Otros argumentos

El presidente de IDLADS también indicó que con menos del 1% de su facturación anual (0.11%), el APR no es confiscatorio, tal como señala la SNMPE y Perubar. “Ni que fuera el 60% que perjudicaría el capital de una empresa. Además, lo que el sector minero olvida es que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) también recibe un APM desde 1992 desde las empresas eléctricas, aun cuando no es un organismo regulador”, puntualizó.

Empujan a que mineras se “autorregulen”

A su turno, Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, advirtió que al no haber recursos para OEFA, el Estado se podría ver obligado a disponer que las empresas realicen sus procesos de autorregulación. “Las empresas no puede fiscalizarse solas y luego pasar los informes a OEFA para decir que no contaminan y todo está conforme, cuando muchas veces no es así. A esto nos lleva esta acción llevada al Tribunal Constitucional por Perubar”, remarcó.

Asimismo, mencionó que OEFA no cuenta con recursos suficientes, de por sí, para hacer una fiscalización y supervisión adecuada, ni alcanzar a todas las mineras durante las etapas “secas” y húmedas” (tiempos de lluvia) del año.

“Con el posible retiro del aporte, ¿cómo se podría supervisar y verificar que se cumplen las exigencias de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en campo? ¿Cómo se quiere que luego no se generen impactos ambientales y en la salud de las personas?”, aseveró.

Otra situación referida por Jahncke Benavente es que OEFA da a conocer “cronograma de supervisiones” y fija reuniones de “coordinación previa” (a la fiscalización) con la empresa. Pese a que estos procesos deben ser inopinados.

“No solo se trata de defender los recursos del OEFA, sino que cumpla bien su rol”, apuntó.

Peligro de mayores conflictos sociales

Vanessa Cueto, presidenta de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), recordó que la Defensoría del Pueblo ha reportado 177 conflictos sociales (julio 2017), de los cuales el 73.4% son por temas ambientales. Lo cual indica que la necesidad de contar con mecanismos e instituciones fuertes, como el Ministerio del Ambiente y el OEFA.

“Hacemos un llamado al TC para que tenga una opinión mucho más amplia con la documentación y sustento técnico que desde DAR les hemos hecho llegar. Se trata de tener inversiones, pero que sean sostenibles con el cumplimiento de las reglas ambientales, y así garantizar derechos. Esa es la finalidad”, apuntó.

Objetivo político, no constitucional

Por su parte, Paul Maquet de CooperAcción, comentó que la demanda de inconstitucionalidad de la empresa PeruBar está enfocada en “desfinanciar” a OEFA, y no en el APR que tiene 17 años de existencia.

“El objetivo no es cautelar un derecho constitucional. Esta demanda es política. Ello forma parte de una lógica que ‘contrapone’ regulación ambiental con crecimiento económico. Cuando la regulación ambiental reduce costos, de remediación, así como económicos y sociales”, acotó.

Celeridad a favor de Perubar

Ana María Vidal, secretaria adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), evidenció la rapidez con que “prosperan” las demandas de las empresas extractivas en el Poder Judicial y el TC.

“Resulta inaudito ver con qué rapidez ha avanzado el proceso. En menos de tres años ya llegó al TC. A comparación de las demandas presentadas en casos como el de Arboleda (Puno) y Cuninico (Uraninas, Loreto), en donde comunidades andinas y nativas siguen esperando que sus demandas presentadas ante el TC sean atendidas desde el presentado demandas ante el TC desde el 2011 y 2015, respectivamente.

DATO:

• El evento público “Importancia del aporte por regulación del OEFA: Fiscalización ambiental y el desarrollo sostenible del país”; por organizado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS), CooperAcción, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNNDDH), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y la RED MUQUI.

• Perubar S.A. forma parte del Grupo Glencore y fue constituida el 31 de octubre de 1957. Hoy en día desarrolla principalmente operaciones logísticas de almacenamiento, mezcla, acondicionamiento y embarque de concentrados de minerales a empresas del sector minero, vinculadas y de terceros.
• Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/618-tribunal-constitucional-podria-ocasionar-que-mineras-no-sean-fiscalizadas-por-oefa

Hace unas semanas nos preguntábamos qué significaba la caída atípica en el número de conflictos sociales que registró la Defensoría del Pueblo en los informes del último trimestre. Hoy, con la publicación del informe para julio de 2017, es oportuno volver a discutir si se trata de una tendencia que se mantendrá en el tiempo, o si por el contrario se trató de un tema coyuntural.

En una primera aproximación, las nuevas cifras de la Defensoría muestran que la tendencia a la baja no ha continuado. Tras haber reducido su número de 214 en enero a 177 en junio, en julio se registran nuevamente 177. Son tres los nuevos casos registrados, en tanto que dos se consideran resueltos y uno se consideró retirado por inactividad.

Pero el nuevo informe brinda algunos elementos que confirmarían que la aparente disminución de la conflictividad social puede entenderse como coyuntural. El dato más saltante es la movilización social: luego de que junio registrara un total de 87 acciones colectivas de protesta, este mes se registraron 200 acciones de este tipo.

Como vemos en el siguiente cuadro, este número casi duplica el promedio de protestas que se registró el año pasado, que fluctuaba alrededor de 100 casos mensuales. Esto nos habla de una mayor intensidad de la conflictividad social.

Otro elemento a considerar es que el número de conflictos socioambientales –que son la mayor proporción de los conflictos totales- no ha tenido una caída significativa y por el contrario presenta un leve repunte, habiendo crecido de 127 en mayo a 130 en el último reporte. De hecho, ha crecido levemente su peso en el total: si en enero eran el 67,3% de los conflictos, ahora representan el 73,4%.

De los conflictos socioambientales activos, los que se refieren a la actividad minera representan el 64% y los vinculados a hidrocarburos el 12,8%, explicando así el sector extractivo casi el 80% de los mismos.

En suma, nada indica que la tendencia a la baja esté vinculada con algún cambio de naturaleza más estructural o permanente, menos aún con alguna nueva estrategia implementada por el nuevo Viceministerio de Gobernanza Territorial. Por el contrario, según podemos observar con algunos casos recientes, la tendencia del Gobierno en sus declaraciones públicas sigue buscando deslegitimar las acciones de protesta. Decisiones recientes, como dejar en el limbo el ordenamiento territorial que permitiría precisamente una mejor gobernanza del territorio, con participación de las comunidades, o la flexibilización de reglamentos y estándares ambientales, abren por el contrario el espacio para nuevos desencuentros entre el Estado, las empresas y las poblaciones.

09 de agosto de 2017

CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN