El presidente Martín Vizcarra acaba de declarar que una “mayor recaudación no necesariamente se alcanzará con mayores impuestos”. En gran medida tiene razón. Por ese motivo, el presidente y su equipo económico, debería comenzar a revisar algunos temas que son la causa de la falta de recursos en las arcas del Estado y del forado que se sigue abriendo entre ingresos y egresos.

Al lado de la evasión, elusión, las exoneraciones y los diferentes beneficios tributarios, se le debería prestar mucha atención a un tema cada vez más relevante y que no puede seguir pasando desapercibido: el de las  devoluciones fiscales.

Vamos por partes para entender la verdadera dimensión del problema.

¿Qué son las devoluciones fiscales?

Se entiende por devolución fiscal al acto por el cual la Hacienda Pública de un país transfiere -devuelve- a una persona natural o jurídica una cantidad de recursos inicialmente recaudados. Para que se produzca una devolución fiscal es necesario el previo reconocimiento por la Administración Tributaria del derecho a percibirla; para lo cual se tiene que haber establecido un exceso de pago del contribuyente.

Las devoluciones fiscales se clasifican en: (a) regulares u ordinarias, aquellas que  forman parte del procedimiento normal de recaudación de los tributos que puede producir un pago anticipado excesivo frente a la carga tributaria que corresponde pagar; (b) irregulares o extraordinarias, aquellas que son resultado de procedimientos excepcionales de revisión.

En el Perú destacan los siguientes tipos de devoluciones por orden de importancia: devoluciones por exportación (en los últimos años representan casi un 60% del total); pagos indebidos o en exceso; recuperación anticipada de IGV; restitución arancelaria (draw back); régimen de percepciones y retenciones del IGV y otros.

Gráfico 1

Elaboración: CooperAcción
Fuente: SUNAT
* A febrero 2018

¿Qué ha estado pasando en los últimos años?

Como se puede apreciar en el gráfico 2, las devoluciones se han disparado en los últimos años, sobre todo a partir del año 2015, en el contexto del fin del súper ciclo de precios de las materias primas. El año pasado han alcanzado la cifra récord de 16,268 millones de soles, lo que significa un incremento de casi el 60%, sólo en el período 2014-2017.

En el total de devoluciones, destacan las del sector minero (30% del total): entre el 2015 y 2017, las devoluciones a empresas mineras pasaron de 2,385 millones de soles a 6,144 millones de soles, lo que representa un incremento de casi un 40% (gráfico 3).

Gráfico 2

Elaboración: CooperAcción
Fuente: SUNAT

Gráfico 3

Elaboración: CooperAcción
Fuente: SUNAT
* A febrero 2018

Este incremento significativo de las devoluciones, en particular las que benefician a las mineras, viene afectando considerablemente los niveles de recaudación. Como se puede apreciar en los gráficos 4 y 5, la recaudación neta del sector minero se volvió negativa el año 2015, lo que significa que el Estado peruano comenzó a devolverle a las empresas mineras más dinero de lo que éstas pagaban por el Impuesto a la Renta que grava sus utilidades y el IGV. Esta situación continuó el año 2016 y recién el año pasado la recaudación minera superó las devoluciones; aunque por un monto muy pequeño (apenas 845 millones de soles[1]), si se lo compara con el total de devoluciones.

Gráfico 4

Elaboración: CooperAcción
Fuente: SUNAT

Gráfico 5

Elaboración: CooperAcción
Fuente: SUNAT
(1) Por fecha de emisión

¿Qué hacer?

Una pregunta clave es qué hacer frente a este hecho gravísimo que viene minando la capacidad recaudatoria de nuestro Estado. Aparte de hacer visible el problema y reconocer la gravedad del mismo, debería quedar claramente establecido que para ningún país es posible mantener por mucho tiempo una situación como la descrita.

¿Qué pistas se deberían explorar? Revisar las experiencias de otros países sobre este tema y recoger opiniones de organismos como la OCDE, que ha venido planteando propuestas importantes relacionadas con el tema tributario.

Otro tema a revisar y/o limitar es el poder discrecional que tienen las empresas para optar por el mecanismo de devoluciones. En la práctica se ha observado que cuando las empresas incrementan sus utilidades y por lo tanto aumenta el Impuesto a la Renta a pagar, aplican las devoluciones contra el pago de este impuesto, con lo cual disminuye el Impuesto a la Renta efectivamente pagado. Pero cuando las utilidades disminuyen y es menor el Impuesto a la Renta a pagar, las mineras optan por pedir que se les devuelva de manera efectiva.

Como se ha comprobado, esto lleva a una curiosa situación: en términos netos, el Estado termina subsidiando a las empresas, pues el monto devuelto termina superando el Impuesto a la Renta recaudado por la Sunat.

Se debería apuntar a que bajo ningún concepto los aportes tributarios de los sectores sean negativos. Cuando ello ocurre se debe establecer un mecanismo que permita postergar estas devoluciones hasta que la situación fiscal del país mejore.

En estos momentos, cuánto bien le haría al país, por ejemplo, postergar estas devoluciones hasta que la situación fiscal se recupere y que el Estado capture, por los menos, una parte de ese enorme forado que representan en la actualidad las devoluciones.

¿Los sectores que se benefician de estas devoluciones estarían dispuestos a postergar estos beneficios? Hay que abrir cuanto antes el debate sobre un tema tan importante: el Ejecutivo y el Congreso de la República tienen la palabra.

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[1] El principal tipo de devolución en el Perú es el saldo a favor del exportador, con casi 60% del total de devoluciones y su evolución está influida por los propios cambios en la actividad exportadora. Es decir, un aumento en las exportaciones (incluido el sector minero) tendería a aumentar automáticamente este tipo de devoluciones. El saldo a favor del exportador está regido por la Ley del Impuesto General a las Ventas, la cual señala en su artículo 34: “El monto del Impuesto que hubiere sido consignado en los comprobantes de pago correspondientes a las adquisiciones de bienes, servicios, contratos de construcción y las pólizas de importación, dará derecho a un saldo a favor del exportador conforme lo disponga el Reglamento”.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/que-hacer-frente-a-las-devoluciones-tributarias/

En los últimos dos años la minería ha recibido como “devolución de impuestos” del gobierno 6 mil millones de soles por año. Algo que no nos pasa nunca a los ciudadanos a quienes nos descuentan todos los meses de la planilla o nos retienen cada vez que giramos un recibo por honorarios.

Resulta que la “devolución de impuestos” es enorme para algunos grupos privilegiados.

Esta “devolución de impuestos” que beneficia masivamente a la minería aumentó muchísimo durante PPK: mientras que hasta el 2015 estas “devoluciones” eran de 2 mil millones de soles anuales, en el 2016-2017 se triplicaron hasta los 6 mil millones de soles anuales.

Está claro para quiénes el gobierno de PPK era un “gobierno de lujo”: con tanta plata devuelta realmente se pueden comprar muchísimos lujos.

Las “devoluciones” han sido tan grandes que el 2016, la minería recibió más “devoluciones” que lo que pagó. ¿Cómo puede suceder esto y que les “devuelvan” más de lo que dieron? Misterios del Orinoco, usted no sabe y yo tampoco. Pero lo que sí sabemos es que en los últimos años en nuestro país ha habido muchísima corrupción, por lo que este asunto merece ser aclarado.
Estas “devoluciones” no se han detenido. Solo en los dos primeros meses de este año 2018, las devoluciones de impuestos han sumado un total de casi tres mil millones de soles (2,989 millones de soles para ser precisos).

En sus primeras declaraciones públicas, el flamante ministro de economía y finanzas David Tuesta ha indicado que “hemos concretado reducir el gasto corriente, enfocados en los gastos superfluos” por 2 mil millones de soles. Pero no ha detallado qué es lo que él considera “superfluo”, pregunta relevante puesto que en el pasado hemos visto varias veces cómo este discurso de la reducción del gasto corriente encubre recortes en gastos en salud, educación, seguridad y otros rubros fundamentales. Ojo que esa misma política es la que aplicó el ex ministro Thorne, teniendo como resultado un bajón del crecimiento y el empleo.

Señor ministro Tuesta, un consejo hasta de un conejo: si de lo que se trata es de buscar recursos para poder sustentar la inversión pública, ¿por qué no echarle el diente a esos misteriosos e inexplicados 6 mil millones de soles anuales que se “devuelven” a la minería en impuestos?.

Fuente:https://wayka.pe/nuevo-ministro-economia-y-beneficios-mineras/

Una revisión independiente realizada por especialistas ambientales muestra un conjunto de observaciones y recomendaciones ante la Tercera Modificatoria de EIA del megaproyecto minero Las Bambas.

Observaciones ambientales y sociales deberían llevar a desaprobar tercera modificatoria al EIA de Las Bambas

• Datos desactualizados y estudios a nivel de pre factibilidad no permiten conocer verdadero impacto del proyecto

• Población pide al presidente Vizcarra diálogo y poner fin al estado de emergencia

• Una revisión independiente realizada por especialistas ambientales muestra un conjunto de observaciones y recomendaciones ante la Tercera Modificatoria de EIA del megaproyecto minero Las Bambas. Las observaciones, enviadas por vía formal ante el SENACE (Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles), fueron presentadas este mediodía en conferencia de prensa por el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la provincia de Cotabambas, la presidenta del consejo regional de Apurímac Evelyn Cavero Contreras, y CooperAcción.

  El Informe Técnico presentado reúne un total de 22 observaciones y recomendaciones. Entre las principales, destacan:

  – La ausencia de un diagnóstico actualizado. El documento presentado por Las Bambas no actualiza parámetros ambientales clave, tales como la información hidrológica e hidrográfica, utilizando los mismos de 2011. Así, se parte de una situación que ya no es la misma, pues Las Bambas inició sus operaciones en 2016 y ya viene causando impactos en la hidrología e hidrografía de la zona.

  – Faltan estudios a nivel de factibilidad. Pese a que las normas exigen que los componentes de ingeniería incluidos en un Estudio de Impacto Ambiental deben estar en un nivel de factibilidad, este estudio no incluye ese nivel de detalle para componentes como la Planta Concentradora o el Depósito de almacenamiento de concentrado de minerales que se pretende ampliar. Esto significa que los elementos de estos componentes podrían cambiar una vez que se realice su factibilidad, variando los impactos ambientales previstos en este estudio. Al contradecir directamente la normativa, esta sola observación debería llevar a que no se apruebe la Modificatoria.

  – Vacíos en el tema de agua. Pese a que se planea ampliar la capacidad de producción, concentrado y almacenamiento de mineral, el documento presentado por la empresa NO incluye una mayor capacidad de tratamiento o clarificación del agua. Considerando que se ampliará el tajo Ferrobamba y otros componentes, una mayor cantidad de aguas subterráneas y superficiales estarán en contacto con los elementos del proyecto. ¿Si no se amplía la capacidad de los componentes para el tratamiento o recirculación del agua, qué pasará con esta mayor cantidad de agua? Este vacío podría llevar a eventuales fugas o derrames de agua contaminada hacia los ríos de la zona.

  – Vacíos en el tema de transporte. De igual manera, la empresa debe precisar si el flujo actual de vehículos de transporte de concentrados -uno de los impactos más sentidos por la población por la constante polvareda y vibraciones que ocasionan- se incrementaría con esta tercera modificatoria de EIA. De ser así, ello implicaría una evaluación del impacto de dicho incremento.

• Además, el informe técnico evidencia debilidades del propio EIA original y de las modificaciones posteriores que han venido aprobando las autoridades. Por ejemplo, muchas de las estaciones de monitoreo de aire se han venido anulando o cambiando de lugar, lo que impide comparar la calidad de aire a lo largo del tiempo y conocer el impacto real de las operaciones mineras. Además, preocupa que debido a la gran extensión del depósito de relaves pudieran filtrarse contaminantes hacia las aguas subterráneas, lo que debido a la cercanía de la cuenca Ferrobamba podría ocasionar un impacto visible solo a largo plazo.

  Adicionalmente, el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas presentó un Informe Complementario que destaca la exclusión injustificada de Nueva Fuerabamba como área de influencia directa del proyecto, así como los problemas en el plan de participación ciudadana, entre otras observaciones.

• Frente a ello, las organizaciones y representantes que participaron en la conferencia de prensa piden al SENACE no aprobar esta Tercera Modificatoria, y por el contrario dar lugar a un Estudio de Impacto Ambiental Integrado que permita conocer y manejar de manera adecuada los impactos acumulativos y sinérgicos que se han venido originando debido a los múltiples cambios en el proyecto.

  Participaron de la conferencia de prensa el presidente del Frente de Defensa, Víctor Limaypuma, y Ferdinand García, secretario de derechos humanos; Evelyn Cavero, presidenta del consejo regional de Apurímac; José De Echave, subdirector de CooperAcción, y Dionel Martínez, especialista del área de geografía y medio ambiente de dicha institución; y Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

   

  Piden diálogo y fin del estado de emergencia

  Los dirigentes del Frente de Defensa recordaron que el nuevo presidente, Martín Vizcarra, conoce los problemas de Las Bambas directamente por su participación en la solución al conflicto originado en octubre de 2016, en su calidad de vicepresidente. Frente a ello, pidieron que el gobierno ponga fin al estado de emergencia y retome el camino de un verdadero diálogo sobre el desarrollo de Cotabambas.

   

  Dato

  Tras la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Las Bambas, este proyecto ha sido modificado muchas veces, mediante dos Modificatoria de EIA y cinco Informes Técnicos Sustentatorios (ITS), un instrumento de menor rango. Por ello, las características e impactos iniciales del proyecto han cambiado, causando el desconcierto y malestar de la población, que señala que los impactos que perciben son muy distintos de los que inicialmente se les había anunciado.

  10 de abril de 2018

   Fuente:http://cooperaccion.org.pe/observaciones-a-tercera-modificacion-al-eia-de-las-bambas/

Una vez más. El flamante titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, César Villanueva, señaló en una entrevista que el proyecto minero “Tía María” podría salir este año. Como se recuerda, el proyecto ha sido dos veces rechazado y paralizado por las protestas de la ciudadanía local.

“Vamos a procurar que Tía María salga como vamos a procurar que podamos explotar cuantos proyectos mineros salgan”, señaló Villanueva, agregando que ello requiere “dos condiciones: respeto al medio ambiente y un profundo respeto al tema social”. Preguntado sobre si el proyecto podría iniciarse este año, Villanueva señaló que “Sí, yo pienso positivamente que sí. Si ayudamos a superar algunos nudos y conversamos con la gente”.

Con estas declaraciones, el nuevo Gobierno pone nuevamente en agenda uno de los conflictos mineros más prolongados del país y le da continuidad a las prioridades establecidas por el saliente gobierno de Kuczynski.

Las afirmaciones de Villanueva ya encendieron la polémica en Arequipa. La gobernadora regional de la región, Yamila Osorio, ha cuestionado estas prioridades y ha señalado que el Ejecutivo primero debería atender los proyectos pendientes para la provincia de Islay, como la construcción de hospitales de Mollendo y Cocachacra, así como la construcción de la represa para el valle de Tambo.

Por su parte, la presidenta de la junta de usuarios de riego de La Ensenada, Mejía y Mollendo, María Luzmila Marroquín, respondió que el rechazo al proyecto minero está vigente. “No se puede desarrollar la minería en la provincia de Islay, que se respete la posición de los agricultores”, declaró.

Como se recuerda, la empresa Southern Perú viene insistiendo en la idea de que la ejecución del proyecto empezaría en el primer semestre de este año. Además, durante la administración de Kuczynski el ministerio de Energía y Minas buscó incluir este dentro de los proyectos a “destrabar”.

Ante estas movidas, la población local se ha venido movilizando durante los últimos meses para advertir que el proyecto no cuenta con licencia social y que imponerlo haría estallar nuevamente el conflicto. La población del Valle del Tambo, una dinámica zona de producción agrícola, teme que un proyecto minero de la magnitud de Tía María afecte el acceso al agua y perjudique las actividades agropecuarias.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/04/09/nuevo-gobierno-insiste-con-tia-maria/

Frente a los hechos de violencia sucedidos en la comunidad campesina de Alto Huarcade la provincia de Espinar manifestamos lo siguiente:

El 03 de abril del año en curso, en la comunidad campesina de Alto Huarca de la provincia de Espinar, donde se realizó una intervención policial ordenada por la Fiscal Adjunta de Espinar Delia Avendaño Yucra, según oficio N° 546-2018-MP-FPP-ESPINAR, de la misma fecha, solicitó al Comandante de la Comisaria de Espinar, que se designe a siete (07) efectivos policiales en el día; a fin de que se “restablezca el orden”, en la Comunidad de Alto Huarca, cerca al proyecto de la minera Antapaccay en la vía Nacional.

Sin embargo, la intervención se realizó con un promedio de cuarenta (40) efectivos policiales y personal de seguridad privada de la empresa, así como ocho funcionarios, personal de relaciones comunitarias y abogados de la empresa minera junto con maquinarias pesadas, que se hicieron presentes en la comunidad de Alto Huarca, con la aparente finalidad de desalojar del territorio de la comunidad a las familias que allí viven.

La intervención Fiscal tiene que responder a hechos reales. El no haber cumplido con este deber ha generado abusos como en el caso de la señora Francisca Umasi, posesionaria directa y comunera, quien junto a sus hijas, nietas y familiares (08 personas), sufrieron agresiones físicas y psicológicas (golpes, patadas, insultos y amenazas), que terminaron por desmayar a la señora Francisca, una mujer de 70 años de edad quien sufrió dichas agresiones por el solo hecho de resistirse a firmar un documento.

Por estas consideraciones condenamos estos hechos y exigimos a las autoridades competentes que se ordene iniciar las investigaciones penales por el supuesto delito de abuso de autoridad, prevaricato y coacción, contra las autoridades que se han excedido en sus funciones más allá de las atribuciones que la ley les faculta, y se sancione a los responsables. Esto ocurre por la inacción y pasividad de un Estado que permite la celebración de convenios entre la PNP y las empresas mineras, que ocasionan abusos como el ocurrido en Espinar.

Finalmente, los suscritos nos solidarizamos con las víctimas de este nuevo accionar de violencia en contra de poblaciones que solo defienden sus derechos al territorio, al agua y a la vida.

06 de abril de 2018

CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN

Desde el inicio de la crisis financiera internacional de 2008, que trajo abajo los precios de las materias primas, hasta la incierta recuperación del cobre en 2017. Ese es el período que abarca el nuevo libro “Diez años de minería en el Perú” (CooperAcción, 2018) de José De Echave. Intenso período en el que no solo se reflejan cambios en las tendencias de inversión, sino especialmente un conjunto de conflictos que mostraron la necesidad de cambios en las regulaciones ambientales y sociales del sector extractivo, tema en el que hubo algunos avances pero también muchos retrocesos.

El análisis permite identificar un conjunto de temas pendientes en la agenda ambiental y social de la minería en el Perú. El momento que vive el país, con el inicio de un nuevo gobierno y la evidente crisis política, exige lecturas como ésta, que buscan contribuir a revisar los errores y aciertos de la política pública en el sector extractivo y  plantear las reformas y cambios necesarios para iniciar una nueva etapa.

El libro abarca en total las gestiones de tres gobiernos diferentes: la última parte del gobierno de Alan García, la administración de Ollanta Humala y el turbulento período de Pedro Pablo Kuczynski. Sin duda ha sido un período intenso y esto se expresa claramente en esta nueva publicación. Si bien el texto ha sido organizado por años, también podría ser organizado por temas y episodios: consulta previa, libre e informada; el aporte tributario de la minería y los beneficios que gozaron las empresas; lo ambiental; las concesiones; los procesos de desregulación social y ambiental; los conflictos; el análisis de las distintas variables económicas vinculadas a la minería; y el contexto global; entre otros temas de importancia.

También destacan los episodios de estallidos sociales de envergadura, como el caso de los proyectos Tía María en Arequipa, Santa Ana en Puno, Conga en Cajamarca, Espinar en Cusco, Las Bambas en Apurímac, entre varios otros. Cada uno de estos conflictos ha puesto en agenda distintas limitaciones de nuestra regulación ambiental: desde la política de concesiones mineras o la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental hasta la fiscalización de los impactos ambientales y las modificaciones a los proyectos sobre la marcha. El libro muestra cómo estos conflictos abrieron oportunidades políticas para avanzar en reformas importantes sobre estos temas, pero también cómo el lobby empresarial llevó luego a retrocesos, como los paquetazos ambientales y el desmantelamiento de la política de ordenamiento territorial, entre otros.

El libro reúne alrededor de 200 artículos de análisis publicados en diversos medios institucionales y periodísticos entre 2008 y 2017, y constituye un aporte a la revisión de lo que ha sido la historia reciente de la minería en el país, pero también permite identificar la agenda pendiente para la  construcción de puntos de equilibrio en lo económico, ambiental, social y cultural.

Es posible adquirir la publicación en el local de CooperAcción y en la librería El Virrey. Para consultas adicionales, comunicarse los teléfonos 461-2223 o 461-3864.

También puedes descargar la publicación aquí.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/libro-muestra-evolucion-del-sector-minero-en-los-ultimos-10-anos/

Las familias de la comunidad de Alto Huarca, distrito de Yauri, en la provincia de Espinar están denunciando el abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional y la empresa minera Glencore Antapaccay, alrededor de diez pobladores han sido golpeados y amenazados con el objetivo de desalojarles de sus terrenos, de los cuales hay tres heridos de gravedad.

El último martes 03 de abril un contingente policial junto con maquinarias y ocho funcionarios de la mina Glencore Antapaccay, de manera sorpresiva, se hicieron presentes en la comunidad de Alto Huarca con el objetivo de desalojar a las familias de la zona, con la seguridad que sus terrenos no se encuentran en venta, las madres de familia y abuelas se enfrentaron a la policía para defender sus viviendas, los efectivos sin ningún reparo empujaron, patearon e insultaron a Rocío Huaquira, María Huaquira y Eufrosina Umasi quienes resultaron gravemente heridas.

Eufrosina Umasi entre llantos nos relató que la empresa minera viene hostigando de día y noche a la comunidad de Alto Huarca para que vendan sus terrenos y esta pueda ser utilizada para una carretera de uso exclusivo de la empresa, personal de Antapaccay les dijo que pueden comprar los terrenos a doscientos dólares, sino aceptan se hará este pago al Estado y ellas no recibirán nada. Eufrosina agregó que ni bien se hizo presente a la zona un abogado y un periodista los efectivos policiales no pudieron sustentar la intervención.

Como se sabe el proyecto minero Antapaccay de la Suiza Glencore extrae concentrado de cobre en la zona, y actualmente se encuentra en fase expansión del tajo norte, por ello vienen aperturando nuevas vías internas para la circulación de sus vehículos. No es la primera vez que los pobladores denuncian estos abusos.

Fuente:http://derechosinfronteras.pe/espinar-pobladores-de-alto-huarca-denuncian-intervencion-violenta-y-abusiva-de-minera-antapaccay-y-de-la-pnp/

Ante la noticia de que la empresa minera Southern Perú iniciaría operaciones en el Valle del Tambo en el primer trimestre del año, diversas organizaciones de la zona se declararon en alerta y refirmaron su oposición al proyecto Tía María. Organizaciones sociales y ciudadanos en un encuentro donde participó Máxima Acuña, dirigenta social de Cajamarca ratificaron su oposición al mega proyecto minero.

Como informaron el Diario La República y El Búho, el fin de semana se realizó el encuentro nacional: “Valle de Tambo, resistencia y lucha por la vida”, donde participó Máxima Acuña. La agricultora, y mujer símbolo de la resistencia social al proyecto minero Conga, estuvo en Arequipa para apoyar la resistencia de los comuneros del Valle de Islay.

“Los campesinos queremos vivir tranquilos. Vivir en paz. Que se respeten nuestros derechos. Si no se van, tenemos que defendernos y luchar. La lucha es justa”, declaró para El Búho, Máxima Acuña.

Cabe resaltar que Southern está tratando de ingresar a la zona y trasladó una de sus plantas sin autorización. El secretario de Red Muqui, Javier Janhcke afirmó al respecto que que “Southern está trasladando su Planta de Beneficio sin realizar al menos una modificación el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y solo a través de un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), que es aplicable para actividades de menor envergadura, al final, no sabemos cómo se podría repercutir en la zona”.  Con este comportamiento, se genera un escenario de mayor conflictividad.

Por su parte, en el último estudio que realizó el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA, se determinó que las lagunas de Mejía y la zona agrícola del valle de Tambo son las zonas de mayor fragilidad, una minería no responsable podría afectar gravemente este ecosistema.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/peru/item/39971-oposicion-al-proyecto-tia-maria-se-mantiene-en-el-sur-peruano

Un antecedente que está pasando desapercibido en el nuevo gabinete es que César Villanueva impulsó el primer proceso de Ordenamiento Territorial del país durante su gestión como presidente regional de San Martín. En efecto, Villanueva tiene conocimiento directo de la importancia de ese instrumento que la gestión de Kuczynski y su ministra de Ambiente, Elsa Galarza, desmantelaron durante los últimos 18 meses.

La pregunta es si, ahora, Villanueva retomará esta política clave para la adecuada gestión de nuestros recursos naturales y la prevención de conflictos sociales. Más aún: si podrá hacerlo con un Gabinete en el que destacan las puertas giratorias que nuevamente han puesto los ministerios económico-productivos en manos de representantes de las empresas privadas.

Recordemos que Villanueva continuó y fortaleció la política de ordenamiento territorial de la región San Martín, la misma que había dado sus primeros pasos con la Zonificación Económica y Ecológica aprobada por el Consejo Regional el 2006. Al asumir la presidencia del gobierno regional, el año 2007, el flamante premier le dio continuidad a este proceso, trabajando en conjunto con el Ministerio de Ambiente. Ello llevó a la creación de la Autoridad Ambiental Regional en 2010 y finalmente a la aprobación de la Política Territorial de la Región, que está actualmente en aplicación y que ha llevado a muchos a considerar este caso como un ejemplo a seguir en temas ambientales.

Por cierto, Villanueva también es recordado por su protagonismo en la defensa del Área de Conservación Regional “Cordillera Escalera”, creada en 2005. Ante las concesiones petroleras otorgadas en la zona, el entonces presidente regional participó de las movilizaciones y la lucha legal hasta que en 2009 el Tribunal Constitucional decidió suspender la exploración petrolera. Recientemente, ante una nueva acción jurídica presentada por PerúPetro y Repsol que busca anular la sentencia del TC, Villanueva ha sido nuevamente un vocero activo en defensa de este importante ecosistema. “Lo dije en la histórica marcha del 24 de mayo de 2007 y lo reitero hoy, once años después: los sanmartinenses no vamos a aceptar ningún tipo de explotación en Cordillera Escalera, que es fuente de vida para miles de nuestras hermanas y hermanos amazónicos”, declaró en febrero. “Es literalmente un banco de agua para toda la población de aquí. No podemos permitir que la toquen”, había señalado anteriormente. Así pues, el nuevo premier es consciente de la necesidad de mantener la intangibilidad de ciertos ecosistemas clave, en particular aquellos que cumplen la función de ser zonas productoras de agua.

Esta experiencia ambiental contrasta notablemente con lo ocurrido a nivel del Ejecutivo durante el gobierno de PPK y la gestión de la ministra Elsa Galarza. Recordemos que la óptica de Galarza fue evitar conflictos sobre competencias con otros ministerios, lo que llevó a una pérdida de protagonismo del Minam como autoridad ambiental. La máxima expresión de ello fue la renuncia voluntaria del Minam a su función rectora en el Ordenamiento Territorial, a través de la aprobación de su nuevo Reglamento de Organización y Funciones. Esta decisión estuvo acompañada de un conjunto de cuestionables cambios en los estándares de calidad ambiental (ECA) y flexibilizaciones en los procesos de certificación ambiental para exploración minera. Además, Galarza buscó tranquilizar al sector extractivo ante la Ley de Cabeceras de Cuenca dictada por el Congreso, y no impulsó la creación de nuevas áreas naturales protegidas, entre otros retrocesos.

Habrá que ver cuál es el enfoque planteado por la nueva ministra, Fabiola Muñoz, para un ministerio que –por cierto- cumple 10 años de creación el próximo mes. Sus antecedentes plantean algunas interrogantes. En primer lugar, sorprende que se haya designado a una funcionaria que no tiene experiencia en los temas propiamente ambientales, sino más bien en el sector agricultura, como responsable del SERFOR (la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre). Recordemos que uno de los cuestionamientos constantes a nuestra arquitectura institucional tiene que ver con que muchas de las funciones de una “autoridad ambiental” están repartidas entre los ministerios encargados de promover las actividades de explotación de los recursos naturales. Es el caso del sector Agricultura, que alberga al SERFOR al mismo tiempo que tiene como función promover la explotación maderera, lo que implica que el gato es al mismo tiempo el despensero.

Por cierto, la gestión de Muñoz ha sido cuestionada por informes internacionales que señalan que el SERFOR, lejos de ser un actor firme en la protección de nuestros bosques, ha “intentado debilitar a las instituciones a cargo de implementar las normas. Además de esto, también han disminuido la recolección de datos y han cambiado los requisitos oficiales, haciendo casi imposible que se pueda rastrear la madera y verificar la legalidad de su origen”. (Informe “El Momento de la Verdad” – EIA 2018).

Otra duda que genera Muñoz es su participación en el sector minero como gerente de relaciones comunitarias de Anglo American Quellaveco, lo que abre interrogantes acerca de su independencia a la hora de regular los impactos ambientales de la minería. Sin embargo, no es la única. Al menos dos ministros más han trabajado para empresas mineras. El propio Francisco Ísmodes, flamante ministro de Energía y Minas, ha trabajado durante más de 20 años en la empresa Milpo, llegando a ser gerente general adjunto; ha sido también gerente de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía entre 2013 y 2014; y hasta su nombramiento fue director de la minera Sierra Antapite. Así pues, un evidente vocero y representante de los intereses empresariales en minería pasará a ser ahora la máxima autoridad responsable de este sector. Por último, el polémico Daniel Córdova –titular del ministerio de Producción- ha sido vocero de Southern Perú en su explotación en Toquepala. Esta empresa es protagonista del conflicto de Tía María (Arequipa) que hoy amenaza con reactivarse, y es además la nueva titular del proyecto Michiquillay (Cajamarca).

Mención aparte merece el hecho de que Córdova será ahora el responsable de las políticas para la pesca. Si bien no se le conoce ninguna experiencia en este importante sector, es sabido que Córdova es un promotor acérrimo de menores regulaciones para las empresas privadas, así que queda por ver qué decisiones tomará respecto de las cuotas y temporadas de pesca ante la constante presión de la Sociedad Nacional de Pesquería. Cabe añadir que Córdova manejó entre 2011 y 2015 la empresa de comunicación NewLink, que actualmente es dirigida por Cecilia Blume, quien es una conocida gestora de intereses de las empresas pesqueras.

Queda por ver, pues, si un gabinete conformado por actores claves vinculados al sector empresarial podrá –o querrá- darle un lugar protagónico a la agenda ambiental pendiente, que es ampliamente conocida por el premier Villanueva. Entre los temas pendientes se encuentra retomar la policía nacional de ordenamiento territorial, que se encuentra actualmente en el limbo; y una nueva estrategia de prevención y transformación de conflictos socioambientales. Una decisión clave que permitirá conocer la orientación del nuevo gabinete es qué ocurrirá con el estado de emergencia en el corredor minero, ampliado en marzo por 30 días.

Otros temas importantes son retomar la discusión y creación de áreas naturales protegidas; garantizar la protección de las zonas productoras de agua; garantizar el cumplimiento efectivo del derecho a consulta previa, convertido en un trámite en los años recientes; garantizar la atención a las víctimas de contaminación minera y petrolera, y prevenir nuevos casos de este tipo mediante una adecuada fiscalización ambiental; y garantizar la protección de los defensores ambientales, que vienen siendo perseguidos, criminalizados y en muchos casos, asesinados.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/radiografia-ambiental-del-nuevo-gobierno/

Comuneros y ronderos de Ayabaca se preparan para efectuar una masiva protesta por la presencia de la empresa minera Río Blanco en zonas de la sierra piurana.

El presidente de la Central Única de Rondas Campesinas de esa provincia, Rubén Jiménez Carrión, anunció que el próximo 7 de mayo llegará a la ciudad de Piura para movilizarse ante la amenaza de la actividad minera.

“Los ronderos no permitiremos la minería porque afectará a la agricultura, ganadería y a la población. Se trata de un proyecto que piensa ejecutarse en las zonas donde nace el agua que es vida”, afirmó.

Reveló que en su localidad hay la presencia de promotores mineros “que están mal informando a las comunidades sobre el tema”. Indicó que les están comunicando que las actividades de la mina se iniciarán sí o sí a partir del 2021. “Preferimos morir y no dar un paso atrás”, puntualizó.

Jiménez dijo que las comunidades campesinas y ronderiles exigen que se reconozca la consulta vecinal desarrollada en el 2007, donde el 97% de la población andina rechazó la actividad minera.

Agregó que apuestan por la agricultura, ganadería y la vida. Y en la marcha de mayo estarán participando las diversas organizaciones de las provincias de Ayabaca y Huancabamba.

Carlos Apaéstegui, de la Oficina Regional de Coordinación de Rondas Campesinas, señaló que las organizaciones de la sierra están en su derecho de realizar una marcha contra la minería. “Se deben tomar las medidas de seguridad para impedir la violencia”, acotó.

CLAVE

En asamblea realizada el pasado 24 de enero en Ayabaca, comuneros y ronderos acordaron realizar la movilización contra la actividad minera. Y según el dirigente Rubén Jiménez, el 7 de abril ratificarán la medida de protesta en una audiencia de comunidades.

Fuente:http://larepublica.pe/politica/1219818-rondas-campesinas-anuncian-protestas-contra-presencia-de-minera-rio-blanco-en-piura