Ex viceministro de gestión ambiental del Minam y miembro de la ONG Cooperacción da su punto de vista sobre el conflicto minero por Las Bambas.
1. ¿Cuál es para usted el motivo que da origen al conflicto?
Las sobreexpectativas que se generaron, los compromisos que no se cumplieron y una carretera que se construyó sin que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones implemente sus propias directrices, ignorando a los propietarios: las comunidades.
2. ¿Es justificable el bloqueo de carretera como protesta?
Está claro que bloquear una carretera vulnera la ley. Mi opción siempre será optar por caminos dialogados, pacíficos e institucionales. Al mismo tiempo quiero comentar que en los últimos años hemos acompañado innumerables veces a las comunidades a hacer gestiones, tocar puertas de los ministerios, pidiendo diálogo, que se cumplan acuerdos. Todos esos intentos fueron en vano y he podido ver en directo la decepción y los maltratos a los que han sido sometidos sus representantes. El bloqueo también lo entiendo como un acto de desesperación de peruanos que han sido y siguen siendo excluidos. Una comunidad no es una organización criminal.
3. ¿El cambio de propietario y de forma de transporte del mineral abonó a la conflictividad? ¿Por qué?
Sin duda influyó, pero Las Bambas es un proyecto que ha cambiado constantemente y no solo de propietario. Hasta el momento ha tenido ocho modificaciones y estoy informado de que la empresa ha solicitado una más en febrero. Es decir, se han operado cambios en promedio cada cuatro meses y medio en los últimos tres años. Con razón, las comunidades de la zona dicen que ya no saben qué tipo de proyecto tienen al frente. Todo eso ha abonado a la conflictividad.
4. ¿A qué se debió que se declare nacional la vía por la que transitan los camiones? ¿Por qué ello es percibido y denunciado como un ardid?
El transporte pesado requiere de aspectos técnicos que implicaban que la vía se convierta en nacional. Pero cuando hablamos de la carretera también hay que recordar que está vinculada a los cambios del proyecto. En el diseño original, la empresa no solo tenía que construir el mineroducto, sino también una carretera asfaltada para trasladar suministros. Todo eso quedó en el aire cuando se tomó la decisión de construir la carretera que ahora une Las Bambas con la localidad de Pillones en la provincia de Caylloma, en Arequipa. Ese trayecto de tránsito pesado tenía que ser una vía nacional y pasar por propiedad de varias comunidades (no solo Yavi Yavi). El Estado debió pagar el justiprecio o en su defecto expropiar. No hizo ni lo uno ni lo otro.
5. ¿MMG debiera ser tan o más visible y proactiva que el gobierno en la solución del conflicto?
La empresa es un actor central en el conflicto y por lo tanto no puede rehuir su responsabilidad en la búsqueda de una salida.
6. Se dice que ha sido negativo el haber concentrado las relaciones comunitarias de la mina en la monetización de las compensaciones en lugar de la generación de proyectos de desarrollo sostenible. ¿Cree que ha sido así?
Al inicio, con Fuerabamba tuvo que haber una transacción económica porque la comunidad se tenía que reubicar. Sin embargo, cuando se presenta un proyecto como Las Bambas se sobredimensionan expectativas económicas para que sea aceptado. En este caso se dijo que se iban a generar miles de puestos de trabajo, que los pobladores de la zona serían prioridad, que se iba a crear un Senati para capacitarlos, transferencias de dinero, etc. En la etapa de construcción de la mina se generaron 18 mil puestos de trabajo y un fuerte dinamismo económico, pero cuando se pasó a la etapa de producción, los empleos bajaron a entre tres mil y cuatro mil y los pobladores de la zona dejaron de ser una prioridad (se dice que el 90% de los trabajadores no son de Apurímac). El dinamismo económico cayó.
7. ¿Podría mencionar alguna medida para resolver este conflicto que debió intentarse y no se ha hecho, y alguna a la que mejor hubiera sido no recurrir?
Hay que corregir lo que se hizo mal. Debemos sacar lecciones de los errores. Lo de la carretera fue pésimamente tratado por el MTC y la modificación del estudio de impacto ambiental que provocó el cambio del mineroducto por la carretera fue un proceso con mucha opacidad con responsabilidad de la empresa. Ese proceso administrativo debió anularse.
8. Cree que pronto se logrará una solución duradera a este conflicto?
Casos previos muestran que cuando los conflictos escalan a estos niveles, las salidas se complican. Las relaciones entre empresas mineras siempre son complejas, en el Perú y en el mundo. Es todo un reto encontrar soluciones para este caso que además se puede proyectar para todo el corredor minero. Las empresas deben entender que la flexibilización de las regulaciones sociales y ambientales son nocivas.
9. ¿Piensa que la minería en los próximos años mantendrá la misma gravitación que tiene en nuestra economía?
La minería seguirá siendo gravitante por un buen tiempo más. Forma parte de la matriz productiva del país. Sin embargo, debemos aspirar a una matriz productiva más diversificada, amigable con la naturaleza y respetuosa de los derechos de las poblaciones.
Fuente:http://cooperaccion.org.pe/dos-miradas-sobre-el-conflicto/
De acuerdo al último reporte de la Defensoría del Pueblo correspondiente a enero de este año, Puno aún sigue siendo la segunda región con más conflictos sociales reportados con 17, mientras Áncash se mantiene primero con 24.
Total rechazo es lo que ha mostrado el Frente de Defensa de Agricultores de San Lorenzo ante la incursión de una empresa minera que estaría formulando el proyecto ‘El Algarrobo’ para el tercer trimestre del año en esta localidad.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), ha emitido un llamado solicitando intervención urgente ante el conflicto entre la comunidad de Fuerabamba y la empresa minera Las Bambas.
Los dirigentes y la población de los cuatro distritos de la provincia de Melgar, amenazan con iniciar una medida de protesta, exigiendo el cierre definitivo de la empresa minera Aruntani SAC, que viene contaminado la cuenca Llallimayo.
El fiscal contra el Crimen Organizado de Abancay y Apurímac, Jafet Velásquez, informó a El Comercio que ha resuelto que Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, en Apurímac, sea puesto en libertad tras 8 días de detención preliminar en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).
El alcalde distrital de Mollebamba en la provincia de Santiago de Chuco denunció la desatención de las instituciones encargadas de fiscalizar la contaminación ambiental producida por la minería. Esta actividad ha generado impacto negativo en sus principales cuencas.
La liberación de Rojas es exigida por la comunidad andina de Fuerabamba.
El conflicto que se vive en el departamento de 
Hay mucha desinformación sobre el tema de Las Bambas en la prensa y en esta brevísima columna no se puede tocar la complejidad del mismo. La escribo este lunes tenso en que puede suceder en Cotabambas cualquier cosa. La protesta comenzó hace tres años (2015). La causa son las modificaciones inconsultas que la empresa y el Estado hacen al proyecto y que afectan a la gente. Una de las más graves es que se incumplió con la construcción de un mineroducto por temas económicos y se cambió de medio de transporte a una carretera. Paolo Benza tiene un tuit muy elocuente al respecto: “El mineral ahora sale en camiones. He tomado parte de la ruta de esos convoyes y levantan un huevo de polvo. Toneladas. ¿Por qué no se ha asfaltado esa pista? Porque somos Perú”.