Tras la paralización de actividades de Las Bambas a inicios de año, por el bloqueo de las vías por donde se traslada el material extraído de la mina, se instalaron hasta nueve mesas temáticas de trabajo en el marco del proceso de diálogo entre las comunidades, el Estado y la empresa minera. A pesar de ello, aún subsisten bloqueos de tramos pequeños de carreteras porque las comunidades aún no están de acuerdo con la valorización de sus terrenos cedidos para uso de la vía del corredor minero. Frente a las recientes declaraciones de los directivos de MMG, operador de Las Bambas, que deslizan la posibilidad de retomar la construcción del mineroducto, podría cambiar el contexto. Para conversar sobre el tema Noticias SER entrevistó a Ana Leyva Valera, Directora Ejecutiva de CooperAcción.

¿Cuál es la situación del conflicto en las Bambas luego del diálogo iniciado desde hace varios meses?

En algunas mesas se están avanzando y en otros se avanza menos, porque son 9 puntos y diversos espacios donde se trabaja. En el caso de la mesa de derechos humanos se ha tenido más de una reunión.

Algunos directivos de MMG informan que aún hay bloqueos de parte de comunidades de la carretera hacia la mina ¿Por qué sucede esto, si ya se tiene instalado mesas de diálogo y trabajo?

El tema de la carretera no entró en la mesa ambiental, sino se integró a la mesa de corredor minero, que tienen dos componentes; uno es la negociación de las tierras afectadas y el otro es el saneamiento físico legal de las mismas. En eso hay consenso, pero en el tema de los montos de pago no se llegó a establecer criterios y, por eso en el distrito de Mara hay una paralización porque no están de acuerdo con lo que les están ofreciendo.

¿Considera que en la población hay una sobre expectativa respecto al valor de sus tierras por la compensación que hará el MTC en el corredor minero?

No es que hay una sobre expectativa, el problema es que el manejo bilateral (entre el MTC y propietarios individuales) no ayuda. Se debieron establecer criterios comunes para todos, pero eso no se ha tratado. El frente de Defensa hizo una propuesta, pero no se tomó en cuenta.

¿Qué opina sobre las declaraciones de los directivos de MMG que indican que estarían evaluando la construcción del mineroducto?

En las mesas de dialogo MMG no ha mencionado la posibilidad de construir un mineroducto. Sólo se habló de la construcción de la carretera  a cargo del Estado, de los impactos ambientales y de la necesidad de una evaluación de transporte minero y sus impactos.

¿Usted que opina que ahora empiecen a hablar del mineroducto como una posibilidad no descartada?

Yo creo que la carretera está trayendo muchos problemas, porque lo han manejado mal y la gente ha sentido el impacto. Ahora el mineroducto no tiene  los impactos que tiene una carretera pero tiene otros que hay que evaluar. Por ejemplo el agua es muy importante cuando se traslada mineral a través de un mineroducto, además no olvidemos que cuando se contemplaba la construcción del mineroducto se incluía la construcción de una carretera asfaltada para el traslado de materiales e insumos para la construcción del mismo.

Algunos directivos de empresas mineras, como MMG, han señalado que un posible cambio de la Ley General de Minería generará incertidumbre y que la inversión se irá a otros países ¿Qué piensa al respecto?

Yo creo que tenemos muchos problemas y lo que está fallando son las reglas de juego. Tenemos  tantos conflictos sociales y eso es porque las reglas que rigen la inversión no son las más adecuadas, por ello hay que revisarlas y mejorarlas. La gestión ambiental tiene que mejorar. Por todo ello es necesario que se revise la Ley. En otros países, las malas prácticas reiteradas te hacen perder la concesión minera, mientras que en el Perú no. La idea es que quienes son irresponsables no se queden o se corrijan. En el Perú se dice que no se puede subir impuestos a las empresas porque dejamos de ser competitivos, o que no se pueden tocar los beneficios tributarios y todo esto está en la ley de minería. Somos un país donde los costos de producción del cobre son bajísimos, por lo tanto la rentabilidad es más alta que en otros países. Yo creo que el país tiene que debatir que minería quiere, cómo la queremos, bajo qué reglas y para qué se quiere.

Fuente:http://www.noticiasser.pe/entrevista/ana-leyva-en-las-mesas-de-dialogo-mmg-no-ha-mencionado-la-posibilidad-de-construir-un?fbclid=IwAR3w2iGSbzXunqqO1SeaxBTzY4yzmrLVFF-TPAUSEdujbCYj59v5q91Y8ds

Hace dos semanas, el IPE presentó un estudio, por encargo de la SNMPE, en el que repasaba algunos aspectos del sistema tributario minero en el Perú. De este ejercicio, posiblemente el dato que más se ha difundido es que la carga tributaria aplicada a la minería peruana sería de 47%, superior a la de otros países, como Australia (44%) o Chile (40%).

Más allá de la exactitud de estos porcentajes, el cálculo comparativo presenta un error significativo: no ha recogido los verdaderos costos de operación entre países, sino que han sido estandarizados, como si el costo de producir cobre, oro u otro mineral fuese el mismo en cualquier país.

Hace dos años, el Gobierno peruano, con datos de Wood Mackenzie, Cochilco y otros, presentaba un ranking de los principales países productores de cobre y sus respectivos costos efectivos operativos (o cash cost). En cobre, el Perú tenía el costo de producción promedio más bajo con 1.16 dólares la libra, mientras que Chile y Australia llegaban a 1.44 y 1.50 dólares la libra, respectivamente. ¿Qué significa esto? Que en el Perú producir cobre es 23% más barato que en Australia y 19% más barato que en Chile.

Lo interesante es saber qué sucede entonces con la rentabilidad minera. Si comparamos al Perú y a Australia utilizando los mismos datos de cálculo del IPE, en el caso de una empresa de cobre y luego de ajustar los costos  proporcionalmente por país, se obtiene que la renta neta luego de impuestos en el Perú equivale a 22.5% de las ventas, mientras que en Australia llegaría a solo 14.8%, es decir, una rentabilidad menor. La conclusión es que aunque en Australia fuese menor la carga tributaria, para un inversionista sería claramente más ventajoso invertir en el Perú.

¿Y cuál debería ser la carga tributaria en el Perú que haría indiferente a un inversionista minero venir aquí o a Australia? Con los datos utilizados por el IPE y los costos ajustados por país –en el caso del cobre– la carga tributaria peruana debería llegar a 64%, mientras la australiana mantenerse en 44%, con lo cual se obtendría el mismo nivel de rentabilidad.

Con este ejercicio no pretendo señalar que la carga tributaria del sector minero deba elevarse hasta 64%, pero sí destacar que el criterio de rentabilidad minera podría ser más objetivo al momento de discutir cuál debería ser la carga tributaria más adecuada para el país.

Independientemente de una carga tributaria alta o baja, lo importante es que la base impositiva de las empresas no termine siendo erosionada por prácticas de elusión, precios de transferencia, subcapitalización y otros. La SUNAT ya cuenta con las herramientas de control respectivas luego de la última reforma tributaria y esperamos que se logre una recaudación justa.

* publicado en el diario Gestión el 16 de setiembre

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/carga-tributaria-o-rentabilidad-minera/?fbclid=IwAR13g58gUp9FKyTem_fZ1YU0qMHcB2ReMyHvAvfartb3HDR-P8p3vjNsmlI

Como se había anunciado, hoy se han reanudado las protestas en el sur del país en contra del proyecto minero Tía María, mientras que en la misma ciudad de Arequipa se daba inicio a la Convención Minera (Perumin), en medio de fuertes medidas de seguridad.

Desde la madrugada de hoy se registró la llegada cientos de comuneros del Valle de Tambo a la ciudad de Arequipa. Del mismo modo, distintos gremios, sindicatos y agrupaciones sociales de las regiones de Cusco, Moquegua y Tacna, se movilizaron en medio del paro macro regional, en solidaridad con los pobladores del Valle de Tambo.

Ha trascendido que Perumin de este año presenta una caída de participantes. Según el sindicato hotelero de Arequipa, en comparación con otros años, se registra una baja sustantiva en la demanda de servicios de hospedaje en torno al evento. Además, Perumin competirá en esta edición con la Cumbre de los Pueblos Afectados por la Minería que se desarrollará en paralelo en Arequipa el 18 al 19 del presente. En el encuentro paralelo, las comunidades afectadas, diversos intelectuales y organizaciones sociales, discutirán los problemas sociales ambientales que genera la minería en los territorios.

Cabe señalar que la lucha de los pobladores del Valle de Tambo viene teniendo eco en otras protestas sociales. Así, los estudiantes de San Marcos, los trabajadores mineros agrupados en la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, los trabajadores de retail de Ripley, han manifestado su solidaridad con la lucha de los agricultores del Valle de Tambo.

En el propio Valle de Tambo el conflicto ha recrudecido en los últimos días. Ayer se registraron dos nuevos heridos por perdigones en un enfrentamiento de la población local con la Policía Nacional del Perú (PNP) en la carretera de Cocachacra, Islay. Se denuncia que uno de los heridos recibió un perdigón en la cara por lo cual debió ser trasladado a Arequipa de emergencia.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/09/16/tia-maria-nuevos-debates-y-enfrentamientos-en-el-sur-del-pais/?fbclid=IwAR2wqvxJHPRtG7Z1wzWU9sBNcuaM7W83zKMp0fMVF_TGPMKtMBO8h2sOF8I

Ante la negativa y la falta de diálogo de la Sociedad Nacional de Minería, respecto a la negociación colectiva por rama de actividad, y tras el rechazo al Pliego Nacional de Reclamos que contempla condiciones de seguridad y salud en el trabajo y condiciones y medioambiente de trabajo presentados por la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP) el gremio anunció para este 10 de setiembre una huelga nacional indefinida en todo el Perú.

Según Jorge Juárez, Secretario General de trabajadores mineros (FNTMMSP) la negociación por rama de producción se practica en el Perú, por ejemplo, en el sector construcción civil y el sector portuario. Sostiene que el sector minero necesita una negociación por rama de actividad donde se puedan establecer condiciones mínimas para los trabajadores de todas las empresas mineras. La negociación colectiva es de especial importancia en el sector minero dado que casi el 70% de sus trabajadores están tercerizados, lo que implica una mayor vulnerabilidad de sus derechos.

Según la estadística del Ministerio de Energía y Minas al año mueren alrededor de 30 trabajadores. Para Jorge Juárez, esta realidad se debe a las ineficientes condiciones de seguridad laboral en la mina. Asimismo, asegura que miles de trabajadores mineros de todo el Perú sufren problema de salud por la contaminación y las pésimas condiciones laborales que existen en el sector.

Pese al contexto de precariedad de los trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos el comité de Seguridad y Salud se vale del Decreto 023 que ha modificado a la ley 29783 que indica que son las empresas las que tienen la presidencia de este comité y con ello el voto dirimente. Entonces cuando los representantes de los trabajadores quieren que se discutan temas relacionados a las enfermedades laborales, accidentes o muertes, estos temas son desestimados y por votación se archivan, ya que la empresa argumenta que no son temas relevantes o que no corresponden a seguridad. Existe una parcialización por parte de los empleadores en cuanto a las condiciones de seguridad que establecen en su empresa.

A la fecha existen condiciones condiciones de trabajo que generan enfermedades del trabajo que son consideradas, por el Comité de Seguridad y Salud, como enfermedades comunes. Asimismo, se reportan constantemente accidentes de trabajo que también son desvirtuadas para que no sean considerados como accidentes de trabajo. Muchos trabajadores mineros están quedando en el desamparo al no poder desarrollar sus labores normales.

Jorge Juárez, Secretario General de la FNTMMSP, argumenta que el Pliego Nacional por rama de actividad, es un pedido legítimo por la reivindicación de los derechos laborales, la estandarización de condiciones mínimas para dar tranquilidad a los trabajadores en el sector minero.

Señala que el último proceso de negociación del sector minero fue el año 88’, que quedó truncado por  una Acción de Amparo que interpuso el empresariado y la persecución sobre los dirigentes obreros. Recién, después de 11 años, el Tribunal Constitucional emite una sentencia favorable a los trabajadores mineros, reafirmando que sí pueden llevar adelante una negociación por rama de actividad.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/09/06/huelga-indefinida-de-trabajadores-mineros-en-todo-el-peru/

La Policía Nacional ha mostrado mano dura con los hombres y mujeres que protestan contra el proyecto minero Tía María, en el valle de Tambo. Durante la jornada de protesta de este miércoles los agentes rociaron con gas pimienta a un grupo de mujeres que habían sido reducidas en medio de los cerros de La Tapada, en Cocachacra.

En imágenes transmitidas por medios locales se aprecia a un grupo de agentes disparando bombas de gases lacrimógenos y piedras contra los manifestantes. En medio del enfrentamiento un grupo de mujeres fueron sitiadas en los cerros por los efectivos. Ellas se niegan a descender y permanecen sentadas en el lugar. En ese instante uno de los  efectivos rocía sobre ellas el gas pimienta. Se oyen gritos de otros manifestantes que rechazan y reclaman la actitud de los efectivos.

Los policías, en mayor número que otros días, buscaron disuadir a los manifestantes que luchaban por llegar a la Panamericana Sur por una vía carrozable que conecta Cocachacra con El Fiscal. La marcha era seguida por el sobrevuelo de un helicóptero y, desde lo alto, se pedía a la gente descender o serían detenidos por la policía.

Los manifestantes, por su parte, recurrieron a sus huaracas y lanzaron piedras a los policías con el propósito de cumplir su cometido. En medio de la pelea, los periodistas que se encontraban presentes también fueron alcanzados por los gases.

Más tropas de la policía

Este miércoles tropas de agentes de la Policía Nacional ingresaron con tanquetas al valle de Tambo, con la intención de desbloquear las vías que conectan los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia, La Punta de Bombón y Mollendo.

Las arterias han permanecido obstruidas desde el inicio del paro indefinido que ocurrió el 15 de julio. La presencia del contingente sería para retirar a los manifestantes que se mantienen en huelga indefinida contra el proyecto minero Tía María.

De igual forma, la Ugel Islay tuvo que acceder a la suspensión de las labores escolares debido a que los estudiantes no asistían a las aulas. Debido a que los estudiantes corren el riesgo de perder el año académico, este jueves llegaría la ministra de Educación, Flor Pablo, para persuadir a los manifestantes que permitan el reinicio de las labores.

Colectivo reclama diálogo por Tía María

Nuevamente, un colectivo denominado Frente de Defensa de Nuestra Arequipa, apareció en el panorama.

El grupo es liderado por Percy Lozada Moscoso, afiliado al PPC,  quien pidió la instalación de una mesa con los actores y representantes del pueblo.

Además, pidió a las autoridades abrir el diálogo y buscar una solución al conflicto.

Fuente:https://elbuho.pe/2019/09/tia-maria-policias-reprimen-con-gases-lacrimogenos-a-mujeres-en-protesta/?fbclid=IwAR1ejpc3M3tDs84oSGRAMhtv0iuKHdaY_fQRcGfOi0-DI_sVKOAkytD5iBA

Tras haberse comprobado otro derrame de relave minero al cauce del Río Mishka en la comunidad de Raccaya, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Fajardo, César Palomino Cárdenas, denunció penalmente a la Minera Catalina Huanca como responsable de un grave delito ambiental. Según detalló la autoridad edil,

existe una actitud denula responsabilidad social y medioambiental de la empresa, situación que desencadena en graves consecuencias como la muerte y el envenenamiento del río Mishka y sus afluentes, agua que sirve para la agricultura y consumo humano en la provincia de Fajardo.

La denuncia fue formulada ante la Fiscalía Provincial de Fajardo para iniciar con las investigaciones y determinar las responsabilidades, además de establecer la sanción que corresponde. Se sabe que en los próximos días, el escrito debe ser derivado a la fiscalía especializada en delitos ambientales.

Palomino Cárdenas, señaló que esta no es la única vez que ocurre un delito ambiental como este. Indicó que la Minera Catalina Huanca, desde que empezó sus operaciones presenta una actitud de constante negligencia con la disposición del relave, motivo por el que ya fue sancionado en varias oportunidades por la OEFA.

Historial

En marzo del 2008, la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) había confirmado que las aguas de los ríos Mishca, Chuquiputa, Raccaure y Sondondo estaban contaminadas por acción de la minera. La minera fue sancionada con ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir unos 28,000 soles, al comprobarse que el río, afluente del río Sondondo, contenía altos niveles de arsénico y plomo.

Asimismo, en el año 2010, en base al informe de 691 de la Dirección de Salud Ambiental, el representante de la Defensoría del Pueblo de Ayacucho, Jorge Fernández Mavila, informó que mediante una evaluación de las aguas de los ríos que abastecen a las minas de la empresa Catalina Huanca se ha descubierto que contienen altas cantidades de arsénico y plomo, sustancias químicas altamente peligrosas para los usuarios de los ríos de esta zona.

En el año 2011, contaminó la vertiente del río Raccaure. Situación por el que la empresa salió bien librado aunque los perjuicios continúan en la zona.

En el año 2012, OEFA tras una fiscalización, evidenció que depósitos de relaves eran directamente vertidos al río Mishka por lo que la empresa Catalina Huanca Sociedad Minera fue multada con 60 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a S/.219, 000 por quebrantar normas ambientales.

Fuente:http://jornada.com.pe/local/16924-alcalde-formula-denuncia-penal-contra-minera?fbclid=IwAR3rMnUaHSAkT42R1zaCqScKY85JY0eft9WkEDPyCRi2DLZJqKDLKh9zPas

10 de Set. Desde la mañana de hoy se reportaron heridos en el enfrentamiento entre la Policía Nacional del País (PNP) y la ciudadanía en el distrito de Mara, Cotabambas, Apurímac. Así mismo, pobladores de la localidad reportan varios heridos, entre los que se registran mujeres y niños.

Aproximadamente 200 efectivos policiales ocuparon la localidad durante horas de la mañana para iniciar la apertura de la vía del corredor minero. Alrededor del mediodía, con maquinaria pesada, perdigones, bombas molotov y lacrimógenas la policía liberó los terrenos aledaños al corredor minero provocando la reacción de la población en Mara.

Ante el estancamiento de las negociaciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), este lunes los propietarios de los terrenos aledaños a la carretera, desde el Puente Ichuray y Saywa, tomaron posesión de sus respectivos terrenos. Hasta la fecha no se han determinado acuerdos con el MTC respecto al uso de la vía del corredor minero, la cual se ha ampliado sin negociación previa con los propietarios de los terrenos.

Inicialmente la vía era vecinal, luego, provincial, regional y ahora llega a categorizarse como vía nacional. Es por ello que recae la competencia directamente en el MTC. El mismo Estado ha reconocido que se han cometido errores y buscan darle solución al conflicto negociando con los propietarios.

Pese a que el proceso de diálogo se viene dando desde hace un año, las negociaciones sobre el precio del metro cuadrado se han detenido. El MTC ha fijado como precio para todos los terrenos 25 soles por metro cuadrado y se denuncia que agentes del Ministerio están negociando bilateralmente con los propietarios. Esta situación ha generado desconfianza y una percepción de injusticia en el procedimiento. Por ello, desde hace un mes la comunidad de Mara ha tomado posesión de sus propiedades y parte de la carretera, demandando una negociación justa y transparente.

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/corredor-minero-heridos-por-enfrentamiento-en-mara/?fbclid=IwAR1pBHJIws_vH1KfFErokWXdgztBOv96YtkH4pDg9B-7eeoPNadD1t1yd8w

Crónica de una guerra sorda que lleva 55 días poniendo en riesgo la vida de manifestantes y policías y la economía de los pueblos de esta región.

Aunque la prensa ya no se ocupa del asunto, los enfrentamientos entre policías y agricultores no han cesado en el valle de Tambo. A 55 días de haberse iniciado la huelga indefinida contra el proyecto Tía María, aumenta la cifra de heridos sin que ninguna entidad estatal lleve el control. Precisamente, este sábado por la tarde, se registraron dos heridos por proyectil, el más grave ingresó de emergencia al hospital de Mollendo. Un segundo herido alcanzado por un perdigón en la pierna prefirió no atenderse en ningún centro de salud.

Así, cientos de personas viven bajo una tensión permanente debido a que el conflicto social no parece tener fin. Los bloqueos siguen allí desde hace dos meses, principalmente en las vías que conectan los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia, La Punta de Bombón y Mollendo.

En el valle de Tambo las labores escolares siguen suspendidas, pese a que las autoridades educativas decidieron retomarlas este viernes. Los padres no quieren exponer a sus hijos, pero tampoco quieren que el decaimiento del paro deje la situación otra vez en el mismo punto, como ocurrió en 2011 y 2015.

También se han visto afectadas las actividades comerciales y de transporte que atienden de manera parcial. En cambio, las actividades agrícolas continúan porque son su sustento familiar. Se han organizado de forma que por la mañana trabajan las chacras y por la tarde protestan.

Enfrentamientos diarios

A diario se suscitan enfrentamientos entre policías y manifestantes que rechazan el proyecto minero. El jefe policial en Arequipa, Roy Ugaz, informó hace algunos días que había más de 90 policía heridos por piedras y solo dos manifestantes; pero estos son solo los más graves, que debieron ser internados en el hospital. La mayor parte de los manifestantes que registran heridos después de cada enfrentamiento, no acude a los centros de salud, por temor a ser detenidos.

El escenario de la lucha se ha ido trasladando de los cerros de La Tapada – donde se planea construir la mina – a las riberas del río Tambo, lado noreste de Cocachacra. Otros días es en la Panamericana Sur, a la altura de El Fiscal; y otro tanto, en Mollendo o Matarani.

En estas jornadas, no hay ningún dirigente visible, ni políticos. Los protestantes, jóvenes y mujeres en su mayoría, pugnan por llegar a la Panamericana Sur por una vía carrozable; sin embargo, la policía los reprime con perdigones, gases y piedras y lo hacen a campo traviesa. Los manifestantes aducen que su interés es llegar a la Panamericana Sur, sector El Fiscal, para marchar pacíficamente por unas horas. Sin embargo, la policía cree que la masa pretende bloquear la vía y cortar el tránsito como ocurrió en los primeros días de la huelga. Acto seguido se producen las peleas.

Los “espartambos”, jóvenes con los rostros cubiertos, que portan simbólicos escudos de madera y huaracas, son la primera línea del contingente. Ellos son los que se enfrentan a los efectivos lanzándoles piedras con sus técnicas ancestrales. Aunque, este último sábado utilizaron también fuegos pirotécnicos, pero solo generaron un espectáculo de luces en el cielo, antes que hacer retroceder a la policía.

Los efectivos responden a los manifestantes también con huaracas. Les lanzan piedras desde la parte alta de los cerros. También, arrojan gases lacrimógenos y perdigones desde el lado opuesto del río. Tienen resguardados los accesos y han sitiado en las últimas semanas a los protestantes. “No nos dejan protestar que es nuestro derecho, nos tienen secuestrados”, se quejaron varios.

El conflicto afecta a quienes no desean participar de la protesta. Ayer una pareja de ancianos se vio envuelta en medio del choque de policías y manifestantes. Ambos bandos tuvieron que interrumpir sus ataques para que pudieran cruzar la trocha y continuar su camino a casa.

Los heridos invisibles de Tía María

La cifra de manifestantes heridos es desconocida porque no existe un registro oficial de parte de las autoridades. Los propios pobladores no se atreven a dar los nombres por temor a ser procesados más adelante. Sin embargo, en casos en los que se compromete gravemente su salud acuden necesariamente a los hospitales. Ese fue el caso de Hugo Roque Flores, un joven de 23 años que resultó herido durante los enfrentamientos.

El abogado Arturo Dueñas, que defiende a los manifestantes, señaló en horas de la noche que el joven ingresó con una herida en el abdomen causado por un proyectil. Debía ser sometido a una intervención quirúrgica y el caso sería investigado por la fiscalía. También dijo que otros dos heridos de gravedad llegaron en los últimos días al hospital de Essalud de Mollendo. Se trata de la joven Anabella quien tuvo herida de proyectil en el brazo izquierdo y Carlos Tapia, herido en el pecho.

Un segundo herido también se registró en ese momento, pero no llegó a ningún centro de salud. Sin embargo, circularon imágenes donde se apreciaba que tenía una herida en la pierna.

Algunos jóvenes también sufren los efectos de los gases o son alcanzados por algunas piedras o perdigones, pero se resisten a ir un centro de salud. Son atendidos por los propios manifestantes que aprendieron a llevar pequeños botiquines en sus jornadas diarias.

Más marchas y protestas ignoradas

Los manifestantes anunciaron que las marchas y protestas van a continuar. En la última reunión del viernes, acordaron trasladarse a la ciudad de Arequipa para el siguiente 16 de setiembre, fecha que coincide con el inicio de la convención minera Perumin.

De igual forma, planifican hacer una marcha de sacrificio hacia la ciudad de Lima, donde ignoran su protesta. La fecha aún no está definida, pero proponen que sea a finales de este mes o cerca al día en que se realizará la audiencia de apelación ante el Consejo de Minería. Esto es por el contencioso presentado por la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, contra la licencia de construcción otorgada a Tía María.

De igual forma, las regiones de Cusco, Puno, Apurimac, Moquegua, entre otras, han comunicado la realización de una protesta macroregional que dará inicio este 16 de setiembre. El dirigente Miguel Meza, que en estos últimos días, ha estado delicado de salud, manifestó que la lucha social continuará hasta que el gobierno de Martín Vizcarra decida cancelar definitivamente el proyecto minero.

En tanto, padres y docentes del valle están preocupados por las labores escolares y han pedido que sea considerado por los manifestantes. La siguiente semana se reunirán nuevamente los alcaldes de Islay para evaluar qué acciones se podrían tomar tras casi 60 días de protesta.

De esta manera, la población agrícola que hoy se entrena en la técnica de la huaraca, libra sus luchas en soledad. Aislados de la ciudad de Arequipa, amordazados por el silencio mediático, sin dirigentes visibles y con una determinación a prueba de balas, sigue blandiendo su bandera verde. Aunque la mayoría no quiere hablar con los periodistas, solo atinan a repetirnos una frase, «Agro sí, mina no».

Fuente:https://elbuho.pe/2019/09/tia-maria-heridos-y-enfrentamientos-diarios-en-el-valle-de-tambo-fotos/?fbclid=IwAR02DuF6Xtn8bI5Ax8XMrE4Vr9yDzfRjCUbKy40Tudi2z0PLzEWs0eptxrU

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que declara infundada la demanda interpuesta por Cerro Verde, cierra la controversia de las mineras que rechazaban pagar el aporte por regulación al OEFA. El abogado especializado en materia ambiental analiza el historial de medidas que las compañías impulsaron para evitar ese pago en los últimos años.

os intentos para debilitar la fiscalización ambiental en el Perú son conocidos. Desde su creación, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), ha sufrido varios intentos que buscan evitar su funcionamiento. Y en ese contexto, quienes deberían fortalecer esta labor de fiscalización, han recurrido a diversas estrategias para evitar su existencia y operación.

Recordemos que cuando el OEFA nació, el año 2008, no tenía recursos y el Ministerio del Ambiente tuvo que transferir dinero de su presupuesto para que este iniciara sus funciones. Al mismo tiempo, la transferencia de competencias de Osinergmin se dio sin recursos. Todo ello hacía prever una limitada posibilidad para ejercer su rol.

El fallo establece que debe garantizarse la provisión de los recursos adecuados a las entidades a cargo de la supervisión

Luego, algunas normas generaron mecanismos para asignar el presupuesto mínimo que le permitiera una adecuada fiscalización ambiental. El 2013, la Ley del Presupuesto del Sector Público estableció que “las funciones de supervisión y fiscalización en materia ambiental, relacionadas a las actividades de energía y minería que desarrolla el OEFA se financian con cargo al aporte por regulación”.

Este aporte jugó y juega un rol fundamental para que el OEFA ejerza su función fiscalizadora, por ejemplo, para la mediana y gran minería. La autoridad ambiental verifica que todas las obligaciones asumidas por las empresas se estén cumpliendo y que esas actividades no afecten el ambiente. Por ende, el OEFA es un garante de que las inversiones se realicen de manera adecuada. Sin embargo, en los últimos años, han habido diversos intentos para evitar que las mineras paguen el aporte por regulación.

Con fecha 15 de agosto de este año, el Tribunal Constitucional declaró infundado el recurso de agravio Constitucional presentado por la empresa minera Cerro Verde S.A en el proceso judicial que ésta iniciara en marzo del año 2014, mediante una demanda de amparo contra el Estado peruano (PCM, MEM,OEFA), para evitar que el OEFA aplique el aporte por regulación, una contribución que pagan las empresas de gran y mediana minería para financiar las funciones de fiscalización ambiental que realiza esta entidad. Este proceso judicial ha sido uno más dentro de muchas otras acciones que las empresas mineras emprendieron contra el aporte por regulación. Hasta la fecha todos han sido desestimados.

En este proceso, Cerro Verde solicitó la inaplicación del Decreto Supremo  130-2013-PCM, norma que operativiza el cobro del mencionado aporte, con el argumento de que vulneraba los principios de reserva de ley, legalidad y no confiscatoriedad. De manera concreta, señaló:

• El aporte por regulación es un tributo creado por decreto supremo y no por ley como lo dispone la constitución en su art. 74 (principio de reserva de ley).
• Que la norma reglamentaria que lo crea tiene como sustento la ley del presupuesto del sector público del año 2013, que por su naturaleza tiene prohibido referirse a materia tributaria.
• No existe ley alguna que autorice a OEFA como acreedor tributario, es decir, que autorice a esta entidad a cobrar directamente los montos recaudados por concepto de aporte por regulación.
• Los montos cobrados vulneran el principio de no confiscatoriedad, que consiste en “no afectar de manera irrazonable y desproporcionada la esfera patrimonial de las personas”. Considera desproporcionado tomar como base imponible un porcentaje de la facturación anual y no el valor del costo real del servicio o actividad que las empresas reciben del Estado.

En su sentencia, el TC se pregunta si el Decreto Supremo 130-2013-PCM crea realmente un nuevo tributo, distinto al aporte por regulación establecido por el artículo 10 de la Ley 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos. Concluye que se trata del mismo aporte y que sus  alcances lo precisan la cuadragésima octava disposición complementaria final de la Ley 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2013; la tercera disposición complementaria final de la Ley 30011, que modifica la ley del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental; la Ley 30115, Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año 2014; y la ley 30282, Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año 2015. El TC señala que todas esas leyes señalan a OEFA como acreedor tributario del aporte por regulación con el objeto de financiar sus actividades institucionales.

Para el TC, de esas normas y de la Ley 29732, se desprende la tarea de la PCM y de otras carteras ministeriales de precisar y fijar, a través de una norma reglamentaria (infralegal),  los montos del aporte por regulación que serán materia de cobro, hecho que se materializa en el D.S. 130-2013-PCM. Sobre la falta de autorización a OEFA como acreedor tributario, el TC afirma que esa autorización se da en las leyes 29951 y 30011.

Sobre el cuestionamiento a la forma de fijar la cuantía, el TC señala que no existe norma tributaria que contemple la obligación de los acreedores tributarios de contar con una estructura de los costos del servicio de la actividad estatal que el aporte busca financiar.

El TC considera que las labores institucionales de OEFA generan beneficios para la sociedad en general, pero también para las empresas contribuyentes del aporte por regulación, pues con sus acciones se optimiza el funcionamiento del mercado.

Además, considera que el costo de la actividad que se busca financiar sería mayor si se toma en cuenta las consecuencias del impacto al ambiente que podría producirse debido al incumplimiento de las normas ambientales.

Igualmente, el TC señala que el Arancel de Fiscalización Minera (AFM) que pagan las empresas es de naturaleza distinta al aporte por regulación. El primero es un monto muy pequeño que deben abonar los titulares de la actividad minera por las acciones de fiscalización o exámenes especiales, que realizan los fiscalizadores externos. Indica que se creó con el objeto de solventar las acciones de supervisión de campo, y pagan únicamente los honorarios del fiscalizador. A diferencia de ello, el aporte por regulación es una contribución para pagar las actividades del OEFA, las que comprenden todo el macroproceso de fiscalización ambiental que involucra labores de supervisión, fiscalización, evaluación, control y sanción en materia ambiental.

El TC indica también, que el incremento de la actividad minera ha generado la necesidad de establecer el aporte por regulación,  que ha sido necesario contar con él para lograr que las  entidades fiscalizadoras sean lo suficientemente sólidas para garantizar el derecho a gozar de un ambiente sano.

Sobre la razonabilidad y proporcionalidad del pago, el TC afirma que pagan más quienes más facturan, que son las empresas que más minerales extraen,  y cuya magnitud de los impactos de su actividad puede ser mayor.

A ello añade, que se  ha cumplido con lo estipulado en el artículo 10 de la Ley 27332, es decir, el tope máximo fijado para esta contribución (1.00% de lo facturado), toda vez que conforme a los Decretos Supremos 127, 128, 129 y 130-2013-PCM, que aprueban los aportes por regulación del sector energético y minero a favor de Osinergmin, OEFA y el MEM, la suma de los cobros efectuados por dicho concepto no ha superado el tope máximo. Por ejemplo en el 2014 OEFA, OSINERGMIN y MEM en conjunto recaudaron solo el 0.36%; el 2015, el 0.34% y el 2016 el 0.29%. Es decir, juntas no superaron el tope del 1%, es más, año a año la contribución ha ido disminuyendo.

Finalmente debemos decir que esta noticia es muy positiva, pues garantiza a OEFA recursos que le permiten desarrollar sus actividades con mayor solvencia. Esto es muy importante porque las actividades evaluación, supervisión y fiscalización ambiental suelen ser muy costosas.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/la-legalidad-del-aporte-por-regulacion-que-cobra-oefa-a-las-empresas-mineras-ha-sido-confirmada-por-el-tribunal-constitucional/