Perú

Perú retira derechos mineros a Nuevo Arcoiris

21/01/2021
Imagen referencial

El Ministerio de Energía y Minas de Perú derogó hoy (21 de enero) los decretos supremos emitidos por la administración del presidente Sagasti a fines del 2020 otorgando derechos mineros en la frontera de Piura (distrito de Tambo Grande) a la minera Nuevo Arcoiris.

Este requisito era un paso previo necesario para continuar con el procedimiento de concesión minera.

¿Qué se eliminó? En concreto el DS 028-2020-EM emitido a fines del año pasado, en la que se declaraba de necesidad pública la inversión privadas en actividades mineras, con la finalidad que Nuevo Arcoiris adquiera y posea concesiones y derechos sobre minas y recursos complementarios para el mejor desarrollo de sus actividades productivas, dentro de los cincuenta kilómetros de la frontera norte del país.

Se la autorizó -con este decreto- a adquirir 12 derechos mineros, ubicados en el departamento de Piura, en la zona de frontera norte del país. Mientras que a través del DS N° 027-2020-EM se la autorizó a adquirir 9 derechos mineros, ubicados en el departamento de Piura, también en la zona de frontera específicamente en el distrito de Tambo Grande / Sullana.

Nuevo Arcoiris es una empresa peruana que tiene como inversionista a Tesoro Minerals, persona jurídica constituida bajo las leyes de Canadá, con un porcentaje de acciones de 99.9996 % y a Raúl Ferreyra Martínez, persona natural de nacionalidad peruana, con un porcentaje de acciones de 0.0004%.
Hudbay Minerals

Por otro lado, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que interviene para viabilizar diálogo entre autoridades y dirigentes de la provincia cusqueña de Chumbivilcas y empresa Hudbay Minerals, operadora del proyecto minero Constancia, con el fin de alcanzar el consenso para suscribir un Convenio Marco que traiga beneficios a la población.

Para tal efecto, el Minem propuso que la mesa de diálogo se realice este 22 de enero en el distrito de Santo Tomás. También señaló que este reinicio del diálogo debe estar acompañado con el restablecimiento de la calma social en la citada provincia, por lo que hizo un llamado a deponer el bloqueo de carreteras y otras medidas de fuerza.
Fuente: Con información de Gestión y el Minem

Perú retira derechos mineros a Nuevo Arcoiris

Perú

Cusco: comuneros de Chumbivilcas continúan protesta contra minera Hudbay pese a lluvias, granizada y nevada

Pobladores permanecen a inmediaciones de la mina Constancia; mientras que el Minem ha convocado a una mesa de diálogo para este 22 de enero.
Cusco: Comuneros de Chumbivilcas permanecen apostados por inmediaciones de la mina Constancia en protesta contra la empresa minera Hudbay, pese a las lluvias, granizo y nevada. (Foto Difusión)

El Comercio
21/01/2021
Pese a las lluvias, granizada y nevada, decenas de comuneros de la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, continúan en huelga indefinida desde hace una semana contra la minera Hudbay. Ellos exigen la firma de un convenio marco y la asignación presupuestal de 50 millones de soles anuales.
En este emplazamiento, los manifestantes, pobladores y autoridades de Chumbivilcas, también exigen la nulidad de la Tercera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental, señalando que esta se realizó de manera inconsulta durante la pandemia del COVID-19.

Cusco: Pobladores sigues apostados por inmediaciones de la mina Constancia y pese a la inclemencia del clima permanecen en protesta. (Foto Difusión)
Además solicitan fiscalización ambiental por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en los distritos de Chamaca, Velille y Livitaca, donde los pobladores acusan contaminación debido a la presencia de la minera.

En tanto, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha convocado a una mesa de diálogo este 22 de enero a la que invitaron a las autoridades y dirigentes de Chumbivilcas; así como a los representantes de Hudbay.

Se ha cuestionado la devolución, por parte de las autoridades de Chumbivilcas, de 120 millones de soles al Estado, que debían ser ejecutados en obras y pese a ello solicitan más presupuesto a la minera. Frente a esto las autoridades señalaron que no se ha podido avanzar con todos los proyectos ya que estos requieren financiar expedientes técnicos y sus municipalidades carecen de partidas para ello.
DATO
Hasta la fecha, los dirigentes no han presentado un plan de inversión que justifique la demanda del 7% de las utilidades de Hudbay.
https://elcomercio.pe/peru/cusco-comuneros-de-chumbivilcas-continuan-protesta-contra-minera-hudbay-pese-a-lluvias-granizada-y-nevada-nnpp-noticia/

Perú

Gobierno deroga Decretos Supremos inconstitucionales que afectaban los derechos fundamentales de la población de Tambogrande en Piura

En saludable y oportuna rectificación
21/01/2021
El día de hoy ha sido publicado el Decreto Supremo No. 001-2021-EM que deroga los Decretos
Supremos Nos. 027-2020-EM y 028-2020-EM (publicados el 8 de diciembre de 2020) que declaraban
de necesidad pública la inversión minera dentro de los 50 kilómetros de zona de frontera,
específicamente en el Valle de San Lorenzo, dentro del territorio del distrito de Tambogrande y en
menor medida en el distrito de Las Lomas, en la región Piura.
Esto se hizo, tal como se señala en dichos decretos supremos derogados, para permitir que la
empresa de capitales canadienses Nueva Arcoiris obtenga derechos mineros en esa zona de
frontera, sin que existan razones reales de necesidad pública para ello y vulnerándose la prohibición
expresa establecida en el artículo 71o de la Constitución Política del Perú.
Al mismo tiempo, con esta infundada declaratoria de necesidad pública y otorgamiento de derechos
mineros, se vulneraban derechos fundamentales de las poblaciones ubicadas en los distritos de
Tambogrande y Las Lomas (Valle de san Lorenzo) que tienen como actividad económica principal a
la agricultura y a la exportación de productos agrícolas desarrolladas de manera exitosa y que ya
antes habían rechazado el desarrollo de proyectos mineros en sus tierras.
En efecto, el 2 de junio de 2002, en la Primera Gran Consulta vecinal en Latinoamérica, el 98% de
la población del distrito de Tambogrande le dijo NO A LA MINERIA Y SI A LA AGRICULTURA, con lo
cual quedó evidenciado que la población tambograndina había decidido continuar con su modelo
de desarrollo socio-económico basado en la agricultura y en la agroexportación exitosa que había
logrado desde hacía muchos años antes, como en el caso de la producción de mango y limón.
Sin embargo con los decretos supremos ahora derogados, el actual gobierno pretendió desconocer
esta decisión libre, democrática en histórica en Latinoamérica del pueblo de Tambogrande,
otorgando 20 derechos mineros a la empresa Arco Iris sobre el territorio del distrito (que abarcaban
16,300 hectáreas).
Frente a ello, la población del distrito de Tambogrande, encabezados por su actual Alcalde Distrital,
Alfredo Rengifo, desde el mismo día de publicación de dichos decretos supremos cuestionados,
expresó su firme oposición a esta decisión inconsulta del gobierno central y exigieron públicamente
la inmediata derogatoria de los mismos, con marchas, pronunciamientos y en reuniones con la
Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro de Energía y Minas y otras autoridades
gubernamentales.Después de dichas entrevistas, Alfredo Rengifo señaló que había expresado, en nombre del pueblo
de Tambogrande, que debía de rectificarse la decisión del gobierno central y derogar los decretos
supremos en cuestión, para evitar una nueva situación de conflicto social, porque de no hacerse la
población de Tambogrande iba a exigir en manifestaciones públicas (como ya lo venía haciendo) el
respeto a la dececisión asumida en la Consulta vecinal del 2 de junio de 2002. En ese sentido,
trascendió que las autoridades del gobierno central se habían comprometido en revisar el tema
hacia el día 20 de este mes de enero.
En este caso, felizmente, el gobierno atendiendo las demandas de la población de Tambogrande, en
el cuarto párrafo del Decreto Supremo No. 001-2021-EM precisa: “ … la información
complementaria y actualizada sobre la situación socio-económica en el distrito de Tambogrande
ubicado en el departamento de Piura hace necesaria, en el marco de lo establecido en el artículo71o
de la Constitución Política del Perú, la reevaluación de la necesidad pública que sustentó la emisión
de los Decretos Supremos N° 027-2020-EM y N° 028-2020-EM …” y; en el quinto párrafo del mismo
decreto supremo agrega que el otorgamiento de derechos para el aprovechamiento sostenible de
los recurso naturales debe de realizarse en armonía “… con el bien común …”, por lo que resuelve
derogar los aquí citados decretos supremos.
En relación a ello, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, que acompañó la
lucha del pueblo de Tambogrande y la realización de la Consulta Vecinal antes citada, en forma
conjunta con otras organizaciones de defensa de los derechos humanos y del ambiente; expresa su
satisfacción y saludo al pueblo de Tambogrande por mantenerse firme y unido en la defensa de su
modelo de desarrollo socioeconómico, así como expresa su satisfacción por la oportuna
rectificación del gobierno central, en consonancia con la necesidad de respetar la genuina, libre y
democrática decisión del pueblo de Tambogrande. Asimismo, exige al gobierno mantener la misma
actitud de respeto a las decisiones de las poblaciones en otros casos similares como en el Valle del
Tambo (distrito de Cocachacra, Islay, Arequipa).

Área de Prensa Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
Telf: (+51 1) 4250211 / 4250209 / 999094914
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Perú

PROYECCIÓN DEL CANON DE LAS BAMBAS SERÁ AGENDA EL 20 ENERO EN CHALHUAHUACHO

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Alerta informativa Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú
20/01/2021
Foto: Ojo Público
La presentación del Informe sobre la proyección del canon minero para el miércoles 20 enero, por parte de la Comisión Técnica encargada, fue el décimo acuerdo del Acta de Chalhuahuacho suscrita al final de la reunión del pasado 09 de diciembre, por las autoridades municipales y dirigentes del distrito de Chalhuahuacho, en la región Apurímac.

Entre las organizaciones participaron la Federación Campesina del distrito de Chalhuahuacho, Frente Único de Defensa y Desarrollo de los Intereses del Distrito de Chalhuahuacho, Comunidades Campesinas, la autoridad municipal provincial de Cotabambas, el gobernador regional de Apurímac, los titulares de los ministerios de Energía y Minas, de Desarrollo Agrario y Riego y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, el representante de la empresa minera Las Bambas y el congresista por Apurímac, Lenin Checco.

Lamentablemente esta Reunión de Diálogo estuvo precedida de un paro que se inició el 23 de noviembre del año pasado. Tal como lo reseña la Defensoría del Pueblo en su reporte mensual, el 23 de noviembre del 2020 los dirigentes de Chalhuahuacho solicitaron al Presidente del Consejo de Ministros que se retome la Mesa de Diálogo; ante la desatención, el 30 de ese mes iniciaron un paro que incluyó el bloqueo del ingreso a la mina a la altura de Quehuira, el que se suspendieron el 7 de diciembre ante la respuesta gubernamental de desarrollar la reunión el 9 de diciembre en Chalhuahuacho.

Actualmente la empresa Las Bambas está cumpliendo con las regalías que anualmente corresponden; pero aún el progreso de las ventas que se iniciaron en el segundo semestre del 2017 hasta la fecha, a un ritmo promedio anual de 2,509 millones de dólares (2017 al 2019) no se ha traducido en canon porque no ha reportado utilidades; si no hay utilidades no hay impuesto a la renta, con lo cual no hay canon porque constituye el 50% del impuesto a la renta. El ingreso del canon fue una de las promesas que influyó en la aceptación de la actividad minera en sus distritos (Challhuahuacho, Tambobamba y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, y el distrito de Progreso, provincia de Grau), todos ubicados en zonas altoandinas donde buena parte de la población se organiza en comunidades campesinas postergadas en atención estatal históricamente. En tiempos como los actuales, en medio de la pandemia y las restricciones, se reactiva la expectativa de las autoridades municipales y regionales por contar con mayores ingresos y de las comunidades por influir en las decisiones sobre el destino de la inversión local con el canon.

Esa promesa fue acompañada de un año probable de canon: 2021, tal como lo recuerdan los actores locales y lo están reclamando; lo que ha sido atendido con la conformación de esta Comisión Técnica. Resulta de suma importancia que exista transparencia, sinceramiento y responsabilidad no sólo técnica sino también social en la estimación que realicen para identificar desde cuándo con alta probabilidad se iniciaría la ejecución del canon, especialmente en la información base- de ventas, costos, depreciación, inversión/reinversión – que presenten tanto la titular minera Las Bambas, como las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas que forman parte de esta Comisión donde participan representantes de la sociedad civil, el gobierno regional, la municipalidad distrital de Chalhuahuacho y el congresista por Apurímac antes mencionado.

Perú

Cusco: se reactiva conflicto minero en Chumbivilcas tras frustarse mesa de diálogo

[email protected]
17/01/2021
La Republica
Pobladores acatan huelga indefinida.
La cita se debió realizar en las instalaciones del campamento minero, pero funcionarios y representantes de la empresa argumentaron que el lugar no guardaba las garantías de seguridad y sanidad.

Cusco. Autoridades y pobladores de la provincia de Chumbivilcas decidieron iniciar una huelga indefinida. Ellos tomaron como una falta de respeto la ausencia de los representantes de la minera Hudbay a la mesa de diálogo programado para el viernes último, donde se vería el tema del convenio marco.

Según informan los manifestantes, la cita se debió realizar en las instalaciones del campamento minero, pero funcionarios y representantes de la empresa argumentaron que el lugar no guardaba las garantías de seguridad y sanidad.

Organizados en un comité de lucha, hicieron conocer su plataforma en la que consignan tres puntos: el cumplimiento de la responsabilidad socio-ambiental de la minera reflejada en un convenio marco, la nulidad de la tercera modificatoria del estudio de Impacto Ambiental y la inmediata fiscalización de la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Piquetes y ollas comunes, instalados en el sector de San Antonio cercano al puente Chilloroya en la vía que conduce al campamento minero de Hudbay fueron las primeras manifestaciones de protesta.
https://larepublica.pe/sociedad/2021/01/17/cusco-se-reactiva-conflicto-minero-en-chumbivilcas-tras-frustarse-mesa-de-dialogo-lrsd/

Perú

LOS CRIMINALIZAN POR LIDERAR LA OPOSICIÓN A TÍA MARÍA EN EL VALLE DE TAMBO

Marlene Castillo Fernández
18/01/2021
Imagen: El Pueblo
Las banderas verdes con el lema pintado “Agro Sí, Mina No”, que lucen las casas y que se agitan en cada marcha y caravana se han convertido en una de las principales expresiones más mediáticas de la disidencia política y protesta social de productores y pobladores del Valle de Tambo (Provincia Islay-Arequipa).

Pero, también desde la última caravana de Cocachacra a Mollendo (12 enero) y la movilización en la ciudad de Arequipa este 14 de enero; se han convertido en una de las principales expresiones contra una de las sentencias más abusivas e injustas de la criminalización de la disidencia y la protesta social, del rechazo a la sentencia en primera instancia del Poder Judicial y la orden de captura inmediata, que el 07 de enero fue anunciada en la audiencia final del Juicio Oral sobre los hechos de marzo-mayo 2015, que condena a prisión a más de 7 años y que ordena la captura inmediata de Jesús Cornejo Reynoso, presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo y Jaime De la Cruz Gallegos, ex Alcalde del distrito Dean Valdivia (ambos actualmente en la clandestinidad).

Sentencia oral judicial que condena la disidencia y protesta de oposición al proyecto minero a tajo abierto de la SPCC

Disidencia política de quienes están en contra de la política estatal de imposición de la minería riesgosa a tajos abiertos de la titular Southern Perú Cooper Corporation-SPCC, de la primacía minera en el ordenamiento territorial provincial (71.2% con concesiones mineras-2010) y de la narrativa ideológica mediática del progreso minero como vía prioritaria suprema del desarrollo que los descalifica con el mote de “antimineros” (que también hizo eco del mote de “terrorismo antiminero” que el portavoz oficial de la SPCC les adjudicó tendenciosamente a fines de marzo 2015).

Protesta social porque desde el Referéndum municipal/consulta popular del 27 de septiembre 2009 que determinó la no aceptación del proyecto minero y la defensa del agro, llevan más de 11 años en pie de lucha habiendo protagonizando tres masivos paros. El primero, ante las Audiencias Públicas arregladas y el Estudio de Impacto Ambiental incompleto y engañoso observado por la UNOPS (2011); el segundo, ante la aprobación del EIA sin haber absuelto las observaciones ni consultado a la población, violentando la paz social (2015); y, el tercero, ante el otorgamiento de la licencia de construcción, inicio de la fase de explotación, en medio de proceso penales a 105 detenidos y dirigentes en actividad (2019). En síntesis, como las y los defensores lo repiten: Tía María (y su tajo la Tapada próximo al canal la Ensenada-Mejía y al río Tambo) no tiene licencia social.

Criminalización porque han convertido los derechos de disidencia, de dirigencia (representación) y la protesta social en delitos y a las personas que disienten, dirigen y protestan en criminales, que deben ser perseguidos, reprimidos con armas de fuego y penalizados. Esta sentencia contra ambos dirigentes representa un grave precedente judicial, que debería alertarnos – no atemorizarnos – y salirle al frente en la defensa de los derechos humanos fundamentales que tienen además amparo constitucional. Este proceso de criminalización de los y las defensores del Valle de Tambo, además de la estigmatización pública, ha involucrado mega operativos de represión que han contado con la fuerza armada, de 2 a 3 mil efectivos policiales en cada paro y el sitiado de Cocachacra y Dean Valdivia el 2015, resultando a la fecha en 6 defensores muertos por bala y 1 efectivo policial por golpes, todos asesinados, cientos de heridos, división y resentimiento profundo social. En síntesis, como dicen los y las defensoras: esta es una sentencia política.

El paro del 2015, fue reprimido con un excepcional abuso de las fuerzas del orden, comprometiendo violación de derechos humanos, escalando a detenciones masivas (105 en un caso) hasta confluir en acusaciones fiscales insidiosas a raíz del escándalo del “video de las lentejas” (7 mayo 2015). Efectivamente, en medio del paro, se difundió públicamente el video donde el entonces presidente del Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo-FADVT, Pepe Julio Gutiérrez solicitaba a un abogado de la SPCC un pago de millón y medio para terminar con el paro en curso, de paso nombró a Jesús Cornejo y Jaime De la Cruz. A partir de ese video y otros medios de difusión de los paros del FADVT así como declaraciones de informantes, la Fiscal provincial de entonces, María Alejandra Cárdenas, centró su acusación en los delitos de asociación ilícita para delinquir y de extorsión, con la teoría de que el FADVT era una asociación que atentaba contra un “fin/bien público” al plantearse como misión liderar la oposición a un proyecto minero, como el proyecto Tía María, que era priorizado en la promoción gubernamental de inversiones mineras que traería progreso al país, y a razón de que sus dirigentes lideraban esa oposición para lograr beneficios económicos personales a través de la extorsión que se habría puesto al descubierto con el video en mención.

La sentencia anunciada del Poder Judicial, ante las pruebas presentadas y los fundamentos del derecho de protesta social, entre otros, resuelve que no existe delito de asociación ilícita para delinquir y sólo sentencia a Pepe Julio Gutiérrez por el delito de “tentativa de extorsión”. Sin embargo, para la acusación del delito de entorpecimiento de los servicios públicos y motín absuelve a 10 acusados (9 productores y el abogado Dr. Héctor Herrera; otros 3 dirigentes procesados a la fecha de la sentencia habían fallecido) y condena a los tres dirigentes del ex FADVT, para lo cual admite una nueva categoría de delito como “autores no ejecutivos”, que es lo mismo que decir que no ejecutaron el delito pero que fueron de la idea/mensaje que influyó en la decisión de ejecución de los autores no individualizados de esos hechos. Por eso, afirmamos que este proceso de criminalización de la disidencia y protesta social tiene su máxima expresión en la sentencia judicial adelantada que condena a Jesús Cornejo y Jaime De la Cruz, agravada con la orden de captura inmediata.

La condena a más de 7 años de prisión y orden de detención al presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, es un eslabón más del particular e intenso seguimiento con grabaciones policiales y búsqueda de testigos informantes que lo incriminen, durante estos más de 5 años. No nos queda duda alguna que se le condena a Jesús Cornejo Reynoso por el ejercicio de su función dirigencial y porque goza de alta legitimidad dentro del gremio de regantes y de gran parte de la población de Cocachacra y Dean Valdivia que lo conocen por su honestidad, firmeza y consecuencia con los mandatos de sus bases. Fue precisamente él quien en su calidad de presidente de la Junta de Usuarios de Agua del Valle de Tambo, suscribió el pronunciamiento público de fecha 04 de abril del 2015: “CUARTO.-Reiteramos que nuestro único pedido es el retiro definitivo del proyecto Tía María por carecer de Licencia Social, por lo que el Gobierno Central debe implementar los mecanismos legales y políticos a efectos de hacer cumplir la voluntad popular” y “QUINTO.-En tanto el Gobierno Central no de una solución definitiva al conflicto, el paro indefinido iniciado el día 23 de marzo, continuará por decisión unánime de la Asamblea Popular llevada a cabo en la Plaza San Francisco del distrito de Cocachacra; manteniéndose firme la unidad de autoridades, dirigentes y población en general”. Esta consecuencia valiente no le perdonan; se trata de dar un escarmiento a los demás.

Respaldos y apelación ante abusiva medida gravosa de detención inmediata de Jesús Cornejo y Jaime De la Cruz

El respaldo social local a los dirigentes – Jesús Cornejo y Jaime De la Cruz – fue inmediato ni bien fue conocida la sentencia anunciada en la audiencia virtual del Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Arequipa, el jueves 7 de enero. Los primeros en pronunciarse públicamente fueron dirigentes y autoridades actuales del Valle de Tambo, tales como: Marilú Marroquín, presidenta de la Junta de Usuarios de Mejía quien expresó en medios de prensa regional y nacional que la sentencia castiga a quienes salen a defender el agro y el medio ambiente, que se les ha condenado solo por dirigir las manifestaciones, con lo cual se está vulnerando la justicia; Richard Ale Cruz, actual alcalde distrital de Dean Valdivia y que fue absuelto por la sentencia, se reafirmó en la posición de defensa del Valle de Tambo y el respeto a su posición contra el proyecto. También, suscribieron un pronunciamiento público de “rechazo rotundo a sentencia judicial contra dirigentes del Valle de Tambo” los secretarios generales tanto de la CGTP- Islay, Pablo Espinoza Chirinos, como del SUTEP-Islay, Nicolás Miranda Melo (8-1-2021). De modo semejante se pronunció José Chapa Díaz, secretario de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA).

A su vez, resulta significativo que el Consejero Regional por la provincia de Islay, del Gobierno Regional de Arequipa, Elmer Pinto Cáceres, haya expresado su rechazo a la sentencia de condena a Jesús Cornejo y Jaime De la Cruz, y se haya manifestado públicamente en la entrevista realizada en el programa “Pico a Pico” (El Buho: 11-1-21), que desde su formación profesional como geólogo y conocedor de la cuenca del río Tambo, le da razón a la lucha de defensa del agua y del Valle de Tambo y considera legítima la protesta de la población “porque se quería imponer un proyecto que está a menos de 1 kilómetro del cuerpo de agua del río Tambo y abastece de agua a 60 mil personas y 13 mil hectáreas”, más aún cuando los medios pacíficos se agotan, el Estado no escucha y se presta a imponer un proyecto usando toda la fuerza, con lo cual se genera una situación de conflicto violento con las lamentables pérdidas de vidas, agregó. El día 14 de enero, emitió un pronunciamiento público oficial, en el que además de su desacuerdo y rechazo a la sentencia, afirma “Las Autoridades del Valle de Tambo y los Agricultores impulsan el cuidado y el respeto al medio ambiente, defienden su ancestral actividad agropecuaria y reclamamos la paz social que se nos arrebató desde el año 2010. Nos mantenemos firmes y unidos en nuestra propuesta por el bien y seguridad de las futuras generaciones y aguardo la esperanza de una nueva Ley de Minería dentro de una Nueva Constitución”.

También la Convención Nacional del Agro-CONVEAGRO, uno de los principales gremios agrarios nacionales está respaldando a Jesús Cornejo mediante un video que circula en las redes sociales desde este 13 de enero que se acompaña del siguiente mensaje: “La protesta social no es un crimen. El Estado es el garante de los derechos de las personas y grupos afectados por proyectos que impactan en sus medios de vida. No se puede sancionar la protesta social mediante la represión e instrumentalización de mecanismos legales. No se puede desestabilizar a las organizaciones que reclaman, basándose en el falso argumento de que se afecta la tranquilidad pública, la seguridad jurídica, de las grandes inversiones y la propiedad privada. Es por lo que desde Conveagro damos nuestro respaldo a Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo que ha sido sentenciado injustamente por entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos y motín”

La movilización, los pronunciamientos públicos, los respaldos por redes no son suficientes aún, entre otros porque algo que recién está haciéndose público es que además de la sentencia anunciada de prisión se les ha emitido orden de captura inmediata, en una acción desmedida, abusiva e injusta, que resulta extremadamente riesgosa para la vida de ambos dirigentes por el peligro de COVID-19 y la desatención. Ya no sólo es un atentado contra el derecho de la libertad, sino también contra el derecho a la vida.

¿Qué acciones de defensa legal se está haciendo? El viernes 29 de enero, se dará lectura a la Sentencia en primera instancia, fecha a partir del cual se conocerán la fundamentación judicial respectiva, luego de lo cual procede la respectiva apelación a los jueces superiores de la segunda instancia. Lo insólito y abusivo del Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Arequipa (Expediente No. 2545-2015) es que se haya ordenado la captura inmediata de Jesús Cornejo y Jaime De la Cruz, quienes al momento se encontraban en libertad. El abogado de ambos, el doctor Héctor Herrera Herrera, quien también fue procesado y ha sufrido hostigamiento policial, ha presentado el día 14 de enero el recurso de apelación de la medida gravosa de detención inmediata, porque esa medida no ha cumplido con el debido proceso y ha cometido irregularidades, nos informó en la entrevista que nos concedió (15-1-21). Afirma que los jueces tienen la potestad de mandar la prisión inmediata si el procesado está en libertad; pero sólo se puede hacer fundamentado en la complejidad del delito que está siendo juzgado y por el peligro de fuga; este peligro existe cuando no se tiene domicilio fijo permanente, trabajo o familia. En ambos casos está comprobado el arraigo domiciliario, laboral y familiar. Pero, insiste no lo han hecho “los jueces no han fundamentado sólo emiten la orden de captura”.

Por lo que esta orden de detención inmediata sin fundamentación motivada estaría contraviniendo disposiciones de orden constitucional (Art.2; numeral 17; inciso f.): “Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez (…)”; también “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad” (inciso e.). El doctor Herrera concluye así: “no procede la orden de detención en primera instancia porque no está motivado y no hay tal complejidad del delito ni peligro de fuga además he planteado que hay riesgo para la vida de mis defendidos por el alto riesgo de contagio de COVID-19 en condiciones de prisión y porque prima el interés superior de la familia”. En consecuencia, no queda duda que estamos ante un acto no sólo de penalización del liderazgo de la protesta sino también de un acto de violencia judicial atentatorio contra la vida de ambos dirigentes.
Lea el comunicado de la Junta de usuarios del Valle de Tambo en rechazo a la sentencia contra los dirigente sociales:

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 [email protected]

Perú

Tía María: el conflicto social que se ha reavivado en el Valle de Tambo

Las marchas contra el proyecto minero han vuelto. Población rechaza sentencia contra sus dirigentes y pide que no se les capture. Empresa Southern Perú continúa con la socialización del proyecto.
(Foto: Archivo GEC)
Zenaida Condori Contreras, Colaboradora de El Comercio en Arequipa
15/01/2021
El conflicto social más antiguo en Arequipa es Tía María. Los pobladores del Valle de Tambo no aceptan el proyecto minero de la empresa Southern Perú por temor a posibles daños ambientales y afectación a la agricultura. De acuerdo al reporte de la Defensoría del Pueblo, este problema fue reportado en el 2009. Han pasado más de 10 años y el conflicto se mantiene latente en la provincia de Islay, lugar en el que bastaría una chispa para reavivar las protestas.

La primera semana de este año dos hechos incitaron las movilizaciones en el valle. Las banderas verdes de “Agro sí, mina no” se volvieron a agitar en los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y la Punta de Bombón. El pasado 6 de enero, en la sesión solemne del aniversario de Mollendo (capital de la provincia Islay), el alcalde provincial, Edgar Rivera, le entregó el “Diploma de la Ciudad” a la empresa minera Southern Perú por el apoyo que brinda durante la pandemia por la COVID-19.

Apenas los antimineros se dieron tiempo para asimilar este hecho, pues recibieron la noticia de la sentencia a sus dirigentes. El 7 de enero, el Primer Colegiado Supra Provincial Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa leyó el adelanto de sentencia contra los dirigentes del Valle de Tambo por haber cometido diversos delitos durante las protestas del 2015.
Castigo

Los magistrados encontraron responsabilidad en tres dirigentes y otros 13 fueron absueltos. Pepe Julio Gutiérrez Zeballos, quien fue presidente del Frente de Defensa del Valle del Tambo, fue sentenciado a 16 años de prisión por los delitos de extorsión contra Southern Perú, entorpecimiento de los servicios públicos, disturbios y motín. Como Gutiérrez ya cumplió dos años y nueve meses de prisión preventiva, solo será encerrado 13 años y tres meses.

Jesús Mariano Cornejo Reynoso, presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo, fue condenado a siete años y cuatro meses de cárcel por los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos y motín. Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos, quién en el 2015 fue alcalde del distrito de Deán Valdivia, recibió una pena de 12 años y cuatro meses por los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos, disturbios y motín.

Además, el Colegiado Penal dispuso que Jesús Cornejo pague una reparación civil de S/35.000 por entorpecimiento de los servicios públicos. Entre Pepe Julio Gutiérrez y Jaime de la Cruz tendrán que abonar S/500.000 a favor del Estado por los disturbios y entorpecimientos de los servicios públicos. Asimismo, entre los tres condenados deberán pagar adicionalmente S/100.000 por los motines.

De otro lado, el Colegiado absolvió de todos los cargos formulados por el Ministerio Público a Richard Ale Cruz, Justo Paredes Torres, José Ramos Carrera, Juan Meza Igme, Hilario Cornejo Reynoso, Luis Justo Laredo, Esteban Pareja Prado, Martín César Juárez Bernedo, Victor Zeballos Ortiz, Juan José Colquehaunca Chaiña, Héctor Herrera Herrera, Roger Manuel Ramos Flores y Jorge del Carpio Lazo. La lectura integral de la sentencia se realizará el próximo 29 de enero.
Reacciones

“Rechazamos el fallo del Poder Judicial porque ahora cualquiera que proteste puede ser sentenciado. Basta de la criminalización de la protesta social. No se condena a los luchadores sociales, ellos son defensores de los derechos. Los abogados han presentado un escrito para que cese la orden de captura. De igual manera rechazamos que una empresa asesina haya sido reconocida por el alcalde provincial de Islay”, declaró el vocero del Valle de Tambo, Miguel Meza.

En el Ministerio Público, por el contrario, hubo satisfacción por la sentencia. La fiscal María Alejandra Cárdenas, que investigó el caso cuando trabajaba en Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, publicó en su cuenta de Facebook: “Después de tantos años acabó un proceso que trajo muchos sinsabores a mi carrera (…) Asumí porque tenía y debía servir a mi patria. La violencia, el caos, las restricciones de tránsito, el miedo de aquellos que no eran mayoría y que hizo que dejaran sus hogares (…). No se trataba de ‘agro sí y mina no’, sino de orden y respeto al derecho y la opinión (…). Gracias familia por no flaquear ante los insultos inmerecidos, falsos que recibía, ante las amenazas, hoy estoy contenta no por mí, sino por mi Arequipa”.

No obstante, los sentenciados se mantienen en la clandestinidad y las manifestaciones han retornado. Este último martes una caravana de agricultores del Valle de Tambo se movilizó pacíficamente desde Cocachacra hasta la ciudad de Mollendo. Los agricultores se transportaron en camiones hasta La Rotonda y luego caminaron más de cinco kilómetros para llegar a la capital de su provincia. Protestaron contra el alcalde Edgar Rivera por el reconocimiento a la empresa minera y contra la sentencia del Poder Judicial. Este jueves, un grupo de antimineros llegó hasta la sede la Corte Superior de Justicia de Arequipa para mostrar su rechazo por el fallo.
El proyecto minero

Desde el 2009, la empresa Southern Perú busca desarrollar su proyecto minero que le permitirá explotar 120.000 toneladas de cobre refinado al año. Cada intento por llevarlo a cabo ha desatado un conflicto social. Entre el 2011 y 2015 los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes han cobrado la vida de siete personas. En el 2019 se dio un paro que duró más de 100 días y que generó que los estudiantes estuvieran a poco de perder el año escolar.

Southern Perú tiene los permisos de ley para su proyecto. Tiene aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el 8 de julio del 2019 recibió la licencia de construcción del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Si bien el proyecto fue suspendido por 120 días a raíz de las protestas y demandas legales de anti mineros, en octubre de ese mismo año el Consejo de Minería ratificó la licencia de construcción de Tía María. El proyecto que tiene una inversión de US$1.400 millones está paralizado hasta que obtenga la licencia social.

“No hay mayor avance. En su momento el Gobierno se pronunció de que no se iniciaba la construcción. Nosotros seguimos con el trabajo de socialización, aplicando todos los protocolos de seguridad, ya nos estamos posicionando. Desde el año pasado ya no usamos a Valle Unido para la relación con las autoridades y la comunidad. Ahora es Tía María. La inversión sigue disponible para iniciar el proyecto. Siempre tenemos la esperanza”, indicó a El Comercio el jefe de Comunicaciones Corporativas de Southern Perú, Paul Lostaunau.
Acciones

Luis Zapata, vocero de Arequipeños por Arequipa, un colectivo que respalda la inversión en la región, lamentó que el proyecto se haya convertido en una “papa caliente” que las autoridades no quieren sacar adelante. Dice que, ante la crisis que se vive por la pandemia, Tía María sería una palanca para reactivar la economía. Zapata manifestó que si vuelven las paralizaciones y protestas violentas, su colectivo también actuará en pro del desarrollo.

El proyecto minero es de competencia nacional. El expresidente Martín Vizcarra dijo que sin licencia social no se puede empezar el proyecto. El sector empresarial, que espera la reactivación económica, está a la expectativa de la posición que vaya a tomar el nuevo presidente Francisco Sagasti. Asimismo, las autoridades regionales de Arequipa han hecho poco para impulsar el proyecto. La exgobernadora Yamila Osorio asumió una posición neutral y de diálogo que no rindió frutos.

El actual gobernador, Elmer Cáceres, ha tomado partido por los manifestantes y con la bandera verde de “Agro sí, mina no” se ha puesto en contra de la empresa minera. Por su accionar fue acusado de incitar protestas y bloqueo de vías.
https://elcomercio.pe/peru/arequipa/tia-maria-el-conflicto-social-que-se-ha-reavivado-en-el-valle-de-tambo-arequipa-nczg-noticia/

Perú

REPORTE DE CONFLICTOS DE LA DEFENSORÍA IDENTIFICA 13 ALERTAS TEMPRANAS

Imagen: La República
15/01/2021
El nuevo reporte de conflictividad social de la Defensoría del Pueblo sugiere una estabilización en el número de conflictos en el país, luego del repunte registrado en el reporte anterior. En efecto, el informe da cuenta de 197 conflictos en diciembre, uno menos que el mes de noviembre, tras un importante incremento frente a los niveles de los meses anteriores.

De estos conflictos, 146 se consideran activos, evidenciándose la misma tendencia: un alza respecto a octubre, y una estabilización frente a noviembre. Sin embargo, esta aparente estabilización podría ser coyuntural, toda vez que el reporte de la Defensoría identifica hasta 13 alertas tempranas, que incluyen casos que pueden reactivarse, así como casos en observación que podrían devenir en nuevos conflictos sociales.

Entre las principales alertas tempranas, se encuentra:

– el caso de la comunidad de Huancuire (Apurímac) y la empresa MMG Las Bambas, donde la comunidad denuncia incumplimiento de los compromisos por parte de la empresa;

– el caso del distrito de Ascención (Huancavelica) en el que la población rechaza el proyecto de exploración “Pukaqaqa Sur” de la empresa Nexa Resources, por el temor a la afectación de los recursos hídricos;

– las protestas en Ayacucho (provincias de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara) en rechazo a la actividad minera;

– el caso de Cajabamba (Cajamarca) donde las rondas campesinas y otras organizaciones sociales rechazan la actividad minera de la empresa Shahuindo y de mineros informales;

– el conflicto relacionado con la deforestación en Tamshiyacu (Loreto);

– las protestas en Puno y Tacna contra el proyecto hídrico Vilavilani II;

– el caso del distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán (Pasco) y la empresa minera Nexa Resources, donde existe una controversia por el uso de terrenos;

– el rechazo de la población del distrito de Tambogrande (Piura) ante el proyecto minero El Algarrobo.

Del total de conflictos registrados, el 59.9% corresponde a reclamos hacia el gobierno nacional. Además, el reporte da cuenta de 129 conflictos (el 65.5% del total) son de tipo socioambiental.

En cuanto a la distribución territorial de los conflictos, las regiones donde se encuentra la mayor cantidad de conflictos activos son Loreto (23), Cusco (22), Áncash (17), Apurímac (15), Puno (14), Piura (11) y Cajamarca (10).

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 [email protected]

Perú

Pobladores del valle de Tambo llegan a Arequipa en rechazo a sentencia a dirigentes

https://youtu.be/CmR9xuK2DB

(VIDEO)
A ellos se sumaron diversos gremios y sindicatos de trabajadores. Además del rechazo a la sentencia, expresaron su descontento por las decisiones del Ejecutivo frente a temas como la devolución de aportes de la ONP y la crisis que enfrenta el sistema educativo.
14/01/2021 Pamela Zárate M. Regional Avatar

Un grupo de pobladores del valle de Tambo llegó hasta la ciudad de Arequipa. Ellos protestaron en rechazo a la sentencia contra dos de sus dirigentes, quienes lideraron las protestas en contra del proyecto minero Tía María en el 2015. La manifestación fue liderada por la esposa de Jesús Cornejo, el abogado Héctor Herrera Herrera, y el actual vocero del valle de Tambo, Miguel Meza Igme.

Este último reiteró que con esta sentencia, Southern busca impones el miedo entre los pobladores, para evitar sus protestas. Consideró que como resultado del fallo judicial se criminalizarán las protestas sociales.

A ellos se sumaron diversos gremios y sindicatos de trabajadores. Quienes, a su vez, manifestaron su descontento por las decisiones del Ejecutivo frente a temas como la devolución de aportes de la ONP y la crisis que enfrenta el sistema educativo.
Conflicto social en Arequipa que dura 12 años

Las protestas en contra del proyecto minero Tía María cumple 12 años. Los enfrentamiento ocasionaron la muerte de seis pobladores y un policía. Aquí una breve cronología del conflicto social más álgido de Arequipa:

2009: Consulta popular promovida por el entonces alcalde de Cocachacra, Juan Guillén. El resultado fue abrumador en contra de la instalación de Tía María, pero al no existir una norma clara, fue desestimada por las entidades de gobierno.

2010: Se presenta el primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María.

2011: Estalla el conflicto y los enfrentamientos producen 3 muertes. La agitación termina cuando el gobierno accede a rechazar el EIA, luego de conocerse que la UNOPS hizo 138 al documento.

2014: La empresa Southern Perú presenta su segundo Estudio de Impacto Ambiental, enfatizando que no hará uso de agua subterránea ni del río; sino que instalará una planta desalinizadora del agua de mar.

2015: Al conocerse la aprobación de este segundo documento, se anuncia una paralización del agro, que inicia en marzo de ese año. Tres manifestantes y un policía mueren en los enfrentamientos. La protesta termina con la Declaratoria del Estado de Emergencia en la provincia de Islay y el ingreso de las Fuerzas Armadas al escenario. Días antes, se conocieron las conversaciones entre Pepe Julio Gutiérrez y Jesús Gómez Urquizo, por lo que el primero es detenido por la policía.

2016: El expresidente Pedro Pablo Kuczynski intenta un acercamiento, pero la población rechazó la aproximación.

2019: El Ministerio de Energía y Minas otorga a Southern Perú la licencia de construcción para el proyecto Tía María, lo que enciende nuevamente el conflicto en Arequipa y se reanudan los enfrentamientos en Cocachacra. El gobierno declara una suspensión temporal de la licencia y Southern anuncia que esperarán momentos más propicios.

2021: Dirigentes de la protesta son condenados a penas de cárcel por los delitos de disturbios, motín y entorpecimiento de servicios públicos.

Pobladores del valle de Tambo llegan a Arequipa en rechazo a sentencia a dirigentes (VIDEO)

Perú

HUANCAVELICA: PROYECTO MINERO AMENAZA CON CONTAMINAR AGUA QUE CONSUMEN 50 MIL PERSONAS

www.conflictosmineros.org.pe
Alerta informativa 14 de enero de 2021
Foto: Servindi
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprobó el pasado 15 de diciembre, el proyecto de exploración minera “Pukaqaqa Sur” presentado por la empresa de capitales brasileños, Nexa Resources Perú S.A.A., el cual pone en riesgo el agua que consumen más de 50 mil pobladores de la provincia de Huancavelica. Las comunidades exigen a las autoridades que se anule la resolución que aprueba esta iniciativa.

Las autoridades de la provincia de Huancavelica se reunieron el 11 y 12 de enero con representantes del Ejecutivo y el Congreso para expresar su rechazo al proyecto que pone en riesgo la calidad de agua. Asimismo, anunciaron que presentarán formalmente ante el Minem el pedido para anular dicha resolución.

La comisión que se presentó estuvo integrada por los regidores de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Yovana Quispe, Cancio Inga y Elsa Benavente, y el gerente de Gestión Ambiental, Cirilo Gómez.

En su momento, la Municipalidad Provincial de Huancavelica, la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Huancavelica, la Municipalidad de Ascensión, y la Comisión Ambiental Regional de Huancavelica presentaron ante el Minem, observaciones en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto. En este documento presentaron sólidos argumentos sobre las afectaciones de Pukaqaqa Sur generaría en ecosistemas frágiles por estar en la cabecera de la subcuenca, y la toma de agua de Callqui, que va a la planta de tratamiento de agua potable para el consumo de más de 50 mil personas.

Lamentablemente, la presión del gobierno por impulsar estos proyectos y el alza del precio del cobre, priorizaron la aprobación de este proyecto dejando de lado las observaciones. Al no considerar estos argumentos, el Minem no tomó en cuenta la autonomía del Gobierno Regional ni la de Municipalidad Provincial de Huancavelica.

Pero eso no es todo, pues al aprobar la DIA, el gobierno ignoró dos ordenanzas municipales que declaran de interés público la conservación y protección de la cuenca y microcuenca de Ichu, donde se realiza este proyecto.

Este memorial fue presentado el lunes 11 ante el Minem y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambientes y Ecología del Congreso. Además, de las comisiones de Fiscalización y Contraloría, y de Energía y Minas del Parlamento.

Pedido formal

En tanto, la regidora Elsa Benavente informó que el pedido de nulidad de la resolución que aprueba la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero, se presentará formalmente antes del 22 de enero.