Agustín de Vicente 15/07/2026
Estudio advierte sobre posibles protestas en zonas mineras si el gobierno acelera proyectos de cobre que afectan comunidades rurales con histórico rechazo electoral.
La estrategia acelerada de inversión minera que planea impulsar la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, desde su asunción el 28 de julio, enfrenta un escenario de alta conflictividad social en territorios productores, según advierte un estudio del Observatorio de Conflictos Mineros de Perú divulgado esta semana.

El análisis señala que la mayoría de las principales regiones mineras del país votaron en contra de Fujimori en las elecciones, lo que incrementa el riesgo de tensiones si su gobierno acelera la aprobación de proyectos sin gestionar adecuadamente el rechazo comunitario y las preocupaciones ambientales.

Perú es el tercer productor mundial de cobre y concentra aproximadamente 64 mil millones de dólares en inversiones mineras planificadas, muchas de ellas localizadas en regiones rurales empobrecidas donde las comunidades locales reportan beneficios limitados e incremento de preocupaciones por degradación ambiental.

Proyectos en la mira: Tía María y Río Blanco
El proyecto Tía María de Southern Copper (NYSE: SCCO), con una inversión de 1.800 millones de dólares y aprobado para iniciar operaciones en 2027, figura como uno de los principales focos de potencial conflictividad, según David Velazco, defensor ambiental de la organización local Fedepaz.

Velazco también identificó posibles tensiones alrededor de Río Blanco, proyecto de cobre de la empresa china Zijin, que enfrenta resistencia comunitaria histórica en la región.

Promesas de redistribución y medidas aceleradoras
Fujimori ha comprometido acelerar la inversión minera mediante un sistema de aprobación rápida e incentivos tributarios. También propuso que 40% de los ingresos mineros se destinen a poblaciones locales, medida que busca reducir tensiones pero que requiere implementación clara para generar credibilidad.

La minería representa más del 60% de las exportaciones peruanas, lo que hace crítica su continuidad para la economía nacional. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha documentado cerca de 200 conflictos sociales activos, de los cuales 64 están vinculados a disputas mineras y ambientales.

Southern Copper y Zijin no respondieron inmediatamente a solicitudes de comentarios sobre el análisis del Observatorio.
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2026/07/fujimori-mineria-peru-conflictividad-social-cobre

Foto: CooperAcción
Las promesas de desregulación se suman al crecimiento sostenido del área concesionada, que ya abarca 22.6 millones de hectáreas, el 17% del territorio del país.
La definición del futuro del Reinfo, cuyo plazo vence en diciembre, será una de las decisiones que marcará el primer semestre del gobierno de Keiko Fujimori.
Lima, 15 de julio. Un nuevo ciclo de conflictividad social se perfila en el Perú ante la aceleración de la agenda minera impulsada por el futuro gobierno. El Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM) advierte que la política de promover de manera prioritaria la inversión minera, en un contexto de expansión de concesiones y aumento de proyectos, podría reactivar patrones ya observados durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), cuando el intento de sacar adelante el mayor número de proyectos mineros coincidió con un fuerte incremento de conflictos sociales en los territorios.

El informe del OCM para el primer semestre de 2026 señala que la cartera de proyectos mineros activos asciende a 67, con un valor total de 64 000 millones de dólares. El 45.5% de estas inversiones se concentra en el sur del país, una región donde Fuerza Popular obtuvo escasa representación en la última elección presidencial. Este desbalance entre el peso del territorio minero y la representación política es considerado por el OCM como un factor de alto riesgo: los proyectos llegan a zonas que no respaldaron electoralmente al gobierno, lo que puede generar un clima de rechazo y tensión social.

Inversiones, empleo y concesiones: cifras récord, tensiones crecientes

José De Echave, investigador de CooperAcción y exviceministro de Gestión Ambiental, advierte que el crecimiento del sector minero responde a un discurso oficial y empresarial que insiste en facilitar la inversión mediante la reducción de regulaciones y controles ambientales y sociales. Según los datos del informe, la inversión minera en 2025 fue de 6228 millones de dólares, el nivel más alto desde 2015.

En el primer trimestre de 2026, la inversión subió 43.7% respecto al mismo periodo del año anterior. Las exportaciones mineras alcanzaron 61 849 millones de dólares en 2025 y el empleo formal en minería llegó a 262 365 puestos, la mayor cifra histórica registrada, con el 71.6% de los trabajadores bajo modalidad de contratistas.

El informe también destaca que la superficie concesionada a la minería alcanzó los 22.67 millones de hectáreas, equivalentes al 17.6% del territorio nacional, con regiones como Apurímac donde el 76.5% de la superficie está bajo concesión. No obstante, solo una fracción de esas hectáreas está en operación efectiva, lo que alimenta el debate sobre el acaparamiento y la especulación territorial. A pesar de este auge, la recaudación fiscal minera aún no recupera los niveles previos al superciclo 2006-2011.

OCM: El peso de los 67 proyectos y los territorios bajo presión

En las regiones del norte, Marco Arana, representante de Grufides, alertó sobre la expansión de grandes proyectos mineros, como en el caso de La Granja que abarcaría territorios de la sierra y de la costa, con la extracción en Cajamarca y el pprocesamiento y depósito de relaves en Lambayeque.

Arana señaló que existe gran preocupación, en el contexto del futuro gobierno, sobre la independencia del Poder Judicial y el respeto a la autonomía de las instituciones ambientales. Ello, dado que muchos de los casos de conflictos mineros están judicializados, como el derrame de mercurio de Choropampa, donde tras 26 años, la Corte Suprema responsabilizó a Yanacocha y RANSA y ordenó el pago de indemnizaciones a una familia afectada. Un posible recorte de la autonomía judicial y la presión política pueden agravar el escenario de conflictividad. También señaló que la minería ilegal y la violencia asociada continúan avanzando en Cajamarca ante la debilidad institucional.

En Piura, el 23.8% del territorio regional está concesionado a la minería. David Velazco, director de Fedepaz, señala que proyectos como Río Blanco y El Algarrobo se vienen imponiendo a pesar del rechazo de la población, expresado en consultas públicas y movilizaciones de hasta 10 000 personas.

Velazco advierte que las futuras autoridades buscarían reducir aún más los plazos para la aprobación de estudios de impacto ambiental, lo que debilita los controles y pone en riesgo derechos fundamentales. Añade que se está utilizando el derecho penal para judicializar y perseguir a defensores ambientales, profundizando la criminalización de la protesta social.

David Velazco, director ejecutivo de FEDEPAZ – Foto: CooperAcción

En tanto, Ana Leyva, abogada especialista de CooperAcción, sostiene que el país enfrenta una etapa decisiva. En diciembre vence el plazo para el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), lo que convierte este semestre en un momento clave para definir la política frente a la minería informal, una de las primeras decisiones que deberá tomar el próximo gobierno.

¿Puede el modelo actual evitar una nueva ola de conflictos sociales?

El informe del OCM revela que la brecha entre oro producido y exportado supera las 100 toneladas, con un valor estimado de 15 000 millones de dólares, mientras la violencia y la criminalidad asociadas a la minería ilegal se intensifican en diversas regiones. Leyva alerta que la transición hacia un marco regulatorio más permisivo, sin resolver los problemas de fondo vinculados a concesiones ociosas, fiscalización ambiental y protección de defensores, puede desembocar en un nuevo ciclo de conflictividad social de gran alcance.

El Observatorio concluye que la presión por acelerar la ejecución de todos los proyectos mineros, sin atender las advertencias sociales y ambientales, coloca al país ante el riesgo de repetir crisis ya vividas, donde la falta de diálogo y la ausencia de respuestas institucionales generaron espirales de confrontación en los territorios mineros.
Cooperaccion

Radio Onda Azul 27/06/2026
Pobladores de la cuenca Ramis anuncian protesta
Dirigentes advierten que iniciarán una huelga indefinida y bloqueo de vías en julio si el Gobierno Regional de Puno no presenta medidas concretas para remediar la contaminación del río Ramis, que afecta la salud, la agricultura y la ganadería.
Los pobladores de la cuenca del río Ramis anunciaron que una medida de protesta, sino reciben una repuesta concreta de las autoridades del Gobierno Regional de Puno, la segunda quincena de julio, ante la persistente contaminación de sus aguas y la falta de respuestas de las autoridades regionales y nacionales.

Así lo informó Jesús Callohuanca Callohuanca, presidente de la Comisión del subsector Hidráulico Progreso -Asillo- Orurillo, en entrevista con Radio Onda Azul. El dirigente denunció que, la contaminación ocasionada por la minería informal e ilegal continúa afectando gravemente a las comunidades de la zona.

Según explicó, los pobladores han detectado que durante las madrugadas el río presenta altos niveles de contaminación, situación que atribuyen al vertimiento de relaves mineros. Asimismo, cuestionó la falta de avances en el proyecto de remediación de la cuenca Ramis, señalando que, únicamente se ha concretado la adquisición de terrenos, sin que exista financiamiento para su ejecución.

Callohuanca indicó que, una comisión de dirigentes llegará a la ciudad de Puno, para exigir una reunión con las autoridades del Gobierno Regional. De no obtener una respuesta concreta, advirtió que las organizaciones acordarán iniciar una huelga indefinida con bloqueo de vías como medida de presión. La movilización convocará a pobladores de los distritos de Potoni, Crucero, San Antón y Azángaro, entre otros sectores de la cuenca Ramis, quienes exigen acciones inmediatas, para frenar la contaminación generada por la actividad minera.

Finalmente, el dirigente sostuvo que, la contaminación viene ocasionando la muerte de ganado, afectaciones a la producción agrícola y presuntos problemas de salud en la población. Además, calificó como «pésima» la gestión del Gobierno Regional de Puno, en materia de remediación ambiental y desarrollo de infraestructura hidráulica, al considerar que no se han atendido las demandas de las comunidades afectadas.
https://radioondaazul.com/pobladores-de-la-cuenca-ramis-anuncian-protesta-indefinida-por-contaminacion-minera-y-falta-de-acciones-del-gore-puno/

Yuri Castro 26/06/2026
La oposición al proyecto de la planta de beneficio IGOR continúa creciendo en el distrito de Huaranchal, provincia de Otuzco. Autoridades locales, dirigentes comunales y organizaciones sociales anunciaron nuevas acciones para buscar la paralización de la obra que se construye en el sector La Compasada, al considerar que representa una amenaza para las fuentes de agua que abastecen a diversas provincias de La Libertad.

El presidente del Comité de Defensa de Cabecera de Cuenca del Alto Chicama y alcalde de Huaranchal, Marco Castañeda Paredes, afirmó que presentarán nueva documentación ante las entidades competentes con el propósito de detener el proyecto, promovido por Igor Mining Exploration S.A.C.

Según indicó, la empresa cuenta con autorización para la construcción de la planta, pero sostiene que no dispone de los permisos necesarios para iniciar operaciones, por lo que cuestionó la legalidad de algunas autorizaciones obtenidas durante el desarrollo del proyecto.

Advierten riesgo para el agua y la agricultura
Los dirigentes sostienen que la ubicación de la planta en una cabecera de cuenca podría generar impactos sobre los recursos hídricos que abastecen a las provincias de Otuzco, Gran Chimú y Ascope, zonas cuya economía depende en gran medida de la actividad agrícola.

Marco Castañeda aseguró que continuarán impulsando acciones administrativas y legales para impedir que el proyecto avance mientras persistan cuestionamientos sobre los permisos otorgados y los posibles impactos ambientales.

La protesta más reciente reunió a autoridades locales, rondas campesinas y representantes de organizaciones sociales de Huaranchal y Gran Chimú, quienes recorrieron las principales calles del distrito portando pancartas y mensajes en defensa del agua y del medio ambiente.

Durante la movilización exigieron la paralización inmediata de la construcción de la planta de beneficio, al considerar que el proyecto podría afectar la calidad y disponibilidad del recurso hídrico para miles de familias de la zona.

Huaranchal intensifica protestas para frenar planta minera en cabecera de cuenca
El presidente de la Ronda Campesina de Huaranchal, Waldir Segura Ávalos, señaló que la empresa habría alcanzado aproximadamente un 70 % de avance en la construcción de la planta.

El dirigente afirmó que la compañía no contaría con la licencia para el uso del agua ni con la denominada licencia social de las comunidades, por lo que pidió detener los trabajos antes de que la situación derive en un conflicto social.

Asimismo, sostuvo que la población continuará defendiendo el territorio y reiteró que la principal exigencia es el retiro del proyecto del sector La Compasada.

El proyecto minero mantiene dividido el escenario regional entre quienes respaldan el desarrollo de inversiones y quienes priorizan la protección de las cabeceras de cuenca y los recursos hídricos.

Mientras las organizaciones sociales anuncian nuevas acciones para lograr la paralización de la obra, esperan que las autoridades competentes evalúen los cuestionamientos planteados sobre las autorizaciones otorgadas y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Huaranchal intensifica protestas para frenar planta minera en cabecera de cuenca

Las protestas contra la Ley N.° 11658 se intensificaron este jueves en la región Moquegua, donde pobladores del distrito de Torata y diversos sectores sociales bloquearon carreteras principales como parte de una paralización de 48 horas en rechazo a la norma aprobada por el Congreso de la República. Desde tempranas horas, manifestantes se concentraron en […]

Red de Medios Regionales del Perú 25/06/2026

Las protestas contra la Ley N.° 11658 se intensificaron este jueves en la región Moquegua, donde pobladores del distrito de Torata y diversos sectores sociales bloquearon carreteras principales como parte de una paralización de 48 horas en rechazo a la norma aprobada por el Congreso de la República.

Desde tempranas horas, manifestantes se concentraron en puntos estratégicos del distrito, impidiendo el tránsito vehicular y provocando la interrupción parcial del transporte interprovincial, así como dificultades para el desplazamiento de pasajeros y carga.

La medida de fuerza también alcanzó el puente Montalvo, uno de los principales accesos a la ciudad de Moquegua, donde cientos de personas se apostaron para impedir el ingreso y salida de vehículos hacia otras regiones del sur del país.

Bloqueos generan afectación al transporte y viajeros varados
Como consecuencia de los bloqueos, decenas de vehículos quedaron varados en distintos tramos de la vía, mientras transportistas y pasajeros esperan la normalización del tránsito.

La paralización ha generado preocupación entre los usuarios del sistema vial, debido a la importancia estratégica de estas rutas para la conexión de Moquegua con otras regiones del sur.

Protesta regional en defensa del territorio
Las organizaciones sociales, agricultores, transportistas, comerciantes y autoridades locales que impulsan la movilización señalan que la protesta responde a un rechazo frontal a la Ley N.° 11658, la cual consideran perjudicial para los intereses del territorio moqueguano.

Uno de los principales puntos de conflicto estaría relacionado con posibles impactos en zonas sensibles del distrito de Torata, particularmente en el sector de Quebrada Honda, lo que ha motivado la articulación de diversas bases sociales.

Los manifestantes exigen que el Poder Ejecutivo no promulgue la norma y atienda los reclamos planteados por la población, argumentando que se trata de una defensa de la integridad territorial de la región.

Paralización se extiende en puntos estratégicos
La jornada de protesta incluye bloqueos simultáneos en distintas zonas, lo que ha incrementado el impacto en la movilidad regional.

En el puente Montalvo, la concentración de manifestantes impidió completamente el tránsito vehicular, afectando el flujo hacia y desde la ciudad de Moquegua.

Mientras tanto, en Torata, las vías continúan bloqueadas como parte de la medida de fuerza convocada por 48 horas, lo que mantiene en alerta a las autoridades locales.

Moquegua: protestas contra la Ley N.° 11658 bloquean vías y paralizan tránsito en Torata y puente Montalvo

EDITORIAL
25/06/2026
Cooperaccion
A partir del próximo 28 de julio se va a abrir una nueva etapa. Luego de las dos vueltas electorales y con la información que se cuenta al cierre de esta edición, es bastante probable que Keiko Fujimori asuma la Presidencia de la República.

¿Cuál puede ser el impacto y la orientación de la política minera en un eventual gobierno de Fuerza Popular? Por las alianzas electorales y el evidente respaldo del sector empresarial a su candidatura, todo indica que la política minera será diseñada a la medida de las demandas de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. De hecho, varios de sus voceros económicos en la campaña así lo han anunciado.

¿Qué significa esto? Que se ratificarán las líneas matrices de la política minera heredada de la década del 90 del siglo pasado ―período en el que gobernó el padre de Keiko Fujimori― aunque, con seguridad, se harán los ajustes que los empresarios demandan en la actualidad: menos exigencias ambientales y sociales, lo que ellos denominan como “tramitología” y lo que, en buen cristiano, significa desregular o bajar estándares. Tampoco habrá que descartar, como ya está ocurriendo en países vecinos, como Ecuador y Argentina, que la institucionalidad ambiental sea debilitada aun más e, incluso, hasta desaparecida. De hecho, desde la creación del Ministerio del Ambiente y sus organismos adscritos, como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) han sido el blanco de críticas del empresariado minero y hasta de iniciativas legales que han buscado golpearlos. En los últimos años, los denominados paquetazos ambientales y una serie de medidas aprobadas, ya han avanzado en esta dirección.

Por otro lado, el tema tributario minero seguramente no será tocado y el país seguirá sin poder obtener los ingresos que le corresponden por la explotación de un bien natural no renovable, más aún, en un período de bonanza minera y de precios altos. Cabe precisar que organismos internacionales, como el FMI, el Banco Mundial y la OCDE han indicado que hay margen suficiente para aumentar la presión tributaria vinculada a la minería sin que el país pierda competitividad internacional.

Lo que se anuncia es mucho de la vieja minería de las últimas décadas y nada de lo que debería ser una nueva forma de hacer minería. La idea fuerza sigue siendo extraer todo lo posible en el más breve plazo de tiempo posible a cualquier costo. Extractivismo puro y duro que lo que provocará es mayor tensión social en los territorios con presencia minera. No hay que olvidar que los períodos de mayor conflictividad social que el país ha vivido se dieron cuando se trató de forzar la inversión minera, sin tomar en consideración aspectos sociales y ambientales básicos.

Lo que sí queda como incógnita es si el nuevo gobierno tendrá la capacidad de abordar la expansión de la denominada minería informal y la abiertamente ilegal. En la campaña, este tema fue abordado a punta de generalidades y sin una sola propuesta concreta que permita pensar que se tenga diseñada una estrategia distinta a lo que ya se ha visto en los últimos años.

En suma, habrá que seguir con atención lo que se viene en este nuevo período, donde la presión por poner en valor la cartera de inversión minera estará entre las prioridades del nuevo gobierno.

El Ministerio Público les atribuye los presuntos delitos de disturbios, violencia contra la autoridad, entorpecimiento de servicios públicos y lesiones durante la movilización frente al Gobierno Regional de Junín el 18 y 19 de junio.

Fiscalía abre investigación contra alcalde de Pariahanca, pero no dice nada del presunto abuso de autoridad de la Policía.
Percy Salomé 24/06/2026

La Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo abrió una investigación preliminar contra el alcalde de Pariahuanca, Wilson Quispe Camarena, y otros cinco dirigentes que encabezaron la protesta por la protección de la cuenca del río Yuracyacu frente al Gobierno Regional de Junín. La Fiscalía les atribuye presuntos delitos de disturbios, violencia contra la autoridad, entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos y lesiones leves.
La disposición fiscal establece un plazo de 60 días para las diligencias preliminares y ordena a la División de Investigación Criminal (Divincri) realizar las principales actuaciones en un plazo de 45 días.

La investigación también comprende a Fausto Agustín Gamarra Quispe, presidente del Comité de Defensa de los Recursos Hídricos del río Yuracyacu; Martín García Mayta, presidente de la Federación de Comunidades Campesinas de Pariahuanca; Rogelio López Huamán, presidente del Frente de Defensa de Huancayo; Galaxia Lenina Solís Dávila, asesora legal de las comunidades; y Diego Rivera Cuñas. La investigación incluye además a quienes resulten responsables. Referenciageográfica

La protesta
Según la disposición fiscal, alrededor de 500 manifestantes provenientes de Pariahuanca bloquearon los accesos y salidas del Gobierno Regional de Junín durante la mañana del 18 de junio. Los comuneros exigían una reunión presencial con el gobernador regional, Zósimo Cárdenas Muje, y reclamaban medidas concretas para proteger las cabeceras de cuenca del río Yuracyacu frente a la expansión de actividades mineras.

La Fiscalía sostiene que los manifestantes ejercieron presión sobre los accesos de la sede regional e impidieron el ingreso y salida de personas. Además, señala que un funcionario identificado como Juan Emilio Damián Ladrón de Guevara habría sufrido agresiones durante la movilización.

Ese mismo día, la Policía lanzó bombas lacrimógenas para intentar despejar los exteriores del Gobierno Regional y permitir la salida de trabajadores. Sin embargo, la protesta continuó y los manifestantes permanecieron en el lugar hasta el día siguiente.

Disposición fiscal contra dirigentes de Pariahuanca a raíz de protesta que pide protección ambiental en la naciente del río Yuracyacu
Intervención fiscal por presencia de menores
En su disposición, la Fiscalía recoge reportes sobre la presencia de menores de edad en una cuna que funciona dentro de la sede regional e indica que los manifestantes se habrían negado a permitir un pase libre para que madres y niños abandonaran el recinto mientras representantes del Ministerio Público verificaban su situación.

Asimismo, la Fiscalía sostiene que los manifestantes obstaculizaron el ingreso del fiscal provincial de Familia, Carlos Santa Cruz Urbina, quien acudió al lugar para supervisar las condiciones en las que permanecían los menores.

La disposición agrega que la fiscal adjunta Verónica Carhuachín Galazar habría recibido insultos y agresiones verbales cuando intentaba cumplir sus funciones junto a otros representantes del Ministerio Público.

Acuerdo tras más de 30 horas de protesta
La movilización concluyó el 19 de junio luego de más de 30 horas de protesta ininterrumpida frente a la sede regional.

Ese día, representantes de las comunidades de Pariahuanca suscribieron un acta de compromisos con el Gobierno Regional de Junín, representado por la vicegobernadora Milagros Inche. El documento establece que la entidad impulsará ante el Consejo Regional una ordenanza para declarar de interés regional la protección de las cabeceras de cuenca de los ríos Yuracyacu, Shullcas, Tulumayo y Achamayo.

El acuerdo también contempla gestiones para revisar concesiones mineras y registros REINFO en la zona, acciones de vigilancia sanitaria para la población afectada y apoyo a los piscicultores perjudicados por la mortandad de peces registrada en la cuenca.

Aunque el gobernador Zósimo Cárdenas no participó presencialmente en la reunión, ratificó los compromisos mediante una comunicación telefónica.

Las diligencias ordenadas
Como parte de la investigación, la Fiscalía ordenó a la Divincri recabar las fichas de identificación de los investigados, solicitar los registros de cámaras de seguridad del Gobierno Regional y de municipalidades cercanas, así como recopilar videos difundidos por medios de comunicación y redes sociales.

También dispuso tomar declaración a Juan Emilio Damián Ladrón de Guevara y someterlo a un examen médico legal, recoger los testimonios de Vanessa Aquino Zambrano, Carlos Santa Cruz Urbina y Verónica Carhuachín Galazar, e interrogar a Patricia Soria, trabajadora de la oficina de Gobernación Regional.

Asimismo, la policía deberá identificar a los representantes de los menores que permanecían en la cuna durante la protesta y recibir las declaraciones de los seis investigados con la asistencia de sus abogados defensores.

Con estas diligencias, la Fiscalía buscará determinar si los hechos ocurridos durante la protesta configuran responsabilidades penales y si existen más personas involucradas en los incidentes registrados frente al Gobierno Regional de Junín.

Fiscalía abre investigación contra alcalde de Pariahuanca y otros cinco por protesta contra minería

La Red de Medios 19/06/2026
ACTUALIZACIÓN: Pobladores de Parihuanca se enfrentan a policías, quienes usan lacrimógenas
Alrededor de las cinco de la tarde de este jueves, la policía utilizó una segunda andanada de bombas lacrimógenas contra los pobladores de Pariahuanca, quienes protestan contra la minería informal en las alturas de la cuenca del río Yuracyacu.

La acción policial buscó permitir la salida de los trabajadores del Gobierno Regional de Junín, quienes no lograban salir a sus casas.

NOTA ORIGINAL
La Policía lanzó bombas lacrimógenas la tarde de este jueves contra los pobladores de Pariahuanca que protestan en los exteriores del Gobierno Regional de Junín, pero la intervención no logró desactivar la movilización. Los manifestantes permanecen en los accesos de la sede regional, impiden la salida de trabajadores y organizan una vigilia indefinida a la espera de que el gobernador Zósimo Cárdenas atienda personalmente sus demandas.

La tensión escaló durante la tarde cuando un grupo de comuneros intentó acercarse al ingreso principal del Gobierno Regional. Efectivos policiales respondieron con el lanzamiento de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Pero minutos después, la multitud retomó posiciones en los exteriores del edificio y reafirmó su decisión de permanecer en el lugar.

La protesta forma parte de la movilización anunciada por organizaciones sociales y comunidades de Pariahuanca para exigir la protección de las cabeceras de cuenca del río Yuracyacu y frenar la expansión de concesiones mineras en la zona. Los dirigentes reclaman la presencia del gobernador Zósimo Cárdenas y rechazan cualquier negociación con funcionarios de menor rango.

“Ya hemos conversado durante meses con gerentes y directores. Tenemos actas y compromisos que no se cumplen. Queremos hablar directamente con el gobernador”, señaló uno de los dirigentes de la protesta.

Los comuneros exigen que el Gobierno Regional impulse la declaratoria de intangibilidad de la cuenca alta del Yuracyacu, amplíe la protección del área de conservación regional Huaytapallana y gestione el retiro de las concesiones mineras que consideran una amenaza para sus fuentes de agua.

Organizan olla común para pasar la noche
Lejos de retirarse tras la intervención policial, los manifestantes empezaron a organizar su permanencia en Huancayo. Durante la tarde realizaron una colecta y aportes para financiar una olla común.

“Nos vamos a quedar hasta que venga el gobernador. Si hoy no nos recibe, seguiremos aquí mañana”, comentó una pobladora.

Reclamo por contaminación
El conflicto ambiental se agravó en los últimos meses luego de la mortandad masiva de truchas registrada en la cuenca del Yuracyacu. Una pericia de la Policía detectó la presencia de cianuro en los peces muertos, situación que incrementó la preocupación de las comunidades y fortaleció su rechazo a la actividad minera en la zona.

“Agua sí, mina no”, repiten los manifestantes.

Gobierno Regional responsabiliza a dirigentes
En un comunicado, el Gobierno Regional de Junín emitió un comunicado en el que aseguró que mantiene su disposición para atender las demandas de la población de Pariahuanca, con la instalación de una mesa de diálogo, conformada por funcionarios de las gerencias vinculadas a los sectores de Agricultura, Energía y Minas y Medio Ambiente, quienes acudieron para instalar un espacio de conversación e informar sobre las acciones de fiscalización, control y recuperación ambiental en la cuenca del río Yuracyacu y zonas aledañas.

El Gobierno Regional sostuvo, sin embargo, que los dirigentes y autoridades de Pariahuanca, encabezados por el alcalde distrital Wilson Quispe Camarena, rechazaron participar en la mesa propuesta. “Hasta el momento no ha sido posible iniciar la Mesa de Diálogo porque las autoridades y dirigentes de Pariahuanca no han aceptado instalar este espacio”, señala el pronunciamiento.

La institución también afirmó que el equipo técnico convocado contaba con facultades delegadas por el gobernador Zósimo Cárdenas para asumir compromisos y adoptar acuerdos dentro de sus competencias.

Niños no pueden salir
Asimismo, el Gobierno Regional expresó su preocupación por el bloqueo de las instalaciones y solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo para la salida de niños de la cuna jardín que funciona dentro de la sede regional.

Huanca York Times conoció que alrededor de 12 niños permanecen dentro de la cuna jardín sin poder salir. Incluso la fiscal de prevención del delito intercedió para que los menores pudieran abandonar la sede regional, pero no pudo convencer a los manifestantes.

Bombas lacrimógenas no frenan protesta de Pariahuanca frente al Gobierno Regional de Junín

Antes sostenía afectación directa por concesiones, pero mayoría cambia postura; voto en discordia advierte riesgo para derechos colectivos indígenas Materiales y servicios jurídicos
Fredy Itusaca 15/06/2026

cambia postura sobre consulta previa
Sala Civil de Puno varía criterio y señala que concesión minera no exige consulta previa, según línea del TC; comunidades campesinas quedan en debateGuías y diarios de viaje

Foto: CPR

Sala Civil de Puno cambia postura sobre consulta previa en minería
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La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno emitió una sentencia en el caso Jatucachi que da un giro en su postura sobre la consulta previa en concesiones mineras, siguiendo ahora la línea del Tribunal Constitucional.

El constitucionalista Juan Carlos Ruiz Molleda explicó que antes la Sala sostenía que las concesiones mineras por sí solas ya afectaban los derechos de las comunidades campesinas, pero ahora la mayoría cambió esa posición.

La nueva tesis de la mayoría señala que una concesión minera no obliga al Estado a realizar consulta previa, porque el título en sí no genera una afectación directa sobre los derechos de las comunidades.Servicios jurídicos

Sin embargo, el juez Jorge Sarmiento Apaza presentó un voto en discordia donde sostuvo que la concesión es el primer paso de todo proyecto extractivo, y por eso sí debe consultarse desde el inicioMinería y metales

Sarmiento Apaza argumentó que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo exige consultar a los pueblos antes de cualquier programa de prospección o explotación en sus territorios.

El análisis del constitucionalista Ruiz Molleda resalta que el voto en discordia aplica estándares internacionales de derechos humanos, en un debate que sigue abierto sobre cuándo y cómo proteger a las comunidades frente a la minería.

Sala Civil de Puno cambia postura sobre consulta previa en minería

La Red de Medios 15/06/2026
A 52 días de la mortandad masiva de truchas registrada en Pariahuanca, las comunidades afectadas saldrán a movilizarse. Este jueves, alrededor de 10 mil pobladores marcharán hacia Huancayo para exigir la protección de las cabeceras de cuenca de los ríos Yuracyacu, Shullcas, Tulumayo y Achamayo, que consideran amenazadas por actividades extractivas en la zona.

La movilización es convocada por el Frente de Defensa y Desarrollo de la Región Junín y las comunidades campesinas de Pariahuanca. Los manifestantes buscarán entregar su pedido al Gobierno Regional de Junín y exigir al Ejecutivo y al Congreso medidas que impidan la actividad minera en estas cuatro cuencas, consideradas vitales para el abastecimiento de agua y la actividad agrícola de la región.

«El pedido es único: que no exista ningún tipo de explotación minera en la zona. Por eso solicitaremos la intangibilidad de las cabeceras de cuenca de estos ríos», señaló Augusto Gamarra Sánchez, presidente del Comité de Recursos Hídricos de la cuenca del río Yuracyacu, margen derecha.

Los dirigentes cuestionan que, pese a que pericias de la Policía Nacional detectaron cianuro en muestras recogidas tras la muerte de las truchas, hasta ahora no se haya identificado a ningún responsable. Según los afectados, el desastre dejó pérdidas superiores a los S/ 7 millones, afectó a siete piscigranjas y perjudicó a decenas de familias que viven de la acuicultura y la agricultura.

Gamarra también sostuvo que las autoridades no han atendido los reclamos de la población desde que ocurrió la emergencia.

Buscan proteger cuatro ríos
La principal demanda de los comuneros es que las cabeceras de cuenca de los ríos Yuracyacu, Shullcas, Tulumayo y Achamayo sean protegidas de manera permanente para evitar actividades que puedan poner en riesgo las fuentes de agua.

La preocupación es mayor por el río Shullcas, principal fuente de abastecimiento para Huancayo metropolitano.

«No solo estamos pidiendo por nuestro pueblo, sino también por Huancayo. Por eso creemos que la movilización será multitudinaria», manifestó el dirigente.

La protesta se suma a las gestiones que las comunidades vienen realizando ante distintas entidades del Estado. En ese contexto, la congresista Ruth Luque informó que existe una medida cautelar que prohíbe la construcción de una central hidroeléctrica en el cauce del río Yuracyacu y anunció que participará en la movilización.

Cuestionan a Oro Negro
La minera Oro Negro, que opera en la parte alta de la cuenca, es señalada por las comunidades como responsable de la contaminación. La empresa rechaza estas acusaciones.

Entre los elementos que alimentan los cuestionamientos figura un informe químico-toxicológico de la Policía Nacional que confirmó la presencia de cianuro en muestras de agua y tejidos de las truchas afectadas.

Asimismo, la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín informó que una de las inscripciones de la empresa en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), correspondiente a la concesión Oro Marudy, se encontraba suspendida cuando ocurrió el desastre.

A ello se suma un informe del Ministerio de Energía y Minas que recomendó la exclusión definitiva de Oro Negro del Reinfo tras denuncias relacionadas con una inspección realizada por fiscalizadores.

Pariahuanca también es reconocida por su producción de palta destinada a mercados de exportación. El alcalde Wilson Quispe advirtió que cualquier afectación a la calidad del agua podría perjudicar esta actividad económica.

«Agua sí, mina no»
Con la consigna «Agua sí, mina no», los comuneros llegarán este jueves a Huancayo en lo que será la movilización más grande realizada desde la mortandad masiva de truchas. La movilización partirá del parque Grau.

Su objetivo es que el Estado adopte medidas para proteger las cabeceras de cuenca de los ríos Yuracyacu, Shullcas, Tulumayo y Achamayo, consideradas fundamentales para el abastecimiento de agua y el sustento de miles de familias de la región.

Junín: Con protesta, Pariahuanca exige proteger cuatro cuencas tras mortandad masiva de truchas