Photo: Anamiaz Núñez, flickr CC BY-NC 2.0

“Tía María: Ciudadanos de Arequipa anuncian marcha para este viernes tras reactivación del proyecto minero” – 20 de abril de 2026

En diálogo con Exitosa, el vocero del frente de Defensa del Valle del Tambo-Arequipa, Miguel Meza, cuestionó que el gobierno haya autorizado el inicio de la explotación de la primera etapa del proyecto Tía María, indicando que la medida carece de sustento legal. En ese sentido, anunció la convocatoria a una marcha y la presentación de una medida cautelar contra el proyecto…

… En conversación con Nicolás Lúcar, Miguel Meza transmitió la indignación de los ciudadanos en el Valle del Tambo a raíz de la decisión del Ministerio de Energía y Minas (Minem) de otorgarle luz verde al proyecto Tía María.

Según indicó, la nueva autorización se habría otorgado sin que Southern Peru Copper Corporation levantara las observaciones detectadas ni presentara un estudio de impacto ambiental actualizado. «No tienen licencia de uso de agua, no tienen permisos, no tiene autorización de la DICAPI», detalló…
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/per%C3%BA-pobladores-del-valle-del-tambo-en-arequipa-anuncian-protestas-por-la-reactivaci%C3%B3n-del-proyecto-minero-t%C3%ADa-mar%C3%ADa/

17/04/2026
Napoleón Gutiérrez Anticona, representante del Frente de Defensa de Hualgayoc, denunció que las organizaciones que antes paralizaban la región por la minería formal, hoy guardan un «silencio cómplice» frente a la criminalidad y la depredación ambiental de la minería ilícita.

RCR, 17 de abril de 2026.- El escenario social y económico en Cajamarca atraviesa una transición crítica. Durante años, la región fue el epicentro de una férrea oposición a la minería formal, fundamentada en la protección de cabeceras de cuenca y el impacto ambiental. Sin embargo, este discurso contrasta hoy con un notable silencio ante la expansión de la minería ilegal, una actividad que no solo depreda el ecosistema sin planes de remediación, sino que ha introducido dinámicas de criminalidad organizada que afectan la estabilidad regional.

Napoleón Gutiérrez Anticona, representante del Frente de Defensa de la provincia de Hualgayoc, advirtió en entrevista con la Red de Comunicación Regional (RCR) sobre este cambio de postura en las organizaciones que antes lideraban las protestas.

Según Gutiérrez, se ha establecido un silencio determinado por parte de las ONG y ciertos dirigentes, quienes habrían desplazado su enfoque hacia intereses políticos de cara a los próximos procesos electorales.

«La mayor parte de dirigentes han entrado a este nuevo espacio y se han descuidado del fenómeno que afecta a la región», señaló.

Desde una perspectiva económica y de seguridad, el avance de la minería ilegal en zonas como Hualgayoc no representa una alternativa de desarrollo, sino una amenaza estructural. A diferencia de la minería formal, que opera bajo marcos regulatorios y fiscales, la actividad ilícita fomenta economías subterráneas marcadas por la extorsión y la inseguridad ciudadana.

Gutiérrez Anticona enfatizó que esta «otra parte criminal» está rompiendo el tejido social de Cajamarca, utilizando la política no para planes de gobierno, sino como una plataforma de difamación e intereses particulares.

Ante este panorama, el dirigente hizo un llamado al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa para que las intervenciones bajo el estado de emergencia no sean exclusivamente reactivas.

Propuso la implementación de talleres y capacitaciones que permitan a la población distinguir entre el aprovechamiento de recursos y la ilegalidad depredadora. «Lo que no está permitido por ley, no debe hacerse», sentenció, subrayando la necesidad de que el Estado recupere el principio de autoridad para garantizar un entorno donde la inversión y el trabajo se desarrollen bajo estándares de legalidad y sostenibilidad.

¿DÓNDE ESTÁN LOS AMBIENTALISTAS? CUESTIONAN SILENCIO ANTE AVANCE DE LA MINERÍA ILEGAL EN CAJAMARCA

El Consejo de Minería declaró la nulidad de la autorización de explotación del proyecto Tía María tras concluir que fue otorgada sin sustento técnico suficiente y sin una adecuada justificación legal.

Tía María deberá pasar por una nueva evaluación tras la anulación de su permiso de explotación.
Foto del autor
Aaron Ramos

El Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró la nulidad de la Resolución Directoral N.º 0692-2025-MINEM/DGM, publicada en octubre del 2025, que autorizaba el inicio de las actividades de explotación del proyecto de cobre Tía María. Al respecto, dispuso que el expediente sea evaluado nuevamente por la Dirección General de Minería (DGM).

La decisión del tribunal, que actúa como última instancia administrativa en asuntos mineros y ambientales, se produce luego de un recurso de revisión que presentó la Municipalidad Provincial de Islay (Arequipa) y apunta a que la autorización original no estuvo debidamente sustentada.

El Consejo concluyó que el acto administrativo no cumplía con los estándares de motivación exigidos por el marco normativo. La resolución no se ajustaba al numeral 102.1 del Reglamento de Procedimientos Mineros ni al Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444, que obliga a que toda decisión administrativa esté debidamente fundamentada.

Tía María: Gobierno ordena nueva revisión por vacíos

Según la resolución emitida en marzo último, el anterior análisis técnico no desarrolló de manera suficiente diversos aspectos del proyecto minero Tía María. Entre ellos, el diseño detallado de botaderos (los planos donde se especifica dónde se depositarán los residuos de la mina a fin de evitar riesgos ambientales), así como el cronograma de ejecución de actividades. Estos elementos son necesarios para autorizar la fase de explotación.

En ese sentido, el Consejo dispuso que la Dirección General de Minería evalúe nuevamente si la empresa Southern Perú “ha cumplido totalmente con absolver dichas observaciones.

La resolución también ordena retrotraer el procedimiento al estado previo a la emisión de la autorización, de modo que la autoridad sectorial revise integralmente el expediente y determine si se han cumplido las condiciones técnicas exigidas para el inicio de operaciones.

Por otro lado, el Consejo precisa que, al haberse declarado la nulidad de oficio de la resolución, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el recurso de revisión interpuesto.

En la evaluación previa, la DGM había concluido que la empresa cumplía con requisitos formales como la acreditación de propiedad de los terrenos superficiales, la titularidad de las concesiones mineras y la inexistencia de restos arqueológicos en el área del proyecto.

Sin embargo, el Consejo consideró que dichos aspectos no subsanaban las observaciones técnicas pendientes.

Como parte del análisis del expediente, la resolución menciona que el área de influencia del proyecto se superpone parcialmente con infraestructura y zonas relevantes, como la Red Vial Vecinal y Nacional, el área de Defensa Nacional La Joya B, ecosistemas frágiles como Loma Cachendo, zonas arqueológicas (Posco 1A, Posco 1B, Tambo 1A, entre otras) y áreas naturales como las lagunas de Mejía.

Con esta decisión, Southern no podrá iniciar la extracción de mineral hasta obtener una nueva autorización de explotación.

Cabe recordar que el 13 de octubre de 2025, tres días después de que Dina Boluarte sea vacada, el Minem había autorizado el inicio de la explotación del proyecto cuprífero mediante la Resolución Directoral N.º 0692-2025-MINEM/DGM, tras concluir que la empresa cumplía con los requisitos técnicos y legales.

Tras conocerse esa decisión, dirigentes del Valle de Tambo expresaron su rechazo y advirtieron posibles medidas de protesta. Miguel Meza, vocero de los agricultores de la zona, calificó la autorización como “ilegal” e “improcedente”, y cuestionó la disponibilidad de agua y la vigencia del estudio de impacto ambiental del proyecto.
Comunidades del valle de Tambo mantienen oposición al proyecto Tía María

El proyecto Tía María, orientado a la extracción de cobre, contempla una inversión aproximada de US$1.400 millones. Aunque fue anunciado en 2003, su desarrollo ha estado marcado por paralizaciones debido a conflictos sociales, especialmente tras las protestas registradas entre marzo y abril de 2011, que dejaron un saldo de tres fallecidos.

La principal oposición proviene de pobladores del valle de Tambo, quienes advierten que la minería a cielo abierto podría afectar la calidad del aire y contaminar las aguas del río Tambo, recurso clave para la actividad agrícola en distritos como Islay, Deán Valdivia y Cocachacra.

En 2009, la empresa presentó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA); sin embargo, en 2011 la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) formuló 138 observaciones, principalmente relacionadas con el uso del agua y la emisión de polvo.

Posteriormente, en 2013, la compañía presentó una versión modificada del EIA en la que planteó el uso de agua de mar en lugar del recurso hídrico del río Tambo. Pese a ello, la oposición social persistió y en 2014 se registraron nuevas protestas que dejaron cuatro fallecidos, entre ellos tres civiles y un efectivo policial.

De acuerdo con la Red Muqui, desde 2024 diversas organizaciones del valle han continuado cuestionando la legalidad y legitimidad del EIA, señalando que el proyecto no cuenta con licencia de uso de agua ni con licencia social.

En esa línea, en marzo de 2025 la población presentó una demanda de amparo solicitando la caducidad de los efectos jurídicos de la resolución que aprobó el EIA, así como la nulidad de la autorización para la construcción de la planta de beneficio del proyecto.

El proyecto Tía María tiene como objetivo la extracción de cobre, con una inversión de alrededor de US$1.400 millones.
Minem se pronuncia tras anulación de la autorización de explotación

El Ministerio de Energía y Minas informa que dicha disposición tiene el objetivo fortalecer la transparencia, la seguridad jurídica y la confianza en el desarrollo de inversiones que contribuyen al crecimiento económico y al bienestar de las regiones.

Precisó que lo dispuesto por el Consejo de Minería no da por concluido ningún procedimiento administrativo, sino que solo implica la reevaluación técnica del expediente dentro del marco legal. «Vale subrayar que con todo lo anterior seguimos dando todas las certidumbres a las inversiones mineras privadas en nuestro país», afirmó.
larepublica.pe

Javier Bedía Prado
10/03/2026
En portada: Minería a cielo abierto en Espinar, Cusco.
El Poder Judicial de Cusco (Perú) dilata el proceso de amparo formulado por la comunidad campesina Huisa contra una empresa del grupo minero suizo Glencore, por contaminación del ambiente y daños a la salud de la población de la provincia cusqueña Espinar, donde el 36% del territorio está concesionado a la minería.

Entre mayo de 2025 y este marzo, el Juzgado Civil de Espinar reprogramó cinco veces la audiencia de la acción constitucional interpuesta por los comuneros a la compañía cuprífera Antapaccay, una de las principales productoras de concentrado de cobre del país. La última audiencia fue cancelada el 10 de marzo y reprogramada para el próximo 8 de abril.

En tres ocasiones, el motivo de suspensión de la audiencia argumentado por la sala judicial fue que no se pudo notificar a algunas de las instituciones estatales demandadas, al no encontrarse su domicilio legal.

“Al extender el tiempo, se le permite a la empresa ver formas de responder, tomar medidas para argumentar que sí atienden las afectaciones determinadas en estudios. No se busca reparar derechos vulnerados, sino desestimar responsabilidades. Hay una campaña abierta para desconocer los resultados de los estudios”, declaró a Avispa Mídia la politóloga Karina Castro, integrante de CooperaAcción.

El impacto ambiental de la mina a tajo abierto Antapaccay en la provincia cusqueña Espinar ha sido señalado por instituciones públicas. En noviembre de 2025, el Organismo de Fiscalización y Evaluación Ambiental (OEFA) sancionó a la empresa con una multa de 1,6 millones de dólares, debido a que excede los límites permitidos de emisiones de material particulado PM10. Los metales pesados contenidos en estas partículas microscópicas son un grave riesgo para la salud porque penetran profundamente en el sistema respiratorio.

La demanda de la comunidad Huisa, en la que también participa la Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos de Espinar, incluye a los ministerios de Energía y Minas, Ambiente y Salud; a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Actividades de Glencore en Perú.

Los vínculos entre la empresa y el Estado se manifiestan en la posición del propio Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). “En una reunión con la Plataforma de Personas Afectadas por Metales Tóxicos, el año pasado, funcionarios del OEFA les dijeron que su responsabilidad es apoyar que las actividades extractivas se desarrollen en el país, que era una prioridad y no iban a dificultarlas”, relata la especialista en conflictos mineros.

Las afectaciones socioambientales en Espinar llevan cuatro décadas, desde la entrada en actividad de la mina Tintaya, predecesora de Antapaccay. Glencore adquirió el yacimiento a la también suiza Xtrata en 2012.

Meses antes de la transacción, cuatro comuneros fueron asesinados y cerca de un centenar heridos por la policía en protestas contra las operaciones de Xtrata.
Contaminación comprobada

En esta provincia andina hay una crisis de salud pública causada por la megaminería. Según la Dirección Regional de Salud de Cusco y la Red de Salud Canas Canchis Espinar, el 58% de la población de Espinar presenta en la sangre altos niveles de arsénico, manganeso, cadmio, plomo y mercurio. La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que el arsénico en sus formas inorgánicas es un carcinogénico comprobado tipo I y lo asocia con diversos tipos de cáncer, al igual que el cadmio.

De acuerdo a una variedad de estudios, la actividad de Antapaccay afecta, además del aire, fuentes de agua superficiales y subterráneas, así como los suelos, al ganado, la fauna silvestre y la flora. La causalidad, negada por la empresa y el Estado, se sostiene sobre evidencias desde el año 2010.

El Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas) demostró que el agua que consume la población de Espinar contiene mercurio y arsénico. Puntualmente, las comunidades Huisa y Alto Huancané están expuestas a altos niveles de metales pesados.

“Más del 80% de la población está expuesta a metales pesados. Crecen la cantidad de niños con problemas de desarrollo relacionados a la exposición prolongada al plomo y los casos de cáncer; la tasa de enfermedades es alta. El impacto en su sustento económico es severo, la actividad agropecuaria casi desapareció, ya no les compran sus quesos, su leche porque su ganado se alimenta de pastos contaminados, y la población no tiene más opción que consumir estos productos. La crianza de truchas no funciona porque los peces se mueren”, indica la representante de la organización de justicia ambiental.
Protestas contra la minería a cielo abierto por parte de Glencore en Perú. Fotos: Cooperacción.

Informes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), realizados entre 2022 y 2023, determinan que los efluentes de la zona de beneficio incumplen la norma de calidad de agua para irrigación y uso ganadero. Asimismo, que los lixiviados de botaderos y depósitos de relaves afectan aguas superficiales y subterráneas.

Estos resultados fueron respaldados por un especialista internacional, el experto en química Bernhard Wehrli, profesor del Instituto Federal de Tecnología de Suiza, quien recomendó una actualización urgente de las evaluaciones de impacto sobre la salud.

En el estudio Glencore en el Perú, de Oxfam y CooperAcción, se recogen testimonios de habitantes de Espinar acerca de incidencias de muertes por cáncer y nacimientos de personas con discapacidades.

En este panorama de expectativas de formas de justicia y necesidades de asistencia médica, se generan tensiones entre las comunidades incluidas en el área de influencia y las que no lo están. Ante la destrucción de la dinámica económica tradicional, hay familias cuyos ingresos dependen de la mina, lo que marca más diferencias en el entorno comunitario.
Demanda de potencias

Antapaccay, considerada entre los principales activos de Glencore en Sudamérica, produce alrededor de 150,000 toneladas de concentrado de cobre al año. La extensión proyectada de su área hasta el año 2022 era de 20 mil hectáreas, con reservas de oro y plata.

A través del proyecto Coroccohuayco, el grupo suizo planea duplicar su producción de cobre en Espinar a 300,000 toneladas anuales, para lo que tendría que sumar 20 mil hectáreas a la zona de sacrificio de Espinar. Así, Glencore se propone extender la vida útil de Antapaccay – cuya productividad actualmente se estima hasta el año 2034- durante otras dos décadas. Esto implica la desaparición de 85% de la comunidad Pacopata, de acuerdo al informe Glencore en el Perú.

Las organizaciones en los territorios advierten negociaciones irregulares por parte de la compañía e información imprecisa sobre las dimensiones de Coroccohuayco, que aún no ha pasado por consulta previa.

Además, en diciembre de 2025 Glencore adquirió el proyecto de extracción de cobre Quechua, también a tajo abierto y en la provincia de Espinar.

La transnacional se expande en el cinturón cuprífero de la Cordillera de los Andes, en el contexto del aumento de la demanda de cobre -del que el Perú es segundo productor mundial- por parte de las dos potencias globales, China y Estados Unidos.

En enero, el país suscribió con Estados Unidos un memorándum de entendimiento para acelerar la extracción de minerales considerados críticos por Washington, requeridos por la industria militar y tecnológica.

“Vemos un ejercicio de poder de las empresas sobre el Estado, el intento de reducir, desaparecer la estructura de protección ambiental. Presumimos que se incrementarán las presiones, con el fondo de la transición a energías renovables promovida por China, con Estados Unidos como un actor más inescrupuloso. Es una tendencia que vemos que va a incrementarse y traerá más impactos, principalmente a las mujeres”, concluye la politóloga.

El poder de Glencore en el Perú incluye la participación del 33% en Antamina (región Áncash), uno de los mayores complejos polimetálicos del mundo.

La alta rentabilidad, las nulas responsabilidades y la escasa inversión de la industria minera en el Perú, más allá de sus costos de operaciones, anticipa, para los especialistas, un crecimiento incluso más agresivo de las zonas de sacrificio, este sí realmente crítico para la existencia de poblaciones campesinas de los Andes.

Perú: Bloquean demanda de comunidad contra minera suiza; denuncian contaminación y crisis sanitaria

04/03/2026
La minera canadiense Lupaka Gold busca en una corte federal de Washington confirmar un laudo por cerca de US$69 millones ligado a protestas que paralizaron la mina Invicta. Perú afirma estar dispuesto a cumplir.

La minera canadiense Lupaka Gold Corp. presentó una demanda en Estados Unidos para hacer exigible (confirmar) un laudo arbitral internacional de aproximadamente US$69 millones (incluidos intereses) contra el Estado peruano, en el marco de una disputa vinculada a protestas que paralizaron su operación en la mina Invicta, en Perú.

De acuerdo con la información difundida por la compañía, la acción judicial fue ingresada el 27 de febrero ante una corte federal en Washington (Distrito de Columbia) con el objetivo de que un juez estadounidense reconozca el laudo, paso que facilita la ejecución y eventuales embargos de activos dentro de jurisdicción estadounidense.
Perú dice estar dispuesto a cumplir y propone coordinación

El Ministerio de Economía y Finanzas de Perú señaló que se contactó con Lupaka antes de la demanda para transmitir su “predisposición” a cumplir el laudo y propuso reuniones de coordinación. El Estado, añadió, mantiene su compromiso de honrar sus obligaciones.

Un precedente seguido de cerca por el mercado

El caso ocurre en un contexto de creciente número de controversias inversionista–Estado que involucran a Perú. El reportaje menciona que esta sería al menos la segunda demanda reciente para cobrar laudos mediante tribunales de EE. UU., y recuerda el antecedente del consorcio aeroportuario Kuntur Wasi, que fue pagado tras un proceso de confirmación judicial en Estados Unidos.

Asimismo, Perú enfrenta una disputa de alto perfil con Brookfield Asset Management por Rutas de Lima, con un arbitraje por US$2.7 mil millones aún pendiente, mientras el municipio de Lima ya habría perdido arbitrajes relacionados por montos menores.
Por qué importa: señal para futuras decisiones de inversión

Para el sector minero, la relevancia va más allá de este caso puntual: la confirmación y ejecución de laudos se observa como un indicador de cumplimiento de obligaciones internacionales, lo que puede influir en la percepción de riesgo y en decisiones de asignación de capital en jurisdicciones con alta conflictividad social.
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2026/03/lupaka-gold-demanda-peru-eeuu-laudo-69-millones-invicta

Gloria Alvitres | 26/01/2026
El conflicto social en torno al proyecto minero Tía María se mantiene latente. En Arequipa, las denuncias presentadas contra agricultores que protestaron a fines de 2025 vienen siendo archivadas de manera progresiva. En paralelo, dirigentes del Valle del Tambo se movilizaron hasta Lima para cuestionar la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental, que consideran caduco. Convoca.pe revisó el caso para comprender el estado actual del conflicto.

Alegando “problemas de sistema” se suspendió la audiencia programada para hoy en el Primer Juzgado Constitucional que iba a resolver la Acción de Amparo que solicita declarar la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado por Southern Peru Copper Corporation. En paralelo, en Arequipa, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay archivó siete investigaciones penales abiertas contra dirigentes del Valle de Tambo por las protestas realizadas contra el proyecto minero en 2025. En ese contexto, los dirigentes del valle realizan un plantón frente al Poder Judicial, en Lima, y sostienen que no cesarán las movilizaciones mientras continúe el avance del proyecto.

Durante el gobierno de Dina Boluarte, el Ministerio de Energía y Minas respaldó en 2025 el reinicio del proyecto minero Tía María, impulsado por Southern Peru Copper Corporation. La iniciativa avanza hacia su etapa de construcción, con la expectativa de iniciar operaciones comerciales en la segunda mitad de 2027. A este escenario se suman cuestionamientos legales sobre la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental que sustenta el proyecto, así como denuncias de criminalización de la protesta social.

David Velasco (Fedepaz), abogado de la defensa, señaló que los dirigentes fueron acusados sin pruebas individualizadas. “La Policía no tenía a quién acusar por las protestas pacíficas y se abrieron más de 40 investigaciones, prácticamente una por cada día de movilización, contra ‘quienes resulten responsables’. La acusación fue tan amplia que se terminó citando a los dirigentes más conocidos, pero sin fotos ni pruebas que los incriminen”, explicó.
protesta

La Procuraduría Pública de Orden Interno del Ministerio del Interior denunció una supuesta comisión de delitos por parte de los manifestantes. A partir de estas denuncias, y también de oficio, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay abrió investigaciones contra distintos pobladores del Valle del Tambo, pese a que no existían imputaciones ni sindicaciones directas en su contra. En todos los casos, las investigaciones se dirigieron formalmente contra “los que resulten responsables”, aunque de manera reiterada fueron citados los mismos 20 pobladores, según indicó David Velasco de Fedepaz.

Las investigaciones se iniciaron por presuntos delitos contra los medios de transporte, disturbios y otros, en el contexto de la paralización indefinida que comenzó el 18 de febrero de 2025 en el Valle del Tambo. En total, la Fiscalía abrió más de 40 investigaciones penales contra más de 20 residentes del valle, entre agricultores, transportistas y maestros, que se oponen al proyecto minero Tía María.

“Lo que existe es una criminalización por parte del Estado. A mí se me ha investigado incluso por declaraciones en medios de comunicación o publicaciones en Facebook, sin que existan pruebas o fotografías que demuestren bloqueos de carreteras”, afirmó Miguel Meza, dirigente del Valle del Tambo, en declaraciones a Convoca.pe.
planton

En notas anteriores, Convoca.pe dió a conocer la persecución sostenida contra dirigentes y defensores de derechos humanos que se oponen al proyecto minero. Entre 2011 y 2014, durante el periodo más álgido del conflicto por Tía María, ocho personas fallecieron. “La persecución continúa, pero no tienen pruebas”, sostuvo Meza.

El cuestionado estudio de Impacto Ambiental

“Nos encontramos en Lima en una comisión para exigir que se invalide el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Tía María porque es un atentado contra la agricultura y contra el río», afirmó Miguel Meza, dirigente del Valle del Tambo a Convoca.

En marzo de 2025, los habitantes del Valle de Tambo presentaron una demanda de amparo contra Southern Peru Copper Corporation, el Ministerio de Energía y Minas, Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) y Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) solicitando que se declare la caducidad de los efectos jurídicos de la resolución que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María, así como la nulidad de la resolución que autorizó la construcción de la planta de beneficio.
empresa

Respecto a Senace, el gobierno aprobó contra el reloj un decreto destinado a acelerar grandes inversiones mineras cómo reveló Convoca.pe el 2024. El ex ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, aceleró la aprobación del Decreto Supremo 009-2024, mientras aún se desarrollaba el debate interno de la norma en las instancias técnicas competentes. Esta decisión se produjo en el marco de un discurso oficial orientado a la “reducción de la tramitología” como mecanismo para agilizar las inversiones mineras.
“El Estudio de Impacto Ambiental ha caducado porque fue presentado el 2013, ya no tiene sentido que lo sigan validando, además, tenía muchas fallas y cuestionamientos”, indicó Miguel Meza.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María vuelve a estar en el centro del debate. En un reportaje anterior, Convoca.pe revisó el expediente completo de aprobación del estudio, 35 tomos, con el apoyo de ingenieros ambientales independientes y contrastó los hallazgos con la consultora Geoservice Ingeniería, contratada por Southern Peru Copper Corporation para su elaboración. La revisión identificó graves inconsistencias en el manejo de las aguas y en el monitoreo de los impactos ambientales, además de revelar una historia poco conocida de interacciones entre el Ministerio de Energía y Minas, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y la propia consultora.

La audiencia programada para el día de hoy en el Primer Juzgado Constitucional fue suspendida alegando “problemas en el sistema” y se realizará en mayo, según informó Red Muqui a Convoca.

A las afueras del Poder Judicial, dirigentes, agricultores y pobladores del Valle del Tambo realizan un plantón para exigir que se revise el caso adecuadamente. Miguel Meza ha señalado que continuarán con futuras acciones de resistencia a la minera porque la consideran dañina para la agricultura.
https://convoca.pe/agenda-propia/tras-ser-absueltos-agricultores-del-valle-del-tambo-se-movilizan-en-lima-contra

26/01/2026

El conflicto social Cachicadán se suma a los episodios que marcan la agenda diaria en la sierra de La Libertad, donde las disputas por actividades extractivas mantienen en alerta a la población. En el distrito de Cachicadán, provincia de Santiago de Chuco, comuneros y autoridades locales expresan preocupación por presuntos impactos ambientales vinculados a operaciones mineras en la zona. La tensión social se incrementó tras una intervención policial durante una jornada de protesta comunal.
¿Por qué se inició el conflicto social en Cachicadán?

Los pobladores del caserío de Tambillo acataron un paro indefinido como medida de protesta frente a la empresa minera Olga Victoria. Los comuneros denunciaron una presunta contaminación ambiental que afectó fuentes de agua utilizadas para consumo y actividades agrícolas. La protesta se sostuvo como una exigencia de garantías ambientales y protección de los recursos hídricos.
¿Qué rol cumplió la Policía Nacional durante la protesta?

Durante la movilización, se observó la presencia de un importante contingente de la Policía Nacional que se desplazó hasta la zona con el objetivo de resguardar el orden público. Sin embargo, comuneros cuestionaron la intervención policial al considerar que favoreció a la empresa minera, lo que intensificó el malestar social.
¿Qué cuestionamientos surgieron desde el ámbito político?

La situación generó reacciones en el ámbito político regional y nacional. Lorena Carranza, integrante de la Comisión Ordinaria de Defensa Nacional, emitió un comunicado donde exigió que las entidades competentes del Estado evalúen los hechos y adopten medidas frente al conflicto.
¿Qué exigen actualmente los comuneros de Cachicadán?

Los pobladores mantuvieron la medida de fuerza por más de diez días y advirtieron que no permitirán la reanudación de las operaciones mineras. Exigieron estándares ambientales claros que garanticen la preservación del agua y la salud de la población local.

Santiago de Chuco: Conflicto social por protesta minera y presencia policial

Los procesos penales se abrieron durante la paralización de 2025 y fueron cerrados al no identificarse responsables ni existir pruebas suficientes
Olenka Pizarro
25/01/2026
Tía María – Southern Perú

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay archivó siete investigaciones penales abiertas contra pobladores del Valle del Tambo que participaron en las protestas contra el proyecto minero Tía María, al concluir que no existían pruebas ni responsables identificados. Los procesos se iniciaron durante la paralización indefinida de febrero y marzo de 2025 y formaron parte de una serie de denuncias que organizaciones de derechos humanos han calificado como un intento de criminalización de la protesta social.
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Según informó la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay abrió más de 40 investigaciones penales contra al menos 20 pobladores del Valle del Tambo —entre agricultores, transportistas y maestros— en el contexto de una paralización indefinida iniciada el 18 de febrero de 2025.

Las protestas se realizaron mediante marchas, plantones y otras manifestaciones públicas que, de acuerdo con FEDEPAZ, se desarrollaron de manera pacífica. No obstante, la Procuraduría Pública de Orden Interno del Ministerio del Interior presentó denuncias por supuestos delitos contra los medios de transporte, disturbios y otros ilícitos, lo que motivó la intervención del Ministerio Público.

Denuncias sin imputaciones directas
De acuerdo con la información proporcionada por FEDEPAZ, las investigaciones se abrieron pese a que no existían sindicaciones directas contra personas determinadas. En la mayoría de los casos, la Fiscalía señaló que los procesos se dirigían “contra los que resulten responsables”.

Sin embargo, siempre eran los mismos pobladores del Valle del Tambo quienes eran citados a rendir declaración, aun cuando las carpetas fiscales no contenían imputaciones individualizadas ni pruebas que los vincularan directamente con los hechos denunciados.

Siete carpetas fiscales finalmente archivadas
FEDEPAZ informó que, mediante la Disposición N.º 03-2025-MP-DFA-FPPC-ISLAY, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay resolvió archivar siete investigaciones correspondientes a las carpetas fiscales 324-2025, 328-2025, 360-2025, 363-2025, 378-2025 y 446-2025, las cuales fueron acumuladas posteriormente en la carpeta 327-2025.

Estas investigaciones estaban vinculadas a nueve presuntos hechos delictivos que, según las denuncias, habrían ocurrido entre el 24 de febrero y el 21 de marzo de 2025, periodo en el que se desarrolló la paralización indefinida en el Valle del Tambo.

La Fiscalía sustentó el archivo al concluir que no fue posible “introducir mediante otros actos de investigación datos sobre los presuntos responsables” y que no existían testigos de los hechos, por lo que correspondía ordenar el cierre de las investigaciones.
Defensa legal denuncia criminalización de la protesta

El abogado defensor de los investigados, David Velazco Rondón, señaló que estas investigaciones vulneraron derechos fundamentales de los pobladores del Valle del Tambo.

“No hay que perder de vista que estas falsas imputaciones y aperturas de investigaciones penales contra los defensores de derechos humanos y del ambiente vulneran sus derechos como ciudadanos, dado que el derecho a organizarse y realizar peticiones de diálogo o incluso llevar adelante protestas públicas pacíficas se encuentra reconocido en tratados internacionales de protección de derechos humanos y en la propia Constitución Política del Perú”, afirmó.

Velazco Rondón agregó que la decisión de archivar las investigaciones confirma que no existían elementos probatorios contra los denunciados.

“La decisión fiscal de archivar todas estas investigaciones, con el argumento de no haber obtenido prueba de la identidad de los presuntos responsables penales, prueba la existencia de una arbitraria decisión gubernamental de criminalizar injustamente a los defensores del ambiente y derechos humanos, incluso sin que exista indicio y menos prueba alguna de responsabilidad penal contra ellos”, sostuvo.

FEDEPAZ recordó que el conflicto en torno al proyecto minero Tía María se origina en la oposición sostenida de la población del Valle del Tambo, principalmente agricultores, frente a la intención de diferentes gobiernos de imponer el desarrollo del proyecto.

Según la organización, estudios técnicos elaborados por expertos independientes han advertido que el proyecto minero podría afectar gravemente la cantidad y calidad del agua en una zona dedicada a la producción agrícola de alta calidad, lo que explica el rechazo mayoritario de la comunidad local.

Finalmente, el abogado Velazco Rondón sostuvo que este tipo de procesos penales forman parte de una estrategia para desalentar la protesta social.

“Hay que denunciar este comportamiento del gobierno peruano, que a través de sus procuradurías públicas y la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay solicitan e inician procesos dentro de lo que consideramos una estrategia de amedrentamiento contra las personas defensoras de derechos humanos y del ambiente del Valle del Tambo, accionar que se debe rechazar y condenar por ser contrario a un Estado garantista y respetuoso de los derechos de todas y todos”, concluyó.
https://www.infobae.com/peru/2026/01/25/fiscalia-archiva-siete-investigaciones-contra-pobladores-del-valle-del-tambo-por-protestas-contra-tia-maria/

AP 20/11/2025

Mineros informales peruanos se manifiestan exigiendo al Congreso que apruebe una ley que legalizaría su trabajo, en Lima, Perú, el martes 18 de noviembre de 2025..
Martin Mejia – AP
LIMA (AP) — El Congreso de Perú se disponía a debatir el jueves si extiende por quinta vez un permiso temporal que habilitaría a miles de mineros informales a extraer oro y cobre hasta fines de 2027 sin ser sancionados por las autoridades reincorporando además a 50.000 permisos excluidos, en medio de protestas de trabajadores de ese sector frente a la sede del Poder Legislativo.

Los permisos se han postergado desde 2016 sin que ningún gobierno haya logrado empadronar y cobrar impuestos a miles de mineros que, según evidencias de la fiscalía, usan mercurio para extraer oro en zonas naturales protegidas, contaminan ríos de la Amazonía que brindan agua y peces a poblaciones indígenas, o han invadido concesiones mineras de terceros, la mayoría pequeños mineros formales.

En Perú existen tres tipos de minería: la formal que cumple todos los requisitos legales; la informal que es de menor magnitud, pero se encuentra en proceso de legalización por varios años; y la ilegal que opera en territorios prohibidos por la ley y tiene nexos con grupos criminales. Según las autoridades un número indeterminado de registros de mineros informales es aprovechado por grupos criminales que se involucran en la extracción de minerales atraídos por los altos precios mundiales del oro y cobre.

El martes una comisión parlamentaria de Energía y Minas aprobó un dictamen para ampliar la vigencia del permiso temporal, llamado Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), hasta el 31 de diciembre de 2027, que será sometido a debate a lo largo del jueves. Para convertirse en ley debe ser aprobado de forma mayoritaria por el pleno del Parlamento unicameral.

El gobierno del presidente José Jerí no ha indicado si promulgará la ley en caso de ser aprobada o la observará, lo que implicaría su envío al Congreso con observaciones para que modifique los puntos cuestionados.

«El dictamen aprobado es nefasto…lo que hace es favorecer la minería ilegal abiertamente», dijo a la radio RPP Nicolás Besich, coordinador general del laboratorio de ideas Videnza Instituto. Señaló que el dictamen suspende la eliminación ordenada por el gobierno en julio de 50.565 permisos mineros temporales para personas que no realizaban actividades mineras o que no habían realizado trámites para regularizarse por varios años.

Adicionalmente 31.560 permisos temporales mineros sí han sido apoyados por las autoridades porque sus titulares tienen deseos de formalizarse, según el gobierno. La cuarta ampliación de los permisos temporales se realizó en junio y el Congreso indicó esa vez que la extensión, que finaliza a fines de 2025, era por “única vez”.

Las discusiones por la extensión temporal de los permisos ocurren a pocos meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias de abril y muchos de los congresistas buscan ganar la simpatía de los mineros informales que suman entre 300.000 y 500.000, según la fiscalía y datos de los propios mineros.

La Comunidad Andina —que integran Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia— dictaminó en octubre que Perú no está cumpliendo con sus compromisos para frenar la minería ilegal de oro. La organización ordenó a Perú finalizar las extensiones de los permisos temporales mineros, confiscar maquinaria de la minería ilegal, y señaló que en caso de que no ocurra, el país podría sufrir sanciones comerciales.

Cada vez que los mineros informales han logrado extender sus permisos temporales han protestado previamente por días de manera multitudinaria en los alrededores del Parlamento y a diferencia de las protestas antigubernamentales que exigen la remoción del presidente no han sido desalojados ni dispersados por la policía.

A mediados de año el gobierno dijo que la minería ilegal era más lucrativa que el narcotráfico y la fiscalía calculó que esta actividad genera unos 7.000 millones de dólares anuales.

Perú produce alrededor de 100 toneladas de oro por año, pero otras 40 toneladas se producen de forma ilegal e informal, según cálculos del Ministerio de Energía y Minas.

https://lancasteronline.com/lavoz/latinoamerica-y-caribe/congreso-de-per-debate-quinta-extensi-n-hasta-2027-de-permisos-para-operar-minas-informales/article_e6fdc594-e747-5786-a603-f42c36fcb62b.html

La movilización provocó un severo caos vehicular en el Cercado de Lima, afectando el tránsito hacia zonas como el Rímac, San Juan de Lurigancho y Barrios Altos.
17/11/2025

La mañana de este lunes dejó una imagen repetida pero cada vez más intensa: cientos de mineros informales tomaron la avenida Abancay y sus alrededores para exigir la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y la reincorporación de miles de expedientes excluidos. La protesta, que se concentra frente al Congreso de la República, se desarrolla a pocas horas de que la Comisión de Energía y Minas debata un predictamen que extendería el proceso hasta diciembre de 2027.

La movilización provocó un severo caos vehicular en el Cercado de Lima, afectando el tránsito hacia zonas como el Rímac, San Juan de Lurigancho y Barrios Altos. Las avenidas y jirones Áncash, Junín y Abancay permanecieron bloqueados por varias horas mientras los manifestantes prometían permanecer en la zona de manera indefinida.
¿Por qué protestan los mineros informales?

La principal demanda gira en torno a dos puntos:

Extender el REINFO hasta 2027, como plantea el nuevo predictamen.
Permitir el reingreso de alrededor de 50 mil mineros excluidos del padrón.

El REINFO es una herramienta creada por el Estado para ordenar y formalizar la actividad minera artesanal y de pequeña escala. Sin embargo, su avance ha sido lento y polémico. Cada ampliación ha generado debates sobre su eficacia, el riesgo de incentivar la minería ilegal y las limitaciones del propio Estado para fiscalizar.

¿Qué significa extender el REINFO?
Para los manifestantes, representa una oportunidad para regularizar su actividad y seguir operando sin ser considerados ilegales. Para parte del Congreso y de especialistas, se trata de una medida que debe ser acompañada de mayor control y reformas estructurales.
Predictamen listo para debate: ¿qué contempla?

El documento que será analizado este martes por la Comisión de Energía y Minas ya fue colgado en el sistema parlamentario. Su propuesta central es ampliar el REINFO por dos años más, hasta diciembre de 2027, lo que ha generado expectativa entre mineros y operadores del sector.

Entre sus disposiciones más relevantes, el predictamen propone:

Prórroga del REINFO hasta fines de 2027.
Reapertura para el reingreso de expedientes previamente excluidos.
Adecuaciones normativas para pequeños productores y mineros artesanales.

Para los dirigentes mineros, este punto es crucial: la exclusión masiva de expedientes en los últimos años dejó fuera a miles de trabajadores que ahora exigen volver al proceso.
Roberto Sánchez respalda ampliación por cinco años

Durante la protesta, uno de los protagonistas fue el congresista Roberto Sánchez, quien subió a un vehículo para dirigirse a los manifestantes. En medio de arengas y banderas, el parlamentario sostuvo que dos años no son suficientes y que la ampliación debería extenderse hasta cinco años, un plazo que considera más realista para cumplir con los requisitos de formalización.

“¡Viva el pueblo minero!”, exclamó entre aplausos. Sánchez también llamó a los manifestantes a mantenerse vigilantes y movilizados, calificando su reclamo como “una lucha justa y necesaria”.

Su postura anticipa que el debate en la Comisión podría dividir posiciones entre quienes respaldan una extensión mayor y quienes consideran que el proceso debe tener límites más estrictos.
Tensión sin enfrentamientos en el centro de Lima

A pesar del bloqueo prolongado, la jornada se mantiene sin enfrentamientos. Efectivos de la Policía Nacional intentaron confinar la protesta a un carril de la avenida Abancay, pero no lograron replegar a los manifestantes.

El tránsito desde el Parque Universitario hasta el Puente Hacho permanece restringido, provocando malestar entre transportistas y peatones. Comerciantes de la zona también reportaron afectaciones por la presencia masiva de manifestantes y el cierre parcial de vías.
¿Qué puede pasar en las próximas horas?

Con los mineros instalados frente al Parlamento y el predictamen en agenda, se esperan tres posibles escenarios:

Que la Comisión de Energía y Minas apruebe el predictamen, lo que podría reducir la tensión, aunque el Pleno también deberá debatirlo.
Que se postergue el debate, lo que podría intensificar las protestas.
Que se rechace o modifique sustancialmente el texto, lo que abriría una nueva fase de movilización.

La protesta, según los dirigentes, se mantendrá de manera indefinida hasta que exista una decisión concreta del Congreso.

Marcha minera toma Abancay: piden ampliar el REINFO hasta 2027