Perú

Bambamarca. Nuevas Protestas frente a la Contaminación Minera

11/02/2019
Marco Arana
En diciembre del año pasado ocurrió una rotura de la tubería de drenaje en la que se filtró relave de la poza de estos, en la unidad minera Cerro Corona de propiedad de Gold Fields (una de las mayores transnacionales mineras del mundo). Esta emergencia ambiental generó que murieran más de 7 mil truchas e impactó en las aguas y suelos, que terminaron contaminados; una vez más fueron afectadas las personas.

Hualgayoc es la provincia con mayor existencia de pasivos ambientales mineros del país. Según informes del Centro de Salud Ocupacional y Ambiental (CENSOPAS), organismo dependiente del Ministerio de Salud, cientos de personas de Hualgayoc, Bambamarca y Chugur tienen arsénico y otros metales pesados en su sangre. Cualquier afectación más, sólo puede contribuir a agravar su situación.

Defender derechos: La tarea permanente

En Lima, desde el Congreso, habiendo sido informado por las rondas campesinas, inmediatamente acudimos a las autoridades correspondientes: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM), contamos también con la participación del alcalde provincial recientemente electo que se hallaba en Lima. Tuvimos una larga reunión con las altas autoridades de los organismos mencionados. Del OEFA nos informaron que obtener los resultados de los análisis definitivos de la contaminación ocurrida, demoraría aproximadamente tres meses y, si es que la empresa interponía (como efectivamente lo hizo) el procedimiento de contra muestras, el proceso podría tardar “unos meses más”. Buena voluntad y disponibilidad había en los funcionarios del OEFA, pero son parte del Estado débil, centralista, que por tres décadas ha abdicado a sus funciones de fiscalización y control y, permitido casi la cancha libre a las autorregulaciones de las empresas que actúan “responsablemente”.

Bajo este concepto, por ejemplo, las grandes mineras no pagan por uso de agua en base a medidores que permiten saber cuánta agua extraen y usan, ellas pagan por agua solo en base a una declaración jurada, pues la Autoridad Nacional del Agua “presume la buena fe de las empresas”.

El Estado Centralista. “Con la Salud: Sí, se Juega”

Los plazos demorados, la indolencia, los derechos ignorados parecen valer menos cuando se trata de campesinos y campesinas que además están lejos de Lima y las autoridades saben que, si acaso sale alguna noticia sobre lo acontecido no habrá escándalo mediático. La burocracia parece dar la respuesta de siempre: “pueden aguantar”, “ya lo resolveremos”.

En el país que algunos llaman “Perú: país minero”, el OEFA, el organismo encargado de supervisar y fiscalizar las operaciones mineras (y otras), no tiene laboratorio especializado propio para hacer los exámenes de contaminación minera. ¡Recién lo tendría en algunos años más!

Por cierto, los famosos Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) no exigen el establecimiento de una línea de base de salud ambiental. Así que, si como fruto de los daños ambientales, las poblaciones aledañas a operaciones mineras contraen metales pesados y extrañas enfermedades asociadas a ellos. Bien se puede decir que estaban contaminadas desde siempre “por contaminación natural”. No es broma, hay “expertos” que sostienen hasta públicamente este argumento. En realidad, los EIAs debieran contener una línea de base de salud ambiental y el Minsterio de Salud (MINSA) el suyo, de manera que se puedan contrastar los impactos ambientales en la salud y salir de toda duda. Dice el refrán tan conocido por todos que “con la salud no se juega”, pero la realidad muestra que en Perú sí se juega con la salud de las poblaciones de las áreas de impacto donde se realizan estas operaciones.

Envenenan la Vida de la Gente

El Perú tiene 20 años de bonanza agroindustrial con utilización de miles de toneladas de agro químicos y pesticidas, 30 años de enorme expansión minera contaminando aguas, suelos, aire y también miles de personas, tales como los casos de La Oroya, Choropampa, Espinar, Ilo, Callao, Pasco, Azángaro, Huancané, Moquegua, Huancavelica, Ayacucho con Catalina Huanca, entre otros. Dieciséis ríos de la costa, incluido el RÍmac que abastece a la mayor población del Perú, tienen metales pesados.

Se habla muchísimo de las bondades de la minería y a veces de los niños y niñas con plomo, con arsénico y mercurio en la sangre, que llegan con sus padres y madres también envenenados, los cuales, de vez en cuando llegan a encadenarse en las rejas del Ministerio de Salud. Ministerio que tiene una dirección de salud ambiental (DIGESA) que parece inexistente o maniatada y van al Ministerio de Energía y Minas, donde muchas veces ni siquiera los reciben o si lo hacen les ofrecen alguna vaga promesa que casi nunca se cumple.

Las personas intoxicadas con metales pesados no es la gente que tiene el poder del billete, son más bien las víctimas empobrecidas y envenenadas que quedan en el camino y que a muchos economistas, opinólogos y grandes medios de comunicación, poco les importa pues están más preocupados por promover el crecimiento, las ganancias y los beneficios de las inversiones mineras.

“Protesto: Luego Existo” [1]

Cuando una vez más surgen las protestas, esta vez de los campesinos y campesinas de Hualgayoc y Bambamarca, todo indica que mientras no haya incendios, violencia o daños económicos a las importantes actividades económicas simplemente se les ignora. “Son cuatro gatos” diría Aldo Mariátegui, Jaime De Althaus y muchos otros. Total, en el Perú, fue Alan García –siendo Presidente– el que dijo que hay ciudadanos de primera y de segunda categoría.

De allí que si hay miles de ciudadanos que se ven afectados por la pérdida de sus fuentes de abastecimiento de agua o la contaminación de las mismas, es casi una cuestión de “mala suerte” que así sea. Mala suerte que no estés en Lima en donde, si te quedas unas horas o unos días sin agua, es noticia y hasta podría ser un escándalo nacional. Después, quienes tienen el poder o viven de espaldas a la realidad se molestan por qué los “cholos y cholas” migran. En sus medios suelen decir “ustedes, los que viven en las provincias alejadas”.

Así, por ejemplo, no es ni será noticia si miles de peruanos y peruanas viven al lado de una gran minera o una explotación petrolera que destruye sus fuentes naturales de agua, las contamina o en compensación les da agua contaminada engañándoles que es agua potable. No es un invento, ni un argumento anti minero o anti inversión. Esto está ocurriendo con las personas afectadas por la minera canadiense Tahoe-Shauindo, que está sacando oro en el valle de Condebamba en la provincia de Cajabamba, en Cajamarca. Allí los campesinos y campesinas, reciben agua en cisternas que almacenan en tanques de rotoplast, regalados por la minera luego que dañará la calidad de las aguas de sus sistemas de captación. La Defensoría del Pueblo lo sabe. La comisión de Energía y Minas del Congreso, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) lo saben. Lo saben, también, la Dirección Regional de Salud Ambiental, la fiscalía y la policía ambiental y el OEFA, con cuyo personal hemos estado en la misma zona donde han ocurrido los graves daños.

Es el Perú que duele, que subleva. ¡Es el Perú cuyas injusticias ambientales y sociales seculares deberemos cambiar!

No de Ahora, Sino de Siempre

Yo era estudiante del colegio cuando en tiempos de la dictadura militar de Morales Bermúdez, los campesinos de Bambamarca, hicieron una gran protesta contra la contaminación de los ríos Tingo, Maygasbamba y Arascorgue. Entonces eran las minas del Banco Minero (de propiedad del Estado), de la familia Santolalla y en los 80 también de los Benavides que permitían que los niños y niñas se metieran a los socavones, pues sus padres se habían muerto con los pulmones reventados por la silicosis y tenían que ganarse el pan de cada día y, en el mes de marzo, tener que trabajar para que los hermanitos menores pudieran comprar los cuadernos y el uniforme. No me lo han contado, yo mismo hice un video artesanal sobre estas injusticias a inicios de los años 80.

No solo con Plomo en la Sangre, sino también con Plomo de Fusiles

En las protestas de fines de los 70, en la plaza de armas de Bambamarca, la policía disparó a quemarropa y asesinó a un campesino. Las protestas se agudizaron y fue enviado el ejército y se impuso el estado de sitio. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

Las autoridades del MEM y el MINAM (que hoy, aunque débil y arrimado por poderosos intereses económicos, al menos, existe) han establecido que Hualgayoc es la provincia del país que tiene el mayor número de pasivos ambientales mineros, es decir, más lugares de vómitos de aguas tóxicas, de minas abandonadas que fluyen desde las cabeceras de cuencas hacia la parte baja de los valles y ciudades. En la actualidad, esta provincia tiene los impactos ya no solo de la vieja minería sino también de la moderna minería: Gold Fields en Cerro Corona; el Grupo Buenaventura en el cerro Tantahuatay y de Yanacocha en la cabecera de cuenca del Río Llaucano.

¿Qué ha cambiado? La contaminación minera es ahora mayor. La contaminación actual se acumula a los daños de la anterior y el peligro es mayor aún porque las operaciones mineras modernas pueden devorar montañas en pocos meses o años y sacar los minerales valiosos utilizando miles de kilogramos de cianuro para extraer oro o millones de litros de ácido sulfúrico para extraer cobre.

¿Más cambios?

Después de casi 40 años, en el año 2012, Ollanta Humala y el carnicero Óscar Valdés ordenaron a la policía y Al ejército que dispararan a los campesinos movilizados en las plazas de Armas de Celendín y Bambamarca. En esta última, le quitaron la vida a Joselito Vásquez Jambo, quien tenía solo 27 años, esta vez no fue con plomo diseminado en las fuentes de agua, sino con plomo de fusil y a otro joven como Elmer Campos, le cercenaron la médula con balas de AKM y lo dejaron parapléjico, con su discapacidad y dolor, para siempre.

De Alberto Fujimori a Martín Vizcarra: Continuismo Neoliberal Extractivista

Mientras en el Congreso de la República, la mayoría de bancadas parlamentarias: FP, APRA, AP, PPK, APP (también los llamados liberales y republicanos) aprobaron más leyes para seguir con las exoneraciones tributarias de las grandes empresas mineras y petroleras, las mismas que no pagan sus multas ambientales, al igual como ocurre con las AFPs que ganan miles de millones de soles mientras los trabajadores que aportan los pierden. En el sector minero, la SUNAT, les devuelve más dinero del que aportan en impuestos.

Es la política neoliberal extractivista, es decir, la extracción masiva de recursos naturales, sin mayor valor agregado, destinado a voraces mercados extranjeros en los que se obtienen fabulosas ganancias sin hacerse cargo de los inmensos daños ambientales. Todo eso con la ayuda de un Estado sometido y corrupto que desprotege y vulnera los derechos sociales y ambientales de las poblaciones aledañas a esas operaciones.

Con el Presidente Vizcarra, nada de esto ha cambiado

En todo esto, el gobierno del presidente Martín Vizcarra sigue siendo la continuidad de las políticas y de las prioridades que instauró el régimen corrupto de Alberto Fujimori y Montesinos y la que continuaron los demás presidentes corruptos. El prófugo Alejandro Toledo, el que impedimos que fugue: Alan García, el que algunas izquierdas apoyaron: Ollanta Humala y también el que logramos que fuera renunciado: PPK.

No vemos que esto vaya a cambiar, no con la ley de presupuesto aprobada para este año, ni menos con la ley de competitividad que viene impulsando el gobierno. Menos cuando vemos que acaban de apartar del proceso al juez Carhuancho que estaba viendo los delitos que habría cometido Keiko Fujimori y cuando abren investigación al fiscal Vela por investigar al “cuello blanco” Pedro Chávarry.

Mantenerse Firmes y Consecuentes para Defender la Justicia

Ciertamente, desde la sociedad civil y desde los sectores políticos que buscamos un cambio del modelo económico habrá que seguir exigiendo y luchando para que estos cambios se produzcan. La legitimidad del Presidente no proviene del respaldo de los grupos de poder económico que nos han sumido en el enorme tajo abierto de la corrupción, sino del respaldo popular que le permite gobernar y que demanda respeto y justicia, que demanda firme compromiso con la defensa del bien común y lucha sin tregua contra la corrupción.

No espere el gobierno, no esperen las empresas que las poblaciones se queden calladas frente a tanto atropello. En el sur, han impuesto el estado de emergencia para que la minera china Las Bambas siga operando a sabiendas que violó los compromisos del estudio de impacto ambiental que implicaba construir un mineroducto cuya construcción abandonaron para construir una megavía de transporte que, al no estar asfaltada, todos los días llena de polvo las pasturas de los campesinos, agricultores y ganaderos, que viven en la zona. Sí es la misma minera que consiguió una ley especial del Congreso (en tiempos de Humala), ley con nombre propio que le permitió a la empresa suiza Glencore vender en el extranjero la mina a la empresa china MinMetals sin que pagaran los impuestos, que sí debían pagar al fisco nacional.

Otra vez, Hualgayoc y Bambamarca, vuelven a decir: “Cajamarca, te quiero, por eso te defiendo”

No dejemos de oír estas voces que claman por respeto y por derechos. Sus reclamos son justos y atendibles. Incluso, dentro del actual marco legal existen atribuciones que la ANA y el OEFA tienen para impedir más daños irremediables sobre las aguas y sobre las poblaciones que dependemos de ellas.

Históricamente, Cajamarca ha sacrificado bastantes vidas desde que se impuso la extracción comercial de los minerales. No somos hace 500 años. Con Yanacocha y esta vez con muchísimas más toneladas de oro, se ha pagado un segundo rescate que no ha llegado y que, por el contrario, se ha traducido en mayor contaminación y el abandono de otras formas de desarrollo que, si bien podrían no amasar fortunas en manos de pocos, podría permitir buen estado de bienestar y satisfacción de necesidades de las mayorías y, sin envenenar los ríos que son las venas de las tierras que hasta hoy generosamente producen pastos y alimentos.

Las cifras sí importan. No son uno, no son dos.

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo[2], sólo en Hualgayoc, Chugur y Bambamarca, son alrededor de 300 personas afectadas por metales pesados. Ello, sin considerar que, en realidad, la afectación ambiental abarca no sólo a la población en Hualgayoc, sino también a las poblaciones aledañas; las cuales, hacen uso de las aguas contaminadas que, a través de sus efluentes, llegan a otras localidades. Esto, arroja una cifra de alrededor de 20,000 personas.

Sin embargo, en el 2017, el presupuesto regional para la atención de la problemática de salud ambiental, se redujo en un 70%, pese a que Hualgayoc cuenta con más de 1200 pasivos ambientales mineros.

La remediación de los pasivos ambientales mineros en Hualgayoc, que las empresas mineras no quisieron asumir, bordea los 25 millones de dólares; cifra que debe ser repartida en trabajos de taponeo, manejo de aguas y revegetación. Esto es menos de lo que las mineras se llevaron tras la depredación del ambiente y, en algunos casos, dejando sin fuentes de agua a poblaciones íntegras.

El Ejecutivo ha anunciado que invertirá, alrededor de 10 millones de soles, a través de Activos Mineros- Sin embargo, esta cifra no es suficiente para remediar suelos y aguas con sedimentos que sólo perpetúan la contaminación ambiental de la población cajamarquina.

El oro y cobre bajo el suelo de Cajamarca significó ganancias de más de 250 millones de soles, por empresa minera, que dejó en abandono sus componentes; los cuales al no cumplir con planes de cierre adecuados, van dejando huellas hídricas y climáticas, en una de las regiones más pobres del país.

Sí, Cajamarca, la región con oro bajo sus tierras, no cuenta con agua potable en diferentes localidades, infraestructura hospitalaria adecuada, ni un verdadero desarrollo educativo. Por el contrario, sus hombres y mujeres, deben vivir a la espera de un Estado que los olvida y de una minería que avanza, dejando rastros ambientales difícil de borrar.

¡Por ello, basta de minería sin planificación ni controles!

Implementación urgente de la ley de protección de cabeceras de cuencas, para lo cual se requiere el Marco Metodológico, con eficiente gestión y transparencia en la ANA, el OEFA, las fiscalías ambientales y sin corrupción de alto vuelo en el gobierno central o, el gobierno regional que tiene un nuevo Presidente y en los gobiernos locales que tienen nuevos Alcaldes.

Solidaridad plena con la lucha de las rondas campesinas y el Frente de Defensa Ambiental de Hualgayoc-Bambamarca y Chugur.

Marco Arana Zegarra – Congresista de la República.

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[1] Titular de La República. Conflicto de Combayo, Agosto 2006.

[2] https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/NP-271-2017.pdf

https://vozdelatierra.lamula.pe/2019/02/08/bambamarca-nuevas-protestas-frente-a-la-contaminacion-minera/vozdelatierra/

Perú

Organizaciones sociales de Hualgayoc radicalizan protesta contra minera Gold Fields

“Siempre hemos tenido la disponibilidad de dialogar, pero desgraciadamente minera Gold Fields aprovecha la tranquilidad de la población y hace lo que se les da la gana”, dijo un dirigente de la zona.
(Foto: Wayka)
REDACCIÓN GESTIÓN / 13.02.2019
Organizaciones sociales de Hualgayoc, Cajamarca, han acordado radicalizar el paro indefinido que emprendieron desde hace una semana en contra de la minera Gold Fields a raíz del derrame de sustancias químicas que afectaron una piscigranja, áreas de cultivo y las aguas del río Tingo Maygasbamba en el caserío El Tingo.

La decisión fue tomada teniendo en cuenta que para el martes 12, el Comando de Lucha de la provincia de Hualgayoc había convocado a una reunión a la empresa minera Gold Fields y autoridades nacionales y regionales.

Sin embargo, un par de días antes, desde la empresa se emitió un comunicado señalando que la reunión no fue oficialmente coordinada ni formalizada y que no podría desarrollarse un espacio de diálogo si se mantiene el paro y el bloqueo de vías “que pretenden presionar y chantajear a la empresa para participar en espacios paralelos que duplicarían los esfuerzos anunciado por el Poder ejecutivo”, informó el portal NoticiasSer.pe.

En este contexto, desde el martes por la mañana, los locales comerciales de la ciudad de Bambamarca permanecieron cerrados. Igualmente, los dirigentes coordinaron para que las cajas de ahorro e incluso locales privados y públicos no brinden atención.

Asimismo, se organizaron grupos establecidos en la vía que conecta a la ciudad de Bambamarca con la provincia de Chota y en el caserío de la Trucha del Oro (distrito de Hualgayoc) para restringir el pase de vehículos desde y hacia Cajamarca y principalmente del transporte de la empresa Gold Fields.

El vicepresidente de la Central Única Provincial de Rondas Campesinas, Nilton Cruzado, manifestó que se mantendrán ejecutado el paro pues a pesar de que se han mostrado dispuestos al diálogo, no han recibido atención: “Siempre hemos tenido la disponibilidad de dialogar, pero desgraciadamente minera Gold Fields aprovecha la tranquilidad de la población y hace lo que se les da la gana”.

“Seguiremos luchando y si es que hay que perder la vida gustosamente lo haremos por la defensa del agua. Tenemos toda la disponibilidad de querer dialogar pero que se comprometan a solucionar los problemas y a indemnizar a la provincia”, señaló el dirigente.

El lunes, trabajadores de la Autoridad Nacional del Agua fueron trasladados por un grupo de integrantes de organizaciones sociales hasta la plaza de Armas para que den cuenta públicamente del trabajo que venían realizando ese mismo día en el río Tingo Maygasbamba.

Asimismo, el presidente de la Junta de Usuarios del río Tingo Maygasbamba, Presentación Uriarte, fue sancionado por las rondas campesinas y obligado a dejar el cargo debido a que habría facilitado la presencia de los trabajadores de la institución estatal pese a la ejecución del paro, además de que habría coordinado con la empresa Gold Fields la realización de actividades de limpieza de canales.

https://gestion.pe/economia/empresas/organizaciones-sociales-hualgayoc-radicalizan-protesta-minera-gold-fields-258606

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Espinar: campesinos denuncian agresión de agentes de seguridad de minera Glencore

En el 2018, los comuneros denunciaron al menos dos agresiones. En este caso, la denuncia sigue su curso en la Fiscalía.

PUBLICADO: 2019-02-11

En diciembre pasado, un grupo de agentes de seguridad de la empresa Liderman, contratada por la minera Glencore Antapaccay, agredieron y amenazaron de muerte a campesinos de la comunidad de Alto Huarca en la provincia de Espinar (Cusco), según denunciaron los comuneros.

Los hechos fueron registrados por el periodista Vidal Merma. Las imágenes muestran a las ciudadanas Francisca Umasi y Vidal Coaquira afectadas por la intervención de los agentes de seguridad.

“Somos poseedores del predio denominado anexo Juto desde hace más de 25 años, por lo que tenemos ganado vacuno, ovino, auquénido y animales domésticos en nuestra posesión. El 29 de diciembre nos encontrábamos pastando nuestro ganado en Juto cuando aparecieron dos camionetas de las que bajaron personas con uniformes de la empresa Liderman, quienes prestan seguridad a la mina”, cuentan las afectadas en la denuncia ante la fiscalía de Espinar.
“[Los agentes] de Liderman a viva voz nos han amenazado de muerte, diciéndonos: ‘Los vamos a matar como a perros’, “Vamos a botarlos de esta propiedad’ y ‘Nosotros cumplimos órdenes de la mina’. Nos han causado daño al intentar despojarnos de nuestra propiedad”, agregan en la denuncia citada por La República.
Hasta la primera semana de este mes, el caso estaba congelado. No se había citado a las denunciantes para que brinden su testimonio. Pero este fin de semana, ante la Fiscalía Penal de Prevención de Delitos de Espinar, las afectadas identificaron a los responsables de estos hechos violentos.

Además, las denunciantes señalan que lo que pretendían los agentes de seguridad de la minera Glencore es usurpar sus terrenos. Atribuyen la responsabilidad al gerente general de Antapaccay, Edgardo Orderique Luperdi; al gerente de Relaciones Comunitarias de la misma mina, Edwin Amoretti Hernández; y al jefe de Seguridad de la minera, Jesús Zea Soto.

Esta no es la primera vez que se producen hechos violentos en esta comunidad. En abril del 2018, un grupo de policías y agentes de seguridad de la minera Glencore Antapaccay pretendieron desalojar a los campesinos de la zona.

A la situación de crisis ambiental en la zona provocada por la presencia de metales pesados en el agua que consumen, los ciudadanos de Espinar deben afrontar también la violencia de la seguridad privada de una minera transnacional que hasta el momento no se pronuncia al respecto. El caso seguirá su curso en el Ministerio Público. Los trabajadores de la mina están denunciados por los presuntos delitos de usurpación y contra la vida, el cuerpo y la salud.

Por su parte, el gobierno de Martín Vizcarra decidió, el mismo día en que las campesinas eran agredidas por agentes de la minera, ampliar por treinta días el estado de emergencia en el Corredor Minero Vial, que incluye a Cusco, Apurímac y Arequipa. Y lo que piden los ciudadanos de Espinar es que se declare en emergencia sanitaria y ambiental la zona, lo que es consecuencia, denuncian, de la actividad minera.

El proyecto minero Antapaccay, de donde se extrae cobre, está a cargo de la suiza Glencore y en está actualmente en fase de expansión.

[Foto de portada: Vidal Merma]

ESCRITO POR
Jorge Paucar Albino
Redactor y Editor nocturno de LaMula.pe (Redacción Mulera). Sígueme en Twitter: @jorgeluispa

PUBLICADO EN
Redacción mulera

 

 

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Comunidades indígenas rechazan la minería en el Cenepa

12 de Enero del 2019
Imagen: Salomon Awananch
El Gobierno Regional de Amazonas convocó al “Dialogo integración socioeconómica y orden interno del Alto Comaina en la Cordillera del Cóndor” el sábado 09 de febrero pasado.La reunión, realizada en el distrito de Huampami – Cenepa, provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, tuvo lugar en el auditorio del Colegio Emblemático Moisés Moreno Romero y contó con una participación de cerca de 1000 personas, entre ellos una delegación de representantes de las organizaciones de base de las cuatro cuencas como ODECOFROC, ODECAM, CIAP, ORPIAN, FISH y el CPPA (sabios y asesores técnicos); así también los “Apus” de las diversas comunidades nativas, entre ellos el Apu de la comunidad de Antiguo Kanam, Oscar Chigkun, joven awajún que viene exhortando a autoridades y pobladores sobre los grandes impactos de la minería en el ambiente y en la cultura ancestral de la zona.

El tema principal por el que habían sido convocados fue la problemática de la actividad minera en la zona, frente a lo cual las comunidades manifestaron que no quieren ninguna actividad minera en su territorio: “0 minería y no a la formalización” fue lo que argumentaron sus dirigentes. Además se demandó retomar la construcción del Colegio Emblemático Moisés Moreno Romero.

De otro lado, ante el inesperado planteamiento de la construcción de la carretera tramo (I) Nieva hasta Ecuador y tramo (II) San Pablo hasta PampaEntsa, las organizaciones de base, a través de la intervención de Oscar Chigkun, Jefe de la Comunidad de Antiguo Kanam, reafirmaron que no están en contra del desarrollo pero lo que piden es que se respete el debido proceso y que como parte de él se realice la consulta previa correspondiente. Además, Chigkún recordó que existe dos juicios en contra de las concesiones mineras en la Cordillera del Cóndor y por la restitución del área inicial del Parque Nacional Ichigkat Muja por lo que hay una necesidad de información. “No se puede ni formalizar ni crear comunidades nuevas”, puntualizó el dirigente awajún.
Imagen: Salomon Awananch

Entre los principales acuerdos de la reunión destacaron los siguientes puntos:

– No a la minería y no a la formalización.

– Aceptación de la construcción de carretera tramo (I) desde Nieva hasta Ecuador y tramo (II) desde San Pablo hasta PampaEntsa después de una consulta previa.

-Creación de unidad operativa de Ugel Condorcanqui – Cenepa Huampami

– Elevación de nivel del Centro de Salud de Huampami

– Elaboración de los perfiles de los proyectos productivos de cacao, plátano, crianza de animales menores y piscigranjas.

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Los pasivos mineros de Hualgayoc

José de Echave, COOPERACCION
Acabo de ver un video en el que se aprecia a la congresista Marisa Glave en Hualgayoc, Cajamarca, el pasado 5 de febrero. Se percibe una situación de mucha tensión debido al malestar de la población de esa zona de Cajamarca que, durante décadas, sufre los impactos de los pasivos ambientales mineros que están regados a lo largo y ancho de su territorio y que afectan su salud, sus fuentes de agua y actividades económicas tradicionales.

No es la primera vez que Marisa Glave visita Bambamarca en una semana de representación. Está claro que ha asumido un compromiso con el tema de los pasivos ambientales mineros y la defensa de los derechos de las poblaciones afectadas. Lo que ocurre en esa zona del país es dramático, y se entiende la desesperación de los pobladores: desde hace décadas la población de esa provincia de Cajamarca está expuesta a pasivos mineros abandonados y como ocurre en otras zonas del país -por ejemplo en la Amazonía, en Espinar, Cusco, en Junín o Pasco-, la desidia de nuestras autoridades genera indignación, ya que los compromisos, una y otra vez, se siguen incumpliendo.

Si sólo tomamos en cuenta los compromisos recientes en Hualgayoc, cabe recordar que el año 2016, luego de un paro indefinido de la población que exigía la remediación de la contaminación ocasionada por los pasivos ambientales mineros, se declaró en emergencia ambiental la zona. Cuando se pensaba que las cosas se encaminarían, la declaración de emergencia ambiental quedó en el papel, no hubo ninguna mejora y los compromisos que asumió el Estado peruano no se cumplieron.

La congresista Glave señala, en entrevista publicada por Noticias SER, que ha visto “a la población muy molesta porque siente que el Estado se ha burlado y no ha hecho nada. La declaración de emergencia ambiental fue en 2016 y los compromisos que asumió el Estado no se han cumplido, por ejemplo, acelerar la remediación de dos ex unidades mineras que tienen un número importante de pasivos (Cleopatra y Los Negros) a pesar de que en 2017 los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) que asistieron a la mesa intersectorial que coordinaba el Ministerio del Ambiente (MINAM), informaron que el presupuesto ya estaba aprobado y que el 2018 se ejecutaría”.

El equipo de la congresista ha constatado que todos estos ofrecimientos se incumplieron, y que el MINEM nunca transfirió el presupuesto a la empresa Activos Mineros que debió encargarse de la remediación. Al parecer, recién han comenzado a reaccionar como consecuencia de la presión del despacho de la congresista y de las propias organizaciones sociales y autoridades locales: finalmente, en diciembre del 2018 se han comenzado a transferir los recursos, luego de dos años de haberse declarado la emergencia ambiental. Si todavía algunos no entienden -o no quieren entender- por qué las poblaciones afectadas desconfían tanto de los organismos del Estado y los conflictos en zonas mineras son tan numerosos, acá tienen una muy buena explicación.

Las cifras de pasivos mineros a nivel nacional y en Cajamarca
El primer inventario de Pasivos Ambientales Mineros (PAM) fue publicado el año 2006, identificándose en ese momento 850 pasivos. Desde entonces hasta el año 2016 se fue actualizando la información de manera constante, por lo menos una vez al año. El último inventario es del año 2016 y en él se registran 8,854 PAM que se encuentran regados en 21 regiones del país. Del total de pasivos, 3,158 son de muy alto riesgo y 2,040 de Alto Riesgo. Algunos dicen que es la herencia de la minería del pasado, aunque en Hualgayoc, como veremos más adelante, las nuevas operaciones mineras también vienen generando impactos ambientales considerables.

Del total de pasivos mineros, apenas el 23.39% se encuentran con algún tipo de instrumento de gestión, mientras que la gran mayoría (el 76.61%) han sido declarados pendientes de gestión; lo que significa en la realidad que están abandonados y totalmente expuestos, contaminan territorios enteros y afectan a las poblaciones que viven en la zona de influencia. Es el caso de Hualgayoc.
Cabe señalar que Cajamarca es la segunda región con el mayor número de pasivos ambientales mineros (PAM) a nivel nacional (después de Ancash): son 1,183 pasivos ubicados en esta región y la gran mayoría se concentran precisamente en el distrito de Hualgayoc (1,067 PAM). Lamentablemente, Hualgayoc es el distrito con el mayor número de pasivos mineros a nivel nacional y a nivel de cuencas, la del Llaucano, que precisamente pasa por esta localidad cajamarquina, figura como la segunda más afectada a nivel nacional: son 1,080 pasivos mineros identificados en toda la cuenca del Llaucano. Además, también están afectados los ríos Tingo-Maygasbamba, Hualgayoc-Arascorgue.

Entre los pasivos más relevantes y que representan peligrosas fuentes de contaminación, están las dos ex unidades mineras, Cleopatra y los Negros (53 pasivos), también Tahona (55 pasivos), Colquirrumi (394), San Nicolás (10), Sinchao (17), entre varios otros. Por si fuera poco, recientemente, el 16 de diciembre de 2018, se produjo un derrame de relaves mineros de las operaciones de Cerro Corona de la empresa minera Gold Fields, que afectó la quebrada La Hierba, lo que motivó que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), ordenara a la empresa remediar la zona afectada por el relave en un plazo de 45 días.

Imagen: La República
La necesidad de revertir la situación actual
Es urgente enfrentar la emergencia y dar una respuesta efectiva a la población. Muchos de los pasivos en Hualgayoc son de muy alto riesgo, lo que quiere decir que representan riesgos para la salud de la población, los ecosistemas y la seguridad y requieren un tratamiento prioritario y rápido, con medidas de urgencia. Lamentablemente, nada de esto pasa.

Mientras escribíamos este artículo, la población de Hualgayoc iba a iniciar un nuevo paro indefinido en protesta por la desatención de las autoridades responsables y los reiterados incumplimientos. Luego de varias reuniones entre los dirigentes, funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua, del Ministerio del Ambiente, OEFA, Activos Mineros e incluso asesores de algunos ministerios, no se logró llegar a un acuerdo: “necesitamos acciones concretas. Necesitamos acción”, declaraba un dirigente rondero a una emisora.

El último intento fue el pasado 5 de febrero, fecha en la que se esperaba la presencia de los ministros de Salud, Energía y Minas, Agricultura y Ambiente. Esta iniciativa recibió el respaldo de las nuevas autoridades; el gobernador Mesías Guevara y el alcalde provincial Marco Aguilar.

Como señala la congresista Glave, la inacción de las autoridades responsables no tiene justificación: “Es una falta de respeto y lo que demuestran es el desprecio que tienen por la población que vive lejos de la capital, porque si se tuviera ese nivel de contaminación en San Isidro su actuación sería totalmente diferente. Me parece que hay displicencia de parte de los funcionarios, y eso tiene que cambiar, porque o asumen su responsabilidad y son conscientes de que quienes viven en Bambamarca son tan ciudadanos como cualquiera en el Perú, o vendrá el estallido de otro conflicto social”.

En paralelo, el despacho de la congresista viene trabajando una propuesta normativa que busca modificar la ley que regula los pasivos ambientales de la minería (Ley 28271). La propuesta apunta a “revisar la actuación de los distintos organismos públicos que intervienen en la gestión de PAM, las herramientas normativas y el sistema gubernamental establecido para su remediación”. Por ejemplo, se propone establecer un plazo fijo, de obligatorio cumplimiento para la actualización del inventario de pasivos (el inventario no se ha actualizado desde el 2016); que sea el OEFA la entidad competente que identifique pasivos ambientales mineros, elabore y actualice el respectivo inventario; que se implementen sanciones mayores, más allá de las multas, que disuada a los responsables de los PAM de incumplir con su remediación; establecer mayores fuentes de financiamiento de parte del Estado para la remediación de los pasivos ambientales mineros (el Fondo Nacional del Ambiente no cuenta con los recursos necesarios para atender los pasivos que el Estado asume); cubrir el vacío normativo actual que provoca que los PAM sin responsables identificados, pero posibles de identificar, no sean gestionados ni asumidos por autoridad o persona alguna.

El 27.7% de la cartera de proyectos de inversión a nivel nacional se concentra en Cajamarca, lo que equivale a más de 16 mil millones de dólares. El pasado y el futuro minero se juntan en Cajamarca y ambos no generan confianza en la población. Como dice Marisa Glave: “Primero resuelvan los pasivos y después hablamos de expansión minera”. Los pobladores de Hualgayoc dicen lo mismo.

*Publicado en la revista Hildebrandt en sus trece, del 8 de febrero de 2019

Perú

Bambamarca. Nuevas Protestas frente a la Contaminación Minera

2019-02-08
Marco Arana
En diciembre del año pasado ocurrió una rotura de la tubería de drenaje en la que se filtró relave de la poza de estos, en la unidad minera Cerro Corona de propiedad de Gold Fields (una de las mayores transnacionales mineras del mundo). Esta emergencia ambiental generó que murieran más de 7 mil truchas e impactó en las aguas y suelos, que terminaron contaminados; una vez más fueron afectadas las personas.

Hualgayoc es la provincia con mayor existencia de pasivos ambientales mineros del país. Según informes del Centro de Salud Ocupacional y Ambiental (CENSOPAS), organismo dependiente del Ministerio de Salud, cientos de personas de Hualgayoc, Bambamarca y Chugur tienen arsénico y otros metales pesados en su sangre. Cualquier afectación más, sólo puede contribuir a agravar su situación.

Defender derechos: La tarea permanente

En Lima, desde el Congreso, habiendo sido informado por las rondas campesinas, inmediatamente acudimos a las autoridades correspondientes: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM), contamos también con la participación del alcalde provincial recientemente electo que se hallaba en Lima. Tuvimos una larga reunión con las altas autoridades de los organismos mencionados. Del OEFA nos informaron que obtener los resultados de los análisis definitivos de la contaminación ocurrida, demoraría aproximadamente tres meses y, si es que la empresa interponía (como efectivamente lo hizo) el procedimiento de contra muestras, el proceso podría tardar “unos meses más”. Buena voluntad y disponibilidad había en los funcionarios del OEFA, pero son parte del Estado débil, centralista, que por tres décadas ha abdicado a sus funciones de fiscalización y control y, permitido casi la cancha libre a las autorregulaciones de las empresas que actúan “responsablemente”.

Bajo este concepto, por ejemplo, las grandes mineras no pagan por uso de agua en base a medidores que permiten saber cuánta agua extraen y usan, ellas pagan por agua solo en base a una declaración jurada, pues la Autoridad Nacional del Agua “presume la buena fe de las empresas”.

El Estado Centralista. “Con la Salud: Sí, se Juega”

Los plazos demorados, la indolencia, los derechos ignorados parecen valer menos cuando se trata de campesinos y campesinas que además están lejos de Lima y las autoridades saben que, si acaso sale alguna noticia sobre lo acontecido no habrá escándalo mediático. La burocracia parece dar la respuesta de siempre: “pueden aguantar”, “ya lo resolveremos”.

En el país que algunos llaman “Perú: país minero”, el OEFA, el organismo encargado de supervisar y fiscalizar las operaciones mineras (y otras), no tiene laboratorio especializado propio para hacer los exámenes de contaminación minera. ¡Recién lo tendría en algunos años más!

Por cierto, los famosos Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) no exigen el establecimiento de una línea de base de salud ambiental. Así que, si como fruto de los daños ambientales, las poblaciones aledañas a operaciones mineras contraen metales pesados y extrañas enfermedades asociadas a ellos. Bien se puede decir que estaban contaminadas desde siempre “por contaminación natural”. No es broma, hay “expertos” que sostienen hasta públicamente este argumento. En realidad, los EIAs debieran contener una línea de base de salud ambiental y el Minsterio de Salud (MINSA) el suyo, de manera que se puedan contrastar los impactos ambientales en la salud y salir de toda duda. Dice el refrán tan conocido por todos que “con la salud no se juega”, pero la realidad muestra que en Perú sí se juega con la salud de las poblaciones de las áreas de impacto donde se realizan estas operaciones.

Envenenan la Vida de la Gente

El Perú tiene 20 años de bonanza agroindustrial con utilización de miles de toneladas de agro químicos y pesticidas, 30 años de enorme expansión minera contaminando aguas, suelos, aire y también miles de personas, tales como los casos de La Oroya, Choropampa, Espinar, Ilo, Callao, Pasco, Azángaro, Huancané, Moquegua, Huancavelica, Ayacucho con Catalina Huanca, entre otros. Dieciséis ríos de la costa, incluido el RÍmac que abastece a la mayor población del Perú, tienen metales pesados.

Se habla muchísimo de las bondades de la minería y a veces de los niños y niñas con plomo, con arsénico y mercurio en la sangre, que llegan con sus padres y madres también envenenados, los cuales, de vez en cuando llegan a encadenarse en las rejas del Ministerio de Salud. Ministerio que tiene una dirección de salud ambiental (DIGESA) que parece inexistente o maniatada y van al Ministerio de Energía y Minas, donde muchas veces ni siquiera los reciben o si lo hacen les ofrecen alguna vaga promesa que casi nunca se cumple.

Las personas intoxicadas con metales pesados no es la gente que tiene el poder del billete, son más bien las víctimas empobrecidas y envenenadas que quedan en el camino y que a muchos economistas, opinólogos y grandes medios de comunicación, poco les importa pues están más preocupados por promover el crecimiento, las ganancias y los beneficios de las inversiones mineras.

“Protesto: Luego Existo” [1]

Cuando una vez más surgen las protestas, esta vez de los campesinos y campesinas de Hualgayoc y Bambamarca, todo indica que mientras no haya incendios, violencia o daños económicos a las importantes actividades económicas simplemente se les ignora. “Son cuatro gatos” diría Aldo Mariátegui, Jaime De Althaus y muchos otros. Total, en el Perú, fue Alan García –siendo Presidente– el que dijo que hay ciudadanos de primera y de segunda categoría.

De allí que si hay miles de ciudadanos que se ven afectados por la pérdida de sus fuentes de abastecimiento de agua o la contaminación de las mismas, es casi una cuestión de “mala suerte” que así sea. Mala suerte que no estés en Lima en donde, si te quedas unas horas o unos días sin agua, es noticia y hasta podría ser un escándalo nacional. Después, quienes tienen el poder o viven de espaldas a la realidad se molestan por qué los “cholos y cholas” migran. En sus medios suelen decir “ustedes, los que viven en las provincias alejadas”.

Así, por ejemplo, no es ni será noticia si miles de peruanos y peruanas viven al lado de una gran minera o una explotación petrolera que destruye sus fuentes naturales de agua, las contamina o en compensación les da agua contaminada engañándoles que es agua potable. No es un invento, ni un argumento anti minero o anti inversión. Esto está ocurriendo con las personas afectadas por la minera canadiense Tahoe-Shauindo, que está sacando oro en el valle de Condebamba en la provincia de Cajabamba, en Cajamarca. Allí los campesinos y campesinas, reciben agua en cisternas que almacenan en tanques de rotoplast, regalados por la minera luego que dañará la calidad de las aguas de sus sistemas de captación. La Defensoría del Pueblo lo sabe. La comisión de Energía y Minas del Congreso, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) lo saben. Lo saben, también, la Dirección Regional de Salud Ambiental, la fiscalía y la policía ambiental y el OEFA, con cuyo personal hemos estado en la misma zona donde han ocurrido los graves daños.

Es el Perú que duele, que subleva. ¡Es el Perú cuyas injusticias ambientales y sociales seculares deberemos cambiar!

No de Ahora, Sino de Siempre

Yo era estudiante del colegio cuando en tiempos de la dictadura militar de Morales Bermúdez, los campesinos de Bambamarca, hicieron una gran protesta contra la contaminación de los ríos Tingo, Maygasbamba y Arascorgue. Entonces eran las minas del Banco Minero (de propiedad del Estado), de la familia Santolalla y en los 80 también de los Benavides que permitían que los niños y niñas se metieran a los socavones, pues sus padres se habían muerto con los pulmones reventados por la silicosis y tenían que ganarse el pan de cada día y, en el mes de marzo, tener que trabajar para que los hermanitos menores pudieran comprar los cuadernos y el uniforme. No me lo han contado, yo mismo hice un video artesanal sobre estas injusticias a inicios de los años 80.

No solo con Plomo en la Sangre, sino también con Plomo de Fusiles

En las protestas de fines de los 70, en la plaza de armas de Bambamarca, la policía disparó a quemarropa y asesinó a un campesino. Las protestas se agudizaron y fue enviado el ejército y se impuso el estado de sitio. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

Las autoridades del MEM y el MINAM (que hoy, aunque débil y arrimado por poderosos intereses económicos, al menos, existe) han establecido que Hualgayoc es la provincia del país que tiene el mayor número de pasivos ambientales mineros, es decir, más lugares de vómitos de aguas tóxicas, de minas abandonadas que fluyen desde las cabeceras de cuencas hacia la parte baja de los valles y ciudades. En la actualidad, esta provincia tiene los impactos ya no solo de la vieja minería sino también de la moderna minería: Gold Fields en Cerro Corona; el Grupo Buenaventura en el cerro Tantahuatay y de Yanacocha en la cabecera de cuenca del Río Llaucano.

¿Qué ha cambiado? La contaminación minera es ahora mayor. La contaminación actual se acumula a los daños de la anterior y el peligro es mayor aún porque las operaciones mineras modernas pueden devorar montañas en pocos meses o años y sacar los minerales valiosos utilizando miles de kilogramos de cianuro para extraer oro o millones de litros de ácido sulfúrico para extraer cobre.

¿Más cambios?

Después de casi 40 años, en el año 2012, Ollanta Humala y el carnicero Óscar Valdés ordenaron a la policía y Al ejército que dispararan a los campesinos movilizados en las plazas de Armas de Celendín y Bambamarca. En esta última, le quitaron la vida a Joselito Vásquez Jambo, quien tenía solo 27 años, esta vez no fue con plomo diseminado en las fuentes de agua, sino con plomo de fusil y a otro joven como Elmer Campos, le cercenaron la médula con balas de AKM y lo dejaron parapléjico, con su discapacidad y dolor, para siempre.

De Alberto Fujimori a Martín Vizcarra: Continuismo Neoliberal Extractivista

Mientras en el Congreso de la República, la mayoría de bancadas parlamentarias: FP, APRA, AP, PPK, APP (también los llamados liberales y republicanos) aprobaron más leyes para seguir con las exoneraciones tributarias de las grandes empresas mineras y petroleras, las mismas que no pagan sus multas ambientales, al igual como ocurre con las AFPs que ganan miles de millones de soles mientras los trabajadores que aportan los pierden. En el sector minero, la SUNAT, les devuelve más dinero del que aportan en impuestos.

Es la política neoliberal extractivista, es decir, la extracción masiva de recursos naturales, sin mayor valor agregado, destinado a voraces mercados extranjeros en los que se obtienen fabulosas ganancias sin hacerse cargo de los inmensos daños ambientales. Todo eso con la ayuda de un Estado sometido y corrupto que desprotege y vulnera los derechos sociales y ambientales de las poblaciones aledañas a esas operaciones.

Con el Presidente Vizcarra, nada de esto ha cambiado

En todo esto, el gobierno del presidente Martín Vizcarra sigue siendo la continuidad de las políticas y de las prioridades que instauró el régimen corrupto de Alberto Fujimori y Montesinos y la que continuaron los demás presidentes corruptos. El prófugo Alejandro Toledo, el que impedimos que fugue: Alan García, el que algunas izquierdas apoyaron: Ollanta Humala y también el que logramos que fuera renunciado: PPK.

No vemos que esto vaya a cambiar, no con la ley de presupuesto aprobada para este año, ni menos con la ley de competitividad que viene impulsando el gobierno. Menos cuando vemos que acaban de apartar del proceso al juez Carhuancho que estaba viendo los delitos que habría cometido Keiko Fujimori y cuando abren investigación al fiscal Vela por investigar al “cuello blanco” Pedro Chávarry.

Mantenerse Firmes y Consecuentes para Defender la Justicia

Ciertamente, desde la sociedad civil y desde los sectores políticos que buscamos un cambio del modelo económico habrá que seguir exigiendo y luchando para que estos cambios se produzcan. La legitimidad del Presidente no proviene del respaldo de los grupos de poder económico que nos han sumido en el enorme tajo abierto de la corrupción, sino del respaldo popular que le permite gobernar y que demanda respeto y justicia, que demanda firme compromiso con la defensa del bien común y lucha sin tregua contra la corrupción.

No espere el gobierno, no esperen las empresas que las poblaciones se queden calladas frente a tanto atropello. En el sur, han impuesto el estado de emergencia para que la minera china Las Bambas siga operando a sabiendas que violó los compromisos del estudio de impacto ambiental que implicaba construir un mineroducto cuya construcción abandonaron para construir una megavía de transporte que, al no estar asfaltada, todos los días llena de polvo las pasturas de los campesinos, agricultores y ganaderos, que viven en la zona. Sí es la misma minera que consiguió una ley especial del Congreso (en tiempos de Humala), ley con nombre propio que le permitió a la empresa suiza Glencore vender en el extranjero la mina a la empresa china MinMetals sin que pagaran los impuestos, que sí debían pagar al fisco nacional.

Otra vez, Hualgayoc y Bambamarca, vuelven a decir: “Cajamarca, te quiero, por eso te defiendo”

No dejemos de oír estas voces que claman por respeto y por derechos. Sus reclamos son justos y atendibles. Incluso, dentro del actual marco legal existen atribuciones que la ANA y el OEFA tienen para impedir más daños irremediables sobre las aguas y sobre las poblaciones que dependemos de ellas.

Históricamente, Cajamarca ha sacrificado bastantes vidas desde que se impuso la extracción comercial de los minerales. No somos hace 500 años. Con Yanacocha y esta vez con muchísimas más toneladas de oro, se ha pagado un segundo rescate que no ha llegado y que, por el contrario, se ha traducido en mayor contaminación y el abandono de otras formas de desarrollo que, si bien podrían no amasar fortunas en manos de pocos, podría permitir buen estado de bienestar y satisfacción de necesidades de las mayorías y, sin envenenar los ríos que son las venas de las tierras que hasta hoy generosamente producen pastos y alimentos.

Las cifras sí importan. No son uno, no son dos.

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo[2], sólo en Hualgayoc, Chugur y Bambamarca, son alrededor de 300 personas afectadas por metales pesados. Ello, sin considerar que, en realidad, la afectación ambiental abarca no sólo a la población en Hualgayoc, sino también a las poblaciones aledañas; las cuales, hacen uso de las aguas contaminadas que, a través de sus efluentes, llegan a otras localidades. Esto, arroja una cifra de alrededor de 20,000 personas.

Sin embargo, en el 2017, el presupuesto regional para la atención de la problemática de salud ambiental, se redujo en un 70%, pese a que Hualgayoc cuenta con más de 1200 pasivos ambientales mineros.

La remediación de los pasivos ambientales mineros en Hualgayoc, que las empresas mineras no quisieron asumir, bordea los 25 millones de dólares; cifra que debe ser repartida en trabajos de taponeo, manejo de aguas y revegetación. Esto es menos de lo que las mineras se llevaron tras la depredación del ambiente y, en algunos casos, dejando sin fuentes de agua a poblaciones íntegras.

El Ejecutivo ha anunciado que invertirá, alrededor de 10 millones de soles, a través de Activos Mineros- Sin embargo, esta cifra no es suficiente para remediar suelos y aguas con sedimentos que sólo perpetúan la contaminación ambiental de la población cajamarquina.

El oro y cobre bajo el suelo de Cajamarca significó ganancias de más de 250 millones de soles, por empresa minera, que dejó en abandono sus componentes; los cuales al no cumplir con planes de cierre adecuados, van dejando huellas hídricas y climáticas, en una de las regiones más pobres del país.

Sí, Cajamarca, la región con oro bajo sus tierras, no cuenta con agua potable en diferentes localidades, infraestructura hospitalaria adecuada, ni un verdadero desarrollo educativo. Por el contrario, sus hombres y mujeres, deben vivir a la espera de un Estado que los olvida y de una minería que avanza, dejando rastros ambientales difícil de borrar.

¡Por ello, basta de minería sin planificación ni controles!

Implementación urgente de la ley de protección de cabeceras de cuencas, para lo cual se requiere el Marco Metodológico, con eficiente gestión y transparencia en la ANA, el OEFA, las fiscalías ambientales y sin corrupción de alto vuelo en el gobierno central o, el gobierno regional que tiene un nuevo Presidente y en los gobiernos locales que tienen nuevos Alcaldes.

Solidaridad plena con la lucha de las rondas campesinas y el Frente de Defensa Ambiental de Hualgayoc-Bambamarca y Chugur.

Marco Arana Zegarra – Congresista de la República.

———

[1] Titular de La República. Conflicto de Combayo, Agosto 2006.

[2] https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/NP-271-2017.pdf

https://vozdelatierra.lamula.pe/2019/02/08/bambamarca-nuevas-protestas-frente-a-la-contaminacion-minera/vozdelatierra/

Perú

Comunidad de Espinar consume agua contaminada con cuatro metales pesados

31 Ene, 2019
Comunidad de Espinar consume agua contaminada con cuatro metales pesados

Redacción Wayka

El Comité de Lucha en Defensa del agua y la Salud de Espinar demandó a las autoridades que se declare en emergencia sanitaria a Yauri, la capital de esta provincia, debido a la contaminación del agua con metales pesados y que viene siendo consumida la comunidad.

El comité de lucha también exigió que se declare en emergencia el abastecimiento de agua potable en Yauri, además de que se inicien las acciones de remediación y prevención para evitar daños en la salud de la población.

Ellos aseguran que la planta de tratamiento Virgen de Chapi, esta contaminada con arsénico, hierro, manganeso y aluminio, por lo que los 35 mil ciudadanos de Yauri están en peligro inminente.

El municipio de Espinar ha declarado en emergencia el sistema de abastecimiento de agua potable por 180 días aunque no se ha hecho público el plan de acción, ni se han realizado las acciones del caso y demandan que el Ministerio Público investigue el origen de la contaminación y determine los responsables de esta situación.

El lunes 28 de enero, la comunidad de Espinar se movilizó exigiendo soluciones a la contaminación de su agua. Ellos llegaron hasta la plaza central de Espinar en donde los dirigentes hablaron y explicaron las demandas de su protesta. ‘Vida sí, muerte no’, arengaron.
Protesta en Espinar

Además, especialistas aseguran que el arsénico, manganeso, hierro y aluminio producen, a largo plazo, tipos de cáncer, problema en el desarrollo de fetos y niños, artritis, enfermedades cardiovasculares, etc.

Comunidad de Espinar consume agua contaminada con cuatro metales pesados

Perú

Cajamarca: Inician paro indefinido contra contaminación minera en Bambamarca

7 Feb, 2019
Cajamarca: Inician paro indefinido contra contaminación minera en Bambamarca
Redacción Wayka
Foto: Planet Piero
La comunidad de Bambamarca ha iniciado un paro indefinido en esta zona de Cajamarca producto de la ausencia de las autoridades del Estado y el desinterés de las mineras por proteger el medio ambiente.

En el 2016, se declaró la provincia de Hualgayoc-Bambamarca en emergencia por la contaminación de los ríos Tingo Maygasbamba, Hualgayoc y Arascorgue; y Perlamayo debido a pasivos ambientales por las que se registraron 372 personas con la sangre contaminada por metales pesados.

Tras este problema, se elaboró el “Plan Multisectorial Post Declaratoria de Emergencia Ambiental de la provincia de Hualgayoc” como parte de la solución. Sin embargo, dos años después, la demora del cumplimiento de los acuerdos y el derrame de la presa de relaves de la empresa minera Gold Fields el 16 de diciembre de 2018, ha aumentado el descontento y el temor de las comunidades locales.

Además, el pasado 25 de enero del 2019, los dirigentes de Bambamarca tenían agendada una Asamblea Multisectorial con representantes del Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente, pero tomaron la ausencia de algunos funcionarios del Estado como una falta de compromiso para remediar los casos de contaminación. Por esto, la comunidad ha iniciado un paro indefinido hasta que se cumplan sus pedidos.

Exigen reparación
El paro indefinido de la comunidad de Bambamarca, que mantiene bloqueada la carretera longitudinal de la sierra, exige la construcción de la planta de tratamiento de agua a la provincia de Hualgayoc debido al vertimiento de relaves mineros de cianuro, mercurio, arsénico y otros metales tóxicos por parte de la minera Goldfields.

Además, la comunidad pide la descontaminación y limpieza de los 36 canales de irrigación de cultivos que consumen animales y personas en la micro cuenca del Río Tingo Maygasbamba y el tratamiento con médicos especialistas a los más de 370 niños y personas contaminadas con metales tóxicos, pesados y cancerígenos.

La comunidad de Bambamarca ha bloqueado la carretera longitudinal de la Sierra
Foto: Bambamarca Televisión
Sobre este último punto, especialistas del Ministerio de Salud arribarán en la tercera semana de febrero a Bambamarca, para atender a los afectados por la contaminación ambiental y la presencia de metales pesados provocados por los pasivos ambientales de la minera Gold Fields.

Mientras eso sucede, la comunidad de Bambamarca mantendrá el paro indefinido y la represión policial podría darse en cualquier momento en esta zona de Cajamarca donde el conflicto minero parece estar a punto de estallar. ¿El Estado protegerá a la población o esperará que la violencia los obligue a actuar?

Cajamarca: Inician paro indefinido contra contaminación minera en Bambamarca

Perú, Sin categoría

Gobierno de Vizcarra no protege las cabeceras de cuenca

EXIGIMOS APROBACIÓN DEL MARCO METODOLOGICO DE LA LEY 30640
Publicado: 2019-01-29

Desde el inicio de mi gestión como congresista de la República, asumí el reto de velar, entre otros aspectos, por la sostenibilidad ambiental, la justicia ambiental y el buen vivir. Por ello, una de las primeras propuestas legislativas presentadas, fue el “Proyecto de Ley N° 283/2016-CR – Ley de Conservación y Protección de las cabeceras de cuenca donde se originan las aguas”, cuyo objetivo era la preservación del recurso hídrico, ante la depredación del mismo a manos de actividades extractivas y con miras a la adaptación al cambio climático.

Dicho Proyecto de Ley dio lugar a la “Ley que Modifica la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos, mediante el establecimiento de los Criterios Técnicos para la Identificación y Delimitación de las Cabeceras de Cuenca” (en adelante, Ley N° 30640), la cual fue promulgada el 15 de agosto de 2017. Dicha norma permite, entre otros aspectos, que el Estado reconozca que las cabeceras de cuenca son zonas de alta vulnerabilidad, debido a que no sólo son la fuente de origen de agua, sino que permiten redes hídricas conectadas; lo cual da vida a ecosistemas y a la preservación de los mismos.

Ahora bien, la norma en mención, la creación del “Marco Metodológico de Criterios Técnicos para la Identificación, Delimitación y Zonificación de las Cabeceras de cuenca de las Vertientes Hidrográficas del Pacífico, Atlántico y Lago Titicaca” (en adelante, Marco Metodológico), el cual debía ser elaborado por la Autoridad Nacional del Agua (en adelante, ANA) y, aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros en un plazo de 365 días, lo que se venció el pasado 16 de agosto del 2018, por lo que el Ejecutivo viene incumpliendo la Ley N° 30640 e incurriendo en una grave responsabilidad ambiental y, en la falta de voluntad política para prevenir la alta conflictividad existente alrededor de la disponibilidad y acceso de los recursos hídricos.

Cabe indicar que el Marco Metodológico permitirá la identificación y delimitación de las cabeceras de cuenca, lo cual determinará las zonas de restricción para derechos de uso de agua, en tanto son zonas vulnerables. Dicho Marco Metodológico, deberá contemplar la validación de los componentes ambientales que se ubican en las zonas identificadas, a fin de medir la fragilidad de las mismas. Sin ello, el Ejecutivo, estaría no reconociendo la importancia de la norma propuesta y afectando directamente a las comunidades y localidades que se benefician de las cabeceras de cuenca, y de otro lado, favoreciendo intereses económicos que están o pretenden intensificar sus actividades económicas precisamente en estas zonas vulnerables.

Ante ello, desde mi despacho congresal, he insistido en la aprobación del Marco Metodológico, no sólo a través de la remisión de oficios a la ANA y a la Presidencia del Consejo de Ministros, sino también, a través de reuniones con funcionarios de dicha Institución; en las cuales, como respuesta sólo hemos obtenido que vienen levantando las observaciones efectuadas por los Ministerios del Ambiente y, de Energía y Minas, sin establecer metas y plazos para la aprobación del Marco Metodológico.

Como Congresista de la República y defensor ambiental, denuncio que el Ejecutivo no sólo está incumpliendo la Ley 30640, sino también los compromisos internacionales asumidos en las Conferencias de las Partes contra el Cambio Climático y la Ley Marco de Cambio Climático, que obliga al Estado a velar por la gestión adecuada de los recursos hídricos. Asimismo, no podemos continuar haciendo uso desmedido de nuestros recursos hídricos y destinarlos mayoritariamente para actividades extractivas o para las grandes agro exportadoras, olvidándonos de las comunidades campesinas, nativas, pueblos indígenas u originarios y la población en general.

Cabe señalar que, mi región Cajamarca, diversos gremios de productos agrarios, Frentes de Defensa, rondas campesinas, vienen convocando para el 06 de febrero una jornada de lucha, anunciando un paro indefinido, si el Ejecutivo continúa postergando la aprobación del Marco Metodológico. En ese sentido, denunciamos que el Ejecutivo –ante sus constantes incumplimientos ambientales– será el único responsable de la exacerbación de conflicto social y de cualquier acto confrontacional que se realice en dicha paralización.

Finalmente, reafirmo mi compromiso con la defensa del buen vivir y la búsqueda de la justicia ambiental, para el aseguramiento de las generaciones futuras y hacer frente al cambio climático, por un país ambientalmente sostenible, para el cual hemos venido aprobando importantes leyes como la Ley de Cabecera de Cuenca y, la Ley Marco de Cambio Climático en el Perú.

Marco Antonio Zegarra

Congresista de la República

Perú

Deforestación por minería ilegal alcanza niveles históricos en Perú

En el 2018, la pérdida de bosques por esta causa superó las 9000 hectáreas, según un reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina.
Publicado: 2019-02-05

(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli).- La Amazonía peruana es atacada ferozmente por la minería ilegal. El último análisis de imágenes satelitales realizado por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) demuestra que esta actividad está alcanzando niveles históricos de deforestación en la selva peruana.

Solo en los dos últimos años fueron arrasadas 18 440 hectáreas de bosques en el sur de Perú, un equivalente a 25 000 campos de fútbol, revela el informe.

Según MAAP, el récord histórico de deforestación por esta causa se dio en el 2018, con 9280 hectáreas devastadas, la cifra más alta desde 1985. Solo un año antes, en el 2017, la extracción ilegal de oro ya había terminado con 9160 hectáreas.

Matt Finer, investigador principal de MAAP y uno de los responsables de la elaboración del informe, manifestó a Mongabay Latam que nunca antes se había realizado un estudio de esta naturaleza. “Por primera vez tenemos una referencia histórica del tema. El estudio de CINCIA (Centro de Innovación Científica Amazónica) es un importante recurso para este caso”, dijo con relación a la investigación que hizo esta institución científica sobre minería ilegal y que cubrió los últimos 32 años en el sur de la Amazonía peruana.

El drama de Madre de Dios

“La deforestación por minería aurífera en la Amazonía sur peruana ha alcanzado niveles históricos máximos tanto en el 2017 como en el 2018”, señala el informe que centra su evaluación en las regiones de Madre de Dios, Cusco y Puno, sobre el análisis de unas 500 imágenes en alta resolución.

Finer aclara que se evaluaron las imágenes captadas por el satélite durante los años 2017 y 2018, y que se digitalizaron los nuevos registros de deforestación causados por la minería aurífera. Además —precisa— se tomaron en cuenta las alertas tempranas que registra el Programa Nacional de Bosques del Ministerio del Ambiente de Perú.

El panorama más sombrío se presenta en Madre de Dios. Solo en el sector conocido como La Pampa —ubicada en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata— la pérdida de bosque por extracción de oro alcanzó 1685 hectáreas entre enero del 2017 y octubre del 2018, según el reporte de MAAP, una iniciativa desarrollada por Conservación Amazónica (ACCA) y Amazon Conservation (ACA).

Más de 1600 hectáreas fueron arrasadas por la minería ilegal en La Pampa entre enero de 2017 y noviembre de 2018. Imagen: MAAP / Conservación Amazónica (ACCA) – Amazon Conservation (ACA).

“En La Pampa este tema se ha desbordado. Es una zona controlada por la minería ilegal”, dice el Procurador Especializado en Materia Ambiental, Julio Guzmán.

En este lugar se han instalado entre 6000 y 7000 personas —sostiene Guzmán— muchos de ellos bajo investigación y con procesos judiciales en marcha. Sin embargo —agrega— los acusados no acuden a las diligencias y continúan operando dentro de la ilegalidad. “Esto se debe resolver desde el Estado. Se necesita una recuperación del control territorial y ubicar a los responsables del más alto nivel. No solo a quienes están en la zona extrayendo el oro, sino a los que financian la actividad”.

Guzmán explica, además, que las investigaciones deben abarcar todos los delitos considerados dentro de la minería ilegal: extracción, financiamiento y tráfico de insumos. “Nos hemos centrado en el que extrae, cuando deberíamos centrarnos en el financista”, comenta.

La deforestación en La Pampa alcanzó avanza hacia las concesiones forestales y al interior de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Foto: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.

El exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, Mariano Castro, conoce muy bien el problema. “Estas cifras son dolorosas. Espero que el gobierno finalmente tome atención de lo que está pasando en la Amazonía”, declara.

Castro considera que este es un llamado de atención a las medidas adoptadas por el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien —asegura el experto— debilitó las exigencias en la formalización del sector y redujo los operativos de interdicción. El exfuncionario cuestiona también el rol de los gobiernos regionales, sobre todo de la última gestión en Madre de Dios. “En esta región no se ha formalizado la minería por los obstáculos que puso el exgobernador regional Luis Otsuka”.

En ese sentido, los expertos consultados recuerdan la detención de Carlos Bustamante, director de Energía y Minas de esa región, junto con otros seis funcionarios, quienes fueron acusados, en junio del 2018, de recibir pagos de mineros en pleno proceso de formalización para que se les emita sus respectivas resoluciones de aprobación. “Aquí se ve cómo las autoridades regionales han sido cómplices”, precisa Castro.

Hace dos semanas, el Poder Judicial de Madre de Dios dictó prisión preventiva contra los exfuncionarios del gobierno regional. En las diligencias se encontró transferencias de dinero desde las zonas mineras de Huepetuhe, Mazuko y La Pampa, informó el portal Ojo Público.