15/03/2024
Debemos tomar conciencia en el país que hoy en día la conflictividad social vinculada a la minería ha cambiado y, en escenarios cada vez más complejos, aparecen con mayor fuerza los conflictos relacionados con la minería informal y la abiertamente ilegal. Una propuesta de gobernanza debe incorporar en el análisis y las alternativas a este estrato de la minería.

Los hechos de violencia ocurridos en los últimos años en La Libertad, Arequipa, Ica y Apurímac, vinculados a este tipo de minería y también los que ocurren en diferentes partes de la Amazonía, son indicadores de un nuevo momento de expansión de esta actividad que hay que caracterizar bien por los impactos que se vienen generando y la violencia que la acompaña.

¿Cuáles son los factores que explican esta nueva etapa de expansión?

Un primer factor tiene que ver con la subida de las cotizaciones de los minerales que ha hecho cada vez más rentable y atractiva este tipo de minería, como ocurrió en el pasado súper ciclo (2003-2012): las cotizaciones del oro se han mantenido en un nivel muy alto, incluso mucho antes de la pandemia y luego el cobre ha tenido una subida que, en determinados períodos, ha batido todos los récords previos.

Otro factor que explica la expansión es la propia pandemia y los diversos impactos que generó. Como se sabe, la pandemia significó un fuerte golpe a la economía del país, lo que se tradujo en una pérdida masiva del empleo y el fenómeno de los retornantes: un sector importante que vivía en zonas urbanas, que se quedó de un día para otro sin empleo y que tomaron la decisión de volver a sus comunidades, generando una mayor presión para buscar otras opciones de subsistencia.

Pero la pandemia también significó el retroceso del Estado en los territorios: frente a la emergencia sanitaria, el Estado peruano y todos sus estamentos se tuvo que movilizar, con enormes dificultades para enfrentar la grave situación, descuidando otras funciones. Ese vacío ha sido aprovechado por un conjunto de actividades ilegales que encontraron condiciones propicias para su expansión: tala, narcotráfico y minería. Algunos indicadores dramáticos de este avance: por un lado, la deforestación alcanzó niveles récord el primer año de la pandemia (203 mil hectáreas el año 2020) y desde su inicio ya son 17 defensores ambientales, sobre todo líderes indígenas, que han sido asesinados principalmente por las mafias que controlan estas actividades.

Algunas de las actuales características de este tipo de minería

Este estrato de minería no solo tiene una dimensión distinta a la que mostraba tiempo atrás, sino que también presenta nuevas características que se han ido definiendo en los últimos años. Vamos a detallar algunas de las principales:

En la actualidad la minería informal o la abiertamente ilegal, ya no solo es aurífera o no metálica, crecientemente ha comenzado a incorporar otros metales, como es el caso del cobre. Si bien, en otros períodos ha habido explotación en pequeña escala y artesanal de cobre y otros metales de base, las cotizaciones actuales la convierten en una actividad bastante atractiva.

Hasta hace un tiempo, la pequeña minería, la informal y la abiertamente ilegal, casi no coincidían ni compartían territorios con la gran minería. Donde había gran minería, por lo general no había minería informal, salvo algunas excepciones. Ahora sí se encuentran y esa convivencia se está convirtiendo en una abierta disputa por el control de las concesiones. Lo que viene ocurriendo en varias provincias de Apurímac y Cusco y en otras regiones como La Libertad, Puno, Arequipa, etc., con enfrentamientos, violencia extrema, hasta quema de campamentos, asesinatos, es un ejemplo de este nuevo escenario de disputa entre la minería formal y la informal.

También hay poblaciones que se están convirtiendo a la minería informal. Comunidades que optan por desarrollar extracción minera, ya sea como actividad complementaria y en algunos casos como principal fuente de ingresos. Esto ocurre tanto por las presiones que se dan dentro de la propia comunidad, impulsada en algunos casos por los ya mencionados retornantes que buscan nuevas alternativas para generar ingresos, así como por la presión de actores externos que buscan incorporar nuevos territorios a la minería informal.

Hay que reconocer que en las últimas décadas se ha forjado toda una especialidad en este tipo de minería que se mueve con promotores por el país. Estos promotores capacitan, asesoran, prestan servicios, facilitan el acceso a insumos y canales de comercialización; enganchan con créditos a los nuevos grupos de mineros y, al mismo tiempo, cuando encuentran resistencias invaden territorios e imponen condiciones con violencia.

Es un sector que ha acumulado mucho poder económico e influencia. Los grupos que controlan esta actividad se han beneficiado desde hace un buen tiempo de los ciclos de precios altos, lo que les ha permitido acumular ganancias extraordinarias. Ese poder económico también se traduce en influencia política y social; penetración en esferas del Estado subnacional y nacional; por ejemplo, en el sistema de justicia, las fuerzas del orden, municipios distritales y provinciales, el Congreso de la República y hasta algunos ministros o vice ministros han sido sindicados en varios gobiernos por su cercanía a este sector, logrando ampliar los plazos de formalización con el apoyo de poderes del Estado.

Es un sector que hoy en día es consciente de su poderío; que sabe que ha crecido y se ha consolidado en varios territorios y que además percibe que no hay voluntad política desde los diferentes poderes del Estado para enfrentarlo. Es más, en cada campaña electoral varios partidos políticos terminan aproximándose a las organizaciones de mineros informales e incluso firman actas y compromisos.

Cada vez se tiene mayores evidencias que el sector genera sus propios mecanismos de seguridad y cuando se abren disputas, informes de investigación apuntan a señalar que optan por contratar grupos armados para imponer condiciones, controlar yacimientos y desalojar a otros grupos de mineros, etc. Aparentemente, eso es lo que habría pasado en Caravelí en junio de 2022 y en Pataz en diciembre de 2023.

Los escenarios de riesgo

Si hasta el momento la tendencia es de expansión y descontrol en varias zonas del país, un posible escenario es que este sector se siga imponiendo, ya no solo en los territorios ganados, sino que termine incorporando otros, como hoy en día se intenta en el Cenepa, en la provincia de Condorcanqui, en Loreto y en otras zonas.

¿Estamos marchando hacia un escenario similar al de Bolivia, donde los denominados cooperativistas se han convertido en una base social en disputa que termina imponiendo condiciones a los gobernantes y actúa con mucha violencia? Por lo que se aprecia en algunos territorios en el Perú, no habría que descartar esta posibilidad, aunque cada país presenta sus propias características.

¿Qué hacer? Lo primero que hay que reconocer es que a estas alturas no hay soluciones sencillas. El que afirme lo contrario no tiene idea del problema o subestima la situación. Planteamos algunas propuestas que no pretenden ser una solución integral pero que podrían ser primeros pasos para hacer frente a la emergencia:

en primer lugar, se debería reconocer e identificar a las poblaciones que están luchando por proteger sus territorios y que se resisten al avance de la minería. Poblaciones como los awajun, wampis y otros pueblos amazónicos están dando una dura batalla para detener la minería ilegal, defendiendo los ríos y sus bosques; las rondas campesinas en zonas de la sierra, etc. No pueden hacerlo solos y es deber del Estado peruano respaldarlos.

Por otro lado, el bioma amazónico está en peligro y el riesgo que termine convertido en una gran sabana es inminente. Salvar la Amazonía es una tarea que debe ser encarada de manera coordinada entre los 9 países de la cuenca amazónica y enfrentar al mismo tiempo de manera conjunta actividades ilegales como la minería. La lucha frente al calentamiento global y la deforestación abre una gran posibilidad que no está siendo aprovechada, de contar con aliados estratégicos y recursos que pueden potenciar cualquier estrategia a nivel nacional para enfrentar una actividad como la minería ilegal. Para ello se necesita mucha voluntad política e iniciativa de nuestras autoridades.

Se debería neutralizar la expansión y así evitar que nuevos territorios se incorporen a los espacios que ya controlan los circuitos de poder de la minería ilegal. Por lo tanto, otro paso clave es neutralizar los avances de esta actividad para luego comenzar a recuperar los territorios ya impactados.

Finalmente, se debe cortar con la especulación que se da en torno a las concesiones mineras: empresas titulares de concesiones que terminan arrendando a grupos de mineros para que las exploten de manera informal. Todo indica que el caso de Caravelí es un ejemplo de esta práctica.

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Trujillo 678, Magdalena del Mar, LIMA 17 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 [email protected]

21/03/2024
Un grupo de activistas y ciudadanos de la campaña Día Cero Perú realizó un plantón en los exteriores del ministerio de Energía y Minas, ubicado en San Borja, para llamar la atención sobre los riesgos que representa el proyecto minero Ariana sobre las fuentes del agua potable de Lima y Callao.

La actividad, que se realizó al medio día, fue un acto simbólico que constó de una intervención artística por parte de un grupo de jóvenes activistas, que buscaron mostrar cuáles serían los efectos de que la ciudad se quedara sin agua por culpa de un proyecto minero.

Asimismo, los activistas expresaron que no se debe permitir que el Estado, a través del MINEM y otras entidades, apele a las instancias judiciales para que este proyecto minero continúe su construcción, cuando se sabe de los inmensos riesgos que implica.

Al respecto, José De Echave, directivo de CooperAcción, expresó que el proyecto minero Ariana se encuentro en medio de la infraestructura hídrica natural de las lagunas, así como la infraestructura que se ha construido en los últimos 30 años que brindan el servicio de agua que abastece a más de 11 millones de ciudadanos de Lima y Callao.

“No es una preocupación solo de los ambientalistas o solo de CooperAcción, sino también de la propia empresa Sedapal, sobre los riesgos de las fuentes de agua. El Perú es un país que tiene una situación de estrés hídrico, es uno de los países que tiene una de las capacidades más bajas de represamiento de agua. Un proyecto sobre la zona que abastece el agua para Lima va a tener un impacto importante”, comentó De Echave.

Finalmente dijo que en el Perú se debe revisar y discutir en qué zonas se puede y en qué zonas no se puede desarrollar la minería. El caso Ariana es un ejemplo de donde no debe haber minería,

Por su parte, Bruno Delgado, vocero del Frente nacional en defensa del agua y la vida, comentó que el gobierno de Dina Boluarte ha aprobado un Decreto legislativo 1620, que su artículo 10A, habla de concesionar las fuentes, sistemas y proceso, para entregar a los privados la administración de los servicios de agua en Lima y en todo el país.

“Eso es inadmisible, eso en todo el mundo no ha funcionado. Eso se ha demostrado no hace mucho en el caso de Tumbes, donde se privatizó el servicio de agua. Por eso convocamos a la marcha este viernes 22 de marzo desde las 9 de la mañana en el Campo de marte”, apuntó Delgado.

Cabe recordar que, tras casi cuatro años de espera, el 6to juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió una sentencia en abril de 2023 en el caso del proyecto minero Ariana. La sentencia declaró fundada en parte la demanda presentada por un grupo de ciudadanos de Lima, a la que se sumó Sedapal, y ordenó suspender el polémico proyecto minero hasta que se realicen estudios hídricos complementarios. Sin embargo, el Gobierno apeló la sentencia, insistiendo en que debe continuar su construcción.

Asimismo, cabe señalar que la demanda se había presentado contra el Ministerio de Energía y Minas, y más en concreto contra la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM), contra la Dirección General de Minería (DGM), y finalmente contra la Empresa Ariana Operaciones Mineras S.A.C.

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Trujillo 678, Magdalena del Mar, LIMA 17 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 [email protected]

26/03/2024
Imagen: Andina

Para la transformación de conflictos y para garantizar mejores condiciones ambientales y socioeconómicas con participación de la población local en zonas con presencia minera.

En un contexto marcado por los conflictos y en medio de una nueva arremetida para la flexibilización de las regulaciones ambientales y el “destrabe” de proyectos mineros, CooperAcción presenta una mirada diferente: la urgente necesidad de discutir un nuevo marco para la gobernanza de la minería en el Perú que no repita los errores que se siguen arrastrando desde hace más de tres décadas.

El documento, titulado “La construcción de una propuesta de gobernanza para las zonas con presencia minera” (CooperAcción, 2024) busca condensar análisis y propuestas surgidas del diálogo con las poblaciones impactadas por proyectos mineros a lo largo de más de 26 años de experiencia institucional. Este documento incluye propuestas en torno a las estrategias para la transformación de conflictos que superen el agotado esquema de las “mesas de diálogo”, así como el fortalecimiento ―y no el debilitamiento al que conducen las actuales políticas― de la institucionalidad ambiental. Así mismo, se plantea la necesidad de una reforma tributaria que permita mejorar el aporte económico de este sector. El documento también aborda los retos en términos de consulta y participación, así como la creciente expansión de la minería informal e ilegal.

“El marco legal e institucional que se puso en marcha hace aproximadamente 30 años en el Perú, fue muy efectivo para atraer inversiones, sin embargo, ha sido deficiente para responder de manera adecuada a los conflictos que esas inversiones comenzaron a producir”, explica José De Echave, investigador de CooperAcción. “Las respuestas han sido y siguen siendo improvisadas, intermitentes, sin ningún tipo de capacidad institucional y menos aún sin el entendimiento que los conflictos son luces de alarma que nos están diciendo que algo no está funcionando bien y se necesita implementar cambios urgentes”, señala.

La propuesta que CooperAcción hace pública busca generar un amplio debate nacional que incluya a todos los actores interesados, desde las organizaciones sociales, instituciones académicas y del Estado, organismos no gubernamentales del país y de la cooperación internacional y el propio sector empresarial. Es ese debate abierto y democrático, y no la imposición de proyectos ni la aprobación de normas de espaldas a la ciudadanía, lo que permitirá la construcción de una gobernanza con legitimidad social para las próximas décadas.

“Cuando se piensa en una propuesta de gobernanza para los territorios con presencia minera, no se busca consolidar el actual esquema de extracción exacerbada con algunos ajustes y cambios cosméticos. Una propuesta de gobernanza para estos territorios sólo tiene sentido en un proceso de transiciones y de transformación social y ecológica”, enfatiza De Echave.

Puedes descargar la propuesta en el siguiente enlace:

https://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2024/03/Gobernanza-en-las-zonas-mineras-CooperAccion-2024.pdf

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Trujillo 678, Magdalena del Mar, LIMA 17 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 [email protected]

José De Echave C. 20/02/2024

Imagen: Camiper

Son varios los indicadores que se utilizan para mostrar la importancia o influencia de un sector productivo en la economía de un país. En el gráfico que mostramos en esta nota se muestra al grupo de países que presentan una mayor participación de la renta minera como porcentaje de su Producto Bruto Interno (PBI).

En este ranking figuran cinco países de Asia, cinco de África, tres de Sudamérica y dos de Oceanía. En un primer grupo de países, en los que la renta minera está por encima del 20% del PBI, figuran dos africanos (República Democrática del Congo y Zambia) y uno de Asia (Mongolia). En un segundo rango (entre 10% y 20%) aparece un pelotón de siete países (en este grupo se ubican Chile y Perú). Finalmente, un grupo de cinco países (tres asiáticos, uno de Sudamérica y uno de África).

Del total de quince países, apenas dos son miembros de la OCDE[1]: Australia y Chile. La extrema dependencia de una sola actividad productiva puede ser considerada como contraproducente para lograr niveles de sostenibilidad y mejores indicadores de bienestar para un país.

Como se puede apreciar, Perú figura en el octavo lugar de este ranking. No se discute que la minería es una actividad importante para el país, que se expresa no solamente en el indicador que muestra el gráfico, sino también en su participación en las exportaciones, el flujo de inversión directa que llega del extranjero, en algunos períodos también en el componente tributario, etc.

Sin embargo, sigue estando pendiente en nuestro país la tarea de construir una matriz productiva mucho más diversificada, donde la minería seguramente seguirá teniendo un espacio, pero compartiendo roles con otras actividades que sean sostenibles y amigables con la naturaleza.

[1] La organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), foro que agrupa a las principales economías del mundo.

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Trujillo 678, Magdalena del Mar, LIMA 17 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 [email protected]

LA NUEVA MODIFICATORIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS BAMBAS

Editorial boletín enero 2024
30/01/2024
cooperaccion.org.pe
La empresa minera Las Bambas ha presentado una nueva modificatoria de su estudio de impacto ambiental (MEIA). Esta sería la cuarta MEIA, que además se pretende hacer sin una adecuada información y sin una participación oportuna de la población que se ubica en la zona de influencia.

Llama poderosamente la atención que para esta nueva modificación se hayan aplicado normas de la época de la pandemia (por obvias razones, en ese momento se restringía la participación ciudadana) cuando es una situación ya superada. Lo real es que el contenido del MEIA no ha sido socializado con las poblaciones con el tiempo que requiere la revisión de una información compleja y extensa.

Preocupa también la calidad del documento presentado. Por ejemplo, el Resumen Ejecutivo no cumple con los estándares planteados por el propio Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). Identificamos los siguientes problemas básicos:

La redacción del documento no es clara, por lo tanto, no cumple el objetivo de informar a la población. Además, la estructura del documento no presenta un orden lógico.
No describe con claridad los impactos de las modificaciones, ni cómo se afectará de manera directa o indirecta la zona de influencia y la calidad de vida de la población.
No se ha colocado un glosario de términos. Las siglas y abreviaturas, utilizadas a lo largo del documento, no son explicadas.
Hay muy poca claridad en la delimitación de las zonas de influencia social directa e indirecta, así como las áreas de impacto ambiental directo e indirecto.
Adicionalmente, mencionamos algunos de los principales aspectos críticos del MEIA:

La propuesta de ampliación del Tajo Ferrobamba en 285.3 hectáreas (de 408.7 a 694 hectáreas) no presenta aspectos técnicos fundamentales, como estudios específicos (especialmente hidrológicos e hidrogeológicos), que describan los impactos ambientales de una ampliación que casi duplica la operación actual.
No se abordan preguntas claves: ¿cómo se comportarán los acuíferos? No se ha presentado mayor información ni modelamiento del comportamiento de los acuíferos como consecuencia de este cambio tan significativo.
La ampliación va a generar más de dos millones de toneladas de desmonte que no cuenta con una disposición final.
Toda esta ampliación generará diferentes impactos: ruidos, calidad del aire, la dispersión de agentes contaminantes con efectos sobre la salud humana y ambiental. Estos impactos se acentuarán por el minado adicional que se hará y la apertura de rutas alternas de transporte de vehículos de carga pesada.
No se informa adecuadamente sobre el control de aguas ácidas, producto de la exposición de grandes cantidades de material de desmonte y desecho a la intemperie (vientos y lluvias). Tampoco hay información sobre el incremento de relaves y su disposición final en una presa que se tendrá que redimensionar.
No hay mayor análisis sobre la alteración de la hidrología e hidrogeología de la zona (cuerpos de agua superficiales y subterráneos) como consecuencia de la ampliación del tajo Ferrobamba.
Preocupa que el inventario de manantiales en el área de influencia haya sido realizado sin la participación de las comunidades campesinas.
Lo cierto es que se perderán de manera irreversible 12.36 hectáreas de bofedales. Igualmente, se afectará tierra fértil y apta para la agricultura.
Disminuirán los caudales de los ríos Ferrobamba (70%) y Chalhuahuacho (18%). Además, empeorará la calidad del agua del rio Chalhuahuacho, que además de perder caudal natural (-18%), recibirá vertimientos de aguas residuales, cuyo pretratamiento no está especificado en el MEIA.
También serán afectados otros cuerpos de agua existentes, especialmente la laguna Charcascocha, que se convertirá en depósito de material de baja ley. La laguna Jalansiricocha y el reservorio de agua Chuspiri recibirán las aguas de no contacto que serán desviadas sin ningún tratamiento ni medidas de control de calidad antes de su vertimiento. El reservorio Chuspiri abastece de agua fresca a toda la zona.
Por estos y varios otros considerandos, varias comunidades y organizaciones representativas de Cotabambas, han expresado su rechazo y han solicitado que el SENACE no apruebe esta cuarta modificatoria del mencionado proyecto minero.
cooperaccion.org.pe

25/01/2024
Imagen referencial.| Crédito: Pixabay
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) indicó que inició las evaluaciones de 92 proyectos mineros, que representan un monto de USD 4470 millones en inversiones.

Estos proyectos son evaluados para obtener la autorización de Exploración, Explotación y Concesión de Beneficio, según corresponda, por la Dirección General de Minera (DGM) del Minem.

En este grupo destacan los proyectos Reposición Inmaculada (USD 2835 millones) ubicada en Ayacucho; Yumpag (USD 87 millones) en Pasco; Chalcobamba Fase I (USD 24 millones) en Apurímac y otros 89 proyectos por USD 1524 millones.

Por ingresar a trámite
La DGM informó además que se encuentran por ingresar a trámite los proyectos mineros Reposición Antamina (USD 1604 millones), Ampliación Huancapeti (USD 345 millones), Reposición Tantahuatay (USD 127 millones), Reposición Raura (USD 76 millones), Romina (USD 150 millones), Zafranal (USD 1263 millones) y Pampa de Pongo (USD 2344 millones).

Jorge Soto Yen, titular de la DGM, sostuvo que, durante el 2023, el Minem otorgó autorizaciones a 164 proyectos aprobados en los rubros antes indicados, que convocarán más de USD 5154 millones en inversiones, logrando un incremento del 285% con respecto a 2022.

“En el 2023 el país le devolvió la confianza al inversionista, gracias a la gestión del sector que lidera el ministro Oscar Vera. Prueba de ello es la aprobación de 164 proyectos por USD 5154 millones y el incremento de la producción de los metales, principalmente del cobre, que logró alcanzar cifras importantes como 2.7 toneladas métricas finas”, resaltó Soto.

El Minem autorizó operaciones a 28 proyectos aprobados del rubro Exploración que totalizó una inversión minera de USD 323 millones, un incremento del 242% con respecto al año 2022.

En este grupo resaltan, Marcobre (USD 194 millones), Kiwanda (USD 25 millones) y Chakana (USD 23 millones).

En tanto, en el rubro Explotación, se autorizó a 22 proyectos aprobados con una inversión total de USD 2346 millones, un 370 % más en comparación a 2022. En este rubro sobresalen, los proyectos Antapaccay (USD 1104 millones), Hudbay (USD 796 millones) y Gold Fields (USD 218 millones).

Mientras un grupo de 114 proyectos aprobados del rubro Concesión de Beneficio fueron autorizados por un total de USD 2485 millones, 233 % más que el registrado el 2022. Los proyectos Chinalco (USD 812 millones), Yanacocha (USD 368 millones) y Las Bambas (USD 269 millones), destacan en este rubro.
Fuente: Andina

Perú inicia la evaluación de 92 proyectos mineros por más de USD 4470 millones

Cooperacción 26/01/2024
Foto: Andina

El 18 de enero de 2024, la Comisión Permanente del Congreso de la República intentó debatir un dictamen que podría contribuir a la impunidad y la depredación del ambiente, como lo es la extensión del Registro de Formalización Minera (REINFO).
Lo cual ha despertado preocupación entre expertos y defensores del ambiente, también del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, y de la Defensoría Del Pueblo. A pesar de este panorama, los proyectos se encuentran pendientes de votación.

Dicho dictamen busca extender por 90 días más el plazo de acceso al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), lo que, según expertos, permitiría que mineros ilegales se disfracen de informales para operar y destruir los bosques con total impunidad.

En el programa “La hora verde” del 25 de enero, se abordó el tema con 3 especialistas. Olinda Orozco, socióloga y presidenta del Instituto Redes de Desarrollo Local, César Ipenza especialista en derecho ambiental y Leonidas Wiener, investigador en temas de minería.

Al respecto, Olinda Orozco, señaló que la condición de informalidad y legalidad no es inherente a la actividad misma, ya que es consecuencia de la ausencia del Estado. La experta indicó que a la fecha hay 81.000 mineros artesanales, mientras que solo 15.000 mineros se han ido formalizando a nivel nacional.

“Una gran mayoría en este sector está en condiciones de informalidad, donde siguen operando”, agregó.

La especialista mencionó que es necesario la formalización y apoyar al sector que quiera hacerlo, pero antes de eso es necesario diferenciar lo que son los mineros formales y lo que es la minería ilegal que está vinculada a la criminalidad (tala ilegal, trata de personas, etc.).

Sobre los partidos políticos, Orozco mencionó que hay una agenda de intereses particulares que están elaborando proyectos de ley que los beneficien. “Acordémonos que los temas ambientales no están manejados seriamente en estas organizaciones y menos en los partidos políticos. (…) Todas estas actividades ilegales están llegando al poder vía estas agrupaciones”.

En esa línea, César Ipenza, especialista en derecho ambiental, comentó que en el Perú las organizaciones criminales ya están en el poder. “Vemos grupos de interés en el Congreso de la República que representan a los intereses de la minería ilegal”, señaló.

En ese sentido, el abogado indicó que la intención de expandir el Reinfo es la impunidad para los criminales ambientales ya que si estos mineros ilegales llegan a ingresar a este registro no podrán ser procesados por la Fiscalía y tampoco se les podría sindicar por algún delito ambiental ya que hay una exención de responsabilidad penal.

Para ejemplificar el tema, mencionó el megaoperativo en donde se detuvo a la red ‘La Gran F.A.’ dedicada a la minería ilegal, en donde estaban implicados cinco suboficiales de la Policía, entre ellos un coronel de la PNP.

“En las escuchas y en las transcripciones se ve que muchos de estos mineros vinculados a la actividad ilegal señalan que vienen negociando con el Congreso de la República para abrir el Reinfo y que les permita seguir operando con ese manto de ilegalidad”, añadió.

El experto alertó que es posible que se ponga a debate esta iniciativa en la próxima agenda y se apruebe a la medianoche, como sucedió con la Ley Forestal, conocida por activistas y líderes indígenas como la Ley Antiforestal.

Leonidas Wiener, especialista sobre temas mineros, apuntó que en los últimos años se ha ido desarrollando un nuevo fenómeno de la minería artesanal, la cual se ha expandido tanto que ha ido afectando a las operaciones de grandes empresas mineras como ha sucedido con La Poderosa , Las Bambas, Ares, entre otras.

Para profundizar más en ello, mencionó que hay un cuello de botella en este proceso de formalización llamado “Acuerdo-contrato-explotación”. Lo que implica es que el minero artesanal tiene que ponerse de acuerdo con el titular de la concesión, sobre este aspecto, el experto mencionó que aquí hay un problema.

“En muchos casos los titulares de las concesiones mineras no quieren a los mineros artesanales en el área de sus concesiones, como también, hay arreglos verbales o acuerdos, a través de los cuales los mineros artesanales otorgan parte de sus minerales al titular de la concesión y luego esto lo pueden blanquear o lo comercializan a través de sus propias concesiones y les pagan una especie de regalía”, explicó.

Wiener señaló que hay titulares de concesiones que prefieren seguir en ese tipo de negociación informal con los mineros artesanales antes de pasar a un acuerdo de explotación que permitiría avanzar hacia la formalización de la pequeña minería.

Puedes ver el programa completo en: https://bit.ly/3Ogv8tW

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Trujillo 678, Magdalena del Mar, LIMA 17 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 [email protected]

Fiscalía de Huancabamba decide archivar investigación penal seguida
contra 15 personas defensoras de derechos humanos que en defensa de
la tierra y el ambiente se oponen al proyecto minero “Río Blanco”
Lima, 18 de enero del 2024
Al mismo tiempo, contradictoriamente y sin contar con elementos de convicción, decide continuar con la
investigación preparatoria contra 11 personas defensoras por supuesto delito de lesiones graves.

Hace unos días, la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Huancabamba (Carpeta Fiscal No. 189-
2020), procedió a notificar la Disposición Fiscal No. 07-2023, por la cual decide archivar, en parte, la
investigación preliminarla seguida por supuesto delito de de tortura, lesiones graves, coacción,
secuestro, asociación ilícita para delinquir y robo agravado que seguía contra 15 personas
defensoras de derechos humanos y el ambiente, entre ellos el párroco de la Parroquia de
Huancabamba y el Alcalde de Carmen de la Frontera, siendo los demás miembros de la Comunidad
Campesina de Segunda y Cajas, ubicada en la provincia de Huancabamba en la Region Piura.

Sin embargo, en forma contradictoria, sin contar con elementos de convicción que respalden su
decision, en la misma Disposición Fiscal No. 07-2023, resuelve continuar con la investigación
preparatoria contra otras 11 personas defensoras de derechos humanos y el ambiente, a quienes,
también venía investigando, todos miembros de la Comunidad Campesina antes citada.

Como se recordará, con fecha 6 de enero de 2020, la antes citada Fiscalía decide abrir investigación
preliminar por supuesto delito de secuestro, lesiones graves, tortura, etc., contra 26 personas
defensoras de derechos humanos, entre ellos diversos dirigentes de las Rondas Campesinas de la
provincia de Huancabamba, así como de la Comunidad de Segunda y Cajas. Dicha investigación
preliminar, incluyó como investigados al Presidente de las Rondas Campesinas de la Provinicia de
Huancabamba, Octavio Cunaique Labán; al que fuera Alcande Provincial de Huancabamba, Ismael
Huayama Neyra, al Párroco de la Iglesia de la ciudad de Huancabamba, Fray Jorge Rumi Cóndor y

otros más..
Al respecto, los ronderos señalaron que no cometieron delito de secuestro, que, en realidad, de lo
que se trató es de una falsa denuncia del supuesto agraviado Manuel Francisco Julca Campos,
agente de seguridad de la empresa Río Blanco Cooper S.A. (como lo aceptó la empresa en un
pronunciamiento público que circuló el 30 de diciembre de 2019), quien venían generando acciones
de division al interior de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas, interfiriendo en las decisiones
comunales, ofreciendo dinero a algunos miembros de dicha Cmunidad Campesina para que se
expresen a favor de la actividad minera y desprestigien a los dirigentes que están en contra de la
presencia de la empresa minera Río Blanco Cooper S.A..

Por ello, los dirigentes de la Comunidad de Segunda y Cajas, así como de las Rondas Campesinas de
Huancabamba, al tomar conocimiento de los actos de division comunal e intento de compra de
conciencias de algunos miembros de la Comunidad Campesina, por parte del supuesto agraviado,
lo sometieron, legítimamente, a justicia comunal, tal como lo establece el artículo 149o de la
Constitución Política del Perú, que en modo alguno supuso la vulneración de sus derechos.

Después de culminarse la investigación preliminar, la fiscalía ha señalado que no existen elementos
de convicción para considerar que hubo comisión de los ilícitos denunciados por parte de las
personas investigadas, porque no tenían condición de funcionarios públicos a cargo del resguardo
de la supuesta víctima, es decir, no podían haber cometido delito de tortura; lo denunciados sólo
retuvieron a la persona para aplicar justicia comunal por lo que no tenía intención alguna de
cometer secuestro y tampoco coacción y robo agravado, por lo que resolvió archivar la
investigación.

Sin embargo, este razonamiento no fue aplicado a 11 de las personas defesnoras de derechos
humanos investigados contra los que si se ha formalizado investigación preparatoria y continúa la
investigación preparatoria, a pesar de encontrarse en los mismos supuesto de los 15 otros
investigados a los que si se ha archivado la investigación.

En relación a lo antes señalado, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
(organismo no gubernamental de defensa y promoción de los derechos humanos en Perú) que
asumió la defensa legal de las personas defensoras de derechos humanos investigadas a quienes
ahora se les ha archivado la investigación, si bien expresa su satisfacción con este extremo de la
Disposición Fiscal, al mismo tiempo expresa su rechazo por la que considera una injusta decision de
formalizer investigación preparatoria contra otras 15 personas defensoras de derechos humanos a
las que en realidad, también, debió archivarse la investigación, reitera, por encontrarse en los
mismos supuestos de hecho que aquellas 11 personas defensoras a quienes si se les archivó dicha
investigación. Ello, precisamente, porque lo único que hicieron fue defender sus derechos
fundamentales como campesinos, respect a su derecho a la tierra y su derecho a gozar d euna a su
ambiente sano y equilibrado..

Igualmente, FEDEPAZ precisa que este largo proceso, de más de 4 años, evidencia que las
defensoras y los defensores fueron denunciados falsamente de la comisión de delitos graves y que
ha puesto, también, en evidencia la condenable estrategia estatal y empresarial de criminalizar a
todas las personas que, en defensa de los derechos fundamentales de su comunidad, se oponen
públicamente a las arbitrarias decisiones gubernamentales y empresariales; evidenciándose,
igualmente, que el único propósito, del Estado y la Empresa es amedrentarlos y evitar que sigan
protestando.

Área de Prensa Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
Telf: (+51 1) 4250253 / 4250209 / 999094914
Correo electrónico: [email protected]; [email protected]
Web: www.fedepaz.org
Facebook: www.facebook.com/fedepazperu
Twitter: @FedepazPeru

12/01/2024 Observatorio de Conflictos Mineros del Peru Alerta informativa

Representes de diversas organizaciones sociales del distrito de Chalhuahuacho (Cotabambas, Apurímac) suscribieron un pronunciamiento en el que dan al Gobierno un plazo de 72 horas para “reiniciar el diálogo al respecto de la cuarta modificatoria de estudio de impacto ambiental” del proyecto de la empresa china MMG Las Bambas.

Los dirigentes expresan su rechazo a esta nueva modificatoria y cuestionan el accionar del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), entidad responsable de la evaluación de la misma. Señalan que el SENACE “no cumplió con la entrega de la información de los componentes, instrumentos y documentos sobre todo el proceso de certificación ambiental al respecto de la 4ta. MEIA Las Bambas a la sociedad civil”.

Así mismo señalan una serie de incumplimientos adicionales por parte del SENACE, en particular que no se ha promovido la participación de los actores sociales y autoridades locales y que no existiría “una propuesta de diálogo veraz, verídico, de buena fe y de confianza” en el proceso de aprobación de esta modificatoria de EIA.

De no cumplirse con su pedido, los dirigentes anuncian acciones legales a nivel nacional e internacionales, incluyendo posibles denuncias contra la empresa minera Las Bambas por los presuntos delitos de contaminación ambiental agravada, discriminación y racismo contra las comunidades campesinas. Los dirigentes evalúan así mismo medidas de protesta y de lucha de no ser tomado en cuenta su pedido de diálogo.

«Solicitamos inmediatamente la presencia de la ministra en el despacho del Ambiente en un plazo de 72 horas a partir de la fecha de urgencia para reestablecer, reiniciar el diálogo respecto de la cuarta modificatoria del estudio ambiental (4ta. MEIA), caso contrario, iniciaremos acciones legales ante la instancia nacional y organismos internacionales pertinentes (…) contra la empresa minera Las Bambas por el delito de contaminación ambiental agravada, delito de discriminación y racismo contra nuestras comunidades campesinas y el distrito de Challhuahuacho», precisa el pronunciamiento.

En los primeros días de enero, funcionarios del SENACE realizaron audiencias públicas en las comunidades de Queuña (Challhuahuacho) y Quello (Tambobamba), las mismas que han sido rechazadas por los dirigentes debido a la escasa información proporcionada, según informó el medio local Pregón.

Cabe recordar que la 4ta MEIA de Las Bambas identifica 92 cambios en el proyecto, según se identificó en un análisis realizado por CooperAcción. Entre los cambios más relevantes, se encuentra la casi duplicación del tamaño del tajo Ferrobamba, la ampliación de la presa de relaves, entre otros.
www.conflictosmineros.org.pe