PRECISAN QUE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO HA ESTADO MARCADO POR UNA NUEVA ARREMETIDA ESTATAL Y EMPRESARIAL PARA IMPONER EL DESARROLLO DE PROYECTOS
MINEROS QUE NO CUENTAN CON LICENCIA SOCIAL
21/07/2024
Al mismo tiempo se han intensificado las acciones de criminalización de la protesta social
Este 18 de julio a las 9:00 am se realizó la presentación del 34° Reporte del Observatorio de
Conflictos Mineros, por Cooperación, FEDEPAZ y Grufides. Como en anteriores
oportunidades, la presentación del informe contó con la participación de prensa regional,
nacional e internacional, expectante al contexto sociopolítico actual que guarda relación con
la minería, el ambiente y la conflictividad social del primer semestre del año.
Al respecto, José De Echave de Cooperación señaló que la primera idea fuerza es que la
conflictividad social se ha complejizado, que no es la misma de hace cuatro o cinco años,
complejidad que tiene que ver con el crecimiento explosivo de la minería informal que disputa
espacios a la minería formal. Agregó que el segundo aspecto tiene que ver con los anuncios
recientes del ministro de Ambiente que, en lugar de promover el respeto de estándares
ambientales para evitar efectos contaminantes, por el contrario, se muestre como un
promotor de las inversiones omitiendo que las mismas deben respetar dichos estándares.
Por ello, se anuncia un paquete de medidas que asumirían plenamente las propuestas
empresariales y que, entre otras cosas, señalan que en Perú hay mucha “tramitología”. Pero
De Echave señala que respeto de estas afirmaciones no se presentan evidencias y, por el
contrario, las evidencias que existen es que esto no es así. En efecto, de la información oficial
contenida en el portal de SENACE respecto de 13 grandes proyectos de inversión, los procesos
del EIA de 10 de ellos no llegaron al año de duración y de los otros 3 restantes, 2 demoraron
poco más de un año y 1 demoró dos años. Además, se pudo observar que la demora en dichos
procesos es atribuible a las empresas por haber presentado información de baja o incompleta
calidad que requería ser subsanada.
Por otro lado, Miguel Meza señaló que están seriamente afectados por las acciones de
criminalización de los funcionarios de este gobierno y de las empresas, pero que, igual,
continuarán con sus luchas. Agregó que es falso que el proyecto minero Tía María cuente con
el apoyo de la población. Por el contrario, recordó que ya la población del Valle del Tambo,
con una mayoría abrumadora, en una Consulta Vecinal, se ha pronunciado a favor de un
modelo de desarrollo social basado en la agricultura y no en la Minería. Situación que fue
ratificada por la Congresista Luque en su intervención
A su turno, Mirtha Villanueva de Grufides compartió su preocupación por la continuación de
los conflictos sociales en la Región Cajamarca, generados por las empresas mineras que
tienen grandes extensiones en concesión minera y, por la actitud de las mismas de generar,
incluso, enfrentamiento entre diferentes grupos de campesinos, recordando que la minería
ilegal en la Región Cajamarca, también, viene generando conflictos.
Finalmente, David Velazco de FEDEPAZ señaló que lamentaban el hecho de que se haya
incrementado la presión de los funcionarios estatales y los representantes de empresas
extractivas mineras, para intentar imponer el desarrollo de proyectos mineros bajo la
formulación de informaciones falsas. Es el caso del proyecto Tía María en la cual la empresa
Southern Perú que ha señalado que ya cuentan con licencia social, pero uno llega al Valle del
Tambo (donde se ubica el proyecto minero) y puede observar que mayoritariamente la
población está en contra, expresándose dicha situación en la colocación de bandera de color
verde con las expresiones “Agro Si”, “Mina No”, “Tía María No Va”, en todas las casas ubicadas
en dicho Valle.
También, se afirma que el inicio del desarrollo del proyecto Tía María promoverá la inversión
y el desarrollo de otros proyectos minero en gran medida, pero en realidad ello no es
necesariamente cierto, porque muchos de esos proyectos o no cuentan con licencia social o
no están, por el momento, dentro de las prioridades de inversión de las empresas titulares de
la concesión o proyecto minero, como el caso de las concesiones que tiene Newmont
Corporation en la Región Cajamarca.
Asimismo, los funcionarios del estado y los representantes de las empresas tienen buena
relación con la dirigencia, sin embargo, continúan las acciones de criminalización, con mayor
razón cuando las protestas se reinician ante los intentos de imposición de los proyectos
mineros. En el caso de Tía María, por ejemplo, uno de los voceros de los agricultores, Juan
Miguel Meza Igme, que se oponen al desarrollo de dicho proyecto minero acaba de ser
denunciado por una supuesta comisión de delitos de extorsión, coacción y violencia contra la
mujer contra dos funcionarios de la empresa minera, cuando todo ello es falso. Por eso, ya el
Juzgado de Familia Especializado en Violencia Familiar de Islay ha archivado la solicitud de
medidas provisionales y ha ordenado que se comunique a Inspectoría de la Policía para que
investigue a los efectivos policiales a cargo del caso por considerar que se trata de una
denuncia manifiestamente infundada.
Finalmente, siguió cuestionando los contratos de seguridad privada suscritos entre las
empresas, sobre todo del sector extractivo, con la Policía, porque ello constituía en la práctica
la privatización del uso de la fuerza pública a cambio de una remuneración que comprometía
la autoridad pública, la logística de la policía, la labor del personal policial, que son
solventados por todos y todas las peruanas con sus impuestos.

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Juzgado Penal Unipersonal de Cotabambas condena arbitrariamente
a 11 dirigentes de las comunidades campesinas de Cotabambas y
Grau, criminalizados por el simple hecho de ejercer legí>mamente su
derecho fundamental a la protesta social
25 de julio del 2025
A pesar que, al mismo /empo, se absuelven a 4 dirigentes
El día de hoy el Juzgado Unipersonal de Cotabambas en Apurímac realizó la lectura del adelanto de
sentencia por la cual condena arbitrariamente a 11 dirigentes de las comunidades campesinas de las
provincias de Cotabambas y Grau, como autores mediatos de la supuesta comisión de delitos de
daños agravados, disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos
(Expediente No. 41-2016) y para los cuales la Fiscalía solicitó condenas de hasta 9 años de pena
privaOva de la libertad. También, a través de la misma sentencia, se absolvió a 4 dirigentes de dichas
comunidades.

En efecto, en la Audiencia de lectura de adelanto de sentencia el Juzgado señaló un único argumento
contradictorio en sí mismo, consistente en que se ha probado “ciertamente de manera indirecta” la
responsabilidad de los dirigentes campesinos condenados; cuando en realidad, por lo menos debió
decir explicar mínimamente si se había probado la responsabilidad como autores mediatos de los
delitos imputados, porque precisamente en ello se basó la acusación fiscal. Consideramos que el
juzgado no lo explicó porque sencillamente no hay forma de sustentar la existencia de un supuesto
de autoría mediata por parte de los dirigentes acusados y, en una decisión igualmente contradictoria
en sí misma, termina absolviendo a 4 de los dirigentes campesinos que se encontraban en los mismos
términos de la acusación fiscal.

Como se recordará a fines de seOembre de 2015 las diferentes comunidades campesinas afectadas
por el proyecto minero Las Bambas (Región Apurímac), en el ejercicio legíOmo de su derecho
consOtucional iniciaron una serie de protestas públicas, ante el desinterés del estado peruano de
atender sus demandas por afectación a sus derechos fundamentales, generada por la actuación de
la empresa MMG Las Bambas (propietaria, del mencionado proyecto minero) que, entre otras cosas,
venía afectando su derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado.
Producto de esas legíOmas protestas, la policía desarrolló una brutal e indiscriminada represión
contra los integrantes de las comunidades campesinas que protestaban en esos días y, al mismo
Oempo, el gobierno y la empresa denunciaron falsamente de la comisión de diversos delitos a dichos
campesinos que no hacían otra cosa que ejercer de manera legíOma su derecho fundamental a la
protesta social. Este proceso judicial se volvió emblemáOco porque fueron denunciados y luego
acusados 17 dirigentes de las comunidades campesinas afectadas por el proyecto minero antes
referido, en el intento del gobierno y la empresa de desmovilizar a los campesinos que protestaban
encarcelando a sus dirigentes.

En relación a ello, sin perjuicio de expresar su sa3sfacción por el extremo absolutorio de la
sentencia, la FUNDACIÓN ECUMÉNICA PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ – FEDEPAZ y COOPERACION,
que vienen asumiendo el patrocinio legal de los dirigentes campesinos, expresan su protesta y
rechazo a esta arbitraria condena a los 11 campesinos acusados falsamente por la comisión de
delitos graves y que ha puesto en evidencia la condenable estrategia estatal y empresarial de
criminalizar falsamente a todos aquellos que, en defensa de sus derechos fundamentales
colec3vos e individuales, se oponen a las, también, arbitrarias decisiones criminalizadoras con el
único propósito de amedrentarlos y evitar que sigan protestando. Por eso se presentará el recurso
de apelación correspondiente.

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12/07/2024
www.conflictosmineros.org.pe Alerta informativa
La tensión se agudiza en la provincia de Cotabambas, región de Apurímac, donde las comunidades de Pumamarca y Huancuire han iniciado un paro indefinido en respuesta a los persistentes conflictos con la minera MMG Las Bambas. Desde el 9 y 11 de julio de 2024 respectivamente, estas localidades se han levantado en protesta contra los incumplimientos y presunta contaminación, asi como de los nuevos proyectos mineros.

La situación ha escalado rápidamente, con reportes de violenta represión policial contra los manifestantes. En un alarmante desarrollo, se informa que un comunero ha resultado gravemente herido tras recibir el impacto de un perdigón en la cabeza.

Pumamarca:

Desde el 9 de julio de 2024, la comunidad de Pumamarca ha entrado en un paro indefinido en protesta contra el nuevo proyecto de exploración Sallahue Norte de la minera MMG Las Bambas. Como medida de lucha, los comuneros han cerrado una de las vías de acceso a la mina, conocida como Bravo 6.

Huancuire:

El 11 de julio, los pobladores de la comunidad de Huancuire han tomado la determinación de iniciar una huelga sin plazo definido. Esta medida surge como respuesta a los continuos desacuerdos de índole social y ambiental con la compañía minera MMG Las Bambas.

Se reporta que los efectivos policiales al servicio de la empresa están ejerciendo acciones de fuerza contra los pobladores en las inmediaciones del proyecto Chalcobamba, el cual se encuentra en fase de operación. Esta situación tensa tiene lugar en un área crítica para el suministro hídrico, específicamente en la cuenca Pichacani, que abastece de agua a varias localidades, entre ellas Contahuire, Totora, Hacochuire y la propia Huancuire.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha sido solicitado para iniciar un proceso sancionador contra MMG Las Bambas por infracciones a la Ley de Recursos Hídricos y la falta de consulta previa, lo que ha judicializado el caso. Además, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha emitido un informe técnico que destaca la contaminación de la cuenca Pichacani por el proyecto Chalcobamba.

La comunidad de Huancuire exige soluciones a estos problemas en un plazo de 15 días, incluyendo medidas compensatorias por daños a viviendas y bienes comunitarios debido a la violencia qe desata los conflitos con MMG Las bambas.

La solución de los problemas en un plazo de 15 días:

Problemática ambiental- de contaminación de la cuenca Pichacani
Agendas de desarrollo sostenible la comunidad
Que MMG Las bambas reconozca los daños de los bienes de la empresa Huancuire, por las afectaciones de los Conflictos.
Medidas compensatorias por daños y voladuras de las viviendas de la comunidad
Entre los afectados, se reporta un minero herido en la cabeza por perdigones, la situación en Pumamarca y Huancuire sigue siendo tensa, con comunidades que luchan por sus derechos frente a la represión policial y las actividades de la minera MMG Las Bambas. Se hace un llamado urgente a las autoridades competentes para intervenir y encontrar soluciones pacíficas y justas.

La situación ha escalado, resultando en una feroz represión policial contra los manifestantes, quienes defienden sus derechos al agua, al desarrollo sostenible y a la consulta previa, el conflicto, que involucra denuncias de contaminación ambiental y falta de consulta previa, ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de un diálogo entre la empresa minera, las comunidades afectadas y las autoridades gubernamentales para encontrar una solución que respete los derechos de los pobladores y el desarrollo sostenible de la región.

15/07/2024 Cooperaccion
La Comunidad Campesina de Huancuire ha emitido un pronunciamiento rechazando la represión de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) contra sus miembros. La comunidad, ubicada en el área del proyecto minero Las Bambas, exige que la construcción y operación del tajo Chalcobamba se realice bajo altos estándares de responsabilidad social y ambiental.

El comunicado denuncia que Minera Las Bambas S.A. intenta suspender injustificadamente la mesa de negociación iniciada en diciembre de 2022. Además, acusa a la empresa de realizar obras no autorizadas sobre la quebrada Pichaqani, afectando una fuente de agua utilizada por los comuneros. La Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de Abancay ha iniciado diligencias preliminares contra la minera por presunto delito de contaminación ambiental.

La comunidad también señala que las voladuras realizadas por la minera están generando impactos medioambientales irreversibles y poniendo en riesgo la vida e integridad de los comuneros. Exigen el respeto de un acta firmada en 2017 que reconoce sus derechos a utilizar los pastizales del área de Chalcobamba y transitar por los caminos ancestrales que atraviesan el proyecto.

El pronunciamiento denuncia el uso de fuerzas policiales para reprimir a comuneros desarmados y exige el cese inmediato de las acciones represivas de las Fuerzas Especiales (DINOES) de la PNP. La comunidad solicita la desmovilización de todas las fuerzas policiales ubicadas dentro del proyecto Las Bambas. Además, afirman que el proyecto Chalcobamba no ha sido debidamente consultado y han iniciado acciones legales al respecto.

Finalmente, la Comunidad Campesina de Huancuire anuncia una protesta pacífica indefinida hasta que se resuelvan todas las controversias con Minera Las Bambas. Hacen un llamado a diversas organizaciones de derechos humanos y entidades gubernamentales para que intervengan. La comunidad responsabiliza políticamente a la presidenta Dina Boluarte y a varios ministros por cualquier consecuencia que pudiera derivarse de la situación actual.
Prensa Cooperaccion

17/07/2024
Observatorio de Conflictos Mineros en el Peru www.conflictosmineros.org.pe
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Abancay, ha iniciado una investigación preliminar por presunta contaminación ambiental contra la empresa Minera Las Bambas S.A. Esta acción responde a una denuncia presentada por Ezequiel Huillca Pinares, presidente de la Comunidad Campesina de Huancuire, quien acusa a la empresa de llevar a cabo actividades contaminantes no autorizadas en el área de Chalcobamba.

La denuncia señala que Minera Las Bambas S.A. no ha implementado los programas de rescate de fauna requeridos y ha realizado voladuras de gran magnitud que contaminan fuentes de agua y destruyen cuerpos de agua. Estas actividades han afectado gravemente los ecosistemas locales y los recursos de subsistencia de la comunidad. Huillca Pinares también sostiene que estas operaciones ponen en peligro la flora y fauna del área, así como la salud de los comuneros.

La investigación se centrará en dos delitos principales: contaminación ambiental y alteración del ambiente o paisaje. Los objetivos de la investigación son acreditar la existencia de estos delitos, identificar a los responsables y evaluar las acciones de mitigación realizadas por la empresa. El proceso contará con el apoyo del Departamento de Medio Ambiente PNP de Apurímac y diversas autoridades ambientales y supervisores.

Durante los 120 días que durará la investigación, se recabarán declaraciones de los involucrados, se realizará un operativo policial en Pichaqani y se solicitarán informes detallados a entidades como El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Autoridad Local del Agua (ALA – MAP), Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Apurimac (ATFFS- SERFOR), Dirección Regional de la Producción de Apurímac (PRODUCE), Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) y la Dirección Regional de Salud de Apurímac. También se revisará la documentación sobre las autorizaciones y actividades de la empresa minera.

El coordinador del Programa Nacional de CooperAcción, Paul Maquet indica: Esta situación pone de relieve una preocupación mayor: el potencial impacto de la contaminación ambiental en las comunidades locales. Las actividades industriales, como las denunciadas en este caso, pueden tener consecuencias graves y duraderas para el medio ambiente y la salud pública. La protección de los recursos naturales y la seguridad de las comunidades afectadas deben ser prioridades fundamentales, ya que el bienestar de nuestro entorno y sus habitantes están profundamente interconectados.

La Defensoría advierte incremento de protestas en el país. La región de Puno continúa sumando conflictos sociales contra empresas minera.
17/06/2024
Puno registra 18 conflictos sociales activos en mayo de 2024. Foto: Defensoría del Pueblo
Conflicto social. El departamento de Puno continúa incrementando las cifras de violencia y represión. Jacinto Ticona, comisionado de la Defensoría del Pueblo en Puno, señaló que se registran 18 conflictos en el territorio, la mayoría de los casos están relacionados con el rechazo a la minería. El 35% de los conflictos sociales de todo el país están relacionados con la minería y afectan principalmente a las regiones de Loreto, Cusco, Puno y Apurímac.

El altiplano seguirá siendo escenario de protestas. Aumentaron cinco casos de represión en un año. La razón de fondo es que no se ha logrado encontrar una solución a los múltiples conflictos sociales que enfrentan, y en lugar de resolverse, estos continúan aumentando.

Cada mes, la Defensoría del Pueblo emite un reporte de conflictividad del país. En la región de Puno, se informa que entre marzo y mayo de 2024 se incrementaron los conflictos sociales de 14 a 18. El panorama advierte que en cualquier momento las protestas públicas, el bloqueo de carreteras o las movilizaciones cobrarán protagonismo.

Ticona indicó que el aumento de la incidencia de conflictos se debe a problemas socioambientales contra la minería y diferendo territorial entre pueblos vecinos. Asimismo, precisó que las comunidades en protesta rechazan las actividades extractivas porque, desde su propia experiencia, consideran que estas actividades contaminan y por esa razón están en contra de nuevos proyectos mineros. Es el caso de la contaminación de la cuenca de Llallimayo (Melgar) y el proyecto Ciemsa Las Águilas en Ocuviri (Lampa).

Puno no registra una reducción significativa de conflictos
Jacinto Ticona explicó que Puno no registra una reducción significativa de sus conflictos durante varios años, debido a que la mayoría de los problemas latentes no parecen tener solución a corto plazo. La contaminación en la cuenca del río Ramis es un ejemplo de ello. Tanto mineros formales como informales descargan residuos que, tras recorrer los diversos ríos, terminan en el lago Titicaca. Más de 15,000 productores agropecuarios de cinco provincias del sector norte de la provincia se ven afectados.

La prometida represa de Haujchani, que sedimentará las aguas contaminadas, aún no muestra señales de ser construida. «Las comisiones técnicas y reuniones de trabajo no han solucionado mucho. Aunque en algunos casos sí han permitido llegar a buenos puertos», aseguró Jacinto.

Por su parte, el sociólogo Carlos Flores consideró que Puno mantendrá su línea de acción de protesta, ya que tanto las autoridades locales como el gobierno central no solucionan ningún problema.

«En Lima, creen que enviando ayuda las cosas se solucionan. Existen problemas medioambientales relacionados con la minería, lo cual ha generado rechazo. Esta actividad no es aceptada debido a que, en muchos casos, ha resultado perjudicial. Algunos sectores ya anuncian un nuevo ‘aymarazo’ contra la minería. Mientras no se brinden soluciones de fondo, los problemas persistirán en Puno. Varios de estos inconvenientes se remontan a un año atrás y otros datan de hace 20 años. No resolverlos es una burla. Por lo tanto, la única opción que le queda al dirigente es recurrir a la huelga», expresó.

Más de 200 conflictos sociales en mayo
El reporte de la Defensoría del Pueblo Mayo 2024 registró 312 acciones colectivas de protesta en mayo, siendo un 43% más que el mes anterior. El vocero de la institución, Luis Alvarado, explicó a Canal N que el 35% de los 209 conflictos sociales registrados están relacionados con actividades mineras. Las regiones con mayor número de protestas son Lima Metropolitana (47), Piura (23), Cusco (22), Arequipa (21), Junín (21) y Puno (20).

Asimismo, explico que actualmente las actividades mineras abarcan 900 unidades en todo el país y son las que requieren más procesos de diálogo entre el Estado, las empresas, autoridades regionales y los afectados.
https://larepublica.pe/sociedad/2024/06/17/defensoria-puno-sobre-conflictos-socioambientales-aumentan-cuatro-nuevos-casos-en-tres-meses-protesta-defensoria-del-pueblo-673931

29/06/2024 Observatorio de Conflictos Mineros en el Peru
Masivo paro se realizó en la Provincia de Cotabambas ayer 18 y hoy 19 de junio, la movilización de 48 horas fue convocado por diversas organizaciones sociales y locales de la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso provincia Grau en la región Apurímac. Esta medida de protesta surgió como respuesta a la falta de un acuerdo económico satisfactorio con la empresa minera MMG Las Bambas, tras la reunión del pasado 13 de junio en la Casa de la Cultura del distrito de Tambobamba.

Cabe mencionar que, en la reunión del 13, los dirigentes locales rechazaron las propuestas económicas presentadas por Las Bambas, que incluían una inversión de S/ 134 millones en Obras por Impuestos, S/ 8.6 millones para asistencia técnica, un aporte social voluntario de S/ 21 millones para el período 2024-2026, siendo rechazada esta propuesta, la empresa hizo otra contra propuesta de S/ 50 millones a distribuirse en cinco años a entregarse por única vez.

Frente a estas propuestas, los representantes de Cotabambas, el distrito de Progreso, rechazaron la propuesta de la empresa y exigieron un aporte anual de S/ 100 millones y la inclusión del monto de asistencia técnica como parte del aporte social voluntario, respaldados por el Oficio N° 007-2024-FREDIPOD.

La tensión en la provincia de Cotabambas y en los distritos de Progreso y Huayllati de la provincia Grau, se mantuvo latente, con manifestaciones pacíficas.

Durante el primer día de paro, las voces de los dirigentes locales resonaron con fuerza en la mayoría de los distritos que acataron la huelga, bloqueando vías estratégicas del corredor minero, como el puente Ichuray y la intersección de las vías de entrada a Challhuahuacho, Las Bambas y Cotabambas.

El segundo día de paro se hizo con contundencia, pobladores de la provincia de Cotabambas, el distrito de Progreso y Huayllati se congregaron en el puente Manantiales entrada a Challhuachuacho, intersección a la entrada de la minera Las Bambas, y con arengas marcharon hacía el pueblo de Challhuahuacho, haciendo un recorrido por las avenidas principales del distrito.

Tras un larga marcha, se dirigieron hacia la entrada Gareta de la minera Las Bambas, lugar donde se reunieron para dar informe del segundo día de paro. Los dirigentes del frente de defensa provincial de Cotabambas y los distritos de Pogreso y Huayllati , en el sector de Manantiales- Challhuahuacho, anunciaron el paro indefinido que iniciará el 22 de julio, frente a la negativa de la empresa Las Bambas de atender su demanda frente al Convenio Marco.

Uno de los anuncios más destacados fue la próxima conformación del Comité de Lucha del Convenio Marco, una instancia que unificará y fortalecerá la lucha organizada de los diversos frentes distritales.
Los representantes del Frente de Defensa del Distrito de Tambobamba, Cotabambas, Coyllurqui, Haquira, Mara, Challhuahuacho de la Provincia de Cotabambas y los distritos de Progreso y Huayllati de la provincia Grau, se comprometieron a unificar su lucha para el anunciado paro indefinido del 22 de julio y advirtieron en radicalizar medidas de fuerza, hasta lograr el Convenio Marco de s/. 100 millones anuales.

26/06/2024
Desde CooperAccion manejamos la hipótesis de que la conflictividad social vinculada a la minería ha cambiado y, en escenarios cada vez más complejos, aparecen con mayor fuerza diferentes tipos de conflictos. Por ejemplo, destacan los casos relacionados con la minería informal y la abiertamente ilegal en varios departamentos del país y en las zonas con presencia de minería formal, se proponen agendas diversas: oposición a la entrega de concesiones mineras; negociaciones complejas de aportes económicos a través de convenios marco, entre varias otras demandas.

Algunos ejemplos de estos escenarios complejos y diversos: en Ayacucho, el pasado 9 y 10 de abril se llevó a cabo un paro agrario que tenía como agenda central el rechazo a las concesiones y actividades mineras. Si bien la protesta se inició en Vilcashuamán, el paro fue de carácter regional y se concentró en la ciudad de Ayacucho, donde se suspendieron clases, se bloquearon algunas avenidas principales y se cerraron locales comerciales.

Por otro lado, en Cajamarca, los frentes de Chetilla, El Ronquillo y Cajamarca, se movilizaron y emitieron un comunicado rechazando la ejecución del proyecto Colpayoc. La población exige la nulidad de la Resolución Directoral N. 169-2023-MEM-DGAAM, que aprobó la ficha técnica ambiental de exploración en el cerro Colpayoc, zona que es considerada como una importante cabecera de cuenca de los ríos Jequetepeque y Ronquillo.

En Cotabambas, la negociación sobre el aporte económico de la empresa propietaria de Las Bambas a la provincia sigue siendo un tema de controversia. Mientras que la empresa plantea el esquema de “obras por impuestos”, la población propone un aporte de 100 millones de soles por año. El entrampamiento de las negociaciones provocó un paro de 48 horas el pasado 18 y 19 de junio.

En el Valle de Tambo, el rechazo al proyecto minero Tía María se mantiene. Frente a las versiones de la empresa Southern que, supuestamente, tendrían una mayor aceptación de sectores de la población, se publicó un comunicado firmado por un conjunto de representantes de diversas organizaciones sociales de la zona y personalidades, en el que se ratifica que el proyecto minero Tía María y la Tapada es inejecutable.

Otro conflicto, en este caso vinculado a la minería ilegal en la Amazonía, es lo que viene pasando con el pueblo indígena awajún. El pasado 8 de junio, la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas de la Frontera Norte (ODECOFROC) inició un bloqueo en el río Comainas, a la altura de la comunidad de Canga, en el distrito de El Cenepa (zona fronteriza con Ecuador), para impedir el ingreso de mineros ilegales a las comunidades de Kusu Kubaim y Pagata. Como parte de este operativo fueron detenidos 10 mineros.

Todos estos casos muestran la diversidad de agendas y una clamorosa ausencia del Estado peruano en los territorios. Los pueblos indígenas amazónicos exigen la presencia del Estado para que enfrente a la minería ilegal que los afecta, pero hasta el momento no reciben ninguna respuesta. En otras zonas los reclamos son diversos (económicos, sociales, ambientales) y el común denominador es que las autoridades siguen sin asumir su rol de facilitadores de acuerdos serios y duraderos. Y, menos aún, ni siquiera cumplen con garantizar los derechos de la población.

Es fundamental la presencia del Estado en los territorios, para que se pueda actuar de manera preventiva frente a posibles conflictos y no como ocurre en la actualidad. Además, cualquier estrategia preventiva no puede excluir a los actores originarios, a sus organizaciones y autoridades. Una lectura diferente y alternativa sobre los conflictos apunta a afirmar que no se puede entender lo que viene ocurriendo en territorios con presencia minera sino como el mantenimiento de una situación caracterizada por un conjunto de asimetrías. Estas asimetrías deben ser enfrentadas.

27/06/2024

Cooperaccion
En medio de la criminalización de sus voceros, la población del valle de Tambo realizó una exitosa asamblea con delegaciones de agricultores, comerciantes y ciudadanos en general de los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón, Dean Valdivia, y Mollendo, en la histórica plaza San Francisco de Cocachacra. Se acordó la medida de lucha para el 19 de julio frente a la pretensión del gobierno y la empresa Southern Copper Perú de imponer el proyecto minero Tía María.

La asamblea también contó con la presencia y el respaldo del presidente de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa – base de la CGTP-: Elmer Arenas; del Comité de Lucha de Arequipa, representado por Jorge del Carpio y el representante de los distritos del cono sur de Arequipa: Ramiro Ponce.

Criminalizados
Actualmente, dos exdirigentes reconocidos y mencionados en la asamblea, Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo, vienen purgando un año de prisión acusados por delitos como entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos y motín durante las protestas del 2015. Los sentenciaron injustamente a más de seis años de prisión bajo la figura de “coautoría no ejecutiva”. Es decir, no por haber ejercido directamente algún disturbio, sino por ser dirigentes que convocaron a una protesta contra el proyecto minero Tía María.

Además, otras tres personas: Elia Ticona, Gustavo Huanacuni y Marcelino Chasca se encuentran en la clandestinidad por haber sido sentenciadas por los delitos de tortura y disturbios durante las protestas del 2015. Cuando detuvieron a Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo, en julio y junio del 2023, ambos se encontraban en la clandestinidad. Miguel Meza, uno de los principales voceros del valle de Tambo, también está siendo criminalizado. Ha logrado superar tres acusaciones fiscales junto a su defensa legal, pero todavía tiene pendiente una acusación más por disturbios, que va camino a archivarse, según David Velasco, su abogado.

El abogado de Jaime de la Cruz y que ha litigado 48 juicios defendiendo a los agricultores de valle de Tambo, Hector Herrera, también está siendo criminalizado. Hace dos meses le llegó una notificación de una acusación fiscal de más de dos mil folios, en la que lo señalan de ser el brazo legal de una organización criminal. En octubre de 2022, el periodista Marco Sifuentes reveló el reglaje político que hacían las fuerzas armadas a varios políticos y personas, entre ellas figuraba el abogado Herrera.

Desde el 2015, la empresa minera y su gremio, sus aliados mediáticos, y gobiernos de turno, excepto durante el periodo de Castillo, impulsaron una ofensiva criminalizadora para descabezar la organización y dirigencia del valle de Tambo, y lograr imponer el proyecto Tía María. Lograron hacer desaparecer el Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo, a través de una denuncia de que se trataba supuestamente de una red criminal, que la Fiscalía acogió, pero al final no pudo demostrar. Sin embargo, lograron infundir el temor en la población para que dejara de organizarse y ejerciera algún protagonismo en la protesta. En los últimos años, la figura que adoptó el pueblo del valle, para evitar la criminalización de la lucha, ha sido nombrar voceros y voceras del valle, un cometido que no ha logrado cumplir, ya que la persecución judicial ha continuado.

Durante la asamblea, en la que muchos prefirieron el anonimato producto del temor que infunde haber sido involucrados en procesos penales y pocos alzaron su voz y se identificaron, los habitantes coincidieron con Marilú Marroquín en manifestarse por continuar la lucha y expresaron que no tenían miedo en seguir luchando a pesar de todo lo vivido y lo que sigue pasando. El papel de las mujeres ha sido clave en las anteriores jornadas de protesta. Varias se sumaron a las comisiones para organizar las asambleas en los distritos pendientes.

En contraste con los criminalizados en la lucha por el valle de Tambo, solo un miembro de la policía ha sido sentenciado por abuso de autoridad, sin pena efectiva ni pago de reparación civil. El uniformado debió enfrentar la justicia, por haber participado en un montaje que sufrió el agricultor Antonio Coasaca el 2015, a quien la policía forzó a sostener clavos en la mano para detener y acusar por disturbios. Ese año, durante las protestas, la policía detuvo a 105 personas del valle.

La medida de lucha y el proceso organizativo
Tras la intervención de otros representantes de los distritos de Punta de Bombón, Dean Valdivia, Cocachacra y Mollendo, la asamblea acordó por mano alzada realizar una jornada de lucha el 19 de julio junto con las organizaciones populares de Arequipa para rechazar la imposición del proyecto minero Tía María.

Acordaron fortalecer la organización distrito por distrito, por lo que el 14 de este mes habrá una asamblea en Punta de Bombón y posteriormente en Dean Valdivia y Mollendo. Para enfrentar la continua criminalización de dirigentes, la asamblea es la que decide y se organiza a través de comisiones y delegados.

Otro de los acuerdos fue enviar un comunicado formal al gobernador regional, Rohel Sánchez, para que rectifique su posición de apoyo al proyecto minero, tal como señaló en campaña cuando visitó el valle de Tambo. También enviarán comunicados a los alcaldes para que se pronuncien a favor de la agricultura contra el proyecto minero en mención.

Plantón a las afueras de evento prominero en Ilo, Moquegua.
En la misma asamblea, también se acordó realizar un plantón en los exteriores de la cumbre minera en Ilo-Moquegua, evento organizado por la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, el 6 y 7 de junio, en la que participó el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho y el gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez. El presidente de Southern también estaba anunciado en el programa, pero no llegó a la cumbre minera.

De esta forma, los agricultores, comerciantes y ciudadanos en general del valle de Tambo van fortaleciendo su organización, que se encontraba debilitada, y cumpliendo sus acuerdos de cara a la medida de lucha del 19 de julio. (Con información de Red Muqui)

Paul E. Maquet
26/06/2024
Fuente: Perú21
La madrugada del viernes 28 de junio tuvo lugar un sismo de 7 grados de magnitud, en Caravelí, Arequipa, al sur del Perú. El movimiento telúrico dejó al menos seis personas heridas, entre ellas tres niños, así como derrumbes de viviendas y de carreteras.

Las imágenes de los derrumbes, que han bloqueado las vías de comunicación en varios puntos en la Panamericana y la carretera a Chivay, entre otros, muestran toda la energía que puede liberar este tipo de eventos. Cabe recordar que nuestro país se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, y es frecuente la ocurrencia de sismos. De hecho, el mapa de acoplamiento sísmico muestra la energía que se viene acumulando en distintas zonas de la costa, y en especial frente a la región de Lima, que no es epicentro de un terremoto de gran magnitud desde la década de los 70.

Fuente: Gladys Pereyra

Es imposible ver las imágenes de los derrumbes en Arequipa y no pensar en el enorme riesgo latente en Lima, no solo por la precaria infraestructura urbana y las construcciones deterioradas e informales. Además de ello, la capital del país vive una amenaza permanente, como si tuviera una navaja constantemente tocando su cuello: los relaves y pasivos ambientales acumulados por décadas en la cuenca del río Rímac.

Cuando vemos Tamboraque, que acumula decenas de miles de toneladas de desechos tóxicos en el talud del cerro casi encima del curso del Rímac, o Millotingo, una relavera totalmente expuesta, uno se pregunta qué ocurriría (o qué ocurrirá) si un sismo de gran magnitud ocasiona en esas zonas derrumbes como los de Arequipa. No es una posibilidad lejana que alguna de esas bombas de tiempo colapse, contaminando con metales tóxicos las fuentes de agua de las que dependemos más de 10 millones de personas.

Peor aún, el Gobierno actual y la empresa Southern Peaks insisen en construir un nuevo proyecto minero que depositaría sus relaves en medio del sistema de lagunas de Marcapomacocha, que es el que abastece de agua a nuestra ciudad.

Existen 375 pasivos mineros registrados a lo largo de la cuenca del Rímac, un riesgo que nos puede explotar en la cara en cualquier momento. Es urgente actuar ya para remediar estos pasivos y trasladar y encapsular los relaves que amenazan nuestras fuentes de agua, antes de que sea demasiado tarde. El sismo que viene, no nos avisará cuándo llegará.

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