27/07/2025
Las protestas en contra del proyecto minero, Tía María y La Tapada se intensificaron a pocas horas de recibir el mensaje presidencial. Los voceros temen que Boluarte apoye a Southern.
Foto del autorMirelia Quispe

Las acciones de rechazo contra el proyecto minero Tía María continúan en el Valle de Tambo, en Arequipa, donde este domingo se realizaron movilizaciones a las ferias locales de Cocachacra y la Punta de Bombón. Los manifestantes ya preparan una protesta más contundente para este lunes 28 de julio, Día de la Independencia del Perú, y planean quemar un muñeco alusivo a Dina Boluarte.

“Estamos convocando al pueblo de Valle de Tambo a concentrarse este 28 de julio en la plaza San Francisco, a partir de las nueve de la mañana, para participar en el desfile patrio. En dicho desfile, participaremos con nuestras banderas verdes y, alrededor de mediodía, quemaremos un muñeco de Dina Boluarte. Este 28 de julio”, declaró Jorge del Carpio, dirigente de la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL) y vocero de valle de Tambo.

Según el propio dirigente, el acto simbólico de quema del muñeco responde a la sospecha de que el Ejecutivo podría anunciar el inicio del proyecto minero durante las celebraciones patrias: “Sospechamos va a anunciar que el proyecto Tía María – La Tapada va”.

Bloqueos de vías continúan
Aunque este domingo no se registraron bloqueos activos, se informó que ayer hubo dos bloqueos importantes: uno en la zona conocida como “Ventillata”, que comunica el Valle de Tambo con Tacna y Moquegua, y otro en Santa María, en Cocachacra. También se realizó una olla común, donde invitaron comida preparada con ingredientes cosechados del valle de tambo a los conductores que quedaron varados, y algunos pasajeros no dudaron en bajar y pedir un poco de comida y agua.

Mientras que las actividades de hoy se concentraron en las ferias de productos alimenticios en Cocachacra por la mañana y en la Punta de Bombón por la tarde. “Son las ferias donde acuden muchas personas a abastecerse de comida para toda la semana”, indicó Jorge del Carpio.

Mientras tanto, en la zona se desplegaron nuevas banderas verdes para que los tambeños que desees las coloquen en sus casas en preparación para el desfile del 28. Las consignas que acompañan las actividades siguen siendo claras: “El valle no se vende, el valle se defiende. El valle nos alimenta, la mina nos asesina”.
https://larepublica.pe/politica/2025/07/27/tia-maria-pobladores-amenazan-con-quemar-muneco-de-dina-boluarte-en-rechazo-de-proyecto-minero-areuipa-hnews-2246022

El Gobierno ha retirado a cerca de 50.000 mineros del registro de formalización por no avanzar en su proceso, desatando protestas y revelando cómo el sistema ha servido de escudo a operaciones ilegales.
Sergio Llerena Caballero 18/07/2025
Según datos del Ministerio Público de Perú, la minería ilegal genera pérdidas económicas de 6.285 millones de dólares anuales, una razón de peso que explica las recientes protestas violentas de mineros informales: hay mucho dinero de por medio.

Pero… ¿por qué se habla de tanto dinero (ilegal) en juego cuando las protestas son de mineros informales y no ilegales? El detalle que explica esta contradicción aparente viene del propio Gobierno y sus reparos con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Dicho registro, administrado por el Ministerio de Energía y Minas, fue creado en 2016 con el propósito original de que, en un plazo de 3 años, los pequeños mineros informales puedan regularizar sus actividades (formalizarse) cumpliendo con ciertos requisitos técnicos, ambientales y administrativos.

Sin embargo, esos 3 años iniciales se han ido prorrogando hasta la actualidad en que, en junio, el Gobierno emitió un decreto que ordenó retirar del Reinfo a cerca de 50.000 mineros.

El Gobierno tomó esta decisión luego de verificar que durante el primer semestre de 2025 los cerca de 50.000 inscritos no mostraron avances en su proceso de formalización, acusando un uso indebido del registro.

¿FACHADA PARA LA ILEGALIDAD?
Además, el fracaso del Reinfo parece evidente si se considera que, según cálculos hechos a partir de datos del Ministerio de Energía y Minas, desde su creación sólo entre el 2 y el 2,4 por ciento de los mineros inscritos (que suman cerca de 90.000 personas) lograron formalizarse exitosamente.

«A partir de la diferentes ampliaciones de la vigencia del Reinfo, los mineros que son parte de este registro podían continuar realizando sus actividades, pero sin ser pasibles de una fiscalización efectiva o algún tipo de control que venga desde el Estado, y si es que miramos el caso de las intervenciones para controlar la minería ilegal, todas aquellas personas que sean parte del registro no son pasibles de recibir una intervención o fiscalización por minería ilegal», dijo a la Agencia Sputnik la coordinadora Luisa Ríos, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental en el departamento de Madre de Dios (Amazonía sur).

En ese sentido, lo explicado por Ríos da cuenta de lo que parece ser un secreto a voces en Perú: el Reinfo terminó siendo una herramienta para que los mineros ilegales -bajo la fachada de «informales»- puedan continuar con sus operaciones amparados en la protección que les da el registro, en tano aleguen que su «formalización» está en curso.

Un minero informal es aquel que realiza actividad minera sin todos los permisos legales, pero que puede llegar a regularizarse; mientras que un minero ilegal es aquel que opera en zonas prohibidas -como ríos o reservas naturales- o sin autorización alguna y comete un delito penal; por tanto, la formalización de un minero ilegal no puede estar «en proceso» al ser legalmente imposible que se formalice.

¿Qué buscan entonces los mineros que actualmente protestan en Perú? Según explica Ríos, en vista de que el Gobierno decretó que el Reinfo expire el próximo 31 de diciembre, los mineros exigen que esta vigencia se extienda (una vez más) hasta fines del 2027.

Asimismo, exigen que si la vigencia no se puede extender, se apruebe en el Congreso el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal en Perú (Ley MAPE).

Ríos advierte que el proyecto de Ley MAPE se está buscando aprobar de una manera «apresurada», sin consultar a la ciudadanía, con un pobre enfoque sobre el impacto ambiental de la minería, entre otros vicios que impedirían una efectiva formalización de los mineros informales.

«Por ejemplo, la Ley MAPE plantea que se pueda aplicar el silencio administrativo positivo. Esto significa que si tú presentas un trámite sobre materia minera y el procedimiento establece que ese trámite demora 10 días, por ejemplo, y llega el día 11, no importa el contenido de lo que quieras tramitar, pues este se aprueba porque el funcionario no generó observaciones dentro del plazo que se manejaba para ese trámite», detalla Ríos.

DERECHO MINERO
Por otro lado, de parte de los mineros informales existen reclamos que se pueden considerar razonables respecto a su derecho a que recibir facilidades para ejercer su actividad extractiva.

«Lo que buscan los mineros artesanales, la pequeña minería, es que todas las comunidades campesinas que se dedican a producir en sus tierras ancestrales tengan la posibilidad de un empleo ante el fracaso del modelo neoliberal. La gente ha avanzado y tiene ahora una gran oportunidad de desarrollo en los recursos de la minería y en sus propias tierras», dice a la Agencia Sputnik el congresista Roberto Sánchez, defensor de la causa minera informal.

Sánchez, miembro de la bancada de Juntos por el Perú (izquierda), apunta a una «falla injusta» dentro de las pretensiones de que a los mineros informales se les impida el ejercicio de sus actividades.

«En Perú, el 70 por ciento de la economía se desarrolla de manera informal, no sólo la minería. El Perú es un país informal en su economía, eso tenemos que decirlo con categoría, entonces que el Gobierno no sea más papista que el papa cuando dice que la informalidad del sector de la minería hay que combatirla: lo que hay que combatir y perseguir es al crimen, a la ilegalidad», afirma el congresista.

Por lo pronto, las protestas de los mineros han cesado desde que el Gobierno decidió llevar a cabo mesas de trabajo intersectoriales para atender sus demandas, aunque las posibilidades de un acuerdo que satisfaga a todas las partes se presumen bajas.

La minería informal en Perú, luces y sombras de un millonario y complejo conflicto social

LA AGENDA QUE UNE A EMPRESAS FORMALES Y MINEROS INFORMALES
17/07/2025

Minería informal e ilegal se han convertido en principales protagonistas de los conflictos y su crecimiento pone en discusión el régimen de concesiones mineras, señala el Observatorio de Conflictos Mineros en su 36 reporte semestral.

Investigadores alertan sobre el impacto de la actividad ilegal en la juventud, que opta por trabajos en el sector ante la falta de alternativas económicas viables.

El auge de la minería informal en el Perú ha transformado la conflictividad social, desplazando el foco de las disputas tradicionales hacia nuevos actores y territorios. El 36 reporte del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) concluye que el crecimiento de la minería informal y artesanal, en medio de la discusión sobre una nueva Ley MAPE, redefine la matriz de los conflictos, con disputas por control del territorio y beneficios entre pequeños y medianos mineros, empresas formales y comunidades.

Los datos de la Defensoría del Pueblo muestran que el número de conflictos mensuales ronda los 200 casos, con una tendencia al alza en las protestas colectivas, que alcanzaron 256 acciones recientes. La mitad de estos conflictos son socioambientales y dos tercios están vinculados al sector minero, lo que confirma el dominio de los sectores extractivos en la conflictividad nacional.

El informe detalla que 15% del territorio —unos 19 millones de ha— está concesionado a la minería, con regiones como Apurímac y La Libertad superando el 50% de su superficie. En zonas como Pataz, donde las concesiones ocupan el 80% del territorio, la criminalidad asociada a la minería informal se ha convertido en un problema central.

Por otro lado, el nuevo superciclo de precios de minerales, especialmente cobre y oro, ha generado ingresos extraordinarios de casi 19.000 millones de dólares entre enero y diciembre de 2024 para las empresas mineras. El incremento desmesurado de precios es también un incentivo para la expansión de la actividad informal.

Minería informal redefine conflictos sociales en Perú

El auge de la minería informal e ilegal, según el informe presentado en un contexto de protestas de los mineros artesanales e informales en diversas regiones, se refleja en la dispersión de la producción minera, especialmente de oro. La transformación del patrón de producción de este mineral es notoria: si antes predominaban grandes empresas como Yanacocha, hoy la producción se dispersa entre pequeños, medianos y mineros artesanales, así como actores ilegales.

El OCM identifica un cambio histórico: de conflictos sindicales en los 70 y 80, a disputas entre empresas y comunidades en los 90 y 2000, hasta el actual protagonismo de la minería informal, que disputa territorio con empresas y comunidades.

Este fenómeno también es resultado del fracaso del modelo de minería impulsado durante los últimos 30 años, con comunidades que no han percibido los beneficios de manera directa y que, en muchos casos, optan por realizar ellos mismos la actividad minera para controlar las ganancias producto de la extracción de los recursos de su propio territorio.

Sin embargo, pese a que predomina una narrativa donde las empresas formales y los actores informales se presentan como antagónicos, estos sectores tienen suelen tener vínculos incluso comerciales, pues el oro ilegal sale “blanqueado” por los puertos del país. Además, ambos sectores, gran minería y empresarios de la MAPE, comparten una agenda común orientada a ampliar lo más posible la frontera de la extracción minera y al mismo tiempo reducir lo más posible las responsabilidades y procedimientos referidos a los aspectos sociales y ambientales. Así lo señaló Paul E. Maquet, vocero de CooperAcción, durante la presentación del reporte.

Por su parte, Mirtha Vásquez, abogada de Grufides, denunció que el régimen de concesiones fomenta el desorden: “Perú tiene un régimen de concesiones mineras que permite el caos. En Pataz, por ejemplo, conviven la minería formal, informal e ilegal: se otorgan concesiones, pero terminan operando actores ilegales”. Vásquez comparó el modelo peruano con la normativa que se está discutiendo en Colombia, donde se plantea primero delimitar zonas a proteger. En Perú, en cambio, se entregan áreas estratégicas para la biodiversidad y la seguridad alimentaria.

La expansión de la minería informal e ilegal afecta también regiones de norte del país como Amazonas, La Libertad y Cajamarca, donde las rondas campesinas enfrentan amenazas y criminalización por denunciar contaminación y violencia. En Cajamarca, la inversión minera formal cayó cerca de 50% respecto a años anteriores, pero la región sigue como la tercera productora de oro, con nuevos proyectos que generan conflictos al superponerse a territorios indígenas. “Perú tiene un régimen de concesiones mineras que permite el caos. En Pataz, por ejemplo, conviven la minería formal, informal e ilegal: se otorgan concesiones, pero terminan operando actores ilegales”, denunció.

Daniel Hernando, investigador en minería ilegal, advirtió que la minería informal redefine las trayectorias de vida juvenil, desplazando alternativas como la agricultura o la educación técnica. “Muchos jóvenes terminan insertados como trabajadores”, señala, lo que genera deserción escolar, consumo temprano de alcohol y violencia. El Estado, según Hernando, debe acompañar la formalización y no limitarse a la fiscalización, ya que la variedad de actores y posturas genera conflictos inter e intra comunales, con episodios de coacción y atentados. En regiones como Loreto, la minería ilegal convive con otras actividades ilícitas, agravando la complejidad del problema. “Esta actividad plantea unos ingresos que difícilmente se pueden igualar en el territorio con otras actividades”, concluye Hernando.

Ante este panorama, el Estado debe escuchar las voces de todos los actores en la discusión sobre la nueva Ley MAPE, y no solo a los sectores empresariales ya sean estos de la gran minería o de la pequeña, artesanal o informal. Organizaciones de pueblos indígenas, gobiernos territoriales y asociaciones de personas afectadas por la contaminación también deben ser convocadas a las instancias de diálogo para que su perspectiva también sea incluida, señaló Maquet en referencia a la discusión sobre el Reinfo.

Resistencia y criminalización

En el norte, la resistencia a proyectos como Río Blanco persiste. En enero, miles marcharon desde Tambogrande a Piura, sumándose a dos décadas de oposición local. El 97 % de la población de Ayabaca y Huancabamba rechazó la minería en consultas vecinales hace casi veinte años, optando por agricultura y turismo ecológico. Pese a ello, la empresa Río Blanco, de capitales chinos, avanza con respaldo legal inédito. Autoridades locales y regionales han reiterado su rechazo, alertando sobre el riesgo para la producción agrícola y la paz social. Situación similar se vive en el valle de Tambo, en Arequipa, ante la insistencia por imponer el proyecto Tía María.

David Velazco, director de Fedepaz, sostuvo que la conflictividad persiste en un momento “muy duro y muy ácido”, y criticó el discurso oficial que asocia minería y desarrollo, ignorando las demandas sociales. Además, destacó que la criminalización de defensores ambientales y líderes sociales se ha intensificado, y denunció que los ciudadanos de Islay vienen siendo denunciados por haber acatado un paro durante los últimos meses.

Puedes descargar el 36 reporte semestral del Observatorio de Conflictos Mineros en este enlace: https://conflictosmineros.org.pe/wp-content/uploads/2025/07/36-OCM-primer-semestre-2025-1.pdf

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Trujillo 678, Magdalena del Mar, LIMA 17 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

La Razón 16/07/2025
Dos policías resultaron heridos, mientras que dos civiles fueron alcanzados por perdigones durante enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional, registrados a poco de la llegada de la presidenta Dina Boluarte a la ciudad de Iquitos.

Ayer martes, la jefa de Estado arribó a Iquitos para participar en la clausura del VIII Consejo de Estado Regional en la región Loreto, actividad en donde también están presentes 13 gobernadores regionales y ministros de Estado.

Conocida su llegada, cerca de mil personas, integrantes de gremios pertenecientes a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) se concentraron a las afueras de la Villa FAP, en la Av. Mariscal Cáceres.

Las demandas de este grupo van desde el incremento de sueldos, hasta abarcar temas relacionados con la seguridad, minería ilegal y demás necesidades de la población.

Una vez se acercaron hasta este punto, habrían sido repelidos por las fuerzas del orden, lanzado piedras a los efectivos en respuesta, tras lo cual los agentes buscaron repeler esta protesta utilizando gases lacrimógenos.

Según RPP además de los dos heridos, algunos menores presentes en el lugar también se vieron afectados por el efecto de estos gases. En total, se registraron otros 13 afectados.

El defensor del Pueblo en Iquitos, Abel Chiroque, dijo que tras un acuerdo con los dirigentes, lograron levantar la medida de lucha. Asimismo, se instaló una mesa de diálogo para atender a sus reclamos.

«Se levanta la protesta. Eso es lo que ya se ha logrado. Queremos tranquilidad, queremos evitar que haya afectaciones a la vida, a la integridad de las personas. Porque los policías nos han reportado dos personas heridas», indicó.

Los agentes y los heridos por perdigones fueron llevados de emergencia al Hospital de Iquitos. Por el momento se ha restablecido el orden.

Los protestantes lanzaron piedras cuando se encontraron en la puerta de la instalación militar, lo que generó que sean repelidos por la PNP mediante perdigones y bombas lacrimógenas.

Los manifestantes no solo realizaron exigencias como el incremento de salarios, sino que también tocaron temas de seguridad, minería ilegal, entre otros. Además, varios propalaron insultos contra la mandataria.

«Dina asesina, Loreto te repudia», fue una de las arengas hechas por manifestantes.

Horas más tarde, la presidenta de la República, Dina Boluarte, dejó en claro que no atenderán una “agenda política donde utilizan a nuestras hermanas y hermanos para bloquear carreteras o poder incendiar la pradera con sus voces en las calles”.

“No se dejen utilizar, hermanas y hermanos. La agenda social, bienvenida, la conversamos y la solucionamos”, agregó.

Protestas violentas en Iquitos dejan dos policías heridos

El pasado 11 de julio otras protestas de mineros artesanales fueron reprimidas y dejaron un fallecido, y varios heridos de gravedad.
Medios locales reportan hasta el momento 15 personas heridas. Foto: @Epicentro_TV
15/07/2025
La Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP), junto a otros gremios y ciudadanos, fueron reprimidos por las fuerzas policiales en Iquitos cuando protestaban contra la llegada de la presidenta, Dina Boluarte.

Al protestar cuando se movilizaban hacia la Villa Área donde la mandataria estará participando en el VIII Consejo de Estado Regional, los manifestantes fueron atacados con gases lacrimógenos.

Medios locales reportan hasta el momento 15 personas heridas. En este sentido, exigen los servicios de agua potable, internet y la detención de la minería ilegal en el país.

Asimismo denuncian que niñeces se vieron afectados en sus viviendas por las bombas lacrimógenas lanzadas por la policía.

El pasado 11 de julio otra protesta de mineros artesanales fue reprimida y dejó un fallecido, y varios heridos de gravedad.

Otros reclamos de la CGTP
La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) expresa su rotundo rechazo a la extinción de catorce programas estatales de infraestructura y el traspaso de sus funciones a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), entidad cuestionada por su deficiente desempeño en la ejecución del programa Reconstrucción con Cambios.

“Esta decisión, anunciada el 6 de mayo por el entonces ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, en presencia de la presidenta de la República, amenaza con el despido masivo de aproximadamente 5.000 trabajadores y promueve una excesiva burocratización que afectará la ejecución y el mantenimiento de obras fundamentales en educación, salud, transporte, saneamiento urbano y rural, telecomunicaciones, vivienda y desarrollo agrario”, puntualizó el gremio.

De igual manera, señalan en paralelo que el Gobierno incrementa escandalosamente el sueldo presidencial, junto a un vale de 5.000 soles, mientras que el país se encuentra desprotegido frente a la delincuencia, el sicariato y la corrupción institucionalizada.
https://www.telesurtv.net/peru-reprime-protestas-rechazo-boluarte-iquit/

El comandante general Víctor Zanabria confirmó que el disparo que mató a Alexander Checa fue realizado por un agente policial. El Ministerio Público ya abrió investigación.
15/07/2025

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, confirmó que fue un policía el autor del disparo que provocó la muerte de Alexander Checa Montalvo, de 27 años, durante las protestas mineras registradas el pasado viernes en el distrito de Chala, provincia de Caravelí, Arequipa. En entrevista con RPP TV, Zanabria indicó que ya se iniciaron las diligencias para identificar al agente responsable mediante pericias y análisis fílmicos.

Según la necropsia del Instituto de Medicina Legal, el joven murió a causa de una hemorragia masiva por impacto de arma de fuego en el tórax. Las protestas, protagonizadas por mineros informales que exigían un nuevo proceso de formalización, se tornaron violentas: se usaron llantas quemadas, dinamita y hubo bloqueos en la Panamericana Sur. Durante el operativo, 18 policías resultaron heridos y se arrestó a ocho personas, actualmente en detención preliminar por siete días.

Zanabria aseguró que las imágenes de drones ubican a Alexander Checa en una zona elevada desde donde, presuntamente, se lanzaban ataques contra las fuerzas del orden. “Tenemos video donde él recibe el posible impacto del disparo”, sostuvo. Sin embargo, la familia de la víctima niega esa versión. Su tío, Juan Chipana, afirmó que Checa no era minero, sino taxista, y calificó la muerte como un abuso: “Era un joven trabajador e inocente”.

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Caravelí, ya abrió una investigación preliminar por homicidio. Mientras tanto, más de 3,000 agentes continúan desplegados en la región para controlar los disturbios y garantizar la circulación en vías clave como el corredor vial sur. El caso pone nuevamente en discusión el uso de la fuerza por parte de la policía durante manifestaciones sociales y la falta de garantías en los derechos de civiles.

Policía mató a joven en protestas mineras en Chala, confirma jefe de la PNP

Para el exviceministro de Gestión Ambiental, los mineros informales ven una coyuntura favorable para avanzar en su agenda frente a la debilidad del Ejecutivo. Si persiste la falta de consenso sobre la Ley Mape, el Congreso optaría por seguir extendiendo el Reinfo.
Reinfo: revisarán plazo de 90 días para que mineros informales cuenten con autorización de uso de explosivos
Conflictos sociales se transforman: el auge de la minería informal y los desafíos de la Ley Mape
José De Echave conversó con La República sobre la problemática minera en el país y los desafíos de la Ley Mape. Foto: Kevin García/La República
Foto del autorDaniel Tapia
Este viernes 25 de julio volverá a sesionar la mesa de diálogo entre los representantes del gobierno, instituciones del Estado y mineros informales. Para, José De Echave, investigador de CooperAcción, la Confemin tiene una posición maximalista y aprovecha la fragilidad del Poder Ejecutivo para avanzar en su plataforma de lucha que comprende: reponer a los mineros excluidos del Reinfo, evitar las interdicciones y aprobar una Ley Mape a la medida de sus intereses.

Si bien una renovada Comisión de Energía y Minas del Congreso deberá decidir el futuro de esta norma, De Echave ve poco probable que en esta próxima legislatura se de luz verde a un texto consensuado. En su lugar, las fuerzas parlamentarias buscarían ampliar nuevamente el fracasado proceso de formalización minera.

-¿Cómo analiza el proceso de diálogo entre los representantes del gobierno, instituciones del Estado y los gremios de mineros artesanales?

-Ojalá que se puedan lograr acuerdos para salir un poco del entrampamiento. Sin embargo, viendo las distintas posturas, se me hace difícil que esto pueda ocurrir. Yo creo que, por el lado del gobierno, veo poca capacidad, poca voluntad y creo que no hay muchas iniciativas de su parte. En el caso de las organizaciones que representan a la minería artesanal, la sensación que tengo es que todavía hay una posición maximalista de puntos y temas que son bien difíciles que puedan a llegar a buen puerto.

-Una de las principales preocupaciones de los gremios como la Confemin es que se anule la exclusión de los más de 50.565 mineros del Reinfo, que habían sido suspendidos por no cumplir los requisitos de ley. ¿cree que se atienda su plataforma de lucha?

-A mi lo que me preocupa es su agenda maximalista de las centrales de mineros como la Confemin y otras federaciones. Ellos, en la práctica, demandan muchas cosas que se parecen a las exigencias históricas de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Dicen que el Perú es ancestralmente minero y eso siempre lo señaló la SNMPE. Además, quieren hacer minería en áreas de conservación, lo cual, creo que es inaceptable. Pretenden hacer minería en la Amazonía, tener beneficios tributarios y no cumplir con instrumentos de gestión ambiental rigurosos. Es decir, muchos de sus puntos coinciden. El Perú sí necesita una pequeña minería fuerte, responsable, seria, pero diferenciándose de la ilegal, que avanza de manera violenta y que afecta los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y la naturaleza.

-¿Coincide con algunos especialistas en que desde que se creó la mesa de diálogo y este subgrupo que debe revisar las normas en cuestionamiento, el Ejecutivo está cediendo a las presiones de los mineros informales?

-Es posible. Estamos hablando de un gobierno tremendamente débil y que tiene muy poca legitimidad, frente a una organización social que ha crecido y que posee una enorme capacidad de movilización. Además, tienen recursos y claramente, una influencia política. Entonces, sí me da la impresión que la lectura de las centrales de mineros es que hay una coyuntura favorable para avanzar en su agenda. Esta agenda máxima puede ser aprobar una Ley Mape que responda a sus intereses, como lo han intentado hacer en la Comisión de Energía y Minas. O también, lograr algunos puntos como evitar las interdicciones y reponer a los mineros que salieron del registro.

Minem optó por camino fácil
-Se reveló un chat en el que el ministro Jorge Montero compartía mensajes y publicaciones con los mineros informales. ¿Cómo analiza esta información a la que él ha justificado en base a razones académicas?

-Mi principal observación y crítica al señor Montero es que, desde que asumió el ministerio de Energía y Minas, cuidó el puesto y le ha dejado la tarea de plantear una nueva Ley Mape a la Comisión de Energía y Minas, sabiendo lo que significa. Entonces, creo que ha optado por el camino fácil de no proponer una iniciativa, de no discutir seriamente y de no plantear propuestas sobre el tema. Le ha dejado un espacio para que la influencia que hoy en día tienen las centrales mineras en la política, se desenvuelva sin mayores problemas. Ahora, sin duda, en un grupo de WhatsApp, hay varios temas que él ha planteado y que ahora, no reconoce.

-Hasta diciembre tiene plazo el Congreso para resolver el futuro de la Ley Mape, que no pudo ser aprobada en la Comisión de Energía y Minas. Con la disolución del Bloque Magisterial, otra bancada presidirá este grupo de trabajo. ¿cómo ve este cambio de presidencia y de miembros para orientar el debate?

-Vamos a ver cómo se reconfigura la Comisión de Energía y Minas. Pero, estamos hablando del mismo Congreso. Entonces, no es que vayan a darse cambios sustantivos. Honestamente, se me hace difícil pensar que un Parlamento con esas características vaya a poder producir una Ley Mape que responda realmente a los intereses del país. Por lo tanto, tenemos esta segunda legislatura que acaba en diciembre y no creo que se pueda producir un marco legal que permita un avance importante. En ese mes ya estaríamos en un contexto electoral y lo que vamos a tener, es un escenario en el cual, el Congreso seguramente va a discutir más que la aprobación de la Ley Mape, una nueva ampliación del Reinfo.

-Una carta bajo la manga que podría aparecer es un proyecto de ley del congresista Sánchez que busca ampliar el Reinfo hasta el 2026 mientras no se apruebe la Ley Mape. ¿Esta es una iniciativa que va acorde con la problemática de la minería artesanal?

-Lo menos que podemos decir es que el riesgo existe. Yo me pregunto, si de cara al escenario electoral que se viene, habrá alguna fuerza política dentro del Congreso que se animará a decir si acaba el Reinfo. Creo que, si no se llega con una Ley Mape aprobada en la Comisión de Energía y Minas y en el Pleno del Congreso, lo más probable es que se plantee una nueva ampliación del Reinfo. Ya ha pasado varias veces anteriormente. Entonces, no me sorprendería. Yo no me imagino una fuerza política dentro del Congreso que va a estar, además, buscando algún nivel de de espacio electoral, trayéndose abajo el Reinfo.

Mineros van por agenda máxima
-Algunos puntos críticos de la propuesta de Ley Mape era la inclusión de la servidumbre minera y la exención de responsabilidad penal. ¿Cederá la Confemin a estos puntos que defiende?

-Hasta el momento, cuando uno escucha a sus voceros, la sensación que queda es que están yendo por la agenda máximo. Su lectura es que hoy en día tienen las condiciones de poder sacar la gran mayoría de puntos de su agenda porque están frente a un Ejecutivo débil y un Congreso que está dispuesto a trabajar con ellos. Aquí hay un margen de error, pero me imagino, una segunda legislatura en la que no se va a poder producir una Ley Mape, y con esta situación de impase a fin de año, lo que va a quedar es la posibilidad de ampliar nuevamente el Reinfo. Entonces, la tarea de definir esta Ley Mape será del próximo Parlamento, donde seguramente la Confemin y otras federaciones van a esperar tener una mayor representación política.

-La Confemin señala que uno de los problemas centrales que impiden la formalización de la minería artesanal es la acreditación de un contrato de explotación. ¿coincide con ellos?

-Yo creo que es un punto importante y un asunto que el país necesita discutir seriamente. A inicios de la década del 90, el Perú tenía 2 millones 300.000 hectáreas concesionadas. En algún momento, llegó a tener 26 millones de hectáreas concesionadas. Hoy en día, estamos en alrededor de 20 millones y sin duda, ha habido un proceso de acaparamiento. ¿Quiénes pueden pagar los derechos mineros vigentes? Básicamente, las grandes empresas. Pataz es un ejemplo de eso. Si uno ve su territorio, la Mina Poderosa tiene cerca del 20% de las concesiones en las zonas con mayor riqueza geológica. Yo creo que ese es un tema a discutir de la manera más seria posible. Revisemos las experiencias internacionales donde ha habido ajustes a la política de concesiones mineras, para dejar espacio a que la pequeña minería se pueda desarrollar.

-En el reporte del Observatorio de Conflictos Mineros, se menciona que hay un giro en la conflictividad social con nuevos actores y territorios, a diferencia de lo que ocurría en años anteriores. ¿cuáles son los argumentos que sustentan esto?

-Efectivamente, la matriz de conflictividad social ha cambiado. Hasta hace un tiempo, los conflictos eran entre las grandes empresas y las comunidades que defendían sus territorios. Hoy en día, el principal conflicto es entre las grandes empresas y la pequeña minería. Después de 30 años, yo creo que sí hay que comenzar a pensar qué tipo de gobernanza necesita la minería para los próximos 20 o 30 años. Hemos tenido una ley general que tiene casi 30 años de vigencia. Claramente, el escenario de tensión social muestra que muchos de esos aspectos se han agotado. Esta no es una discusión exclusivamente de los empresarios mineros, sino de la clase política, del sector académico, de la sociedad civil, de los trabajadores y productores mineros. Ojalá que, en la agenda electoral, se puedan discutir y lograr algunos puntos de consenso.

Caída de la producción minera formal
-¿La caída de la producción formal de oro y cobre se debe a la expansión de la minería informal, como atribuyen algunos gremios de la gran minería?

-Es cierto que hay una caída de la producción de oro desde hace un buen tiempo. Pero, esto no se debe exclusivamente al avance de la pequeña minería. Lo que está ocurriendo en el Perú es que los grandes yacimientos de oro se están agotando. Básicamente, el 60% de la cartera son proyectos de cobre y solamente, el 12% son auríferos, y ninguno es de gran minería. Entonces, lo que va a predominar es la producción de la pequeña minería. La obligación de las centrales de mineros es diferenciarse de los ilegales.

-¿Qué expectativas tiene del Mensaje a la Nación de Dina Boluarte? ¿Podría haber algún anuncio referido a la problemática de la minería en el país?

-Debería haber. Seguramente, se darán algunas menciones, pero de ahí a que pueda tener alguna expectativa de que algo interesante se anuncie, yo creo que no.

-¿Seguirá insistiendo el gobierno en iniciar la construcción de Tía María para este año, pese a la oposición de la población de Valle de Tambo?

-Hay una voluntad de los agricultores de decirle no a la minería. Ellos perciben además que no es una posición únicamente contra Tía María. Ven el mapa de concesiones mineras y por lo menos, 10 empresas tienen concesiones en su territorio. Entonces, sienten que este proyecto es el inicio de la reconversión del territorio del Valle de Tambo en una zona de expansión minera. Entonces, la información que tengo es que no es viable y que la gente sigue preocupada por la posibilidad de que el proyecto se desarrolle.

-Una de las posiciones que dejaba entrever el ministro era que valoraba la posibilidad de que el BCRP compre oro a los mineros artesanales. ¿Cómo evalúa esta propuesta?

-En primer lugar, no hay muchas experiencias a nivel internacional en donde un Banco Central de Reserva pueda encargarse de esa labor. Discutir que haya algún otro espacio dentro del Estado para que se haga esa tarea, se puede pensar, pero no es algo que se vaya a resolver de la noche a la mañana. Estamos en una época en la que la cotización del oro es alta, pero también ha habido periodos bajos. Es un tema que hay que analizarlo con mucho cuidado.

https://larepublica.pe/economia/2025/07/24/exviceministro-jose-de-echave-el-congreso-va-a-discutir-mas-que-la-aprobacion-de-la-ley-mape-una-nueva-ampliacion-del-reinfo-hnews-1879951

30/06/2026
Decenas de manifestantes, principalmente de Arequipa, han instalado carpas en el lugar indicando su intención de permanecer por tiempo indefinido.

Una nueva protesta de mineros artesanales se desarrolla este lunes 30 de junio frente al Congreso en la avenida Abancay. Decenas de manifestantes, principalmente de Arequipa, exigen la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y la aprobación inmediata de la Ley MAPE.

Aunque el Ejecutivo oficializó la ampliación del Reinfo el último fin de semana; aún esta requiere debate en el Pleno del Congreso, cuya legislatura recién concluyó y genera incertidumbre entre los mineros.

Demandas «sin condiciones»

Los manifestantes reclaman que la ampliación del Reinfo se realice «sin condiciones», según consignan sus carteles. Este punto genera controversia, ya que el registro fue concebido inicialmente como un mecanismo transitorio vinculado a compromisos de formalización progresiva.

Dicha solicitud de mantenerlo sin exigencias es vista por sectores especializados como un retroceso en la regulación de la minería informal. Paralelamente, exigen la aprobación de la Ley MAPE, que busca establecer un marco normativo específico para la minería artesanal, aunque esta iniciativa enfrenta obstáculos técnicos y políticos.

Reclamos y movilización indefinida

Los mineros han instalado carpas en el lugar, indicando su intención de permanecer por tiempo indefinido y prolongado. Esta estrategia marca un cambio frente a protestas anteriores, donde los grupos se retiraban tras horas de movilización.
https://panamericana.pe/locales/446925-mineros-protestan-frente-congreso-exigen-ampliacion-reinfo-aprobacion-ley-mape