06/06/2025
La reciente decisión del Ministerio de Cultura de reducir en más de 2.300 km² la zona protegida de las Líneas y Geoglifos de Nasca ha generado una ola de rechazo. Aunque el gobierno asegura que la zona de los geoglifos reconocida por la Unesco no será afectada, la resolución ha despertado fuertes cuestionamientos sobre su sustento técnico y los intereses que estarían detrás de esta medida.
En su edición del 5 de junio, La Hora Verde, el programa de CooperAcción, reunió a Diana Cotaquispe (regidora de la Municipalidad Provincial de Nasca), Luis Huertas (arqueólogo y gestor cultural) y Rafael Mallco (arqueólogo), quienes coincidieron en que la reducción de la reserva es una medida apresurada, sin estudios de campo y que abre paso a la presión de grandes intereses mineros y económicos.

Diana Cotaquispe expresó la preocupación del gobierno local por la falta de información clara y la ausencia de consulta. Afirmó que la medida no responde a las necesidades urbanísticas de la provincia, sino a “presiones políticas y económicas” que han dado lugar, en pocos días, a más de 200 petitorios mineros en las zonas recién desprotegidas. “Esto no beneficia a los pequeños mineros ni al desarrollo urbano de Nasca. Son los grandes intereses los que se están imponiendo”, advirtió.

Por su parte, Luis Huertas explicó que la reserva no solo incluye los geoglifos más conocidos, sino un amplio conjunto de caminos, tambos y estructuras prehispánicas aún poco investigadas. “No todo el patrimonio es visible o monumental. Muchas de estas evidencias aún esperan ser estudiadas. Esta medida nos deja sin garantías para protegerlas”, señaló. Cuestionó además que la reducción se haya decidido “desde escritorio, sin estudios de campo y sin participación de las autoridades locales”.

Rafael Mallco fue enfático al señalar que no existe ningún informe técnico arqueológico que justifique el recorte. “No se ha hecho ningún proyecto de evaluación arqueológica que permita delimitar adecuadamente la reserva. Y lo que es más grave: el ministro cita estudios que no tienen como objetivo redefinir el área protegida, sino registrar nuevas evidencias. Está usando investigaciones ajenas para avalar una decisión política”, denunció. También alertó que esta decisión sienta un peligroso precedente para otras zonas patrimoniales del país.

Los tres invitados coincidieron en que esta resolución debe ser retirada y reevaluada con base en estudios técnicos independientes, participación local y criterios de sostenibilidad. “No estamos en contra del desarrollo, pero este no puede darse a costa de destruir el patrimonio. Nasca no puede dejar de ser un símbolo cultural para convertirse en un enclave minero”, concluyó Cotaquispe.

La Hora Verde dejó en claro que lo que está en juego no es solo una delimitación técnica, sino el futuro de un patrimonio cultural único en el mundo, cuyo valor trasciende fronteras y exige un compromiso real con su protección.

Si deseas ver el programa completo, ingresa aquí: https://www.youtube.com/watch?v=_Q-VA8WWFYY&t=1s

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30/05/2025
Con ocasión de la Asamblea General Anual de la transnacional minera Glencore realizada en la ciudad de Zug, Suiza, los accionistas de la empresa fueron recibidos por una protesta, con pancartas diciendo «Alto al carbón», «No más combustible para el genocidio», «Glencore tóxico», «Alto al ecocidio» y «No a la minería submarina».

El plantón fue parte de un día de acción mundial contra Glencore, con protestas descentralizadas también en Johannesburgo (Sudáfrica), Andalgalá (Argentina), Bogotá (Colombia), Londres (UK), Frankfurt (Alemania), y en los Países Bajos. En comparación con años anteriores, esta vez las manifestaciones han sido más grandes, especialmente en Bogotá y Johannesburgo, en solidaridad con el pueblo palestino y en contra del genocidio, dado el rol clave que la empresa juega en el subministro de carbón térmico para la generación eléctrica en Israel.

Entre las criticas también destacaron las voces de personas afectadas por contaminación con metales tóxicos de Espinar (Cusco) y Áncash, donde Glencore tiene sus operaciones mineras en Perú. Participando en la asamblea de accionistas en Zug en representación de la organización de solidaridad Peru Support Group de Reino Unido, Sayuri Andrade interpuso una pregunta sobre la posición de Glencore con respecto a los informes de causalidad de OEFA, que comprobaron que la fuente de contaminación en Espinar son los botaderos, relaveras y operaciones mineras de Glencore Antapaccay.

Kalidas Madhavpeddi, presidente del consejo de administración, respondió:

“Espinar está fuertemente mineralizada, no sólo la mina, hay mineralización de bajo grado en todas partes. Y si nos remontamos a alrededor de 2013, el gobierno peruano en realidad hizo un análisis de eso y concluyó que no había relación entre la contaminación en todas partes y la mina. El estudio de la OEFA que usted citó, creo que contenía dos elementos: uno, OEFA sugirió que PM 10, que son partículas ligeramente más pesado, de mayor tamaño, puede quedar atrapado en la nariz de la gente. Esto se detectó sobre todo alrededor del propio pozo, e hicieron sugerencias para reducir ese tipo de impacto. Tomaron un montón de muestras, pero no pudieron llegar a una conclusión.”

Las afirmaciones del CEO de Glecore no se condicen con el texto de los informes de OEFA, que sí llegan a una conclusión muy clara: que la contaminación con metales tóxicos en aire, suelos, agua y ecosistemas se origina en diversos componentes de la operación minera. Un resumen de estos hallazgos puede encontrarse en el documento “Contaminación en Espinar: Causalidad comprobada”, que se puede revisar en: https://cooperaccion.org.pe/publicaciones/contaminacion-en-espinar-causalidad-comprobada/

El funcionario también aseguró que “Antapaccay contrató a un consultor medioambiental internacional y a dos universidades peruanas expertas en análisis químicos, que revisaron el informe completo de la OEFA y llegaron a la misma conclusión, que la contaminación no tenía nada que ver con Antapaccay”. Pero lo cierto es que de esos informes que Gencore dice haber realizado solo se tiene noticia por las palabras del CEO, pues nunca se ha comunicado por escrito de su existencia ni mucho menos han sido publicados para poder ser contrastados con la información oficial. La única información oficial que es de público conocimiento es la de los informes de causalidad de OEFA.

También, Andrade preguntó sobre los hallazgos de valores altísimos de arsénico en la sangre de niñas y niños en Huarmey, Áncash. Al respecto, Madhavpeddi señaló no tener conocimiento, pero ofreció dar seguimiento al asunto con el socio Antamina.

Las declaraciones de Madhavpeddi fueron recibidos con malestar y decepción por los integrantes de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, que se encontraron reunidos en Lima. En su conferencia de prensa del 28 de mayo el presidente de la Plataforma, Anthony Oscátegui resaltó la urgencia de enfrentar la crisis de contaminación a nivel nacional, lo que requiere recaudar datos claros sobre las poblaciones afectados y actuar de manera acertada una vez que se confirme la causalidad o el origen de la emisión. Sin embargo, en realidad se ve todo lo contrario. “Mientras tanto, en lugares como La Oroya, Pasco o Espinar, la gente se muere en silencio”.

En Peru, Glencore opera la mina Antapaccay, donde actualmente está en curso un proceso de consulta para la expansión y prolongación de las operaciones en la zona Coroccohuayco. También, es dueña de una tercera parte de Antamina en Áncash. Y si bien ha vendido su participación mayoritaria en Minera Volcan, Glencore ha confirmado que sigue comercializando los minerales extraídos por las minas de dicha empresa; entre ellos, en Cerro de Pasco, donde recientemente falleció una niña de 12 años a causa de la intoxicación prolongada con metales pesados.

En medio de protestas, Glencore sigue negando responsabilidad por contaminación en Espinar y Ancash

27/05/2025
Comuneros exigen compensación por falta de agua de 2024 al 2052. Compañía pide evaluar caso del año pasado. Sobre el periodo restante dice que no puede compensar por supuestos daños de años que aún no ha transcurrido
Enfrentamiento comuneros y barrick.jpg
El conflicto entre la compañía minera Barrick Perú y los comuneros de Atupa y Anteurán, del distrito de Jangas, en la provincia de Huaraz, región Áncash, se ha agudizado y, tras el intercambio de documentos que hubo ayer entre ambas partes, la posibilidad de que cese la protesta parece más lejana.

A tres días del inicio de la toma de la unidad minera Pierina, de propiedad de Barrick, y las protestas que se realizan en esa zona, ayer la compañía remitió un documento a los comuneros donde les invita a deponer de sus protestas y asistir hoy a una mesa de diálogo.

Respecto a su pedido de indemnización de 360 millones de soles, la empresa dijo que la exigencia de esa “enorme suma de dinero” por un supuesto incumplimiento en la entrega de dotación de agua para riego no puede ser atendido porque incluye un periodo que aún no ha transcurrido.

Barrick dijo que, de acuerdo con su compromiso, viene cumpliendo con la entrega de agua; no obstante, están dispuestos a la revisión conjunta, según los instrumentos antes usados, y si esta arroja que no han cumplido, no tendrían inconveniente en compensar, pero solo del año 2024, porque la compensación que piden por los años restantes —del 2025 al 2052— no se puede revisar, porque son a futuro.

“No se puede revisar, cuantificar ni compensar afectaciones por falta de entrega de agua de riego por los años que aún no han ocurrido, como es el caso de los años 2025 hasta el 2052, por el simple hecho de que no han transcurrido”, señaló la minera.

En tal sentido, invitó a las comunidades a retomar el diálogo en condiciones pacíficas. “No es posible dialogar y llegar a acuerdos bajo medidas de presión, amenaza y mucho menos bajo la situación actual de ingreso no autorizado, daños a la propiedad y permanencia no autorizada en la unidad minera Pierina, lo que constituye delito”, increparon.

Comuneros responden
La respuesta de ambas comunidades llegó ayer mismo. Sus dirigentes indicaron que el documento de Barrick “no es más que un vil remedo de las razones por la cual se rompió la mesa de diálogo del 22 de mayo, por lo que no merece mayor comentario, ya que Barrick no tiene ni la más remota idea de lo que es compensación”.

Agregaron que, la asamblea ha acordado que no dialogarán más “con funcionarios de bajo rango y nivel académico e intelectual nulo”, que son únicamente obedientes a los intereses de su empleador.

El documento señala que para retomar el diálogo las comunidades exigen la presencia de funcionarios con poder de decisión y que la reunión se lleve a cabo en el mismo lugar de protesta. (M.E. – RSD Noticias).
https://radiorsd.pe/noticias/ancash-se-agudiza-conflicto-entre-comuneros-y-la-minera-barrick

EDITORIAL
28/05/2025
La semana pasada, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, anunció en conferencia de prensa que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) llegará a su fin este año y que tendremos una nueva ley de minería artesanal y pequeña minería (Ley MAPE):

“No habrá Reinfos, por ende, esta disposición ya no estará vigente el próximo año, llega hasta donde llega el proceso de formalización con el Reinfo, máximo 31 de diciembre del año 2025, por lo tanto, se extingue el Reinfo y se extinguen todas las normas vinculadas al Reinfo, y esto sucederá en algún momento de este año, fecha máxima posible 31 de diciembre del 2025. El próximo año no habrá Reinfos, el próximo año tendremos la nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal”.

Lo que no ha dicho el ministro Montero es que ni la Ley MAPE ni la ampliación de la vigencia del Reinfo, en realidad, dependen él: dependen, sobre todo, del Congreso de la República. Y se sabe que, en este espacio ―sobre todo, en la Comisión de Energía y Minas― las presiones de los gremios de mineros y los cálculos políticos de las diferentes bancadas son lo que caracteriza el día a día. Por lo tanto, no se puede asegurar lo que va a pasar en el Congreso.

El ministro Montero tampoco ha aclarado que su despacho ha renunciado a presentar una nueva propuesta de Ley MAPE, pese a que la anunció cuando asumió el cargo. Cuando, en estos días, ha anunciado que el Minem ha presentado un proyecto de ley, en realidad se refiere a la propuesta de noviembre del año pasado y que, dicho sea de paso, le costó el puesto al entonces ministro Rómulo Mucho. A lo máximo que ha llegado el Minem es a entregar un informe con 15 recomendaciones relacionadas con la Ley MAPE.

El actual titular del Minem ha optado por la posición cómoda de que el Congreso elabore la nueva propuesta de ley, con todo lo que ello implica: no hay que ser adivino para pronosticar que es probable que de la Comisión de Energía y Minas salga una propuesta de ley que, en realidad responda a los intereses de los que quieren mantener el actual statu quo.

Tampoco se puede descartar que es posible que termine el año y que no se apruebe una nueva Ley MAPE y que, llegado el mes de diciembre, nuevamente se esté discutiendo una nueva ampliación del Reinfo. Si se presenta esta situación, habrá que ver qué fuerza política se va a animar a cerrar definitivamente el Reinfo en pleno proceso electoral.

Por lo tanto, hay que tener un poco de prudencia con lo que se afirma. El escenario de una posible nueva Ley MAPE y el destino final del Reinfo se encuentran muy lejos de una verdadera definición.
Cooperaccion

Representantes del gobierno de la presidenta Dina Boluarte sostendrán hoy una mesa de diálogo con alcaldes, ronderos y mineros artesanales de Pataz, que exigen la modificatoria de la norma que suspende las labores mineras en esa provincia. De no obtener una respuesta positiva, anuncian protestas
Alan Benites Guillen Alan Benites Guillen 29/05/2025
Día clave. Autoridades y ronderos de la provincia de Pataz advirtieron que la única forma de que no inicien una serie de protestas es que hoy, durante la reunión que sostendrán con los ministros del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, se apruebe la modificatoria del Decreto Supremo N°060-2025, que suspende las actividades mineras durante 30 días en esa provincia.

En pie de lucha
La cita que reunirá a los titulares de las carteras de Energía y Minas; Transportes y Comunicaciones; Vivienda y Construcción; Salud; Desarrollo Agrario; Producción; Desarrollo e Inclusión Social; Trabajo y Educación se realizará a las 11 de la mañana en la biblioteca municipal El Gran Pajatén del distrito de Pataz.

Ayer, tras una marcha pacífica desarrollada en el anexo de Vista Florida, las autoridades de la provincia indicaron que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) les confirmó la llegada de los representantes del Ejecutivo.

Durante una reunión con ronderos, mineros artesanales y organizaciones sociales de base, el alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, aseguró que se mantendrán en pie de lucha hasta que se retomen las actividades mineras en esa jurisdicción.

“Lucharemos hasta que se nos devuelva el derecho al trabajo. Lucharemos firmemente hasta el final (…). Jamás podrán apagar nuestra voz, jamás podrán callarnos, no habrá decreto que desaparezca a un pueblo, ese decreto que favorece a la minería grande, ese decreto en donde el Gobierno Central se pone de rodillas a la minería grande, eso da asco”, indicó.

Sobre la reunión con los ministros, el burgomaestre detalló que la PCM le informó que solo dejarán participar de la mesa de trabajo a los alcaldes de la provincia y a dirigentes de las rondas de Pataz, Parcoy y Tayabamba, excluyendo a los representantes de la minería artesanal.

Por ello, anunció que ofició a la PCM para que incluyan en la lista a los dirigentes mineros. Incluso, advirtió que si no permiten el ingreso de estos últimos no participará de la reunión.

“Yo no les daré la espalda como lo hacen otros parásitos, yo estoy de su lado”, aseveró.

Para Aldo Carlos Mariños, la intención de no dejar ingresar a los mineros artesanales sería un pedido de la gran minería que opera en Pataz.

Calma
El alcalde distrital de Pataz, Segundo Armas, por su parte, llamó a la calma a los pobladores de su jurisdicción, para evitar que la reunión de hoy pueda ser saboteada.

La autoridad edil reconoció que es probable que no encuentren una solución en esta mesa de diálogo. Sin embargo, dijo que la misma les permitirá conocer cuál es la posición del Gobierno respecto a su pedido para que se retomen las labores mineras. Luego, tomarán decisiones.

“Nuestros representantes, nuestras de organizaciones de base, van a tomar decisiones (si acatan o no alguna paralización) después de los resultados de esta reunión”, agregó.
https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/la-libertad-ministros-se-reuniran-en-pataz-para-evitar-protestas-peru-noticia/

26/05/2025
Acusan a la minera de haber usado y generado la desaparición de un manantial que los abastecía de agua para riego y consumo humano
Desde la madrugada del sábado los comuneros de los sectores de Atupa y Anteurán, del distrito de Jangas, en la provincia de Huaraz, región Áncash, se encuentran en protesta en contra de Barrick Misquichilca, una de las importantes mineras extractoras de oro en el Perú.

Los hombres y mujeres que llegaron hasta las instalaciones de la minera señalaron que es la responsable de la desaparición del manantial denominado Yarcok. Tiempo atrás la compañía había indicado que el uso de ese manantial estaba contemplado en su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobado por el Estado peruano.

“Hasta que nos repongan el agua, cierre de mina”, sentenciaron los pobladores en su protesta. Ellos, además, exigen una indemnización de 360 millones de soles por haberlos dejado sin agua para sus cultivos y para consumo humano.

Los manifestantes señalaron que venían sosteniendo reuniones con la empresa, pero el último 22 de mayo esta rompió el diálogo y abandonó la mesa de trabajo, por lo que ellos respondieron con una protesta en busca de paralizar las actividades de la minera.

Tenían autorización del Estado
Esta no es la primera vez que la población de estos sectores protesta contra la minera Barrick. Entre octubre y noviembre del año pasado ocurrió lo mismo, hasta que la minera accedió a conversar sobre el manantial y en diciembre, con la facilitación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se instaló una mesa de diálogo para determinar responsabilidades y posibles compensaciones por daños.

De acuerdo con el Observatorio para Conflictos Mineros en el Perú, producto de las reuniones en febrero se firmó un acta en la cual Barrick reconoció su responsabilidad en la desaparición del manantial, pero también aclaró que tenía autorización del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para ello.

En el curso de esas reuniones se acordó, señala la misma fuente, realizar un estudio técnico, financiado por la empresa, para implementar obras que permitan reponer el caudal de agua perdido en la zona.

Ahora los pobladores acusan a la minera de no haber respondido con una contrapropuesta su pedido de indemnización de 360 millones de soles y de haber roto el diálogo, por lo que ellos se mantienen en protesta. (M.E. – RSD Noticias).
https://radiorsd.pe/noticias/ancash-comuneros-protestan-contra-minera-barrick-y-exigen-indemnizacion-de-s360-millones

17/05/2025
La Verdad Panamá
Redacción América, 17 may (EFE).- La minería ilegal se ha convertido en una de las principales amenazas para la seguridad, el medioambiente y la gobernabilidad en Sudamérica. Con Perú y Ecuador al borde del colapso institucional en ciertas regiones, el fenómeno también golpea con fuerza a Brasil, Colombia y Guatemala. Solo Chile parece haberse blindado ante esta plaga.

En Perú, el panorama es alarmante y aún más tras la reciente masacre de trece guardias de seguridad en una mina en Pataz. La región de La Libertad está bajo emergencia desde febrero de 2024, y Madre de Dios acumula más de 100.000 hectáreas deforestadas.

El uso de mercurio afecta a poblaciones indígenas y genera problemas sanitarios graves. La ausencia del Estado y el aumento del precio del oro han permitido el auge de mafias que se disputan el control de territorios y rutas de extracción. Además de los asesinatos, se han registrado secuestros y extorsiones a pequeños mineros y trabajadores.

El oro ilegal: motor oculto de las economías sudamericanas

Según el Instituto Peruano de Economía, el 44 % del oro ilegal exportado en Sudamérica proviene de Perú, superando a Colombia (25 %) y Bolivia (12 %). El poder de las mafias ha rebasado a las fuerzas del orden, y en muchas comunidades los propios pobladores viven atemorizados o incluso colaboran por necesidad económica.

En Ecuador, la minería ilegal de oro se ha convertido en uno de los pilares del crimen organizado. Grupos como Los Lobos, Los Choneros y disidencias de las FARC se disputan zonas clave como Alto Punino, Yutzupino, El Chical y Camilo Ponce Enríquez. La emboscada reciente que dejó once militares muertos en la Amazonía ecuatoriana, atribuida a los Comandos de la Frontera, revela la gravedad del problema.

La situación es tan crítica que el presidente Daniel Noboa ha declarado el «conflicto armado interno» y decretado estados de excepción en municipios como Camilo Ponce Enríquez y la provincia de Orellana, suspendiendo derechos constitucionales para facilitar allanamientos y operativos conjuntos.

La deforestación es otra consecuencia visible: solo en Alto Punino se han perdido 1.500 hectáreas de selva desde 2019, según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).

El asesinato de los alcaldes de Camilo Ponce Enríquez y Portobelo en 2024 demuestra cómo la minería ilegal corroe también la gobernabilidad local. Las bandas criminales buscan no solo controlar el negocio del oro, sino también las instituciones que podrían frenarlas.

Empresas fachada, exportaciones récord y lavado de oro

Brasil también sufre los estragos del llamado «narcogarimpo». Bandas como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) utilizan la minería para blanquear dinero y controlar territorios en la Amazonía. En 2023, un estudio del Foro Brasileño de Seguridad Pública detectó la presencia de estas organizaciones en al menos 178 municipios amazónicos.

La crisis humanitaria de los yanomamis en Roraima, con 337 muertes en 2024 por causas como malaria, desnutrición e infecciones, obligó al Gobierno a declarar la emergencia sanitaria y activar unas 3.000 operaciones de desalojo. Además, se calcula que la minería ilegal impuso un perjuicio económico de 50 millones de dólares a esta comunidad.

La minería ilegal aurífera también ha ganado terreno en Bolivia, especialmente en los ríos del norte amazónico, donde operan en zonas de alta biodiversidad como el parque Madidi y en territorios indígenas.

Estas actividades contaminan los ríos con mercurio, afectando gravemente a peces que son esenciales en la dieta de las comunidades indígenas amazónicas.

El 74 % de los habitantes en esas regiones presentan niveles de mercurio por encima del límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que representa una amenaza directa a su salud y seguridad alimentaria.

A ello se suma la denuncia de trata y tráfico de menores con fines de explotación sexual, lo que agrava el impacto social de esta economía ilícita.

En Colombia, más del 70 % del oro de aluvión se extrae ilegalmente y afecta 63.000 hectáreas. Esta minería alimenta redes de extorsión, lavado de activos y control territorial por parte del ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Chocó, Antioquia y Nariño son los departamentos más afectados.

La investigadora Sara García, de Insight Crime, señala que estas economías ilegales «ya son estructuras estables que permeabilizan muchas instituciones». La subida del 30 % en el precio del oro ha reforzado esta economía paralela, que genera desplazamientos, enfermedades y destrucción ambiental, especialmente por el uso intensivo de mercurio.

Guatemala, aunque en menor escala, también enfrenta el problema. En 2023 se documentaron 105 casos de explotaciones ilegales, la cifra más alta de los últimos años. Las explotaciones se concentran en el centro y el oeste del país, muchas operando fuera de los permisos concedidos por el Ministerio de Energía y Minas.

En contraste, Chile representa la excepción en la región. Con una industria minera que aporta el 12 % del PIB y una fiscalización efectiva, el país apenas registra minería ilegal. El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) indica que los casos que existen están más relacionados con robos en minas activas o abandonadas.

El Gobierno ha implementado incentivos como la patente minera rebajada para pequeños mineros, lo que ha ayudado a formalizar actividades y reducir el mercado ilegal. También ha fortalecido los sistemas de trazabilidad de minerales y los requisitos de exportación.

Oro manchado de sangre: La minería ilegal desangra a Perú y sacude a Sudamérica

23/05/2025 www.cooperaccion.org.pe
Desde hace varias semanas, CooperAcción viene siendo objeto de un ataque mediático sistemático que tergiversa nuestro trabajo en defensa de los derechos humanos y el ambiente. Como parte de esta campaña, el diario Perú 21 hizo publicaciones que dañan nuestra imagen y reputación ya que carecen de todo fundamento y constituyen una grave distorsión de nuestra labor. Dichas publicaciones aparecieron tanto en la portada como en dos páginas interiores de su edición del 17 de mayo de 2025, así como en su edición web.

El 17 de mayo de 2025, Perú 21 publicó en portada un titular indicando falsamente que nuestro trabajo “ayuda a fortalecer a los ilegales” y que nuestra institución es “enemiga de la minería formal”. Como subtítulo, también en la portada, señala “Negocio detrás de la protesta. Llevan a políticos profesionales para organizar a comuneros en contra de la explotación de cobre”. El conjunto de mensajes ocupa casi toda la portada del diario. En las páginas 2 y 3 de la versión impresa, el diario desarrolla la nota acusando a CooperAcción de “activismo antiminero” y de realizar “campañas contra empresas mineras formales”. Esto se reproduce también en la versión web (https://peru21.pe/investigacion/fundacion-ford-millonaria-subvencion-para-activismo-antiminero/) donde se coloca, como refuerzo de las afirmaciones de portada, la imagen de una persona que ha sido candidata a la presidencia de la República hablando delante de un papelógrafo escrito a plumón. Esta imagen se reproduce al interior de la versión impresa.

En estas publicaciones, hay cinco afirmaciones falsas:

Se insinúa que CooperAcción “ayuda a fortalecer a los ilegales”
Que nuestra institución es “enemiga de la minería formal”
Que “lleva a políticos profesionales a organizar a comuneros contra la explotación de cobre”
Que CooperAcción realiza “activismo antiminero en el sur andino”
Que hemos recibido una donación para realizar campañas contra empresas mineras formales.

Estas afirmaciones son FALSAS, como demostramos a continuación:

1.CooperAcción tiene una crítica muy clara a la minería ilegal e informal expresada en sus diversas publicaciones y en nuestra práctica, por los graves impactos ambientales y sociales que provoca[1].

En ese sentido, nuestra institución viene señalando, desde hace varios años, que la política de formalización minera ha fracasado y que se requiere acciones que aborden la complejidad de este problema y limiten su expansión.

Además, apoyamos actividades alternativas para defender el bosque y la seguridad alimentaria, a fin de promover condiciones que permitan a las familias tener opciones económicas para resistir al avance de la minería ilegal.

Producto de ello, mineros ilegales e informales saquearon y quemaron nuestras oficinas en el distrito del Cenepa el 26 de octubre de 2022, tal y como consta en el expediente fiscal No 1227016201-2024-5-0 abierto a raíz de dicho ataque.

2. CooperAcción no es “enemiga de la minería formal”. Promueve que la minería cumpla con los mejores estándares internacionales, tanto en materia ambiental, social y fiscal, como las propias empresas afirman. Esto, en el marco de una apuesta por una nueva gobernanza en el país para este sector, que es muy importante. Consideramos que esa necesaria gobernanza deberá asegurar las condiciones de existencia y los derechos de las poblaciones locales. Para contribuir a este objetivo, nos hemos sentado innumerables veces en mesas de diálogo y hemos promovido cambios institucionales en políticas y normas; así como en prácticas corporativas. Buscamos construir salidas dialogadas y pacíficas a los conflictos. CooperAcción promueve una cultura de paz para el país.

Al respecto, hemos aportado y seguiremos aportando propuestas concretas para una mejor gobernanza del sector minero en el Perú[2].

3. CooperAcción no lleva a “políticos profesionales” a organizar a comuneros contra la explotación de cobre. Nuestro trabajo busca sensibilizar en derechos, es decir, brindar información a las poblaciones sobre sus derechos y cuáles son los mecanismos existentes para defenderlos en el marco de actividades que puedan eventualmente afectarlos.

Además, apoyamos a las organizaciones locales para promover actividades productivas amigables con el ambiente, que permitan garantizar la seguridad alimentaria, por ejemplo: experiencias locales de agroecología, siembra y cosecha de agua, forestación, crianza de animales menores, entre otras.

También promovemos diálogos con actores de la academia, el sector empresarial y autoridades públicas sobre los estándares que se necesitan para una nueva gobernanza que asegure el respeto a los derechos de las poblaciones locales y un ambiente saludable.

Sobre la imagen que acompaña los titulares y la noticia, afirmamos que no corresponde con el texto, al no tener esta persona ninguna relación con las actividades organizadas por CooperAcción. Además, esa imagen no corresponde a una actividad en la que CooperAcción haya participado y menos aún organizado.

4. No realizamos activismo antiminero. No estamos en contra de las empresas mineras, sino contra las malas prácticas. Por ello, documentamos lo que está mal para que, en un ánimo constructivo, sea corregido. Además, muchos de los problemas se originan en una institucionalidad ambiental débil que requiere ser fortalecida. Identificamos también esas debilidades, con toda la rigurosidad necesaria, para elaborar propuestas para que el diseño institucional mejore y se asegure la protección de derechos.

5. Los recursos que recibimos no están orientados a campañas contra la minería formal sino a la defensa de derechos de los actores sociales que ven amenazadas sus condiciones de existencia en la Amazonía y en el sur andino, y siempre a buscar construir salidas dialogadas y pacíficas a los conflictos. Apostamos por una cultura de paz para el país.

Más aún, los fondos que percibimos nos permiten defender a los líderes locales que, por ejemplo, en la región amazónica, se enfrentan directamente a las amenazas de los mineros ilegales para defender sus territorios, por lo que mal se podría decir que nuestro trabajo favorece a la minería ilegal.

Las informaciones falsas y tendenciosas mencionadas dañan el honor y la reputación de CooperAcción, institución con casi 30 años de trayectoria trabajando en la defensa de los derechos humanos y del ambiente. Por ello, hemos cursado al mencionado diario una carta notarial exigiendo su RECTIFICACION en un plazo de 24 horas, en los términos y condiciones en que fueron emitidas, en su versión impresa y en su página web. De no recibir una respuesta satisfactoria en el plazo señalado, procederemos a ejercer las acciones legales correspondientes, incluyendo las de naturaleza civil y penal, sin perjuicio de otras medidas que correspondan. Hacemos esta solicitud recordando que el honor y la buena reputación es un derecho protegido por nuestra Constitución Política y su agravio constituye un delito.

[1] Véase, solo a modo de una pequeña muestra, las siguientes publicaciones:

Los devaneos de la política de lucha contra la minería ilegal (2025): https://shorturl.at/ZIwus
Comentarios al proyecto de pequeña minería y minería artesanal (2024): https://shorturl.at/YguuS
La gobernanza de la minería en pequeña escala en el Perú (2019): https://shorturl.at/cuUKG
Editorial del Boletín Actualidad Minera del Perú: “Minería informal e ilegal: lo que está pasando por estos días” (febrero 2025): https://shorturl.at/og8jA
Posicionamiento de CooperAcción sobre la problemática de la minería informal y la abiertamente ilegal (marzo de 2024): https://shorturl.at/cTOIZ

[2] Véase, a modo de muestra, los siguientes documentos:

La construcción de una propuesta de gobernanza para las zonas con presencia minera (2024): https://shorturl.at/84Ifn
Guía de debida diligencia para las actividades mineras (2024): https://shorturl.at/bdTav
Conviviendo con la minería en el sur andino (2016): https://shorturl.at/dI7t

en su propio cuerpo y en su salud que le era arrebatada día a día. A sus cortos 12 años murió a causa de intoxicación con arsénico y plomo.
Cerro de Pasco – Perú
¿Cómo le dices a tu hija que por haber nacido en donde ha nacido, está ya condenada a la intoxicación y la muerte? Cómo puedes vivir en paz, cuándo sabes que tus hijos tienen que jugar respirando aire envenenado? ¿Cómo les dices, que deben permanecer ahí, porque es la tierra donde siempre han vivido, donde han aprendido a trabajar, donde están todos sus lazos?

La historia de Zoe, debe dolernos a todos. Tenía 12 años y cuando nació en Cerro de Pasco, Perú, su pueblo, ya se registraban graves daños al ambiente en el que vivía y se desenvolvía la población. Este poblado, que se visualiza como un inmenso hueco en la tierra, ha sido declarado como una zona de sacrificio en América Latina según la ONU y según estudios de la Organización Mundial de la Salud los niveles de metales pesados sobrepasan en cientos de veces los límites de seguridad nacionales.

Sus padres hicieron de todo para salvar a su hija, gastaron todo lo que tenían, y más allá de lo que tenían buscaron medios económicos, para que su hija pueda recibir un tratamiento. Siendo una de las localidades que más ganancias le representa al Perú, sus pobladores, con una abrumadora mayoría enferma, intoxicada, debe recorrer kilómetros de distancia para acceder a atención médica, que aún así no es especializada y tampoco con acompañamiento recurrente. La atención médica para los habitantes de Cerro de Pasco, así como en todos los lugares de extracción minera, es desastrosa y una deuda histórica, que a las autoridades y las empresas explotadoras, no les interesa atender, aún pese a los reclamos, insistencia y demandas de las víctimas de esta operación minera.

Dejaron a morir a Zoe por su indiferencia y negligencia

El estado, con sus gobiernos de turno, una y otra vez ignoraron que Zoe y cientos de niños más, vivían con esta intoxicación crónica por culpa de su negligencia, de su indolencia, de su irresponsabilidad. La empresa Volcán que es la responsable del desastre en esta zona, de origen peruano, que desde el 2017 tuvo más de 50% de sus capitales en manos de la gigante anglo – suiza Glencore y actualmente mayoritariamente con capitales argentinos a cargo de la firma Integra Capital; informa en su página web que cumple con los estándares ambientales y de responsabilidad social. Su emporio de destrucción ha crecido cada año, a costa de la vida de las personas.

Zoe sufrió mucho. Su calidad de vida mermaba todos los días. Zoe ha dejado el vacío en su familia, pese a la lucha incansable de sus padres y vecinos. A los niños de Cerro de Pasco les une la desgracia heredada desde tiempos de la colonia. Según versa una investigación de enero 2024, publicada por el portal Mongabay, los niveles de coeficiente intelectual de los niños que viven en Cerro de Pasco se han visto afectados significativamente por la exposición a metales pesados.

LEA MÁS AQUÍ La historia de ZOE: https://iglesiasymineria.org/2025/05/16/zoe-la-nina-que-murio-envenenada-por-el-empresa-minera-volcan-y-por-el-estado-peruano-su-historia-es-la-historia-de-cerro-de-pasco/

Red Iglesias y Minería

24/04/2025 Habían sido condenados en primera instancia
La líder comunal Lisbeth Abarca, una de las absueltas. . Imagen: EFE
Once líderes comunales y activistas peruanos fueron absueltos por un tribunal superior, tras haber sido sentenciados a penas de entre 8 y 9 años de cárcel por su participación en 2015 en unas protestas contra la gran mina de cobre Las Bambas.

Los comuneros protestaron en 2015 por el cambio en el estudio de impacto ambiental para permitir el paso diario de unos 170 camiones cargados con el mineral por territorios de las comunidades andinas, algo que iba a afectar tanto su salud como el medioambiente.

La mina Las Bambas es considerada una de las mayores explotaciones de cobre en Perú y la más grande de una empresa china en América Latina, pero ha recibido quejas por su aparente impacto negativo en el respeto de los derechos humanos de los pobladores.

«Esta sentencia sienta un precedente muy importante»
Luego de que una sala penal revocó las sentencias que se habían dictado contra los líderes por los delitos de disturbios y daños agravados, varios de ellos y sus abogados ofrecieron una rueda de prensa en Lima para dar detalles del proceso judicial.

«Para nosotros es un nuevo día hoy día, porque hasta ayer hemos pasado una penuria para nuestras familias, nuestros hijos, era una situación triste», dijo Maximiliano Huachaca, quien enfrentaba una condena de ocho años y el pago de una reparación civil a favor del Estado y de la firma china MMG, que desarrolla el megaproyecto de Las Bambas en el departamento andino de Apurímac.

Aseguró que con esta sentencia han encontrado «la justicia verdadera», después de una «dura lucha» que ha durado casi una década.

Uno de los abogados de los comuneros, David Velazco, expuso que tras la apelación que presentaron en 2024 tras un primer fallo, la Sala Penal de Apelaciones de Apurímac cuestionó la existencia probatoria de la figura de la autoría mediata de los activistas sobre estos delitos.

«Saludamos la sentencia, agradecemos que los magistrados hayan hecho justicia, esta sentencia sienta un precedente muy importante en la lucha contra la impunidad cuando se abren procesos arbitrarios contra los defensores de derechos humanos y del ambiente», afirmó Velazco.

En este sentido, la abogada Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) aseguró que este proceso judicial «ha evidenciado la instrumentalización del sistema de justicia para la persecución y criminalización de defensores».

Lisbeth Abarca, otra de las personas que habían recibido una condena de prisión, expresó que este largo proceso judicial les ha causado mucho daño psicológico, tanto a ellos como a sus familias. «Nos han restringido incluso en el trabajo. Este proceso largo ha afectado a nuestros hijos, esposas, padres y madres», denunció.

Asimismo, los defensores afirmaron que las investigaciones de este caso no han acabado, puesto que las tres muertes de comuneros ocurridas durante las protestas aún no tienen responsables. «Mientras a nosotros nos aceleraron el proceso, las investigaciones por los fallecidos están estancadas. Hay niños huérfanos y viudas que siguen esperando justicia», agregó Huachaca.
https://www.pagina12.com.ar/820621-peru-absuelven-a-11-personas-que-encabezaron-protestas-contr