La Paz, Baja California Sur.- El aspirante a la alcaldía de la capital del estado por el Movimiento de Regeneración Nacional, Rubén Muñoz Álvarez, se pronunció tajantemente en contra de cualquier proyecto de minería tóxica a cielo abierto o submarino que ponga en riesgo los recursos naturales y el agua.

En una entrevista rechazó estar relacionado de manera directa o indirecta con la empresa Minera Los Cardones, la cual ha sido motivo de diversas controversias con grupos ambientalistas de Baja California Sur.

“No tengo relación, ni conozco a los dueños, ni a quienes estén detrás de ese tema, no tengo ningún tipo de relación con esa empresa”, dijo Muñoz Álvarez durante la plática sostenida.

Dijo que su posición ha sido totalmente transparente, tan así que lo plasmó por escrito y firmó lo antes comentado meses atrás a través de una rueda de prensa donde estuvieron presentes los medios de comunicación.

“Quiero recordar que tan es así, que firmé un documento en presencia de los diversos medios de comunicación hace un par de meses atrás, y hay videos de ello, esto sobre mi posición en lo que respecta al asunto de la minería, y en ese documento al que hago mención se estableció que me sumaba a la justa causa de la defensa del agua como recurso vital, y me manifesté a la vez como un aliado hacía la protección de la vida de los habitantes de la entidad, por lo que rechazó categóricamente estar involucrado cualquier proyecto minero terrestre y submarino extractivo que cause daños irreversibles al medio ambiente”, finalizó diciendo el aspirante de MORENA a la Presidencia Municipal de La Paz.

Fuente:http://peninsulardigital.com/extra/reitera-morena-rechazo-la-mineria-toxica/234439

El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Hidalgo, José Rubén Pérez Ángeles, comentó que existen “focos rojos” en Pachuca, porque muchas casas están construidas sobre túneles de minas.

Afirmó que si bien no es un asunto nuevo, la realidad es que, con el paso del tiempo, existe más peligro porque la tierra registra asentamientos.

Corresponde a Protección Civil realizar una evaluación, como lo han hecho, pero sobre todo monitorear constantemente, con el apoyo del Servicio Geológico Nacional.

“Ya tuvimos el antecedente en Cubitos, hace más de dos décadas. No estamos exentos de que vuelva a ocurrir”, mencionó.

Informó que el problema no solamente involucra a Pachuca, sino también a los ayuntamientos de Mineral del Chico, Mineral del Monte y Mineral de La Reforma, principalmente.

Los fenómenos climatológicos, explicó, hacen que ciertas zonas de la capital del estado se conviertan prácticamente en “focos rojos”.

Lamentó que muchas familias no asuman con responsabilidad esta situación, y en lugar de desalojar sus casas o predios, continúen ahí.

Puso como ejemplo las viviendas que se localizan en barrios como La Nueva Estrella, el propio Arbolito y Camelia.

“Es muy fácil percibir que los cerros tienen reacomodos, porque hay grietas que se van abriendo más”, indicó.

Explicó que el Colegio de Ingenieros Civiles tiene la voluntad de coordinarse con los diferentes ayuntamientos, para poder realizar evaluaciones que permitan alertar a las familias que están en riesgo.

Pero para ello, dijo, debe de haber voluntad de los habitantes.

“Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Protección Civil, mantiene comunicación con autoridades municipales”, detalló.

Finalmente, señaló que es una de las labores sociales que realizan como colegio. “De lo que se trata es de evitar tragedias”, concluyó.

Fuente:http://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/38374-tuneles-de-mina-ponen-en-riesgo-viviendas-en-barrios-de-pachuca

Cuetzalan, Pue.- Tras haber probado mediante un peritaje en antropología que son un pueblo originario, los macehuales de la Sierra Nororiental de Puebla demandaron al Juez Quinto de Distrito en el estado, para que haga valer sus derechos respecto al territorio en el Juicio de Amparo y eche atrás las concesiones entregadas a Minera Autlán, Minas de Santa Marta y el Grupo Ferrominero.

En la comunidad de Yohualichan, municipio de Cuetzalan, durante la 23 Asamblea de Defensa de la Vida y el Territorio, la última que harán este 2017, representantes de 212 pueblos de 23 municipios de Puebla y tres del estado de Veracruz hicieron un balance de los logros que han tenido y ratificaron su rechazo a los megaproyectos que se pretenden echar a andar en la región y su decisión de fortalecerse como organización.

Tras recordar que desde el año 2015 presentaron un juicio de amparo colectivo con el que consiguieron suspender toda obra de exploración y explotación para los proyectos Atexaco I y II en las concesiones entregadas por el gobierno federal a la empresa minera Autlán, que se registró con el número de expediente 1017/2015 en el Juzgado Quinto de Distrito en el estado, los macehuales demandaron al tribunal dejar sin efecto las licencias que permitirían la explotación de su territorio.

Indicaron que el 23 de Octubre pasado el perito designado por el Juez entregó el dictamen antropológico con el que se “verificó” que quienes habitan en los municipios de Cuetzalan,Yaonoahuac y Tlatlauquitepec -donde están las concesiones mineras- pertenecen al pueblo macehual o nahua, como se conoce en otras regiones.

El estudio indicó que “el pueblo macehual somos un pueblo vivo; del cual nos sentimos orgullosos de serlo y agradecemos que en estas asambleas por la Defensa de la Vida y el Territorio, caminemos juntos el pueblo macehual, el pueblo tutunaku y el pueblo mestizo. Estamos convencidos que si seguimos trabajando unidos, ganaremos esta lucha y las compañías Minera Autlán, Minas de Santa Martha y el Grupo Ferro Minero, tendrán que irse de nuestro territorio”, señaló Nazario Diego.

Agregaron que una comisión visitó al Juez y le solicitaron que cierre el expediente y programe la audiencia constitucional, por lo que les pidieron estar atentos y demandaron al Juez para “que haga valer los derechos del pueblo macehual en esta demanda de amparo”.

Otros logros

Los nahuas destacaron la formación del Consejo Macehual Altepetajpianij, la publicación de los Programas de Ordenamiento Territorial de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yaonoahuac que, dijeron, les han servido para enfrentar los planes para hacer seis centrales hidroeléctricas, al menos dos minas a cielo abierto y fracking que devastarían unas 7 mil hectáreas en estos tres municipios ricos en agua y que prestan diversos servicios ecológicos.

Este año también concluyeron con éxito la clausura popular definitiva y pacífica que sostuvieron en un plantón que duró 10 meses, para frenar la construcción de una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) así como de las líneas de alta tensión Ayotoxco-Cuetzalan que afectarían su territorio y que sólo servirían para abastecer a la industria minera y la extracción de hidrocarburos con la fractura hidráulica (fracking).

“Agradecemos la participación y permanencia como vigilantes durante más de diez meses, para que esta obra no avanzara; porque como ya lo señaló Doña Rufi, la complicidad de la autoridad municipal estuvo muy clara, y tomó decisiones en contra de nuestros pueblos”, dijo Nazario Diego.

Indicaron que en octubre pasado hicieron una gira en Canadá, en la que dieron a conocer los atropellos que sufre el pueblo macehual a causa de los proyectos de la industria extractiva. Así mismo Nazario Diego llamó a defender la dignidad de los pueblos para que en el próximo 2018 el “tema electorero no nos divida”.

Fuente:http://www.remamx.org/2017/12/macehuales-en-cuetzalan-demandan-a-juez-cancelar-concesiones-mineras/

La Ley de Biodiversidad, presentada por el Partido Verde Ecologista de México, ha sido criticada por ambientalistas debido a que abre la puerta a la privatización de los recursos naturales.

Ciudad de México, – El Senado de la República aprobó la Ley de Biodiversidad, que ha sido duramente criticada por organizaciones de la sociedad civil y académicos debido a que pone en riesgo los recursos naturales de México, en medio de otra polémica discusión: la de la Ley de Seguridad Interior.

El viernes pasado, de manera apresurada, 88 senadores aprobaron la Ley y ahora estará en manos de la Cámara de Diputados para su ratificación.

El 25 de octubre del año pasado, la Senadora Ninfa Salinas Sada, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó la iniciativa a fin de expedir la Ley General de Biodiversidad, abrogar la Ley General de Vida Silvestre, además de reformar diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

En entrevista con SinEmbargo, Miguel Rivas, coordinador de la campaña de Océanos de Greenpeace en el país, expuso que esa legislación debe pasar por un debido proceso de discusión, debate e información donde todas las partes involucradas puedan emitir opiniones para su construcción.

Al abrogar la Ley General de Vida Silvestre, han denunciado distintas organizaciones de la sociedad civil, se cancela la asimilación del Protocolo de Nagoya de la legislación mexicana sin impedimentos que puedan evitar la erosión genética de los bienes naturales mexicanos ni la protección para el conocimiento tradicional ejecutado en la conservación y el uso de la biodiversidad.

Rivas criticó que la aprobación de la Ley de Biodiversidad por parte de los senadores ha ocurrido como con el proceso de la Ley de Seguridad Interior: sin escuchar las voces de la sociedad civil ni de la academia.

“La poca discusión sobre la Ley de Biodiversidad habla de un trabajo legislativo en el Senado de la República que deja mucho que desear”, dijo.

VACÍOS EN LA LEY FAVORECEN PRIVATIZACIÓN

“Esperamos que los diputados se den cuenta de esta situación anómala. Que vean que hay mucho por discutir en el tema de la Ley de Biodiversidad. Sólo cuando todas las partes hayan sido consultadas y exista consenso, entonces podremos hablar de una real mejora, de lo contrario esto sigue siendo una Ley aprobada a puerta cerrada y a oscuras que hace sospechar sobre cuáles son los objetivos que tiene”, expresó.

El activista planteó que la Ley de Biodiversidad “es una Ley muy mala, con muchos vacíos que favorece la privatización de los recursos”, ya que, acusó, no expresa cómo se hará la regulación de los recursos genéticos para evitar que estos sean privatizados de manera injusta. El documento, recriminó, tampoco asegura que sean las comunidades quienes tengan la potestad de los bienes naturales.

VACÍOS EN LA LEY FAVORECEN PRIVATIZACIÓN

“Esperamos que los diputados se den cuenta de esta situación anómala. Que vean que hay mucho por discutir en el tema de la Ley de Biodiversidad. Sólo cuando todas las partes hayan sido consultadas y exista consenso, entonces podremos hablar de una real mejora, de lo contrario esto sigue siendo una Ley aprobada a puerta cerrada y a oscuras que hace sospechar sobre cuáles son los objetivos que tiene”, expresó.

El activista planteó que la Ley de Biodiversidad “es una Ley muy mala, con muchos vacíos que favorece la privatización de los recursos”, ya que, acusó, no expresa cómo se hará la regulación de los recursos genéticos para evitar que estos sean privatizados de manera injusta. El documento, recriminó, tampoco asegura que sean las comunidades quienes tengan la potestad de los bienes naturales.

En el mismo sentido, Anaid Velasco Ramírez, gerente de Investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), indicó que existen “grandes pendientes” en la Ley.

Los vacíos que aún quedan en la Ley, expuso, son la creación de un fondo de Áreas Naturales Protegidas a fin de contar con recursos que sean capaces de contribuir en la mejora de la gestión del capital natural y la prohibición de la minería en dichas zonas.

“Nos gustaría ver que la Cámara de Diputados haga algo al respecto. Por ejemplo, la prohibición de minería en ANP es un tema que en el Senado no fue considerado. Ojalá que los diputados puedan discutirlo”, pidió.

No obstante, reconoció que respecto al borrador de la Ley, el dictamen de la iniciativa ha mejorado en otros temas de Áreas Naturales Protegidas y en reformas a la Ley del Equilibrio Ecológico. Por ejemplo, señaló, se incluyen principios que fungen como herramientas jurídicas que velan por la protección del medio ambiente.

“La Ley de Biodiversidad reconoce jurídicamente a la Conanp [Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas] y se establecen los principios de no regresión en la protección de derechos humanos relacionados con la biodiversidad, lo cual es muy oportuno”, añadió.

Al igual que Greenpeace México, la abogada afirmó que es necesario implementar mecanismos más incluyentes y representativos en los procesos de consulta.

Por ello, hizo un llamado a la Cámara de Diputados a “incluir las voces que el Senado ignoró”.

Fuente:http://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/el-senado-aprobo-y-casi-nadie-lo-supo-la-ley-que-abre-a-mineras-las-Areas-naturales-protegidas-1111133

Las Áreas Naturales Protegidas son las zonas del territorio nacional donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas.

Se crean mediante un decreto presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra actualmente 182 áreas naturales de carácter federal que representan 90,839,521.55 hectáreas y apoya 388 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, con una superficie de 417,562.27 hectáreas.De las Áreas Naturales Protegidas, el 18% cuenta con concesiones mineras, revela un cruce de datos entre terrenos con esa categoría y capas vectoriales de los permisos, con base en información de la organización CartoCrítica.

Se trata de 74 terrenos forestales, donde se localizan 2.8 millones de hectáreas concesionadas a la explotación minera, indica el cruce de datos.

Las concesiones implican que el proyecto minero aún no está en desarrollo, es decir, las empresas se encuentran en etapa explorativa o sin actividades.

Uno de estos casos es el del proyecto minero de Almaden Minerals, el cual se establecería en las comunidades de Ixtacamaxtitlán, un pueblo indígena en Puebla.

Por ello, un grupo formado por canadienses y mexicanos se manifestó de manera pacífica frente a las oficinas de la empresa Almaden Minerals, en Vancouver, Canadá, para protestar contra el proyecto minero Ixtaca que se lleva a cabo en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, el cual pretende extraer oro y plata de la zona, y se encuentra apenas en etapa de exploración.

Los manifestantes advirtieron a los inversionistas que Almaden Minerals no les ha informado sobre de la oposición al proyecto ni de las quejas presentadas ante las bolsas de valores de los Estados Unidos y Canadá contra la empresa.

Kate Murray de la organización Mining Justice Alliance señaló que reciben «regularmente informes de daños humanos y ambientales asociados con proyectos mineros canadienses, muchos de los cuales tienen su sede en Vancouver. Los ciudadanos, las instituciones y los inversionistas canadienses deberían hacer más para prevenir los abusos relacionados con la minería».

Los manifestantes, parte de la comunidad de Ixtacamaxtitlán, realizaron una gira de trabajo que inició el 5 de diciembre, en la que cuatro integrantes de la región afectada —Ignacia Serrano, Alejandro Marreros, Francisca Zamora e Ignacio Carmona, acompañados por la organización civil PODER— mantuvieron reuniones con autoridades del gobierno de los ministerios de Asuntos Globales, Comercio Internacional y diversos comités parlamentarios de Canadá, así como con inversionistas mineros, sindicatos y comunidades indígenas.

La delegación de mexicanos difundió la evaluación de impacto del proyecto de Almaden Minerals hasta ahora y la devastación que provocaría en caso de pasar a la fase de explotación.

Fuente:http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/12/15/mientras-mexicanos-protestan-en-canada-contra-mineras-estas-crecen-en-areas-protegidas_a_23307959/

Activistas mexicanos y canadienses se manifestaron en Vancouver contra la minera Almaden Minerals que tiene un proyecto en Ixtacamaxtitlán, Puebla. “Almaden Minerals está destruyendo nuestro hábitat”.

Regeneración, 12 de didiembre de 2017. Ixtacamaxtitlan, Puebla.- Ciudadanos canadienses y pobladores de Ixtacamaxtitlan se manifestaron esta noche frente a las oficinas de la empresa Almaden Minerals en Vancouver contra la ejecución del proyecto minero Ixtaca con el que se pretende extraer oro y plata en esta zona de la Sierra Norte de Puebla.

Los manifestantes portaban carteles con leyendas: “Almaden Minerals está destruyendo nuestro hábitat” y “Almaden Minerals  una empresa que pone en riesgo la vida y el agua de miles de personas”, difundieron su oposición al proyecto minero, así como las violaciones a los derechos humanos que ha cometido en su contra. Asimismo, advirtieron a los inversionistas que los ejecutivos de la minera no les han dado a conocer que existe oposición al proyecto, ni sobre las quejas que han presentado ante las bolsas de valores de los Estados Unidos y Canadá contra la empresa.

“A los inversionistas les pedimos que se desistan de seguir invirtiendo en el proyecto minero de Almaden, llamado Ixtaca, porque su inversión está en riesgo. La empresa les ha mentido, ya que no les ha comentado los procesos de resistencia y tampoco de las acciones legales que se han hecho para defender la vida de las comunidades de Ixtacamaxtitlan”, dijo Ignacia Serrano, integrante de la delegación de afectados.

Por su parte, Kate Murray de la organización Mining Justice Alliance dijo que “por desgracia, lo que escuchamos de los habitantes de Ixtacamaxtitlán no es una historia desconocida. Nuestra organización recibe regularmente informes de daños humanos y ambientales asociados con proyectos mineros canadienses, muchos de los cuales tienen su sede en Vancouver. Los ciudadanos, las instituciones y los inversionistas canadienses deberían hacer más para prevenir los abusos relacionados con la minería”.

Esta protesta, se precisó, marca el final de una gira de trabajo que inició el 5 de diciembre, en la que cuatro personas de la región afectada —Ignacia Serrano, Alejandro Marreros, Francisca Zamora e Ignacio Carmona, acompañados por la organización civil PODER— realizaron reuniones con autoridades del gobierno de los ministerios de Asuntos Globales, Comercio Internacional y diversos comités parlamentarios de Canadá, así como con inversionistas mineros, sindicatos, comunidades indígenas y medios de comunicación.

La delegación compartió con estos actores los resultados de una evaluación de impacto en derechos humanos, que demuestra los daños que se han registrado por el proyecto de Almaden Minerals, a pesar de que apenas se encuentra en la fase de exploración, y la devastación que provocaría en caso de pasar a la extracción.

En ese estudio se concluyó que la presencia de una mina a cielo abierto en este municipio serrano generará daños irreversibles a los derechos al agua y la salud de las más de 25 mil personas que lo habitan, así como al ecosistema de la región. Además de que se han violado las normas ambientales mexicanas y el derecho al agua de los habitantes de la región.

Esta gira de trabajo se dio tras un exhorto de la Organización de Naciones Unidas que señaló que las empresas de Canadá pueden, y deben, poner un mayor énfasis en el respeto a los derechos humanos.

Fuente:https://regeneracion.mx/protesta-en-vancouver-contra-minera-canadiense-en-ixtacamaxtitlan/

El pasado domingo 26 de noviembre los nahuas de la comunidad de Zacualpan, Comala, en el estado de Colima, estuvieron de fiesta. Ese día celebraron el IV aniversario del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ), una organización comunitaria que integraron para defender su territorio y sus recursos naturales, principalmente los minerales, el agua y el bosque. Los comuneros andaban contentos porque en cuatro años de lucha han tenido varios triunfos, parciales pero triunfos al fin, en la defensa de su patrimonio, pero también han aprendido a organizarse y establecer alianzas con otras organizaciones regionales y nacionales que luchan por lo mismo. Saben que no están solos y que su lucha es también asumida por otros mexicanos, o al menos así lo constataron con la presencia de varias organizaciones que los acompañaban en el festejo.

La lucha comenzó en el año 2013, cuando se enteraron que el gobierno federal había otorgado dos concesiones que abarcan alrededor de 200 hectáreas, casi todo el territorio del que son propietarios. Su reacción era porque nadie les había pedido permiso para ingresar a su territorio, pero también porque de llevarse a cabo el proyecto afectaría a gran parte de la región, pues en Zacualpan nace el manantial que abastece de agua Colima y Villa Álvarez, dos de ciudades grandes del estado. El 18 de noviembre de 2013 organizaron el CIDTZ y tomaron el acuerdo de no permitir la instalación de la mina. El 4 de diciembre se manifestaron en la Cámara de Diputados exigiendo la cancelación de las concesiones, logrando que una semana después ésta aprobara un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades correspondientes a cancelarlas.

La movilización no paró ahí. Como el Comisariado de Bienes Comunales estaba coludido con la empresa minera solicitaron a la Procuraduría Agraria convocara a una reunión para destituirlos pero en lugar de hacerlo convocó a otra para ofrecerles proyectos productivos, lo que puso al descubierto su contubernio con la minera. Los comuneros buscaron apoyo externo y los días 15 y 16 de febrero de 2014 organizaron en la comunidad de Zacualpan un foro nacional de afectados por la minería. El 13 de marzo de 2014 sufrieron por primera vez la represión policial, que dejó como resultado varios heridos. Ese día había decidido cerrar las bombas de agua que surten a la mitad de la población del estado de Colima, para obligar a las autoridades a reconocer la autoridad agraria que la comunidad había electo democráticamente pero en lugar de eso el gobierno decidió mostrar su fuerza.

De todo eso hablaron en el festejo del pasado 26 de noviembre, donde se recordó la importancia de la comunera Epitacia Zamora Teodoro, ahora fallecida, en la conformación del consejo, lo que marcó la participación activa de las mujeres en el proceso. Eso también quedaba claro a la vista de los asistentes pues fue la maestra Patricia Gazpar Osorio quien recibió a los presentes y recordó el origen precolombino del pueblo, mientras Carmen Guzmán Zamora hacía un recuento de las luchas y sus principales logros: “romper con el patriarcado encarnado en la figura del cacique al destituirlo y nombrar a un comisariado de bienes comunales que ejerce el poder mandando obedeciendo; ser la primera comunidad en ser reconocida ante un Tribunal Agrario, como territorio libre de minería sirviendo de ejemplo para los pueblos que luchan contra el extractivismo minero y lograr la destitución de la entonces delegada María Elena Díaz Rivera quien intentó criminalizar el movimiento en defensa de los bienes comunes.”

• Sólo ha dejado pobreza, desplazamiento forzado, contaminación, poco empleo
• En Zacatecas se tiene concesionado 21.04 por ciento del territorio, equivalente a 2.3 millones de hectáreas, para la actividad minera: Federico Guzmán
• Burnes Ortiz cuestionó si la economía puede crecer con eficiencia, sustentabilidad y equidad con base en un modelo extractivo; “la respuesta provisional es que no”

Contrario al discurso gubernamental y empresarial que afirma que la megaminería ha generado desarrollo en el estado, en realidad solamente ha dejado pobreza, desplazamiento forzado, contaminación, muy poco empleo y limitado acceso al agua en las comunidades, afirmaron especialistas en el Tercer Seminario del Consejo Estatal de Universitarios por un Proyecto Alternativo para Zacatecas.

Federico Guzmán López, de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), manifestó que el costo-beneficio de la megaminería en la entidad ha sido muy desigual.

Informó que en Zacatecas se tiene concesionado 21.04 por ciento del territorio, equivalente a 2.3 millones de hectáreas, para la actividad minera y cuestionó que no sirve para nada al país ser el primer lugar en producción de plata y octavo en producción de oro, sin que ello mejore las condiciones de vida de la población.

Uno de los impactos más importantes que ha tenido la megaminería, dijo, es el desplazamiento forzado de los habitantes de comunidades donde se emprenden proyectos de explotación y extracción, como ha ocurrido en Salaverna, Mazapil.

“Ese es un impacto cultural que tiene que ver con la destrucción de los bienes comunes naturales, la destrucción de la economía local de subsistencia y la destrucción de los medios de producción y reproducción social. Esto contrasta con las cifras que tenemos del impacto económico”, expuso.

Guzmán López se refirió al discurso gubernamental en el que aseguran que la industria minera contribuye con el 38 por ciento del PIB y señaló que el problema es que entre todos los sectores productivos, la que menos genera empleos es precisamente la minería.

Además, de un total de 13 mil 400 integrantes de la población económicamente activa en el sector minero zacatecano, el 72 por ciento está subcontratado, lo que omiten los funcionarios y autoridades gubernamentales con discurso pro minero.

Durante la mesa denominada “Megaminería: impactos, aportes y retos”, comentó que otro problema es “el reparto del pastel” en la industria minera, porque en el ejercicio fiscal 2014, por ejemplo, el valor de la producción en México fue de 14 mil 765.2 millones de dólares, y en Zacatecas de 4 mil 83.2 millones de dólares

Por cada mil dólares del valor de la producción minera, las empresas solamente aportan a las comunidades 8 centavos. En Zacatecas, en los últimos tres ejercicios fiscales se han obtenido utilidades por mil 411 millones de pesos, de los cuales Mazapil a acumulado 454.81 millones de pesos, sin que haya significado un impacto en la disminución de la pobreza, pues ese municipio tiene a 70.7 por ciento de su población en situación de marginalidad, según expuso Guzmán López.

Otro impacto negativo de la minería ha sido la contaminación, lo que ha derivado en la destrucción agrícola no solamente por la disminución de la superficie de cultivo, sino también por los rendimientos de cosecha por hectárea.

Por último, informó que en el país hay 45 mineras que trabaja a tajo abierto, de las cuales algunas están instaladas en Zacatecas. “La tarea que tenemos pendiente es que hay 116 mineras con proyectos de exploración en 37 municipios de la entidad. La tendencia es que la industria se acerca cada vez más a los municipios más urbanizados”.

Arturo Burnes Ortiz, de la Unidad Académica de Economía, se refirió a la libertad que han tenido las empresas para emprender proyectos de minería en el estado, sin generar desarrollo para las comunidades, y por el contrario, son beneficiarios de exenciones fiscales.

Un tema que en este momento es de interés para la investigación académica, es la renta minera, el cual muestra que hay una pugna por la apropiación de dicha renta en forma de impuestos en la que todos los actores sociales están involucrados: el gobierno estatal, municipal y federal.

Se refirió al Impuesto de Responsabilidad Ecológica aprobado por el Congreso del estado para que las empresas instaladas en Zacatecas resarcieran los daños ambientales que provocan y dijo que era la primera vez en la historia que el Gobierno del Estado planteara un gravamen de ese tipo, pero el Gobierno federal dar marcha atrás.

Mencionó también el caso del sindicato liderado por Carlos Pavón, gremio que “patéticamente manejó el 100 por ciento de los argumentos de la Cámara Minera de México y de los empresarios mineros”.

Burnes Ortiz cuestionó entonces si la economía regional y nacional puede crecer con eficiencia, sustentabilidad y equidad con base en un modelo extractivo vigente y en una institucionalidad fiscal minera. “La respuesta provisional es que no”.

Señaló que las concesiones mineras contravienen lo establecido en el Artículo 25 y 27 de la Constitución Mexicana y contribuyen a la descapitalización del excedente potencialmente invertible que es apropiado de manera rentista y parasitaria.

“La conclusión es que la institucionalidad fiscal minera que gobierna los yacimientos mineros en México, impacta contra los estados, porque la Ley Minera dice que el gran capital minero solamente puede ser gravado por la instancia federal. Eso conspira contra la Constitución, porque deja de lado al estado y al municipio”, explicó.

Por su parte, Alfredo Valadez, corresponsal de La Jornada, expuso que las iniciativas el gobierno que encabeza Alejandro Tello Cristerna, en torno a la minería, se han quedado en la simulación.

Recordó que hubo la intención de declarar al semidesierto zacatecano como Reserva de la Biósfera, pero la negoció con los empresarios mineros a cambio del impuesto que posteriormente fue avalado por la Legislatura del estado y después rechazado por las propias corporaciones.

“El doctor Rodolfo García Zamora denunció que a cambio de echar abajo el proyecto de la Reserva de la Biósfera, el gobernador Tello había logrado un acuerdo con las empresas mineras para que estas le pagaran un impuesto y así tener recursos para el año 2017. Preguntó entonces si se trataba de un impuesto o de un soborno para cambiar la zona natural protegida e intentar recibir 400 millones de pesos de supuestos impuestos. Yo pregunto: ¿eso cuesta destruir 2.5 millones de hectáreas con la minería?”.

Cuando Tello Cristerna presentó la iniciativa como parte del nuevo paquete presupuestal para el estado, recordó que el sindicato minero inició protestas en contra del impuesto y de esa forma “le hicieron ver su realidad y suerte al gobernador”

Como consecuencia, el estado se quedó sin la declaratoria de Reserva de la Biósfera y sin impuesto minero, pues este sigue en controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Fuente:http://ljz.mx/2017/12/07/contrario-al-discurso-oficial-megamineria-no-ha-generado-desarrollo-especialistas/

A través de cuatro filiales, la empresa canadiense Fortuna Silver Mines (FSM) acapara 26 concesiones mineras con las que ha despojado de 80 mil hectáreas a pueblos y comunidades indígenas y campesinas, reveló una investigación de Servicios para una Educación Alternativa (Educa).

De acuerdo con el estudio, pese a la política de opacidad de la empresa minera canadiense, se logró establecer que sus cuatro filiales –Geometales del Norte-Geonorte S.A. de C.V., Minerales de Oaxaca S.A de C.V., Plata Panamericana S.A de C.V. y Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V.– monopolizan 80 mil hectáreas de 35 municipios de los Valles Centrales, que equivale a diez veces el tamaño de la ciudad de Oaxaca.

Esa situación coloca a pueblos zapotecas y campesinos en una seria desventaja frente a la empresa minera, ya que FSM no está obligada a entregar cuentas a los mismos, precisa el documento.

Y es que bajo un esquema de compra-venta de concesiones a través de sus filiales (permitido por la ley minera), la empresa se ha hecho propietaria del 100% de 26 concesiones, aproximadamente, todas ellas ubicadas en los Valles Centrales, sobre todo en los distritos de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula.

Ante este panorama, comunidades de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula han definido la defensa de su territorio como eje principal, por lo que durante 2016 y 2017 emprendieron una serie de exigencias a las autoridades federales, en las que sobresale la cancelación de las concesiones mineras.

Cabe destacar que ninguna concesión ha sido informada o consultada formalmente con los titulares de derechos de estos territorios, por el contrario, las autoridades federales y la empresa minera Fortuna Silver Mines han mantenido una política de opacidad en ese tema.

Según Educa, la empresa minera FSM, con sede en Vancouver, Canadá, obtiene ganancias ventajosas a cambio del despojo del territorio de pueblos zapotecos.

En un comunicado difundido en agosto de 2017, la empresa informó que compró a la empresa Radius Gold el 100% del proyecto “Tlacolula”, abarcando 82 mil 630 hectáreas, sin embargo, la información publicada no menciona que dichas hectáreas no corresponden únicamente al citado proyecto.

En el área concesionada también están involucrados al menos otros dos proyectos mineros con los nombres “San José”, en etapa de explotación comercial, y “Trinidad Norte”, en etapa de desarrollo.

Según Educa, al indagar sobre la compra de la empresa Radius Gold se sorprendieron de la existencia de una concesión denominada “Tlacolula” (con título 230278) en el municipio de San Juan Guelavía, con una extensión de 16 mil 465 hectáreas. Sin embargo, el titular de la concesión es una empresa llamada Geometales del Norte-Geonorte S.A. de C.V., que tiene dos concesiones más en la región (títulos 232270 y 233392), con una superficie de 6 mil 699.28 y 12 mil 642.00 hectáreas, respectivamente.

FSM tiene un proyecto en etapa de explotación comercial denominado “San José” en el municipio de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca.

Al revisar la lista de concesiones proporcionada por la Secretaría de Economía (SE) en 2017, Educa encontró que las concesiones que amparan la explotación de plata y oro en este municipio son cuatro: Progreso, Progreso II, Progreso II Bis y Progreso III (títulos 217626, 217624, 217625 y 215254, respectivamente), que suman 702 hectáreas. Sin embargo, el titular de dichas concesiones es Minerales de Oaxaca S.A. de C.V.

En cuanto a “Trinidad Norte”, es importante mencionar que en enero de 2013 FSM anunció la compra parcial y total en un futuro de la concesión “Taviche Oeste”, que “rodea el proyecto actual”.

En la lista también se encontró que la concesión a la que hace referencia el comunicado de FSM se denomina actualmente Reducción Taviche Oeste (título 215542) y la empresa concesionaria es Plata Panamericana S.A. de C.V., que cubre una extensión de 6 mil 254.00 hectáreas.

Desde hace más de dos años, comunidades del Valle de Ejutla han denunciado una serie de trabajos y actividades de FSM en sus territorios, sin su consentimiento, además de la entrega de concesiones mineras por parte de la Secretaría de Energía en esta misma región.

En esa región, según la lista de concesiones, se han entregado 13 a la Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V. (la misma que realiza obras de exploración y explotación en San José del Progreso), con una superficie de 42 mil 107 hectáreas.

El estudio de Educa destaca que las concesiones “propiedad de FSM” afectan directamente 35 municipios de los Valles Centrales, que se encuentran en: Taniche, Coatecas Altas, San Miguel Ejutla, Ejutla de Crespo, Santa Lucía Ocotlán, Santa Catarina Minas, San Pedro Taviche, San Miguel Tilquiapam, San Martín de los Cansecos, San Jerónimo Taviche, San Baltazar Chichicapam, Magdalena Ocotlán, Ocotlán de Morelos, San Pedro Apóstol y San José del Progreso en la región Ocotlán-Ejutla.

También en San Lorenzo Albarradas, San Dionisio Ocotepec, Santa María del Tule, Yaxe, Santo Domingo Tomaltepec, Santiago Matatlán, Santa María Guelache, Santa Cruz Papalutla, San Sebastián Teitipac, San Sebastián Abasolo, San Lucas Quiaviní, San Juan Teitipac, San Juan Guelavía, San Baltazar Chichicapam, Rojas de Cuauhtémoc, Magdalena Teitipac, San Francisco Lachigoló, San Jerónimo Tlacochahuaya, Teotitlán del Valle y Tlacolula de Matamoros, en la región de Tlacolula.

Fuente:http://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/38122-minera-canadiense-ha-despojado-de-80-mil-hectareas-a-indigenas-en-oaxaca