Terror y esclavitud moderna por parte de la minera canadiense Panamerican Silver, denuncian. Denuncia de desplazamiento Forzado y Despojo de Territorio, no ha sido considerada por Comisión Nacional de Derechos Humanos, denuncian.

Desde 1998 la minera canadiense llegó a asentarse en la comunidad, la Colorada, Municipio de Chalchihuites, en Zacateca, sin realizar ningún tipo de consulta.

“Llegaron ofreciendo promesas de mejoras en las escuelas, viviendas y generación de empleos, lo cual no sucedió. Sin embargo, comenzaron a generar división en la comunidad y a despojar poco a poco a las personas de propias casas, huertas y tierras de cultivo”, denunció , David Cayetano, Coordinador de la Red Internacional de Defensores de DH de los Pueblos Originarios.

El defensor relata que “fue en el año de 2014 cuando comenzaron la destrucción de las casas habitacionales de la comunidad, incluso sin importar que hubieran personas adentro, se les obligó a salir de ellas y la minera construyó una zona habitacional en donde se les obligó a vivir supuestamente en comodato, pero que ahora se les cobra una renta obligatoria”.

Agrega que las zonas habitacionales están vigiladas por personas armadas que trabajan para la minera y que les mantienen todo el tiempo hostigados y amenazados, están construidas con mallas y cámaras de seguridad como si fuera una prisión.

La minera les mató ganados y no les permite seguir con la agricultura, orillándolos a trabajar en ella.

Cayetano ejemplifica que “es el caso del presidente del concejo de ancianos, la persona más grande de la comunidad, que a raíz de lograr escriturar su terreno, dejaron su casa en medio de la construcción de la mina, impidiéndole el paso para salir de la comunidad y del camino rural, con ello también impidiéndole el servicio de agua”.

Agrega además que el señor tiene una tienda de la cual subsistía y que las personas de la mina han prohibido comprarle, solamente se les permite comprar a una tienda en específico que la mina administra.

Como consecuencia de tal hostigamiento, destrucción de la comunidad y el hecho de que no se les permite trabajar en la ganadería y agricultura, ha habido personas que se han tenido que desplazar a otras comunidades, Estados e incluso a Estados Unidos.

“Además como consecuencia de la contaminación generada por la emisión de químicos de la minera, ha habido muertes y afectaciones graves a la salud de niñas, niños y personas mayores”, denunció

Por lo anterior, indica el defensor “la Red Internacional de Defensores de Derechos Humanos de los Pueblos Originarios hace un llamado urgente a las instancias encargadas de velar y proteger los derechos humanos en México”.

La situación de “La Colorada” está llena de graves violaciones de lesa humanidad a los derechos humanos hacia las personas de esta comunidad, como es el caso del desplazamiento, despojo, e incluso podemos hablar de un forma de trata de personas y esclavitud, puesto que la mina está rigiendo la forma de vida, y condicionándola a obedecer sus órdenes y que tengan que trabajar y vivir como ellos lo digan.

“Actualmente la gente de “La Colorada” esta muy desesperada, ya que no confían tampoco con las instancias que su labor es velar los derechos humanos de los mexicanos”.

Omisiones de las autoridades del Municipio y del gobierno de Zacatecas.

Cayetano relata que desde el 2015 que fue el primer acercamiento ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas a la cual hicieron caso omiso para atender al caso de la comunidad.

Además agrega que el 14 de Septiembre del 2017 es cuando se emitió la denuncia ante la CNDH en la Dirección de Quejas sobre Asuntos Indigenas Cuarta Visitaduría General, pero que hasta la actualidad a pesar de las pruebas emitidas no existe alguna respuesta, ningun tipo de recomendación, ni llamados y sanciones hacia la empresa minera canadiense “Panamerican Silver o Plata Panamericana”.

Tampoco existe ninguna medida en contra de las instituciones gubernamentales involucradas en violentar los derechos territoriales, ambientales, culturales, sociales, económicos y humanos hacia la comunidad; relata

El defensor hace una puntualización de las omisiones de la justicia mexicana ante denuncias hechas con todas las formalidades jurídicas

1.-Denuncia ante el Ministerio público por el derrumbe de casas y robo de ganado, ante ello, el Ministerio Público nos dijo que no se podía realizar, ya que no contábamos con escrituras para demostrar que son nuestras tierras.

2.-Presentación de queja en la Secretaría de Economía por haber otorgado concesiones a la minera, basándose solamente en escrituras de otras tierras colindantes a nuestra comunidad, pero que no corresponden a las nuestras. Frente a la falta de respuesta se presentó un amparo indirecto.

3.-Presentamos una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que en principio no se nos recibió y después de seguir insistiendo la admitieron, pero no han dado ninguna respuesta.

4.-Actualmente nos encontramos en un juicio ante el Tribunal Agrario del cual estamos esperando el reconocimiento a la comunidad y anulación de falsas escrituras por parte de la mina.

Para finalizar señala que no se ha tenido mayor apoyo de las autoridades del municipio ni del gobierno de Zacatecas, todo lo contrario, se les han obligado a reuniones con la minera y firmar acuerdos que sólo benefician a la mina, y no les favorecen en nada a la comunidad, además ha habido apoyo de las autoridades del municipio a la mina, permitiéndoles funcionar como ellos quieran, a pesar de que se les esté violentando.

Además agrega que el 14 de Septiembre del 2017 es cuando se emitió la denuncia ante la CNDH en la Dirección de Quejas sobre Asuntos Indigenas Cuarta Visitaduría General, pero que hasta la actualidad a pesar de las pruebas emitidas no existe alguna respuesta, ningun tipo de recomendación, ni llamados y sanciones hacia la empresa minera canadiense “Panamerican Silver o Plata Panamericana”.

Tampoco existe ninguna medida en contra de las instituciones gubernamentales involucradas en violentar los derechos territoriales, ambientales, culturales, sociales, económicos y humanos hacia la comunidad; relata

El defensor hace una puntualización de las omisiones de la justicia mexicana ante denuncias hechas con todas las formalidades jurídicas

1.-Denuncia ante el Ministerio público por el derrumbe de casas y robo de ganado, ante ello, el Ministerio Público nos dijo que no se podía realizar, ya que no contábamos con escrituras para demostrar que son nuestras tierras.

2.-Presentación de queja en la Secretaría de Economía por haber otorgado concesiones a la minera, basándose solamente en escrituras de otras tierras colindantes a nuestra comunidad, pero que no corresponden a las nuestras. Frente a la falta de respuesta se presentó un amparo indirecto.

3.-Presentamos una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que en principio no se nos recibió y después de seguir insistiendo la admitieron, pero no han dado ninguna respuesta.

4.-Actualmente nos encontramos en un juicio ante el Tribunal Agrario del cual estamos esperando el reconocimiento a la comunidad y anulación de falsas escrituras por parte de la mina.

Para finalizar señala que no se ha tenido mayor apoyo de las autoridades del municipio ni del gobierno de Zacatecas, todo lo contrario, se les han obligado a reuniones con la minera y firmar acuerdos que sólo benefician a la mina, y no les favorecen en nada a la comunidad, además ha habido apoyo de las autoridades del municipio a la mina, permitiéndoles funcionar como ellos quieran, a pesar de que se les esté violentando.

Fuente:https://regeneracion.mx/minera-destruye-casas-y-esclaviza-poblacion-en-zacatecas/

Polvo tóxico con arsénico, metales pesados y radiactivos serían dispersados a toda la península y hacia los mares circundantes.

Regeneración 31 de marzo del 2018. El polvo fino generado por la minería a cielo abierto en la Baja California Sur, sería llevado hacia todo la geografía peninsular y sus ciudades por la acción del viento, ya que al estar pulverizado se dispersa con una velocidad minima de viento que es de 20 km por hora, la advertencia ha sido señalada desde años atrás por especialistas y es retomada ahora por el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, toda vez que Salinas Pliego ganó un amparo que obligaría a la apertura de la Mina Los Cardones.

Tal como lo hemos publicado oportunamente en Minera pondría en riesgo 80% de agua en La Paz, BCS, los peligros de la minería a cielo abierto son múltiples, a decir de los opositores a dicha factoría.

En un estudio publicado por el colegio de ingenieros de esa entidad se calcula que la dispersión del polvo contaminante sería del 170 kilómetros.

“Para extraer todo el oro el mineral es molido a menos de 60 micras (tan fino como un talco), y una vez desechados, estos polvos fácilmente pueden ser arrastrados por los vientos y llevados a distancias mucho mayores que las distancias a las que se encuentran nuestros pueblos y ciudades”, señalaron los defensores del medio ambiente en la entidad.

Añadieron que “estos polvos son ALTAMENTE TÓXICOS pues contienen Arsénico, Metales Pesados y Elementos Radiactivos (de acuerdo a los análisis entregados por la minera a SEMARNAT).”

Agregaron además que por lo fino del polvo proveniente de la mina “son fácilmente INHALABLES, lo que permite la ENTRADA DIRECTA DE LOS TÓXICOS AL TORRENTE SANGUÍNEO, con AFECTACIÓN A LA SALUD”.

“Adicionalmente también CONTAMINARÍAN el SUELO y el AGUA, las PLANTAS y ANIMALES SILVESTRES, los CULTIVOS, el GANADO y los ANIMALES DOMÉSTICOS” añadieron.

En ese sentido consideraron inconcebible que a pesar de que sea una actividad altamente tóxica “tengan el cinismo de llamarlo minería “responsable”.

El estudio del Colegio de Ingenieros Civiles de Baja California Sur

En investigación realizada por el Colegio de Ingenieros Civiles de Baja California Sur, denominado ” Estudio relativo al movimiento de polvo (residuo de mina) debido a la acción del viento”, es posible leer las siguientes conclusiones, por las que se sostiene técnicamente que no es recomendable dicha mina en la entidad.

1.- El viento puede levantar las partículas de polvo considerando la Velocidad de viento desde los 20 km/hr.

2.- El movimiento del polvo inicia desde que se construyen los caminos en el área de la mina, intensificándose gradualmente conforme se hacen las extracciones de roca y más todavía con los desechos del polvo una vez realizado el proceso de retiro del metal.

3.- Con un viento de 170 km/hr, la fuerza ascendente sobre cada partícula será 256 veces mayor que su peso.

3.- En caso de huracán las cantidades de polvo serán muy grandes, ya que no se detendrá el movimiento del polvo hasta que la velocidad sea menor a 20 km/h.

4.- Este material cubrirá la superficie del terreno en todas direcciones alrededor del proyecto minero. En una hora de viento tendría un alcance de 170 kilómetros.

5.- El desplazamiento de polvo es inevitable ya que el material suelto y seco está tanto en el área de excavaciones como en el de desechos.

6.- Consecuencias de tener grandes cantidades de polvo en el terreno natural:

A.- el material suelto rellenará áreas muy amplias afectando la flora del lugar. No solo del área destinada a la mina sino de un área alrededor, que incluirá sin duda los municipio de la paz y los cabos, llegando al Golfo de california y océano pacifico.

B.- Como resultado del punto anterior se afectará también la fauna silvestre. Disminuyendo en cantidad y variedad.

C.- Al reducirse la flora natural, se propicia una mayor erosión, ya que ésta sostiene la delgada capa de tierra vegetal superficial. Se inicia el  proceso de desertificación, quedando la roca limpia expuesta a la intemperie.

D.- el polvo transportado por el viento, producto de la molienda de la mina lleva gran cantidad de materiales diversos, algunos son perjudiciales a la salud, que pueden llegar fácilmente a la superficie de la cuenca hidrológica que recarga los acuíferos, y a su vez que alimentan los pozos de agua potable.

E.- Debido a la erosión y a la acumulación de polvo fino en la superficie de las cuencas hidrológicas, el coeficiente de infiltración, es decir, la cantidad de agua que pasa de la superficie al subsuelo disminuirá, por lo que la recarga del acuífero también se reducirá.

Conclusión. La instalación de una mina a cielo abierto no es recomendable ya que afecta la flora, fauna y acuífero del Estado de Baja California Sur.

Fuente:https://regeneracion.mx/polvo-toxico-de-mina-cardones-afectaria-todo-baja-california-sur/

El PRI y PVEM en la Cámara de Diputados intentan que avance la aprobación de la Ley General de Biodiversidad, aunque ello signifique violar los procesos legislativos.

Mientras que los partidos acusados han guardado silencio, la Red Mocaf y legisladores de oposición coinciden en que el interés de los aliados en dar salida a la ley que abre la puerta a actividades extractivas como la minería y el fracking en zonas protegidas responde a un agenda empresarial.

Diputadas de oposición y activistas denunciaron que los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales intentaron nuevamente avanzar hacia la aprobación de la iniciativa de la Ley General de Biodiversidad (LGB) promovida por la Senadora “verde” Ninfa Salinas.

En entrevista para SinEmbargo, la Diputada María García Pérez, del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que el pasado jueves, sin quórum, los legisladores del PRI y PVEM que pertenecen a la comisión discutieron el dictamen que ha sido criticado por organizaciones de la sociedad civil, académicos y fracciones parlamentarias de oposición, al considerar que violenta derechos humanos y abre la puerta a actividades extractivas como la minería y el fracking aún en zonas protegidas.

El PVEM no ha emitido una postura al respecto.

Este diario digital solicitó a una entrevista con Eduardo Arturo Quijano Laviada, secretario técnico de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, quien aseguró que haría una declaración pública al respecto, que hasta el momento no se ha concretado.

En Artículo 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados se lee: “Para que exista Reunión de comisión, se requerirá la integración del quórum”, es decir rebasar el aforo de la mitad más uno del total de los 30 integrantes. Además señala una tolerancia de 30 minutos para arrancar con la sesión, no obstante, a pesar de que el pasado jueves únicamente se registraron 15 diputados dos horas después de la cita, la reunión se llevó a cabo.

“Pasaron cerca de dos horas cuando iniciaron apenas la reunión y aunque no tuvieron quórum ellos la aprobaron […] Los del PRI y los del Verde se juntaron y fueron los que aprobaron esta iniciativa que está fuera de toda legalidad por no contar con quórum y por violentar el reglamento de la Cámara”, criticó la Diputada.

En ese sentido, Gustavo Sánchez​ Valle, presidente del consejo directivo de la Red Mocaf, señaló una vez más que la modificación constitucional sólo obedece a intereses económicos y resultará dañina para el medio ambiente y para los derechos de pueblos indígenas.

En ese punto coincidió la legisladora García Pérez, quien afirmó que “detrás [de la Ley de Biodiversidad] hay intereses económicos de algunos grupos, sobre todo de quien fue la autora de esta iniciativa que es la Senadora Ninfa Salinas”.

Ninfa Clara Salinas Sada, la impulsora de la Ley General de Biodiversidad. Foto: Iván Stephens, Cuartoscuro

Mientras tanto, Sánchez Valle recriminó el actuar de los diputados del Verde y del PRI que integran la comisión: “Es lamentable la actuación de los Diputados del Verde y del PRI, quienes no han logrado reunir el quórum y aún así pretenden pasarlo al Pleno. Nos queda ya muy claro que el modelo de democracia representativa está agotado […] Es vergonzoso que se encierren en una sala y paren el reloj legislativo para poder juntar el quórum y aún sin lograrlo quieran pasar un dictamen. Van en contra de todo principio de participación y de inclusión”.

“Es preocupante este virtual secuestro de espacios públicos, como es la Cámara de Diputados, para fines particulares. Desde mi punto de vista es la parte más preocupante de la actuación de los legisladores del PRI y el Verde que componen las comisiones de Medio Ambiente”, agregó.

En febrero pasado, el líder de los diputados del PVEM, Jesús Sesma Juárez, aseguró que los legisladores de su partido estaban confiados en que “tenemos que sensibilizar, y por supuesto que lleve todo el proceso legislativo”, por lo que no se aprobaría “al vapor”.

Y acusó que las críticas al proyecto de la Senadora verde eran “por una cuestión político electoral” y advirtió que no iban a “frenar”el proceso de la modificación constitucional.

La aprobación en el Senado de la Ley General de Biodiversidad se dio en medio del escándalo por el aval a la Ley de Seguridad Interior. En esta ocasión se dio al inicio del puente vacacional de Semana Santa.

TRATARÁN DE EVITAR QUE LA LEY PASE

La Diputada García Pérez adelantó que la próxima semana desde el PAN trabajarán para lograr que se agende una nueva reunión y reponer la discusión para discutir la minuta “como debe de ser” y en apego al Reglamento de la Cámara. Por lo que de momento no se sabe cuándo el procedimiento llegará al Pleno.

Por ello, hizo un llamado a los legisladores del PRI y Verde a “que se apeguen a lo que marca el reglamento, que se apeguen a las voces de los demás. Que escuchen a la gente que realmente está inmiscuida, que sabe, que vive y que está dentro de estos temas importantes”.

Por su parte, el defensor Sánchez Valle pidió a la sociedad mexicana permanecer informada sobre lo que ocurra para evitar que la Ley General de Biodiversidad se convierta en una realidad. Asimismo, manifestó que la actuación de los partidos mencionados podría acarrear un costo político en las próximas elecciones.

“Con este tipo de actuaciones están contribuyendo más al descrédito de una administración que está terminando con los niveles más bajos de aceptación por parte de la sociedad y que representan un lastre para el candidato de esa alianza PRI, Verde y Nueva Alianza [José Antonio Meade Kuribreña]”, advirtió.

La diputada perredista Cecilia Soto señaló en días pasados que su partido no considerará “válida esa aprobación a un dictamen que fue hecho ilegalmente”.

UNA LEY QUE FAVORECE LA EXTRACCIÓN

El mes pasado, la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad, compuesta por cerca de cien organizaciones ambientalistas, campesinas, indígenas, civiles, de derechos humanos y académicas compartió una serie de deficiencias que la minuta presenta, entre las que destacan las siguientes:

–Omite derechos de los pueblos indígenas previstos en el artículo 2 y otros de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

–Se fundamenta en el Artículo 73 XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que da facultades al Congreso para Legislar en materia de protección al ambiente y preservación ecológica, pero no en materia indígena.

–Pretende privatizar los recursos genéticos del país y también el conocimiento de los pueblos indígenas, esto último, sin su consulta y consentimiento.

–Debilita las Áreas Naturales Protegidas y los programas de protección de especies en riesgo al desestimar la causa de utilidad pública para la conservación y privilegiando los intereses de la minería y la industria energética.

–Adolece de mecanismos certeros y adecuados para garantizar los derechos a la información y a la participación ciudadana. Propone la instauración de un Consejo Nacional a modo donde no se distingue entre campesinos, indígenas, mujeres o jóvenes ni entre personas y organizaciones.

–Contraviene acuerdos internacionales como el Convenio de Diversidad Biológica, la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

–Lejos de implementar el Protocolo de Nagoya lo aplica de manera laxa y creando conflictos entre las comunidades.

–Dificulta la implementación del Acuerdo de París, derivado de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, el cual es de carácter transversal y requiere de una coherencia legislativa a nivel nacional.

–Limita las posibilidades de que el Gobierno mexicano cumpla con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y con ello menoscaba la puesta en acción de la Agenda 2030.

NOCHIXTLÁN, OAXACA, VUEVE A TOMAR IMPORTANCIA YA QUE DESPUÉS DE QUE EL PREIDENTE MUNICIPAL QUISIERA RETIRAR LOS VEHÍCULSO QUEMADOS POR LOS ENFRENTAMIENTOS DE HACE UN AÑO, MUCHOS MAESTROS Y GENTE DE LA POBLACIÓN CIVIL, ALEGANDO QUE ERAN PRUEBAS DE LAS CULPABILIDAD DEL GOBIERNO EN ESOS ENFRENTAMIENTOS, SE ENFRENTARON CON LOS POLICÍAS Y CERRARON NUEVAMENTE

LA SUPER CARRETAREA CON DESTINO A Oaxaca y la capital del país, en plena temporada vacacional…la verdad es que muchos pensamos mal y creemos que con lo que cobran los maestros y otros grupos en el paso libre de la carretera pues obtienen fondos para sus vacaciones o esperan a que los miembros del gobierno, acostumbrados a esos mitotes, lleguen con la maleta llena y la repartan, quedándose, por supuesto, con una parte… para sus vacaciones…

         Es muy curioso, la revolución mexicana tuvo como pretexto directo el luchar por la tierra y su reparto, luchando en contra de los caciques y de los latifundios, pero ahora resulta que con las reformas y deformas que hacen en el sector minero, se acumulan, en proyectos de explotación minera, 112.82 millones de hectáreas que equivalen a más del 57% del territorio nacional, y como el saqueo es la nota del gobierno, informa por medio de la Secretaría de Economía que existen 3 mil 832 empresas trasnacionales, que se llevan los minerales y pagan bajos salarios, destruyen los mantos y reservas de agua, contaminan la región y roban a los propietarios y campesinos sus tierras, porque las nuevas reglas son esas, que tienen prioridad las empresas y la explotación minera, y que en el caso de la tierras, son expropiadas en favor de las empresas, y los datos nos dicen que esa explotación no aporta nada para la lucha contra la pobreza, ya que en el 76% de los municipios donde se explota el oro y se saquea fuera del país ,y donde se explota y saquea plata como en colonia, los niveles de pobreza son mayores a los del promedio en el país… pero eso sí, siguen los saqueos y los latifundios mineros siguen en jauja, porque los mexicanos nos dejamos explotar y saquear, sin chistar, y cuando lo hacemos, pues nos llegan a reprimir para proteger los intereses de los políticos, funcionarios y empresarios extranjeros.

Y para que veamos que no nos aportan nada las explotaciones y saqueos de las mineras, de acuerdo a una nota de La Jornada de Angélica Enciso L, del día 26 de marzo, nos comenta: “Las aportaciones fiscales de la minería son raquíticas, un ejemplo es que en 2016 fueron apenas 2 mil 509 millones de pesos, lo que equivale a 0.32 por ciento del total de los ingresos fiscales mientras el valor de la producción minera metálica que se generó sólo en 2014 llegó a 14 mil 765 millones de dólares. A cambio de esos raquíticos ingresos, la minería a cielo abierto cambia de manera definitiva la estructura del suelo y de las cuencas hidrológicas, se afectan los cuerpos de agua, los suelos, la flora y la fauna, se pierde la cobertura forestal, a lao cual se suma el desplazamiento y destrucción de cientos de comunidades”

El saqueo de  recursos naturales, la contaminación., el desplazamiento de miles de campesinos de la región a los que se les roban sus tierras, hace que esas regiones se vayan convirtiendo, gracias a los sicarios que usan las empresas para controlar las protestas sociales y establecer las condiciones para continuar con esas explotaciones que van contra el país y los mexicanos, se permite  combinar la minería con las actividades del crimen organizado que, a cambio de algunos fondos,  eliminan a los protestatarios, y las autoridades se hacen de la vista gorda, cuando el mismo crimen establece la producción de marihuana y amapola y el establecimiento de los laboratorios para la elaboración de drogas, y así, el mejor ejemplo ha sido Durango, Zacatecas, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca,, y otras entidades, donde el tráfico, producción y venta de drogas y violencia ocasionada por los sicarios mineros van en aumento de tal suerte que  el tráfico de oro en Iguala, Guerrero, nos muestra la forma en que se comportaron los sicarios ligados a los políticos en la entidad, que llegaron a desaparecer a los 43 jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y así vemos que Tayoltitla, se convierte, en el estado de Durango, durante muchos años, en la sede de protección del saqueo de oro y del tráfico del mismo, sin que autoridades tengan algo que controlar en la región, y por ello, para distraer a las autoridades y a los pueblos se alienta el desarrollo del narcotráfico, y  podíamos hacer un análisis de cada estado,  por eso, nadie quiere hablar sobre el tema, porque los grandes inversionistas extranjeros no rinden cuentas ni de las cantidades saqueadas, y por ello, tarde se dieron cuenta de que los grupos de la delincuencia organizada en Michoacán, exportaban a China, miles y miles de toneladas de minerales que salían por la aduana de Lázaro Cárdenas, supuestamente, controlada por el gobierno, es decir, vivimos en un estado de Guerra y de impunidad, en favor de saqueadores, criminales y políticos.

Fuente:http://www.elpuntocritico.com/opinion/columnistas/274-%C2%A1que-conste,-los-olvidados/157924-el-saqueo-minero-en-m%C3%A9xico.html

La organización Poder denunció que la minera canadiense Almaden Minerals, responsable del proyecto Ixtaca, en el municipio de Ixtacamaxtitlán para la extracción de metales preciosos, oculta información como el consumo anual de agua, los efectos nocivos de la extracción para las comunidades indígenas, así como el repudio que ha causado en la comunidad.

A través de un comunicado de prensa redactado en inglés, Poder estima que el consumo anual de agua ronda los 1.19 millones de metros cúbicos.

Poder aclara que es una organización regional sin fines de lucro, dedicada a mejorar la transparencia corporativa y la rendición de cuentas en América Latina desde una perspectiva de derechos humanos.

Oculta el consumo de agua

En su portal de Internet, Poder revela que la firma con sede en Vancouver omitió información importante sobre el proyecto Ixtaca en un comunicado oficial de la firma.

Los activistas de Poder consideran que según la opinión de organizaciones de la sociedad civil y pobladores el agua de lluvia que recolecta la empresa para las operaciones de la mina serán insuficientes.

“Anualmente se recolectan entre 500-600 mm anuales, según la Estación Meteorológica de Ixtacamaxtitlán. Sin embargo la minería requiere un volumen gigantesco de agua. Un ejemplo es la mina Caballo Blanco en Veracruz, que produjo 30,000 toneladas de material (una tasa igual a la proyectada para el Proyecto Ixtaca) y anualmente consumió 3,000 metros cúbicos de agua”.

La estimación de consumo de agua en el proyecto Ixtaca supera el millón 195 mil 500 metros cúbicos anuales tan solo para la zona de actividad minera.

Minera niega la existencia de población indígena

La organización Poder argumenta que la minera niega la existencia de población indígena en el área en su boletín al señalar que «no identificó comunidades indígenas o personas que hablan lenguas nativas dentro del área de influencia del proyecto».

Sin embargo, según la información oficial se menciona que 11.82 por ciento de la población de los habitantes del municipio habla una lengua indígena, principalmente náhuatl.

Omite minera que la población repudia el proyecto

Poder agrega que la empresa omite en su comunicado oficial que la población se opone a la extracción de metales preciosos por considerarlo un “proyecto de muerte”.

“Desde 2014 la población ha denunciado violaciones a las reglamentaciones ambientales y violaciones a los derechos humanos cometidas por Almaden durante la etapa de exploración”.

Subraya que la población ha tomado medidas legales y reglamentarias para que las autoridades locales y federales no otorguen los permisos necesarios para la fase de extracción de la mina, incluida la evaluación de impacto ambiental.

Fuente:http://www.e-consulta.com/nota/2018-03-27/medio-ambiente/minera-canadiense-oculta-datos-de-consumo-de-agua-en-puebla

La fila de autos es tan larga que la mirada no alcanza para abarcarla. Un solo hombre desde la altura de su bici abre el camino.

José, de 9 años, observa pasar la caravana desde una barrera levantada con piedras junto a su casa. Ha visto con ojos enormes pasar el primero de los autos, le seguirán al menos una centena más.

José, de 9 años, no imagina que podría, muy pronto, escuchar una detonación como hasta ahora no se ha escuchado en Ixtacamaxtitlán y que, después, podrían sonar varias más.

José no sabe que tras las explosiones, podría salir de su casa y encontrar un paisaje muy distinto del que ha visto durante 9 años. Uno en línea recta y sin la posibilidad de imaginar lo que hay detrás de los cerros.

Se trataría del primer daño que la canadiense Almaden Minerals provocaría al medio ambiente de dicho municipio poblano para operar una mina a cielo abierto, la cual requiere un tajo de mil metros de diámetro que equivalen a 140 canchas de futbol profesionales.

La empresa Almaden Minerals ha venido explorando el territorio de la sierra norte desde hace más de 15 años y el 72% de las concesiones en la región le pertenecen, sin embargo se trataría de su primera mina a cielo abierto.

Por ello, el pasado 17 de marzo, habitantes de la región y organizaciones realizaron la Caravana por la Vida y contra la Minería, la cual paró en el pequeño poblado de Santa María Zotoltepec, la comunidad más cercana al sitio donde la canadiense pretende crear la mina para explotar otro y plata, para concluir en la cabecera municipal de Ixtacamaxtitlán, donde se realizó un mitin.

Actualmente el proyecto está en etapa de exploración y para comenzar la explotación solo le falta el permiso de uso de suelo, el cual deberá de ser otorgado por el presidente municipal Eleazar Hernández Arroyo, quien en 2013, siendo candidato, prometió que de ganar la alcaldía retiraría a Almaden del municipio, así como a cancelar todos los permisos municipales para detener la exploración minera.

Al acto, al cual concurrieron desde niños hasta personas de la tercera edad, estuvo convocado el munícipe, sin que acudiera a la cita.

Ixtacamaxtitlán cuenta con al menos 25 mil 326 pobladores que viven en 126 localidades con un alto grado de marginación; 6 mil 403 personas viven en pobreza extrema con base en datos del INEGI.

Inegi.

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Por lo anterior, la población se encuentra dividida, pues «o trabajan en el campo o en el comercio, son las únicas fuentes de empleo», comenta una mujer que tiene un puesto de comida frente a la plaza central.

«La verdad es que la gente prefiere vender su tierra por lo que sea, por 20 mil pesos, porque no hay dinero, pero por el otro, pues nos ponemos a pensar en todos los daños, en la contaminación que la mina va a causar», secunda el esposo de la mujer.

LOS DAÑOS

Además de volar los cerros como hasta ahora los conocen sus habitantes, el segundo daño inmediato sería la contaminación y afectación en el agua, pues el proyecto minero Ixtaca, como lo denomina la empresa, se ubica en la cabecera de la cuenca del río Apulco, a unos cuantos metros de la población de Santa María, y afectaría las tierras de cultivo. En caso de un derrame, dañaría 200 kilómetros desde la presa de jales.

Inegi.

A esto hay que sumar que la empresa ha dicho que solamente usará agua de lluvia, aunque las autoridades han dicho que ninguna de las mil 250 operaciones mineras en el país funciona sólo con agua de lluvia, por lo cual se usaría la del río Apulco, provocando su eventual desecamiento y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por drenaje ácido y por el almacenamiento de lixiviados.

Asimismo, la empresa ha realizado hasta ahora 236 barrenos más de los autorizados, con mayor densidad y profundidad que la permitida por la norma, y fuera del tiempo autorizado por Semarnat para la exploración.

Algunos de los barrenos tienen hasta 700 metros de profundidad, aunque a Semarnat le habían reportado que no perforaría más allá de 150 metros, por lo cual la dependencia negó permisos en abril de 2017.

Debido a que algunos de los pobladores han presentado quejas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre violaciones de derechos humanos y a Profepa sobre daños ambientales, además de otros procedimientos legales, por el momentos las actividades de exploración están detenidas.

Incluso en diciembre de 2017, un grupo formado por canadienses y mexicanos se manifestó de manera pacífica frente a las oficinas de la empresa Almaden Minerals, en Canadá, para protestar contra el proyecto.

En informes a sus inversionistas, la empresa ha negado que el sitio esté habitado. La organización Poder documentó en febrero de 2018 que el director jurídico de GMI Consulting, quien elaboró la Evaluación de Impacto Social de Almaden, declaró a la prensa que en Ixtacamaxtitlán no existe población indígena. «Te doy la noticia fundada, motivada y comprobada de que no hay comunidad indígena en la zona. Estamos fuera de las comunidades indígenas», afirmó.

Sin embargo, el municipio tiene una población indígena de aproximadamente 2 mil 797 habitantes, con base en cifras del INEGI.

Hace siete años, las acciones de la empresa llegaron a su máximo histórico de 4.89 USD; en 2012 llegaron a 2.84 USD; actualmente cada acción tiene un valor de 0.83 USD. Consulta aquí la cotización al momento.

ENTRA EL INAI

Casi doce horas después de que representantes de las comunidades afectadas por el proyecto minero se manifestaran frente a las oficinas de esta empresa en Vancouver, Columbia Británica, el 11 de diciembre de 2017, Almaden difundió un boletín de prensa anunciando que había concluido una Evaluación de Impacto Social (EVIS) sobre su proyecto Ixtaca.

De acuerdo con esa comunicación, la EVIS hecha por la empresa «proporciona una visión objetiva del grado en que los miembros de la comunidad entienden el proyecto Ixtaca, y ofrece un mapa de ruta valioso para futuras interacciones con las comunidades que viven en el área del proyecto Ixtaca en el estado de Puebla, México».

Al anunciar la existencia de la EVIS en la prensa extranjera (el anuncio se hizo sólo en inglés y no se incluyó en la sección en español del sitio web de la empresa), el documento íntegro de dicha evaluación no está a disposición del público. Dada la importancia de un documento que habla del «impacto social» de un proyecto que afectará la vida de decenas de comunidades y miles de personas en el municipio mencionado, la organización Poder recurrió a diversas instancias de gobierno, entre ellas, la Secretaría de Economía, para tratar de conseguirlo.

Al recibir una respuesta insatisfactoria por parte de la Secretaría de Economía (SE), la organización interpuso un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INA) señalando que la respuesta de SE no hacía referencia a la información solicitada.

A este recurso, el INAI respondió con una resolución donde señala que elaboró un estudio de fondo para determinar si la información proporcionada correspondía a lo requerido por la parte solicitante y concluyó que «la respuesta otorgada por la Secretaría de Economía no guarda relación con lo requerido, pues omitió indicar si contaba o no con la información de interés del particular», por lo que instruyó a la dependencia a realizar una búsqueda exhaustiva y que provea al solicitante el documento requerido.

Fuente:https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/03/24/la-caravana-que-busca-frenar-un-cuestionado-proyecto-minero-en-la-sierra-norte-de-puebla_a_23394148/

Édgar tiene problemas de visión y las manos con manchas blancas. Le han dicho que el origen de sus males es por el alto contenido de arsénico en el agua, y que podría desencadenar un cáncer o gangrena. Él no tiene miedo, siempre ha vivido aquí y no tiene para dónde irse.

“La piel punteada no me provoca dolor, sólo es desagradable porque tengo que dar explicaciones cuando alguien pregunta por qué está así”, dice.
Édgar y su hermano Francisco viven en Zimapán, en su familia son tres hermanos y dos han sido afectados por la contaminación de metales pesados que se encuentran en el agua de este lugar. El hombre de 38 años y con infecciones constantes en los ojos muestra las manos con pequeñas manchas que se acentúan en las palmas, los puntos blancos son la prueba de que en su sangre existe arsénico.

Zimapán se ubica en la Sierra Gorda de Hidalgo, en una zona semidesértica, donde habitan 40 mil personas, la mayoría tiene empleos relacionados con la minería. Aquí, la composición natural del suelo genera la contaminación de metales en el agua.

El municipio es conocido a nivel mundial por dos hechos: el primero, porque de aquí salió la única aportación mexicana a la tabla periódica de los elementos, el vanadio, ubicado en el número 23 del grupo cinco, y la segunda, porque en sus aguas hay una alta presencia de arsénico y plomo, que lo ponen al nivel de Chile y Bangladesh.

Según reportes de la Superintendencia de Servicios Sanitarios de Salud, en los años 60 el agua en la región de Antofagasta en Chile registró 80 veces lo permitido y en Bangladesh la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) denunció que superaba cinco veces la norma de la OMS.

En los pozos de abastecimiento de Zimapán se registran altas concentraciones de arsénico que superan casi 100 veces la presencia del metal permitido para el agua potable por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuya norma es de 0.01 miligramos por litro.

La presencia de arsénico en Bangladesh y Chile ha causado alarma mundial, pero en Zimapán no ha pasado nada.

Buscaban cólera, hallaron arsénico

En Zimapán, el descubrimiento del arsénico en los mantos freáticos fue en 1992, cuando de manera casual se detectó el metal, mientras se hacían pruebas sobre el cólera. La doctora María Aurora Armienta Hernández, quien en esa fecha realizó investigaciones sobre el municipio para el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó que la principal fuente de contaminación por arsénico en los pozos de agua potable es natural y que, de los cinco existentes, el que tiene mayores concentraciones es el de la comunidad de El Muhí, que surte principalmente la cabecera municipal y el centro de la región.

Francisco Patiño Cardona, científico e investigador del Conacyt, considera criminal que nadie haya volteado hacia ese municipio, el porcentaje es 100 veces superior a lo permitido por las normas de salud. “Imaginen a una persona consumiendo y usando el agua contaminada toda su vida”, señala y exige que la Secretaría de Salud aclare las principales enfermedades y sus causas, “si alguien dice que no hay un impacto a la salud de la población, miente”. No hay manera de que no haya repercusiones en la población si toda la vida alguien ha tomado esa agua, asevera. La contaminación por arsénico genera primero manchas en la piel y deriva en todo tipo de cáncer desde estómago, piel, pulmón, vejiga e incluso gangrena, “una de las enfermedades más crueles para morir”, enfatiza, el científico.

La Paz, Baja California Sur.- “Quien sea favorecido como abanderado a la alcaldía de La Paz por el Movimiento Regeneración Nacional, MORENA, deberá pronunciarse en contra de la minería tóxica”, afirmó Marcos Acuña González, aspirante a este cargo de elección popular por dicho instituto político.

Dijo que el tema de la minería rebasa el aspecto electoral, por lo que todos aquellos candidatos deben manifestarse en contra de los proyectos que la promuevan.

“Tajantemente rechazo todos aquellos proyectos que contaminen los recursos naturales de este municipio de La Paz”, refirió.

Asimismo, dijo que se oponen a dichos planes debido a que impactan en la naturaleza de manera negativa y los efectos de éstos son a corto, mediano y largo plazo, los cuales terminan también afectando la salud de la población.

El aspirante a la candidatura por la presidencia municipal de La Paz para el periodo 2018-2021, dijo que el próximo alcalde, sea del partido que sea, deberá tener un programa de desarrollo en el cual incluya alternativas distintas para impulsar el desarrollo del municipio, sin tomar en cuenta los proyectos mineros.

Se le cuestionó sobre la versión de que a su competidor de contienda interna, Rubén Muñoz Álvarez, se le vincula a favor de estos proyectos, a lo que respondió: “Yo opino de lo que yo sé sobre este tema, mas no puedo saber quiénes están representado estos intereses en el municipio de La Paz”.

Fuente:https://www.elsudcaliforniano.com.mx/bcs/morena-ira-en-contra-de-la-mineria-toxica

A pesar de que las empresas mineras provocan diversos daños sociales, medioambientales y de salud, en México tienen la puerta abierta para operar con total impunidad, ya que tanto el Gobierno federal como los locales favorecen los intereses de las compañías y no los de la población, denunciaron especialistas en materia.

La semana pasada, Primero Empresa Minera SA de CV, perteneciente al grupo canadiense Primero Mining Corporation, vertió 200 litros de solución cianurada al río Piaxtla, ubicado en el municipio de San Dimas, Durango, localidad donde se extrae oro y plata.

A través de un comunicado de prensa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que el derrame se dio a causa «de un descuido en el cierre de la válvula de una pipa que transportaba remanente de solución cianurada, la cual se quedó sin combustible en un terreno con pendiente, ocasionando que drenara la solución hacia el río Piaxtla».

Ante este panorama, el doctor Rodolfo García Zamora, académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), y Gustavo Lozano, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), alertaron que la impunidad juega un papel importante en el tema de los desastres ambientales que provocan las mineras en el país, ya que, las empresas -la mayoría de procedencia extranjera-, al no hacerse acreedoras a sanciones justas, continúan con la destrucción.

«El derrame de Durango ratifica la impunidad con la que se opera y se desarrolla la megaminería en nuestro país con el supuesto falso de que las inversiones del sector serían la clave para el desarrollo regional, de los estados y para el crecimiento económico», dijo el investigador García Zamora. El especialista agregó que «(la minería) viene a institucionalizar la impunidad en los territorios, los recursos naturales y las comunidades, que están totalmente subordinadas al interés de las grandes corporaciones».

«Esta gente que provoca desastres ambientales en México lo hace porque difícilmente será sancionada y, en caso de que sea sancionada, el castigo o la pena puede ser pagada fácilmente, por lo que esas grandes corporaciones pueden seguir operando; es decir, no hay incentivos por parte de las autoridades federales y locales en la aplicación de la Ley para que las empresas dejen de actuar abusiva y descuidadamente», añadió el académico de la UAZ.

Al respecto, Gustavo Lozano urgió a la Profepa a investigar exhaustivamente de qué manera ocurrió el derrame y en caso de ser necesario sancione a la empresa.

«Lo que sigue es que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente indague sobre el nivel de daño que ha ocurrido, establezca responsabilidades y sancione conforme a la Ley. Además, debe haber una sanción de remediación para limpiar la tierra y el agua de contaminantes», exigió.

El investigador García Zamora destacó que a pesar de que la Profepa y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desarrollan estudios diagnósticos «son incapaces de realizar cualquier sanción a estas grandes corporaciones. Las empresas tienen todo el respaldo de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la Secretaría de Gobernación (Segob) y hasta del Ejército».

«(La Semarnat y la Profepa) son dependencias cosméticas que no van más allá de los diagnósticos. Están dirigidas, como en el caso de la Semarnat, por funcionarios corruptos que se van a pasear», dijo en referencia al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pachiano Alamán, quien -de acuerdo con una investigación del diario Reforma- aprovechó el puente del fin de semana pasado para viajar a Aspen, Colorado, en un avión privado: un Learjet 40, matrícula XA-USP.

Cianuro, veneno poderoso

La megaminería, comentó el doctor García Zamora, genera desastres ambientales y sociales permanentes en donde opere.

«Lo que llama la atención es la ausencia total de las dependencias federales y estatales frente a este tipo de enormes ecocidios que no solamente afectan de inmediato los mantos acuíferos y la tierra, sino que destruyen los ecosistemas y la estructura tradicional de vida de las comunidades», criticó.

Lozano, por su parte, aseguró que el cianuro es uno de los venenos más poderosos del mundo.

En el mismo sentido, en el documento «Cianuro. La Cara Tóxica del Oro», realizado por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal), se lee que la minería de oro es «la fuente de mayor contaminación de las aguas por cianuro».

El texto plantea que la exposición crónica al cianuro por periodos extensos en dosis pequeñas tiene «efectos considerables» en la salud, entre ellos se encuentran la pérdida de apetito, migrañas, nauseas, irritación de los ojos e incluso puede atacar las fibras musculares del corazón o afectar al funcionamiento de la tiroides. Sin embargo, la investigación indica que en dosis mayores, el cianuro llega a ser letal.

En los peces, el cianuro suele ser fatal en corto tiempo. De hecho, en el caso del río Piaxtla, en el municipio de San Dimas, Durango, la Profepa dio a conocer que «un número indeterminado de peces» murió a causa de la solución derramada el pasado 11 de marzo que, una vez que alcanzó la corriente del río, se desplazó aproximadamente 245 metros lineales, causando la muerte de peces, en su mayoría especies juveniles de uno a cinco centímetros de talla.

En el caso de la planta de Cianuro que -con el apoyo del gobernador de Durango, el panista José Rosas Aispuro, y la presidenta municipal de Gómez Palacio, Durango, la priista Leticia Herrera Ale- pretende construir la estadounidense Chemours Company, Gustavo Lozano, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), asegura que la compañía presentó una manifestación de impacto ambiental que contiene un montón de irregularidades, de falsedades y mentiras, lo que los obligó a interponer una demanda de nulidad ante la resolución de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, misma instancia que permitió la instalación esa empresa.

Entre las irregularidades, Lozano destaca que Chemours afirmó que el proyecto «no se ubicará en las cercanías de zonas habitacionales, comerciales y/o de servicios, dado que se encuentra a una distancia de 7 kilómetros localidad de Brittingham y a 8 kilómetros de la localidad de Martha, así como a 1.6 kilómetros del complejo minero Dinamita». Cuando la realidad es que el ejido El Siete, donde habitan unas mil personas -muchos de ellos pensionados y jubilados-, se encuentra a menos de un kilómetro.

Según Lozano, establecieron que en la zona no existe fauna y flora registrada en la Norma Oficial Mexicana 059, que tiene que ver con especies altamente protegidas, cuando, la realidad planteada por la REMA es que existen cactus propios de la región, aves y animales de suelo que están incluidas en la NOM y reconocidas en los ordenamientos territoriales.

Además, pobladores de El Siete y el integrante de REMA afirman que no sólo esta comunidad se podría ver afectada por la contaminación del cianuro, sino también otros poblados como Abisinia, La Aurora, Martha, Numancia, el Volado, Las Américas, entre otras.

El gobierno apoya a mineras

Tanto Lozano como el doctor García Zamora afirmaron y reprobaron que el gobierno mexicano favorezca el interés privado, sobre el bienestar de la sociedad, el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, especialmente el de las mineras provenientes de Canadá, dueñas del 75% del total de minas que hay en México.

«El gobierno es cómplice a nivel nacional del ecocidio, de la destrucción de los territorios, de la destrucción de las comunidades. Es una complicidad en la economía de la muerte. La minería destruye la estructura productiva, la tierra, el agua, la cohesión social y de alguna manera subordina totalmente los poderes judicial, legislativo y ejecutivo de acuerdo a sus intereses», apuntaló García Zamora.

Además, recordó que en el país la minería es considerada como una actividad preponderante, tal como lo establece el Artículo Sexto de la Ley Minera.

«Prácticamente se le invita a la inversión extranjera a destruir, extraer la riqueza sin que existan consecuencia y eso está muy cerca del tema de la corrupción, de la complicidad y de la destrucción del Estado mexicano en términos de un Estado que ha claudicado en defender los intereses de la mayoría de la población, para salvaguardar simplemente los intereses de la acumulación de capital por todos los medios», destacó.

Lozano recriminó que el gobierno de la República, por un lado conduzca la política en materia de minería, sepa de qué manera operan, conozca la problemática, los daños ambientales que genera, los problemas sociales que desencadenan «y aún así siga estimulando el negocio a través del otorgamiento de títulos de concesión minera».

Mineras extranjeras y destrucción

Son innumerables los casos en los que las mineras han arrasado con territorios, en los que han pisoteado los derechos humanos y en los que han afectado la salud y el medio ambiente.

En octubre de 2017, cuatro trabajadores de First Majestic murieron intoxicados con dióxido de carbono, según información que la minera entregó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

En Chicomuselo, Chiapas, Mariano Abarca Roblero se oponía a la empresa minera Blackfire Exploration. Fue asesinado el 27 de noviembre de 2009. Desde entonces, su hijo José Luis Abarca Montejo ha emprendido una búsqueda incansable para encontrar justicia que lo ha llevado hasta Canadá, luego de que en México los empleados de la minera detenidos por el homicidio fueran liberados.

Hace algunas semanas, José Luis detalló que -de la mano de organizaciones mexicanas y canadienses- entregó una denuncia administrativa ante el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá para exigir que se lleve a cabo una investigación sobre «las acciones y omisiones» de la Embajada canadiense en México en el crimen, ya que acusa que el asesinato se perpetró desde la compañía.

En Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, un proyecto de minería de oro y plata de la empresa Minera Gavilán, subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals, ha puesto en riesgo la salud de los pobladores, el medio ambiente e incluso el acceso al agua.

Por ese tema, en diciembre pasado, un grupo de pobladores, acompañados de activistas, visitó Canadá para instar al gobierno del país norteamericano y a los inversionistas a prevenir más violaciones de derechos humanos y daños ambientales asociados con dicho proyecto.

Fuente:http://www.economiahoy.mx/sinembargo/noticias/9021713/03/18/Mineras-extranjeras-operan-en-Mexico-con-impunidad-ante-desastres-ambientales-especialistas.html