Ramón Hernández Nevárez y Anselmo Hernández Andujo, padre e hijo respectivamente, eran productores de maíz, avena y frijol y además eran defensores del agua desde El Barzón Chihuahua. Hace dos semanas cayeron asesinados en ese estado.

Sus compañeros de lucha narran que ambos se concentraban en la protección de la Cuenca Hidrológica del Río del Carmen, situada en los municipios Namiquipa, Riva Palacio, Buenaventura y Ahumada al noroeste de la entidad chihuahuense. Además, Ramón denunció la presencia de grupos armados en el territorio. Habían sido amenazados.

En entrevista para SinEmbargo, Joaquín Solorio, integrante de El Barzón Chihuahua, recordó que padre e hijo “participaban en la exigencia de que se parara la sobreexplotación de la cuenca del río”.

En mayo pasado, comentó el barzonista Gabino Gómez, Ramón había denunciado la presencia de grupos armados en la región e incluso señaló a uno de sus hermanos como parte de ellos: José Ebert Hernández Nevárez, alias “El Viejón”. El señalamiento derivó en el aseguramiento de armas, una camioneta con reporte de robo y equipo táctico, además de la detención del hermano y tío de las víctimas, quien finalmente fue puesto en libertad.

Ante este panorama, Solorio destacó “la obligación del Gobierno de Javier Corral es agotar todas las líneas de investigación. Está el tema del agua, del familiar que pertenece al crimen organizado y de la defensa de las tierras”.

El 13 de junio, padre e hijo, originarios del Ejido San Gerónimo, fueron privados de la vida cuando transitaban en la carretera Santa Clara–Flores Magón, en el municipio de Namiquipa, en el estado ubicado al noroeste de la Repíublica Mexicana.

Un día después del doble asesinato, la Fiscalía General del Estado condenó el crimen y afirmó darle “seguimiento puntual a las indagatorias para esclarecer plenamente el móvil de la agresión, sin descartar ninguna línea de investigación”.

El 16 de junio, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad y la Agencia Estatal de Investigación detuvieron nuevamente a José Ebert, a quien la Fiscalía considera el presunto autor intelectual del doble homicidio, asimismo, fueron arrestados dos hombres más, identificados como Rafael O. S. alias “El Rafa” y Casildo C. H. alias “El Casildo”.

Los tres sujetos, comunicó la Fiscalía, “se ostentaron como integrantes del grupo delincuencial La Línea [el brazo armado del Cártel de Juárez]  y refirieron realizar operaciones ilícitas en la región”.

Pero, días después “El Viejón” fue liberado y pudo llevar en libertad su proceso debido a que le acusó únicamente por posesión de una camioneta robada.

“La Juez de Control, conocedora de la causa penal por posesión de vehículo robado, le impuso medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, no obstante que para esta representación social, existen elementos suficientes para presumir el grado de peligrosidad del imputado, razón por la que se recurrió a una segunda instancia”, reclamó la Fiscalía de Chihuahua.

Sin embargo, la Jueza Fabiola Domínguez, del Distrito Judicial Benito Juárez, dijo esta semana a la prensa local que el detenido fue presentado no por el delito de homicidio, sino solo por robo de auto. Pero el fiscal General del Estado, César Augusto Peniche Espejel, aseguró que el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva por posesión de armas de fuego y los antecedentes de “El Viejón”, pero que les fue negada.

El Gobernador Corral fue más allá: declaró que incluso a la impartidora de justicia “se le pusieron de conocimiento las amenazas que había sufrido don Ramón Hernández de parte de su propia familia, de su hermano y sobrinos, de un largo problema”. Y agregó que “por supuesto que hay muchas amenazas contra los jueces, y estamos analizando el caso de la Jueza”.

OSC EXIGEN JUSTICIA

Un centenar de organizaciones de la sociedad civil (OSC) lamentaron el hecho y urgieron a las autoridades a detener “la ola de violencia” en contra de defensores ambientales en la zona y a emprender las investigaciones pertinentes a fin de castigar a quienes resulten responsables.

Las demandas de las asociaciones hicieron “un enérgico llamado” a Javier Corral; César Jáuregui Robles, Secretario General de Gobierno del Estado; Irma Villanueva Nájera, Coordinadora Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Fiscalía General en el Estado; Rafael Adrián Avante Juárez, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob); y Patricia Colchero Aragonés, Unidad para la Defensa de Derechos Humanos y Periodistas, a que en el ámbito de sus competencias:

“Inicien las investigaciones correspondientes para castigar a los culpables de este terrible crimen, así como garantizar la vida e integridad física de todos los miembros de El Barzón quienes están siendo objeto de amenazas de muerte, reforzando las medidas de seguridad de sus integrantes”.

María Colín, campañista legal de Greenpeace México, informó que el 18 de junio pasado enviaron una carta a las autoridades, con la exigencia de justicia; no obstante, al cierre de esta edición no habían recibido respuesta alguna.

Hace algunos meses, el Centro Mexicano de Derecho (Cemda) dio a conocer que de julio de 2016 a diciembre de 2017, hubo 88 ataques en contra de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México. Además, durante dicho periodo se dio un incremento en el número de homicidios que hasta entonces llegó a 29.

La abogada ambientalista recriminó que “a todas luces esto es un ejemplo de lo que ocurre a todo lo largo y ancho del país. Esto demuestra que México es un país sumamente peligroso para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, en particular en el tema de la defensa del medio ambiente”.

No es la primera vez que El Barzón Chihuahua es blanco de intimidaciones y agresiones: apenas el mes pasado, Martín Solís Bustamante y Eraclio Rodríguez, integrantes de esa organización, fueron amenazados de muerte por luchar en contra de la construcción y operación ilegal de pozos de agua en la cuenca del Río del Carmen.

Antes, el 22 de octubre de 2012, el dirigente barzonista Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela Solís Contreras fueron asesinados. Hasta el momento no ha existido justicia por dichos crímenes y la Fiscalía se ha negado a mostrar el expediente a los familiares, quienes buscan saber en qué etapa va el proceso, acusó Joaquín Solorio hermano de Ismael y cuñado de Manuelita.

Ismael defendía el agua de Buenaventura y se oponían a la instalación de la minera El Cascabel, filial de la canadiense Mag Silver en el ejido Benito- Juárez.

Fuente:http://www.sinembargo.mx/23-06-2018/3431170

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac) dieron a conocer que, por falta de padrón, no fue desarrollada la Asamblea General de Ejidatarios en San José de Buenavista que buscaba poner a consideración, por medio de una votación la autorización para que la empresa minera First Majestic Silver Corp S.A. de C.V. realice actividades mineras de exploración en los terrenos de uso común del ejido, además de realizar las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Refirieron que First Majestic pretende expandir la exploración hacia los lotes Navidad del 1 al 9, proyectando ocupar de inicio sólo 18.8 hectáreas. Y advirtieron haber detectado que, “según el Sistema de Investigación y Administración Minera (SIAM), hay 10 nuevas solicitudes que acumulan una extensión de 319.56” hectáreas, “lo que indica la amplitud del emprendimiento y que no se sujetarán sólo a la exploración, sino a la explotación y/o beneficio”.

 Ante la firma de 10 decretos que modifican el estatus de veda que existía para 295 cuencas hidrológicas de las 757 que se tienen en el país, donde de acuerdo a la información existente al respecto, en este 40 por ciento de las cuencas escurre el 55% de las aguas superficiales del país, lo que posibilita la emisión de concesiones a la Comisión Nacional del Agua y a los gobiernos estatales para el uso del líquido para sectores como la minería, cerveceras, petroleras y embotelladoras, así como algunos más.

Ante esto el investigador catedrático de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Miguel Garza, precisó que esto ocasionaría problemas serios a mediano plazo dado que se comprometería este recurso natural no renovable y que es patrimonio del país, ya que al abrirlo a estas posibilidades se estaría poniendo en riesgo el surtimiento para las comunidades cercanas y tendría efectos adversos para la biodiversidad de estas regiones, para la flora y fauna, “ante esto quienes estudiamos todas estas variables alertamos de que México está en graves problemas por este acto del Poder Ejecutivo Federal que utilizó la figura del Decreto Presidencial para hacerlo sin pasar por el Congreso de la Unión”.

En este sentido, alertó que el criterio que se utilizó para la emisión de estos decretos fue el volverlos zonas protegidas, algo que destaca no era necesario, ya que con la veda solo se posibilitaba su uso para derechos agrarios de pueblos originarios, no extensivo para agricultura o ganadería a gran escala, “esto solo abre paso a que la Conagua y los gobernadores puedan emitir concesiones a las grandes empresa nacionales y trasnacionales para la explotación de estas zonas antaño protegidas con la finalidad de su conservación”.

Como especialistas en temas de biodiversidad y conservación, aseguró que las acciones productivas a las que se abre estas regiones acuíferas pueden ir desde la minería y su utilización para el fracking, que es la liberación del gas natural atrapado en las capas del subsuelo, las cuales utilizan grandes cantidades del líquido en sus procesos dejándola sin uso para el ser humano, así como su embotellamiento para venta, en las cerveceras para la fabricación de bebidas con contenido alcohólico y a las empresas petroleras que necesitan del agua para poder perforar.

Las afectaciones citó, irían de un rápido consumo de los caudales de los ríos, lagunas y humedales, ya que el ritmo de uso sería más acelerado que su recarga por las precipitaciones pluviales, a un desgaste moderado, pero con ello se ponen en claro riesgo un importante porcentaje del agua superficial de la República Mexicana, “de acuerdo a las estimaciones se habla de un 55 por ciento del total, que estas 295 cuencas representan algunos de los cuerpos de agua más grandes del país”.

A la vez, alertó sobre la necesidad de que se reconsidere por parte de los organismos de la sociedad civil y de las instituciones esta determinación y de ser necesario se interpongan herramientas legales para imposibilitarlas, “México tienen un fuerte desgaste en materia de recursos naturales no renovables, y con esto se abre la puerta a que las afectaciones sean aún mayores”.

Fuente:https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/mexico-en-graves-problemas-por-levantar-veda-a-cuencas

Empresa canadiense busca firmar contrato de ocupación temporal de predios de uso común

■ Compañía extractiva pretende que el Comité de Vigilancia del Ejido San José de Buenavista y no el Comisariado Ejidal el que convocante a una reunión

■ También Grupo México busca concretar un acuerdo sobre 37.7 hectáreas para establecer el denominado proyecto Chalchihuites 42

El Comité de Vigilancia del Ejido San José Buenavista, territorio que se ubica a unos 6 kilómetros de la cabecera municipal de Chalchihuites, citó ayer a las 6 de la tarde a asamblea, en la que se trataría el tema de la firma de un contrato de ocupación temporal de las tierras de uso común en favor de la minera canadiense First Majestic, misma que finalmente no se concretó luego de que no se alcanzó el quorum legal.

Este asunto ha dividido ya a los pobladores de la comunidad mencionada. Incluso, el que haya sido el Comité de Vigilancia del Ejido y no el Comisariado Ejidal el que convocante a la reunión, exhibió la citada división, pues tanto el secretario como la tesorera del mismo se han opuesto a firmar los documentos luego de que han denunciado la injerencia de la empresa extractiva en presionar para que se hagan convocatorias usurpando las funciones de las autoridades ejidales.

La división entre los integrantes de la comunidad se expresa entre los propios ejidatarios, pero también entre éstos, pequeños propietarios y avecindados, últimos que conforman la mayoría de la población, e incluso mencionó Martha Castro, tesorera del Ejido San José Buenavista, la oposición al proyecto de First Majestic se centra en la población femenina.
“Tenemos un problema grande aquí ya porque la mayoría de las señoras tienen sus hijos chiquitos y no están de acuerdo. La mayoría de los que están de acuerdo son hombres, entonces las mujeres estamos en contra”.

Son mujeres cuyos esposos también ejidatarios, se encuentran en los Estados Unidos, por lo que ellas tendrán que enfrentar el conflicto con quienes sí están de acuerdo en la enajenación del territorio, explicó.

Mencionó que el lugar que interesa a First Majestic, denominado Cerro Colorado, se encuentra a escasos 2 kilómetros de la zona poblada y que los habitantes sostienen su vida en la agricultura y ganadería, razones por las que se oponen a las intenciones de la empresa canadiense.
“Entonces decimos, si rentan nuestras tierras ya no vamos a tener ganado, ya no vamos a sembrar nuestro maíz nuestro frijol, porque está muy cerquita el cerro que quieren explotar, de las viviendas”.

El ofrecimiento de First Majestic para los 56 ejidatarios, es entregar a cada uno 20 mil pesos al año por un tiempo indeterminado, presuntamente, para hacer trabajos de exploración en 19 hectáreas, pero la experiencia de las comunidades es que una vez que entran las empresas extractivas a sus territorios es ya imposible detener el avance de sus proyectos.

En este sentido, Efraín Arteaga Domínguez, líder en el estado de la Unión de Trabajadores Agrícolas (UNTA), organización que ya hace acompañamiento tanto de los habitantes de La Colorada como de la cabecera municipal de Chalchihuites en sus conflictos con las empresas mineras en esa demarcación, había mencionado que producto del conflicto que ya se expresa entre quienes quieren acordar con la minera y los que no en San José Buenavista, “podría haber incidentes de violencia”.
Informó que asimismo que ayer a las 14:30 horas, se celebró una reunión en que integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) se reunirán con habitantes del lugar.

En San José Buenavista, también ha comentado a este medio Grecia Eugenia Rodríguez, quien encabeza el Observatorio de Conflictos Mineros en Zacatecas, son dos las empresas mineras quienes se disputan el territorio, la ya citada First Majestic, que busca concretar un acuerdo sobre 18.8 hectáreas para desarrollar su proyecto Navidad, y Grupo México, quien tiene interés en 37.7 hectáreas para establecer el denominado Chalchihuites 42.

Dentro de las tierras ejidales también se encuentra una zona arqueológica, El Cerro Pedregoso, dijo, que corresponde a la cultura Chachihuites, mismo que es también motivo de preocupación por su cercanía con los intereses de las empresas extractivas.
Al respecto de esto último, el delegado en la entidad del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Carlos Augusto Torres Pérez, precisó que la instancia normativa no ha sido enterada del proyecto que busca establecer First Majestic en el Ejido San José Buenavista, por lo cual se le ha hecho llegar un oficio solicitándole tal información, mismo que está en espera de respuesta.

Sostuvo no obstante, que es condicionante para que se realicen trabajos de empresas sobre territorio nacional, aun de exploración, sean eólicas o mineras, la autorización del INAH en estos casos, y aseveró que la institución está al pendiente de lo que ocurre en el municipio Chalchihuites, toda vez tiene allí arqueólogos de planta amén de encontrarse uno de los dos sitios arqueológicos más importantes en la entidad, Altavista.

Cabe mencionar que en días pasados Zacatecas recibió por primera vez en su historia, la visita de personal de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, quienes acudieron para hablar con los pobladores de la comunidad La Colorada sobre la violación de sus derechos humanos por parte de la empresa Pan American Silver, quien incluso, derribó sus casas con pertenencias y gente dentro.

El asunto ha quedado ya registrado por organizaciones civiles defensoras de derechos humanos, como un caso de desplazamiento forzado, que tuvo como agente a la empresa minera.

En el caso de la cabecera municipal de Chalchihuites, los habitantes han denunciado desde principios de este 2018, la afectación a sus viviendas provocada por las actividades de la First Majestic, en un asunto que no ha tenido aún la atención del Gobierno del Estado, pues hasta el momento no ha enviado personal de su Dirección de Protección Civil a inspeccionar de manera puntual y pormenorizada los daños a las casas generados por estruendos y sacudimientos de tierra, que asocian los pobladores con detonaciones.

Fuente:http://ljz.mx/2018/06/22/acusan-a-minera-first-majestic-de-dividir-a-campesinos-para-ocupar-tierras-ejidales/

Cabildo de municipio de Alto Lucero, Veracruz, acuerda rechazo a cualquier explotación de minería y de lucro de agua en su territorio.

El cabildo del municipio de Alto Lucero, en Veracruz, lugar donde se asienta la nucleoeléctrica Laguna Verde, rechazó de manera formal la instalación de minería en su territorio así como cualquier proyecto que pretenda lucrar con el agua.

En sesión de este martes, a donde acudieron comunidades de Alto Lucero y Actopan, el cabildo encabezado por el alcalde de Javier Castillo Viveros, también acordó no otorgar permisos para el aprovechamiento o explotación de agua a ninguna empresa privada o individuo que busque obtener un lucro con la misma.

En Alto Lucero, minera Caballo Blanco S.A de C.V, filial de la canadiense Candelaria Mining tiene 11 concesiones de explotación de oro, cobro y cobre en 19 mil hectáreas por 50 años cada una.

Aunque a la fecha no hay ninguna solicitud formal de permiso de parte de las mineras, desde el 2012 empresas canadienses buscan abrir una mina de oro a cielo abierto en el Cerro de La Paila.

Apenas el año pasado, la minera Caballo Blanco ingresó un documento técnico unificado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para requerir permisos de uso de suelo y de impacto ambiental para el proyecto “La Paila”.

El proyecto minero ha sido rechazado por la comunidad académica, y la sociedad civil, pues se ubica a sólo tres kilómetros de la Central Núcleo Eléctrica Laguna Verde, lo que representa un riesgo ante el uso de explosivos y cianuro que utilizará la mina; tal como lo informó Melesio Castillo, en el medio local El Dictamen.

Además su instalación significa la deforestación de más de 300 hectáreas de silva baja caducifolía y otras especies forestales importantes en la región.

Después de varios meses de oposición por parte de activistas y sociedad civil unida en La Asamblea de Iniciativas y Defensa Ambiental y la Unión Veracruzana de Pueblos Libres de Minería, además de las comunidades se logró este acuerdo que representan un obstáculo para la instalación de mineras en la región.

Fuente:https://regeneracion.mx/mpio-alto-lucero-libre-de-mineria-y-lucro-de-agua/

Autoridades agrarias de comunidades en las que se ha repudiado la instalación de empresas mineras tanto en la región de La Montaña como en la Costa Chica, llamaron a los candidatos a puestos de elección popular a manifestar una postura en contra de seguir entregando el territorio a las empresas y sumarse a la defensa del territorio.

En un comunicado que se fechó en la comunidad de Paraje Montero, municipio de Malinaltepec, los comisariados que integran el “Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de la región Montaña y Costa Chica en contra de la Minería y de la Reserva de la Biosfera”, se establece que en la coyuntura electoral, se tiene que hacer los compromisos de quienes aspiran a ser representantes populares para que se comprometan con la defensa del territorio.

“Hacemos una atenta invitación a toda la población para que en los procesos de diálogo que establezcan con los diferentes candidatos a los Ayuntamientos, Diputaciones locales y federales, Senadurías, exijan y exhorten a éstos asuman el compromiso, en caso de ser electos, de mantener y respetar el proceso de defensa del territorio”.

Las autoridades argumentan que la minería extermina los recursos naturales, genera destrucción del tejido social, desaparece la herencia cultural, atrae delincuencia y no genera ningún beneficio para los pueblos, por ello sus territorios se han declarado libes de minería a pesar de que existen concesiones otorgadas por el Gobierno federal que no se pueden utilizar por la oposición de los dueños de la tierra, que son los pueblos.

En sus propuestas se exige que quienes sean electos presidentes municipales firmen un compromiso en el que no se entregará ninguna aprobación de cambio de uso de suelo para la exploración o explotación de minerales y buscar que esta postura se publique en el Diario Oficial del Gobierno estatal.

Fuente:https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/estado/llaman-a-candidatos-a-manifestar-una-postura-en-contra-de-territorio-a-empresas-mineras-1775425.html

Caballo Blanco cuenta con 11 concesiones en la zona para la explotación de oro y cobre.

 Con un acta de cabildo el Ayuntamiento de Alto Lucero se declaró libre de minería tóxica, exploración metálica o tóxica y de concesión de uso, aprovechamiento o explotación de agua.

Tras una reunión entre activistas, pobladores del municipio y de Actopan y ediles del Ayuntamiento, el presidente municipal Javier Castillo Viveros realizó la entrega del acta con la que declara al municipio libre de minería tóxica.

«Se declara al municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, libre de proyectos de exploración y explotación de minería metálica o tóxica, y de concesión de uso, aprovechamiento o explotación del agua a ninguna empresa privada o individuo que busque obtener lucro con la misma», indica el documento.

Es importante mencionar que en Alto Lucero la empresa Caballo Blanco, SA de CV, filial de Candelaria Mining Group, tiene 11 concesiones para la explotación de oro y cobre en 19 mil hectáreas por 50 años cada una.

En el documento firmado por el alcalde, los dos regidores, la síndica única y el secretario del Ayuntamiento, se da cuenta de la existencia de ocho títulos de concesión minera, expedidos por la Secretaría de Economía en los límites territoriales deAlto Lucero; sin embargo, existen otras concesiones mineras que a pesar de estar registradas en el municipio vecino de Actopan su superficie involucra a dicho municipio.

«Es facultad de la Federación regular los derechos sobre los minerales metálicos. Sin embargo, es facultad del municipio el respeto, vigilancia y el cumplimiento de los derechos humanos», puntualiza el mismo.

Ante ello, el edil aseguró que no permitirá la instalación de las empresas mineras en su municipio, toda vez que la población se ha manifestado en contra de dichos proyectos.

Dio a conocer que ha tenido acercamiento en dos ocasiones con representantes de la empresa Candelaria Mining Group, responsable del proyecto La Paila, quienes le manifestaron su interés de informar a la ciudadanía sobre el mismo.

«Ellos quieren dar a conocer a la población su proyecto, están en su derecho, lo que yo les he dicho es que nosotros no vamos a permitir la instalación de mineras porque el pueblo no quiere y nosotros nos debemos al pueblo», dijo.

Aseguró que la empresa no le ha hecho ofrecimiento alguno y en caso de que lo hicieran de inmediato será rechazado.

«Dijeron que estaban ofreciendo veinte millones, lo que yo sé es que la empresa decía que esos veinte millones se iban a pagar en impuestos, no hay nada concreto y si hubiera un ofrecimiento de dinero, se debe tener la confianza de que lo rechazaremos», expuso.

Fuente:https://www.diariodexalapa.com.mx/local/con-acta-de-cabildo-alto-lucero-dice-no-a-la-mineria-toxica-y-explotacion-de-agua-1776425.html

(Baja California)- Con responsabilidad y con respeto al medio ambiente, reitero mi no categórico a la minería tóxica, por nuestros hijos y por el futuro de nuestras familias, afirmó el candidato del PAN, PRD, PRS y Humanista a la presidencia Municipal de La Paz, Marco Puppo.

En reunión con vecinos de la colonia El Esterito, donde recibió un sin número de muestras de apoyo, el candidato Marco Puppo les dijo que es el único aspirante a la presidencia municipal de La Paz que ha firmado ante notario un no, a la minería tóxica, ya que recordó como en el debate del IEEBCS desenmascaró a Rubén Muñoz, al mostrar el acta donde señala claramente que es el socio principal y presidente de una empresa minera llamada Hacienda del Oro.

“Hay que ser congruentes en los hechos, en el decir, con el actuar, somos un proyecto que se rige por buscar el bienestar de las familias paceñas, el agua vale más que el oro. No podemos envenenar las aguas de las futuras generaciones, por eso estamos seguros que con el apoyo de todos este primero de julio le diremos no a los candidatos pro-mineros, y diremos sí a la vida”, aseguró.

Marco Puppo dijo que votar por los candidatos del PAN, PRD, PRS y Humanista es votar en contra de la minería tóxica, votar por Morena es votar por que nos vengan a envenenar la sierra de la laguna.

Finalmente dijo que así como él presentó esta acta constitutiva de la empresa Hacienda del Oro, en donde se demuestra la participación directa en la actividad minera del candidato Rubén Muñoz, compruebe la serie de difamaciones que ha hecho, en su desesperación y lanza como cortina de humo, ante esta evidencia irrefutable de sus actividades que buscan envenenar las aguas de los paceños.