El Barzón Chihuahua denuncia la muerte de sus dirigentes que defendían los acuíferos contra la explotación minera
CIUDAD DE MÉXICO, México, oct. 24, 2012.- Ismael Solorio Urrutia y su esposa, Manuelita Solís Contreras, dirigentes de El Barzón Chihuahua, fueron asesinados en el municipio de Namiquipa, Chihuahua. Ambos eran defensores del agua de la zona del semidesierto en la entidad así como de la conservación de los acuíferos contra la explotación irracional de las plantaciones comerciales.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió la alerta temprana número 02/2012 con la finalidad de que diversas autoridades estatales y municipales emprendan acciones para evitar probables violaciones a Derechos Humanos por el caso del conflicto que actualmente se vive entre habitantes del pueblo de San José del Progreso y la minera Cuzcatlán que opera en ese municipio perteneciente al distrito de Ocotlán.
A punta de escudos y toletes un grupo antimotines de la Policía Estatal y Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), bajo las órdenes de Juan Martínez Cruz Rocha, inspector de la Dirección de Seguridad Regional, protegió a los trabajadores de la empresa minera e impidió que los manifestantes de San José del Progreso y Magdalena suspendieran los trabajos que se estaban realizando en inmediaciones del municipio de Magdalena Ocotlán.
En misiva enviada al titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT, Alfonso Flores Ramírez, el Gobierno del Estado estableció que no considera ambientalmente viable la autorización del proyecto minero presentado por la empresa Desarrollo ZAPAL, señaló el secretario de Promoción y Desarrollo Económico, Joel Ávila Aguilar, quien estableció que esta decisión deriva de una revisión exhaustiva del proyecto minero Los Cardones, con pretendida ubicación en la Biósfera de la Reserva de la Sierra de la Laguna, al sur del municipio de La Paz.
El secretario Ávila Aguilar remitió al funcionario de la SEMARNAT el oficio SPyDE/CGDS/412/2012, en donde se detallan observaciones como la falta de vinculación del proyecto minero con el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, además de inconsistencias y omisiones en aspectos como turismo, agua, agricultura orgánica, población e impacto ambiental, las cuales a consideración de la autoridad estatal, representan severos riegos para el equilibrio ecológico de la zona sur de nuestro estado y la preservación de nuestro patrimonio natural.
A tres años del asesinato de Mariano Abarca
Intercambio de experiencias e información sobre la resistencia contra el modelo extractivo minero de una veintena de municipios de Chiapas; intercambio de experencias con los estados del Sur Sureste de México, así como de Guatemala y Canadá; talleres sobre la defensa de la tierra y el territorio, derechos humanos, megaproyectos, capitalismo, qué es la minería y sus impactos, etc.
Fecha: 26, 27 y 28 de Noviembrer de 2012
Lugar: Frontera Comalapa, Chiapas, México
Humberto Moreira se lanzó al ruedo y denunció: “desde hace unos meses, un año y meses, es un secreto a voces en la región carbonífera del estado, los narcotraficantes empezaron a cambiar su giro y en lugar de secuestro, levantones o cuotas a los giros negros, les dio por extraer carbón… Empresarios de la región carbonífera de Coahuila están coludidos con los narcotraficantes, hecho que los convierte en cómplices de la guerra por la que han muerto violentamente miles de personas en el país… esos empresarios (cerdos, coyotes, les llama) ayudan a integrantes del crimen organizado comprándoles carbón, y con el dinero de estas transacciones adquieren armas; con una de esas armas mataron a mi hijo”.
Grupos ambientalistas de mayor influencia en la entidad sudcaliforniana, como son Sociedad de Historia Natural Niparajá, Agua vale más de oro, Medio Ambiente y Sociedad (MAS) y Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), exigieron al Presidente de México, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, al Gobernador del Estado, Marcos Covarrubias Villaseñor y a la Alcaldesa del XIV Ayuntamiento de La Paz, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, que manifiesten públicamente su rechazo al megaproyecto minero “Los Cardones”, promovido por la empresa Desarrolladores Zapal del Grupo Invecture.
Como si no hubiera sido bastante y excesivo con el aluvión de recortes a los derechos laborales aprobados por las cámaras de Diputados y Senadores durante el proceso de reformas a la Ley Federal del Trabajo, los propietarios de los grandes consorcios mineros del país lograron que se retirara de los dictámenes correspondientes partes de un artículo (el 343) originalmente incluidas en la propuesta del Ejecutivo y aprobadas por la Comisión de Trabajo y Previsión Social de San Lázaro, que estipulaba la aplicación de disposiciones de seguridad en todas las minas de la República, y prohibía el trabajo en tiros verticales de carbón a profundidades menores de 100 metros.
La fuerza de las corporaciones mineras en el país es tal que lograron presionar para que se eliminaran de la reforma laboral ordenamientos que beneficiaban a quienes trabajan en minas, especialmente de carbón y establecían sanciones mínimas para las empresas que incumplen con las medidas de higiene y seguridad.
De la minuta de esa reforma laboral, que se discutió ya en ambas cámaras y está de regreso en San Lázaro, se borró «misteriosamente» parte de un artículo en su paso al Senado, donde PRI y PAN votaron en contra de que se reintegrara lo perdido y se establecieran otros ordenamientos para proteger al gremio minero.
Una gran indignación esta causando en la sociedad chihuahuense el doble asesinato perpetrado hoy lunes a las 2:30 de la tarde en contra del dirigente de El Barzón en esta entidad, Ismael Solorio Urrutia, y de su esposa Manuela Martha Solís Contreras. Fueron acribillados mientras circulaban en la camioneta de Ismael en el kilometro 26.5 de la carretera Ciudad Cuauhtemoc-Colonia Obregón. Ante este crimen de Estado, las y los activistas sociales de Chihuahua van a plantarse en el Palacio de Gobierno por un tiempo indefinido hasta que no se entrevisten con el Gobernador César Duarte y se les haga justicia.