Esbozados, piden un encuentro con el gobernador Graco Ramírez para conocer su postura sobre las concesiones otorgadas a la empresa Esperanza Silver
Acusan que la minera pretende realizar sus trabajos en una zona cercana la población, lo que repercutirá en el abastecimiento de agua.
Activistas sociales que rechazan el plan de exploración y explotación de una mina de oro en predios adyacentes a la zona arqueológica de Xochicalco, se esbozaron para exigir un encuentro con el gobernador Graco Ramírez y conocer su postura respecto al estado que guardan las concesiones otorgadas a la empresa minera Esperanza Silver.
Aunque la Constitución de México dicta lo contrario, la actividad minera sólo beneficia al sector privado, mientras afecta el derecho al agua, a la alimentación y al desarrollo integral y sustentable del país.
Los más de 500 asistentes de 65 municipios de la Sierra Norte, representantes de movimientos en sus comunidades contra los “proyectos de muerte”, que se reunieron en el auditorio municipal de Tetela de Ocampo, enmudecieron cuando escucharon un dato que les pareció devastador: “Se necesitan demoler 18 toneladas de roca, millones de litros de agua y tóxicos para producir el oro necesario para un anillo”, manifestó Germán Romero, de presidente de la asociación Tetela hacia el Futuro.
El magistrado Serafín Salazar Jiménez, del segundo tribunal colegiado de circuito de Zacatecas, emitió una sentencia en la que resuelve que la empresa Peñasquito, propiedad del consorcio minero canadiense Goldcorp, tiene que devolver de manera inmediata cerca de 600 hectáreas, que ocupaba de manera ilegal, a ejidatarios de Cerro Gordo, en esa entidad.
En la sentencia se le ordena, además, pagarles indemnización, aunque la empresa trató de obtener un amparo directo en contra del fallo emitido por el tribunal agrario el 17 de enero