La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), indicó que México es uno de los cuatro países de la región que acumulan más conflictos socioambientales provocados por empresas mineras: contaminación, restricción o escasez de agua, falta de consulta previa a las comunidades, disputas territoriales, desplazamiento de pueblos originarios, cambios de uso de suelo, e incumplimiento de políticas de responsabilidad social corporativa, son algunos ejemplos.
Según el organismo, los proyectos de todas las empresas mineras en México representan 13 por ciento de la producción nacional de oro. El pasado domingo, por la madrugada en el municipio El Oro, Durango, ocurrió una emergencia ambiental en una mina, ya que la presa de jales de la empresa Proyecto Magistral derramó alrededor de 2 mil metros cúbicos de agua con cianuro al arroyo La Cruz.
En sus dos comunicados públicos, incluyendo el último del 21 de agosto, Grupo México, dueño de la explotación minera Buenavista del Cobre, vecina de la histórica ciudad de Cananea, insiste en faltar a la verdad y culpar a “lluvias por arriba de la media” por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre a las aguas del río Bacanuchi, tributario del río Sonora. Grupo México se ufana de haber llegado a Sonora hace 23 años, lapso de tiempo suficiente para saber que las lluvias en el semidesierto, escasas y mezquinas en sus promedios anuales, pueden ser monzónicas y torrenciales en sus eventos individuales.
Un grupo de aficionados al kayak, se reunieron la tarde del sábado frente al malecón costero de La Paz, para realizar con sus botes, un mensaje contra la minería Los Cardones, que tiene planeado desarrollarse en las faldas de la Sierra La Laguna. «No a la mina», fue el mensaje que se formó con 37 kayaks en las playas del malecón paceño.
Después de que en enero del 2011 se realizara en la playa El Tule, en Los Cabos, el SOS con personas más grande del mundo, en contra de la minería tóxica; esta vez buscan hacerlo de nuevo, pero buscan superar los 9,000, que reunieron hace tres años.
Del 29 al 31 de agosto, gran canti- dad de organizaciones de dere- chos humanos y pertenecientes al Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) fueron citados en un lugar emblemático de estas luchas: Olintla, enclavado en la sierra to- tonaca de Puebla, donde los pobladores echaron fuera a Grupo México, empresa que planea construir ahí una presa hidro- eléctrica para entrarle al negocio de la generación de energía eléctrica y abastecer de agua a sus proyectos mineros. Acuden organizaciones de varios esta- dos y países como Guatemala, Colombia, Brasil y Chile, así como esta Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH Huasteca- Totonacapan), a fin de consolidar la defensa de los ríos y los territorios en América Latina ante el embate de las empresas mineras, especialmente canadienses, y Grupo México –que pertene- ce a uno de los más ricos de México: Germán Larrea.
Un tren de carga con 240 toneladas de ácido sulfúrico, propiedad de la minera Grupo México que recién contaminó el río Sonora, descarriló en el municipio fronterizo de Nogales, Sonora , cerca de la frontera con Estados Unidos, pero sin causar derrames de químicos, informaron la noche del lunes autoridades de Protección Civil.
Hace poco más de un año, en el desierto de Coahuila, 14 viejitos miserables decidieron cerrar un camino de tierra que la minera canadiense First Magestic usa y que está sobre la propiedad que heredaron de sus padres.
El largo historial de muerte del Grupo México empezó en 1908, cuando en la mina 3 Rosita, ubicada en la región carbonífera de Coahuila, murieron 200 mineros por una explosión de gas; mientras el rastro de la degradación ambiental dio inicio hace 60 años en la misma región, al abandonar los hornos de Cloete utilizados para coquizar el carbón.
Los diversos rubros que integran a la sociedad organizada del municipio sostuvieron una reunión para unir esfuerzos en contra de los proyectos mineros que pretenden llegar a Baja California Sur. Estuvieron presentes las cámaras empresariales que integran al Coordinador Empresarial, colegios de ingenieros y arquitectos, asociaciones no gubernamentales como SOS y Añuití, integrantes del Ejido de Cabo San Lucas, productores orgánicos, transportistas y médicos. El principal acuerdo al que se llegó fue la conformación de una comisión jurídica, integrada por reconocidos abogados quienes iniciarán sus labores este viernes 22 de agosto. Enfatizaron que estos proyectos mineros ponen en peligro los recursos naturales y la salud de los habitantes del estado, así como la vocación turística del municipio, industria que genera más empleos que la minería.
Durante la gira del trabajo del gobernador del estado, Marcos Covarrubias Villaseñor, se manifiestan habitantes del Pueblo Mágico de «Todos Santos» en contra del proyecto minero Los Cardones, el cual pretende extraer en 10 años, poco más de 40 toneladas de oro, en la reserva de la biosfera de la Sierra de La Laguna.