Son 19 historias, 19 despojos, 19 resistencias que recorren el territorio mexicano ante los megaproyectos que se imponen en territorios indígenas invadiendo no sólo sus tierras, sino su cultura, sus centros sagrados y su permanencia como pueblos.

Son 19 historias, 19 despojos, 19 resistencias que recorren el territorio mexicano ante los megaproyectos que se imponen en territorios indígenas invadiendo no sólo sus tierras, sino su cultura, sus centros sagrados y su permanencia como pueblos.
Ejidatarios de La Sierrita realizaron el pasado domingo una marcha para exigir que la empresa minera Excellon deje de retrasar el juicio por rescisión de contrato que se lleva actualmente.
Los ejidatarios aseguran que la empresa minera ha obstaculizado su derecho de acceso a la justicia y que realiza prácticas para retrasar el juicio de rescisión del Contrato de Ocupación Temporal con el ejido La Sierrita que lleva más de dos años en proceso ante Tribunal Agrario, con sede en la ciudad de Torreón, Coahuila.
La marcha se llevó a cabo desde la comunidad de La Sierrita hasta la de Bermejillo, municipio de Mapimí, Durango, con la finalidad principal de denunciar las prácticas que la empresa minera canadiense Excellon Resources Inc ha realizado para que se genere retraso en el fallo del Tribunal Unitario Agrario del Sexto Distrito de la vecina ciudad lagunera.
En la indefinición continúa la consulta pública, previa e informada que la Minera Frisco está obligada a hacer a los pobladores de Tetela de Ocampo para desarrollar su proyecto de exploración de oro y plata en el Cerro de Espejeras a más de un año de que la Semarnat suspendiera las actividades de la empresa en este municipio serrano.
De acuerdo con habitantes de esta demarcación, hasta la fecha no han recibido ninguna comunicación por parte de la minera propiedad de Carlos Slim o de las autoridades estatales o federales respecto a la realización del referendo al que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) determino que está obligada antes de continuar con la barrenación de la montaña ubicada en la comunidad de La Cañada.
Sólo de manera extraoficial, dijeron, se han enterado que Frisco, a través de su filial Espejeras, solicitó que fuera la propia dependencia encargada de vigilar el uso de los recursos naturales la que realizara el ejercicio o bien la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) pero nada se ha concretado y los trabajos siguen suspendidos.
El proyecto de minería submarina Don Diego para dragar 350 millones de toneladas de arena fosfática del fondo marino en el Golfo de Ulloa, pretende operar en una zona de gran incidencia de vida marina, reconoció el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud .
«Estamos conscientes que en esa zona donde se está haciendo está solicitud es una zona de una gran incidencia de vida marina. Sabemos que hay tortugas, sabemos que es la ruta de las ballenas que pasan hacia el sur de Baja California, y sabemos también que hay una gran inconformidad de algunos ambientalistas de la zona», destacó Guerra Abud.
Unas 150 personas mantienen tomado desde el pasado viernes 28 el palacio municipal de esta ciudad, en protesta por los escasos apoyos recibidos tras la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi por parte de la mina Buena Vista del Cobre, propiedad de Grupo México.
Los inconformes cerraron las puertas del inmueble con cadenas y lo cercaron con pancartas.
La protesta se da a cuatro días de que se cumplan cuatro meses del derrame de 40 mil metros cúbicos de metales pesados y sulfato de cobre sobre los ríos Sonora y Bacanuchi.
30 de Noviembre 2014
Al Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, Colima, México.
A la opinión pública nacional e internacional.
En una jornada histórica, en este 30 de Noviembre 2014 la comunidad indígena de Zacualpan, en el municipio de Comala, estado de Colima, México, y en un ejercicio democrático y decidido por la vida, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio ha ganado una vez más la elección del Comisariado de Bienes Comunales.
Con ello, el Consejo Indígena mantiene su rechazo a la imposición del proyecto minero y blinda su territorio a favor de la vida, del agua, y de los derechos humanos para todos y todas.
En Oaxaca, la Procuraduría Federal del Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), ha ejercido al menos dos procedimientos de sanción administrativa a 2 empresas mineras que operan el territorio estatal por generar presuntos daños al ambiente en su operación.
Las empresas son Don David Gold México, S. A. de C. V. y Cía. Minera Cuzcatlán, S. A. de C. V., que cuentan con concesión para la explotación de minerales metálicos (oro y plata). Dichas empresas se ubican en las localidades de San José de Gracia y en San José del Progreso, en los municipios de San Pedro Totolapan y Ocotlán de Morelos, respectivamente.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), dio a conocer que ha realizado acciones de inspección y vigilancia en materia forestal, impacto ambiental e industrial a las dos empresas de referencia.
OTRA VICTORIA MÁS DEL CONSEJO INDIGENA
POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO DE ZACUALPAN, COLIMA, MEXICO
México, 30 de Noviembre 2014
Pese a las amenazas de muerte, detenciones ilegales, intentos de corrupción y división del empresario minero; pese a las intimidaciones, violencia física y verbal de un grupo corrupto encabezado por el depuesto ex comisariado de bienes comunales Carlos Guzmán; pese al hostigamiento policiaco y militar, pese a la difamación gubernamental local y estatal, así como de los partidos políticos y congresistas locales, especialmente del PRI; y pese a las ya muy conocidas artimañas, ilegalidades, actuaciones de mala fe, amenazas e irresponsabilidades administrativas y jurídicas de la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera, evidenciada y denunciada ya ante la opinión pública, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante la misma Secretaría de la Función Pública, los comuneros y comuneras ratificaron en Asamblea su decisión por un no rotundo a la minería de oro que se pretende imponer en su territorio.
Para ratificar su «no» a la minería y denunciar devastaciones en varias comunidades de la Sierra, las autoridades comunales y municipales de Capulálpam, realizarán un festival denominado «Sí a la vida, no a la minería» los próximos 21 y 22 de noviembre.
Señalaron que en tan sólo nueve años, el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía (SE), asignó más de 50 mil hectáreas en concesiones mineras a empresas privadas, concesiones que están localizadas en tierras comunales de comunidades agrarias de la Sierra Juárez.
En los últimos años la violación de una serie de derechos de los pueblos indígenas a raíz de la imposición de proyectos de desarrollo ha desatado graves controversias, y en ocasiones conflictos sociales. Los pueblos, las comunidades indígenas y sus organizaciones exigen que estos se respeten y al Estado que garantice su ejercicio. Cuando esto no sucede acuden a los tribunales para que obliguen a las autoridades y las empresas a que ciñan sus actuaciones a lo que la ley establece.
En particular, la región de la Sierra Norte de Puebla se ha visto amenazada por una compleja red de megaproyectos. Ciento cuarenta y un títulos de concesión minera se encuentran vigentes en esta región del país[1], entre los cuales se ha determinado que existen 26 proyectos en los cuáles la explotación de minerales pareciera inminente.