Lo quieren todo. No se conforman con tener a su favor las leyes, el aparato estatal que las aplica y las políticas gubernamentales para hacerlo posible. Con el argumento de que necesitan garantizar la seguridad jurídica de sus inversiones en el sector energético, en la industria minera e incluso en proyectos de agua, a los que los pueblos indígenas y comunidades campesinas se oponen porque violan sus derechos al territorio y al acceso preferente a los recursos naturales, entre otros el señor Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en una reunión con la Unión Social de Empresarios de México, expresó su interés de que las consultas a los pueblos indígenas, reguladas en la Constitución federal y el derecho internacional, no sean de cumplimiento obligatorio.
El 30 por ciento del territorio mexicano está en manos de 293 empresas de capital extranjero que extrae, explora y transforma los recursos minerales, así lo destacan cifras oficiales y grupos ambientalistas que defienden el derecho de los ciudadanos a su tierra y a la propiedad de lo que ésta genera. A la par del crecimiento de la industria minera, también han aumentado las violaciones a los derechos de las comunidades y a las garantías laborales de quienes trabajan en la extracción, así como la cada vez más preocupante “devastación” al medio ambiente que, de acuerdo con diversas organizaciones, ha generado daños irreversibles que afectan a todo el país.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) advirtió que Grupo México está obligado a indemnizar, ofrecer consultas médicas y dar seguimiento durante 15 años a todas las personas con daños a la salud por el derrame de la mina Buenavista del Cobre, denunciada por las comunidades aledañas al río Sonora.
Recientemente en un artículo publicado en Russia Today que había sido publicado antes por la Jornada el domingo, se explica claramente cómo el 70% de las minas mexicanas están concesionadas a mineras canadienses. Quedando el restante de 30% para inversores mexicanos, todo de acuerdo a informes de la Cámara Minera de México (Camimex). El asunto no acaba ahí, puesto que derivado de la reforma energética, se aprobaron una serie de puntos que pretenden privatizar el agua, y obstaculizar el acceso al agua a diversas comunidades en el país. Por citar algunos ejemplos claros, Grupo México derramó en el Río Sonora, 40 mil metros cúbicos de solución de cobre, arsénico y demás, que se derramaron desde la mina Cananea, operada por la compañía Buenavista del Cobre en el Estado de Sonora.
Organizaciones civiles y expertos en la materia denunciaron que la Secretaría de Economía (SE) promueve el despojo de tierra y la violación de derechos humanos al publicar su “
En el Ejido Ovando Turquía, Municipio de Escuintla, Chiapas; siendo las 4:00 de la tarde del día 08 de marzo del 2015, reunidos los ejidatarios, avencindados y pobladores del mismo ejido, para tratar asuntos relacionados con las minas.
Hace cinco años nuestra querida compañera Bety Cariño, incansable integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, encabezaba una Caravana Humanitaria, para visibilizar y denunciar la terrible situación de violencia e impunidad sufrida por la población en el entonces municipio autónomo Triqui de San Juan Copala.
Impacto real de la afectación que ha tenido en toda la zona la explotación de la Minera San Xavier será visible hasta después de la salida de la empresa canadiense de territorio potosino, ya cuando nada se pueda hacer al respecto, consideró el investigador de El Colegio de San Luis David Madrigal, quien puntualizó que, lamentablemente, para el ser humano en todo el mundo es difícil reconocer los hechos que se llevan a cabo en largos periodos de tiempo.
El proyecto minero Don Diego pretende ser emplazado en una zona rica en biodiversidad, en la que destacan las tortugas marinas, y en la que se encuentran gran cantidad de bivalvos (almejas) y gasterópodos (caracoles y abulones) que habitan el fondo marino, además de que a través de ésta transita la ballena gris. Y de la que, asimismo, dependen cientos de familias de pescadores. De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la zona del Golfo de Ulloa ha sido caracterizada como una Región Marina Prioritaria para la Conservación por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). Zona reconocida por su alta productividad biológica y sitio de gran importancia para la pesca de la región: ahí se lleva a cabo el 42 por ciento de la actividad pesquera del estado (