En años recientes la entrega de concesiones a empresas trasnacionales ha provocado que la fuerza del capitalismo arrebate los territorios de pueblos indios a lo largo y ancho de la república mexicana, por lo que podríamos trazar un mapa con las luchas sociales de este sector en contra de los llamados megaproyecto de destrucción; más del 40% del territorio nacional ha sido concesionado.
A la fecha, en todo el país se registran 418 puntos de conflicto entre empresarios y lugareños que amenazan con incendiar gran parte de la geografía nacional, sin embargo, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) solo reconoce la existencia de 8 disputas todas relacionadas con la afectación al medio ambiente.
Ninguna de las pugnas reconocidas oficialmente son las que involucran desplazamientos, violación al derecho de propiedad o transgresión cultural por parte de las empresas desarrolladoras.
La delegada en Puebla de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Daniela Migoya Mastretta, evidenció que algunas empresas reactivaron la búsqueda de oro en las minas del municipio de Izúcar de Matamoros, sin alguna autorización por parte de la dependencia para hacerlo.
El día 21 de agosto del presente la delegada de la procuraduría agraria en colima, María Elena Díaz rivera, acudió a la comunidad indígena de Zacualpan al medio día en donde sostuvo una reunión con gente afín a Carlos Guzmán Teodoro comisariado destituido por votación unánime de la asamblea de comuneros en febrero de 2014, y quienes venían desarrollando actos de violencia y agresión en contra de los integrantes del CIDTZ, después de una hora reunidos salió del local conocido como casa de la mujer campesina perteneciente a la misma comunidad, y de forma déspota comenzó a lanzar palabras discriminatorias a mujeres integrantes del CIDTZ llamándolas “gente de la baja” y señalándose a ella misma y a la gente con quienes minutos antes se reunió “como de la alta”.
Activistas y miembros de la sociedad civil consideraron un «simulacro» las mesas de diálogo de consulta pública para determinar la factibilidad de colocar una mina en la zona de Samalayuca, las cuales fueron colocadas por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 
El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios demandó a las autoridades cancelar las órdenes de aprehensión giradas contra 14 opositores a la minera Plata Real, en la comunidad zapoteca Magdalena Teitipac, y liberar de inmediato al defensor comunitario Pedro Aguilar Aguilar.
Catorce defensoras y defensores comunitarios de derechos humanos enfrentan procesos penales en su contra, consecuencia de su labor de defensa contra la compañía minera Plata Real S. de R.L. de C.V., por lo que la comunidad zapoteca de Magdalena Teitipac, Oaxaca, vive una situación de conflicto social y ambiental desde hace 6 años.
En Chiapas, las empresas requieren saber con mayor exactitud la cantidad, calidad y modo en que está un mineral para asegurarse que es rentable la extracción. Para ello se requiere de un permiso de exploración. Entre tanto, a los pobladores «Les ofrecen mentiras y promesas, los confunden o no se ve a primera vista el interés sobre los minerales, y si lo saben, se ignora el modelo de extracción y sus consecuencias socioambientales».
mariengonzalezh
En las últimas semanas ha sido una constante en los diarios de circulación nacional y medios electrónicos la aparición cada vez más frecuente de noticias relacionadas con conflictos mineros, lo mismo en relación con las minas a cielo abierto que por la sobreexplotación de dicha industria en estados como Guerrero, Jalisco, Colima, por citar solo algunos. El malestar social está creciendo y generalizándose en el país en contra de este tipo de megaproyectos, pero lo dramático es que las autoridades de los distintos órdenes de Gobierno están muy lejos de atender las demandas y de actuar con prontitud y, sobre todo, en apego a la defensa de los más elementales derechos humanos y salvaguarda del medioambiente. La negligencia, total desinterés y colusión son las actitudes que caracterizan su actuar. En medio de este dramático panorama, los dos casos más relevantes e ilustrativos son el gravísimo desastre ecológico producido, hace justo un año, por los derrames tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi causados por la mina Buenavista del Cobre de Grupo México en Sonora y el proyecto minero Los Cardones, promovido por Desarrollos Zapal, que busca establecerse en el lugar más vulnerable y fundamental para la vida en Baja California Sur, la reserva de la biósfera Sierra de la Laguna.
A mediados del presente año, el auto-denominado Frente Pro Desarrollo Sustentable de BCS (FPDS), mostró su verdadera cara en pro del desarrollo extractivista e insustentable de Baja California Sur, al sumarse a los grupos que desde la anuencia de la impunidad que prevalece en la estructura del poder político, así como gozando del auspicio y cobijo de las empresas de capital nacional y trasnacional, salen a denostar sin más el trabajo organizado y de resistencia que en todo México, Latinoamérica y el Mundo venimos haciendo millones de mujeres y hombres contra el modelo extractivo depredador.