Los tribunales de Zapala son desde el lunes el lugar de un juicio que puede marcar un quiebre en la relación Estado y pueblos originarios.
Por primera vez, una indígena puede ir presa (por quince años) en una causa que tiene como trasfondo un conflicto territorial, nada menos que con una petrolera (primero la estadounidense Apache Corporation, en la actualidades la argentina YPF). Relmu Ñamku es la autoridad de la comunidad Winkul Newen, del paraje Portezuelo Chico (en el centro geográfico de Neuquén). Otro hecho histórico, el juicio oral y público contará con un jurado intercultural (la mitad será mapuche). Horas antes del juicio, Ñamku no tiene dudas: “La Justicia necesita un caso testigo para aplacar y frenar la lucha mapuche, tratando de amedrentar a todo aquel que esté en desacuerdo con el modelo extractivo”.
En audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), organizaciones muestran que empresas y estados no respetan derechos básicos de poblaciones. En el caso de Brasil, la agencia reguladora del gobierno federal ni siquiera fiscaliza a las empresas mineras.
Por primera vez en muchos años, la minería retrocede en América Latina. A la caída de los precios internacionales y al aumento de los costos de producción, con la consiguiente disminución de las ganancias, se le suma la creciente resistencia de la sociedad por los impactos ambientales y sociales. Es posible que la crisis de la minería sea una oportunidad para los pueblos, si se consiguen sentar las bases para un modelo económico diferente.
El Estado canadiense respalda a la industria minera globalizada de distintas formas, y facilita las actividades de las empresas de minería canadienses en América Latina y el Caribe, a la vez que tolera y contribuye a violaciones sistemáticas de derechos humanos individuales y colectivos.
La Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denominado las democracias de las Américas “una desgracia total” por haber fallado en la protección de quienes defienden los derechos a la tierra, el territorio y el medio ambiente, después de escuchar los testimonios de defensores/as que representaron una coalición de 39 organizaciones en una audiencia en Washington ayer.
América Latina acaba de vivir una década de bonanza minera que despertó esperanzas de riqueza como pocas veces en su historia.
-Cuándo hablamos de extractivismo, ¿De qué estamos hablando? Sabemos que es un tema que poco se discute en los medios de comunicación.
América Latina es la región que registra más violencia contra los activistas ambientales. Plantar cara a los emprendimientos extractivos que ponen en riesgo los ecosistemas puede costar la vida, sobre todo en países como Brasil, Colombia y Honduras.
En los últimos días se han registrado diversos episodios de violencia hacia poblaciones indígenas, en especial hacia mujeres. Recientes estudios señalan que en México el 60 por ciento de las indígenas sufre violencia. En tanto, en Brasil se denuncia la presencia de sicarios masacrando indígenas en el marco de la lucha por la tierra, a lo que se le suman las recientes agresiones en Argentina donde, además, se continúa ignorando la protesta del pueblo Gom frente a la Casa Rosada.
El presidente Otto Pérez Molina ordenó el estado de sitio por 30 días en cuatro municipios en el sureste de Guatemala después de que fuerzas de seguridad se enfrentaron con los opositores de un proyecto de propiedad canadiense de oro y plata. | Foto: AFP