El Estado canadiense respalda a la industria minera globalizada de distintas formas, y facilita las actividades de las empresas de minería canadienses en América Latina y el Caribe, a la vez que tolera y contribuye a violaciones sistemáticas de derechos humanos individuales y colectivos.
Entre otras cosas, el gobierno canadiense extiende préstamos y seguros a través de Export Development Corporation sin transparencia ni disposiciones legislativas en materia de derechos humanos; ofrece una amplia gama de servicios diplomáticos a empresas, omitiendo considerar sus antecedentes o el potencial perjuicio que pueden causar sus proyectos; y envía al extranjero fondos de asistencia canadiense al desarrollo para mejorar la reputación de proyectos extractivos y promover reformas a los códigos de minería que favorecen los intereses de las empresas y, a su vez, limitan derechos de comunidades indígenas y otros derechos colectivos.
La Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denominado las democracias de las Américas “una desgracia total” por haber fallado en la protección de quienes defienden los derechos a la tierra, el territorio y el medio ambiente, después de escuchar los testimonios de defensores/as que representaron una coalición de 39 organizaciones en una audiencia en Washington ayer.
América Latina acaba de vivir una década de bonanza minera que despertó esperanzas de riqueza como pocas veces en su historia.
-Cuándo hablamos de extractivismo, ¿De qué estamos hablando? Sabemos que es un tema que poco se discute en los medios de comunicación.
América Latina es la región que registra más violencia contra los activistas ambientales. Plantar cara a los emprendimientos extractivos que ponen en riesgo los ecosistemas puede costar la vida, sobre todo en países como Brasil, Colombia y Honduras.
En los últimos días se han registrado diversos episodios de violencia hacia poblaciones indígenas, en especial hacia mujeres. Recientes estudios señalan que en México el 60 por ciento de las indígenas sufre violencia. En tanto, en Brasil se denuncia la presencia de sicarios masacrando indígenas en el marco de la lucha por la tierra, a lo que se le suman las recientes agresiones en Argentina donde, además, se continúa ignorando la protesta del pueblo Gom frente a la Casa Rosada.
El presidente Otto Pérez Molina ordenó el estado de sitio por 30 días en cuatro municipios en el sureste de Guatemala después de que fuerzas de seguridad se enfrentaron con los opositores de un proyecto de propiedad canadiense de oro y plata. | Foto: AFP
En el sistema capitalista-imperialista la industria minera se basa en la violencia para su imposición y desarrollo. Múltiples son las formas en que esta industria extractiva ejerce violencia contra las mujeres, incluso antes de que comience la explotación de los minerales y luego de que termina la vida útil de las minas, desde el momento mismo en que las corporaciones invaden un territorio, utilizando la violencia física y sexual para el despojo y el control, violando y violentando derechos, y poniendo en riesgo a las comunidades y ecosistemas donde las mujeres y sus familias desarrollan su vida; luego generando división y rompimiento del tejido social, despojando a las mujeres de sus medios de vida, sobreexplotando su fuerza de trabajo, masculinizando los espacios y reforzando el patriarcado, aumentando los niveles de violencia intrafamiliar, la prostitución, así como la criminalización de las mujeres defensoras de derechos; y después de que han extraído todo el mineral, dejando las dolorosas secuelas sociales y ambientales, como daños irreversibles en la salud de las mujeres y sus familias, sin que nadie responda por estos crímenes.
El ecofeminismo está en todas partes en América Latina. Seamos capaces de reconocerlo o no, existe una estrecha relación entre los problemas ambientales y las asimetrías de género.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) pidió al Papa Francisco instruir a los jerarcas de la Iglesia católica mexicana a que dejen de presionar a los sacerdotes que apoyan a los pueblos y comunidades perjudicados por esa actividad y, por el contrario, los respeten, protejan y animen en su labor pastoral.