“La economía de América Latina depende de las regalías que originan las industrias extractivas, especialmente de la minería. Por eso se siguen impulsando más, pese a todos los conflictos socioambientales que se están dando”, dijo José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental y subdirector de la ONG Cooperacción en el marco de la sesión pública de la Red Latinoamericana de Industrias Extractivas (RLIE) que se llevó a cabo en Lima el pasado mes de octubre.

De acuerdo a un estudio de febrero del presente año de la RLIE, titulado “América Latina al final del superciclo”, entre 2003 y 2008 se dio una crecida de los precios en los recursos extraídos por la minería. Entre las causas de esta subida, conocida como “el superciclo de precios”, están el dinamismo del comercio mundial, la abundante liquidez en los mercados financieros internacionales, el crecimiento de la inversión privada y los altos precios de los recursos naturales, se detalla.

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Los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2016 en Aysén de la Patagonia (Chile), asambleas y organizaciones territoriales en lucha mapuches, chilenas y argentinas, se reunieron en la defensa y por la recuperación de los Bienes Naturales Comunes, entendiendo la organización y la movilización social como formas para enfrentar un modelo que no solo saquea y depreda los territorios a un ritmo desenfrenado, si no que además pone en serio peligro la vida de comunidades completas privatizando las ganancias y socializando las pérdidas. Con el objetivo de fortalecer el poder desde los territorios, para frenar la embriaguez depredadora y criminal de empresas Mineras, Hidroeléctricas, Termoeléctricas, Salmoneras, Forestales, Petroleras, Agroexportadoras y otras industrias. Ver comunicado y reseña.

Comunicado encuentro de asambleas y organizaciones territoriales mapuches, chilenas y argentinas

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 TRAS ENCUENTRO INTERNACIONAL

• Bolivia, Colombia y Ecuador integran esta comisión de trabajo

• Próximo Encuentro Internacional de Vigilantes y Monitores Ambientales se llevará a cabo en el 2018 en Colombia

Con el fin de impulsar las propuestas e incidir en las instancias de decisión de sus respectivos países, la RED MUQUI y organizaciones de Bolivia, Colombia y Ecuador conformaron el Grupo de Trabajo Andino de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Participativo.

El 9, 10 y 11 de noviembre más de 26 organizaciones dedicadas al monitoreo ambiental se reunieron en el II Encuentro Internacional de Vigilantes y Monitores Ambientales, para el fortalecimiento e impulso de los diferentes niveles de organización social y procesos de vigilancia y monitoreo ambiental participativo, en cada uno de los países de la comunidad andina. Dicha reunión fue organizada por RED MUQUI y Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco (DHSF).

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Uno de los más importantes proyectos de incremento y mejoras de la infraestructura para la industria extractiva en América del Sur es el IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) que coordina la puesta en marcha y operación de proyectos en 12 países de América del Sur que conforman la UNASUR. El objetivo es la planificación y el desarrollo de proyectos para el incremento y la optimización de la infraestructura regional de transporte, energía y telecomunicaciones. Ver el documental.

Para los realizadores del documental, el IIRSA “no es simplemente una adecuación técnica-material, sino que constituye más bien una avanzada colonizadora jamás imaginada –en términos económicos, políticos y culturales- sobre todo el subcontinente”. Asimismo, recalcan que “Actualmente nos encontramos frente al mayor re-ordenamiento territorial efectuado en el continente desde la invasión europea.

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Con presencia de organizaciones y comunidades de 13 países de América Latina, se realizó el taller “Ponerle rostro a las empresas mineras en la defensa de la vida”, convocado por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y las organizaciones canadienses MiningWatch-Canadá y Above Ground.

Los días 17 y 18 de Octubre se desarrolló en la ciudad de Bogotá en Colombia un espacio formativo al que asistieron representantes de Mesoamérica y sudamérica, entendiendo que la mejor escuela para fortalecer los procesos de resistencia contra la megaminería química, es la experiencia y el intercambio con otros territorios.

Es en esa línea que hace más de tres años se ha venido trabajando para adaptar y sistematizar una herramienta que permita comprender el escenario en que se despliegan los conflictos socioambientales, identificar con claridad los actores que intervienen en él, sus fortalezas y debilidades, y accediendo a información de primera fuente, desmitificar los discursos que se levantan sobre una de las actividades más contaminantes y depredadoras del planeta.

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Ciudad del Vaticano 05-11-2016 (REDIM).- La red “Iglesias y Minería”, participante en el III Encuentro de los Movimientos Sociales, en una carta abierta al Papa Francisco y al Dicasterio de Desarrollo Humano Integral, dio a conocer que después de 15 meses del Encuentro celebrado en el Vaticano, en julio 2015, entre el PCJP y representantes de las comunidades afectadas por la minería de todo el mundo; la situación de las comunidades en América Latina, en la mayoría de los casos ha empeorado.

La carta recuerda que en noviembre de 2015, el crimen ambiental de Mariana (Brasil) causó el desastre minero más grave en América Latina, con la ruptura de la presa de relaves y residuos tóxicos, la destrucción de pueblos enteros, la muerte de 19 personas y la destrucción del ambiente de la cuenca del Rio Doce (663 Km) y del océano (80 Km2 contaminados).

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Un reciente informe elaborado por el Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés), bajo el título de “La marca canadiense”, refiere que la violencia generalizada es común y corriente en las actividades de las compañías mineras canadienses en países latinoamericanos.

24 de Octubre de 2016 (Toronto, Canadá) – En El Salvador, al menos cinco activistas comunitarios opuestos a una mina de la corporación canadiense Pacific Rim fueron asesinados entre 2008 y 2011, entre ellos una mujer con ocho meses de embarazo. En Guatemala, once mujeres afirman que fueron víctimas de violación en grupo por parte de las fuerzas de seguridad durante una relocalización forzosa para hacer sitio a una mina de la Skye Resources. En México, en 2008, dos empleados en uniforme de la compañía Blackfire apalearon a un destacado activista opuesto al funcionamiento de una mina. Un año más tarde, este activista resultó asesinado.

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“Canadá está de regreso”, ha dicho Justin Trudeau —carismático y bilingüe— en reuniones internacionales, como para mostrar la impronta que quiere darle a la política exterior canadiense respecto de la de su predecesor, Stephen Harper. El primer ministro de Canadá ha empleado en sus discursos términos muy precisos: justicia, cuidado medioambiental, democracia, derechos humanos. Incluso se atrevió a evocar alguno de ellos en su visita oficial a China hace algunas semanas, pero los chinos no lo aplaudieron por eso, sino por sus sonrisas y propuestas de negocios.

Trudeau ya ha dado algunos pasos. Acogió a miles de refugiados sirios, incluyó a Canadá en la lucha contra el cambio climático y ofreció tropas para los cascos azules. América Latina comienza también a sentir los efectos de este viraje diplomático. A partir de diciembre, los mexicanos ya no tendrán que tramitar visa para viajar a Canadá. Además, el gobierno canadiense anunció hace unos días un paquete de ayuda a Colombia —en el marco de la firma de los acuerdos de paz— para auxiliar a los desplazados y apoyar en la reforma de los cuerpos policiales. Aunque se desconoce qué pasará con esta ayuda a raíz del triunfo del No en el plebiscito.

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No cabe duda que la implementación del modelo extractivista como opción de “desarrollo” por parte de los Estados contraviene los esfuerzos existentes a nivel global y regional para amortiguar la crisis climática y ambiental. Con cinismo y engaños, se vulneran tratados y convenios internacionales más elementales con los que se pretende un mínimo para frenar la destrucción del medio ambiente y la biodiversidad biológica.

No hay duda alguna, el modelo extractivo minero es el megaproyecto de mayor impacto territorial que, además de avasallar los derechos humanos y los bienes de la naturaleza, fomenta el acaparamiento y despojo de tierras y en consecuencia es promotor “natural” de la destrucción de la Madre Tierra.

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