La juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, la magistrada Patricia Fernández, comienza este lunes a tomar declaración como investigados a los miembros de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación tras ampliar la investigación de la causa que investiga presuntas irregularidades de la adjudicación a la agrupación empresarial México Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar en 2015, unas actividades extractivas que inicialmente se adjudicó el grupo Magtel. El objetivo, ver si existen más delitos a parte del delito de prevaricación que se atribuyó inicialmente.

La primera en declarar, en calidad de testigo, será la exsubdirectora general de Minas, la presidenta de Navantia, Susana de Sarriá, y está citada a las 9,30 horas, para pasar, una hora más tarde, a tomar declaración, como investigada, a María José Asensio Coto, miembro de la Mesa y exdirectora general de Industria Energía y Minas de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, mientras que a las 11,30 horas lo hará otro miembro de la comisión, según reza en el auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Europa Press.

En concreto, la magistrada amplía la investigación con respecto a los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y fraude y exacciones ilegales, que se suman al tipo inicial de prevaricación.

Además, la jueza extiende esa citación como investigado al que fuera secretario de la Consejería de Economía e Innovación, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, el 2 de diciembre, así como a los hermanos Isidro L.M. y Mario L.M., ambos representantes de Magtel, el 12 de ese mismo mes, y también a los demás miembros de la Mesa de Contratación que irán declarando hasta mediados de diciembre.

Igualmente, la juez acordó en el auto solicitar a la Junta de Andalucía, a través de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, para que informe sobre los cargos que ostentaban los miembros de la Mesa de Contratación y de la Comisión Técnica, tres meses antes de iniciarse la licitación para adjudicación de la explotación de las actividades extractivas del recinto minero de Aznalcóllar y los puestos que desempeñaron tras el mismo.

En el auto, la juez considera «necesario» discernir si existió delito de tráfico de influencias y, en su caso, de fraude y exacciones ilegales que fuera determinante de que, «formalmente, la presentación al concurso la hiciese Minorbis, sirviéndose presuntamente Grupo México de las ventajas que pudiera ofrecerle aquella entidad, consistentes en valiosos contactos en la administración pública, en particular, derivados de la buena relación que pudiera existir entre Vicente Fernández y los representantes de Magtel».

Con respecto al delito de cohecho, la magistrada amplía la investigación al sustentarse «en los posibles ascensos» de las personas relacionadas con el concurso, «a modo de recompensa por posibles actos ilícitos presuntamente cometidos».

De otra parte, se amplía la investigación con respecto al delito de malversación a tenor de que la propuesta económica de Emerita Resources, la otra empresa que se presentó al concurso, «ascendía a 641,5 millones mientras que la de Minorbis-Grupo México era de 304,6». En ese sentido, la juez hace referencia a que en el apartado de las mejoras socio-laborales Emérita «se comprometía a aportar a cambio de la adjudicación 375 millones en Andalucía para el desarrollo de su tejido industrial», frente a la propuesta de Minorbis- Grupo México que se «refería sólo mejoras valoradas en 27 millones de euros».

REAPERTURA DE LA CAUSA

Cabe recordar que el pasado 1 de octubre la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ordenó la reapertura de esta causa al estimar íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación legal de la sociedad Emerita Resources revocando así el auto de archivo que dictó el pasado mes de marzo el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla.

Así, la Sala estima un recurso que pedía la investigación de una presunta elección ilícita de la oferta de Minorbis-Grupo México que no cumplía los requisitos de las Bases del Concurso y que además era menos rentable económicamente para las arcas públicas, así como el presunto cohecho en tanto que determinados miembros tanto de la Comisión Técnica como de la Mesa de Contratación fueron ascendidos en fechas muy próximas al concurso.

Igualmente, el recurso señala el presunto tráfico de influencias de Isidro L.M. y Mario L.M., en virtud de las relaciones amistosas de los mismos con Vicente Fernández, «considerando igualmente que en la medida que las decisiones de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación se tomaban conjuntamente serían responsables todos sus integrantes, por lo que resulta ilógico que se cite como investigados a unos y a otros no».

Además, el recurso de Emerita Resources solicita que se investigue los presuntos delitos de encubrimiento, falso testimonio, falsedad y obstrucción a la justicia respecto de determinados escritos que al presente procedimiento se han presentado por determinados funcionarios para favorecer la posición de la Administración.

De hecho, a finales de octubre la representación legal de la sociedad Emerita Resources presentó una denuncia, interpuesta por el bufete Trajano XXV, en los juzgados de Sevilla en la que reclama que se investigue una supuesta trama para «encubrir las ilegalidades» que se dieron supuestamente en esa adjudicación, en este caso por delitos tales como encubrimiento, falso testimonio, obstrucción a la justicia, usurpación de funciones públicas y desobediencia.

«NO SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS»

La Sala acepta el recurso toda vez que señala que resulta «evidente y ello no se discute» que Grupo México, como licitador, «no cumplió con los requisitos legalmente imprescindibles» para pasar a la Segunda Fase relativos a la acreditación de su personalidad jurídica y capacidad de obrar, «lo cual sin duda era exigible a ambas entidades de acuerdo con los principios generales de la contratación pública».

De este modo, la Sección Séptima indica en el auto que entiende que se «quebrantó» el principio de transparencia e igualdad de trato en el concurso y además se estaba dando cobertura con la actuación «llamativamente ambigua» de la Administración, al resultado final, «legalmente inadmisible» de que aceptara la adjudicación una entidad controlada prácticamente en su totalidad por una sociedad que «debió ser apartada del concurso, y que en definitiva no participó en él».

En esa línea, indica que en ese concurso se presentó a la licitud Minorbis no como entidad independiente sino como Minorbis-Grupo México lo que «hace dudar sólidamente» de que la mención en las citadas resoluciones del licitador como Minorbis-Grupo México sea «un simple error arrastrado».

Así, señala que puede ser una medida «intencionada» para procurar «cierta lógica» a la aceptación de la adjudicación por una entidad absolutamente controlada por Grupo México, «que realmente se limitó a presentar la oferta pero no participó en el concurso, por lo que frente a terceros era necesario mantener formalmente a Grupo México como licitador, siendo además curioso que ese error, que más bien parece un argumento creado a posteriori, solamente ocurra con dichas sociedades y no con Emérita a la que también podría habérsele denominado Emérita-Forbes Manhattan». De otra parte, la Sala sospecha de que no se cumpla los preceptos de solvencia económica y técnica.

Fuente:https://cadenaser.com/emisora/2019/11/11/radio_sevilla/1573456762_073416.html

Además de la red de monitoreo y el desarrollo de capacidades, el financiamiento apoyará la creación de una base de datos científica con información que los gobiernos y las instituciones pueden aplicar para una gestión eficaz del mercurio.

El Ministerio de Medio Ambiente de Japón y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente anunciaron hoy un nuevo proyecto para proteger el medio ambiente y la salud humana de los impactos adversos del mercurio. Se asignarán hasta US$3 millones para el proyecto, que ayudará a establecer una red regional de laboratorios de monitoreo de mercurio en Asia y el Pacífico y proporcionará capacitación para los países de la región.

Con su experiencia de primera mano de la enfermedad de Minamata, causada por envenenamiento por mercurio y que lleva el nombre de la ciudad donde se descubrió por primera vez, Japón ha desempeñado un papel importante en la reducción mundial del mercurio. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente alberga el Convenio de Minamata, un tratado mundial diseñado para proteger al planeta de los peligros del metal.

Dechen Tsering, Director Regional de la ONU para el Medio Ambiente para Asia y el Pacífico, dijo: “Los efectos peligrosos del mercurio en el medio ambiente y la salud humana están ahora bien documentados, y la comunidad mundial actúa para proteger a las personas y al planeta. Japón ha sido durante mucho tiempo un líder importante en este tema, y esta nueva contribución solo sirve para subrayar su compromiso”.

Tamami Umeda, director general del Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente de Japón, dijo: “En la implementación del Convenio de Minamata, necesitamos acciones efectivas y oportunas. También debemos incorporar a partes interesadas más amplias. Con eso en mente, Japón ha lanzado el nuevo proyecto para mejorar el monitoreo del mercurio como base para mejorar la formulación de políticas basadas en la ciencia hacia la contaminación global».

El mercurio se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones y se abre camino en el medio ambiente a través de emisiones industriales y canales como la extracción de oro artesanal. Desde el ambiente, puede ser acumulado por algunas especies que luego son consumidas por humanos, con preocupaciones de salud para poblaciones de alto riesgo. Aproximadamente la mitad del consumo y las emisiones mundiales de mercurio se producen en Asia y el Pacífico.

Además de la red de monitoreo y el desarrollo de capacidades, el financiamiento también apoyará la creación de una base de datos científica con información que los gobiernos y las instituciones pueden aplicar para una gestión eficaz del mercurio.

Fuente:https://tiempominero.com/contenido.php?id=1653

Durante demasiado tiempo, nuestro sistema de justicia se ha puesto del lado del gobierno y las corporaciones a expensas de los derechos de los pueblos indígenas como los nativos americanos. Pero un fallo de un juez contra una compañía minera en Arizona puede estar sentando un nuevo precedente.

Durante miles de años, la nación Tohono O’odham, la tribu Pascua Yaqui, la tribu Hopi y varios otros han enterrado a sus antepasados ​​en las montañas de Santa Rita y utilizan las áreas circundantes para mantenerse conectados con el mundo natural que veneran.

Entonces, es comprensible que cuando Hudbay Minerals trató de excavar una mina de cobre masiva en el lugar y arrojar miles de toneladas de desechos tóxicos en el agua y en las tierras públicas circundantes, las tribus se horrorizaron.

«Nuestra relación con la tierra es ante todo», dijo el presidente del Distrito de Tohono O’odham Nation San Xavier District Austin G. Nuñez en un comunicado . “Cuando nuestros ancestros Hohokam ‘dejaron a sus seres queridos en su lugar de descanso final, nunca imaginaron que los molestarían. Hacemos todo lo posible para no molestarlos. Todavía sentimos sus espíritus hoy «.

No es la primera vez que una empresa minera ha intentado violar estas tierras en busca de riquezas. Una empresa quebró en realidad tratando de excavar una mina bajo los restos de antiguos miembros de la tribu. Las compañías mineras también están tratando de explotar el área del Gran Cañón y otros Parques Nacionales y tierras públicas para su propia codicia a pesar de que estas tierras pertenecen a la gente, no a las corporaciones. La industria también quería construir una mina a las afueras del Parque Nacional de Yellowstone, solo para ser derribada por un juez porque la operación amenazaba con envenenar las vías fluviales como Hudbay lo haría en las montañas de Santa Rita. Envenenar las vías fluviales aquí daría un golpe devastador al frágil ecosistema.

Es por eso que las tribus buscaron ayuda del abogado de Justicia de la Tierra Stu Gillespie.

«Una de las partes más gratificantes de este caso fue compartir comida con los líderes de Tohono O’odham, [y] comprender sus formas culturales de vida y cuán importantes son las fuentes sagradas», dijo Gillespie. «No queremos que alguien construya una mina en el cementerio de Arlington».

De hecho, si una compañía minera construyera una mina en Arlington, los estadounidenses en todo el país perderían la cabeza, y con razón. Así es exactamente como se sienten estas tribus acerca de Hudbay tratando de construir una mina en sus cementerios sagrados.

Gillespie buscó una orden judicial preliminar para detener el proyecto, solo para que el juez fuera aún más lejos al decidir que Hudbay no tenía derechos legales para reclamar la tierra bajo una antigua ley obsoleta conocida como la Ley de Minería de 1872.

«Presentó una línea ininterrumpida de decisiones de la Corte Suprema, diciendo: ‘No, usted no tiene derechos bajo la Ley de Minería para contaminar esta tierra bajo miles de millones de toneladas de roca residual, sin evidencia de minerales valiosos'», explicó Gillespie. “El gobierno federal y Hudbay intentaron presentar la mayor cantidad de argumentos posible, pero todo era humo y espejos. El juez cortó eso muy claramente. Es una decisión poderosa que representa la proposición de que nadie debería obtener un pase gratuito para causar estragos en nuestras tierras públicas ”.

Por supuesto, la compañía minera probablemente apelará y un tribunal superior podría revocar el fallo, entregando aún más injusticia a los nativos americanos y sin respetar su historia y conexión con la Tierra.

Pero la tribu espera que se establezca un nuevo precedente.

«El fallo del juez muestra que hay esperanza en el sistema», señaló el presidente Núñez. “Hay buenas personas que creen en la soberanía de las naciones nativas y su derecho fundamental e inherente a la tierra y al agua. Ha reforzado nuestro voto de proteger y mejorar las tierras que tenemos. Oramos para que esa mina nunca se construyera. Así que sentí que nuestras oraciones habían sido respondidas «.

Con suerte, las montañas de Santa Rita y las tierras circundantes estarán protegidas para siempre de la explotación de la industria de combustibles fósiles. Es hora de que este país muestre más respeto a los nativos americanos y su cultura.

Fuente:https://www.greenandgrowing.org/native-american-tribes-block-copper-mining-company-destroying-ancestral-lands/

La Comisión Europea y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) informó que los vertederos de uranio cerca de la ciudad de Mailuu-Suu, descuidados por décadas por la Unión Soviética y luego Kyrgyzstan, deben reforzarse con urgencia. El objetivo es evitar que desechos radiactivos caigan en una quebrada, contaminando el suministro de agua del valle de Ferghana en el que viven 14 millones de personas. La explotación de uranio se realizó entre 1946 y 1968, produciendo más de 2 millones de metros cúbicos de relaves. Una ruptura del dique de colas en 1958 originó la contaminación del lugar, relacionándolo con una mayor incidencia de cáncer que el promedio nacional.

En Mailuu-suu, grupos ecologistas advirtieron sobre el peligro que corren millones de personas, debido a la posibilidad de que miles de toneladas de desechos radiactivos caigan en una quebrada en la zona de Asia Central, contaminando el suministro de agua de todo el valle de Ferghana.

La Comisión Europea y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) informó que los vertederos de uranio cerca de la ciudad de Mailuu-Suu, descuidados por décadas por la Unión Soviética y luego Kyrgyzstan, deben reforzarse con urgencia para evitar desastres. Indicaron, además, que están recaudando fondos para el proyecto.

“Hay 14 millones de personas en el valle de Ferghana y, en caso de desastre natural, el agua puede arrastrar los relaves al río Naryn (Syr Darya), lo que sería una tragedia para todo el valle”, expresó Bolotbek Karimov, investigador ambiental en Osh, en el sur de Kyrgyzstan, según una publicación de la agencia de noticias Reuters.

Historia

El área se conocía como Casilla 200 y se fundó en 1946 bajo un programa secreto de minería de uranio soviético que empleaba prisioneros de facto: personas de etnias políticamente sospechosas como alemanes y exsoldados del Ejército Rojo declarados culpables de rendirse en la Segunda Guerra Mundial.

En 1968, cuando terminaron las operaciones mineras en el área, habían producido más de dos millones de metros cúbicos de relaves, o vertederos de minas, que fueron rápidamente enterrados en las laderas de las montañas a lo largo del río Mailuu-Suu.

El peligro se presenta ante la posibilidad de que los desechos lleguen al río que desemboca en el valle de Ferghana, una de las zonas más densamente pobladas de Asia Central, ahora dividida entre Kyrgyzstán, Uzbekistán y Tayikistán. En 1958, una presa en uno de los relaves colapsó tras fuertes lluvias y un terremoto, liberando miles de toneladas de desechos radiactivos.

En aquel momento, la Unión Soviética evitó publicar un informe detallado de evaluación de daños sobre el incidente, pero ambientalistas denuncian que no solo envenenó personas, ganado y peces, sino que también contaminó los arrozales río abajo. Ese evento ilustra lo que podría pasarle al valle de Ferghana: las tasas de cáncer de la ciudad son un 50% más altas que el promedio nacional.

Por otro lado, el Poder Legislativo de Kyrgyzstan aprobó un proyecto de ley sobre la prohibición de extraer uranio y torio en la república.

Fuente:https://noalamina.org/mundo/asia/item/43219-desechos-radiactivos-en-kyrgyzstan-ponen-en-riesgo-a-millones-de-personas?fbclid=IwAR2U4BYjMa3L2n92KjECVbt3DAUtGJ93kRY2L-RB4yH0BFC1PK-ISzvUEQQ

Son minerales cuya extracción se relaciona directamente con violaciones de derechos humanos. Buena parte de los beneficios económicos que se obtienen a lo largo de su cadena de extracción, transporte y comercio financiarían conflictos violentos como guerras, trabajo infantil, esclavitud y sirven para el lavado de dinero. Además, se considera que los países o áreas que pueden ser afectadas por estos conflictos poseen recursos minerales que tienen una alta demanda local, regional o global.

La Unión Europea reconoce como “minerales en conflicto” tan sólo al tantalio, al estaño, al wolframio y al oro (conocidos también como 3TG por sus siglas en inglés). Desde su punto de vista, la extracción de estos minerales supone destrucción ambiental y desmantelamiento de las economías locales de algunos países.

La responsabilidad de las empresas

Hace muchos años se hizo notoria la necesidad de contar con legislación relativa al abastecimiento de ciertas materias primas para la Unión Europea en regiones con conflictos y de exigir a las empresas que se hagan responsables de los riesgos que involucran sus cadenas de abastecimiento en términos de contaminación, destrucción y violaciones de derechos fundamentales.

Las industrias que utilizan materias primas abarcan un espectro amplio. El cambio climático y el cuestionamiento a las energías fósiles dan paso a nuevos usos para las materias primas. Para afrontar el cambio, necesitamos enormes cantidades de cada vez más materias primas metálicas y minerales para fabricar toda la estructura y aparatos que requiere la puesta en funcionamiento de las energías renovables. Lo mismo sucede con la digitalización. Estos sectores se suman a los usos de materias primas y energía en industrias más tradicionales como la automotriz, la aeroespacial y la de defensa, las telecomunicaciones, todo tipo de maquinaria pesada, etc.

El uso final que se da a estos minerales, no cambia sin embargo la naturaleza destructiva de su extracción minera.

Legislación para un mayor control sobre el aprovisionamiento de minerales

Los Estados Unidos cuentan desde 2010 con la ley de transparencia conocida como Dod Frank Act que obliga a las empresas estadounidenses y a sus proveedores a realizar verificaciones sobre la procedencia y conflictos relacionados con los mismos metales 3TG en su cadena de suministro i, en la República Democrática del Congo, República Centroafricana Sudan, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzania, Zambia, Angola, Congo.

Existe también el llamado Proceso Kimberly de certificación, que se refiere específicamente a la extracción y comercio de diamantes. Si estos provienen de zonas en conflicto, no pueden entrar a los Estados Unidos.

En cuanto al ámbito internacional, existe una guía de diligencia debida voluntaria dirigida a las empresas del sector extractivo, elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE que constituye el estándar internacional actual para un abastecimiento responsable de minerales y a la que han adherido los gobiernos de la UE. Y que por cierto, pocas o ninguna empresa europea aplican seriamente ii. Lo mismo sucede con los Principios Rectores de las Naciones Unidas para las Empresas y los Derechos Humanos UNGPs aprobados por unanimidad en 2011 que responsabilizan a las empresas de asegurarse de que sus actividades no financien daños y abusos.

La UE se encuentra con en este ámbito por detrás de los Estados Unidos.

Pero gracias a una activa campaña en Europa sobre las circunstancias que rodean a los “minerales de conflicto”, hay nueva legislación que apunta a evitar que las empresas europeas o con sede en la Unión Europea financien con la extracción, comercialización y suministro iii de estos minerales las armas que se utilizan en zonas de conflicto. Tal legislación entrará en vigor el 1 de enero de 2021, para que las empresas “tengan tiempo de adaptarse a las nuevas normas”.

Por ser la primera normativaque existe en Europa sobre el tema, es un gran paso adelante. Pero tiene problemas.

Críticas a la legislación por insuficiente

En principio la nueva legislación europea sobre minerales en conflicto busca diligencia debida, es decir, un comercio “responsable” de minerales procedentes de zonas en conflicto, pero la misma no garantizará nada. No hay que pasar por alto que el lobby de la industria minera estuvo detrás de la Comisión para que la propuesta sea limitada y débil.

La auto-regulación de los mercados de materias primas no es una buena idea

No significa un avance real, pues al igual que la guía de la OCDE en la que también se referencia la nueva legislación europea sobre los minerales en conflicto es voluntaria. No obliga a las empresas a informar a la UE de sus cadenas de extracción y distribución. Pero sin obligación continuará habiendo comercio de minerales en conflicto en Europa. Esta ley puede tornarse en un instrumento inútil.

No abarca todas las materias primas, ni toda la cadena de abastecimiento, ni a todas las regiones conflictivas o potencialmente conflictivas.

Entonces, afecta a un número limitado de empresas, sólo a aquellas que importen algunos metales y minerales procesados y no procesados (brutos) al mercado europeo.

Se limita a los cuatro minerales llamados en conflicto, sin abarcar un rango más amplio de materias primas que también se encuentran en el centro de graves conflictos. Es decir, en otras regiones también hay conflictos con la extracción de otras materias primas que no están considerados en absoluto en esta Regulación.

La obligación de los estados de proteger los derechos humanos es muy débil

Las y los consumidores europeos no obtienen ninguna garantía real de no estar favoreciendo la violencia, inestabilidad y el abuso de los derechos humanos al dejar la puerta abierta a que se siga comerciando con minerales que financian grupos armados, trabajos forzados, etc. en esos países.

En algunos de los países de origen de las materias primas carecen de mecanismos de control

Por muy buena voluntad con la que se elabore la ley europea, lo que establece puede no tener ningún efecto en los países en los que se dan los conflictos (lo mismo sucede con similar legislación relativa a las importaciones de madera tropical). Hay que destacar que varios países africanos, como República Democrática del Congo y Ruanda cuentan con legislación específica sobre las cadenas de suministro de las empresas.

La intensidad del conflicto: cómo se decide lo que es aceptable y lo que no

Se está entonces estableciendo que los minerales y metales han de proceder únicamente de “fuentes no conflictivas” y se describen como conflictos hechos como guerras cruentas, trabajo infantil, esclavitud, corrupción y otros. Pero más allá de posibles causalidades contempladas, la actividad minera es causa de un espectro amplísimo y una lista interminable de conflictos graves no considerados que incluyen grados menores o no reconocidos de los anteriores, como corrupción, y también amenazas e intimidaciones, criminalización, desplazamiento, etc. y en los que están involucradas empresas europeas y la propia Unión Europea con sus políticas, diplomacia y cooperación al desarrollo,

Queda abierta la pregunta de qué es exactamente un “conflicto” y quién determina y cómo si este conflicto existe o no. Hay que tener en cuenta que cada vez existen más conflictos mineros a pesar no estar reconocidos y de ser sistemáticamente silenciados por los medios y las autoridades. Una ley que abarque y regule toda la extracción minera y todos los conflictos, y no limitada a una serie de metales en determinados países otorgaría mayores seguridades y efectividad para regular la minería y el comercio de materias primas y los grados de vinculación de instancias y empresas europeas.

Podría incluso llegar ser perjudicial en el caso de que, además de no lograr evitar los conflictos en los países ya afectados, sirva encima para legitimar proyectos mineros en otros lugares, en los que también existen conflictos importantes para las comunidades.

Cuál sería la manera de mejorar la situación,

La reglamentación europea tiene que encaminarse a exigir a las empresas que se responsabilicen totalmente de sus cadenas de abastecimiento. Adjuntar una lista tanto de materias primas como de regiones en las que debe aplicar no es una buena estrategia. Hacer una ley realmente fuerte que obligue a un rango más amplio de empresas a lo largo a verificar todasu cadena de suministro -diligencia debida- (en Europa y fuera de Europa). Entran en la UE cualquier cantidad de metales procedentes de áreas en grave conflicto, ya manufacturados en productos como ordenadores, teléfonos y automóviles.

En resumen, obligatoriedad y una mayor claridad y diligencia debida en toda la cadena de abastecimiento de todas las materias primas. Quienes compran estos productos también tienen que exigir esta información. Pero ahí si se vería con claridad que es imposible todo este consumo de manera sostenible. Empezáramos por ahí.

Notas:

i En su art. 1502 la Ley Dodd-Frank obliga a todas aquellas empresas que reportan a la US Securities and Exchange Comission SEC y utilizan alguno de los 4 minerales en conflicto en sus productos a elaborar un informe sobre la procedencia de los mismos. En caso de que proceda de la zona señalada por la ley, deben elaborar una auditoría. Las empresas cuentan con dos años para elaborar su informe. En caso de no hacerlo, sus productos se marcan como “no hallados libres de conflicto”.

ii Investigado por Global Witness en 2015

iii La legislación afecta a entre entre 600 y 1.000 importadores de la UE que comercian con los minerales en conflicto en forma de mineral, concentrados o metales tratados y a cerca de 500 fundiciones, pero para nada a todas las empresas mineras que pueden estar contaminando y causando graves conflictos con materias primas y en regiones no contempladas por la misma.

Fuente:https://medium.com/@ecologistadelno/minerales-en-conflicto-poca-legislaci%C3%B3n-y-menos-control-2d9fa63775ad

La penetración del capital extranjero en minería durante las décadas 80 y 90 del siglo XX solo profundizó los problemas estructurales del continente.

Desde los años ochenta ha habido intentos por parte de una serie de actores que incluyen a las Instituciones Financieras Multilaterales (IFM), agencias bilaterales y compañías extractivas para abrir el sector minero en los países africanos endeudados.

No se trata de una actividad encabezada solo por las empresas mineras porque hay que tener en cuenta que los Programas de Ajuste Estructural impulsados por las IFM identifican la minería como medio de obtener recursos con los que reembolsar la deuda externa. Hay una confluencia de factores y el proceso de liberalización que se produjo bajo la presión de las IFM fue aprovechado por las compañías mineras para introducirse en el sector en África. De modo que el proceso es más complejo que simplemente unas compañías que toman la iniciativa. Hay una responsabilidad compartida entre las empresas, las IFM y los gobiernos anfitriones.

A petición de las IFM se consiguió redefinir la legislación para el sector minero ofreciendo a las empresas incentivos, reducción de impuestos o rebaja de royalties, abriendo los países a la inversión extranjera. Se dijo a los países que este proceso contribuiría a su desarrollo pero ello no ha sido así.

En los países africanos el marco legal del sector minero se ha revisado y reformado repetidamente.  Varias generaciones de  normativas han ido liberalizando progresivamente el sector. Además, se crea una competencia entre los países para atraer inversión extranjera, de modo que liberalizan sus normas más aún para hacerse más atractivos a la inversión. Este es un proceso acumulativo en el que el Estado se va replegando y ofrece cada vez más incentivos a las empresas mineras, de modo que las compañías aceleran el ritmo de extracción de recursos.

El Estado ha ido reduciendo su capacidad para hacer seguimiento de lo que ocurría y controlar el ritmo de las extracciones, mientras que cada vez tenía menos capacidad para hacer respetar las regulaciones medioambientales o mediar en el impacto social causado por las actividades mineras, que a menudo han dañado a las comunidades.   A menudo las empresas prometen pagar ciertas cantidades por su operación, pero los gobiernos no han sido capaces de obligarles a cumplirlo; esto es lo que muestra la «Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva» durante la pasada década. En muchos casos, los gobiernos no han podido recuperar lo que las empresas se comprometieron a pagar de impuestos, así que las promesas no se han materializado de la forma en que deberían. Además, se han producido serios impactos ambientales y sociales a consecuencia de la actividad minera; por ejemplo, en ocasiones la población ha perdido su medio de vida y se han visto obligada a abandonar la tierra de la que vivían.

En el diseño del régimen normativo de la minería en África había una idea muy clara: que el Estado debía apartarse debido a su supuesta improductividad y que debían ser compañías privadas las que tomaran el mando como operadoras y propietarias; ellas debían liderar el proceso. En este esquema, el Estado debía ser más un “facilitador”, un regulador. Lo que ocurrió es que muchas funciones del Estado fueron transferidas a las compañías, dejando en sus manos la responsabilidad para operar según su criterio, e incluso cuestiones referidas a impactos medioambientales y sociales, como la expulsión de la población de ciertas tierras. Esto es muy problemático porque empresas que se rigen por estándares voluntarios fueron las que asumieron la función de hacer el seguimiento del proceso, de dar compensaciones a las comunidades locales, etc. Como se podía esperar, el resultado no ha sido muy satisfactorio. Con la sustitución del Estado por las compañías, estas se hicieron con la capacidad de regular. El resultado es que a la hora de determinar responsabilidades cuando surge un problema, hay un vacío. Por ejemplo, cuando se incumple el pago de las compensaciones a las comunidades o cuando se producen impactos ambientales, como la contaminación de agua por la actividad minera. Así aparece un nuevo tipo de conflicto que se desarrolla a raíz de la marginación del Estado y cuando el sector se rige con medidas voluntarias, dejando un vacío regulador que suscita problemas de legitimidad y responsabilidad. Esto no ocurre solo en África; también en América Latina, en países como Perú, donde la actividad minera es muy importante y donde han surgido numerosos conflictos, la mayoría relacionados con el sector minero.

Después de dos décadas de vigencia de esta fórmula económica para África como mero suministrador de materias primas ya está más que probado que, lejos de traer desarrollo y bienestar a sus poblaciones, trae, a lo sumo, el enriquecimiento de las compañías extractivas y de algunos dirigentes y muchos problemas estructurales para el país.

Un informe de la Comisión Económica para África de Naciones Unidas comienza diciendo que los problemas identificados en África en 2011 son los mismos que hace 30 años…

Fuente;https://noalamina.org/mundo/item/43223-mineria-en-africa-o-cuando-las-empresas-sustituyen-a-los-estados?fbclid=IwAR3GrQerh9jlDH1MhV_9ORsfhYJ0uPHNy297JFQoGq7Hlj7lKo5ZLZ-6UJs

La Comisión Europea y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) informó que los vertederos de uranio cerca de la ciudad de Mailuu-Suu, descuidados por décadas por la Unión Soviética y luego Kyrgyzstan, deben reforzarse con urgencia. El objetivo es evitar que desechos radiactivos caigan en una quebrada, contaminando el suministro de agua del valle de Ferghana en el que viven 14 millones de personas. La explotación de uranio se realizó entre 1946 y 1968, produciendo más de 2 millones de metros cúbicos de relaves. Una ruptura del dique de colas en 1958 originó la contaminación del lugar, relacionándolo con una mayor incidencia de cáncer que el promedio nacional.

En Mailuu-suu, grupos ecologistas advirtieron sobre el peligro que corren millones de personas, debido a la posibilidad de que miles de toneladas de desechos radiactivos caigan en una quebrada en la zona de Asia Central, contaminando el suministro de agua de todo el valle de Ferghana.

La Comisión Europea y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) informó que los vertederos de uranio cerca de la ciudad de Mailuu-Suu, descuidados por décadas por la Unión Soviética y luego Kyrgyzstan, deben reforzarse con urgencia para evitar desastres. Indicaron, además, que están recaudando fondos para el proyecto.

“Hay 14 millones de personas en el valle de Ferghana y, en caso de desastre natural, el agua puede arrastrar los relaves al río Naryn (Syr Darya), lo que sería una tragedia para todo el valle”, expresó Bolotbek Karimov, investigador ambiental en Osh, en el sur de Kyrgyzstan, según una publicación de la agencia de noticias Reuters.

Historia

El área se conocía como Casilla 200 y se fundó en 1946 bajo un programa secreto de minería de uranio soviético que empleaba prisioneros de facto: personas de etnias políticamente sospechosas como alemanes y exsoldados del Ejército Rojo declarados culpables de rendirse en la Segunda Guerra Mundial.

En 1968, cuando terminaron las operaciones mineras en el área, habían producido más de dos millones de metros cúbicos de relaves, o vertederos de minas, que fueron rápidamente enterrados en las laderas de las montañas a lo largo del río Mailuu-Suu.

El peligro se presenta ante la posibilidad de que los desechos lleguen al río que desemboca en el valle de Ferghana, una de las zonas más densamente pobladas de Asia Central, ahora dividida entre Kyrgyzstán, Uzbekistán y Tayikistán. En 1958, una presa en uno de los relaves colapsó tras fuertes lluvias y un terremoto, liberando miles de toneladas de desechos radiactivos.

En aquel momento, la Unión Soviética evitó publicar un informe detallado de evaluación de daños sobre el incidente, pero ambientalistas denuncian que no solo envenenó personas, ganado y peces, sino que también contaminó los arrozales río abajo. Ese evento ilustra lo que podría pasarle al valle de Ferghana: las tasas de cáncer de la ciudad son un 50% más altas que el promedio nacional.

Por otro lado, el Poder Legislativo de Kyrgyzstan aprobó un proyecto de ley sobre la prohibición de extraer uranio y torio en la república.

Fuente:https://noalamina.org/mundo/asia/item/43219-desechos-radiactivos-en-kyrgyzstan-ponen-en-riesgo-a-millones-de-personas?fbclid=IwAR3xylujllXfH3CzzqVEEOelSDlW0HnVpqqa4QIumcpARGFQQkjFD4qooJo

Una breve historia de la fiebre del oro fallida (por ahora) de la industria espacial. ¿Estamos preparados para desarrollar una pujante industria minera que vaya más allá de la frontera terrestre?

En el mejor de los mundos, Chris Lewicki y Peter Diamandis podrían haber cambiado el curso de la civilización humana. Su inicio, Planetary Resources, se lanzó en 2012 con el modesto sueño de extraer asteroides para obtener minerales, metales, agua y otros objetos de valor. El currículo vitae y las conexiones de los fundadores le dieron a la idea chistosa una legitimidad institucional: Lewicki había trabajado en las misiones más importantes de la NASA, como los rovers Spirit y Opportunity, y Diamandis era un espacio bien conocido: el impulso del turismo. Junto con un tercer socio, Eric Anderson, Planetary Resources había recaudado US$50 millones para 2016, de los cuales US$21 millones provinieron de inversionistas de renombre, entre ellos Eric Schmidt de Google y el cineasta James Cameron.

En poco tiempo, un competidor llamado Deep Space Industries (DSI) apareció en la escena. Recaudó mucho menos efectivo: solo US$3.5 millones, complementados por algunos contratos gubernamentales. Pero tenía sus propios partidarios de alto perfil, objetivos de pie en el cielo y un miembro de la junta particularmente evangélico llamado Rick Tumlinson, que se presentó a las conferencias para promover la visión de la compañía. «Ideas locas: eso es lo que hace avanzar la cultura», dijo en un evento de 2017 en Nueva York. «Nada dice que esto es imposible, excepto nuestros propios sistemas de creencias».

Era la ciencia ficción cobrada vida, y a todos les encantó.

«¡La minería espacial podría convertirse en algo real!», gritaban los titulares. El CEO de Amazon, Jeff Bezos, comenzó a hablar de un futuro en el que toda la industria pesada tuvo lugar no en la Tierra, sino por encima de ella. Investigación de minería de asteroides financiada por la NASA; la Universidad de Colorado ofreció un programa de estudios de minería de asteroides; El senador Ted Cruz predijo que el primer trillonario de la Tierra se haría en el espacio.

«Hubo mucha emoción y sensación tangible en torno a todas estas cosas con las que hemos estado soñando», dice Chad Anderson (sin relación con Eric), el CEO de Space Angels, un fondo de capital de riesgo que invierte en temas relacionados con el espacio.

También fue crucial para las oportunidades de ganar dinero el creciente lobby comercial del sector espacial, que guió la Ley SPACE a través del Congreso en 2015. Este proyecto de ley no controversial incluía una regla de «buscadores y custodios» por la cual las empresas estadounidenses privadas tendrían todos los derechos sobre la generosidad extraída de cuerpos celestes, sin preguntas. (Antes de eso, los derechos de propiedad y las concesiones mineras en el espacio, que no pertenecen a ningún país, no estaban dadas).

Eso, a su vez, permitiría trabajar hacia una meta que Eric Anderson predijo que podría alcanzarse a mediados de la década de 2020: extraer hielo de asteroides cerca de la Tierra y venderlo en el espacio como propulsor para otras misiones. El agua se puede descomponer en hidrógeno y oxígeno para producir combustible o, como en la tecnología de DSI, simplemente se calienta y se expulsa como un chorro de vapor.

«Ambas compañías creían que uno de los primeros productos sería el propulsor en sí mismo, es decir, el agua», dice Grant Bonin, el ex director de tecnología de Deep Space Industries. “Lo que DSI había estado haciendo es desarrollar sistemas de propulsión para funcionar con agua. Y todos los que compran uno están creando un ecosistema de usuarios ahora que puede ser alimentado por los recursos del futuro”.

Para la primavera de 2017, Planetary Resources estaba operando un laboratorio en un almacén en Redmond, Washington, decorado con parafernalia de la NASA y máquinas de pinball vintage. Los ingenieros manipularon pequeños satélites cúbicos detrás de gruesas paredes de vidrio, elaborando planes para lanzar máquinas de prospección. Luxemburgo le había otorgado a la compañía una subvención multimillonaria para abrir una oficina en Europa. Japón, Escocia y los Emiratos Árabes Unidos anunciaron sus propias leyes o inversiones en la extracción de asteroides.

Las estrellas habían quemado a través de su cinta roja. Los cielos estaban listos para Silicon Valley.

Entonces las cosas empezaron a ir hacia el sur. El verano pasado, Planetary no pudo recaudar el dinero con el que contaba. Los empleados clave, incluyendo a Peter Marquez, el encargado de las políticas de la firma en Washington, ya habían abandonado el barco. «Todos estábamos frustrados por las perspectivas de ingresos, y el modelo de negocio no estaba funcionando como esperábamos», recuerda Márquez, quien ahora trabaja para una tienda de asesoría en Washington, DC, llamada Andart Global.

«Hubo más énfasis en la religión del espacio que en el negocio del espacio», agrega Márquez. «Existe el [segmento] religioso de personas del espacio que creen que casi como destino manifiesto, se supone que estamos explorando el sistema solar, y si creemos lo suficiente, sucederá. Pero los pragmáticos dijeron que no hay una base de clientes para la extracción de asteroides en los próximos 12 a 15 años”.

En medio de rumores de que estaba subastando sus equipos, Planetary Resources fue adquirida el año pasado por ConsenSys, una compañía de software blockchain con sede en Brooklyn que desarrolla plataformas descentralizadas para firmar documentos, vender electricidad y administrar transacciones de bienes raíces, entre otras cosas. Anderson Tan, uno de los primeros inversionistas en Recursos Planetarios, quedó desconcertado por la adquisición, y es el tipo de hombre de blockchain que promueve las empresas de blockchain de otros hombres de blockchain en LinkedIn. «Sinceramente, no tengo idea… me sorprendió. Creo que querían adquirir el equipo y los activos «, dice. «¿Para qué? No estoy muy seguro».

DSI, a su vez, fue adquirida por una compañía aeronáutica llamada Bradford Space. Estas adquisiciones no están llevando a las empresas a ningún lado. «Se fueron; estan hechos No existen «, dice Chad Anderson.

La falta de visión

¿Qué salió mal? Predeciblemente, ex empleados e inversionistas cuentan historias ligeramente diferentes.

Bonin culpa al fallecimiento de DSI por la falta de voluntad de los inversores para asumir riesgos a largo plazo. «Teníamos un plan que despegaría después de cierto punto, y no llegamos a ese punto», explica. «Y estábamos a solo 10 millones de dólares de alcanzar ese punto, pero nuestra planificación duró décadas, y el ciclo de vida de un fondo de capital de riesgo es de una década». Son incompatibles”. Meagan Crawford, quien trabajó con Bonin y ahora está comenzando su propio fondo de capital de riesgo para nuevas empresas de espacio comercial, está de acuerdo:» Una línea de tiempo de VC tradicional es de 10 años, cuando tienen que devolver dinero a los inversores, por lo que En siete años quieren salir. Un plan de negocios de 15 años no va a encajar”.

Por el lado del dinero, la historia es un poco menos indulgente. «No cumplieron sus promesas a los inversores», dice Chad Anderson, cuyos Space Angels invirtieron en relaciones públicas. «Ambas compañías fueron realmente buenas en la narración y el marketing, y facilitaron este impulso en torno a una visión que su tecnología nunca justificó». Añade: «Creo que estos no eran los equipos adecuados para hacerlo».

También hubo obstáculos estructurales más grandes, como, por ejemplo, en el caso de antiguos empleados, la falta de infraestructura para una industria de asteroides: la minería. Eso también disuadió a los inversionistas: «Si extraes un asteroide, lo más probable es que tengas que enviarlo a la Luna para procesarlo. No se procesaría en la Tierra, porque el costo sería tremendo «, dice Anderson Tan. «Entonces, es como un problema del huevo y la gallina: ¿minamos primero y luego desarrollamos una base lunar, o invertimos en construir la luna y luego vamos a la minería de asteroides?».

Finalmente, los mineros de asteroides tuvieron que competir por la financiación con un número creciente de otras empresas relacionadas con el espacio. Entre el «inicio de la era espacial empresarial» y el de hoy, «hemos pasado de un mundo con tal vez una docena de empresas espaciales con financiación privada que atienden a un cliente, el gobierno, a una con más de 400 compañías que valen millones de dólares «, Dice Chad Anderson. Por lo tanto, si las nuevas empresas comerciales en el espacio parecían ser una propuesta de fuera de servicio en 2012, para 2018 VC que querían espacio en sus carteras podrían elegir entre las empresas con mejores perspectivas a corto plazo: las empresas de telecomunicaciones que venden acceso a Internet, por ejemplo, o las empresas que analizan la situación.

«La conclusión es que el espacio es difícil», dice Henry Hertzfeld, director del Instituto de Política Espacial de la Universidad George Washington (Hertzfeld asesoró a los Recursos Planetarios en asuntos legales; el mundo espacial, en la Tierra, todavía es muy pequeño). «Es arriesgado, es costoso; Un montón de altos costos iniciales. Y necesitas dinero. Puedes conseguir tanto dinero por tanto tiempo”.

Para tener éxito, dice Hertzfeld, las compañías hubieran necesitado obtener ganancias de otros usos de su tecnología, como el sistema de propulsión por agua de DSI, que podría usarse en satélites, y los sensores hiperespectrales de PR, que construyó para analizar la composición de los asteroides. Pero también puede ponerse a trabajar encuestando la tierra. «Pero no generaron los ingresos», dice, «y hay una cantidad limitada de tiempo para que una empresa exista sin ganancias».

Según Space Angels, US$1.7 mil millones en capital social se vertieron en compañías espaciales en el primer trimestre de 2019, casi el doble que en el último trimestre del año pasado. De eso, el 79% se destinó a negocios satelitales y el 14% a operaciones logísticas, como lanzamientos de cohetes. Los propios intereses del fondo reflejan estas tendencias.

«La industria del espacio comercial está madurando hasta el punto en que ahora es más grave», dice Peter Ward, autor de The Consequential Frontier, un próximo libro sobre la privatización del espacio. «Algunas de las personas con las que hablé ahora ven la minería de asteroides como una broma», añade.

Construyendo una nueva frontera

A pesar de estos fracasos, los ex mineros de asteroides se muestran muy contentos con sus perspectivas y el futuro interestelar de la humanidad. La minería de asteroides era una droga de entrada para grandes esperanzas y grandes sueños.

Tamara Alvarez, una estudiante de doctorado de la New School en Nueva York que ha asistido a conferencias espaciales en todo el mundo, dice que la retórica en torno a la minería espacial se adapta perfectamente a los antiguos tropos fronterizos. “Lo de la minería resonó con mucha gente debido a la narrativa de la fiebre del oro. Hay algo inconsciente allí donde se conectaron «, dice ella.

De manera similar, aunque ni los asteroides ni la California del siglo XIX crearon en realidad muchos multimillonarios de la noche a la mañana, sí crearon marcos para el funcionamiento de una economía basada en un recurso en particular. «No había todo el oro en California, pero trajo una infraestructura de la que las personas hicieron dinero», dice Alvarez. “Servicios, pesca, todo esto surgió de ambiciones por el oro. Con los asteroides, es lo mismo: cuando tienes la idea de que hay todo el oro o lo que necesites que te espera, la infraestructura también se construye”.

Los asteroides mineros parecen haberlo pensado de esa manera. «Creo que cuando DSI y PR empezaron, los titulares decían que las [compañías] mineras de asteroides eran como compañías mineras [tradicionales]», dice Grant Bonin. «Pero internamente bromeamos: todavía no somos mineros. Somos el pico y la pala o los pantalones vaqueros del espacio de Levi. «Somos los creadores de herramientas que se crearon para respaldar la visión, pero también ayudan a muchas otras personas a hacer mucho más».

Igualmente significativo es que la perspectiva de la minería de asteroides empujó a los gobiernos a pensar en los derechos de propiedad en el espacio. «El horizonte para la minería de asteroides todavía está a un par de décadas, pero creo que vamos a hacer misiones a Marte y necesitaremos recursos en el espacio», dice Márquez. «Y gracias a la extracción de asteroides, se ha establecido el marco de políticas».

Por ahora, DSI y PR enfrentan futuros inciertos. Ninguno de los trabajadores espaciales entrevistados para este artículo tenía idea de lo que estaba haciendo una empresa de blockchain como ConsenSys con las herramientas de prospección de asteroides. En noviembre, la compañía le dijo al periodista Jeff Foust de SpaceNews que las «capacidades de espacio profundo» de las RR.PP. «ayudarían a la humanidad a diseñar nuevos sistemas de reglas sociales a través de la confianza automatizada y la ejecución garantizada», sea lo que sea lo que eso signifique. Una portavoz dijo desde entonces que la compañía «está tomando una nueva forma y está menos enfocada en la minería de asteroides».

Pero Bonin dice que muchos de sus colegas de DSI encontraron trabajo en otros lugares. Y los ingenieros despedidos de PR se han unido para iniciar una compañía llamada First Mode, que construye hardware que puede operar en entornos hostiles tanto en la Tierra como por encima de ella; La empresa, según sus fundadores, ya es rentable.

Así que la industria minera de asteroides puede haberse derrumbado por ahora, pero sus jugadores aún están trabajando duro. «Cuando reflexionamos sobre el 2012 cuando estas dos compañías comenzaron a existir, y pensamos en cómo intentaron romper esa tuerca durante siete años, una de las cosas realmente geniales desde mi punto de vista es que se han ido a diferentes compañías», dice Bonin. «Parte de mí está triste cuando estas cosas se rompen, pero hemos sembrado a la industria con verdaderos creyentes que se preocupan por un futuro humano en el espacio para beneficiar a toda la humanidad».

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El gobierno también tiene como objetivo reducir el uso de mercurio en la manufactura en niveles a la mitad de la corriente para 2030 y reducir las emisiones de mercurio en el sector energético en un 33,2 por ciento al mismo tiempo.

Indonesia dijo el martes que estaba intensificando sus esfuerzos para eliminar el uso del mercurio metálico tóxico en sectores como la minería, la salud y la manufactura.

El gobierno dijo en un comunicado que una regulación presidencial emitida a fines del mes pasado apuntaba a erradicar el uso de mercurio en la minería de oro en pequeña escala para 2025 y en el sector de la salud para 2020.

El gobierno también tiene como objetivo reducir el uso de mercurio en la manufactura en niveles a la mitad de la corriente para 2030 y reducir las emisiones de mercurio en el sector energético en un 33,2 por ciento al mismo tiempo.

«Considerando que el mercurio es un material peligroso y tóxico que es resistente a la descomposición y se puede acumular en el organismo vivo, el gobierno considera la necesidad de regular su uso para evitar cualquier impacto negativo en la salud y el medio ambiente», dijo el gobierno en el comunicado.

Como parte de este impulso, planea una mayor coordinación entre las agencias gubernamentales para mejorar el monitoreo del comercio de mercurio y la supervisión de la minería. También quiere impulsar la educación para empresas y comunidades sobre los peligros del mercurio.

El uso de mercurio en la minería ya está oficialmente prohibido en Indonesia, pero los mineros en pequeña escala todavía lo utilizan ampliamente para extraer pequeñas piezas de oro.

Según el Ministerio de Medio Ambiente del país, hay al menos 2.500 operaciones mineras de oro en pequeña escala activas en Indonesia.

El ministerio lanzó en marzo un programa con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para reducir el uso de mercurio en seis comunidades mineras.

El mercurio también se puede encontrar en productos para el hogar como ciertos tipos de bombillas y cosméticos. En el sector de la salud, a menudo se encuentra en termómetros y empastes dentales.

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