Quito, 21 de octubre de 2015
Ante la campaña del gobierno ecuatoriano para legitimar los desalojos de familias comuneras de la zona de influencia del proyecto de minería a gran escala Mirador (en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe), argumentando que estas aceptaron dinero a cambio de abandonar sus tierras, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) organizaron una misión para constatar lo acontecido.
Es importante destacar que para esta visita, se extendió una invitación pública al Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira Silva; a la Ministra de Justicia, Ledy Zúñiga; y a la Asambleísta de Zamora Chinchipe, Sobeida Gudiño (presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos), sin embargo ninguna de estas personas concurrió, impidiendo así la participación de una delegación de las Naciones Unidas en Ecuador, quienes habrían aceptado la invitación siempre y cuando asistieran las autoridades nacionales. Una vez más se obstaculiza la búsqueda de la verdad.
El pasado 30 de septiembre, miembros de la empresa minera china ECUACORRIENTE desalojaron a 13 familias de la comunidad de San Marcos; esta acción estuvo respaldada por miembros de la Policía Nacional.
En una carta a la presidenta de Chile, 25 organizaciones sociales y productivas de la zona de Intag en Ecuador piden que se ponga término a las actividades de Codelco en su territorio por los continuos y graves atropellos y perjuicios que sufren por las operaciones mineras. En la misiva señalan que «dichos atropellos han sido documentados y denunciados por organizaciones de derechos humanos, incluyendo la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y la Federación Internacional de Derechos Humanos».
El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL denuncia ante la opinión pública el violento desalojo de poblaciones en Tundayme para allanar el espacio para la minería a gran escala a manos de ECSA, subsidiaria de Tongling Nonferrous Metals y CRCC China Railway Construction Corporated.
Desde Acción Ecológica manifestamos nuestra solidaridad y apoyo a las acciones que en defensa de sus derechos realizan pobladores y pobladoras de Tundayme (cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe), que han sido despojados de las tierras que usufructa para explotación minera la empresa china EcuaCorriente S.A. (Ecsa). Esta empresa es subsidiaria en el Ecuador de las empresas mineras Tongling Nonferrous Metals y CRCC China Railway Construction Corporated. Desde su instalación, Ecsa ha incumplido una serie de compromisos adquiridos con la comunidad, a la cual ahora desaloja para expandir la explotación de minerales. 
Autoría: Acción Ecológica y del Instituto Superior de Investigación y Posgrado (ISIP)/UCE
Este viernes 2 de octubre, a través de rueda de prensa, varios comuneros denunciaron los desalojos y las agresiones vividas en Tundayme (Zamora Chinchipe) que ocurrieron en la madrugada del 30 de septiembre del 2015 de Tundayme por parte de personeras de la seguridad de la empresa china Tongling Nonferrous Metals y CRC China Railway Construction Corporated acompañados por miembros de la Policía Nacional.
Desde la Comunidad Amazónica de Acción Social «Cordillera del Cóndor Mirador» (Cascomi) denuncian hoy, 30 de septiembre de 2015, que personal de la empresa minera Ecuacorriente S.A acompañado de policías y militares se encuentran en la comunidad de San Marcos, parroquia Tundayme, Zamora Chinchipe, desalojando a los habitantes de la zona que se encuentran defendiendo su territorio.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) calificó este martes las 1.571 firmas que la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del cantón Girón, en la provincia del Azuay presentó y que respaldan la convocatoria a una consulta popular, que decida la explotación minera a gran escala en esa zona del país. Ahora, la Corte Constitucional (CC) deberá anlizar la constitucionalidad de la pregunta que se realizará a la población.
Permanecieron doce días en la capital para presionar al Gobierno a que cumpla con sus demandas, desde el pasado 12 de agosto en el parque de El Arbolito.