De manera alarmante, a cuatro días del comienzo de la emergencia en nuestra comuna, el Estado aún no entrega la ayuda más urgente y fundamental en estos momentos: helicópteros. Éstos son los únicos que pueden acceder a las localidades aisladas sin luz y llevar agua y alimentos, así como rescatar vidas y realizar un catastro, sobre todo ver qué sucede en las cabeceras de valle de las cuales hoy no sabemos nada porque el tránsito por tierra es imposible en tramos y la comunicación por celular en esas zonas no existe desde antes de la catástrofe.

Los helicópteros fueron solicitados con urgencia por la Municipalidad de Alto del Carmen desde el día de ayer (miércoles 25 de Marzo). Lamentablemente tras dicha ausencia, el único helicóptero con que se ha contado es con el de la minera Barrick Gold que lleva 25 años destruyendo nuestros glaciares y contaminando y secando nuestros ríos.

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El tranque Ojanco de propiedad de la minera alemana Sali Hochschild, que se encuentra abandonado en las cercanías de Copiapó, es el que presenta mayor riesgo para la población, según el Director Regional, Sr. Miguel Fortt.

No sólo los relaves activos presentan, ante las lluvias y aluviones, un grave peligro para la población. Sino también los relaves inactivos que han sido catastrados por el Sernageomin y que no han tenido remediación. Es el caso del tranque Ojanco, que aun sin esta emergencia, arrastra materiales tóxicos derivados de la minería hasta las napas subterráneas y los ríos exteriores, e incluso contamina el agua potable.

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Fallo del Tribunal ambiental reconoce que existían pruebas suficientes de destrucción de glaciares pero no condenaron a Barrick Gold

Frente al reciente fallo del Tribunal Ambiental de Santiago (23/3/2015), que rechazó la demanda por daño ambiental sobre los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza y que omite la responsabilidad de Barrick Gold en la destrucción de nuestros glaciares y aguas. Las comunidades y organizaciones que nos oponemos y somos afectadas por el proyecto Pascua Lama declaramos:

1-                  Estamos decepcionados de la justicia en nuestro país, pero no sorprendidos, el fallo reconocía que existían pruebas suficientes para abrir un proceso en contra de la minera por destrucción de glaciares, en palabras del Tribunal: “existía motivo plausible para litigar”, pero finalmente terminó desvalorando las voces comunitarias y sus científicos como pruebas, incluso desvaloró los informes emanados desde el propio Estado, validando sólo los testimonios y los documentos científicos y técnicos financiados por la empresa Barrick Gold, lo cual a nuestro entender grafica la completa parcialidad de este Tribunal, a todas luces la sentencia se hizo a medida de la minera.

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La pequeña localidad de Caimanes tras una épica lucha contra la mayor fortuna de Chile y una de las mayores del mundo, logró un fallo inédito, la Corte Suprema le ordena a Minera

Los Pelambres demoler el tranque El Mauro, declarado en 2013 un peligro para la vida humana por la misma Corte Suprema. La ratificación del fallo por el Tribunal de Los Vilos, ordenando demolición inmediata, detendría el proyecto de expansión de la minera denominado Scope, pero también detendría el proyecto Alto Maipo, cuyo solo objetivo es darle energía a la minera post expansión, poniendo en peligro el abastecimiento de agua de la capital de Chile. El fallo de la Corte Suprema, es producto de las malas prácticas de minera Los Pelambres, propiedad de la familia Luksic.

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Este 21 y 22 de marzo:

Más de 20 movilizaciones por el agua se articularon de Arica a Chiloé

Un proceso creciente de despertar y empoderamiento territorial, motivó la realización de más de 20 actividades en el día internacional del agua, exigiendo la Recuperación de las Aguas para las comunidades y los ecosistemas, informando que las razones de la sequía en Chile no son solo ambientales, sino que también políticas, por ello es tan importante asumir el rol que nos cabe como ciudadanos en estas temáticas. 

La crisis hídrica que atraviesa el país es tan brutal como programada: todas las cuencas están sobre otorgadas, el modelo minero, forestal, energético y agroalimentario, pese a demostrar la insustentabilidad que le es inherente y el socavamiento no solo del agua sino que también de su ciclo, sigue siendo promocionado y profundizado por los gobiernos en desmedro de las líneas de desarrollo local, y vulnerando el derecho a la autodeterminación de los pueblos.

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El intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, anunció que se querellarán contra quienes resulten responsables luego de la incautación de material utilizado para explotación minera dentro del parque Quebrada de la Plata, en Maipú. La autoridad calificó como un «crimen ambiental» el daño realizado a la flora y fauna del parque de la comuna de Maipú.

Consultado sobre los sospechosos del daño realizado al lugar, comentó que las miradas apuntan hacia la empresa Minera Española Chile.

«No hay pruebas directas que sean ellos, pero el orden de los antecedentes indica que serán los primeros citados», sostuvo.

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Se acaba de conocer una multa al Proyecto minero Caserones del Consorcio Japonés Lumina Copper, de $ 7.620 millones, la segunda multa ambiental más alta luego de la cursada a Barrick Gold en el proyecto Pascua Lama. Este proyecto se ubica en la cordillera de la comuna de Tierra Amarilla, Provincia de Copiapó, Atacama.

La multa corresponde a 17 infracciones al permiso ambiental, 8 graves y 9 leves. Lo más preocupante son los incumplimientos asociados al resguardo de la calidad de las aguas subterráneas de la cuenca del Río Copiapó, lo que pone en riesgo las aguas de consumo humano y de uso agrícola de la provincia de Copiapó, considerando que es una cuenca en la que la Dirección General de Aguas (DGA) ha entregado 5 veces más derechos de agua de la capacidad de recarga del acuífero, y donde las aguas superficiales (están desaparecidas) ya no existen.

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Una importante reunión, donde se abordaron mecanismos para enfrentar posibles nuevos focos de conflicto para la minería, especialmente en temas socioambientales y de judicialización de proyectos y operaciones, se concretó entre el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, y los máximos representantes del Consejo Minero, encabezados por su presidente, Jean Paul Luksic, y su presidente ejecutivo, Joaquín Villarino.

La cita se dio el jueves pasado en las nuevas dependencias del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID), como parte de una instancia público-privada que surgió del trabajo que realizó el CNID junto al sector privado y que se tradujo en el documento «Minería. Una Plataforma de Futuro».

Según conocedores del encuentro, en la reunión se le transmitió a Aleuy la preocupación que existe en el sector por los nuevos focos de conflicto que se están abriendo para la industria.

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Declaración pública

Ley de Glaciares: el gobierno busca legalizar su destrucción

Somos comunidades de los valles de Maipo, Aconcagua, Limarí, Copiapó, Huasco, que hace años venimos exigiendo que se protejan nuestros glaciares de la destrucción que provoca la Mega Minería en las zonas altas de la Cordillera de Los Andes, porque sabemos que acabar con los glaciares en los valles transversales de Chile, es acabar definitivamente con la vida de nuestros valles. Por eso, frente al proyecto de ley de glaciares ingresado por el pro minero Ministro de Medio Ambiente Pablo Benadier, el martes 10 de marzo al parlamento luego de dudosos trámites “pre legislativos”, las organizaciones abajo firmantes declaramos:

1.- Es indignante que una demanda comunitaria urgente y sentida cada vez con más fuerza por la ciudadanía, como es la protección de los ecosistemas glaciares, pretenda ser resuelta mediante la firma de un protocolo entre el poder ejecutivo y algunos parlamentarios, a espaldas de los territorios, y que al cabo de una semana se traduzca en un proyecto de ley lleno de vacíos y de imprecisiones.

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La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) sancionó con una multa de 14.745 Unidades Tributarias Anuales –equivalentes a $7.620 millones aproximadamente– a la empresa minera SCM Minera Lumina Copper Chile, titular de los proyectos “Caserones”, “Línea de Transmisión 2x220KV Maitencillo–Caserones”, y “Modificación Línea de Transmisión 2x220KV Maitencillo–Caserones, Variante Maitencillo Norte”, por una serie de incumplimientos asociados al resguardo de la calidad de las aguas subterráneas de la cuenca del Río Copiapó; la construcción de varios tramos de la línea de transmisión eléctrica que provee de energía al proyecto siguiendo un trazado distinto al autorizado; la operación y puesta en marcha del proyecto Caserones, sin haber validado previamente los estudios, diseños y sistemas correspondientes al control de infiltraciones asociados a los depósitos de lixiviación y lastre; entre otros.

Durante el año 2013 se realizaron actividades de inspección a las instalaciones del proyecto por parte de fiscalizadores de la SMA, así como también del Servicio Nacional de Geología y Minería, la Corporación Nacional Forestal, el Servicio Agrícola y Ganadero, la Secretaría Regional Ministerial de Salud, la Dirección de Vialidad, y la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, todos de la Región de Atacama.

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