Judicatura resolvió la nulidad parcial de la RCA, ordenando a la autoridad ambiental y al titular hacerse cargo del impacto en la recuperación hídrica del humedal Pampa Lagunillas, incorporando escenarios de cambio climático.
Chile, Negocios e industria

11/02/2019
Minería Chilena
El Tribunal Ambiental de Santiago resolvió acoger parcialmente una de las reclamaciones interpuestas en contra del Comité de Ministros, asociada al proceso de evaluación ambiental que culminó con la aprobación del proyecto “Continuidad operacional Cerro Colorado”, ubicado en la Región de Tarapacá, y de propiedad de BHP.

Con esta decisión, la RCA se anula en aquella parte viciada, retrotrayéndose a la fase de evaluación ambiental sólo respecto de dicho aspecto.

“Que, al respecto, este Tribunal no comparte la conclusión del Comité de Ministros al validar que las medidas y condiciones aprobadas sean ‘apropiadas’ para hacerse cargo del impacto en comento, puesto que, de su sola adopción, sin mediar una debida evaluación técnica, no es posible establecer en qué proporción se produciría la esperada reducción en los tiempos de recuperación del ecosistema Pampa Lagunillas, dejando un impacto residual incierto. Por ello, estos Sentenciadores entienden que la resolución reclamada, en este punto, no se encuentra suficientemente fundada, ya que las condiciones impuestas y que estaban dirigidas a reducir los tiempos de recuperación debieron ser evaluadas en sus efectos”, dice la sentencia, según consigna la nota publicada por el Tribunal.
Efectos ambientales

Respecto de la reclamación acogida, los ministros consideraron como un antecedente ineludible, al momento de resolver la causa, el contexto previo en que se desarrolló el proyecto minero, cuya continuidad fue sometida al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Detallan, en primer lugar, las circunstancias que derivaron en la aplicación de una sanción en contra de la minera, debido a los efectos de su operación en los descensos de los niveles freáticos del acuífero de Pampa Lagunillas, los que a su vez provocaron la afectación del bofedal suprayacente y, en segundo término, las condiciones impuestas previamente por la autoridad ambiental de la época para recuperar ese patrimonio ambiental, las que se establecieron en la Resolución Exenta No 67/2011, de la Comisión de Evaluación Ambiental de Tarapacá.

El fallo explica que dicha situación de afectación constatada y la necesidad de lograr la recuperación de los niveles freáticos del acuífero, constituyen elementos esenciales en una adecuada evaluación ambiental de cualquier proyecto que pretenda afectar de algún modo los recursos naturales en una zona de recuperación ambiental, como sucede en este caso.

“A juicio del Tribunal, la observación ciudadana relativa al impacto ambiental que tendrá en la recuperación de los niveles de aguas subterráneas del acuífero de Pampa Lagunillas, la continuidad operacional del proyecto en comento no ha sido abordada de manera completa, precisa y suficiente durante el proceso de evaluación ambiental, no habiéndose, por tanto, considerado debidamente la observación según lo mandata la ley, lo que justifica acoger la reclamación en este punto (…)”, puntualiza la sentencia.
Criterios de conservación ambiental

El fallo discurre sobre el deber de observancia tanto del titular como del SEA respecto de la recuperación del acuífero que alimenta el bofedal afectado. Ello, a la luz de la aplicación de los principios preventivo y el que contamina paga, y de los conceptos de desarrollo sustentable, protección del medio ambiente, conservación del patrimonio ambiental y preservación de la naturaleza que están definidos en la Ley No 19.300.

“Que, en efecto, habiéndose inspirado dicho acto administrativo en la tutela de componentes ambientales -acuífero y bofedal- que habían sido objeto -al menos- de afectaciones ambientales relevantes por causa de la extracción de aguas asociada a la faena minera, el plazo de recuperación de los niveles freáticos del acuífero, que a su vez sustenta el bofedal de Pampa Lagunillas -año 2050 en el Pozo LA-2- no resultaba disponible al titular para proponer, ni a la autoridad ambiental para aprobar algo distinto sin consideraciones ambientales idóneas. En efecto, los objetivos de protección y recuperación ambiental que subyacen a la Resolución Exenta No 67/2011 imponían que su eventual modificación no se fundara únicamente en consideraciones económico-productivas de extensión de la vida útil del proyecto asociado”, señala el fallo.
Cambio climático

Asimismo, los ministros reflexionaron respecto del cambio climático y los efectos que éste tendrá en la recarga de los acuíferos a escala global, debido a la alteración de los patrones de precipitación y temperatura. En el caso específico del altiplano chileno -detalla la sentencia- las predicciones indican un aumento de entre 0.5 a 1.5°C en las temperaturas medias y una disminución de 5 a 15% de las precipitaciones anuales al año 2040.

Con estas consideraciones por delante y tras analizar las pruebas presentadas durante el proceso de reclamación del proyecto Continuidad Operacional Cerro Colorado, los ministros observaron que “las simulaciones llevadas a cabo para evaluar los efectos tanto del bombeo de agua subterránea, como de las medidas y/o condiciones establecidas para su control, no consideraron la influencia del cambio climático sobre la recarga del acuífero y, por ende, sobre los tiempos de recuperación esperados”. Situación -dijeron- que debe ser enmendada.

“En conclusión, al momento de cumplir con lo dispuesto en esta sentencia, la autoridad ambiental deberá evaluar el efecto sobre el ecosistema Lagunillas de la extracción de agua subterránea para la actividad minera de CMCC, considerando los escenarios de cambio climático utilizados por los expertos en la materia”, señala la sentencia.
Reclamación indígena

La sentencia del Tribunal Ambiental de Santiago rechazó la reclamación interpuesta por la Asociación Indígena Agrícola San Isidro de Quipisca, ya que sus alegaciones se apartaron de lo que esta había observado en el proceso de consulta indígena.

Ambas partes acudieron al Tribunal Ambiental de Santiago una vez que la autoridad ambiental rechazó los recursos que habían interpuesto cuestionando la RCA que aprobó el proyecto, pues -aseguró en su momento- que las observaciones presentadas en el proceso de evaluación ambiental del proyecto fueron debidamente consideradas.

http://www.mch.cl/2019/02/11/tribunal-ambiental-acoge-parcialmente-reclamacion-vecino-rca-proyecto-cerro-colorado/

A través de una declaración pública la Minera afirmó que ‘”no existe ningún proyecto de depósito de relaves que se encuentre presentado o que se vaya a presentar al menos en veinte años más”

De acuerdo a su modelo de relacionamiento -declara-, “que privilegia el diálogo temprano y transparente con las comunidades, Minera Los Pelambres respondiendo a una invitación del Concejo, expuso el pasado lunes 4 de febrero al Concejo Municipal de Canela, un plan de trabajo preliminar de sondajes exploratorios que la Compañía está analizando como alternativa para la construcción de un futuro depósito de relaves en 20 años más. Según se aclaró al Concejo, esta opción requiere aún de análisis y estudios que se deben realizar antes de tomar cualquier decisión, la que materializaría no antes de dos décadas”.

Explica que el lugar donde se realizarían estos sondajes se emplaza en una zona privada denominada Millahue. La ejecución de este plan implicaba actividades en terrenos de privados. Sin embargo, “la empresa actuó y seguirá actuando de acuerdo a los principios que desde hace varios años guían su forma de vincularse con el territorio, considerando la comunicación a toda la comunidad y autoridades locales”.

Agrega que como ya se expuso, Minera Los Pelambres ratifica que “no existe ningún proyecto de depósito de relaves que se encuentre presentado o que se vaya a presentar al menos en veinte años más, e informa que se ha suspendido indefinidamente el plan de sondajes al que se hace referencia al principio de esta declaración”.

Carta compromiso

Cabe señalar que los vecinos de Huentelauquén Sur, se tomaron el pasado lunes la Ruta 5 Norte en ambos sentidos, en rechazo a la iniciativa.

En la ocasión fue el propio Gobernador de Choapa, Juan Pablo Galvez, quien a través de una carta compromiso firmada ante los manifestantes, asumió la tarea de conformar una línea de trabajo que permita conocer la inquietud de los pobladores, en los momentos en que la Compañía anuncia el desistimiento de las obras.

http://www.davidnoticias.cl/2019/02/06/los-pelambres-suspende-intencion-sondajes-millahue-sur/

Ejecutivos de Minera Los Pelambres, tal como lo diéramos a conocer a través de Davidnoticias.cl, expusieron los fundamentos técnicos del proyecto que busca su eventual factibilidad a través de sondajes previos en el sector de Millahue Sur.

La información que fue canalizada través de este medio, provocó revuelo en diferentes organizaciones sociales y ambientalistas, que llegaron a la sesión del Concejo Municipal de Canela para estar presentes y escuchar los planteamientos de la Compañía Minera.

En la reunión equipos técnicos de la minera expusieron por cerca de 7 minutos para dar paso luego a diversas intervenciones de los dirigentes.

En general quedó claro en la asamblea el rechazo al proyecto, según concordaron en señalar expresamente en el encuentro, al mismo tiempo que el alcalde Bernardo Leyton con el Concejo en pleno, manifestó su compromiso de apoyar las inquietudes de la gente con la finalidad de hacer prevalecer ante todo la calidad de vida de las comunidades.

Concluido la sesión, un grupo de manifestantes de Huentelauquén Sur se tomaron la ruta 5 Norte a la altura de esta localidad de la comuna de Canela, manteniéndose cortado el tránsito en ambos sentidos en los momentos en que se dialogaba con Carabineros, provocándose una congestión vehicular por varios kilómetros.

Finalmente la toma fue depuesta pacíficamente a las 22:30 horas tras el diálogo de los manifestantes con el Gobernador de Choapa, Juan Pablo Galvez, quien llegó al lugar. Se procedió a la firma de una carta compromiso ante los manifestantes para conformar una mesa de trabajo con participación ciudadana con una primera reunión fijada para este jueves 7 de enero a las 19 horas en Huntelauquén Sur.

https://www.davidnoticias.cl/2019/02/05/se-toman-ruta-5-norte-rechazo-proyecto-tranque-relaves-huentelauquen/

08 de agosto de 2012, Minera Valle Central, ubicada en Requinoa, VI Region, dedicada a la extracción de relaves y recuperacion de cobre y molibdeno. Foto: Juan Carlos Recabal Diaz / MCH

A fin de año la autoridad espera fijar la obligación de monitorear los 101 tranques que están activos y generar alertas tempranas, para evitar una tragedia como la de hace unos días en Brasil. Inicialmente se estima que a la industria esto podría llegar a costarle hasta US$ 900 millones.

Chile, Negocios e industria
Publicado el 4 de febrero del 2019
Enviar por email Imprimir Suscribirse a newsletter Notas al editor
(El Mercurio) Con el ritmo actual de producción minera en Chile, cada 36 horas se depositan relaves equivalentes a un cerro Santa Lucía. Un volumen anual de 600 millones de toneladas -estimado con datos a 2014- ubica al país como el tercer mayor acumulador de estos desechos tras China y Estados Unidos. La proyección de incremento de la producción podría implicar que a 2035 la cantidad de relaves se duplique.

Este aumento que es inevitable preocupa a mineras y autoridades porque además se da en un ambiente de rechazo creciente por parte de las comunidades a este tipo de depósitos. El daño que podría provocar el colapso de una de estas estructuras alimenta los temores y la suspicacia. Tragedias recientes, como la de la mina de cobre Mount Polley en Canadá el 2014 -donde el vertimiento afectó severamente a dos lagos- o la de un año después en Brasil, donde la liberación de material residual de hierro de una operación de la minera Samarco (BHP y Vale) en el distrito de Mariana cobró 19 víctimas, en nada ayudan a mejorar la percepción social, pese a que la minería a nivel global resintió el impacto de estos sucesos. Las compañías revisaron sus tranques y contrataron asesorías para mejorar sus estándares de manejo y monitoreo de seguridad, comenta el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández.

De más está decir que el colapso hace unos días de otra instalación ligada a la brasileña Vale, el tranque Brumadinho, en Belo Horizonte, pone una nueva cuota de incertidumbre.

Como principal productor de cobre, Chile no se quedó al margen. Empresas de la gran minería en forma individual y en conjunto con entidades como la Fundación Chile, el programa Alta Ley o Corfo tienen planes para elevar y en alguna medida estandarizar sus sistemas de seguridad y alerta ante este tipo de emergencias. Lo complejo es que estas iniciativas apuntan a los 101 tranques que están activos, lo que representa solo el 14% de un total de 740.

Pese a que entre los 639 depósitos restantes que están inactivos (469) y abandonados (170) están los que potencialmente podrían ser más riesgosos, hasta ahora es poco lo que se ha hecho. Con esto en mente, el año pasado el Ministerio de Minería lanzó una iniciativa para agrupar en una política nacional todas las acciones en materia de relaves que están en ejecución para, eventualmente, en el mediano y largo plazo tratar de aplicarlas a todos los depósitos, sin importar su estado.

El ministerio sacará al mercado los relaves abandonados
Un primer paso fue identificar que entre los relaves abandonados, es decir, los que no tienen propietario identificado, hay 37 -distribuidos entre las regiones de Tarapacá y Valparaíso- que según explica el subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, revisten “a lo menos un riesgo significativo” para la salud y seguridad de las personas, el medio ambiente y actividades económicas, ya sea porque están muy cerca de zonas pobladas, son muy antiguos o evidencian inestabilidad (ver mapa).

El Gobierno está caracterizando estos depósitos, lo que implica establecer su nivel de riesgo, ubicar a sus dueños, aclarar su estatus de permisos y determinar el volumen y los minerales que contienen. En paralelo, dice Terrazas, preparan cambios normativos para elevar las atribuciones de la autoridad para exigir a los propietarios que se hagan cargo de sus desechos y los contengan. Para esto se considera, incluso, la vía judicial a través del Consejo de Defensa del Estado.

El ajuste en evaluación permitiría también que el Estado pueda “poner en el mercado” los relaves que definitivamente no tienen dueño identificado. Esto implica, por ejemplo, simplificar los permisos para el traspaso o el traslado de estos materiales.

Esta última es la parte más novedosa del plan, añade el subsecretario, porque todas las ideas que se han planteado para remediar estos pasivos ambientales han chocado con la falta de recursos públicos. Esto será diferente ahora, dice Terrazas, porque el plan es que sean los privados quienes financien esta limpieza, reprocesando los relaves para sacar los metales que contienen y trasladando lo que quede a depósitos que cuenten con permisos.

La otra alternativa, para la que ya habría dos importantes mineras disponibles, es una fórmula al alero del Sistema de Evaluación Ambiental que permitirá a las empresas que tramiten proyectos compensar parte de sus emisiones por la vía de remediar algún relave abandonado que esté en la misma región del proyecto. Tras varias prórrogas, el convenio entre el ministerio y el Servicio de Evaluación Ambiental se firmaría en marzo, y ahí se liberarían las guías que establecerán las equivalencias entre emisiones y volúmenes de relaves.

“Este sistema no implica una carga mayor de recursos para la industria, porque se sustituyen otras compensaciones que se han vuelto más complejas, como la compra de terrenos para hacer reservas naturales, pero tampoco será un costo mayor para el Estado”, asegura Terrazas y añade que no fijarán de antemano lo que las empresas podrán hacer con estos relaves, sino que “dependerá mucho de la creatividad o de las distintas fórmulas que desarrollen las empresas”.

El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, dice que la industria rescata el espíritu de estas propuestas con miras a avanzar hacia el mejoramiento continuo en materia de relaves. “Estamos disponibles para trabajar en conjunto”, adelanta, mientras que el titular de la Sonami asegura que la opción de remediar relaves abandonados como forma de compensación para proyectos nuevos “puede ser una iniciativa inteligente”, aunque plantea que no en todos los casos será posible reprocesar o dar otro uso a los desechos, y ahí es importante que entre las alternativas se considere el financiamiento de obras para estabilizar los tranques y habilitar monitoreo para reducir el riesgo asociado.

Programa piloto para futura norma de monitoreo costó casi US$ 10 millones
Otro de los ejes de la Política Nacional de Relaves es hacer obligatorio el monitoreo de la estabilidad física y química de los tranques y el acceso de la población a esos datos, para lo cual se realizará una nueva modificación al decreto que hace cuatro décadas regula la construcción de estos tranques.

La normativa surgió tras el colapso de seis tranques de relaves producto del terremoto de magnitud 7,4 Richter que en 1965 tuvo epicentro en La Ligua. El vertimiento provocó la muerte de 200 personas. Entre ese año y 2010 el país tuvo diez episodios. El último fue en El Maule y dejó cuatro muertos.

La base de este plan de medición e información es el denominado “programa Tranque”, iniciativa diseñada por la Fundación Chile con la colaboración de empresas, organismos públicos y otras entidades especialistas del sector, y funciona a partir de una plataforma centralizada que dependerá del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y recibirá la información, que será procesada para mejorar y agilizar las decisiones de operación y la reacción ante eventuales emergencias, explica Cecilia Vidal, subdirectora del programa.

El piloto de la iniciativa está en el tranque de relaves El Mauro de la mina Los Pelambres, faena propiedad de Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic. Se optó por este depósito, porque ya contaba con instalaciones adecuadas para estos fines.

Según datos del Ministerio de Minería, la habilitación de este sistema tuvo un costo cercano a los US$ 10 millones. Si se considera que, según Cecilia Vidal, solo 23 de los tranques de relaves activos tendrían instrumentos de un nivel más desarrollado, porque pertenecen a faenas de la gran minería, en un escenario de obligatoriedad la inversión para instalar este tipo de monitoreo en los 101 depósitos que están activos podría acercarse a los US$ 900 millones, de acuerdo con estimaciones iniciales de la industria.El subsecretario Terrazas agrega que estas pruebas en condiciones y escala real tomarán todo este año e irán a la par del ajuste normativo que preparan.

Entre 1965 y 2010 hubo 10 accidentes de tranques de relaves en el país. Seis fueron consecuencia del terremoto de 1965. Después de eso la construcción de estas estructuras se reguló.

http://www.mch.cl/2019/02/04/gobierno-detecta-37-relaves-mineros-abandonados-presentan-peligro-la-poblacion-ambiente/

El Ministerio de Bienes Nacionales explicó la redefinición de límites del Parque Nacional Patagonia, en la Región de Aysén, luego que se denunciara la reducción en casi 5.000 hectáreas de su territorio, a favor de la empresa australiana Equus Mining, que sondea yacimiento de oro y plata en la zona.

De acuerdo a un comunicado, antes de dejar su cargo como Presidenta, Michelle Bacheletfirmó el decreto que creaba el parque de 302.335 hectáreas, pero dejó en su interior terrenos particulares que se habían considerado como fiscales.

Además, la cartera aclaró que la superficie del parque, tras la decisión del Consejo de Ministros realizado en octubre de 2018, creció en 2.192 hectáreas si se compara con lo aprobado en el gobierno anterior en 2017, llegando a 304.527,75 hectáreas.

El Ministerio de Bienes Nacionales detalló que «se trabajó también en responder a las necesidades productivas de la zona y la incorporación de terrenos fiscales que no habían sido considerados en la propuesta anterior».

Al respecto, el jefe de la cartera, Felipe Ward, afirmó que «heredamos un problema y por ello tuvimos que sentarnos a redefinir los límites del parque. Tuvimos que excluir propiedad privada que había sido incluida erróneamente y aun así logramos que la cantidad de hectáreas protegidas sea mayor».

El citado proyecto de exploración estaría a cargo de la división sudamericana de Equus Mining, Southern Gold, compañía que no se ha referido a la supuesta entrega de terrenos, publicada por el medio digital Interferencia.

Aunque el propio Ward, a través de Twitter, calificó como «fake news» el reportaje, la nota de prensa del ministerio no hace mención alguna a estas cerca de 5.000 hectáreas cuestionadas.

Fuente:https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-aysen/gobierno-apunta-a-administracion-bachelet-por-parque-nacional-patagonia/2019-01-29/125829.html

El Servicio de Evaluación Ambiental resolvió iniciar el procedimiento de invalidación administrativa de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del “Proyecto Minero Quebrada Blanca Fase 2”. Ahora la compañía tiene un plazo de diez días hábiles para que se pronuncie respecto de la solicitud de invalidación presentada.

Cotinuar leyendo está noticia en el siguiente link:https://www.elmostrador.cl/mercados/2019/01/29/sea-invalida-proyecto-quebrada-blanca-de-minera-teck-tras-alegato-de-comunidades-indigenas-en-tarapaca/

El gobierno redujo en casi 5 mil hectáreas la superficie de la red de protección, que fue impulsada por el gobierno de Michelle Bachelet, para beneficiar a la empresa australiana Equus Mining.

Nuevamente un caso ambiental involucra al gobierno de Sebastián Piñera luego de que se diera a conocer que parte de los terrenos del Parque Nacional Patagonia fueron entregados a una minera australiana.

Se trata del proyecto minero Los Domos que pertenece a la empresa australiana Equus Mining, que se está impulsando a través de su división sudamericana Southern Gold, según consigna Interferencia.

La determinación del ejecutivo va en contra de un decreto que ingresó a la Contraloría General de la República el gobierno de Michelle Bachelet, donde se promulgaba el Parque Nacional Patagonia en la región de Aysén como parte de la Red de Parques de la Patagonia en la que se establece la creación de tres nuevos parques, y la ampliación de las áreas de protección entre las regiones de Los Lagos y Magallanes.

El proyecto minero se comenzó a desarrollar el 2017 cuando se tramitaron las primeras autorizaciones de concesiones mineras en el Juzgado de Letras de Chile Chico. Se trata de 19 plataformas de perforación que cuentan con 12 concesiones mineras, que se encuentran ubicadas a 18 kilómetros al suroeste de Chile Chico y a casi 400 metros de la Reserva Nacional Jeinimeni.

Las reuniones entre la minera y las autoridades, registradas bajo la ley de lobby, comenzaron en octubre 2017, momento en que seguía Bachelet en el poder. Durante el gobierno de Sebastián Piñera, ya se han dado 3 encuentros, en el primero de ellos estuvo presente el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward.

“Se detectó, por parte del ministerio, la realización de actividad minera ilegal en terrenos fiscales al interior de la Reserva Nacional Lago Jeinimeni por parte de la empresa minera Equus Mining”, dijo el ex ministro.

En la instancia, además anunció que se coordinarían con el Consejo de Defensa del Estado para interponer las acciones judiciales que fueran pertinentes.

Frente a esto, en diciembre de 2018, representantes de la Corporación Privada Para El Desarrollo de Aysén, de la Agrupación Social y Cultural Aysén Reserva de Vida y de la Corporación Para El Desarrollo Sustentable del Lago General Carrera, denunciaron el proyecto ante la Superintendencia de Medio Ambiente por incumplimiento de la normativa ambiental.

“No cabe dudas que el proyecto en cuestión debió ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en aplicación de la letra p) del artículo 10 de la Ley número 19.300; ello por tratarse de un proyecto cuyas obras o actividades se desarrollan: a) Al interior de un Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad; b) al interior de una Zona de Interés Turístico; c) y, pese a existir controversia al respecto, a no más de 160 metros de los límites de la Reserva Nacional Lago Jeinimeni”, dice la denuncia.

Un nuevo antecedente tendría que ver con el número de plataformas de perforaciones que presenta la empresa. Si bien en su información oficial habla de 19 plataformas de perforación, se contradice con una presentación de uso personal que, en inglés, presenta el proyecto con 41 perforaciones hasta septiembre de 2018. En el artículo 3 del reglamento del SEIA se indica que se debe someter al sistema todos aquellos proyectos que consideren 40 o más plataformas.

Este dato será incorporado en la investigación que actualmente encabeza la Superintendencia de Medio Ambiente.

Hoy la batalla de los ayseninos es en contra de la actividad minera que, como el proyecto Los Domos, está llegando a la región sin que la ciudadanía se entere y preocupando al sector turístico. Bajo un lema casi idéntico al que crearon en el pasado, con la amenaza de Hidroaysén, marcharon en octubre de 2018 por las calles de Coyhaique, Cochrane, Puerto Cisnes y Puerto Río Tranquilo.

Un grupo de personas sostenía un cartel que decía: “El agua vale más que el oro. Patagonia sin mineras”.

Fuente:https://www.chileokulto.cl/estan-vendiendo-chile-al-mejor-postor-jugada-de-minera-australiana-logra-reducir-terrenos-de-parque-nacional-patagonia-lugar-rico-en-oro-y-plata/?cn-reloaded=1

Solo diez años nos quedan para salvar al mundo como lo conocemos y evitar sufrir peores impactos. La explotación de la Mina Invierno en Magallanes implica más carbón, por tanto, más aumento del nivel del mar, más sequías y más ciudadanos impactados innecesariamente. Es fundamental que el tema climático y energético esté abordado seriamente en los programas de Gobierno, incluyendo el apagón fósil y la transición justa para los trabajadores de ese sector, que deberán relocalizarse en trabajos vinculados al desarrollo de energías limpias. De otra manera, deberemos enfrentarnos a un dilema existencial: o actuamos urgentemente, teniendo en cuenta el mundo que dejamos, o empecemos a armar las valijas para dejarlo antes de lo previsto.

Naciones Unidas estableció el 28 de enero, como el día Mundial por la Reducción de Emisiones de Co2, como un recordatorio de uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. El año que dejamos atrás estuvo marcado por eventos climáticos extremos como los incendios forestales en Grecia y California , olas de calor en Medio Oriente, inundaciones de Nigeria a Japón, o un súper tifón en Filipinas. Y Chile no se queda atrás. Según un estudio de la organización Germanwatch, está entre los 10 países más afectados por los impactos del cambio climático: mayores sequías, incendios forestales y riesgo por el aumento del nivel del mar.

Continuar esta noticia en el siguiente link: https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/01/29/tronaduras-en-isla-riesco-en-el-ano-en-que-chile-sera-anfitrion-de-la-cumbre-climatica-el-gobierno-partio-fallando/

En la jornada de este miércoles, se registró la rotura de una cañería en instalaciones de Codelco Andina hacia el río Blanco, importante afluente del río Aconcagua. Efectivos de la PDI acudieron al lugar a realizar peritajes, al igual que personal del Sernageomin. Mientras tanto, la empresa distribuidora de agua en la zona, Esval, suspendió la utilización de agua del río para consumo humano hasta contar con datos de calidad de agua. 

Según indicó La Tercera citando un comunicado de la empresa, la rotura del ducto ocurrió en el kilómetro 15 de su recorrido “Advertidos estos hechos, se activaron los protocoles de emergencia de la empresa: se detuvieron inmediatamente las operaciones de dichas instalaciones hasta no tener la certeza de que pueda operar en condiciones seguras; se informó a las autoridades regionales; las comunidades cercanas y a los regantes de la zona” indicaron.

Fuente:https://resumen.cl/articulos/derrame-relaves-mineros-rio-blanco-provoco-emergencia-ambiental-los-andes/?fbclid=IwAR30UhGOFVmGL_l1wB41r97z3BoT38wh4tdSGNI70JAJgks-GLNk7Efh6ZA

El 7 de enero, la Superintendencia de Medio Ambiente, la autoridad chilena encargada de fiscalizar los permisos ambientales, aprobó el Plan de Cumplimiento (PDC) presentado por la empresa Sociedad Química y Minera de Chile Soquimich S.A (SQM), que busca compensar las infracciones ambientales que derivaron en un proceso sancionatorio en su contra. La empresa, que desde 1993, explota las reservas de litio en el salar de Atacama, al norte de Chile, había modificado, sin autorización, las variables que permiten la activación del Plan de Contingencia destinado a prevenir impactos ambientales producto de las actividades extractivas.

A esta infracción, considerada gravísima por la autoridad ambiental, se suman otras cinco entre las que destacan la extracción de salmuera por sobre lo permitido y la afectación progresiva de algarrobos, uno de los pocos árboles que sobreviven a las inclemencias del desierto.

El Plan de Cumplimiento fue criticado por representantes de las comunidades indígenas, por científicos expertos en el estudio de ecosistemas del desierto, por Albermarle, otra empresa minera que opera en el salar y por la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO), la agencia de gobierno con la que SQM tiene el contrato para la explotación del litio. Sin embargo, cada uno de los argumentos presentados en contra del Plan de Cumplimiento fueron desestimados por la autoridad ambiental. Dicho plan fue aprobado y el proceso sancionatorio en contra de SQM detenido.

Alonso Barros, abogado representante de la comunidad indígena de Camar, aseguró a Mongabay Latam que apelarán ante la justicia.

La fragilidad del salar y las infracciones ambientales de SQM

El salar de Atacama, ubicado en el desierto que lleva el mismo nombre y el más seco del mundo, constituye un frágil sistema ecológico conformado por su área núcleo y por una serie de lagunas de agua dulce y bofedales que lo rodean.

Son los sistemas lacustres Soncor, Aguas de Quelana y Peine, declaradas sitio Ramsar, por ser hábitat de variadas aves acuáticas y el centro reproductivo de flamencos más importante del mundo. El flamenco Andino, el Chileno y el James son las tres especies que habitan este lugar estando el primero vulnerable y los otros dos cercanos a la amenaza, según la categorización de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

El sistema de vegetación Borde Este, que bordea el extremo oriente del salar, constituye la zona más sensible al recepcionar las aguas subterráneas y superficiales que vienen desde la Cordillera de los Andes y que confluyen en la cuenca del salar.

Es así como 18 comunidades indígenas han podido habitar, desde hace 6 mil años, esta zona del desierto, beneficiándose de los bofedales y de los acuíferos para el pastoreo de camélidos y el desarrollo de la agricultura.

SQM extrae, desde el núcleo del salar, 1700 lts/s de salmuera, agua con sal, rica en litio. A partir de ella obtiene sulfato de potasio, ácido bórico y cloruro de potasio. La producción de este último producto requiere de agua dulce por lo que SQM tiene, también, derechos de aprovechamiento de agua sobre cinco pozos en los bordes del salar.

Las aguas dulces de los sistemas lagunares y las salobres del salar interactúan por canales subterráneos conformando un mismo sistema hidrológico. Es por ello que “las extracciones de salmuera desde el salar pueden afectar las lagunas”, asegura Ingrid Garcés, investigadora de la Universidad de Antofagasta y doctora en ciencias geológicas.

Para evitar cualquier impacto ambiental, derivado de la operaciones de SQM, elpermiso con el que opera la empresa está sujeto a una serie de medidas, entre las que destaca la implementación de un Plan de Contingencia. Este, se activa cuando el nivel de las lagunas que bordean el salar alcanza cierto umbral. Para ello, el permiso otorgado a la empresa establece pozos de monitoreo y reglillas de observación para los sistemas Aguas de Quelana, Soncor, Peine y el sistema vegetación Borde Este. Cuando el umbral de dichos pozos llega al mínimo histórico registrado, se activa una alerta temprana para aumentar la frecuencia de monitoreo, a fin de anticipar un potencial efecto. En una segunda fase, se reduce el caudal de bombeo de salmuera y/o de agua dulce, según corresponda.

Pero en noviembre del 2016, la Superintendencia de Medio Ambiente inició un proceso sancionatorio en contra de SQM por haber, entre otras cosas, modificado sin autorización los niveles de activación del Plan de Contingencia. Según detalla el documento, se modificaron los pozos a monitorear, las cotas de terreno de los pozos de monitoreo y se alteraron los umbrales de activación de los niveles del Plan de Contingencia.

Además, el documento detalla que la empresa retiró dos pozos de monitoreo. Es decir, desactivó los indicadores de alerta.

Otras cinco infracciones ambientales fueron cometidas por la empresa. Entre ellas, se cuenta la extracción de salmuera por sobre lo autorizado, entre agosto del 2013 y agosto del 2015. La “afectación progresiva del estado de vitalidad de los algarrobos —uno de los pocos árboles que sobreviven a las extremas condiciones del desierto— sin suspender la operación del proyecto, ni alertar a las autoridades desde el año 2013 a la fecha”. Además, se le acusó de entregar información incompleta respecto a la extracción de agua dulce, niveles de pozos y formaciones vegetales, “lo que no permite contar con información de control trazable que permita una verificación de las variables” señala el documento de la Superintendencia.

El Plan de Cumplimiento

Para dar respuesta al proceso sancionatorio, SQM presentó a la Superintendencia de Medioambiente un plan de cumplimiento que busca reivindicar cada una de las infracciones y comprometerse a cumplir con el permiso que le fue otorgado.

Representantes legales de la comunidades indígenas y científicos manifestaron desde un principio sus reparos al plan de cumplimiento. Ello, debido principalmente a que la empresa, si bien reconoce las infracciones, niega que estas hayan podido provocar un efecto negativo al medioambiente.

Para demostrar que la manipulación de las variables del Plan de Contingencia no produjeron impactos en el medioambiente, la empresa realizó una evaluación retrospectiva de los niveles del acuífero, medidos mensualmente, desde el inicio del proyecto. Estos fueron comparados con los umbrales definidos en el permiso ambiental, sin las modificaciones que luego fueron objetos de cargos. El resultado fue que “en ninguno de los tres pozos de monitoreo se detectó un registro de nivel bajo el valor del umbral”. Esto habría sido corroborado por la Dirección General de Aguas (DGA) quien realizó también un análisis, aunque a partir de los datos entregados por SQM.

Para los opositores al Plan de Cumplimiento, la propuesta de la empresa no es válida por tener una “estructura circular”. Es decir, que para descartar los efectos negativos de las infracciones, se utilizaron antecedentes que están cuestionados debido a la alteración de los datos y reportes de información incompleta.

La autoridad ambiental, sin embargo, consideró que el anterior argumento no se encuentra fundado puesto que en los análisis, tanto de la empresa como de la DGA, “se han utilizado los umbrales e indicadores de estado vigentes para el proyecto de SQM y no aquellos modificados sin autorización ambiental”.

En opinión de CORFO y las comunidades indígenas, lo anterior no bastaría para asegurar la fidelidad del análisis. “Se debiera contar con datos independientes, no procesados por la empresa, ya que (la información) carece de imparcialidad y perpetúa la situación actual en la empresa”. La autoridad sin embargo, también desestimó dicho argumento asegurando que “esta aseveración no puede ser compartida, en la medida que, pese a la comisión de infracción, la empresa continúa estando a cargo de la gestión ambiental de su proyecto y sigue siendo la responsable de informar a la autoridad de las condiciones ambientales”.

La bióloga Carolina Díaz puntualiza que, en efecto, “si bien es muy probable que la empresa esté provocando daños, los estudios los tienen ellos y una cosa es la opinión y otra es la prueba”.

Cada uno de los argumentos presentados en el intento de demostrar la insuficiencia del Plan de Cumplimiento fueron desestimados por la Superintendencia de Medioambiente. En opinión de Alonso Barros, dicha autoridad ambiental no consideró importantes argumentos que demostrarían la insuficiencia del Plan. Entre ellos, la afectación a los flamencos y el desecamiento del Borde Este del Salar.

Los hallazgos

Con el objetivo de confirmar si es que efectivamente, durante el período en el que se cometieron las infracciones ambientales, no hubo afectación al medioambiente, tal como asegura SQM, la CORFO realizó un análisis paralelo.

El resultado, según indica el alegato de la comunidad de Camar, fue que en la vegetación del Borde Este del Salar de Atacama, se observaron disminuciones significativas de follaje verde. “La relevancias de estas pruebas aportadas por CORFO, permiten constatar (…) lo que, en definitiva, corresponde al efecto negativo no deseado”, señala el documento. Alonso Barros asegura que se trata del mayor impacto visible en el salar, pero que este argumento técnico no fue considerado por la Superintendencia de Medioambiente a cargo del proceso sancionatorio.

Por otro lado, la CORFO analizó las poblaciones de flamencos e identificó aumentos del flamenco andino en el sector de Soncor, mientras que el flamenco chileno presentó “disminuciones llamativas en Aguas de Quelana”. Según señalan las alegaciones judiciales, levantadas por la comunidad indígena de Camar, la empresa no se hace cargo del impacto en la distribución de las especies producto de la creciente fragmentación del sistema de lagunas y “la gravísima desaparición de los canales y ríos que las unía previamente”. “La mejor prueba de ello, es que ahora la base alimenticia del conjunto de las lagunas está empezando a cambiar, de tal modo, que donde antes convivían especies diferentes, hoy las lagunas se han “especializado” con grave afectación a las interacciones biodiversas históricas y con consecuencias insospechadas”. Por último, agrega que la gravedad se acentúa no solo por tratarse de especies vulnerables sino de especies tope en la cadena trófica de los sistemas lacustres del salar de Atacama.

Ingrid Garcés, asegura que el salar “evidentemente está siendo mal intervenido, especialmente en la zona este, donde hay áreas que simplemente se secaron”. Además dice estar sorprendida puesto que “no pensamos que el Plan de Cumplimiento iba a ser aprobado”.

La experta explica que, durante el proceso productivo de la empresa, parte de la salmuera extraída es reinyectada al sistema. Sin embargo, “es una salmuera que no tiene las mismas condiciones” puesto que de ella fue extraído el litio que la empresa requiere. La reinyección de salmuera podría estar así alterando el ecosistema del salar puesto que los microorganismos que viven en él, lo hacen de acuerdo a ciertas condiciones, explica Garcés. “La empresa dice que la reinyección de salmuera no tiene ningún impacto, pero no existe ningún estudio científico que lo demuestre”, agrega.

Las comunidades indígenas aseguran que el salar continúa degradándose y que cada vez está más seco. Impotentes, lo que ellos perciben, no encuentra eco en los estudios a cargo de la empresa. Los científicos y representantes indígenas que buscan demostrar técnicamente los impactos de la industria minera en el salar, deberán continuar sus alegatos. Alonso Barros asegura que la comunidad de Camar apelará la decisión de la Superintendencia de Medioambiente y que Albemarle también lo hará.

Fuente:https://es.mongabay.com/2019/01/chile-detienen-sanciones-por-danos-ambientales-en-salar-de-atacama/