El gobierno reivindica como política de seguridad oficial las prácticas ilegales contra comunidades indígenas. La administración anterior las atribuyó a actitudes individuales de un agente de la AFI, que está procesado por ello. La Corte Suprema había rechazado la aplicación de la ley antiterrorista a una agrupación mapuche, que mantiene un litigio con Benetton por la propiedad de sus tierras ancestrales. También la Corte Interamericana rechaza que se juzguen estos casos como terrorismo.
Para el gobierno nacional los reclamos de los pueblos originarios por sus tierras ancestrales no constituyen un derecho garantizado por la Constitución sino un delito federal “ya que se proponen imponer sus ideas por la fuerza”, según un informe de gestión del Ministerio de Seguridad fechado el 30 de agosto. El gobierno atribuye a la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) “hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños, amenazas en las provincias de Chubut y Río Negro” y dispuso que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) centralice “las tareas de investigación”, cosa que no guarda relación con su especialidad. El informe de Bullrich fue escrito ocho meses después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el carácter federal y la aplicación de la ley antiterrorista a la causa que se instruía contra Martiniano Jones Huala y otros representantes mapuches.
Ayer , el gobernador Mario Das Neves, habló sobre el proyecto de la planta de uranio que se construirá en Chubut y que está incluida en el Presupuesto Nacional 2017, tal como lo informó El Patagónico.
La noticia de que 44 proyectos mineros están «cercanos a cuerpos criogénicos» inventariados proviene de un informe técnico oficial que lo confirma a partir de superponer los datos parciales a julio de 2016 del Inventario Nacional de Glaciares (ING) que lleva adelante el IANIGLIA (Instituto Argentino de Nivología y Glaciología) y la cartografía de proyectos mineros. El informe técnico fue realizado por la Dirección de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos y Acuáticos (DGARHyA) pero el Ministerio de Ambiente de la Nación lo ocultó. 5 emprendimientos están en desarrollo o por iniciarse en San Juan y Catamarca. Entre tano, en Chubut se consignan 6 proyectos en área de glaciares.
Los dos yacimientos están ubicados en áreas protegidas por la Ley de Glaciares. El camino a las minas atraviesa dos glaciares. El glaciar Brown Inferior ya desapareció y otros dos están retrocediendo
Lo llaman el “oro blanco”. El mineral del futuro. Aunque no hay que ir tan adelante: en el primer trimestre de este año aumentó su valor en un 47% y la tonelada supera los 7600 dólares. Todas las miradas apuntan al litio. Con él se hacen baterías para elementos electrónicos, desde celulares hasta automóviles, y se usa para almacenamiento de energía. La Argentina tiene un 20% de los yacimientos mundiales. Y si bien en los últimos años se habían anunciado proyectos estatales para darle valor agregado, la quita de retenciones y el precio en alza son un señuelo inmejorable para las mineras. La oleada de empresas privadas extranjeras que se internan voraces en el extractivismo de la materia prima ya arrancó. Lo que se pierde es el proyecto del litio como una industria nacional.
Esta semana conocimos el reclamo de la comunidad Mapuche Lof Rukache, ubicada en el Paraje de Agua Nueva, Distrito de Agua Escondida (Malargüe). En su comunicado, denunciaron que más de diez empleados pagos, oriundos de San Rafael y Mendoza, estaban alambrando y dejando encerrados un puesto de crianza de animales de la comunidad y gran parte de su campo de talaje, así como asistencia sanitaria a pobladores.
Empezarán el lunes 7 con el retiro de parte de las 500 toneladas de neumáticos que dejaron en Cerro Amarillo. Pero la provincia duda de que se llevan los otros residuos.
Anteayer, la Cámara de Diputados de la Nación dió media sanción a la Ley de Presupuesto 2017 donde se aprobó una inversión de $8.000.000 para la construcción de una Planta Piloto para la producción de uranio en el yacimiento Cerro Solo, provincia de Chubut. Se contempla además, una ampliación de $2.020.000 para 2018. El proyecto de ley debe ser abordado por la Cámara de Senadores. Esta definición pasa por encima la Constitución de Chubut que en su Artículo 103 establece taxativamente que «Todos los recursos naturales radioactivos cuya extracción, utilización o transporte, pueden alterar el medio ambiente, deben ser objeto de tratamiento específico.»
Estas imágenes corresponden a tres minas de uranio abandonadas y explotadas por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA): Los Adobres (Chubut), Los Colorados (La Rioja) y Don Otto (Salta) explotaciones uraníferas incluidas dentro del Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU). La CNEA procedió a tapar los desechos con tierra y «acá no ha pasado nada». Minería responsable que le dicen.
El sector minero ensayará en las próximas semanas un golpe de efecto para intentar a quitarse parte de su mala imagen pública, un lastre alimentado entre otras cosas, por los derrames de solución cianurada que tuvo la compañía canadiense Barrick en San Juan en los últimos dos años y la creciente oposición social contra la actividad en provincias como Chubut, Catamarca, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Córdoba, Catamarca, Salta y Jujuy que ya lleva más de una década con localidades organizadas en asambleas y grupos autoconvocados