La justicia sanjuanina se apresta a archivar las causas penales por los últimos dos derrames en la mina Veladero, ocurridos en septiembre de 2016 y en marzo de este año. En el primer caso, el fiscal de Jáchal, Sohar Aballay, emitió un dictamen en el que consideró que “no produjo un perjuicio a la salud pública ni el medio ambiente”, y solicitó el cierre del caso ante la falta de delito. En el segundo, el juez Oritja aseguró que

“aunque faltan algunas medidas solicitadas, hasta ahora no hay pruebas de contaminación ni imputados”. El abogado de los asambleístas jachalenses, Marcelo Arancibia, dijo a este diario que “de la justicia de San Juan no se puede esperar nada. Después del primer derrame de 2015 donde se avanzó sobre los perejiles y no sobre los funcionarios que tenían que controlar ni sobre los empresarios, ha quedado en evidencia que la justicia de la provincia es funcional al gobierno y la empresa que no quieren que se determine el daño ambiental”, y aclaró que “por eso nos focalizamos en la causa que lleva el juez (Sebastián) Casanello por la violación a la Ley de Glaciares”.

El juez de Jáchal con jurisdicción sobre el departamento Iglesia, donde se localiza la mina que explotan la canadiense Barrick y la china Shandong, sostuvo que en el segundo derrame –que se produjo durante la madrugada del 8 de septiembre– “no se comprobó que los líquidos derramados en el valle de lixiviación, hayan llegado a algún curso de agua de la zona”, por lo que “no está demostrada la contaminación”. Además, explicó que en la causa penal que investiga si hubo transgresiones a ley de manejo de residuos peligrosos y la contaminación del agua, “no tiene imputados”.

En cuanto a la investigación por el tercer derrame (el 28 de marzo) cuando se desconectó un caño con “material rico, que no contendría agua con sustancia cianurada sino una mezcla de oro y plata”, según aseguró el gobierno, Oritja dejó entrever que tendría el mismo destino, el archivo, ya que “aunque faltan algunas medidas de prueba que se han solicitado, hasta ahora no hay pruebas de contaminación ni imputados”.

Fuente:https://www.pagina12.com.ar/78910-causas-veladas-en-veladero

La minera canadiense Dajin Resource anunció  la firma de un acuerdo para operar en 90.000 hectáreas de las Salinas Grandes para explotar litio. Mantuvieron reuniones con los secretarios de minería de nación (Daniel Meilán) y de jujuy (Miguel Soler). No hubo ninguna participación de las 33 comunidades originarias que viven en el lugar, que rechazan el proyecto.

En Jujuy   comenzó el relanzamiento de la megaminería   en uno de los lugares más frágiles y de mayor conflictividad: las Salinas Grandes, una extensa planicie blanca que suele ser la foto más buscada de los turistas. Allí viven y trabajan desde hace generaciones los pueblos originarios Kolla y Atacama. Y es también una gran reserva de litio, mineral que se utiliza para baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos. En esas tierras planean hacen una mina.

Desde hace al menos seis años se alinearon en la causa de esta explototación minera empresas multinacionales, gobiernos y científicos para extraer el litio, y entre todos ellos se han puesto de acuerdo para minimizar el impacto ambiental que traería como consecuencia la apertura de la mina, como son la afectación del salar y la contaminación del agua dulce.
Al otorgarles las 90.000 hectáreas tampoco contemplaron los derechos de los pueblos indígenas. Según la legislación vigente (incluida la Constitución Nacional), los estados deben obtener el consentimiento, libre, previo e informado sobre cualquier acción que pudiera afectar los territorios indígenas. Nada de eso sucedió en Jujuy, donde la Mesa de Pueblos Originarios de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que reúne a 33 comunidades, denunciaron la violación de sus derechos territoriales.

Los comunidades se han movilizado frente al poder político y afirmaron que no quieren minería en su territorio. La causa judicial se tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara aplicar los derechos indígenas).
El gobierno de Gerardo Morales asumió con el discurso público de respetar los derechos indígenas. Creó el Ministerio de Ambiente (designó a María Inés Zigarán) y la Secretaría de Pueblos Indígenas (al frente de Natalia Sarapura, referente del Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy –COAJ–). El gobierno provincial visitó las Salinas Grandes, se reunió con las comunidades, tomó nota de las necesidades (desde caminos y escuelas, hasta políticas activas para el trabajo local) y se mostró dispuesto al diálogo y trabajo conjunto. Sin embargo, pactaron con la minera canadiense.

Fuente:http://bloglemu.blogspot.cl/2017/11/jujuy-entrego-tierras-de-pueblos.html

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (U.S. Geological Survey) publicó hoy el “Argentina LithiumMap”. Fue realizado en con el Servicio Geológico Minero Argentino, con quien mantiene un convenio de intercambio tecnológico y de información. El informe localiza en el mapa argentino las zonas de producción, plantas piloto y en construcción de las compañías operadoras o que poseen los derechos en las Provincias de Jujuy, Salta y Catamarca.

Esta herramienta supone un paso importante en la valoración de la producción actual del mineral, las áreas, operadores y el estado de los diferentes lugares de producción. En un informe más extenso se evalúa la potencialidad de reservas mundiales y especialmente el de la zona denominada “Triangulo del Litio”, que comprende la geografía de Argentina, Chile, Perú y Bolivia.

La Puna argentina tiene un gran potencial con un presente en plena actividad. El país se encamina a convertirse en uno de los mayores productores mundiales de litio que no solo es utilizable en baterías, sino también en medicamentos, vidrios y arcilla, así como en distintas aleaciones. El mineral atrajo inversiones cercanas a los US$ 2.000 millones, con las que se apunta a más que triplicar su producción actual, de 40.000 toneladas anuales. Incluso hace pocos días la empresa FMC anunció inversiones en Catamarca por otros U$S 300 millones, la última gran noticia en materia de inversiones mineras que contó con la presencia del Secretario Daniel Meilán y la Gobernadora Lucía Corpacci.

Actualmente hay dos emprendimientos en producción, de los que se extraen alrededor de 40.000 toneladas al año. Son Olaroz, de Sales de Jujuy, en Jujuy, que produce 17.500 toneladas, y Salar del Hombre Muerto, de FMC, en Catamarca, del que se obtienen 22.500 toneladas (Este último duplicará su producción en 2019). Hoy, estas cifras de producción representan el 16% del litio a nivel mundial. Argentina puede llegar hasta 130.000 toneladas al año si se avanza en los proyectos que están en desarrollo: Salar del Rincón, en Salta; Cauchari, en Jujuy; Olaroz, en Jujuy.

Fuente:http://noalamina.org/argentina/item/38055-informe-estadounidense-sobre-litio-argentino-para-explotarte-mejor

Mariano Arcioni sostuvo ayer: «estamos convencidos de lo que se firmó en la Cumbre Ambiental que se realizó en Rawson con todos los municipios en cuanto al rechazo a la megaminería». Y reiteró: «somos respetuosos y continuadores de la política del gobernador Mario Das Neves».

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, sostuvo ayer tras encabezar el acto central por el 132° aniversario de Trevelin que “somos respetuosos de las voces de los chubutenses”. Lo dijo al ser consultado por la prensa en relación a la megaminería, remarcando que “Chubut y la Patagonia son tierra de oportunidades” y por eso remarcó categórico: “justamente que no se confunda que esa tierra de oportunidades sea contaminando nuestro medioambiente”.

El mandatario afirmó que “nuestra postura es clara: como ya lo he dicho días atrás cuando estuve en Esquel, nosotros somos respetuosos y continuadores de la política del gobernador Mario Das Neves y estamos convencidos de lo que se firmó en la Cumbre Ambiental que se realizó en Rawson con todos los municipios en cuanto al rechazo a la megaminería”.

Por eso Arcioni fue contundente y reiteró que “nuestra postura es clara. Somos respetuosos de las voces de los chubutenses como siempre lo ha dicho el gobernador Mario Das Neves”.

REPARACION HISTORICA

En otro orden, el gobernador de Chubut efectuó un balance de las últimas reuniones mantenidas con autoridades del Gobierno Nacional y las distintas gestiones y avances concretados durante esta semana que pasó en Buenos Aires.

En ese marco destacó como temas prioritarios a la obra pública y a la mesa técnica que se conformó con Nación por la reparación histórica.

Con respecto al encuentro que mantuvo el jueves con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, señaló que fue “bueno” al explicar que “lo más importante para nosotros es la obra pública por dinero que tiene que venir por Nación en el Presupuesto 2018 que hoy está en discusión en la Comisión”.

Además destacó que “es muy bueno haber puesto en discusión la reparación histórica por el punto de coparticipación que fue cedido en 1986. Hoy se reconoce justamente y se está dando la discusión; de ahí tenemos que ver y hemos puesto una fecha límite a junio de 2018”.

El gobernador valoró que “ya se conformó una mesa técnica por parte del Ministerio de Economía y el Ministerio del Interior y obviamente con el ministro de Economía provincial, Pablo Oca, en la cual se va a fundamentar y a cuantificar cuál sería justamente esa reparación, y de lograrlo y aceptarlo de parte del Ejecutivo Nacional, cuál sería la forma justamente de cancelación”.

Fuente:https://www.elpatagonico.com/chubut-no-le-deja-resquicio-la-megamineria-n3050937

Fuente:http://www.eldiariodelarepublica.com/nota/2017-11-16-16-29-0-san-francisco-el-gobierno-desmintio-otra-vez-a-la-minera-latin-resources

Hay propuestas que no se comprenden por las contradicciones que encierran: el Gobierno anunció que buscará modificar la ley de glaciares para favorecer a la minería.

La sensibilidad del tema recuerda la acalorada discusión que se mantuvo hace casi diez años en el Senado de la Nación cuando se trató el proyecto de ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares, que establece la protección de los glaciares y periglaciares, y la prohibición de actividades que pudieran afectarlos.

La ley, que había recibido la aprobación unánime de ambas cámaras en 2008, fue vetada por la entonces presidenta Cristina Kirchner, quien aseguró que los gobernadores de la zona cordillerana manifestaron que la norma «afectaría inversiones y puestos de trabajo». El caso, conocido como «veto Barrick», parecía responder a una reunión que tuvieron días antes, en Nueva York, Néstor Kirchner y Julio De Vido, con los directivos de la empresa Barrick Gold.

Las similitudes de aquel veto con este nuevo anuncio, fundado en el reclamo del sector minero que asegura que la ley actual frena inversiones, son sorprendentes y alimentan una misma duda: ¿la función del Gobierno es proteger los glaciares o la industria minera?

La sustentabilidad exige coherencia. Encaminar el país hacia un desarrollo armónico con la naturaleza implica defender las relaciones de largo y mediano plazo por sobre lo coyuntural. Es cierto que resulta tentador favorecer actividades que inyecten recursos al país cuando se ponen en riesgo recursos que, en el caso de ser afectados, sólo harían visibles sus impactos muchos años después de que los actuales administradores abandonen sus cargos. Por eso es necesario consensuar una visión sobre el país que se quiere construir -o reconstruir contemplando la protección actual y futura de los elementos esenciales de los que depende el bienestar de las generaciones actuales y las futuras. Quizá por eso sería tan beneficioso contar con una planificación estratégica del uso de los recursos en nuestro territorio consensuada de modo transparente y abierta con todos los intereses involucrados, para que los aspectos esenciales que hacen a nuestro porvenir no puedan ser negociados, según las necesidades de cada gestión, de espaldas a la sociedad.

Los glaciares cordilleranos significan un 70 por ciento de la reserva hídrica de todo el país: cualquier actividad que allí se desarrolle requiere de una seria reflexión política y científica sobre sus consecuencias.

El reciente anuncio de modificar la ley de glaciares para favorecer a la minería surge de una reunión donde se encontraban presentes algunos de los mayores empresarios mineros del país y el titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Marcelo Alvarez; representantes de provincias mineras; funcionarios de la cartera ambiental; el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y el de Trabajo, Jorge Triaca. No parece una reunión intersectorial.

Sin duda, la presión de las diferentes carteras sobre el ambiente se hacen cada vez más agudas: en un primer caso fue la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz, aprobadas bajo la implacable presión del gobierno chino; hace apenas unas semanas, la resolución que aprobó la caza de seis mil guanacos en la Patagonia, dictada bajo la insistencia del actual Ministerio de Agroindustria. Ahora, los glaciares.

Si bien son comprensibles el interés y las posibilidades de explotación de ciertos recursos naturales que pueden hallarse bajo los glaciares, el uso intensivo de agua o el riesgo de contaminación merecen un delicado análisis. Una mirada inteligente y moderna no puede soslayar que la protección de las fuentes de agua potable es de máxima prioridad, en especial en zonas áridas y semiáridas. Más aún si consideramos los ya visibles efectos del cambio climático. Algo que el propio Presidente resaltó en varias oportunidades.

Una iniciativa oficial, fundada en el interés sectorial, para avanzar en un nuevo proyecto que reforme la denominada ley de protección de glaciares no es una buena noticia. No hay ningún nuevo estudio, realizado con seriedad en estos años, que permita sostener que existen motivos para justificar una modificación de una norma consensuada con la sociedad y aprobada por unanimidad en el Parlamento, para permitir el inicio de las actividades económicas en la zona periglacial.

Probablemente uno de los mayores desafíos que tendremos en la Argentina del siglo XXI será pensar más allá de la rentabilidad inmediata. Las verdaderas inversiones arribarán cuando se demuestren responsabilidad, inteligencia y capacidad para conjugar desarrollo y protección ambiental, y no uno a costa del otro.

Fuente:http://www.lanacion.com.ar/2083084-nuevas-presiones-para-tener-mineria-en-los-glaciares

Por el cambio en la Ley de Glaciares, estuvo en Pulso Urbano (Radio Jornada 91.9), la diputada nacional Graciela Cousinet.

“En la comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados se aprobó un pedido de informes para el Ministerio de Ambiente sobre la posible modificación a la Ley de Glaciares. Si lo hace esta comisión, tiene un gran valor institucional”, mencionó Cousinet.

Explicó la diputada que recientemente hubo una reunión entre el presidente Mauricio Macri con la Cámara Minera, los sindicatos del sector y representantes de la empresa Barrick. “Se pretende instalar el tema a través de los medios, pero los trascendidos son muy fuertes”.

De acuerdo a lo informado por Cousinet, “se pretende modificar la ley especialmente en el ambiente periglaciar que sería como invalidar a la Ley de Glaciares. Esta es tierra congelada que conserva gran cantidad de agua que al derretirse en verano sirve para consumo humano y para la agricultura”.

“Tenemos el temor que se priorice los intereses empresarios sobre la gente y el medio ambiente”, señaló la diputada.

Fuente:http://jornadaonline.com/argentina/184046-cousinet-%E2%80%9Cquieren-modificar-la-ley-de-glaciares-y-la-mineria-esta-detras%E2%80%9D

Luego de escuchar el reclamo de empresarios mineros, el presidente Mauricio Macri confirmó que se avanzará en un nuevo proyecto para reformar la ley de protección de glaciares. Esta iniciativa se aprobó en medio de una fuerte polémica con organizaciones ambientalistas.

Según informó el Diario de Cuyo, el presidente puso a San Juan como ejemplo de un modelo de desarrollo, y le pidió a Mendoza que defina su posición con respecto a esta industria.

Macri elogió a San Juan por los “buenos resultados a través del desarrollo de la minería”, mientras que a Mendoza le pidió que revise su posición en relación con la actividad. Incluso señaló que había hablado del tema con el gobernador Alfredo Cornejo.

Según el ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel, Macri cuestionó la política minera de Mendoza que pone trabas al desarrollo de la actividad en la provincia.

«Le tiró el guante porque dijo que tendrá que revisar su posición con relación a la minería. Incluso dijo que lo había estado hablando con el gobernador Cornejo», sostuvo el funcionario sanjuanino.

Entre los presentes en el encuentro que se llevó adelante en la Casa Rosada estuvieron representantes de Jujuy, Mendoza, Catamarca, Santa Cruz, Río Negro y San Juan. En la reunión también estuvieron el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez, y Héctor Laplace, jefe de los trabajadores mineros reunidos en AOMA.

Los empresarios plantearon que había unos US$ 18.000 millones en inversiones potenciales en minería frenadas por la incertidumbre que genera la ley.

«El Presidente habló de su preocupación por desarrollar el potencial minero que tienen las provincias cordilleranas por cuanto entiende que es similar al de la Pampa Húmeda», afirmó Hensel.

Con los cambios se apunta a darle una nueva forma a la ley para que pueda mediar entre el cuidado ambiental y el desarrollo de actividades económicas en la zona de la cordillera de Los Andes.

Macri mismo les encomendó a los técnicos del Gobierno presentes en el encuentro que se pusieran a trabajar en el tema. La idea es que para febrero del año próximo estén listas las modificaciones para mandarlas al Congreso.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/macri-le-pidio-a-mendoza-que-defina-una-posicion-sobre-la-mineria

Este lunes el gobernador ratificó su postura acerca de posibilidad de instalar la megaminería en la provincia y fue claro en mencionar que el objetivo de este Gobierno es «mantener una provincia limpia». «La postura está clara, nosotros escuchamos a todos los chubutenses que han dicho no a la minería», manifestó.

Se trata de Glencore, que en San Juan es investigada por la Justicia Federal por permitir que la chilena Los Pelambres arroje durante años sus residuos en la alta montaña calingastina. La firma apareció en la investigación que escandaliza al mundo por haber montado una red offshore para operar Alumbrera en Catamarca.

Glencore quedó bajo la lupa de la justicia federal de San Juan por su sospechosa inacción en el vertido de residuos mineros de Los Pelambres, la compañía chilena que durante años cruzó la frontera para arrojar sus escombros y neumáticos en la alta cordillera calingastina. Ahora volvió a ser noticia: apareció en la escandalosa investigación periodística internacional titulada Paradise Papers.

Según publicó el diario La Nación, integrante del Consorcio de Periodistas de Investigación, Glencore montó redes en los paraísos fiscales de las islas Bermudas y en las Islas Caimán para operar la mina catamarqueña Alumbrera.

Allí creó seis sociedades que agrupan sus operaciones en la Argentina, donde afrontó cuestionamientos judiciales y sociales por la presunta evasión de impuestos y por las deficiencias de su política ambiental en la extracción de oro en Catamarca.

La multinacional compró el 50% de esa minera, en la provincia de Catamarca, por casi U$ 3000 millones en 2013, para extraer oro y cobre, uno de los negocios más importantes que tiene en el país, aunque la compañía informó este domingo que cesará sus operaciones en junio de 2018.

Según surge de los Paradise Papers, Glencore concretó esa compra del 50% con la intermediación de la primera red de sociedades offshore: Glencore SA Holdings Limited (en las islas Bermudas) y Glencore South America Limited (en las islas Caimán). El 50% restante pertenece a las empresas canadienses Goldcorp Inc y Yamana Gold, con 37,5% y 12,5% respectivamente.

El Ministerio Público Fiscal de Tucumán denunció a La Alumbrera por el presunto ocultamiento de ganancias en 2010. Cinco años después, Glencore informó que pagó cerca de US$ 525 millones en la Argentina. Pero según Resource Project, una base de datos de código abierto sobre proyectos de petróleo, gas y minería que se nutre de datos oficiales, los pagos de Glencore PLC a los gobiernos provinciales y nacional para fines de 2015 y de 2016 apenas superó los US$ 45 millones entre regalías e impuestos.

En la misma línea, la Secretaría de Minería de Catamarca también acusó a Glencore de no cumplir con el pago de la totalidad de las regalías por la explotación de la mina, según se informó en el Boletín Oficial de esa provincia del 6 de mayo de 2016. La empresa rechazó el reclamo y el proceso iniciado por presunta evasión fiscal aún no concluyó.

Fuente:http://www.canal13sanjuan.com/judicial/2017/11/6/minera-escandalo-escombrera-paradise-papers-49230.html