El juez federal Sebastián Casanello procesó sin prisión preventiva a los exsecretarios de Minería de la Nación Jorge Mayoral y de Ambiente Sergio Lorusso durante el kirchnerismo, por «abuso de autoridad», con embargos de dos millones de pesos, por omitir controles a la mina Veladero en San Juan.
La decisión se tomó en una investigación abierta a raíz del derrame de cianuro entre el 12 y 13 de septiembre de 2015, que contaminó varios ríos, entre ellos el Potrerillo, a raíz de una falla en una válvula de esa mina de la empresa Barrick Gold, según el fallo al que accedió Télam.
«Sin perjuicio de conocer que en Veladero se estaba llevando a cabo una actividad altamente riesgosa, que se manipulaba cianuro en el proceso de extracción del oro, que la forma de trabajo no era segura para el ambiente -habida cuenta de los derrames de solución cianurada que precedieron el de septiembre de 2015- la máxima autoridad ambiental nacional no intervino e incumplió el mandato legal», afirmó Casanello.
«La ausencia de control, el déficit en el desempeño estatal, pese al mandato legal, es una premisa necesaria para comprender lo que ocurrió en septiembre de 2015», sostuvo el magistrado en el fallo.
Allí señaló, además, que recién después de los sucesos de ese año y «de manera tardía» se ordenaron fiscalizaciones a la mina, en las que se detectaron falencias como «falta de controles automáticos que permitieran la detección temprana de incidentes por parte de la empresa» que al momento del derrame «quedaba a merced de recorridas visuales».
«El retraimiento del Estado -más allá de lo que toca a la autoridad local- permitió espacios de discrecionalidad indebidos en una actividad que por su enorme riesgo debía ser objeto de un profundo y minucioso control», advirtió el juez.
En la fiscalía del caso, a cargo de Ramiro González, siguen abiertas otras dos investigaciones por derrames posteriores, uno el 8 de septiembre de 2016 y otro el 28 de marzo de 2017.
El juez procesó además a la exfuncionaria Beatriz Domingorena, por el mismo delito y con un embargo de un millón de pesos. Domingorena estaba a cargo de la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación.
«Se verificaron claras omisiones de los funcionarios públicos», concluyó el juez en la resolución en el marco de la causa donde actúa como querellante la «Asamblea Jáchal no se toca».
A Mayoral «se le reprocha el incumplimiento de promover estudios e investigaciones para evaluar, planificar y coordinar el racional aprovechamiento de los recursos mineros del país, contemplando la preservación del medio ambiente» y de «promover e instrumentar un sistema de monitoreo ambiental», sostuvo el magistrado.
En el procesamiento se tuvo en cuenta un informe técnico que aludió a «falencias relacionadas con la operatividad» en la mina que «repercutieron» a la hora de facilitar «el flujo de la solución rica derramada sin impedimentos hacia el cauce del río Potrerillos».
Además, en ese informe, se advirtió que el sistema carecía de controles automatizados y todo se hacía de manera manual, y que el derrame «se detectó a raíz de observar una variación significativa en el caudal del río Potrerillos» por parte de un empleado.
Los técnicos que redactaron el informe que está en la causa que investiga Casanello advirtieron que la válvula que supuestamente se rompió por estar expuesta a temperaturas extremas y congelamiento y provocó el derrame, pareció no haberse revisado para comprobar si su diseño era el adecuado.
Además, se sostuvo que la compuerta que comunicaba con el río al canal en el cual ocurrió el derrame fue reemplazada después de ese episodio, «lo cual permite suponer que el estado de la misma al momento del incidente no sería el adecuado».
En cuanto a la contaminación «se informó la presencia de plomo y cadmio en todas las muestras y cromo total en las muestras» tomadas en los ríos Potrerillos, Las Taguas, Blanco con valores «por fuera de lo normado».
En el caso de Lorusso, Casanello ya lo procesó en otra causa penal por irregularidades en el cumplimiento de la Ley de Glaciares.
En tanto, tras conocerse el fallo de Casanello, desde la Asamblea Ciudadana Jáchal No Se Toca celebraron los procesamientos, a los que consideraron «correctos».
Alivio en Jáchal
«Por fin vemos que una parte de la justicia hace cumplir la ley», dijo ayer Saúl Ceballos, referente de La Asamblea Ciudadana Jáchal No Se Toca. Para Ceballos, la resolución de Casanello de procesar a dos exfuncionarios de la Nación «debería alcanzar también a otros funcionarios que tuvieron responsabilidad en los derrames como «el exministro de Minería de San Juan, Felipe Saavedra, y el exgobernador, José Luis Gioja.
Fuente:https://www.diariodecuyo.com.ar/argentina/Procesan-y-embargan-por-2-millones-a-Mayoral-por-el-derrame-en-Veladero-20180413-0099.html




La Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut presentó este miércoles en la Legislatura Provincial un listado con más de 17 mil firmas que exigen el tratamiento y aprobación del proyecto de ley por Iniciativa Popular presentado en el año 2014, a la vez que rechazan la zonificación impulsada por 8 jefes comunales y funcionarios del gobierno nacional y provincial cercanos a las empresas mineras.
La empresa Minera del Altiplano quiere desviar el Río Los Patos para “ahorrar”. Peligra otro acuífero en Antofagasta de la Sierra donde se extrae litio.
Nuevamente embanderados con la frase El Famatina No Se Toca, manifestantes marcharon por el centro de Chilecito luego de la presentación que realizó la minera SEARGEN.
En cada rincón de Chubut, los vecinos reúnen firmas contra la “zonificación” que entrega el 64% de la provincia a las mineras y demandando el pronto tratamiento y aprobación de la Iniciativa Popular presentada en 2014 prohibiendo la minería de metales y radioactivos en todas sus etapas y formas. Un puñado de intendentes de localidades de la meseta de Chubut presentaron en la Legislatura un proyecto de ley para entregarles a las mineras las dos terceras partes del territorio provincial, en lo que llaman “zonificación”. Con esta entrega que -además- atenta contra los derechos de los habitantes originarios, Chubut se vería reducida a los bordes del actual territorio. El resto, toda la meseta central, quedaría en poder de las trasnacionales mineras.
Integrantes de la Red Sombra Observadores de Glencore detalló en un estudio los “impactos y daños graves de siete operaciones mineras” de la firma en Argentina, Bolivia, Perú y Colombia. Denuncian que la empresa miente en sus reportes oficiales.
Buscan establecer pautas hidrogeológicas, de proceso, ambientales y normativas ‘para el desarrollo adecuado de este producto’.
El exdiputado nacional Ricardo Alfonsín visitó ayer Comodoro Rivadavia y brindó una conferencia de prensa. Rechazó la minería, pidió mayor diálogo entre la Unión Cívica y el PRO en la alianza Cambiemos y aseguró que se deben repensar los parámetros para medir la pobreza. «En la Unión Cívica Radical no existe un mecanismo de consulta, nosotros nos anoticiamos y para eso alcanza con leer los diarios», cuestionó sobre las políticas que implementa el Gobierno nacional.
Mediante el decreto 304/2018, publicado en el Boletín Oficial de la provincia, el gobernador de Mendoza permitió que la la empresa Geometales retome la explotación de cobre en el sur provincial.