La asamblea Jáchal «No se toca» consiguió pagarle un pasaje a Robert Moran, el hidrogeólogo y perito oficial contratado por la Comunidad Económica Europea en el caso de derrame de cianuro en Baia Maree, en Rumania; llega hoy al país para iniciar su tarea en el marco de la causa federal que investiga el derrame en la mina Veladero de Barrick Gold.
Rifas, tortitas de grasa y huevo, una tómbola con 100 números para disfrutar de un chivo y dos docenas de empanadas, además de aportes de las asambleas antimimeras de todo el país, fueron necesarias para afrontar el pago del pasaje aéreo desde Denver, en los Estados Unidos hasta Jáchal, en San Juan. El pasajero, el experto hidrogéologo estadounidense Robert Moran que llega hoy, es la esperanza que tienen los jachaleros para saber cuál fue la consecuencia real del derrame de cianuro, responsabilidad de la minera Barrick, en el suelo y el agua de los sanjuaninos.
Es una de las advertencias de un reporte oficial cajoneado por el Gobierno y filtrado a los medios. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Segio Bergman, aportó una versión más «light» al expediente de la justicia federal. El estudio completo incluye una larga lista de críticas a la minera por gravísimas falencias. Al pie del artículo se puede leer el informe técnico completo.
La ciudad de Jáchal comenzó a recibir a los representantes de todo el país para iniciar un debate que se extenderaá hast el domingo. El encuentro de asambleas, colectivos y movimientos sociales promete un «productivo debate de los colectivos ciudadanos que aportarán sus experiencias».
Bergman participó ayer domingo de una acalorada asamblea en Jachal, provincia de San Juan. El lema del encuentro era claro: «Nuestra vida y el agua de nuestro pueblo no valen 145 millones de multa a la Barrick. Cierre, remediación y prohibición». Después de un viaje cancelaado el martes pasado, ayer el ministro de Medio Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, llegó hasta el departamento de Jáchal para reunirse con los vecinos que integran la asamblea Jáchal No Se Toca.
La empresa brasilaña transfirió derechos de varias minas que tenía en Mendoza y busca vender el proyecto de sales de potasio. Vale no presentó la Declaración de Impacto Ambiental, algo que debe cumplir periódicamente en caso de una mina activa o en construcción. El Gobierno de Mendoza está buscando inversores. El plazo máximo para el abandono de una mina es de 4 años según el Código de Minería, a partir de allí se puede decretar la caducidad de la concesión.
En este 17 de marzo de 2016, los integrantes de la Asamblea Riojana Capital recordamos y continuamos el inicio del corte y acampe que iniciamos hace 2 años conjuntamente con los vecinos de Las Higuerillas, Las Cañas, Agua Blanca, El Duraznillo y El Cantadero para evitar el atropello que el gobierno provincial del ex gobernador Beder Herrera y del actual gobernador Sergio Casas (por entonces vice gobernador) intentaron realizar en la Quebrada de Alipán, a tan sólo 20 km de nuestra ciudad capital, en donde la Comisión Nacional de Energía Atómica tenía previsto comenzar trabajos de explotación megaminera de uranio, la cual es altamente nociva y contaminante.
Juan Pablo Oritja teme escraches de vecinos de la región porque no procesó a funcionarios provinciales responsables de los controles mineros ni a directivos de Barrick Gold.
La empresa mantuvo una reunión con el gobierno. Busca inversores para reactivar el funcionamiento de Potasio Río Colorado. Así lo manifestó el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, luego de mantener reuniones con el concesionario de la mina y con potenciales inversores. Empresarios japoneses están interesados en la extracción de sales de potasio en Malargüe. La minera Vale es de capitales brasileños y junto a BHP Billiton es la responsable del reciente desastre minero en Mina Garias (Brasil) donde la empresa que comparten, Samarco, derramó toneladas de lodos tóxicos en la cuenca del río Doce matando al menos diecisiete personas.
La minera canadiense Barrick Gold confirmó este viernes la multa por más de 9 millones de dólares que le impuso una provincia argentina como sanción por el derrame de cianuro que contaminó tres ríos y por el cual fueron encausados nueve ejecutivos de la empresa.
El Superior Tribunal de Justicia deberá expedirse en el corto plazo sobre una acción de amparo de vecinos que integran la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut (UAC Ch) cajoneada desde hace un año, que podría obligar a la Cámara de Diputados a tratar el proyecto de ley presentado mediante el mecanismo constitucional de iniciativa popular para prohibir la minería metalífera y de radioactivos en Chubut, acompañado de frondozos fundamentos.